Sentencia Penal 64/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 162/2020 de 16 de enero del 2023

PRIMERO.- D. Cornelio y D. Damaso insta que se revoque la sentencia condenatoria y que, en su lugar, se dicte una sentencia absolutoria, y ello con fundamento en que aquella vulnera su derecho a la presunción de inocencia. El recurrente desarrolla esta alegación sosteniendo lo siguiente:

* La falta de acreditación respecto de la falta de existencia de los gastos desgravados por Estructuras Afe SL referidos a la compra de material y epis para 86 trabajadores, a Casiano y a la falta de existencia de este, y en tanto que constan facturas emitidas por Casiano por importe de 691.765,09 euros y que la conclusión de su falsedad se fundamenta únicamente en que la falta de credibilidad de que se pagaran en efectivo y que, unido a la producción de merar irregularidades contables, es lo que conduce a la sentencia a concluir que se defraudó una cuota de 207.529,53 euros del impuesto de sucesiones

* La falta de valoración de datos probados como son los siguientes:

* Que Afer realizaba con 86 trabajadores de encofrado en obras de construcción de importantes empresas constructoras y la necesidad de contar para ello con los epis

* Que constan las salidas de dinero de las cuentas de la sociedad

* Que constan los 86 trabajadores en nómina de la sociedad en el 2008

* Que constan los contratos de trabajo de encofrad

* Que el perito Genaro (presentado por el ahora recurrente) respecto a la realidad de las obras y el coste del material y de los epis.

D. Donato insta igualmente que se revoque la sentencia condenatoria y que, en su lugar, se dicte una sentencia absolutoria, y ello con fundamento en que aquella incurre en error en la apreciación de la prueba y en infracción del derecho a la presunción de inocencia. El recurrente desarrolla conjuntamente tales alegaciones del siguiente modo:

* Que la sentencia se basa en irregularidades contables para concluir que las compras realizadas por Estructuras Afe SL se han aumentado de manera ficticia y en la emisión por ello de facturas falsas para eludir el pago de impuestos cuando ello no es así.

* Que la sociedad Afer para generar ingresos debe soportar unos gastos de personal, aprovisionamientos y otros gastos de explotación, de los que el principal es el de personal al tener por objeto la realización de encofrados/estructuras de edificios, el coste principal es el coste de personal, y tienen un beneficio industrial del 10% al 15%.

* Que la sociedad tenía en curso 16 obras de forma simultánea en 2009, que para ello necesitaba una plantilla de 86 trabajadores dados de alta y un cumplimiento estricto de la normativa laboral referente a medidas preventivas y prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, eran muy estrictas; que ello exige que la misma tuviera tantos equipos de protección individual como tantas obras haya en curso, y la adquisición de las herramientas y materiales necesarios para poder ejecutar la tarea de encofrado (como tableros, puntuales, máquinas de cortar madera, herramientas de mano, etc.).

* Que el importe de facturación de 4.442.318,32 euros que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias del 2008 justifica un gasto en compras de 933.578,23 euros, además de otros gastos de 62.623,64 euros (servicios de otras empresas, alquileres, gestoría, combustibles, suministros, etc.).

* Que las facturas emitidas por el proveedor Casiano se ajustan a los requisitos que establece el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación, como justificante para el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas del IVA e Impuesto de Sociedades, y el posterior n cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del proveedor Casiano no es responsabilidad de la sociedad Afer como cliente suyo.

* Que los informes de la Agencia Tributaria en que se sustenta la acusación son pruebas periciales como la presentada por la defensa y debiendo esta última prevalecer en tanto que los autores de aquellos informes no comparecieron al acto del juicio para ratificarlos y explicarlos.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación de los recursos interpuestos contra la sentencia y lo hace sosteniendo la existencia de prueba de cargo válida y suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia y como son los informes de los técnicos de Hacienda que fueron ratificados y defendidos de modo sólido por el Inspector de Hacienda que declaró en el acto del juicio, y cuas conclusiones coinciden con el resultado de la documental que consta en autos, y habiendo sido todo ello valorado de modo detallado, suficiente y lógico en la sentencia.

SEGUNDO.- Alegándose por ambos recurrente la falta de prueba de cargo suficiente con la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y además por uno de los recurrentes que la sentencia incurre en error al valorar el resultado de la prueba practicada, procede comenzar por indicar que si bien el recurso de apelación tiene carácter ordinario y como tal permite que se haga una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, sin embargo, cuando el recurso se fundamente en error en la valoración de la prueba testifical como es el caso, su valoración depende de la percepción directa de las manifestaciones del testigo de forma que la determinación de su credibilidad es tarea que corresponde al Juzgador de la primera instancia en virtud de la inmediación que aquel tuvo respecto de las manifestaciones del testigo, y sin que su criterio pueda ser sustituido en apelación salvo casos excepcionales. En este sentido la STS 1097/2011, de 25 de octubre, pone de manifiesto que "el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada en el juicio. El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

En consecuencia, la función del Tribunal de apelación queda limitada a examinar la validez y regularidad procesal de la prueba, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Juez de instancia ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales del razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas. Así, solo cabrá apartarse de la valoración de la prueba del Juez ante quien se practicó aquella, si se declara como probado con fundamento en ella algo distinto de lo que dijo el declarante y sin que ello resulte de ningún otro medio probatorio, o si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, o si de modo excepcional concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno que no se haya tenido en cuenta.

Respecto de la alegación del recurrente referente a la falta de prueba de cargo suficiente de los hechos y de la consiguiente pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia al ser pese a ello condenatoria la sentencia, procede indicar que este derecho está contemplado en el artículo 24 de la Constitución y exige para poder condenar a una persona que "se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados" ( STS 712/2015, de 20 de noviembre). En definitiva, para destruir tal presunción y poder condenar penalmente a un acusado debe de haber prueba de cargo (prueba existente) obtenida con respeto a las garantías constitucionales y legales exigidas por la Constitución (prueba lícita) y que sea suficientemente razonable y razonada para justificar la condena (prueba suficiente).

TERCERO.- A partir de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, procede considerar que la sentencia indica en su fundamento jurídico segundo que los hechos que declara probados resultan del contenido de los informes emitidos por los Inspectores de Hacienda, que fueron ratificados en juicio no por aquellos sino por el Inspector que les había sucedido en el cargo y que corroboró que los datos contenidos en los mismos resultaban de la documental facilitada por la empresa Afer a requerimiento de la Agencia Tributaria, y las conclusiones a los que se llega en los mismos.

La sentencia indica que la sociedad Afer declaró a Hacienda Pública que habían adquirido bienes y recibido la prestación de servicios por importe de 4.442.318,32 euros de Casiano, y a deducirse 691.765.09 euros de gasto en el Impuesto de Sociedades sin que, sin embargo, esto sea así dado que no consta acreditado documentalmente ni la entrega de los bienes ni la prestación de los servicios y sin que la persona que los acusados indican que los entregó y prestó conste tampoco que exista, constando sin embargo hechos pagos por tales pretendidos bienes y servicios bien en efectivo, o que resulta inverosímil dados sus elevados importes, o mediante cheques que sin embargo constan cobrados por alguno de los acusados como administradores de la empresa, y defraudando en definitiva la sociedad una cuota de 207.529,53 euros por el Impuesto sobre Sociedades de 2008.

La sentencia detalla en concreto lo siguiente en su fundamento jurídico segundo:

... qué durante el año 2008, la sociedad prestó servicios, fundamentalmente a empresas constructoras, contando para ello con una amplia plantilla de trabajadores.

... que los acusados, a través de la empresa AFE, contrataron con empresas del sector de la construcción importantes a nivel nacional, constando que declararon correctamente la actividad ejercida con las mismas, como puso de manifiesto el Sr. Paulino.

... que (el que) la sociedad AFE durante el año 2008 tenía menos liquidez quedó probado con la declaración del Sr. Cornelio quien aseguró que en el año 2008, su principal proveedor, Sistemas Técnicos, le pedía rapidez en el pago de las facturas emitidas, y el Sr. Damaso manifestó que en marzo del año 2009, una principal contratista les dijo que suspendían unas obras que estaban en marcha.

... a la vista de que la actividad constructora iba disminuyendo por la inminente crisis del sector, (los acusados) consignaron una serie de gastos falsos e inexistentes que provenían de un supuesto proveedor de servicios, el Sr. Casiano. Esta persona nunca pudo ser identificada, y era la de quien los acusados aseguraron adquirir el material para su empresa.

... que esta situación llevó a los acusados a declarar a Hacienda Pública que habían recibido bienes y contratado los servicios de una persona llamada Casiano, algo totalmente falso al probarse que no existió tal entrega de bienes ni prestación de ingresos derivados de su actividad por importe de 4.442.318,32 €, deduciéndose AFE, a través del acuerdo de todos los acusados, 691.765.09 € de gasto en el IS, por los inexistentes servicios recibidos de la persona antes mencionada, y ascendiendo la cuota defraudada a 207.529,53 euros por el Impuesto sobre Sociedades de 2008.

... que los acusados generaron facturas irregulares e inexactas creando la apariencia de que eran gastos generados por el Sr. Casiano, de quien ninguno de los acusados dio información ni detalles sobre su persona.

... que llama la atención que los pagos al Sr. Casiano fueran todos en efectivo o mediante cheques que, además, acababa cobrando la empresa AFE a través de los tres administradores, tal y como afirmó el Sr. Paulino.

... que el importe que reflejaban las facturas presentadas era muy elevado como para realizarse los pagos en efectivo, siendo inverosímil lo que declaró el Sr. Damaso en cuanto a los cheques, al explicar que se daban como garantía y que luego se rompían cuando tenían liquidez y podrían hacer el pago en efectivo.

... que los extendían y los acaban cobrando los acusados.

... tampoco resultó acreditado el montante de gastos declarados por la sociedad, pues, además de no acreditarse la realidad de la persona del Sr. Casiano ni que éste proporcionara material a la sociedad, tampoco quedó acreditado el número de trabajadores que trabajaban en la empresa ni el equipamiento de seguridad que necesitaban todos ellos, mostrando incongruencias los acusados en sus declaraciones y sin que para la elaboración de su informe, el perito Sr. Genaro pudiera apoyar sus afirmaciones, tal y como se comprobó en el plenario donde reconoció que le faltaban datos más específicos para la elaboración de su informe.

La sentencia indica que la decisión de reducir la cuota tributaria en el IVA y en el Impuesto de Sociedades se tomó de modo conjunto y se ejecutó por los tres acusados como administradores mancomunados de la empresa AFER. Así, la sentencia indica lo siguiente:

... se ha acreditado que la empresa, a través de sus tres administradores mancomunados, realizó una serie de irregularidades al declarar el IVA del ejercicio 2008. Se considera

... que todos los acusados eran conocedores de que la declaración presentada a la Agencia Tributaria del IVA y del IS del ejercicio 2008 no se ajustaba a la realidad.

... que los tres acusados, el Sr. Cornelio, el Sr. Damaso y el Sr. Donato, eran en la fecha de los hechos, los administradores de la sociedad Estructuras AFE, siendo su administración conjunta y mancomunada, como reconocieron los acusados.

... todos ellos adoptaban las decisiones referentes a la sociedad de común acuerdo y conocían todo lo concerniente a aquella, temas logísticos, financieros, laborables, etcétera. En conclusión, todos ellos, conocían la gestión, dirección y el control de la sociedad AFE. Y ello, a pesar de que hubiera un reparto de funciones entre ellos.

La sentencia razona, en el sentido apuntado, lo siguiente:

... los informes de los Inspectores de Hacienda fueron concluyentes para condenar a los tres acusados, informes que se apoyaron en la documentación requerida a la empresa. En la documentación analizada se comprueba el elevado volumen de gastos facturados a AFE en cuanto al material proporcionado por una persona cuya existencia no se demostró, y la incongruencia en la declaración de los acusados, especialmente del Sr. Damaso asegurando que parte de la adquisición al Sr. Casiano se pagaba en efectivo y parte con un cheque que, según el acusado, destruía cuando ya podrían pagar en efectivo pero que el Sr. Alexander aseguró que lo cobraba la propia sociedad AFE. Es decir, los administradores de AFE realizaron una evidente defraudación a Hacienda, dejando constancia de ello los informes periciales indicados.

De este modo, coincidiendo lo expuesto en la sentencia con lo efectivamente manifestado por los intervinientes en el acto del juicio y con el contenido de la documental que consta en autos, y de acuerdo con los parámetros ya referidos que deben regir el examen de la valoración en apelación de la prueba practicada en la instancia, esta Sala considera que no puede considerarse que la valoración y conclusiones a las que llega el Juez de instancia no sean congruentes con el contenido de una prueba practicada, ni que no se ajusten a criterios generales de razonamiento, ni tampoco que declare como probado algo distinto de lo que dijeron los intervinientes en el juicio, debiendo igualmente de concluirse la existencia de prueba de cargo suficiente y válida, y procediendo en consecuencia la total desestimación del recurso interpuesto por el acusado, con la consiguiente ratificación de la sentencia.

SEXTO.- La reforma operada en el Código Penal mediante Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el apartado sexto del artículo 21, acogiendo los criterios ya establecida anteriormente por la Jurisprudencia y refiriendo, en concreto, que constituye circunstancia atenuante "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa". En consecuencia, la atenuante que consideramos exige cuatro requisitos: 1) que la dilación sea indebida, en el sentido de injustificada; 2) que sea extraordinaria, es decir de una duración importante; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa, requisito vinculado directamente con el de que sea indebida. El fundamento de tal circunstancia de atenuación de la pena se encuentra "en el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, y que se considerada una pena natural que debe computarse en la pena judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por el autor" ( STS 187/2014, de 10 de marzo, Ponente Cándido Conde Pumpido Touron).

El derecho a la atenuación de la pena con fundamento en la atenuante considerada "no es identificable con el cumplimiento de los plazos procesales, y lo que proscribe es que la respuesta judicial no se produzca en un tiempo razonable, que es un concepto diferente. La dilación indebida es un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes" ( STS 585/2021, el 1 de julio, Ponente Eduardo de Porres Ortiz de Urbina). En este mismo sentido STS 535/2021, de 17 de junio (Ponente Javier Hernández García), que además indica que "lo extraordinario e indebido de la dilación que reclama el tipo como condiciones de apreciación obliga a una evaluación integrada de todos los factores señalados. El tiempo total de duración del proceso es un dato significativo, pero no suficiente pues, insistimos, debe "medirse" en términos funcionales. Ha de evaluarse su correlación para el adecuado desarrollo de las actuaciones seguidas, a partir del número y necesidad de las diligencias practicadas a la luz del objeto del proceso, la conducta procesal de la parte y, sin duda, la propia regularidad en el impulso y la dirección procesal. De tal modo, la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria e indebida cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o carente de justificación teleológica o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación, provocando un plus aflictivo a la persona sometida al proceso. Y siempre y cuando, además, ninguno de estos factores pueda ser imputado a la conducta procesal de la parte que sufre el transcurso excesivo del tiempo."

Con relación a ello procede considerar que la sentencia combatida aprecia la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con el carácter de ordinaria en tanto que, de acuerdo con lo expuesto en su fundamento jurídico cuarto:

... a pesar de que en las actuaciones no se aprecia una paralización importante del procedimiento, lo cierto es que la querella contra los acusados se presentó el 29 de noviembre del año 2013, haciendo referencia a la defraudación tributaria del ejercicio 2008. La celebración del juicio no se señaló hasta el 28 de noviembre del año 2019, continuando el 3 de diciembre del mismo año. El lapso de tiempo transcurrido desde la interposición de la querella hasta la celebración del juicio oral, es el normal para esta clase de delitos , si bien, que sea lo normal en el ámbito administrativo-judicial, no debe suponer un perjuicio para los acusados, por lo que debe apreciarse la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP .

A partir de ello procede indicar que desde el registro de la causa en este Tribunal y la designación de Magistrado Ponente el 13 de octubre de 2020, hasta la fecha de 23 de enero de 2023 en que se ha practicado la deliberación, votación y fallo del recurso, y se extiende y firma la presente resolución, han transcurrido más de 27 meses que lo son de paralización indebida de la causa no imputable a los acusados, y que excede el plazo de dilaciones ordinarias de 18 meses que prevé como tal el Acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 2012, y que si bien tal plazo de 27 meses no supera el período de 36 meses considerado en el referido Acuerdo como de dilaciones extraordinarias, sin embargo, se encuentra a medio camino entre ambos. Tal nuevo retraso en la tramitación de la causa unido al ya apreciado en la sentencia de instancia, y en tanto que la duración total de la tramitación ha durado casi 10 años, exige apreciar que las dilaciones indebidas producidas tienen el carácter de muy cualificadas.

A partir de ello procede indicar que la Jurisprudencia admite la apreciación de oficio de la concurrencia de una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como así indica la STS 936/16, 15 de desembre de 2016 (Ponente Antonio del Moral García), que expone lo siguiente:

Un obstáculo debe ser sorteado para llegar a esa meta: decidir si la referencia a la "tramitación del procedimiento" ( art. 21.6 CP ) abarca también la fase de recurso. Si en la primera sentencia estábamos al borde de la atenuación meramente simple, tras ella se han acumulado nuevos retrasos originados por la tramitación del recurso. Hay razones materiales de fondo para computar esos retrasos posteriores a la sentencia a la hora de sopesar la apreciación de la atenuante. Pero también hay buenas razones procesales, legales y constitucionales que podrían erigirse en un óbice para su valoración a estos efectos.

¿Qué tratamiento hay que dar a las dilaciones producidas después del juicio oral? Parece una contradictio in terminis casar una sentencia por no apreciar una atenuante basadas en hechos (dilaciones) que no se habían producido cuando el Tribunal a quo la deliberó y votó; como no sería lógico casar la sentencia por haberse condenado a quien falleció mientras pendía el recurso. Lo procedente en este último caso es una resolución ex novo: declarar extinguida la acción penal; pero no casar la sentencia para absolver por extinción de la responsabilidad penal. El argumento es proyectable a otros supuestos (por ejemplo prescripción, por referirnos a una situación también vinculada al transcurso del tiempo).

Es posible admitir atenuantes ex post facto como demuestran los números 4 y 5 del art. 21 CP (que en todo caso tienen como lógico último límite temporal el acto del juicio). De hecho la presencia de ese tipo de atenuantes en el nuevo Código Penal fue argumento que alentó el cambio de postura de este Tribunal para la admisibilidad de la atenuante de dilaciones indebidas. Pero construir atenuantes post iudicium es una tesis con un andamiaje jurídico de difícil construcción salvo que sacrifiquemos algunos principios sustantivos y procesales básicos (contradicción o prohibición de cuestiones nuevas), amén de falsificar en alguna medida la naturaleza revisora del recurso de casación.

Apreciando en casación la atenuante con base en retrasos posteriores a la sentencia inexorablemente padecerá algo el principio de contradicción pues en el momento del enjuiciamiento no existían los hechos determinantes de esa atenuación y no habrá podido contradecirse la alegación que, solo si es invocada en casación, podrá ser rebatida.

Sin embargo, en sentido contrario, es justo ponderar que no sería coherente que el eventual retraso en la tramitación del recurso no desembocara también en una atenuación. La afectación del derecho al plazo razonable del proceso es sustancialmente idéntica tanto si se retrasa la sentencia de instancia, como si lo que se retrasa indebidamente es su firmeza como consecuencia de un recurso lentamente tramitado. De igual modo, tampoco existen diferencias ontológicas respecto de los retrasos en el comienzo de la ejecución de penas impuestas: serían también dilaciones indebidas. En ese supuesto por el contrario parece evidente que no podrán tener incidencia mitigadora de la penalidad. La fase declarativa ya se clausuró. El tope cronológico indubitado e indiscutible de la atenuante será siempre el momento de alegaciones en fase de recurso. Más allá no sería posible la atenuación por no haber sido introducida contradictoriamente en el proceso.

Es controvertido, sin embargo, si han de computarse los retrasos posteriores al juicio y aún los producidos en fase de recurso antes de ese límite. ¿Son esas fases periodos de tramitación de la causa a los efectos del art. 21.6 CP ? El interrogante queda abierto. Pero lo que está claro es que esta Sala Segunda, manejándose tanto con la atenuante analógica anterior a 2010 como con la típica ( art. 21.6 CP ) no ha encontrado objeción infranqueable para dotar de eficacia atenuatoria a unas dilaciones producidas después del juicio oral e incluso después de la sentencia. Son ya muchas las sentencias recaídas asumiendo ese criterio ( SSTS 204/2004, de 23 de febrero , 325/2004, de 11 de marzo , 836/2012, de 19 de octubre o 610/2013, de 15 de julio ) aunque algunas van acompañadas de una opinión discrepante ( STS 932/2008, de 10 de diciembre ). La reiteración y continuidad de esos pronunciamientos jurisprudenciales que han conferido trascendencia a estos efectos a los retrasos tramitadores posteriores al juicio oral conducen a valorar aquí también esos lapsos de tiempo y a estimar el presente motivo apreciándose la atenuante de dilaciones indebidas. Si el tiempo transcurrido hasta la sentencia rozaba ya el margen de "lo razonable", los retrasos a raíz del recurso han desbordado esos linderos hasta alcanzar una intensidad que permite cualificar la atenuación.

De este modo y conforme a todo lo expuesto procede apreciar de oficio la concurrencia de una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal con el carácter de cualificada, y proceder a estimar parcialmente los recursos interpuestos al objeto de reconocer tal circunstancia atenuante.

SÉPTIMO.- A partir de la apreciación de una circunstancia atenuante cualificada y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.1.2 del Código Penal, procede sustituir las penas impuestas en la sentencia como mínimas del tipo penal aplicado (y mínimas dentro de la mitad inferior del tipo impuesto al concurrir una circunstancia atenuante ordinaria de acuerdo con el artículo 66.1.1 del Código Penal), e imponer a los acusados la pena inferior en un grado que se considera proporcional a las dilaciones producidas (prisión de 6 meses a 1 año menos 1 día, multa equivalente a la mitad del tanto, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 1 año y 6 meses a 3 años menos un día), y hacerlo en su extensión mínima dentro de tal límite.

OCTAVO.- Las costas de la apelación deben declararse de oficio, al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en la interposición de este recurso.

NOVENO.- Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de Casación en los supuestos previstos en el artículo 847, 1º letra b) de la LECrim.

Por todo ello,