Sentencia Penal 101/2024 Audiencia Provincial Penal de Asturias nº 2, Rec. 896/2023 de 22 de febrero del 2024

PRIMERO.- Por la representación de Pilar se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Avilés, el 21 de marzo de 2023, en actuaciones de Juicio Oral 138/22 por la que resultó condenada como responsable de un delito de atentado y un delito leve de lesiones, alegando como motivos de su impugnación el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, con vulneración del art. 24 de la Constitución Española, por falta de motivación suficiente y coetáneamente vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española e "in dubio pro reo" y a una resolución motivada del art. 24 de la Constitución Española, considerando que dicha infracción formal ha originado una indefensión efectiva; error en la apreciación de la prueba y por último la infracción de normas por aplicación indebida de lo dispuesto en el art. 550-1 del Código Penal, en relación con el art. 66 del Código Penal y art. 147.2 en relación con el art. 12 del Código Penal y en su caso arts. 50 y 52 del Código Penal y 21.6 del Código Penal, realizando en justificación de todo ello las consideraciones que tuvo por pertinentes con la finalidad que se acuerde dictar sentencia por la que se proceda a su absolución y alternativamente, se declare la nulidad de la sentencia, al carecer de motivación suficiente, y subsidiariamente, se reconozca la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y que la pena de multa impuesta sea en su cuantía mínima de 2 euros.

Por la representación de Raquel, condenada por la citada sentencia como responsable de un delito de atentado, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de amenazas, se interpuso recurso de apelación alegando error en la apreciación de la prueba y subsiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, realizando cuantas consideraciones tuvo por convenientes por las que trata de justificar la revocación de la sentencia dictada en cuanto a su condena por el delito leve de lesiones ocasionadas sobre Luis Angel y subsidiariamente, en caso de mantenerse su condena no se realice pronunciamiento condenatorio sobre la responsabilidad civil al entenderse, por lo expuesto, que ha de responder de la misma en exclusiva Sebastián.

Por su parte Sabina, condenada en la citada resolución como responsable de un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito leve de amenazas, interpuso recurso de apelación frente a la misma, alegando error en la apreciación de la prueba del delito leve de lesiones; error en la apreciación de la prueba delito leve de amenazas; inaplicación del art 550 del Código Penal y con carácter subsidiario subsumirse los hechos en el art. 556 del Código Penal y, finalmente, error en la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas prevista en el art. 21-6 del Código Penal, realizando en justificación de todo ello las consideraciones que tuvo por pertinentes con el fin de que revocando la sentencia dictada en la instancia se la absuelva del delito objeto de condena con todos los pronunciamientos favorables o en su caso, acogiendo los motivos obrantes en el propio recurso, proceda a modificar la sentencia de conformidad con lo solicitado.

Finalmente Rafaela, condenada por la citada resolución como responsable de un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito de amenazas, interpuso recurso de apelación frente a la misma, alegando error en la valoración de la prueba en los tres delitos objeto de condena; la inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar que la paralización sufrida de las actuaciones de algo más de seis meses producida entre el ultimo escrito de acusación y el auto de apertura de juicio oral es excesiva, y, por último, su disconformidad por la absolución por el delio cometido frente a ella por Luis Angel, todo lo que trata de justificar realizando las consideraciones que considero pertinentes con la finalidad que se dicte resolución por la que se la absuelva de los delitos por los que fue acusada y condena a Luis Angel en los términos interesados.

SEGUNDO.- La recurrente Pilar alega falta de motivación en la sentencia condenatoria dictada, sosteniendo que dicha infracción le ha ocasionado indefensión efectiva y que por ello ha de declararse nula la dictada.

En relación con la motivación de las resoluciones judiciales, y el contenido que, necesariamente, ha de verse en las sentencias, es de recordar conforme a reiterada jurisprudencia, que en las mismas ha de poder constatarse un concreto y preciso relato de los hechos que, para el autor de la resolución, han quedado probados, y seguidamente, cuáles son las pruebas que han servido para sustentar esa declaración de hechos probados, junto con esa imprescindible valoración, para, seguidamente, y una vez sustentado lo anterior, declarar las consecuencias jurídicas de todo ello.

En este sentido, podemos recordar cómo (entre otras resoluciones) la sentencia 193/1996, de 26 de noviembre (RTC 1996\193), del Tribunal Constitucional, reiterando una doctrina bien consolidada, contiene que es "... exigencia ineludible de las resoluciones judiciales que adoptan la forma de autos o sentencias, el proceder a su motivación. Esta no es un simple complemento de la decisión de Jueces y Tribunales, sino que constituye un elemento decisivo en la formación de tales resoluciones, reconocida y establecida constitucionalmente en el art. 120.3, y que contribuye decisivamente a dotar de una relevante significación a la decisión judicial, explicando el porqué de la convicción alcanzada respecto de los hechos probados, esto es, en lo atinente a la determinación de las pruebas en las que el órgano judicial se ha basado para llegar a la existencia de los mismos, así como en lo referente a los fundamentos de derecho, razonando el proceso de subsunción de los hechos probados en las correspondientes normas jurídicas, e incluso el uso que se hace del arbitrio judicial en los casos en que éste procede.".

La razón de tal exigencia es perfectamente comprensible: la ausencia de valoración de la prueba practicada, o la falta de invocación de la que sirvió de fundamento de la convicción judicial, provoca una grave indefensión para las partes que se crean agraviadas, ya que se ven obligadas a realizar conjeturas sobre cuáles pudieron ser los motivos que guiaron al juzgador de instancia a adoptar su decisión; y, además, porque colocan en una incómoda posición al órgano de alzada, quien se ve imposibilitado de revisar el proceder de aquél.

La exigencia de motivación constituye una manifestación del principio de tutela judicial efectiva. El artículo 120.3 de la Constitución Española la establece y conforme reiterada doctrina constitucional es una garantía esencial mediante la cual se puede comprobar que la resolución adoptada en cada caso es consecuencia de un proceso valorativo y no fruto de la arbitrariedad. Dicha exigencia no implica en modo absoluto que haya de efectuarse una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha conducido al Juez a su adopción, ni tampoco impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado, bastando que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Un análisis de la sentencia objeto de la presente impugnación permite constatar la inexistencia del vicio denunciado, pues en la misma se concreta adecuadamente qué hechos se consideraron probados en relación con dicha recurrente, las pruebas que sirvieron de sustento a la resolución adoptada y las razones en que se justifica su condena, por las que se entiende que la presunción de inocencia, que le asiste, ha sido desvirtuada, motivación a juicio de este Tribunal sin duda suficiente para que conocer el proceso deductivo realizado por el juzgador que le condujo al pronunciamiento condenatorio dictado, permitiendo la articulación del recurso y el control por este Tribunal en cuanto a lo acertado o no de la resolución dictada, por lo que dicho motivo de impugnación no puede ser admitido.

TERCERO.- El Tribunal Constitucional ha venido exigiendo que la condena penal se funde en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto respeto de los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad debiendo la actividad probatoria ser suficiente no sólo para generar en el Tribunal la convicción de la existencia del hecho punible sino también la participación y responsabilidad penal que en el mismo tuvo el acusado, pues la inocencia ha de entenderse en el sentido de no autoría, no producción del daño o no participación en él. El Tribunal Supremo de forma reiterada señala ( STS núm. 301/2015, de 19 de mayo, núm.513/206 de 10 de junio y Auto de 8 de junio de 2017, Recurso 306/2017) que este derecho, reconocido en el artículo 24 CE, implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados. El control se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva valoración del material probatorio, sustituyendo la realizada por el Juzgador de instancia por otra efectuada por un Tribunal que no ha presenciado la prueba.

No se trata, como se dice en la STS núm. 216/2018 de 8 de mayo de 2018, de comparar la valoración probatoria efectuada y la que sostiene la parte que recurre, sino de comprobar la racionalidad de aquella y la regularidad de la prueba utilizada. Y de otro lado, salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el Tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas.

CUARTO.- En cuanto a los motivos de fondo alegados por la recurrente Pilar con los que pretende ser absuelta respecto de los delitos de atentado y lesiones leves por los que resultó condenada, es lo cierto que de la lectura de la resolución dictada, actuaciones instructoras y visionado de la grabación de la vista oral celebrada, se desprende que el Juzgador de Instancia razona suficientemente los motivos que le han llevado a la convicción de que la ahora apelante, es responsable en concepto de autora de los hechos declarados probados, constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal y de un delito leve de lesiones, causadas al agente de la Guardia Civil, Carlos Ramón, con TIP NUM000.

La sentencia declara probado que Pilar procedió a increpar a los agentes de la Guardia Civil con TIP NUM000 y NUM001 cuando acudieron a las proximidades del Centro de Salud de DIRECCION000, conociendo su condición de agentes de la autoridad, habiéndolos identificado por sus características físicas y nombrándolos por su nombre de pila, profirieron expresiones tales como "Picoletos de mierda, fuera de aquí, no estáis de servicio, fuera de nuestro barrio" así como que la misma procedió a propinar diversos golpes al agente con TIP NUM000, cuando se encontraba en el suelo, lo que provocó que el otro agente tuviera que acudir en su ayuda para separarla de su compañero que se encontraba agachado en posición semifetal recibiendo golpes de las cuatro acusadas.

La credibilidad que se otorga al testimonio vertido por el referido agente como víctima directa de la agresión, junto con las manifestaciones del agente con TIP NUM001 Luis Angel, que hubo de acudir en su auxilio, no puede ser cuestionada por este Tribunal por no tratarse de una conclusión arbitraria, irracional o contraria a las máximas de la experiencia, por cuando sus testimonios se presentan persistente, terminantes y reiterados, fueron expuestos sin ningún tipo de contradicción relevante y en los que no se evidencia muestra alguna de cualquier tipo de sentimientos adverso que permita dudar acerca de su veracidad y máxime teniendo en cuenta que también se cuenta con el dato corroborador de los resultados lesivos sufridos por el citado agente, por los que recibió asistencia facultativa en el Hospital de DIRECCION002, en cuyo informe de urgencias aparecen reflejadas unas lesiones plenamente compatibles con la dinámica comisivas descrita por ambos.

Se comparte por este Tribunal la calificación de los hechos enjuiciados como constitutivos del delito de atentado por el que resultó condenada, al concurrir los requisitos objetivos y subjetivos precisos para su apreciación, como son según establece reiterada jurisprudencia, entre los primeros: a) El carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo, conforme aparecen definidos estos conceptos en el art. 24 Código Penal; b) Que el sujeto pasivo se halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Esto es, que tal sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de las funciones propias del cargo que desempeña o que el hecho haya sido motivado por una actuación anterior en el ejercicio de tales funciones; pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta c) Un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se dé con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad (a sus agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegar a consumarse. Lo esencial es la embestida o ataque violento.

Por ello, se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del sujeto pasivo, que si concurre se penará independientemente, calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con el ataque o acometimiento con independencia de que tal acometimiento se parifica con la grave intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo.

Siendo los elementos subjetivos: a) conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo cuya protección no puede depender del uso del uniforme en el momento en que se ejerce la autoridad, dado que el uniforme sólo permite el inmediato reconocimiento del agente, siendo indiscutible que habiéndose identificado el agente como tal y haber tenido conocimiento de ello el acusado, se cumplieron todas las exigencias del elemento cognitivo del mismo; b) el elemento subjetivo del injusto, integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, cuya concurrencia en el caso presente no puede ser cuestionada.

En este caso, si bien es cierto que los agentes Luis Angel y Carlos Ramón, anteriormente referidos, no se encontraban de servicio en el momento de los hechos, resulta evidente que su intervención fue en dicha condición y que la misma tuvo lugar a requerimiento expreso para que actuasen debido al cariz que estaban tomando los acontecimientos originados con la actuación de Sebastián y Segundo, como así fue puesto de manifiesto por ambos, viéndose por ello en la necesidad de intervenir, lo que fue corroborado con las manifestaciones de Beatriz y Olegario y Luciano.

Como acertadamente señala el Juzgador su actuación no se limitó a la esfera de su vida privada, sino que se produjo como consecuencia del conocimiento que los agentes tenían de la posible existencia de una riña tumultuaria, con agresiones físicas y daños a bienes por lo que los mismos actuaban en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, como les impone el art 4 de la Ley 2/86, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, siendo su intervención necesaria, oportuna, justificada y proporcionada.

Por otra parte el hecho de que la Pilar hubiese efectuado una llamada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en modo alguno resulta incompatible con que, posteriormente, la misma hubiese cometido el delito de atentado por el que resultó condenada. Es cierto que los Guardias Civiles no vestían uniforme ni se habían identificado y que la iluminación del lugar era deficiente, sin embargo no por ello puede aceptarse que la misma no supiese que eran agentes de la Guardia Civil ni que no actuase con el ánimo de ofender y menospreciar el principio de autoridad pues, según ha resultado acreditado, nadie de los allí presentes podría dudar de la condición de agentes de ambos, pues no solo se trataba de personas que llevaban ejerciendo su profesión en el Puesto de DIRECCION000 durante mucho años, por lo que eran sobradamente conocidos en la zona, sino que desde el instante en que se personaron en las proximidades del Centro de Salud de DIRECCION000, personas allí congregadas comenzaron increparles, entre ellas la recurrente Pilar, con gritos tales como: "picoletos de mierda, fuera de aquí, no estáis de servicio, fuera de nuestro barrio, no pintáis nada aquí" y en tal conocimiento procedió a comportarse de modo violento frente al mismo, arremetiendo contra él con golpes con los brazos cuando se encontraba caído en el suelo en posición semifetal, contribuyendo de este modo a los resultados lesivos sufridos de los que curó tras una primera asistencia facultativa.

También considera el Tribunal que la violencia ejercida frente al agente en las condiciones descritas por el Juzgador supuso la suficiente gravedad para justificar la exasperación de la pena realizada por el Juzgador imponiéndola en nueve meses de prisión, pues aún cuando no concurra en la misma circunstancia agravante alguna, se considera proporcionada a la entidad de los hechos, pues, como acertadamente se razona, el hecho de actuar en grupo y la superioridad numérica y la indefensión en que se encontraba el agente junto con los resultados lesivos sufridos que determinaron su incapacidad para sus ocupaciones habituales durante 33 días, es razón suficiente.

En cuanto a la cuota diaria de la pena de multa fijada en 6 euros, tampoco nada cabe objetar en esta alzada, por cuanto, conforme a reiterada jurisprudencia, se trata de una cuantía muy próxima al mínimo legal, asumible por cualquier persona media o normal, entre las que se encuentra la acusada, ya que lo contrarío implicaría dejar vacío el contenido penológico del derecho penal, máxime cuando la misma podría interesar un aplazamiento para su abono de hasta 24 meses.

En cuanto a la alegada concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad de dilaciones indebidas también ha de rechazarse su apreciación por este Tribunal dando por reproducidos los prolijos argumentos contenidos en la sentencia dictadas por cuanto la complejidad de las actuaciones en que aparecen involucradas un elevado número de personas, la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el cambio de letrados como consecuencia de renuncias, entre ellas de la propia recurrente, son razones que justifica el tiempo invertido para alcanzar el enjuiciamiento de los hechos, sin que la única paralización de cierta entidad producida entre el ultimo escrito de acusación y el auto por el que fue acordada la apertura del juicio oral se considere relevante dada la complejidad de la causa, no puede sostenerse que se trate de un proceso que hubiera sufrido una dilación extraordinaria, esto es notablemente superior a la que ordinariamente suelen desenvolverse procesos de similar envergadura.

Por ello la pretensión de la recurrente postulando su libre absolución no resultan atendible en esta alzada ya que solo se ampara en sus manifestaciones exculpatorias y su mero sentir discrepante con la valoración realizada por el Juzgador.

QUINTO.- Cuestiona la recurrente Raquel su condena como responsable del delito leve de lesiones por las ocasionadas al Guardia Civil con TIP NUM001, así como el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil derivado de la referida condena, con una indemnización por importe de 3.654,24 euros a abonar en forma solidaria con el también condenado Sebastián.

En la sentencia dictada se declara probado que la misma agarró por el pecho al citado agente provocándole una erosión en el tórax, lesión erosiva a nivel de región mamaria izquierda, así como que el citado agente también fue agredido por Sebastián, agarrándole de la mano.

Sin embargo es lo cierto que del conjunto probatorio existente este Tribunal no comparte la valoración probatoria realizada al no haberse alcanzado la certeza precisa que requiere toda condena, pues no discutiéndose que Raquel hubiese agarrado por el pecho al agente, nada permite sostener sin racional duda que tal maniobra hubiese producido resultados lesivos al mismo, ya que ni tan siquiera él lo sostiene en su declaración ni es posible deducirlo de la documentación médica obrante en las actuaciones. El informe forense de sanidad nada refleja en cuanto a dicha erosión ya que únicamente ciñe su informe a las lesiones sufridas que consistieron en fractura intra-articular sin desplazamiento de base volar de falange media de dedo de la mano derecha y de las que tardó en curar 69 días, durante los cuales permaneció impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales sin secuelas.

Es cierto que en el informe emitido por el Hospital de DIRECCION002 en la exploración física de dicho agente también le fue apreciada una lesión erosiva a nivel de región mamaria izquierda, sin embargo lo que no puede concluirse es que dicha erosión hubiese sido producida por Raquel, máxime cuando el propio lesionado la atribuye a la actuación de Flequi ( Sebastián) lo mismo que el otro Guardia Civil Carlos Ramón, y lo manifestado por Luciano, Alfredo tampoco permite extraer diferente conclusión.

En consecuencia estimando que existe error de valoración del que se dedujo la condena de la recurrente como responsable de las lesiones sufridas por el citado agente y más aún cuando impone a la misma la obligación de indemnizarle de forma solidaria con el causante de la lesión dictaminada por el Médico Forense, es procedente estimar el recurso de apelación interpuesto por la misma y dejar sin efecto la referida condena con todo lo que de ella se deriva.

SEXTO.- La representación de Sabina recurre los tres pronunciamientos por los que fue decidida su condena como responsable de un delito de amenazas, otro de lesiones y otro de atentado, considerando que existe error en la valoración de la prueba practicada, lo que trata de sustentar en su propia versión parcial e interesada del suceso, solo admisible como manifestación de su derecho de defensa.

La sentencia dictada declara probado que Sabina acudió al lugar cercano al Centro de Salud de DIRECCION000 donde se estaba produciendo la disputa en la que participaban sus familiares y que se dirigió a Patricio con expresiones amenazantes tales como: "te vamos a matar, ya te pillaré o ya te cogeré solo", así como que la misma increpó a los agentes fuera de servicio, de quienes conocía la condición de agentes de la autoridad, con expresiones tales como "picoletos de Mierda, fuera de aquí, no estáis de servicio, fuera de nuestro barrio" y, finalmente, que la misma agarró por la camiseta al agente de la Guardia Civil con TIP NUM000, empujándolo contra una pared, cogiéndolo por el cuello provocando su caída al suelo al intentar zafarse de ella, donde recibió golpes procedentes de ella. Dicho agente que resultó policontusionado por dicha acción, invirtiendo en su curación 33 días impeditivos para sus ocupaciones habituales.

Tales conclusiones, a la vista de la actividad probatoria desplegada no se muestran erróneas o arbitrarias, pues ciertamente resultan acreditadas con los testimonios vertidos por Patricio víctima de las amenazas, los agentes referidos agentes Luis Angel y Carlos Ramón, y los testigos presenciales Luis Angel y Luciano, así como por la documentación médica, entre ella el informe de sanidad emitido por el Médico Forense, lo que también se constata con el Informe del Servicio de Urgencias del Hospital DIRECCION002 que refleja unas lesiones erosivo contusas en antebrazo derecho y a nivel de cuello erosiva lineal, pequeño hematoma en parpado inferior derecho y a nivel de mejilla derecha erosión lineal de 0,5 cm., donde se constatan los referidos resultados cuya relación directa con la acción cometida por la recurrente junto a las otras acusadas resulta evidente.

En cuanto a su autoría con respecto del delito de atentado hemos de remitirnos a los mismo argumentos expuestos respecto de la recurrente Pilar, sin que por ello pueda compartirse que se tratase de una mera resistencia por cuanto la recurrente conocedora del carácter de autoridad de los agentes y con evidente intención de desprestigiarlos no solo profirió expresiones insultantes y retadoras frente a los mismos, sino que en todo momento trató de impedirles ejercer las funciones propias de su cargo, para las que habían sido previamente requeridos, empleando un comportamiento agresivo y violento frente al mismo en acción conjunta con las otras acusadas, por lo que resulta evidente que los hechos son constitutivos del delito de atentado como fue convenientemente razonado en sentencia.

Por último y en cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas se dan por reproducidos los argumentos esgrimidos con anterioridad, para su rechazo al considerar que no se dan los presupuestos para su aplicación por no darse periodos de paralización desproporcionados o desmedidos en la tramitación de la presente causa.

Por todo ello procede la desestimación del recurso interpuesto.

SEPTIMO.- El recurso interpuesto por la representación de Rafaela se ampara en que los hechos que se declaran probados y que dieron lugar a su condena como responsable de un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito leve de amenazas no cuentan con soporte probatorio alguno

La sentencia dictada declara probado que Rafaela acudió al lugar cercano al Centro de Salud de DIRECCION000 donde se estaba produciendo la disputa en la que participaban sus familiares y que se dirigió a Patricio con expresiones amenazantes tales como "¡te vamos a Matar, ya te pillaré o ya te cogerá solo", así como que la misma increpó a los agentes fuera de servicio, de quienes conocía la condición de agentes de la autoridad, con expresiones tales como "picoletos de mierda, fuera de aquí, no estáis de servicio, fuera de nuestro barrio" y finalmente que procedió a propinar golpes al agente de la Guardia Civil con TIP NUM000, cuando se encontraba en el suelo, lo mismo que las otras tres acusadas, el que resultó policontusionado por dicha acción, invirtiendo en su curación 33 días, según obre en el informe de sanidad emitido por el Médico Forense.

Tales conclusiones, a la vista de la actividad probatoria desplegada tampoco es este caso se muestran erróneas o arbitrarias, pues ciertamente resultan acreditadas, como respecto de las anteriores recurrentes, con los testimonios vertidos por Patricio, los agentes referidos Luis Angel y Carlos Ramón, y los testigos presenciales Luis Angel y Luciano y se constatan en el Informe del servicio de Urgencias del Hospital DIRECCION002, que refleja que en su exploración le fueron apreciadas lesiones erosivo contusas en antebrazo derecho a nivel de cuello y lesión erosiva lineal, hematoma en parpado de derecho y a nivel de mejilla derecha erosión lineal de 0,5 cm, que sin duda resultan compatibles con el mecanismos de causación puestos de manifiesto por el lesionado.

En cuanto a su autoría con respecto del delito de atentado hemos de remitirnos a los mismos argumentos expuestos respecto de la recurrente Pilar, por cuando la recurrente conocedora del carácter de autoridad de los agentes y con evidente intención de desprestigiarles no solo profirió expresiones insultantes y despectivas frente a los mismos sino que en todo momento trato de impedirles ejercer las funciones propias de su cargo, para las que habían sido previamente requeridos, empleando un comportamiento agresivo y violento frente al citado agente, al que acometió en acción conjunta con las otras acusadas, por lo que resulta evidente que los hechos son constitutivos de un delito de atentado como fue convenientemente razonado en sentencia.

En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas se dan por reproducidos los argumentos esgrimidos con anterioridad, para su rechazo al considerar que no se dan los presupuestos para su aplicación por no darse una paralización desproporcionada, desmedida o fuera de lo normal en la tramitación de la presente causa.

Por último y en cuanto a la pretendida condena de Luis Angel como responsable de un delito de lesiones es preciso recordar que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, por la que fue reformado el artículo 792 de la misma, completando la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias, cuyo fin último es ajustar la reglamentación de esta materia a la doctrina constitucional y, en particular, a las exigencias que dimanan del principio de inmediación.

En consecuencia no resulta posible por la Audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 792-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al resolver el recurso de apelación, condenar al acusado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria dictada que le hubiere sido impuesta, sino, únicamente, proceder a su anulación, con devolución de las actuaciones al órgano que dictó la resolución, si tal declaración de nulidad hubiese sido interesada por quien ejercitó la acusación, como señala el artículo 790-2 en su párrafo último, justificando "la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento de manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

Así las cosas, no habiendo sido efectuada por la recurrente tal petición de nulidad en el escrito de interposición de recurso y estando vedado a este Tribunal examinar el fondo de la cuestión debatida, a los efectos de revocar la resolución dictada para proceder, conforme se interesa, al dictado de la sentencia condenatoria que postula para Luis Angel como autor de un delito de lesiones, es procedente su desestimación.

En conclusión de cuanto antecede resulta la desestimación del recurso interpuesto por dicha recurrente con imposición a la misma de las costas judiciales ocasionadas en la alzada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;