Sentencia Penal 698/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 49/2020 de 29 de junio del 2023

PRIMERO.- De la valoración probatoria.

Los hechos relatados en el apartado de Hechos Probados resultan de los diversos medios de prueba practicados a lo largo del juicio y valorados prudentemente con arreglo a las normas de la sana crítica, tal y como exige el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La convicción sobre los mismos se obtiene fundamentalmente de la documental pero también de las declaraciones esencialmente coincidentes de ambas partes.

La documental obrante en autos, no impugnada, acredita la comparecencia y manifestaciones de Eugenia y de Florencia en sede notarial, y consiguiente declaración de la primera como heredera abintestato de su hijo y posterior aceptación de la herencia, así como el valor del caudal relicto (requerimiento de acta de notoriedad de 5 de marzo de 2007 -f. 32 a 39-, declaración de heredera de 2 de abril de 2007 -f. 48 a 52-, manifestación y aceptación de herencia de 15 de abril de 2009 -f. 53 a 66-).

Consta igualmente acreditada la condición de Luz de hija no matrimonial de Juan Ignacio ( sentencia de 31 de diciembre de 1996 -folio 377 a 379- e inscripción registral de la filiación y cambio de apellidos -f. 796 y 797-), así como el conocimiento de tal filiación por parte de Eugenia, quien llegó a declarar como testigo en el juicio de reclamación de paternidad promovido por su hijo aseverando el conocimiento de la relación filial (-f. 310 y 311-).

Consta igualmente acreditado documentalmente que una vez aceptada la herencia de su hijo, de la cual formaban parte la tercera parte indivisa de la finca sita en el piso NUM006 del número NUM007 de la CALLE000 de Sant Adrià de Besós y la nuda propiedad de la mitad de la finca ubicada en el piso NUM008 de la DIRECCION000 de Les Corts Catalanes, Eugenia promovió las correspondientes inscripciones registrales (practicadas el 22 de mayo de 2009 -notas simples informativas del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Gramanet -f. 494 a 502-) y consiguiente adquisición plena de la propiedad.

Consta igualmente que Eugenia y su hija Emma:

-en fecha 25 de junio de 2009 suscribieron un préstamo de carácter solidario con la entidad Caixa Penedés por importe de 243.00 euros, y en garantía de la devolución del préstamo ambas de forma conjunta y solidaria, de conformidad con el art. 217 del Reglamento Hipotecario, constituyeron una hipoteca sobre la finca de la CALLE000 (de la que Eugenia era titular registral de dos terceras partes y Emma del tercio restante) y sobre la finca de la DIRECCION000 (de la que eran titulares por mitad) -escritura de préstamo hipotecario y anotación registral a los folios 447 a 478-

-en fecha 22 de noviembre de 2010 ambas, igualmente de forma solidaria, ampliaron la hipoteca sobre las citadas fincas en garantía de la concesión de un nuevo préstamo solidario por importe de 16.600 euros por parte de Caixa d'Estalvis del Penedés (escritura de hipoteca de máximo en garantía de crédito en cuenta corriente y anotación registral -folios 909 a 935-)

-en fecha 5 de abril de 2016 de nuevo de forma conjunta Eugenia y Emma ampliaron el importe de las hipotecas en garantía de un préstamo suscrito con la entidad Banc Sabadell (que se había subrogado en la posición del acreedor inicial) por importe de 28.202,03 euros (escritura de ampliación de préstamo hipotecario y anotación registral -folios 513 a 536-)

- en fecha 18 de septiembre de 2017 Emma y Eugenia, que en esa fecha adeudaban a Banc Sabadell -titular de la posición acreedora y de la hipoteca- la cantidad de 225.901,05 euros, saldaron su deuda mediante la dación en pago de ambas fincas (escritura de dación en pago de deudas obrante a los folios 673 a 711)

Asimismo consta igualmente acreditado que en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona en su procedimiento ordinario 868/2014, se estimó la demanda de reclamación de herencia y nulidad de la declaración de heredera de Eugenia, en cuya virtud se declaró a la demandante única heredera de su padre y se estableció en 31.875,74 euros el importe del haber líquido de la herencia de Juan Ignacio (-folios 124 a 133-) así como que en fecha 6 de septiembre de 2017 Luz interpuso demanda de ejecución de títulos judiciales al efecto de ejecutar forzosamente dicha sentencia, despachándose ejecución contra Eugenia en fecha 8 de noviembre de 2017, por importe de 35.838,83 euros más intereses y costas, y acordándose el embargo de su cuota indivisa de los dos inmuebles citados y la parte proporcional de sus pensiones de viudedad y de jubilación (-folios 582 a 670-).

La realidad de las afirmaciones anteriores -sostenida por Luz en su declaración testifical- no es rebatida por Eugenia, que se limitó a señalar a preguntas de su abogada que actuó porque " sentía rabia" y porque no podía hacer frente a la hipoteca (que ya gravaba ambas propiedades antes del fallecimiento de su hermano) sin disponer de ningún otro bien o recurso para hacer frente a las deudas precedentes a su fraudulenta declaración de heredera abintestato.

En similar sentido, su hija Emma indicó que su hermano fallecido iba estafando hasta arruinar a la familia, que Luz no percibió ninguna de las cantidades que los bancos prestaron a ella y su madre, y que dados los problemas de drogadicción de sus propios hijos y sus serias dificultades económicas ninguna de las dos podía hacer frente a sus deudas y las cuotas hipotecarias por lo que se vieron obligadas a realizar la dación en pago de los inmuebles.

Todos estos elementos conjuntamente considerados han permitido al tribunal obtener certeza sobre la realidad del relato de hechos probados; esto es, que con ánimo de lucro la acusada Eugenia faltó a la verdad en sus manifestaciones ante notario (con el soporte testifical de su amiga Florencia) al objeto de inducir a error a la fedataria y obtener en su beneficio una fraudulenta condición de heredera que le posibilitó un desplazamiento patrimonial de 31.875,74 euros, y ello en perjuicio de su nieta, heredera universal de su padre al haber fallecido este intestado sin otros descendientes. Como igualmente se ha obtenido certeza de que una vez consumado el fraude, de común acuerdo con su hija Emma, gravaron en sucesivas ocasiones de forma conjunta y solidaria los inmuebles obteniendo así de las entidades bancarias varias disposiciones de efectivo que incorporaron a su patrimonio, hasta que finalmente, y ante el impago de las deudas contraídas, cedieron en pago la totalidad de los inmuebles a la entidad acreedora. Todo ello con conocimiento de que con tales acciones impedían a Luz la satisfacción de su legítimo derecho hereditario.

SEGUNDO. - De la calificación jurídica de los hechos probados y de la inexistencia de responsabilidad penal derivada de ellos.

Los hechos declarados probados no permiten el dictado de sentencia condenatoria alguna, bien por prescripción de los delitos que podrían integrar, bien por falta de tipicidad, bien por la concurrencia de causa de exclusión de la punibilidad, o en fin, por mor de la conjunción simultánea de varias de esas circunstancias.

Así, el relato acreditado sería constitutivo de un delito de estafa del art. 248 en relación con el art. 249 párrafo primero del Código Penal, al superar el importe de lo defraudado la cantidad de 400 euros (concretamente 31.875,74 euros) y no concurrir ninguno de los subtipos agravados o cualificados del art. 250 del C.P. De hecho, aunque la acusación particular invoca este último precepto, ni en su escrito de calificación ni a lo largo del plenario ha indicado en que supuesto de estafa cualificada considera incardinables los hechos.

Los elementos configuradores del delito de estafa, conforme a reiterada jurisprudencia ( STS 229/2007, de 22 de marzo y STS 21/2013, de 25 de enero) son los siguientes: 1º) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador, de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2º) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante; 3°) Generación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de las diversas etapas del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado. 5º) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

En este caso, la maniobra engañosa consistió en la falaz manifestación de que el causante había fallecido sin hijos, aportándose en sede notarial dos testigos que corroboraron tal falsedad, y omitiendo en la documental entregada la que acreditaba que realmente le sobrevivía una descendiente. Dicha maniobra fue apta e idónea para provocar una manifestación viciada por parte de la notaria, quien declaró erróneamente a Eugenia única heredera de su hijo premuerto y por tanto sucesora en la titularidad de sus bienes, posibilitando así, con la presentación de tales títulos ante el Registro de la Propiedad correspondiente, que la cuota de propiedad indivisa de dos fincas se le adjudicase como nueva y plena propietaria, en perjuicio de su nieta y legítima heredera.

La calificación de los hechos como delito de estafa del párrafo primero del art. 249 determina, de conformidad con la regulación aplicable al momento de los hechos (pero también con la actualmente aplicable) que las posibles responsabilidades penales se hayan extinguido por prescripción. Y es que el plazo de prescripción del delito que nos ocupa, de conformidad con el art. 131 del C.P. en su redacción aplicable, es de tres años, habida cuenta que la pena máxima señalada es de prisión no superior a 5 años. Es sabido que el delito de estafa se consuma desde el momento del desplazamiento patrimonial, habiéndose producido tal desplazamiento e incorporación al patrimonio del sujeto activo en fecha 15 de abril de 2009, momento en que se protocoliza la aceptación de la herencia por parte de Eugenia (o a más tardar, en fecha 22 de mayo de 2009, cuando se materializan las inscripciones registrales). Así pues, las eventuales responsabilidades penales se extinguieron en la primavera de 2012, sin que con anterioridad a dicha fecha se haya producido ningún acto con eficacia interruptiva de los regulados en el art. 132 del C.P., pues el proceso penal no se incoó hasta el día 11 de octubre de 2017, esto es, cuando el delito llevaba prescrito más de 5 años.

Dicho instituto alcanza a todos los partícipes en la acción defraudadora, pero es que a mayor abundamiento, y aún cuando no hubiese operado la prescripción, en ningún caso podría derivarse responsabilidad penal alguna para Eugenia. Y ello por cuanto sobre su conducta opera la excusa absolutoria entre parientes del art. 268 del C.P., que en su redacción vigente al momento de los hechos (anterior a la reforma de la L.O. 1/2015) reza que "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación." Y en caso de ser ejercitada la acusación por algún pariente de los contemplados en dicho precepto, debería haberse aplicado previamente el art. 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impidiendo la constitución de la relación jurídica procesal. Y es que siendo la estafa un delito patrimonial, y Eugenia (sujeto activo) ascendiente de Luz (perjudicada) la ley excluye la punibilidad de su acción.

Respecto a los delitos de falsedad documental (ya el del 392 ya el del 393 del C.P.) invocados por la acusación particular, los hechos probados no son subsumibles en tal infracción penal (amén de que aún siéndolo, igualmente estaría prescrito, al remontarse al día 5 de marzo de 2007). La falsedad que la acusación particular atribuyó a Eugenia y a su amiga Florencia consistió (como se ha declarado probado) en que ambas faltaron a la verdad en sus declaraciones en sede notarial, al afirmar mendazmente que el causante había fallecido sin haber tenido hijos o descendientes, ocultando a la autorizante la existencia de su hija Luz. Dichas manifestaciones solamente podrían subsumirse en la falsedad ideológica del art. 390.1.4º ("faltar a la verdad en la narración de los hechos"), cuyo sujeto activo únicamente puede ser una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, al haber sido destipificadas de nuestro ordenamiento las falsedades ideológicas cometidas por particulares. La misma improsperabilidad concurre en cuanto al tipo de uso de documento falso por parte de un particular (art. 393), pues dicho uso se restringe (ex art. 392) a los documentos que incurran en las falsedades de los tres primeros números del apartado 1 del art. 390, pero no a la del apartado cuarto, obviamente.

En cuanto al invocado delito dealzamiento de bienes o insolvencia punible (a tales efectos la acusación particular invoca tanto el art. 257 como el 259 del C.P.) se sostiene por la representación de Luz que en tales tipos son incardinables dos acciones: la ampliación del importe de las hipotecas en garantía de un préstamo suscrito con Banc Sabadell (realizada en fecha 5 de abril de 2016) y la dación en pago de ambas fincas a la entidad acreedora (realizada en fecha 18 de septiembre de 2017), materializadas una vez Emma y Eugenia tuvieron conocimiento de la interposición de acciones judiciales por parte de la heredera para la efectividad de sus derechos sucesorios. Sin embargo, tales acciones son igualmente atípicas. En primer lugar, por cuanto las mismas constituyen actos propios de la fase de agotamiento del delito de estafa, habiendo señalado la jurisprudencia ( STS 385/2014, de 23 de abril o STS 719/2019, de 19 de enero) que cuando los bienes objeto de alzamiento son precisamente los obtenidos fraudulentamente a través de la estafa nos hallamos ante supuestos de agotamiento del delito. Aún prescindiendo de lo anterior, por cuanto las acciones descritas no reúnen los elementos propios del tipo invocado. Ha de recordarse que el delito de alzamiento de bienes constituye un tipo penal pluriofensivo que tutela el derecho de los acreedores a que no se defraude la responsabilidad universal propia del deudor y, además, el correcto funcionamiento del sistema económico crediticio ( STS 138/2011, de 17 de marzo). El tipo penal castiga las insolvencias punibles, el alzamiento de bienes propiamente dicho ( artículo 257.1.1º del Código Penal), y también unas específicas insolvencias asimiladas a aquel ( STS 2504/2001, de 26 de diciembre) y que consisten en la realización, con el fin de perjudicar a sus acreedores, de cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación ( artículo 257.1.2º del Código Penal), y en la realización de actos de disposición o de asunción de obligaciones que disminuyan su patrimonio, o la ocultación por cualquier medio de partes de su patrimonio sobre los que la ejecución pudiera hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder ( artículo 257.2 del Código Penal). El delito de alzamiento de bienes consiste, en definitiva, en una actuación sobre los propios bienes destinada, a través de su ocultación, a mostrarse real o aparentemente insolvente, de modo parcial o total, frente a todos o frente a una parte de los acreedores, y con el propósito directo de frustrar los créditos que hubieran podido satisfacerse sobre dichos bienes ( STS 1347/2003, de 15 de octubre).

Ahora bien (y al margen de que los bienes alzados no eran propios sino efecto del delito de estafa precedente) la jurisprudencia es reiterada ( STS 221/2001, de 27 de noviembre, o STS 1717/2002, de 18 de octubre) al señalar que no puede entenderse cumplido el tipo penal cuando los bienes que sustrae el deudor a la posible vía de apremio del acreedor fueron empleados en el pago de otras deudas realmente existentes, dado que lo que castiga el mismo no es el incumplimiento de las normas relativas a la prelación de créditos, que se regirán por las disposiciones del derecho privado, y cuya inobservancia no constituye el objeto del delito de insolvencia punible ( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1990 y 18 de junio de 2001). En este caso tanto la dación en pago como la ampliación hipotecaria de 2016 no fueron sino para satisfacer las deudas contraídas con la entidad bancaria, al no poder hacer frente a las mismas, por lo que no pude hablarse de alzamiento alguno. Finalmente, tratándose de un delito patrimonial, igualmente Eugenia estaría amparada por la excusa absolutoria del art. 268 del C.P., dada la condición de descendiente de su acreedora.

Finalmente, el hecho probado, en lo tocante a la conducta de Eugenia, tampoco es incardinable en el delito de encubrimiento del art. 451.1º del C.P ., único por el que el Ministerio Fiscal formula acusación. Dicho precepto castiga al que "con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervenga con posterioridad a su ejecución auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio."

A juicio de la acusación pública Emma incurrió en tal delito por cuanto movida por la intención de que su progenitora obtuviese efectivo con cargo a los bienes de la herencia amplió el importe del préstamo hipotecario en fecha 5 de abril de 2016. Podría plantearse la subsunción de tal conducta en el tipo de encubrimiento si la acusada, cotitular de ambas fincas, se hubiese limitado a consentir como hipotecante no deudora que las fincas se gravasen en garantía de un préstamo otorgado privativamente a su madre (la otra cotitular de los inmuebles). En tal caso parecería plausible descartar la existencia de ánimo de lucro (pues la destinataria del préstamo no sería ella sino la autora del delito de estafa precedente). Sin embargo, la escritura de ampliación (al igual que las otorgadas en 2009 y 2010) refleja que Emma no solo es hipotecante sino directa beneficiaria del préstamo, que en otro caso no hubiese podido conseguir, al ser titular únicamente de un tercio de un inmueble y de la mitad de otro. Esto es, las sucesivas hipotecas que gravaron las fincas fueron constituidas en garantía de préstamos realizados a la propia Emma (de forma solidaria con su madre), por lo que con su conducta no solo auxilió a su progenitora a obtener efectivo, sino que efectivamente lo obtuvo para sí. El ánimo de lucro es pues evidente. De hecho, la propia acusada señaló que su conducta fue motivada por la necesidad de obtener efectivo con el que hacer frente a sus varias deudas. No nos hallamos así ante un tercero ajeno al delito que se limita a coadyuvar al provecho del delincuente, sino que el auxiliador actúo en su propio beneficio patrimonial, por lo que dicho ánimo de lucro impide la condena por el tipo invocado. Es precisamente dicho ánimo de lucro el que hubiera permitido dar paso al tipo de receptación, si bien al no haberse formulado acusación por dicho delito, de naturaleza jurídica distinta, el principio acusatorio impone el dictado de sentencia absolutoria.

TERCERO. - De la autoría, participación y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

No existiendo infracción penal, no cabe hablar de autoría alguna, ni de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

CUARTO. - De la responsabilidad civil.

Siendo la sentencia a pronunciar absolutoria en el ámbito penal, y dada la accesoriedad de la acción civil respecto de la penal ( artículos 110 y ss y 116 Lecrim), no cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto.

QUINTO. - De las costas.

En cuanto a las costas, al dictarse sentencia absolutoria, y conforme al artículo 123 del Código Penal, interpretado en relación con el artículo 240.1 de la Lecrim, procede declarar de oficio las mismas, sin poder apreciarse temeridad o mala fe en la acusación particular, en cuanto formuló acusación por los hechos recogidos en el auto de incoación de la fase intermedia, el cual fue confirmado en apelación por la Sección Octava de esta Audiencia al señalar que los mismos indiciariamente podrían revestir caracteres penales, debiendo ser en el juicio oral donde se analizasen las pruebas de descargo.

SEXTO.- Del recurso contra la sentencia.

Contra esta sentencia se podrá interponer recurso de apelación de acuerdo con lo que prevé el artículo 790.1 de la LECrim. y que habrá de tener el contenido que recoge el artículo 790 en sus apartados 2 y 3 de la LECrim., y que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Vistos los artículos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,