Sentencia Penal 217/2023 Audiencia Provincial Penal de Asturias nº 2, Rec. 908/2021 de 19 de mayo del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés se interpone recurso de apelación por el ABOGADO DEL ESTADO, en su representación de la Administración General del Estado (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.), interesando de esta alzada la revocación parcial de la sentencia de instancia a fin de que se dicte nueva resolución por la que, de una parte, se condene a los acusados, Segundo y a la entidad "AQUAPRO WATER TREATMENT, SA", por el delito de insolvencia punible del Art. 257 CP, en los términos que se solicitan en el escrito de recurso, al entender la parte recurrente que la posibilidad de condena por tal delito fluye, per se, tanto del propio relato de hechos probados, como de ciertos pasajes de la fundamentación de la sentencia apelada; y, de otro lado, interesa se determine que los intereses que procede imponer por las cantidades defraudadas que han de restituir los condenados son los específicamente contemplados en el Art. 38.2 de la Ley General de Subvenciones, y no los moratorios del Art. 576 LEC que aplica la sentencia impugnada, por ser ello conforme a derecho.

SEGUNDO.- Por la representación de Segundo, Carlos José, entidad "AQUAPRO WATER TREATMENT S.A", mercantil "TRASELNOR, S.L" y mercantil "TRANSPORTES HERMANOS CORTÉS, SL", se ha interpuesto recurso de apelación contra la citada sentencia, interesando de esta alzada se revoque aquélla y en su lugar se dicte otra por la que se absuelva a Segundo y Carlos José de los delitos de fraude de subvenciones que les han sido atribuidos en calidad de autor y cooperador necesario respectivamente; y ello por entender dichos apelantes que el delito referido a la subvención concedida en 2010 está prescrito, y que la sentencia impugnada incurre en error de valoración probatoria al no ser cierto que ninguna de las subvenciones otorgadas se destinara a fines distintos de los debidos, siendo lo ocurrido que, a pesar de su inversión en el proyecto subvencionado, no se lograron los objetivos previstos, lo que implicaría la irrelevancia penal del hecho sin perjuicio de las consecuencias sancionadoras que procedieran en el ámbito administrativo.

Interesando, subsidiariamente a la absolución, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se han impugnado ambos recursos, interesando la confirmación de la resolución impugnada por entenderla plenamente ajustada a derecho.

Por ambas apelantes se han impugnado los recursos interpuestos de contrario.

CUARTO.- Comenzando con el análisis del recurso planteado por la Abogacía del Estado, esta Sala considera que el primero de sus dos motivos de impugnación debe decaer, pues no apreciamos que el relato de hechos probados de la sentencia impugnada contenga los elementos fácticos que se hacen necesarios para poder apreciar que los hechos imputados a Segundo y a la mercantil "AQUAPRO" son también calificables como un delito de insolvencia punible (actualmente, frustración de la ejecución), y por tanto subsumibles dentro del Art. 257 CP.

Como es sabido, para apreciar el delito de insolvencia punible deben acreditarse en forma suficiente sus cuatro elementos conformadores, que son, tal como expresa, entre otras, la STS 372/2009, de 8 de abril, los siguientes:

a) la existencia de uno o más créditos contra el sujeto activo, de ordinario vencidos, líquidos y exigibles, aunque también cabe que el deudor, ante la proximidad del vencimiento, se adelante a generar la apariencia de insolvencia que frustre las legítimas expectativas del acreedor;

b) un elemento subjetivo, tendencial o ánimo específico de defraudar a los acreedores o sus legítimas expectativas;

c) un elemento dinámico, que es la materialización de tal ánimo, consistente en destruir u ocultar el activo, real o ficticiamente, simular fraudulentamente créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes al destino solutorio al que se hallan afectos;

d) insolvencia total o parcial, real o aparente, del deudor, como consecuencia de tales maniobras, haciendo imposible o difícil a sus acreedores el cobro de sus créditos.

Elementos fácticos (objetivos y subjetivos) que, tras el examen de las actuaciones, no advertimos que se encuentren descritos en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia o, no al menos, con la contundencia y asertividad que sería necesario para sostener un pronunciamiento condenatorio por tal delito, máxime cuando ello implica en este caso revocar una previo pronunciamiento absolutorio respecto de dicho tipo penal.

Así, los concretos pasajes del relato fáctico que destaca la Abogacía del Estado para fundar su pretensión (párrafos decimotercero a decimoquinto y vigésimo primero a vigésimo tercero) describen las muy diversas disposiciones dinerarias realizadas por Segundo, como administrador único de "AQUAPRO", con cargo y a costa del dinero de las subvenciones que le fueron concedidas en 2010 y 2011 para un proyecto referido al tratamiento de aguas, y que fueron aplicadas por dicho acusado a fines diversos -y en algunos casos ajenos al proyecto- pudiendo distinguirse tales aplicaciones dinerarias en tres grupos, que serían: a) los destinados a pagos por servicios o prestaciones que pudieran tener relación con el proyecto subvencionado; b) los destinados a pagos de deudas de "AQUAPRO" ajenas al proyecto subvencionado, como ocurrió con los abonos de deudas a la TGSS que constan probados; c) y disposiciones dinerarias cuyo destino se desconoce y no ha podido ser acreditado, donde se integrarían, por ejemplo, los reintegros realizados por el acusado en cajero extrayendo cantidades de la devolución realizada por el Ayuntamiento de Oviedo tras rescindirse el contrato de compraventa de cierta parcela en un polígono de esta localidad.

En definitiva, una multiplicidad de destinos, algunos justificados, que, a falta de otros hechos y datos en contra, impide concluir, con el grado de certeza suficiente, que la voluntad que presidió a Segundo fue la de "evadir" el dinero procedente de las subvenciones y frustrar las legítimas expectativas de cobro de su acreedor (que era la Administración, una vez se resolvió el reintegro de tales cantidades); pues, de los párrafos del relato fáctico que destaca la Abogacía del Estado, y de otros que entendemos procedente destacar, no resulta justificado, a juicio de esta Sala, que los términos en que se expresa la sentencia apelada permitan apreciar el delito de insolvencia punible que reclama la parte apelante; bastando reproducir a tal efecto los apartados de dicha sentencia en los que se dice como sigue:

a) en el quinto párrafo de los Hechos Probados se dice que "En un principio AQUAPRO realizó actuaciones dirigidas a la consecución del proyecto para el cual le fue concedida la ayuda, celebrando contratos con determinadas empresas, tales como Impulso Industrial Alternativo, SA, Contratos y Diseños Industriales SA y Comunica Alternativas de Marketing, SL, abonando por ello facturas por importe de 350.253,26 euros, entre otras, a COMUNICA ALTERNATIVAS DE MARKETING, SL (7.087,10 euros), CONTRATOS y DISEÑOS INDUSTRIALES SA (29.529,50 euros) e IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SA (180.327,70 euros)";

b) en el decimotercer párrafo de los Hechos Probados se dice que " Segundo, a través de la cuenta de AQUAPRO, realizó tres transferencias a favor de la TGSS, por importe total de 8.062,86 euros, dirigidas a satisfacer las deudas que con ese organismo tenían los tres hermanos Segundo Carlos José";

c) en los párrafos decimoquinto y decimosexto de los Hechos Probados se dice que los honorarios pagados a la mercantil "DIREMIA APLICACIONES INTEGRALES, SL", con la que AQUAPRO había formalizado el 26 de octubre de 2013 un contrato cuyo objeto era conseguir inversor en el proyecto de AQUAPRO, ascendieron a 177.870 euros, que fueron realizados a través de tres transferencias de 25.000 euros el 28 de octubre de 2013, otros 25.000 euros el 5 de noviembre de 2013 y 127.870 euros el 14 de noviembre de 2013."

En definitiva, existía una deuda vencida, líquida y exigible (o al menos debía preverse su eventual exigibilidad por el beneficiario de las subvenciones), que venía constituida por las cantidades subvencionadas en 2010 y 2011, que la Administración acordó que debían devolverse por frustrarse el objeto al que estaban destinadas. Dicha deuda no fue reintegrada por Segundo ni por "AQUAPRO", a pesar de ser requerido para ello, ante la supuesta insuficiencia de fondos para la devolución. Y si bien el acusado realizó diversas disposiciones dinerarias a cargo de ambas subvenciones, siendo algunas de ellas ajenas al destino para el que se habían concedido tales sumas, en cambio, no podemos inferir, con certeza suficiente o más allá de un margen de duda razonable, que tales disposiciones dinerarias constituyeran maquinaciones insidiosas del acusado inspiradas en la idea de eludir el pago debido a la Administración; pues aunque constan transferencias y disposiciones que pudieran ser sospechosas de tal ánimo, propio del delito de insolvencia punible (como las realizadas por el acusado a empresas del "Grupo Cortés" por trabajos contratados para el proyecto de aguas, que no consta que fueran finalmente realizados, o como la transferencia de la segunda subvención a favor de empresas de dicho grupo), en cambio, se ha probado que también fueron realizadas por Segundo otras disposiciones y abonos relacionados con el proyecto subvencionado, así como destinadas a pago de deudas ciertas, como las existentes con la TGSS; pagos éstos últimos que resultan contrarios a la idea de artificio engañoso o malicioso con el que generar una situación de insolvencia -aparente o real- con la que frustrar las legítimas expectativas de su acreedor, y que por ello restan solidez a las sospechas de insolvencia que pudieran resultar de aquellas otras disposiciones que sí parecen apuntar a la tendenciosidad que define al delito del Art. 257 CP.

A ello se suma, tal como certeramente expone el propio Magistrado de instancia en el Vigésimoprimer Fundamento de Derecho de su sentencia, que de conformidad con las periciales practicadas no constan signos de una descapitalización de AQUAPRO compatibles con el delito de insolvencia punible; y así dice literalmente: "no puede desconocerse que hermanos Segundo Carlos José invirtieron inicialmente en el proyecto importantes cantidades de dinero, todas ellas documentadas, que tenían como finalidad, en un primer momento, poner en marcha la citada planta industrial (...) Ello supone que al margen de la primera ayuda recibida y posteriormente aplicada a fines diferentes a aquéllos para los que fue concedida, los acusados sí tuvieron que aportar capital propio o de otras empresas para sufragar tales gastos. Dicha actividad resulta ciertamente incompatible con el comportamiento delictivo que les imputa la Abogacía del Estado, pues resulta completamente contradictorio con la pretendida descapitalización de la empresa AQUAPRO, toda vez que tales desembolsos evidencian una actividad de la misma tendente a la consecución del proyecto".

Las razones expuestas evidencian que dicho relato fáctico sólo permite sostener, con la holgura necesaria, un juicio de inculpación por delito de fraude de subvenciones, pero no por el de insolvencia punible; pues éste último no puede imputarse a partir de dicho relato histórico, siquiera sea por falta de prueba bastante sobre el elemento subjetivo que exige dicho tipo penal.

En consecuencia, debe desestimarse este primer motivo impugnativo, confirmando la absolución de Segundo y de "AQUAPRO" respecto del delito de insolvencia punible que le imputa la Abogacía del Estado; pues fuera de lo expuesto, cualquier otra valoración comportaría el riesgo de incurrir en una indebida reevaluación de la prueba, también la de naturaleza personal, lo que resulta inviable en esta alzada, al no haber solicitado la Abogacía del Estado la anulación del fallo absolutorio a tal efecto.

De acuerdo con ello, se desestima también el segundo motivo de recurso, referido a la responsabilidad civil peticionada por la Abogacía del Estado para el caso de estimarse su pretensión de condena por el delito de insolvencia punible.

QUINTO.- Suerte distinta debe correr el último motivo de recurso planteado por la Abogacía del Estado, pues debe estimarse su petición en materia de intereses aplicables a las cantidades subvencionadas que fueron objeto de fraude.

La vigente doctrina ampara la posición del recurrente, confirmando la necesidad de preferenciar los intereses específicamente previstos por la Ley frente a los moratorios del Art. 576 LEC que impone el órgano de instancia, y que en este caso son los contemplados en el Art. 38.2 de la Ley General de Subvenciones.

Por todas, citamos la reciente STS 2831/2022, de 13 de julio, de la que es Ponente el Excmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura, en la que, en relación con un delito de fraude de subvenciones, dice literalmente como sigue:

"Considera también quien ahora recurre que no debieron imponerse, con relación a la indemnización establecida en la sentencia que impugna, los intereses de demora previstos en la legislación tributaria sino exclusivamente los previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (...) Tampoco nos es posible compartir aquí el razonamiento del recurrente. El artículo 109.1 del Código Penal determina que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito, obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él acusados. Es ésta la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia deja explicado que la responsabilidad derivada como consecuencia del delito cometido genera los intereses que le resultan propios y que no son tanto los "formalmente tributarios" como los contemplados por "el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones aquí aplicable conforme a su disposición adicional sexta, es decir, el interés legal del dinero incrementado en un 25% salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente". Ciertamente, es la propia ley la que se encarga de determinar el interés aplicable a la devolución de la ayuda pública obtenida, sin necesidad de que el precepto penal correspondiente lo contemple así de forma expresa, del mismo modo que sucede en otros ámbitos de actividad. En el marco de la responsabilidad civil ex delicto la reparación deberá procurar la indemnidad del perjudicado, de tal suerte que se le reponga a la situación previa a la comisión del ilícito penal. De manera fraudulenta consiguieron los acusados la obtención de una significativa cantidad de dinero (500.000 euros), que no habrían recibido de no mediar el engaño. Causaron, por tanto, un perjuicio económico a la Administración Pública cuya reparación no se logra con la mera devolución del principal, más los intereses procesales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino con el reintegro, desde luego, de aquella cantidad, incrementada con los intereses legalmente previstos para el caso de que la devolución proceda. A mayor abundamiento, del mismo modo la obtención fraudulenta de un préstamo entre particulares determinaría, en términos de responsabilidad civil ex delicto, la devolución del principal prestado (daño, en sentido estricto) y de los intereses convenidos, si los hubiere (perjuicio). El motivo se desestima."

En consecuencia, se estima este motivo de recurso, revocando la sentencia de instancia en lo referente a los intereses a aplicar a las cantidades defraudadas, que serán los previstos en el Art. 38.2 de la Ley General de Subvenciones y no los del Art. 576 LEC.

SEXTO.- En lo que respecta al recurso interpuesto por la representación de Segundo, "AQUAPRO", Carlos José y demás acusados, esta Sala desestima el primero de los motivos aducidos -como cuestión previa-, al entender que no ha prescrito el delito de fraude de subvenciones correspondiente a la subvención otorgada en el año 2010, tal como pretenden dichos recurrentes; y ello en cuanto compartimos plenamente los argumentos aducidos por el Magistrado de instancia.

En este sentido el órgano de instancia sostiene que dado que los términos de la prescripción se computan "desde el día en que se haya cometido la infracción punible" de conformidad con el Art. 132.1 CP, en el caso de los delitos de fraude de subvenciones el dies a quo del plazo de prescripción habrá de fijarse en el momento en que se abre el plazo de ingreso voluntario de la deuda, pues hasta dicho momento no puede conocerse si aquél a quien se concedió la ayuda la aplicó o no a los fines debidos; lo que en este caso supone tomar como dies a quo para el cómputo de la prescripción el día 18 de junio de 2013, por ser ésta la fecha en que se notificó al recurrente la Resolución de la Dirección General que acordaba el reintegro de la totalidad de la ayuda por incumplimiento del objetivo para el que fue concedida.

Así, a fecha de interponerse querella por la Abogacía del Estado el 18 de marzo de 2016 (que fue admitida a trámite por auto de 29 de marzo de 2016) era obvio que no había transcurrido el plazo de cinco años de prescripción que prevé el Art. 131.1 CP -a contar desde el 18 de junio de 2013- viéndose interrumpido el mismo con la interposición de dicha querella.

Debiendo añadir, tal como aduce el Abogado del Estado en su impugnación del recurso, que tampoco habría prescrito dicho delito aún si acogiéramos la tesis de la parte recurrente, conforme a la cual el periodo de comisión del delito sería el año natural, según lo dispuesto en los Arts. 308.4 CP, aunque el dies a quo del plazo prescriptivo debiera fijarse a los tres meses de haber finalizado el año natural (marzo de 2011 en este caso) de conformidad con el Art. 30.2 de la Ley General de Subvenciones; pues aún aceptando tal premisa, el dies a quo en este caso no podría ubicarse en marzo de 2011 como pretende la parte apelante, sino que habría de serlo el 30 de junio de 2011, al haber solicitado la parte beneficiaria de la subvención el 22 de diciembre de 2010 una prórroga del plazo máximo de realización de la actuación hasta 30 de junio de 2011 (página 17 Informe Técnico de Hacienda), siéndole concedida por Resolución de 15 de marzo de 2011. En suma, de 30 de junio de 2011 a marzo de 2016 no habrían transcurrido los cinco años de prescripción, y tampoco a fecha de 16 de mayo de 2016, en que se acordó ampliar el objeto de querella.

Por tanto, se desestima dicho motivo de impugnación, no apreciándose la prescripción interesada.

SÉPTIMO.- Igualmente debe desestimarse el supuesto error de valoración probatoria que aduce la representación de los acusados al alegar, en síntesis, que no ha existido ningún fraude de subvenciones al haberse destinado las ayudas concedidas al proyecto subvencionado, siendo cuestión distinta que no se lograran los resultados deseados por causas ajenas a la voluntad de los acusados. En tal sentido dicen dichos apelantes que las cantidades correspondientes a la subvención de 2010 no fueron destinadas a fines distintos del proyecto por sumas superiores a 120.000 euros, y respecto de la subvención correspondiente a 2011, si bien reconocen que pasó a otras empresas relacionadas con el grupo familiar, manifiestan que ello no implicó que dichas cantidades se destinaran a otros fines distintos a los debidos en tanto se trataba de empresas con "unidad de caja" y entre las que era frecuente que se prestaran dinero.

Argumentos que entendemos no desvirtúan las razones por las que el juzgador de instancia consideró que los apelantes habían cometido - bien como autores, bien como cooperador necesario- los delitos de fraude de subvenciones atribuidos, pues el groso probatorio practicado confirmó, más allá de toda duda razonable, la concurrencia de los dos elementos que conforman dicho delito, como son la aplicación de la subvención a fines distintos a aquellos para los que se concedió y que dicha aplicación indebida fue superior a cierta cantidad, que en este caso, por razón de la ley aplicable, se fija en 120.000 euros.

En tal sentido se pronuncia las SSTS 523/2006, de 19 de mayo y 965/2007, de 12 de noviembre, al señalar cómo "el delito de fraude de subvenciones está regulado por medio de dos alternativas típicas: la obtención fraudulenta de una subvención y el empleo desviado de los fondos obtenidos mediante una subvención, y así se protege al patrimonio del ente público que otorga la subvención, esto es, a las Administraciones Públicas; protegiéndose la correcta utilización de los fondos públicos; sancionándose, no tanto el incumplimiento en mayor o menor medida de los requisitos exigidos, sino la finalidad de la subvención mediante la utilización de los fondos recibidos para algo sustancialmente distinto, de ahí su conexión con la malversación de fondos públicos, puesta de manifiesto por la STS 1308/2003, de 7 de enero. En suma, la conducta típica viene definida por la aplicación de los fondos a fines distintos a los que justificaron el otorgamiento de la subvención; y no el mero incumplimiento de las condiciones impuestas (...) Así, permitirá distinguir si estamos ante una infracción administrativa o un ilícito penal, además del límite cuantitativo - que en este caso, por razón de la ley aplicable, se fija en 120.000 euros-, el hecho de que se haya realizado aplicación de la ayuda a fines distintos para los que fue concedida."

Y en el presente caso ambos elementos han sido probados, pues basta leer los hechos probados de la sentencia apelada, totalmente acordes con el resultado probatorio y no desvirtuados por ninguna de las alegaciones de los acusados, para corroborar que, al menos una parte de ambas subvenciones, en cantidad superior a 120.000 euros en cada una de ellas, fue destinada a fines distintos a los debidos, adquiriendo así relevancia penal el hecho, sin que pueda considerarse mera infracción administrativa. Pues como dice el Magistrado a quo, de forma clara y contundente respecto a los destinos dados a una parte de la primera subvención:

"Una vez recibido por parte del acusado Segundo la devolución del dinero procedente de la compra frustrada de la parcela (234.897,37 euros) y sin ninguna intención ya de continuar con el fin para el que se solicitaron las ayudas, destinando el dinero recibido a fines distintos, procedió a realizar, en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2013 y el 19 de febrero de 2014, diversas retiradas de fondos por importe total de 48.850 euros: así, el día 26 de septiembre de 2013 realizó una transferencia bancaria de 12.000 euros a otra cuenta que la misma AQUAPRO tenía en la entidad ING (...) y en la que Segundo constaba como único autorizado. Asimismo, entre el 30 de septiembre de 2013 y el 19 de febrero de 2014 realizó disposiciones en efectivo a través de los cajeros de ING por importe de 36.850 euros.

El acusado Segundo también procedió a realizar a través de la cuenta de AQUAPRO tres transferencias a favor de la TGSS, el 28 de octubre de 2013, por importes respectivos de 6.472,51, 1.565,47 euros y 24,88 euros (en total, 8.062,86 euros) dirigidos a satisfacer las deudas que con ese organismo tenían los tres hermanos Segundo Carlos José.

Todas las cantidades expuestas (486.216,29 euros abonadas a MONTAJES ELÍAS GARCÍA SL por trabajos no realizados, las retiradas de fondos por importe de 48.850 euros y el abono de deudas de la TGSS por importe de 8.062,86 euros) procedían, bien de la primera ayuda recibida el 16 de junio de 2010 en el Expediente REI- NUM003, por importe de 346.542 euros, bien de la devolución de 234.897,37 euros por parte del Ayuntamiento de Oviedo, como consecuencia de la resolución de la venta de la parcela del Polígono Industrial de NUM004 oniego-Tudela, cantidad que a su vez procedía de la primera ayuda (...)".

Siendo igualmente contundente lo recogido en la sentencia de instancia respecto a la segunda subvención, al indicar que:

"tras el ingreso efectuado el día 31 de agosto de 2011 en la cuenta de AQUAPRO del importe procedente de la segunda ayuda otorgado por la Dirección General de Industria (433.954 euros) el acusado, Segundo, como administrador de AQUAPRO, procedió a realizar diversas transferencias en favor de sus empresas, TRANSPORTES HERMANOS CORTÉS SL y TRASELNOR, SL, de las cuales era administrador solidario junto con el también acusado Carlos José, quien a sabiendas de la procedencia del dinero y del destino para el cual fue otorgado, ya que era también socio fundador de AQUAPRO, consintió dichas transferencias contribuyendo con ello a dar al dinero recibido en el Expediente REI- NUM005 un destino distinto para el cual fue otorgada dicha ayuda. De esta manera el acusado Segundo, con el conocimiento y colaboración de su hermano Carlos José, realizó las siguientes transferencias: en favor de TRANSPORTES HERMANOS CORTÉS SL, el mismo día 31 de agosto de 2011 por importe de 90.000 euros; el día 2 de septiembre de 2011 por importe de 240.000 euros; el día 16 de septiembre de 2011 por 3.716,75 euros; y el 21 de septiembre de 2011 por 7.100 euros; en favor de TRASELNOR SL, el 1 de septiembre de 2011 por importe de 19.500 euros; otra el 15 de septiembre de 2011 por 29.000 euros; otra el 16 de septiembre de 2011 por 2500 euros; y el 29 de septiembre de 2011 dos transferencias por importes respectivos de 33.550 y 113.850 euros (en total, 147.400 euros). Dichas transferencias (...) ascendieron a un total de 539.216,75 euros...(...) De esta manera los acusados Segundo y la entidad AQUAPRO WATER TREATMENT SA, con la colaboración de Carlos José, procedieron a destinar las ayudas concedidas por la Dirección General de Industria a fines distintos a aquél para el cual fueron concedidas, en una cuantía superior a los 120.000, a la vista de las operaciones realizadas (abono de facturas por conceptos no realizados, transferencia de fondos a empresas del mismo grupo, extracciones en metálico en cajeros automáticos, retiradas de fondos o abono de deudas con la TGSS)".

En definitiva, la valoración probatoria del juzgador de instancia responde a criterios lógicos, fundados y razonados, que no han sido desvirtuados de contrario; debiendo por ello confirmarse su ponderación, sin apreciarse error de valoración alguno.

Se desestima el motivo de recurso.

OCTAVO.- En cuanto al último motivo de recurso planteado por los acusados, también se desestima, pues aunque los apelantes inciden en que estamos ante hechos referidos a subvenciones concedidas en 2010 y 2011, y que la previa anulación de la primera sentencia dictada y juicio celebrado en la instancia ha supuesto un motivo de retardo no imputable a las partes, es lo cierto que no se aprecian plazos de paralización de extraordinaria significación que justifiquen apreciar dicha atenuante en su forma cualificada, resultando ajustada a derecho su apreciación como simple realizada en la instancia.

La mera revisión de lo actuado así lo corrobora, pues fue interpuesta querella por la Abogacía del Estado el 18 de marzo de 2016, dictándose Auto de incoación de Diligencias Previas por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Avilés en fecha de 29 de marzo de 2016, y Auto de PA el 2 de marzo de 2017, por lo que la instrucción de la causa, no exenta de cierta complejidad, se instruyó en un año; tras los trámites de calificación, la causa se recibió en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés en fecha de 3 de octubre de 2017, señalándose como fecha de celebración para el juicio oral los días 24 y 25 de mayo de 2018. Dictada sentencia en fecha de 6 de junio de 2018, fue declarada nula tanto ésta como el acto de juicio, por sentencia de 31 de julio de 2019 de esta misma Sala, señalándose nuevo juicio en fechas de 20 y 21 de abril de 2020, que hubo de suspenderse como consecuencia del estado de alarma declarado por pandemia; señalándose nuevamente para los días 9 y 10 de noviembre de 2020, en que también hubo de ser suspendido por razones médicas de algunos de los citados, realizándose nuevo señalamiento para los días 17 y 18 de mayo de 2021, dictándose la sentencia que ahora es revisada en apelación en fecha de 1 de junio de 2021.

Por tanto, entendemos que debe desestimarse la pretensión planteada al no acreditarse paralizaciones extraordinarias durante el curso del procedimiento que justifiquen una atenuación del Art. 21.6 CP en forma cualificada, entendiendo ajustado a derecho la apreciación en su forma simple que ha realizado el Magistrado a quo, dado el tiempo que supuso la declaración de nulidad de la sentencia y acto de enjuiciamiento primeramente celebrado.

Solución que entendemos acorde con la doctrina del TS, pues tal y como señala el reciente ATS 3184/2023, de 23 de marzo, del que es Ponente el Excmo. Sr. Don Manuel Marchena: "La jurisprudencia de esta Sala aprecia la atenuante de dilaciones indebidas con el carácter de muy cualificada cuando concurren retrasos en la tramitación de la causa de una intensidad extraordinaria y especial, esto es, en supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúan muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente. En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003, de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003, de 8 de mayo (9 años de tramitación); 506/2002, de 21 de marzo (9 años); 39/2007, de 15 de enero (10 años); 896/2008, de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008, de 12 de febrero (16 años); 440/2012, de 25 de mayo (diez años); 805/2012, de 9 octubre (10 años); 37/2013, de 30 de enero (ocho años); y 360/2014, de 21 de abril (12 años)".

Se desestima por tanto el motivo.

NOVENO.- Habiéndose interpuesto recurso por el Abogado del Estado, que ha sido parcialmente estimado, y habiendo recurrido los condenados, con desestimación de su recurso, procede declarar de oficio las costas derivadas del recurso de la Abogacía del Estado, imponiendo a los condenados el pago de las costas derivadas de su recurso, todo ello conforme a lo dispuesto en los Arts. 123 CP y 240 LECrim.