Sentencia Penal 14/2023 Audiencia Provincial Penal de Asturias nº 8, Rec. 7/2020 de 28 de abril del 2023

PRIMERO.- Los hechos que se han declarado probados, a los que se llega atendiendo al conjunto de la prueba practicada en el acto de la vista oral, son constitutivos, por una parte, de un delito contra la libertad sexual a menor de 16 años ejecutado en grado de continuidad previsto y penado en el artículo 183.1, 2, 3 y 4 d) del Código Penal en su redacción vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, en relación con el artículo 74 del citado texto punitivo y, por otra, de un delito de coacciones tipificado en el artículo 172.1 del Código Penal, al concurrir los elementos subjetivos y objetivos integrantes de las señaladas figuras delictivas.

SEGUNDO.- De los expresados delitos es responsable en concepto de autor el acusado Anselmo, por su realización material, directa y voluntaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, tal y como resulta acreditado a través de las pruebas practicadas en el acto de la vista oral, que obtenidas con pleno respeto de los derechos fundamentales y practicadas con observancia de los principios de inmediación y contradicción en el acto de la vista oral, su conjunta y racional valoración con arreglo a lo dispuesto en los artículos 717 y 741 de la L.E.Criminal han permitido enervar la presunción constitucional de inocencia - artículo 24.2 de la C.E. dada la suficiencia de su contenido incriminador que, sin ningún género de dudas, permite deducir la culpabilidad del acusado en relación con los delitos declarados probados en la presente sentencia, elementos específicos que configuran dichas infracciones y la autoría o participación.

Las fuentes de conocimiento que integran el acervo o bagaje probatorio vienen constituidas, en primer lugar, por la declaración testifical que la perjudicada Andrea prestó en el acto de la vista oral, donde sin incurrir en dudas, vacilaciones, contradicciones o ambigüedades, ratificó el contenido íntegro de las manifestaciones inculpatorias que ha venido efectuando, inicialmente en sede policial y posteriormente ante la autoridad judicial, a lo largo de la tramitación del proceso y en las distintas ocasiones en las que se la ha recibido, ofreciendo un relato uniforme en lo esencial, con las dificultades inherentes a la necesidad de tener que rememorar unos hechos traumáticos y acontecidos a lo largo de un prolongado lapso temporal, que no se percibe como elaborado y poco espontaneo sino todo lo contrario y que tampoco es producto de la mendacidad o fabulación de la perjudicada, sin que la defensa haya cuestionado la virtualidad o eficacia demostrativa del analizado testimonio incriminatorio ni la calidad y fiabilidad de la información suministrada en cuanto es compatible con el resultado que arrojan el resto de las probanzas integrantes del cuadro probatorio y las demás circunstancias que han quedado probadas.

En segundo lugar, como elementos de corroboración que respaldan la versión ofrecida por la víctima, junto con las aportaciones de los criterios de conocimiento psicológico especializado y por tanto científico sobre la menor, y pautas de comportamiento que proporcionan los dictámenes periciales obrantes en la causa, donde se considera como válido y creíble el relato de los hechos, descartando que sea fabulado, fruto de la inventiva de la menor, ni tampoco afectado por influencias externas, cuyas conclusiones no han sido siquiera cuestionadas por la defensa, sirviendo en consecuencia de apoyo en la tarea valorativa a realizar por este Tribunal, disponemos también de las manifestaciones que el propio acusado efectúo en el acto de la vista oral, previa advertencia de los derechos de que disfrutaba -entre ellos el de no incriminarse-, donde a preguntas de las acusaciones vino a reconocer la certeza de los hechos por los que venía siendo acusado, declaración de carácter confesorio que refrendando la declaración de la víctima, permiten a este Tribunal alcanzar la convicción inculpatoria antes expresada.

Dado que son coincidentes todas las partes, acusaciones pública y particular, y la propia defensa a la hora de calificar los hechos en el sentido arriba expresado y no cuestionándose la culpabilidad del acusado por haber llevado a cabo materialmente la conducta descrita en aquellos tipos penales, realizando los hechos que relatan los escritos de conclusiones definitivas formulados por las acusaciones, no es por ello preciso expresar en la presente resolución una mayor argumentación al respecto que, por venir referida a cuestiones no controvertidas y, por tanto, excluidas del debate suscitado en el plenario, resulta a todas luces innecesaria.

TERCERO.- La defensa del acusado, en sus conclusiones definitivas, reclamó una minoración de la responsabilidad penal de su patrocinado, invocando la aplicación de la eximente incompleta de alteración psíquica prevista en el artículo 21.1 del Código Penal y la atenuante de reparación del daño regulada en el apartado nº. 5 del citado precepto sustantivo penal.

En apoyo de su propuesta de apreciación de la eximente incompleta afirma que la ingesta diaria y continuada por parte del acusado de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes- cocaína, cristal, metanfetamina- han determinado el desarrollo del comportamiento criminal por él mismo reconocido, y sustenta tal aserto en la información suministrada por el propio acusado, en las manifestaciones efectuadas por varios de los testigos que declararon en el plenario, y en el informe pericial elaborado por los psicólogos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Aun cuando, a la vista del expresado planteamiento, no se esgrimiera la circunstancia de atenuación prevista en el artículo 21.2 del Código Penal- haber actuado el acusado a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo 20 del citado texto- lo que desactiva y convierte en irrelevante el argumentario al respecto esgrimido por ambas acusaciones para justificar su rechazo a la aplicabilidad de tal causa de atenuación, tampoco la que realmente fue invocada puede ser objeto de acogimiento, ello habida cuenta de que, la jurisprudencia del Tribunal Supremo " SSTS. Sala 2ª. Núm. 1170/2006, de 24 de Nov., Núm. 455/2007, de 19 de May., Núm. 939/2008, de 26 Dic., Núm. 914/2009, de 24 Sept. Y Núm 254/2010, de 7 Mar., entre otras) tiene reiteradamente declarado, en relación a la apreciación de atenuaciones de la responsabilidad por afectaciones mentales con reflejo en la capacidad de culpabilidad, que ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el sistema del Código Penal vigente exige no solo la existencia de un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biológico o biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto, o le dificulta en mayor o menor medida, la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación conforme a esta comprensión (elemento psicológico-normativo), y la jurisprudencia anterior al vigente Código ya había declarado que no era suficiente con un diagnóstico clínico, pues era precisa una relación entre la enfermedad y la conducta delictiva, "ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo" ( STS, Sala 2ª. Núm. 51/2003, de 20 ene. Y Núm. 251/2004, de 26 Feb.).

En el caso que nos ocupa, no existe ningún diagnóstico que aprecie la existencia de una anomalía o alteración psíquica en la persona del acusado como elemento biológico o biopatológico, lo que requeriría el correspondiente dictamen pericial médico no necesariamente forense, pues nos encontramos ante una cuestión para cuya adecuada decisión es preciso contar con los conocimientos técnico-científicos que permitan ilustrar al Tribunal sobre las características y particularidades que pudiera presentar el padecimiento que se dice afecta a la salud mental del acusado, debiendo de tener en consideración que el acusado no hizo uso de su derecho a ser reconocido por el médico cuando fue detenido por la Policía Nacional y, una vez puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, tampoco interesó su examen por el Médico-Forense, sin que obrara en el atestado dato alguno que permitiera sospechar siquiera problemas de imputabilidad en el investigado, no habiendo propuesto la defensa durante la tramitación del procedimiento como diligencia de descargo, ni con el carácter de prueba para practicar en el plenario, ante la posibilidad de que pudiera existir alguna patología originada por el consumo de drogas y a los efectos de determinar la imputabilidad, la práctica de la oportuna pericial médica o la aportación de cuantas pruebas pudieran ser procedentes para acreditar la circunstancia de atenuación que ahora invoca.

No consta en consecuencia convenientemente acreditado que el acusado tuviera gravemente afectada su capacidad de comprensión de la ilicitud de su conducta que podía en consecuencia adecuarla a los imperativos de la norma, ignorándose siquiera los efectos de su consumo abusivo de sustancias tóxicas, pues la exclusión parcial de la responsabilidad habría de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la evidencia de la repercusión de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto.

CUARTO.- Idéntica suerte desestimatoria ha de seguir la segunda circunstancia de atenuación que ha sido invocada -reparación del daño-.

La reseñada atenuante de reparación del daño, de naturaleza predominantemente objetiva, responde a una política criminal orientada a la protección de las víctimas y, para su estimación, requiere dos elementos, uno de carácter cronológico, en cuanto que la indemnización o reparación ha de materializarse con anterioridad a la fecha de la celebración del juicio, y otro de naturaleza material, consistente en la reparación del daño causado por el delito o en la disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución, de la indemnización de perjuicios o incluso de la reparación moral, haciendo abstracción de los factores de índole subjetiva propios del arrepentimiento.

En el caso enjuiciado, el acusado pese a que realiza actividad laboral y percibe en consecuencia la correspondiente retribución salarial, no ha efectuado abono alguno a cuenta de la indemnización que se le reclama ni tampoco a través de otras vías alternativas, como pudiera ser la petición de perdón o cualquier otro género de satisfacción evidenciando con ello que es importante para él indemnizar a la víctima, lo que traduciría en definitiva la plena asunción de responsabilidad por los hechos perpetrados y sería la más clara y palpable expresión del arrepentimiento a que alude en su escrito de conclusiones y reiteró al hacer uso de la última palabra en el acto de la vista oral, y su reconocimiento de los hechos fue recompensado ciertamente con una rebaja de las penas solicitadas por ambas acusaciones en sus escritos de conclusiones definitivas frente a las que demandaban en las conclusiones provisionales, resultando irrelevante en orden a la atenuación que invoca.

QUINTO.- En lo concerniente a la individualización de la pena, advertimos error en la tarea dosimétrica llevada a cabo por las acusaciones, puesto que partiendo de la pena señalada para el delito objeto de condena -artículo 183.1, 2 y 3 prisión de doce a quince años-, ésta deberá imponerse en su mitad superior por la concurrencia de la circunstancia de agravación establecida en el artículo 183.4 d) y debiendo a su vez imponerse en su mitad superior por la continuidad delictiva - artículo 74 del Código Penal-, procede la imposición de una pena de 14 años, tres meses y un día, por el delito contra la libertad sexual.

En cuanto a las penas accesorias aparejadas, la aplicabilidad al supuesto de hecho de la previsión normativa contenida en el artículo 55 del Código Penal determina la procedencia de, por una parte, imponer a la persona acusada la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, pese a que las acusaciones solicitaron la de inhabilitación especial aneja a la prisión, y, por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 192.3, in fine, del Código Penal en su redacción vigente a la fecha de comisión de los hechos, la de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio, actividad, sean o no retribuidas, que conlleve un contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo superior entre tres y cinco años el de la duración de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia.

Si bien en cuanto a la extensión de la pena privativa de libertad esta supera a la solicitada por el acusador público, lo que sería imputable a un error, dado que pidió pena inferior a la mínima legal y este Tribunal impone la correcta, no se produce infracción del principio acusatorio ( SSTS 11/2008, de 11 de enero y 8/2015, de 22 de enero). Del mismo modo aunque no fue solicitada la pena accesoria ni por el Ministerio Fiscal ni tampoco por la acusación particular, el tenor literal del precepto penal citado la prevé con carácter imperativo, lo que obliga a su imposición con arreglo al criterio jurisprudencial recogido en el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno del Tribunal Supremo de fecha 27 de noviembre de 2007, aplicado en su sentencia de fecha 11 de diciembre de 2017 y en la nº. 491/2015, de 16 de octubre de 2019, en las que, abordando la cuestión aquí suscitada de relieve que: El Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2006, en relación con el art. 789.3 de la LECRIM , señaló:

"El tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa".

Esta declaración fue posteriormente matizada y aclarada por el Pleno de Sala General de 27 de noviembre de 2007 que, al analizar las posibilidades de imponer pena prevista en la ley y no pedida por la acusación señala:

"El anterior Acuerdo de esta Sala, de fecha 2 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de que el Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el mínimo previsto en la ley, la sentencia debe imponer, en todo caso, la pena mínima establecida para el delito objeto de condena".

Procede por ello imponer al acusado la indicada pena accesoria en el mínimo legal de 17 años tres meses y un día.

Y en idéntico sentido, con respecto a la duración de las prohibiciones de aproximación y comunicación a la víctima, puesto que el delito objeto de condena tiene la consideración de grave, la imposición de aquellas prohibiciones lo será por tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta, que fijada en 14 años tres meses y 1 día determina que la duración de las prohibiciones lo sea por tiempo de 15 años, 3 meses y 1 día, es decir el mínimo legal, en los términos y con las condiciones que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

Procede igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 192.1 del citado texto punitivo, la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años, que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad, y en los términos que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia, sin que, por último resulte de aplicación la prevención contemplada en el artículo 47.2 del Código Penal referida a la privación al derecho a la tenencia y porte de armas, que no está prevista en el tipo.

En cuanto a la pena solicitada por el delito de coacciones también perpetrado por el acusado, es correcta y ajustada a la dosimetría penal la prisión por tiempo de 6 meses conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1 apartado 6, del Código Penal.

SEXTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 109.1 del Código Penal, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados, disponiendo el artículo 116.1 del citado texto punitivo que toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios, y comprendiendo esta responsabilidad la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios, habrá de tomarse en consideración la entidad y consecuencias que hayan quedado acreditadas en el transcurso del juicio celebrado.

A propósito del daño moral, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene una doctrina constante que ha sido reiterada en sentencias todas muy recientes dictadas en el presente año 2021 ( SSTS 351/2021, de 28 de abril; 554/2021, de 23 de junio; 650/2021 de 20 de julio y 715/2021, de 23 de septiembre), que puede resumirse de la siguiente forma:

a) El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico. Así ocurre cuando el daño moral resulta de la importancia del bien jurídico protegido y de la gravedad de la acción que lo ha lesionado criminalmente ( SSTS. 1198/2006 de 11 de diciembre, 131/2007 de 16 de febrero, 643/2007 de 3 de julio, 784/2008 de 4 de noviembre y 351/2021, de 28 de abril).

b) La medición de la indemnización por daños morales puede realizarse mediante la ponderación del hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado causal, de tal suerte que la propia descripción del hecho puede constituir la base que fundamente el "quantum" indemnizatorio.

c) No es preciso que los daños morales tengan que concretarse en alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital, sin más parámetro para la evaluación de su alcance -cuando no hay alteraciones médicamente apreciables- que la gravedad de la acción que lesionó al perjudicado, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima ( STS 650/2021, de 20 de julio).

d) La traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible cuando hablamos de daños morales ( STS 957/2007, de 28 de noviembre, 97/2016, de 28 de junio, 554/2021, de 23 de junio).

e) Cuando la cuantificación se ajusta a estándares habituales y parámetros que, sin ser exactos, se mueven en torno a pautas comúnmente compartidas y reconocibles, no será preciso un razonamiento, imposible, que justifique por qué se dan "x" euros y no una cantidad ligeramente superior, o ligeramente inferior. Solo cuando la cantidad fijada está huérfana de la más mínima fundamentación, y, además, se aparta de estándares habituales o comprensibles, de manera que se presente como el fruto de un puro voluntarismo o capricho será posible la revisión ( STS 957/2007 y 554/2021, de 23 de junio).

f) Determinar cuándo una indemnización por daños morales se aparta de los estándares habituales precisa por parte de quien la impugna un especial esfuerzo de argumentación ya que tiene que ofrecer al tribunal algún criterio legal o precedentes de casos similares que permitan apreciar la desproporción (554/2021, de 23 de junio). También venimos afirmando que las únicas exigencias que podrían deducirse de una pretensión indemnizatoria por daño moral serían:

g) Como consecuencia del deber de motivación es necesario explicitar la causa de la indemnización.

h) Por exigencias del principio dispositivo, rector de toda acción civil, no cabe imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación.

i) Como consecuencia del principio de proporcionalidad deben atemperarse las facultades discrecionales del tribunal en esta materia al principio de razonabilidad.

A la vista de los padecimientos sufridos por la víctima, su prolongación en el tiempo y los perjuicios que para su adecuado desarrollo sexual y personal han causado los hechos, junto con las lesiones de carácter permanente o secuelas que objetivan los dictámenes periciales obrantes en las actuaciones, entendemos ajustada y acorde a lo establecido por la práctica forense para supuestos como el enjuiciado donde el daño civil irrogado puede merecer el calificativo de inconmensurable, conceder la indemnización reclamada al efecto, sin que ninguna de las probanzas articuladas en el juicio permita atribuir las secuelas a otra causa originadora distinta desvinculada del comportamiento criminal desarrollado por el acusado.

SEPTIMO.- Las costas procesales causadas deben imponerse al acusado en virtud de su condena conforme a lo preceptuado en los artículos 123 del Código Penal y 240 de la L.E.Criminal, entre las que se incluirán las devengadas por la acusación particular.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas penales sustantivas y procesales de general y pertinente aplicación,