Sentencia Penal 108/2023 Audiencia Provincial Penal de Alicante nº 2, Rec. 853/2022 de 21 de febrero del 2023

PRIMERO: La sentencia del Juzgado de lo Penal condena a Cristobal como autor responsable de un delito contra la seguridad vial del art. 379.2 del Código Penal y de dos delitos de lesiones imprudentes del artículo 152.1.1º y 2, en relación de concurso ideal homogéneo del artículo 77 del Código Penal, a penar conforme al artículo 382 del Código Penal, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal como muy cualificada.

El acusado interpone recurso de apelación error en la apreciación de la prueba, entendiendo que no concurre prueba de cargo que enerve el derecho a la presunción de inocencia que le asiste.

SEGUNDO: Cabe decir en relación con el recurso interpuesto por el acusado que cuando se invoca en el recurso de apelación vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la Sala debe ceñirse a la supervisión de que ha existido prueba de cargo, la comprobación de que la actividad probatoria se ha practicado con todas las garantías y que la sentencia impugnada ha exteriorizado las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada.

El Magistrado a quo, tras realizar en la sentencia de instancia un pormenorizado resumen de la prueba practicada en el plenario, concluye que "Valorando la prueba practicada en el acto del juicio, en concreto la declaraciones de los testigos perjudicados y víctimas del accidente, así como la declaración del testigo guardia civil que actúa como instructor, ya que el otro guardia civil manifiesta que actuó como auxiliar, resulta probado que el accidente se produce al invadir el vehículo del acusado el carril de circulación por el que circulaba correctamente el vehículo de los perjudicados víctimas, ya que la colisión se produce en el carril de circulación de este vehículo, realizando el vehículo del acusado un giro a la izquierda antirreglamentario sin respetar la línea continua existente antes de llegar a la línea discontinua donde debería haber detenido su vehículo en caso de ser necesario para realizar el giro izquierda de manera correcta...La afectación del acusado por el alcohol que previamente había ingerido aparece corroborada por los síntomas apreciados por el agente actuante, que manifiesta que el acusado presentaba el rostro rojo, sudoroso, los ojos vidriosos y un fuerte olor a alcohol, síntomas que corroboran milimétricamente lo ya expuesto por el testigo perjudicado al declarar que como enfermero y por su experiencia profesional en seguida se percató de la afectación alcohólica del acusado por su rostro rojo, sudoroso y los ojos vidriosos. Como alega la defensa el hecho de que el acusado antes de realizar la prueba de viera un sorbito delito de coñac puede hacer variar el resultado del etilómetro, pero no la esencial afectación alcohólica que presentaba el acusado como consecuencia de la ingesta previa de bebidas alcohólicas reconocida al agente de la guardia civil".

A los signos y síntomas externos que presentaba el acusado (Folio 9), reflejados en la diligencia obrante al folio 9 del atestado, hay que añadir la reveladora prueba de impregnación alcohólica practicada (Folio 7 del atestado), corroborando una importante ingesta de alcohol, en concreto 0'59 mg/l y 0'51 mg/l, porcentaje que no puede justificar un sorbito de una copa de coñac.

El ilícito tipificado en el artículo 379.2 CP es un delito de peligro abstracto que consiste en la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, esto es, con las facultades significativamente alteradas o disminuidas a consecuencia del consumo del alcohol o de las mencionadas sustancias, siendo doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que para enervar la presunción de inocencia es preciso que exista una actividad probatoria de cargo, racionalmente suficiente y producida con las formalidades legales, correspondiendo a la parte acusadora la carga material de probar los hechos constitutivos de la infracción criminal, rigiendo la regla de que tan solo constituye prueba de suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia la practicada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, inmediación y publicidad ( STC 150/1989). El precepto condena en todo caso al que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0'60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1'2 gramos por litro.

El recurrente arrojó un resultado positivo de 0'59 y de 0'51 mg/l, acreditando dicha prueba la ingesta de alcohol, acreditando la prueba personal practicada en el plenario que conducía un vehículo a motor bajo la influencia de la ingesta de alcohol.

En el caso de autos concurre prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al recurrente. Se constata que hubo actividad probatoria obtenida sin vulneración de derechos y garantías fundamentales e incorporada al proceso con arreglo a los principios que le son propios, siendo razonables las conclusiones alcanzadas por el Juzgador a quo cuando declara probado que el ahora recurrente conducía un vehículo a motor "teniendo disminuidas sus facultades psicofísicas para la conducción por la ingesta previa de bebidas alcohólicas..."

El recurso interpuesto por Cristobal debe ser desestimado.

TERCERO: Constancio y Reyes impugnan en apelación el quantum indemnizatorio señalado a su favor en la sentencia, al entenderlo insuficiente, interesando que la sentencia de apelación lo incremente en la cuantía señalada en el recurso.

Siguiendo el orden señalado en el recurso, hemos de comenzar tratando los daños materiales, entendiéndose pacífica la suma de 705 € reconocida por daños en objetos existentes en el interior del vehículo en el que circulaban los recurrentes.

La sentencia señala una indemnización por los daños materiales sufridos por el vehículo Citroën C4 .... KFX por importe de 11.410 €, cantidad coincidente con el coste de la reparación determinada en el informe pericial elaborado por Jose Manuel (TAXO) (Folio 31).

Justifica el Juzgador dicho quantum indemnizatorio al entender "viable y no resultar antieconómica la reparación del vehículo que según informe pericial asciende a un total de 11.410,00 euros, y ascender el valor del vehículo a 14.000 € más el valor de afección, debe atenderse la petición de la acusación pública y del responsable civil directo en el sentido de indemnizar al perjudicado el importe de reparación del vehículo por un total de 11.410,00 euros.

Todo ello además con los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro ...". Manifiesta el recurrente que la indemnización debía subir a 14.000 € o, incluso, como indicó el propio Jose Manuel, a 15.000 a 17.000 euros como mínimo y para reparar/indemnizar justa y equilibradamente al Sr. Constancio.

Obra al folio 218 y ss (Tomo I) informe pericial realizado a instancia de Constancio, por Jesús María que tasa el valor de mercado del vehículo .... KFX en la suma de 14.000 €, señalando que "el valor de la reparación supera al valor de mercado del vehículo indicado, por lo cual se considera, siniestro total".

Consta al folio 32 (Tomo II) dictamen elaborado por el Perito Judicial, (TAXO) Jose Manuel en el que consta que "El vehículo de referencia, en opinión del perito que suscribe y según la documentación existente en los autos, considera que debido a la gravedad de los daños ocasionados en el accidente de circulación, la reparación del turismo es totalmente antieconómica dada la antigüedad y uso del mismo, por lo que se procede a estimar el valor venal del vehículo", determinando un valor del vehículo a 27 de diciembre de 2012 de 14.000 €.

No puede desconocerse la gravedad de los daños sufridos por el vehículo Citroën, circunstancia que, en el caso de ser reparado, le acompañará siempre, implicando un desvalor con los vehículos de características similares que no hayan sufrido un siniestro tan importante como el que nos ocupa. Las fotografías incorporadas a las actuaciones y los informes periciales realizados acreditan los importantes daños sufridos por el vehículo y, en el supuesto de optar por la reparación, no puede imponerse a su titular cargar con un vehículo que arrastra la condición de vehículo gravemente siniestrado y reparado, circunstancia que, como anteriormente hemos manifestado, aun en el supuesto de que la reparación resultara positiva, repercutiría en el valor del vehículo pues sería inferior a vehículos similares que no hubieran sufrido un siniestro de la envergadura del sufrido por el Citroën .... KFX, recordándose que el artículo 109 CP manifiesta que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.

Por ello, procede estimar el recurso, condenando al acusado y a la Aseguradora, a indemnizar a Constancio en la suma de 14.000 €, cantidad a la que habrá que descontarse el valor residual del vehículo tras el siniestro que se determine en ejecución de sentencia, sin que la cantidad finalmente resultante pueda ser inferior a la cantidad de 11.410 €, incrementándose la cantidad resultante con el 20 % por el concepto de valor de afección, más los intereses del artículo 20 LCS.

CUARTO: Reyes impugna la sentencia de instancia al entender que incurre en error en la valoración de la prueba en relación con la valoración de su incapacidad permanente y temporal.

Declara el relato de hechos probados de la sentencia que sufrió "contusión costoesternal y cervicodorsalgia, que precisaron para su curación, además de una primera asistencia, tratamiento médico consistente en rehabilitación, tardando en sanar 151 días, 144 de ellos impeditivos para el desempeño de sus ocupaciones habituales y que dejaron secuelas consistentes en agravación de cervicalgia valorada en un punto, dolor costal residual valorada en un punto, y agravación de patología previa valorada en un punto".

Las conclusiones a las que llega el Magistrado de instancia pivotan sobre el informe elaborado por la Dra. Valentina, Médico Forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Alicante, tras reconocer a la lesionada y examinar la documentación médica y los resultados de las pruebas practicadas a Reyes.

Señala la sentencia de instancia la siguiente indemnización en favor de Reyes:

- 144 días impeditivos x 58.24 €.................................8.386,56 €.

- 7 días no impeditivos x 31,34 €...................................219,38 €.

- secuelas 3 puntos x 829,36 €...................................2.488,08 €.

- 10% factor de corrección por encontrarse la víctima en edad laboral sobre

11.094,02.............................................................1.109.40 €.

Total s.e.u.o.....................12.203,42 euros.

Entiende la recurrente que le corresponde una indemnización por lesiones de 15.920 € y de 6.250 € por secuelas, haciendo un total de 22.171 € ".

El Magistrado a quo motiva sus conclusiones manifestando que "Los daños corporales sufridos por Reyes se discuten tanto respecto del tiempo de curación de sus lesiones, como respecto de la entidad de las secuelas sufridas. La declaración de la médico forense en el acto del juicio afirmando que no ratifica su informe respecto de la afectación neurógena ya que los síntomas aparecen dos meses después y no tienen relación con el accidente así como la cervicalgia, ya que la lesionada tuvo otro accidente el día 9 de febrero de 2009 según consta en informe forense de su compañero Carlos, por lo que únicamente mantiene la agravación de un punto por cervicalgia, ha resultado totalmente verosímil dada la rotundidad con que la forense afirma la existencia de ese accidente previo de la denunciante y que objetiva documentalmente por la existencia del informe de su compañero.

La constatación de ese accidente previo, cuya existencia en ningún momento ha sido puesto de manifiesto por la denunciante en la causa, ni siquiera a su perito de parte, supone la ocultación de patologías previas importantes para la valoración de las secuelas producidas en este accidente. La conducta de la denunciante infringe su deber de colaboración para con la compañía aseguradora y su comportamiento resulta contrario a las reglas de la buena fe como mínimo, ya que dicha actuación en el mejor de los casos confunde a los peritos que emiten sus informes sobre presupuestos mendaces.

De hecho, al conocer esta circunstancia, la médico forense modifica su informe en el sentido de suprimir los tres puntos por cervicalgia y dos puntos por afectación neurógena reconduciéndolos a una agravación de un punto por cervicalgia. A mayor abundamiento la denunciante (como posteriormente hace también el denunciado) critica a la Forense manifestando que ni siquiera la exploró, que estuvo poco tiempo con ella y que no le pidió la documental médica, cuando la forense ha afirmado categóricamente a preguntas de la acusación particular que tenía las radiografías, resonancias y el electro, ya que constaban en el expediente de la denunciante, de donde se infiere un comportamiento contrario a las reglas de la buena fe de procesal en el mejor de los casos.

Evidentemente, la declaración de la médico forense por su imparcialidad, ausencia de interés y ausencia de enemistad con la perjudicada, así como la documental que maneja por ser objetiva, debe prevalecer sobre las afirmaciones interesadas e imparciales de la denunciante, de manera que a partir de esta valoración, los ocho puntos que reclama la acusación por cervigalgia fundamentándolos en la pericial de parte y que el perito de parte mantiene en base a la documental médica pero también en base fundamentalmente a las declaraciones de la denunciante, denunciante que le oculta y en ningún momento le dice que en el año 2009 sufrió un accidente previo con lesiones similares, no pueden ser apreciados a la vista del comportamiento de la denunciante, por lo que asumiendo la valoración de la médico forense son tres los puntos de secuelas, uno por agravación de cervicalgia, otro por dolor costal residual, y otro por agravación de patología mental previa. Lo contrario sería premiar la mala fe, la ocultación y la manipulación de información en el mejor de los casos.

Reclama la acusación por el trastorno depresivo reactivo siete puntos por considerar que es totalmente independiente y consecuencia únicamente del accidente objeto de enjuiciamiento, sin que tenga nada que ver el tratamiento psicológico anterior padecido por la denunciante. Sin embargo, una vez más atendiendo al comportamiento de la denunciante ya analizado, su sintomatología siempre subjetiva puede ser no fiable y obedecer a intereses económicos, ya que como argumenta la médico forense, a la que consideramos más objetiva e imparcial por no tener interés económico en la causa, y por la lógica que tienen sus argumentos, la denunciante aporta informes de psiquiatría, si bien, según consta en el apartado de antecedentes personales del informe de urgencias del centro de salud del día del accidente, la paciente presenta síndrome ansioso depresivo en tratamiento farmacológico, por lo que considera únicamente la posibilidad de agravación sintomática de patología previa, valoración que consideramos más correcta y proporcionada a la existencia de dicha patología previa y la posterior ocurrencia del accidente.

En cuanto a la duración de los días de curación la acusación particular solicita sesenta días más por considerar que la sanidad se produce el 20 de noviembre 2013 por haber seguido yendo la denunciante a rehabilitación durante ese periodo temporal a pesar de haber sido dada de alta laboral. Sin embargo, dado el comportamiento contrario a la buena fe de la denunciante las lesiones se consideran estabilizadas por la médico forense desde el 27 de mayo de 2013 dado que la sintomatología permanecido a pesar de los tratamientos, considerando los tratamientos ulterior es de carácter paliativo de las secuelas, no curativo, por lo que no podemos extender la estabilización de las secuelas más allá del tratamiento curativo de las mismas, sobre todo habiéndose producido el alta laboral, ya que sería dejar en manos del lesionado el prolongar indefinidamente la curación de sus secuelas".

Reyes discrepa con el informe emitido por la Médico Forense y pretende en la alzada que prevalezca sobre el mismo el dictamen emitido por el perito de parte, Doctor Fermín.

El Juzgador a quo atribuye, en su razonado y razonable pronunciamiento, pleno crédito al informe de la Médico Forense, corregido en el plenario, manifestando que "la declaración de la médico forense por su imparcialidad, ausencia de interés y ausencia de enemistad con la perjudicada, así como la documental que maneja por ser objetiva, debe prevalecer sobre las afirmaciones interesadas e imparciales de la denunciante...".

Los Médicos Forenses, conforme la LOPJ, son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia, siendo sus funciones la asistencia técnica, entre otros, a juzgados y tribunales, emitiendo informes y dictámenes médicos legales en el marco del proceso judicial, realizando el control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales.

La reparación indemnizatoria viene condicionada a una doble contingencia: la probanza de los daños y perjuicios, cuya existencia y prueba es cuestión de hecho, y la atribución de su comisión al ilícito criminal enjuiciado. No basta para obtener indemnización por daños y perjuicios invocar un hecho susceptible de producirlos, sino que es necesario acreditar la realidad de tales perjuicios y que los mismos tienen su origen en el acto ilícito objeto de enjuiciamiento. Especial cautela han de tener los Jueces y Tribunales a la hora de cuantificar el importe de las indemnizaciones en este tipo de ilícitos en evitación de que, al socaire de un acto desgraciado en sí mismo como es un accidente circulatorio, se causen enriquecimientos injustos, especialmente rechazables.

En relación con la indemnización señalada en favor de Reyes, la Sala no aprecia error en la apreciación de la prueba en la sentencia impugnada, entendiendo que no concurren motivos o circunstancias por los que deba prevalecer el dictamen del Perito de parte sobre el de la Médico Forense, presumiéndose a ésta objetividad e imparcialidad.

La Sala no aprecia que la sentencia de instancia adolezca de falta de racionalidad a la hora de señalar o determinar la indemnización correspondiente a Reyes por los conceptos de incapacidad permanente y temporal derivada del siniestro que nos ocupa.

QUINTO: La sentencia de instancia señala en favor de Constancio una indemnización de 13.519'91 €, desglosada de la siguiente manera:

-137 días impeditivos a 58'24 €...7.978'88 €.

-5 puntos de secuelas a 862'39 €...4.311'95 €.

-10% factor de corrección...1.229'08 €.

Impugna Constancio la sentencia en cuanto a la indemnización señalada a su favor, entendiendo que procede un aumento de la indemnización en la cantidad de 15.652'48 €. Entiende el recurrente que las dolencias de la mano derecha deben valorarse en cuatro puntos y las algias cervicales en 3 puntos de secuelas, pretensión coincidente con la valoración efectuada por el Perito de parte en su informe obrante al folio 402 y ss.

Manifiesta la sentencia de instancia que "Valorando las lesiones y secuelas de Constancio nos encontramos ante una compleja situación, ya que en este caso también nos encontramos con patologías previas (sin que en este caso haya existido ocultación de las mismas afortunadamente) del lesionado que deben ser tenidas en cuenta. El perito de parte a diferencia de la médico forense considera que el síndrome del túnel del carpo por el que fue intervenido en 2010 no tiene nada que ver con el golpe en la mano consecuencia del accidente, ya que se produce una rotura del ligamento contrario al pulgar así como artrosis y edema óseo metatarsiano por el golpe, quedándose los huesos con liquido dentro, sin que la forense aprecie las resonancias, con impotencia funcional por inestabilidad sobre todo teniendo en cuenta que es diestro y enfermero de profesión.

En este caso, y teniendo en cuenta que la médico forense no tenía a su disposición el informe emitido de manera que ha tenido que informar un poco según lo que se le ha manifestado aquí en el acto del juicio sobre las lesiones y secuelas del perjudicado, sin que la argumentación del perito de parte de resulta convincente no en cuanto a la inexistencia de relación entre la intervención realizada en 2013 y el golpe en la mano, ya que al encontrarse en el mismo lugar evidentemente en mayor o menor medida a la fuerza tienen que estar relacionados, sino en cuanto a que el golpe en la mano como consecuencia del accidente por la patología previa, y como bien dice el propio perjudicado por la utilización que de la mano derecha hace para su trabajo como enfermero, y que como secuela va afectar el resto de su vida profesional, consideramos más adecuada la valoración de la secuela en tres puntos.

En cuanto a la cervicalgia padecida por Constancio y por la razón ya dicha de no haberse podido expresar la médico forense con la suficiente convicción y contundencia al no tener el informe de Constancio delante y no haber preparado su intervención respecto del mismo, la razones del perito de parte argumentando que incluso las algias postraumáticas cervicales eran evidenciadas con posterioridad por los propios profesionales médicos que le atendían, deben ser tenidas en cuenta en el sentido de incrementar la valoración de la secuela sufrida, de manera que consideramos más adecuada y correcta la valoración de la secuela en dos puntos".

La Sala entiende que no concurre prueba que acredite que la valoración de la incapacidad permanente sufrida por Constancio sea errónea, recogiendo la sentencia las oportunas explicaciones que le llevan a otorgar mayor puntuación que la señalada por la Médico Forense y menor que la determinada por el Perito de parte.

El recurso de apelación no puede tener favorable acogida en este punto desde el momento en que la Sala no aprecia de modo inequívoco e incuestionable que la valoración señalada en la sentencia sea errónea.

SEXTO: La sentencia impone al acusado la mitad de las costas causadas, pronunciamiento impugnado en apelación por los recurrentes al entender que le deben ser impuestas al acusado en su totalidad.

Manifiesta el artículo 123 CP que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.

Cuando se trate de varios delitos y de varios acusados, las costas se dividirán en primer lugar por el número de delitos y luego por el número de acusados.

En el caso que nos ocupa, la Acusación Particular, contrariamente al Ministerio Fiscal, acusaba a Wolker Voyager de dos delitos, uno de lesiones imprudentes y otro de daños imprudentes, delito éste del que fue absuelvo el acusado, siendo, pues, ajustada a derecho la condena al pago del 50 % de las costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.