Sentencia Penal 157/2024 Audiencia Provincial Penal de Cáceres nº 2, Rec. 13/2024 de 23 de mayo del 2024

PRIMERO.-Dada la conformidad de los acusados y sus defensores con las penas solicitadas que no exceden de seis años de prisión y pertinentes según la calificación jurídica mutuamente aceptada, es procedente dictar sentencia sin más trámite dentro de los términos de la acusación al entender el Tribunal que la calificación es la correcta y que la pena es procedente según dicha calificación y todo ello conforme a lo establecido en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Puesto que los acusados reconocieron la responsabilidad criminal, pero no la responsabilidad civil y su importe y existieron discrepancias entre las acusaciones, conforme al artículo 787 en relación con el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se acordó continuar el juicio oral, pero lo que la discusión y producción de pruebas se ha limitado en el extremo relativo a la responsabilidad civil.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248 y 250 núm. 1.5º del Código Penal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, del artículo 392 en relación con 390.1º, 2º y 3º, y 74 del Código Penal, en concurso medial del artículo 77 núm. 1 y 3 del mismo texto legal. Al apreciarse la circunstancia 5ª del artículo 250 del Código Penal y no ser ninguna de las sustracciones superior a los 50.000 euros, aunque sí el conjunto de todas ellas, no cabe apreciar además la continuidad delictiva so pena de castigar doblemente los mismos hechos.

TERCERO.-De dichos delitos son responsables en concepto de autores Dante y Piero por su ejecución conjunta, material y directa.

CUARTO.-En el expresado delito concurre la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria como muy cualificada del artículo 21 núm. 6 del Código Penal con las consecuencias penológicas del artículo 66 núm. 1, 2º del mismo texto legal según la calificación que fue mutuamente aceptada por todas las partes.

QUINTO.-De conformidad con lo señalado en los artículos 109 y siguientes del Código Penal y artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo responsable penalmente de un delito lo es también civilmente, consistiendo la acción civil en la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios, tanto materiales como morales, conforme a los arts. 110, 111, 112 y 113 del Código Penal.

Este es el objeto de debate.

En primer lugar, debe aclararse que este Tribunal no puede condenar ni a FLEXACAR, SL, ni a ONIRIC BELLVER GROUP, SL, la primera porque no existe como sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, sino que, como acertadamente pone de manifiesto el auto de apertura del juicio oral de 17 de noviembre de 2022, se trata de un simple nombre comercial, por lo que no se acordó la apertura del juicio oral respecto a ella. La segunda porque si bien se acordó la apertura del juicio oral y fue emplazada el 11 de julio de 2023 en la persona del acusado Dante (acontecimiento 2.143), no se procedió a designarle abogado y procurador de oficio al haber transcurrido el plazo de tres días concedido para su nombramiento, con el posterior traslado de las actuaciones. Ninguna de las partes hizo observación alguna sobre el particular en las cuestiones previas. Por ello, no cabe la condena de quien no se ha defendido, sin perjuicio de que se trata de una sociedad formada exclusivamente para cometer los precedentes delitos, por lo que muy probablemente carezca de bienes.

SEXTO.-El Ministerio Fiscal solicitó que se elevara a definitiva lo acordado de forma cautelar en la instrucción relativo a la entrega de los vehículos a quienes aparecían en el registro de la Dirección General de Tráfico como titulares registrales de los vehículos, lo que así se acordó en distintos autos de fecha 5 de junio, 1 de octubre, 18 de noviembre y 28 de noviembre, todos de 2019 y que en ejecución de sentencia, una vez determinado correctamente el estado de los vehículos y los distintos perjuicios, ambos acusados, conjunta y solidariamente, así como las entidades ONORIC BELLVER GROUP, SL y FLEXACAR SL (que ya hemos dicho que no pueden ser condenadas) deberán indemnizar a los perjudicados que a continuación cita en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios padecidos por los titulares de los vehículos (o en el caso de que no hayan recuperado el coche en la cantidad que pagaron o no recibieron), y a los perjudicados que al no ser titulares no tengan el vehículo, en la cantidad que dejaron de recibir (en el caso de los vendedores) o en la cantidad que pagaron por el vehículo (en el caso de los compradores). Esta cantidad deberá ser incrementada de conformidad con el art. 576 LEC.

Algunas de las acusaciones particulares modificaron sus conclusiones provisionales para pedir ahora, no la indemnización de daños y perjuicios, sino la restitución de la cosa.

Hay que tener en cuenta las diversas circunstancias en las que nos encontramos, pues no olvidemos que se han acreditado 19 operaciones de venta fraudulenta.

Los acusados operaban en el tráfico mercantil utilizando el nombre de FLEXACAR, muy similar a una empresa dedicada a la compraventa de vehículos y utilizaron una empresa ONIRIC BELLVER GROUP, SLU, que habían adquirido a un tercero y donde colocaron de titular y administrador a un "hombre de paja".

Contactaban con posibles vendedores de vehículos, casi siempre de alta gama y cuya venta se publicitaba en páginas de venta de productos de segunda mano como "milanuncios.com", ofreciendo la compra del vehículo o su intermediación en la venta. Habitualmente, aceptaban el precio ofertado en internet y abonaban al vendedor el 15% del precio final, con compromiso de pago del resto en los 30 días siguientes, compromiso que nunca cumplieron.

Puesto a la venta el vehículo en similares páginas web y por un precio inferior al pactado con el vendedor, lo que acredita la maquinación fraudulenta, porque nadie "da duros a cuatro pesetas", recibían el precio del comprador y éstos o no recibían el vehículo, o no se completaban las transferencias de los vehículos a su favor.

Los acusados captaban a los compradores a través de los anuncios que estos habían colocado en internet, fundamentalmente a través de la página web "milanuncios". Le ofrecían la compra del vehículo.

Sobre la cuestión más relevante y que motivó las discusiones en el juicio oral, pues no olvidemos que en algunos casos están personados tanto comprador, como vendedor, porque ambos fueron engañados y ambos pretenden la entrega del bien, lo que lógicamente no es posible, ha de dilucidarse cuando procede la restitución y cuando la indemnización.

A este respecto, conviene recordar que en los artículos 110 y ss. del Código Penal prima la restitución. Como indica el artículo 111 núm. 1 del texto penal, "1. Deberá restituirse, siempre que sea posible,el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de un tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable del delito.

2. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicable"

Ahora bien, debemos dejar desde ahora bien claro que la restitución es posible cuando se ha dirigido la acción contra el adquirente de los bienes sustraídos, sí este no tiene relación alguna con los hechos objeto del delito, como responsable civil conforme a los artículos 615 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, aquí hay dos personas engañadas, el vendedor y el comprador, ambos son perjudicados, pero en ocasiones el vehículo está a nombre o en poder de un tercero que no ha sido objeto del engaño, sino de una posterior trasmisión, por lo que la restitución hubiera exigido su emplazamiento como responsable civil. Cuando la restitución no es posible, lo procedente es la indemnización de perjuicios materiales y morales.

Respecto a la existencia de terceros de buena fe frente a los que no se ha dirigido la acción civil, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2020, núm. 242/2020, rec. 3241/2018, IdCendoj:, 28079120012020100280 ( 2020/570698) establece:

"Como dice acertadamente el Ministerio Fiscal, es cierto que lo específico del delito de apropiación indebida ha de ser la devolución del objeto respecto del cual existiría la obligación de entregar o devolver y ni se devolvió ni se entregó, más tal afirmación exige ser matizada por la eventual entrada en el tráfico del objeto de terceras personas.

En este sentido, la sentencia -FJ Vigesimoquinto- argumenta que en tanto se trata de un pronunciamiento de responsabilidad civil que afecta a terceras personas, se trate o no de partícipes a título lucrativo ( art. 122 CP ), ha de dirigirse acción civil contra la persona en cuestión, en este caso, contra el adquirente de los efectos apropiados, como posible responsable civil, lo que así resulta de los arts. 615 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y que aquí no se ha hecho, por lo que no habiendo sido parte en el proceso, no cabe efectuar el pronunciamiento solicitado de responsabilidad civil contra el mismo, lo cual está expresamente vedado una vez celebrado el juicio oral, según prevé el art. 620 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al no encontrarse en los casos exceptuados del art. 844 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Es correcta la cita de jurisprudencia de esta Sala Casacional, como por ejemplo, la STS 881/2003, de 16 de junio , que en su Fundamento Jurídico Cuarto dice así:

...podría resultar discutible si la forma de adquisición de los vehículos, por parte, de sus actuales titulares, aunque se haya producido mediando buena fe de su parte, justifica legalmente su retención, a la vista del contenido del artículo 111 del vigente Código Penal , pero lo que no admite duda alguna es que, para obtener un pronunciamiento semejante, y puesto que no hay que olvidar que, en este punto, nos hallamos ante un aspecto estrictamente civil, la parte venía obligada a interesar la presencia procesal de tales poseedores actuales de los bienes, a fin de que pudieran ser oídos en defensa de los legítimos intereses que pudieran ostentar. Al no hacerse así, la desposesión incurriría en la indebida lesión de sus derechos de defensa, por lo que la misma nunca podría proceder".

También la sentencia del Alto Tribunal de 6 de junio de 2013, núm. 447/2013, rec. 1646/2012, IdCendoj:, 28079120012013100459 ( 2013/89574), en un caso harto similar al actual, en su fundamento de derecho séptimo reseña:

"Sostiene el recurrente que el principio general del Capitulo I del Titulo V del CP. es que la víctima no debe resultar perjudicada por los actos del delincuente realizados contra ella, y conforme al art. 110 CP , la reparación a que se refiere el art. 109 deberá consistir en la restitución del bien, si no fuera posible se tendrá que reparar el daño sufrido, y solo en el último caso, cuando no sea posible ninguna de las dos soluciones anteriores, deberá ser indemnizado por los perjuicios materiales y morales padecidos, por lo que en el caso del Sr. Deylan deberá ser indemnizado con la restitución del vehículo al ser víctima de un delito de apropiación indebida, cuyo objeto fue ese vehículo. Por el contrario, el otro perjudicado, Natanael, víctima de un delito de estafa, de lo que se apoderaron los acusados fue del dinero que entregó por la compra del vehículo, por lo que deberá ser restituido en su importe.

Cita en su apoyo los preceptos civiles relacionados con la posesión de buena fe, arts. 464 y 1955 Código Civil y el art. 111.1 CP ...

El motivo -que es apoyado por el Ministerio Fiscal- deberá ser estimado.

En efecto el argumento de la Sala conforme al cual el comprador "deberá ser restituido en la pacifica posesión del mismo, puesto que la propiedad ya la tiene al constar en la Jefatura Provincial de Tráfico la transferencia realizada a su favor", no puede ser asumida. La adquisición de un vehículo de motor, como la de cualquier otro bien, se rige por la teoría del título y modo, sin que sea aplicable a estos efectos la normativa del Código de Circulación. Por ello la inscripción de una transferencia en tráfico no prueba, por sí sola, la efectiva propiedad, y no pasa de ser un mero indicio que necesita conjugarse con otros medios probatorios y no puede ser tampoco por sí misma prueba de una posesión a título de dueño.

Siendo así en los delitos que tienen por objeto la incorporación al propio patrimonio de una cosa ajena (hurto, robo, apropiación indebida o estafa), dentro de las diversas formas en que cabe cubrir la responsabilidad civil derivada de una infracción penal, ha de considerarse de aplicación preferente la restitución de la cosa respecto de la indemnización de perjuicios. Lo específico del delito de apropiación indebida ha de ser la devolución del objeto respecto del cual existiría la obligación de entregar o devolver y ni se devolvió ni se entregó. La indemnización en principio habría de tener lugar sólo con carácter subsidiario: cuando no fuera posible esa otra forma de reparación del daño mediante la restitución de la cosa ( STS. 1709/2003 de 19.12 ).

Por ello, extendiéndose la responsabilidad civil derivada del delito a la restitución, reparación del daño e indemnización de daños y perjuicios ( art. 110 C.P .) y comprendiendo aquélla la de la misma cosa cuando sea ello posible, en los términos que establece el artículo 111 -con relación a la hipótesis de encontrarse en poder de tercero- cabe que en los delitos en los que haya habido un desplazamiento patrimonial que constituya el instrumento del delito o se encuentre en íntima conexión con él, la restitución que proceda acordar -como responsabilidad del delito, insistimos en ello- pueda conllevar la declaración de nulidad del negocio jurídico subyacente ( Sentencia 646/2005 de 19.5 ).

En definitiva, los Tribunales penales tienen competencia en orden a disponer la adopción de las medidas necesarias, incluidas las que exceden en significación a la simple entrega material, para la restitución de la cosa a quien legítimamente le corresponda como víctima del delito o falta cometido; pero teniendo presente: A) que las medidas decretadas deben ser necesarias para la restitución, pues sólo así pueden considerarse incluidas en el párrafo segundo del artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ); y B) que en la adopción de las medidas debe estarse a lo dispuesto en el Derecho Privado ( STS. 817/99 de 14.12 )

Conforme a ello las cosas de restitución -muebles sustraídos o desapropiados o inmuebles usurpados- pueden ser irreivindicables, atendiendo a determinados preceptos extrapenales. Así, el único límite que a la restitución le viene impuesto dentro del ordenamiento penal, lo está por el último párrafo del art. 111 del Código Penal , y por los artículos 464 y 1955 del Código Civil y arts. 85 , 86 , 324 y 545 del Código de Comercio para determinar la irreivindicabilidad, y tratándose de bienes inmuebles habrá que atender a lo que dispone el arts. 34 de la Ley Hipotecaria .

En este sentido el art. 464 Código Civil establece un principio general de irreivindicabilidad de los bienes muebles adquiridos por terceros de buena fe, pero sin embargo, el propietario puede ejercitar la reivindicación en los casos de pérdida o "privación ilegal", entendiendo por ésta no solo el robo o hurto sino toda clase de despojos punibles, es decir, lo que constituyan delitos o faltas o sean sus consecuencias, no los meros actos ilícitos civiles, porque en otro caso la regla general quedaría anulada, aparte de que una interpretación literal no autoriza a incluir todo supuesto de abuso de confianza que implique una infracción o incumplimiento de contratos.

Situación que sería la contemplada en los presentes autos, dado que el titular del vehículo fue privado ilegalmente de su posesión mediante un delito de apropiación indebida cometido por los acusados, vehículo que posteriormente, uno de ellos vendió, mediante otro negocio ilícito, constitutivo de un delito de estafa, a un tercero de buena fe, simulando la firma del verdadero propietario y ocultando su falta de conocimiento y consentimiento de la venta, ello supone un negocio con causa ilícita que es nulo de pleno derecho.

En otras palabras podemos decir que si el contrato de compraventa en que se instrumentó la estafa (causa ilícita) es nulo, conforme al art. 1305 C. Civil y así se declara en la sentencia, no puede consolidar tal título una transferencia de dominio eficaz, está inscrita o no en la Jefatura Provincial de Tráfico. La nulidad por la ilicitud de la causa seria de pleno derecho y con efectos ex tunc al tratarse de una enajenación delictiva en la que el tercer adquirente ha sido víctima de un delito (causa ilícita), por lo que la responsabilidad civil, acorde con la doctrina que se ha dejado antes expresada, entraña la restauración del orden jurídico y económico alterado por la conducta delictiva de los acusados y consecuentemente la nulidad de la venta realizada por el acusado Kurt al tercero de buena fe, sin que pueda alegarse indefensión por este comprador que ha sido parte en la causa y ha podido ejercitar sus acciones, oponiéndose a esa declaración de responsabilidad civil, y sin olvidar que la declaración de nulidad no empece a sus derechos de crédito contra el vendedor, quien deberá reintegrarle el precio pagado con sus intereses, pero declarándose la nulidad de la venta e inscripción en la Jefatura Provincial de Tráfico, anulando los actos jurídicos patrimoniales que aquel acusado provocó con su conducta delictiva y reintegrando así al patrimonio de su titular legitimo el vehículo ilícitamente extraído mediante tales actos viciados, ya que la declaración de la existencia del delito y del propósito defraudatorio nos sitúan ante un acto revestido de apariencia válida pero viciado por aplicación de las normas generales de la validez de los contratos ( artículo 1261 del Código Civil ) y más concretamente al estar afectado por una causa ilícita, lo que ocasiona la imposibilidad de surtir efecto alguno ( artículo 1275 del Código Civil ), ( SSTS. 1943/2002 de 15.11 , 685/2005 de 2.6 )".

Sobre esta misma cuestión se pueden citar las sentencias del Tribunal Supremo 759/2018, de 24 de mayo; 420/2015, de 26 de junio y 447/2013, de 6 de junio).

Por todo ello, es procedente declarar la nulidad de todos los contratos de compraventa al basarse en una causa ilícita, con la consiguiente nulidad de la inscripción en el Registro de la Dirección General de Tráfico, salvo en los supuestos que ya hemos señalado en los que el bien es irreivindicable por encontrarse en poder de un tercero que no ha sido parte en este proceso y en algunas ocasiones no ha tenido conocimiento de él. En el caso de los vendedores respecto a los que se acuerde la restitución del vehículo deberán reintegrar el precio recibido, pues en otro caso se produciría un enriquecimiento injusto, porque tendrían el vehículo y el 15% del importe que recibieron de los acusados. Dicha restitución será además con sus intereses menos el abono de los deterioros o menoscabos en el caso de que no se haya hecho ya entrega provisional por el Juzgado de Instrucción.

SÉPTIMO.-Así, en el número 1 de la relación de hechos declarados probados los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a Ernesto en la cantidad de 15.000,37 euros. Se restituye el vehículo Ford Mondeo matrícula NUM005 de forma definitiva a Mauro previo reintegro al comprador Ernesto de 3.150 euros.

En el número 2, los acusados deberán indemnizar a Eithan en la cantidad de 8.500 euros. Se restituye de forma definitiva el vehículo Peugeot 308, matrícula NUM006 al vendedor Natanael, previo abono al comprador Eithan de la cantidad de 1.935 euros.

En el número 3 de los hechos probados, consta que el vehículo Mercedes C-180 matrícula NUM007 le ha sido entregado por auto de 5 de junio de 2019 a Yoshua y está registrado a su nombre, falsificando lógicamente los documentos entregados en la Jefatura Provincial de Tráfico. El vehículo fue puesto en comisión de venta. En este caso, procede fijar la indemnización en favor del vendedor Bayron por importe de 12.750 euros y la entrega definitiva del bien a Yoshua.

El número 4, el vehículo Audi A5 matrícula NUM008 en principio es irreivindicable. El comprador lo vendió a un tercero dedicado a la compraventa de vehículos en pago de otro esa persona. Sin embargo, el vehículo sigue a nombre del vendedor Deylan en Tráfico y le fue entregado provisionalmente por auto de 5 de junio de 2019. Procede en este caso fijar la indemnización del último adquirente Joaquin (AUDECAR AUTOS SLU) en la cantidad de 14.000 euros. Se acuerda hacer entrega definitiva del turismo Audi A5 matrícula NUM008 a Deylan, previo reintegro a Joaquin de la cantidad de 2.100 euros.

En el número 5 de los hechos declarados probados el vehículo BMW X6 matrícula NUM009 fue vendido a un tercero y registrado a su nombre al igual que el supuesto del número 3. También le fue entregado por auto de 5 de junio de 2019 al comprador AUTO OCASIÓN NOROESTE SL. En este caso procede fijar la indemnización en favor de Genaro en la cantidad de 25.892,50 euros y hacer entrega definitiva del vehículo a AUTO OCASIÓN NOROESTE SL.

En el número 6 procede fijar la indemnización en favor de Antu por la compra fallida del vehículo Volkswagen Tuareg matrícula NUM011 en la cantidad de 6.000 euros. Se hace entrega definitiva de dicho vehículo a Rocío que lo tiene en su poder al habérselo entregado provisionalmente la Guardia Civil.

En el número 7 de los hechos declarados probados, el vehículo BMW modelo X1 matrícula NUM012 sigue registrado a nombre del vendedor Darío, pero se desconoce donde se encuentra. En este caso procede restituir el vehículo al vendedor, debiendo reintegrar éste previamente al comprador Danilo la cantidad de 1.875 euros si el vehículo estuviera en su poder con los intereses legales desde la compra y abono de deterioros y menoscabos. Danilo deberá ser indemnizado por los acusados de forma conjunta y solidaria en la cantidad de 8.000 euros. En el caso de que el vehículo no pudiera ser reintegrado, los acusados indemnizarán solidariamente a Darío en la cantidad de 10.625 euros, dejando sin efecto la indemnización en favor de Danilo.

En el número 8 Seat León matrícula NUM013 está en poder del vendedor Wilson al habérselo entregado la Guardia Civil de forma provisional en Rivas Vaciamadrid. Procede acordar su entrega definitiva, debiendo reintegrar al comprador Ulises la cantidad de 1.650 euros. Ulises será indemnizado por los acusados en la cantidad de 8.000 euros.

En el número 9 de los hechos declarados probados el vehículo Audi modelo S5 matrícula NUM015 está en poder de un tercero -en realidad es la cuarta venta- y a su nombre en virtud de la alteración de los documentos necesarios para su inscripción. El tercero es Jair que tiene el vehículo en su poder en virtud del auto de 28 de noviembre de 2029, tercero que no ha sido llamado al proceso, siendo el bien irreivindicable. Procede hacer entrega definitiva del turismo a Jair e indemnizar por los acusados a Anyelo en 20.825 euros.

En el número 10 el vehículo Volkswagen Golf matrícula NUM016 ha sido recuperado por el comprador Dustin, sin que conste si el turismo fue vendido a un tercero. Aunque reclama, no procede fijar cantidad alguna por los perjuicios causados al haber recibido ya la cantidad de 1.755 euros de los acusados por el 15% de la venta.

En el núm. 11 procede restituir el vehículo Volkswagen Passat matrícula NUM004 a su titular y vendedor Axel, previo reintegro por parte de éste de la cantidad de 1.500 euros recibidos de los acusados a la actual poseedora del bien, SERVITIUM IBERIA, SL, más el interés legal y con abono de deterioros y menoscabos. Los acusados, en caso de reintegro del vehículo, indemnizarán a SERVITIUM IBERIA, SL en la cantidad de 7.500 euros por el precio de la venta y 586 euros por el importe del seguro abonado.

En cuanto al núm. 12 de los hechos declarados probados el automóvil Fiat 500X matrícula NUM018 debe ser reintegrado a su titular, GESTIO GAMA23, SL, debiendo esta reintegrar a la compradora, Páris la cantidad de 2.998 euros con el interés legal desde la compra y abono de deterioros o menoscabos. Los acusados indemnizarán en caso de reintegro del vehículo a Páris en la cantidad de 11.000 euros.

En lo relativo al número 13 el vehículo ha de ser entregado de forma definitiva al titular del vehículo BMW 520d GT matrícula NUM019, bien sea Ostin o su jefe Ronaldo, quien reintegrará previamente la cantidad de 3.900 euros a Iker. Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a Iker en la cantidad de 15.600 euros.

En el número 14, el vehículo Audi A7 matrícula NUM020 está en el registro de la Dirección General de Tráfico a nombre de CARS-RS-SL que lo adquirió de una persona que a su vez lo adquirió del primer comprador. El vehículo es irreivindicable. Procede hacer entrega definitiva del turismo a CARS-RS-SL debiendo indemnizar los acusados de forma solidaria a Benjamín en la cantidad de 17.000 euros.

En el número 15 de los hechos declarados probados Audi A5 matrícula NUM021 consta registrado y en poder de un tercero, John al haber falsificado los acusados los documentos. Procede hacer entrega definitiva de dicho vehículo a John, debiendo indemnizar los acusados al vendedor Damian en la cantidad de 13.600 euros.

En el número 16 el Seat Alambra matrícula NUM022 fue vendido por Noelia desconociéndose su paradero, aunque figura a su nombre en el registro de la DGT. Procede su restitución y si no fuera posible los acusados le indemnizarán en la cantidad de 11.475 euros.

En el número 17, el BMW 320D COUPE matrícula NUM023 le ha sido entregado formalmente a su titular Giuliano, como consta en las actuaciones -providencia de 27 de julio de 2023, acontecimiento 2.150- desconocemos el motivo por el que no se ha llevado a cabo. Procede hacer entrega definitiva. Joel adquirió el móvil por 12.003,20 euros, cantidad en la que debe ser indemnizado por los acusados.

Los puntos 18 y 19 no reclaman indemnización alguna los perjudicados y en cuanto a los puntos 20 y 21, lo fueron en grado de tentativa, sin que conste perjuicio alguno.

Las cantidades que deben ser reintegradas se descontarán de la indemnización que han de abonar los acusados, siempre que se produzca ese reintegro, porque puede haber algún caso en que no se produzca por diversos motivos.

Algunos de los perjudicados han solicitado la indemnización por perjuicio morales. Es muy difícil cuantificar la pérdida de un vehículo o el hecho de no poder registrarlo a nombre de un comprador, produciendo sin duda molestias, preocupaciones, malestar, inseguridad y demás consecuencias naturalmente derivadas de lo sucedido, como pone de manifiesto una de las acusaciones, algo consustancial a todo delito. Dado que ya se ha fijado el importe de los perjuicios y a falta de la debida concreción de esos perjuicios morales, más allá del genérico perjuicio que causa todo delito, no se considera procedente fijar indemnización alguna por este concepto.

Procede en todos los casos fijar los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el caso de los acusados, además se fija el interés legal del dinero -ex artículo 1108 del Código Civil- desde la entrega del dinero por los respectivos perjudicados hasta esta sentencia.

En todos los casos, procede fijar en ejecución de sentencia la concreción de otros perjuicios ocasionados directamente por la venta y la compra de los vehículos, siempre que se acredite documental o pericialmente su existencia y siempre a instancia del perjudicado que deberá solicitarlo en debida forma conforme al artículo 794 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

OCTAVO.-Las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y 240 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las costas han de incluir las de la acusación particular. Conforme a una reiterada doctrina del Tribunal Supremo de la que son fiel reflejo las sentencias 121/2023, de 23 de febrero, 380/2022, de 20 de abril, 25 de octubre de 2012, 12 de diciembre, 27 de octubre, 15 de julio y 14 de abril, todas de 2011, las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas, inútiles y superfluas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal o a las recogidas en sentencia, relegándose a un segundo plano el antiguo criterio de la relevancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente