Sentencia Penal 166/2023 Audiencia Provincial Penal de Cáceres nº 2, Rec. 12/2023 de 24 de julio del 2023

Primero.- Al amparo del art.786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Ministerio Fiscal y la mayoría de las Acusaciones particulares personadas, se vino a expresar que dado el expreso reconocimiento de los hechos efectuado por el acusado al inicio de la vista oral resultaban ya innecesarias las pruebas testificales interesadas (prácticamente todas recaídas en las personas de los perjudicados) en sus respectivos escritos de acusaciones y renunciaban a su práctica. Lo cual fue aceptado por todas las partes legalmente intervinientes.

La Defensa de la perjudicada, Dña. Beatriz concretó su reclamación económica en la suma de 91.350,83 euros y mantuvo la testifical propuesta de la misma, pero la Sala desestimó la petición dado la amplia y objetiva documentación aportada por esa propia parte en apoyo de sus pretensiones y que, además, ahora producido (ratificado) el reconocimiento total de los hechos por el acusado claramente resultaba innecesaria y carente de utilidad alguna su práctica.

La Defensa del acusado presentó varias documentales y todas las cuales fueron admitidas a los efectos legales de su oportuna valoración al dictarse la resolución correspondiente.

La defensa de la compañía "Catalana Occidente S.A." formuló queja sobre la admisión "sorpresiva" de algunos de esos documentos aportados por el acusado en ese momento (certificación emitida por el director de Centro de suscripciones de la propia compañía),pero obviamente la Sala desestimó dicha pretensión y en cuanto que, lógicamente, esos particulares documentos los debía de conocer dicha parte dado que tenían su origen en la misma.

Segundo.- Los hechos declarados son constitutivos de los siguientes ilícitos penales:

A) Un delito continuado de apropiación indebida previsto en el art. 253.1 en relación con el art.250.1. 5º y 250.2º y con el art.74 del Código Penal.

B) Un delito continuado de deslealtad profesional de los arts. 467.2 y 74 del CP, en relación de concurso ideal con el delito de apropiación indebida (antes indicado) en conformidad con el art. 77.1 y 2 del Código Penal.

Los delitos que anteceden han resultado, principalmente, acreditados en virtud del reconocimiento expreso y que de todos ellos ha efectuado el propio acusado Alexis en el acto de la vista oral celebrada en este órgano judicial el pasado día 4/7/2023. Él manifestó que, efectivamente, y en el período comprendido entre los años 2012 y 2019, se apoderó y se apropió para su personal beneficio de las diferentes cantidades económicas que correspondían a los clientes que le habían contratado como su procurador en los diferentes procedimientos judiciales en los que los mismos fueron partes.

Se corroboró igualmente esa autoría reconocida del acusado en esos delitos y conforme con las exigencias de los arts. 27 y 28 del CP, por el resultado de las demás pruebas practicadas, especialmente las objetivas y amplias documentales que se aportaron en ese mismo acto y otras que se dieron por reproducidas y ya aportadas, por las diferentes partes legalmente intervinientes. Puntualmente, confirmando su intervención individualizada como procurador en los diferentes procedimientos judiciales que seguían sus mandantes en diferentes órganos judiciales de Cáceres (principalmente seguidos en los juzgados de primera instancia de esta ciudad (a excepción del Juzgado Nº 1,en todos los demás habría ejercido en dicha cualidad); en los juzgados contenciosos y en la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura) con la entrega consiguiente en esos órganos judiciales de los diferentes "mandamientos de pago al acusado como procurador de la parte" y " el efectivo cobro material de las cantidades económicas que allí constaban por el propio acusado", quien las incorporaba inmediatamente a su patrimonio privado y, en perjuicio obvio, de sus representados procesalmente (de sus mandantes), a quiénes mantenía en la más completa ignorancia de esas acciones apropiatorias, o bien cuando le requerían (especialmente constan incorporados los mensajes y llamadas repetidas de algunos de los letrados que defendían a sus respectivos clientes),procedía a presentar excusas o darles larga.

De igual modo las documentales aportadas y admitidas como "pruebas anticipadas" (acontecimientos 368 y ss. del presente rollo de Sala) confirman la existencia de pólizas de responsabilidad civil profesional del Colegio de Procuradores de Cáceres (afectando a todos su colegiados, entre ellos el procurador aquí acusado) así como "las ampliaciones o suplementos efectuados a título particular por el acusado" y ello, en relación con las compañías de Seguros "Caser Seguro" y la aseguradora "Catalana Occidente S.A., de Seguros y Reaseguros" (si bien y con cada una de ellas en períodos anuales distintos).

A su vez, la defensa del acusado no mostró oposición a las calificaciones jurídicas de los hechos y que, en el acto de la vista oral celebrada el día 4 de julio del presente año, expusieron tanto el Ministerio Fiscal como las Acusaciones Particulares personadas, las cuales se desarrollan y concretan puntualmente en la presente resolución.

No obstante, por la Defensa del acusado y respecto a las penalidades solicitadas se mostró su disconformidad e interesó la aplicación de la atenuante muy cualificada de confesión del art. 21.4º del CP; la atenuante de reparación del daño del art.21.4º y la de dilaciones indebidas del art. 21.6º del Código Penal, con la imposición de una penalidad muy inferior.

Tercero.- De tales delitos es responsable en concepto de AUTOR el acusado Alexis en conformidad con lo establecido en los arts. 27 y 28 del Código Penal.

Cuarto.- Concurriendo en el acusado Alexis, única y exclusivamente la circunstancia atenuante de su responsabilidad penal, "la analógica y simple de confesión prevista en el art. 21.4 del Código Penal". En dicho precepto y literalmente se establece "la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades".

Recordamos, que la atenuante de confesión se justifica por la utilidad que efectivamente reporte a la Justicia, ahorrando esfuerzos de investigación y facilitando la instrucción y enjuiciamiento y no en razones subjetivas de premio a una conducta moral de arrepentimiento del sujeto.

La Jurisprudencia viene exigiendo que se trate de una verdadera confesión y que sea veraz en lo sustancial; también se ha insistido en el requisito cronológico de que se produzca antes del inicio del procedimiento Judicial.

En relación con el elemento cronológico, el atestado debe incluirse en el concepto de "procedimiento judicial".

La razón de ser del requisito es que la confesión prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación.

Ahora bien, también se viene reconociendo eficacia atenuatoria con ciertos límites a la confesión tardía, si bien para ello han de concurrir los requisitos básicos de la atenuante original, y no puede exigirse una similitud o una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante un propósito humanitario.

En ese contexto entendemos que es en el que más exactamente nos encontramos. Es decir, la atenuante de confesión tardía es aplicable en todos aquellos aquéllos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaboradora del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó; exigiéndose para ello, así como por razones pragmáticas de política criminal, que el comportamiento del encausado en el seno de la investigación (si bien de manera tardía) favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, denegándose cuando los datos aportados sean conocidos o evidentes para la investigación. También se ha precisado que cuando la confesión se produce una vez que la investigación ya ha principiado, será necesario que suponga un acto de colaboración de gran relevancia.

En el presente caso, el acusado cuando fue a declarar por primera vez en cualidad de investigado al Juzgado de Instrucción Nº 7 de Cáceres (D. Previas 71/2020 e iniciadas por la querella presentada contra él por la entidad Naturgy Iberia S.A.) el día 5/3/2020, "reconoció los hechos". Posteriormente, e incluidas en el mismo procedimiento penal, la denuncia presentada por Dña. Soledad y las querellas presentadas por los tres hermanos, D. Cosme, D. Cirilo y Dña. Sandra y por la Comunidad de Propietarios " DIRECCION017" y al declarar, como investigado respecto de esas puntuales reclamaciones, el día 29/10/2020, también expresó "que reconocía los hechos". Mas adelante, al dictarse el Auto de procedimiento abreviado en fecha 9/12/2020 e interponer el investigado recurso de reforma y subsidiario de apelación presentó "escrito con fecha de emisión correspondiente al día 16/12/2020 enumerando e identificando a otros perjudicados"(acontecimiento 882) respecto de los que también admitía haberse apropiado de su dinero en los procedimientos judiciales que allí enumeraban y en los que esos perjudicados le habían contratado como su procurador. Esos actos del acusado, aunque acontecidos cuando ya hay incoados varios procedimientos penales contra el mismo, sin embargo ayudaron en la conclusión de la instrucción de la presente causa y, en definitiva, la agilizaron o simplificaron en cierta medida. A su vez, en el acto del Juicio Oral igualmente reiteró su reconocimiento y respecto de los hechos objeto de todas las acusaciones personadas.

Ante todo lo cual, se infiere la oportunidad legal de su estimación, si bien con el valor de atenuante simple o analógica, pues destacamos que sólo reconoció "en el juzgado" (nunca lo hizo antes y cuando muchos de los perjudicados le llamaban y pedían muy alarmados explicaciones acerca del destino del dinero que les habían reconocido en los procedimientos judiciales y nos les llegaba), cuando ya estaban los procedimientos judiciales abiertos en su contra y él perfectamente lo sabía.

En cambio, no se considera razonable la estimación de la citada atenuante como "muy cualificada", pues aparte de lo acabado de exponer, tampoco podemos olvidar que el acusado cuando ha reconocido los hechos ha sido en un momento en el que ya estaban incoados los procedimientos judiciales en su contra (las denuncias y/o querellas). Es decir, y pese a que por los diferentes clientes y con carácter extrajudicial ya le habían efectuado numerosas, insistentes y frecuentes reclamaciones del dinero a ellos reconocidos (constan acreditadas en las actuaciones las llamadas telefónicas frecuentes, mensajes en su correo electrónico, conversaciones a través de los diferentes letrados de los perjudicados) y de las resoluciones favorables obtenidas en los diferentes procedimientos judiciales en los que él actuó como su procurador, él no les atendió inmediatamente, les dio larga y, en definitiva, sólo vino a reconocer los hechos cuando ya judicialmente estaba inmerso en las denuncias y querellas contra él presentadas. No fue un arrepentimiento espontáneo y voluntarioso, pues obligó a los diferentes perjudicados a acudir necesariamente a la vía judicial para conseguir sus derechos con lo que ello implicaba y ha conllevado para cada uno de ellos (más gastos, una mayor zozobra e incertidumbre acerca del destino económico de sus derechos reconocidos e inquietud respecto del momento en el que, finalmente, obtengan el resarcimiento completo).

Respecto de su petición de apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas prevista en el art. 21.6 del Código Penal , debemos recordar que es jurisprudencia reiterada (y sabida), si bien y en particular podemos mencionar el ATS de 7 de junio del año 2007 y en el que la Sala II del T. Supremo nos indica:"...viene diciendo en reiteradas ocasiones este Tribunal, por ejemplo la STS de 8/5/2003 y de 22/1/2004, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos humanos en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, que reconoce a toda persona " el derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable", en orden a los factores que ha de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual período temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles..."

Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las Leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata por tanto de una atenuante y como igualmente refiere el T. Supremo en su Sentencia de fecha 11/10/2005 :"...de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes...". Asimismo, apunta nuestro alto Tribunal y como conclusión que " cuando en el curso de un proceso penal se lesiona el derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas ( art.24.2 de la C.E. de 1978), los tribunales deben compensar la parte equivalente de la gravedad de la culpabilidad en la determinación de la pena, pues la pérdida del derecho que se ha ocasionado al acusado comporta una equivalente reducción de la "deuda" que el mismo tiene con la sociedad como consecuencia de la comisión de un delito. Tal compensación se debe llevar a cabo mediante la aplicación del art. 21.6 del Código Penal..."

Y aplicado lo anterior al caso que ahora nos ocupa, llegamos a la conclusión de que no procede la apreciación de la pretensión del acusado, pues la instrucción y el consiguiente enjuiciamiento de la presente causa penal se ha realizado dentro de unos plazos razonables y sin dilaciones injustificadas en su correspondiente tramitación procesal. Observamos así, que consta dictado el correspondiente auto de Admisión de querella e incoación de Diligencias previas 71/20 en fecha 4/2/2020 (en virtud de querella presentada por la perjudicada DIRECCION016., acontc.7) acordando la declaración del querellado para el día 5/3/2020 (acontc.118); seguidamente y tras ser presentada nuevas querellas y una denuncia (antes identificadas) se vuelve a tomar declaración al acusado el día 29/10/2020 (acontc.379). A continuación, se dicta el auto de pase o acomodación de las diligencias a los trámites del procedimiento abreviado el día 9/12/2021 (es decir, apenas transcurrido poco más de un año de la incoación de la causa penal y ello, sin olvidar que también nos encontrábamos en un momento de plena pandemia del Covid ) y tras presentarse los oportunos escritos de conclusiones de las acusaciones personadas (el M. Fiscal como acusación pública y 14 Acusaciones particulares ) el día 12/12/2022 ya se dictó el Auto de Apertura de Juicio Oral, a la vez que se remiten las actuaciones al órgano judicial competente (esta Audiencia Provincial, Sala Penal) y dentro del rollo de Sala, P.A.12/23 se dicta la Diligencia de Ordenación de fecha 18/5/2023 señalando la celebración del juicio oral para el día 4/7/2023, el cual efectivamente se celebra en ese preciso momento. Es decir, la instrucción y el consiguiente enjuiciamiento de la presente causa penal se ha efectuado en unos tres años, sin paralización alguna injustificada ni dilación gratuita en su debida tramitación por el órgano judicial competente e interviniente en cada una de sus fases procesales. Estamos ante una duración del procedimiento acorde y habitual con un proceso cuya naturaleza ofrece cierta complejidad, en la que han intervenido múltiples partes (tanto en cualidad de acusaciones como de posibles responsables civiles) y diferentes órganos judiciales (hasta que se acuerda la acumulación a las D. Previas 71/2020 en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Cáceres y que fueron las primeras incoadas) y conforme con la doctrina jurisprudencial antes apuntada "esa duración temporal" se muestra razonable y en modo alguno permite estimar que se produjeran demoras o dilaciones indebidas en la tramitación de la presente causa penal.

Añadimos que avala la desestimación de la citada atenuante la circunstancia también concurrente de que ni siquiera por el propio acusado que la invoca, se hace referencia alguna o se especifican posibles periodos de retraso injustificados o trámites en los que haya acontecido paralización gratuita de la presente causa penal. Omite completamente referencia alguna a posible episodio de dilación y se limita a efectuar una mera referencia genérica a su concurrencia, y recordamos que es jurisprudencia también sabida y conocida aquella que al respecto nos dice " que deben indicarse los trámites o momentos procesales de paralización que se consideren indebidamente producidos", no valiendo una mera alegación o invocación genérica y sin puntualizar los posibles momentos de paralización del proceso.

Por último y en lo tocante a la circunstancia mitigadora de la responsabilidad criminal de la atenuante de reparación del daño prevista en el art.21.5 del Código Penal , se adelanta también su rechazo. Es lo cierto que el acusado no ha reparado ni ha dado satisfacción a las víctimas de sus delitos en forma significativa alguna "en los tres años comprendidos" desde la incoación de la causa hasta el momento actual de la celebración del Juicio Oral.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2017, invocando la anterior de 24 de marzo de 2010 y los precedentes de ésta, condensa la amplia doctrina surgida en torno a la susodicha circunstancia atenuante en estos términos:"...la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos se contemplaba en el Código Penal anterior en el ámbito de la atenuante de arrepentimiento espontáneo, configurándose en el Código Penal de 1995 como una atenuante autónoma de carácter objetivo fundada en razones de política criminal.

Por su naturaleza objetiva esta circunstancia prescinde de los factores subjetivos propios del arrepentimiento y que la jurisprudencia ya había eliminado en la atenuante anterior. Por su fundamento de política criminal se configura como una atenuante "ex post facto", que no hace derivar la disminución de la responsabilidad de una inexistente disminución de la culpabilidad por el hecho, sino de la legítima y razonable pretensión del legislador de dar protección a la víctima y favorecer para ello la reparación privada posterior a la realización del delito.

Como consecuencia de este carácter objetivo su apreciación exige únicamente la concurrencia de dos elementos, uno cronológico y otro sustancial.

El elemento cronológico se amplía respecto de la antigua atenuante de arrepentimiento y la actual de confesión, pues no se exige que la reparación se produzca antes de que el procedimiento se dirija contra el responsable sino que se aprecia la circunstancia siempre que los efectos que, en el precepto se prevén, se hagan efectivos en cualquier momento del procedimiento, con el tope de la fecha de celebración del juicio. La reparación realizada durante el transcurso de las sesiones del plenario queda fuera de las previsiones del legislador, pero según las circunstancias del caso puede dar lugar a una atenuante analógica. El elemento sustancial de esta atenuante consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos, en un sentido amplio de reparación que va más allá de la significación que se otorga a esta expresión en el art.110 del Código Penal, pues ese precepto se refiere exclusivamente a la responsabilidad civil, diferenciable de la responsabilidad penal a la que afecta la atenuante. Cualquier forma de reparación del daño o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución o de la indemnización de perjuicios, puede integrar las previsiones de la atenuante. Ahora bien, la consistente en la reparación del daño moral en ciertos delitos (libertad sexual, honor o dignidad, entre otros) ofrece los contornos que se recogen en la STS 1112/2007.

Como se ha expresado por la jurisprudencia de esta Sala (STS 285/2003), lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o disminución del daño de toda índole que la conducta delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la que la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal. Para ello resulta conveniente primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, de responsabilidad civil, sino como un interés de toda la comunidad.

La reparación debe de ser suficientemente significativa y relevante, pues no procede conceder efecto atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de forma eficiente y significativa a la efectiva reparación del daño ocasionado..."

En nuestro caso es evidente que no cabe apreciarla, el acusado Alexis como consta en las actuaciones y a fecha de la celebración del juicio oral el pasado día 4/7/2023, única y exclusivamente habría consignado a favor de uno de los perjudicados (Dña. Beatriz, acontecimientos 2429 y 2593) la cantidad de unos 1.444,74 euros. Es decir, objetivamente, es una cantidad mínima e insignificante en relación con la cuantía total de los daños causados, tanto en relación con esa misma perjudicada como en relación a todos los demás perjudicados y el perjuicio individual y afectante a cada uno de ellos. Y ello, pese a que él mismo habría seguido contando con unos ingresos económicos, pues expresó que continuó con su trabajo como procurador hasta el mes de noviembre del año 2021 e incluso aportó en ese acto "documentales" que así lo reflejarían. Es decir, él habría mantenido una fuente de ingresos a lo largo del desarrollo de la causa y perfectamente podría haberse esforzado en realizar una consignación económica mayor a favor de los perjudicados antes del plenario y sin embargo, no lo ha hecho en ninguno de esos momentos anteriores o fases procesales posibles. Tampoco se puede olvidar el dato de que, personalmente, el acusado nunca ha ofrecido a los perjudicados una explicación o dado razones del destino de la ingente cantidad económica apropiada ( pese a que en su primera declaración judicial apuntó a que él ofrecería los motivos, pero después nunca lo hizo);en el transcurrir o devenir del procedimiento penal ha obviado siempre revelar el destino final del dinero apropiado e incluso esa actitud o conducta la mantuvo en el acto del Juicio Oral, donde además expresó que "estaba arrepentido y pedía perdón", pero a la vez se "negó a contestar a las preguntas de todas las Acusaciones". Esa ambigüedad y opacidad permite ahora considerar razonable e inferir que la "declaración del acusado" estaría, en realidad, vacía de autenticidad y de suficiente solidez, pues es evidente que entra de lleno en contradicción con su negativa a contestar a las preguntas de los diferentes perjudicados allí presentes en el plenario, personados y que lógicamente querían como mínimo "preguntar y obtener una respuesta sobre el destino final dado a su dinero". En definitiva, él acusado (aunque de forma legítima y conforme con su derecho de defensa) es lo cierto que voluntariamente la evitó, no se esforzó tampoco y personalmente en aminorar o en cierto modo intentar reparar moralmente el daño causado, lo que hace que su conducta sea aún más reprochable. Añadimos, y además cobra especial significación, el intenso daño causado a algunos de los perjudicados (en concreto, podemos referir a Dña. Soledad y a D. Ezequias, quienes contando con hijos pequeños y escasos recursos económicos, quedaron por la apropiación de la cantidad de 74.495,05 euros en una situación económica muy difícil y se habrían visto obligados a pedir ayudas a terceros para el desarrollo habitual de su economía familiar) y que, en cierto modo, entendemos que si él hubiera efectuado una consignación económica más elevada posiblemente se habría visto aminorado o incluso evitado ese sufrimiento a esos particulares perjudicados. Es decir, ni siquiera y pudiendo ser fácil haber dado unas razones o explicación, cabe mantener que él intentase o se esforzase en una restauración de tipo moral para con los perjudicados.

En consecuencia y ante todo lo expuesto no cabe ni resulta tampoco razonable apreciar la atenuante de reparación del daño pretendida.

Quinto.- Dado que nos encontramos con la existencia de una continuidad delictual plural, con la concurrencia en el acusado de una atenuante y lo establecido en el art.66.1ª del Código Penal (se aprecia la circunstancia atenuante analógica de la confesión tardía), a la vez que atendiendo al importe total apropiado (cercano a 1.500.000 euros), al elevado número de perjudicados afectados y algunos siendo personas o simples particulares a los que con su acción de apropiación, el quebranto económico provocado ha resultado especialmente negativo en sus vidas y economías familiares, procede imponer al acusado Alexis por el delito continuado de apropiación indebida la pena de CINCO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de MULTA DE DIECISEIS MESES CON CUOTA DIARIA DE 10 EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas ( art. 53 CP). Se impone también la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIÓN DE PROCURADOR O ABOGADO, por tener relación directa con los delitos cometidos y dado lo establecido en el art. 56.1 y 2 del Código Penal.

Por el delito continuado de deslealtad profesional procede imponer al acusado la pena de MULTA DE 16 MESES CON CUOTA DIARIA DE 10 EUROS y la INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE PROCURADOR Y ABOGADO DURANTE EL TIEMPO DE DOS AÑOS,SEIS MESES Y 1 DÍA.

Aunque existe un concurso ideal de delitos del art.77nº 1 y 2 del CP, resulta más beneficioso para el acusado penar por separado ambos delitos.

Sexto.- De conformidad con lo señalado en los artículos 109 y siguientes del Código Penal y art.100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo responsable penalmente de un delito lo es también civilmente, consistiendo la acción civil en la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios, tanto materiales como morales, conforme a los arts.110, 111, 112 y 113 del Código Penal.

En conformidad con lo expuesto, es claro y evidente que el acusado, responsable penal de los delitos Alexis resulta también responsable civilmente. Deberá indemnizar a los perjudicados en las cuantías reclamadas, cantidades que se verán incrementadas con los intereses legales correspondientes y previstos en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, la controversia surge en relación a la responsabilidad civil directa y solidaria de las compañías de seguros "CATALANA OCCIDENTE, S.A., de Seguros y Reaseguros" y de "CASER SEGUROS".

1).-En primer lugar, con respecto a " CATALANA OCCIDENTE S.A.":

Como antes hemos señalado y documentalmente consta acreditado que, el Colegio de Procuradores de Cáceres tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil profesional a favor de todos sus colegiados con SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A., de Seguros y Reaseguros con fecha de inicio el día 1 de abril de 2015 con vigencia de un año, que fue renovada sucesivamente hasta el día 1 de abril de 2021 ( como consta en los acontecimientos 367 y 368 del rollo de Sala y en el acontecimiento nº 45 del Juzgado de Instrucción).A partir de ese último momento, el Colegio dejaría de concertar póliza de responsabilidad civil profesional(acontecimiento 378 del rollo de Sala).

A su vez, el acusado en su condición de procurador de los Tribunales del Colegio de Cáceres, tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil profesional con esa misma compañía desde el día 1/4/2015, con vigencia de un año y sucesivamente renovado hasta el 1/4/2020 (se aporta en la propia vista oral el suplemento correspondiente al último año).

En ambas pólizas el interés asegurado, aparte de otras coberturas en la Póliza del Colegio, es la responsabilidad civil profesional con un límite de cobertura de 750.000 euros por siniestro y año. La póliza del citado Colegio tiene un conjunto de exclusiones y entre ellas la indicada en la cláusula 13, estableciendo que:" las reclamaciones por hechos intencionados, dolo, fraude, por haber ocasionado el daño a consecuencia de desviarse a sabiendas de la Ley o de las instrucciones de clientes o personas autorizadas por ellos, así como de cualquier deber profesional". Dicha cláusula no está firmada, aceptada expresamente o resaltada en la póliza ( art.3 de la Ley de Contrato de Seguro).

En cuanto, la ampliación o suplemento firmada por el acusado, hay un apartado de "delimitación del riesgo" que establece que al ser las presentes garantías complementarias de otra póliza (la contratada por el Colegio de Procuradores),"serán de aplicación íntegramente las condiciones que en la misma se contemplan".

La defensa de CATALANA OCCIDENTE S.A., alega que los hechos dolosos carecen de cobertura por lo que considera que no existe responsabilidad civil directa de su representada, afirmando que el seguro no puede cubrir una actividad delictiva.

Al respecto este Tribunal ya se ha pronunciado en otras ocasiones por él enjuiciadas. En concreto y recientemente en la sentencia 47/23 de 16 de marzo del presente año, en un supuesto de administración desleal, si bien queriendo puntualizar esta Sala que en la misma nunca se ha afirmado (como indicó la defensa del acusado)que "sea cierto que un seguro pueda cubrir una actuación delictiva en todo caso", sino que en esa resolución expresamente se indicó que "el seguro cubre conductas delictivas imprudentes".

Siendo ello así porque el art.19 de la Ley de Contrato de Seguro excluye el dolo del asegurado ( la "exceptio doli").

Sobre el particular, existe una amplia jurisprudencia estableciendo la responsabilidad civil de la compañía de seguros que tenga asegurado dicho riesgo cuando se derive de una actuación dolosa del asegurado, sin perjuicio del derecho de la compañía a repetir frente a dicho asegurado. Así, positivamente, lo establece el art.117 del Código Penal y el art.76 de la propia Ley de Contrato de Seguro.

Destacamos la STS de 7/7/2021, referida a un delito de apropiación indebida cometido por un abogado (supuesto similar al que nos ocupa) y en la que nos viene a decir :"...el art.117 del Código Penal establece la acción directa de los perjudicados contra el asegurador, al señalar que "los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda". Y la legislación específica en materia de seguros también reconoce esta acción directa en el art.76 de la Ley 50/80, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, respecto al seguro voluntario.

El reconocimiento de la acción directa se produjo originariamente por la jurisprudencia, sin embargo, se limitaba a los casos de seguro voluntario ( STS, Sala 2ª, de 18 de marzo de 1987), respondiendo en casos de seguro obligatorio la aseguradora de forma subsidiaria, pero el art.117,introducido en el Código Penal de 1995,no establece diferencia alguna en cuanto al tipo de cobertura, por lo que la acción directa contra el asegurado se da en ambos casos. Así se reconoce a los perjudicados, no ya la facultad de ejercer un derecho del asegurado, sino un verdadero "derecho propio" frente al asegurador, en palabras de la STS 225/2007, de 21 de marzo", el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados".

En consecuencia, los perjudicados pueden dirigirse directamente contra el asegurador, contra el asegurado, o contra ambos, existiendo entre ellos responsabilidad solidaria (...) Facultad que le es extensiva al Ministerio Fiscal en virtud de lo dispuesto en el art.108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal..."

Más recientemente, la STS de 11 de mayo de 2023, nos dice : "...que lo que prohíbe el principio de la inviabilidad de indemnizar los daños voluntarios es que "el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una determinada fuente de riesgo que garantice a las mismas un nivel básico de cobertura frente a los daños sufridos, con independencia de que el origen del daño sea un ilícito civil o penal, doloso o culposo. La diferencia no afecta a la víctima, pero sí al autor: si el comportamiento causante del daño fue culposo, el seguro ampara a la víctima sin posibilidad de repetición, es decir, que también exonera al causante del daño de su responsabilidad civil. Si el acto es doloso, el seguro ampara igualmente a la víctima, pero se puede repetir contra el causante del daño, pues al ser doloso el acto la responsabilidad del causante no se elimina con el pago del seguro, sino que se le exige por el asegurador..."

Y precisamente en nuestro caso, si bien la póliza de seguros excluye los daños intencionados (como ya se ha indicado) se refiere exclusivamente frente a quien los ha producido, pero ello no excluye la responsabilidad civil de la aseguradora de los causados por el asegurado a terceros, que sean consecuencia de la comisión del delito, ya que se trata de una cláusula limitativa de derechos que debe atenerse a las prescripciones del art.3 de la Ley de Contrato de Seguro, que en este supuesto, no las cumple, pues la exclusión no está expresamente firmada por el tomador y resaltada. A la compañía de seguros, CATALANA OCCIDENTE S.A., se le reserva el derecho de repetición cuando se hubiese incluido en la póliza una cláusula específica excluyendo ese riesgo, tal y como aquí ocurre, al reputarla limitativa de derechos, no oponible frente a los perjudicados.

En consecuencia, esa primera objeción de la citada aseguradora no puede ser estimada y resultando que la póliza (originaria con el Colegio de procuradores) tuvo eficacia entre el 1 de abril de 2015 (renovada sucesivamente año por año) y el 1 de abril de 2021 y a su vez, el complemento o ampliación concertado por el propio acusado, entre el 1 de abril de 2015 y el 1 de abril de 2020 .Es decir, son períodos que se corresponden a los momentos en que suceden gran parte de los siniestros objeto de aseguramiento y sin que ninguno supere el límite fijado por siniestro y año. Recordamos que la querella presentada por DIRECCION016., fue admitida por auto de fecha 4/2/2020.

En cuanto a la invocación de la cláusula "claim made" e introducida en el párrafo segundo del artículo 73 por la Ley 30/1995,8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, es una cláusula muy polémica que busca desplazar la deuda de responsabilidad civil al momento en que se produce la reclamación, al margen del seguro vigente al producirse el siniestro. La STS de 20 de octubre de 2020 explica el límite temporal de las pólizas de seguro, al indicar que:"...en las pólizas de responsabilidad civil es habitual que transcurra un plazo de tiempo más o menos dilatado entre la producción del siniestro asegurado y la reclamación del asegurado o perjudicado. Ante esta realidad del aseguramiento se han venido utilizando distintos criterios en la práctica aseguradora:

1.-El criterio del hecho causante (action commited basis), la póliza cubre los daños asegurados que se causaran durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuando se reclamen o manifestaron los daños.

2.-El criterio de la exteriorización del daño (los ocurrence basis),el seguro cubrirá aquellos daños manifestados durante la vigencia de la póliza, sin importar el momento temporal en que se produjo el hecho causante o se efectuó la reclamación.

3.-Y el tercer criterio es el de la reclamación (claim made basis), conforme al cual se cubren los siniestros que se reclamen durante la vigencia de la póliza sin consideración al momento en que se produjo el hecho causante o se hubiese exteriorizado el daño.

Estas últimas cláusulas de limitación temporal de la cobertura no fueron inicialmente contempladas en la LCS, aunque con posterioridad se incorporaron a su articulado, mediante la reforma llevada a efecto por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Por imperativo legal y según reiterado criterio jurisprudencial las cláusulas "claim made" se consideran limitativas, hallándose, en la actualidad, expresamente previstas en el art.73 II de la LCS. En estos casos, no es suficiente la realización del siniestro, sino que además se produzca la reclamación del perjudicado dentro del plazo contractualmente previsto. Admiten dos modalidades distintas; así pueden ser prospectivas o de futuro, a las que se refiere el primer inciso del art.73 II LCS; y retroactivas o del pasado, del segundo inciso de tal precepto.

Para su admisión, el párrafo segundo del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro impone un límite temporal mínimo de un año en las prospectivas (que la reclamación del perjudicado haya tenido lugar dentro de un período de tiempo, no inferior a un año, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración) y también un límite mínimo de un año en las retroactivas (los supuestos en que la reclamación del perjudicado tenga lugar durante el período de vigencia de la póliza siempre que, en este caso, tal cobertura se extienda a los supuestos en los que el nacimiento de la obligación de indemnizar a cargo del asegurado haya podido tener lugar, con anterioridad al mismo, al menos, de un año desde el comienzo de los efectos del contrato, y ello aunque dicho contrato sea prorrogado)..."

La STS de 26 de abril de 2018 fija la siguiente doctrina jurisprudencial: "...El párrafo segundo del art.73 de la Ley de Contrato de Seguro, regula dos cláusulas limitativas diferentes, cada una con sus propios requisitos de cobertura temporal, de modo que para la validez de las de futuro (inciso segundo)no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la validez de las retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones posteriores a la vigencia del seguro..."

En el caso de CATALANA OCCIDENTE S.A., en el punto 8 de las condiciones particulares "delimitación temporal de la cobertura" (páginas 9 y 10), limita la cobertura de la póliza a "las reclamaciones presentadas por primera vez contra el asegurado o asegurador durante el período de vigencia de la póliza, siempre y cuando:

-Dichas reclamaciones tengan su fundamento en un error, falta profesional o negligencia cubierta por esta póliza, y ello:

-Aunque el error, falta profesional o negligencia haya sido cometido por el asegurado antes de la fecha de efecto del seguro.

-Por el contrario, una vez rescindida o vencida y no renovada la póliza el Asegurador no vendrá obligado a asumir ningún siniestro cuya reclamación sea presentada al Asegurador después de la fecha de rescisión o vencimiento del contrato..."

Contiene una cláusula de validez de reclamaciones retroactivas o retrospectivas sin límite temporal, siempre que la reclamación se presente durante la vigencia del contrato y censura toda posibilidad de reclamaciones prospectivas o de futuro, lo que es contrario a una norma imperativa, como es el art.73, párrafo segundo de la Ley de Contrato de Seguro, de modo que la cláusula es nula.

Por ello, CATALANA OCCIDENTE S.A., responde no sólo de las reclamaciones por siniestros ocurridos antes del 1 abril de 2015, sino también de los posteriores al 1 de abril de 2015, cualquiera que sea su fecha, si el siniestro ocurrió durante la vigencia de las pólizas y sus prórrogas. En conclusión, ante la nulidad de la cláusula estamos al criterio del hecho causante (action commited basis), la póliza cubre los daños asegurados que se causaran durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuando se reclamen o manifestaren los daños.

En consecuencia, procede declarar su responsabilidad civil directa y solidaria con el acusado respecto de las reclamaciones de los siguientes perjudicados:

1º.- DIRECCION019: la cantidad total de 698.891,68 euros.

2º.- DIRECCION016. (anteriormente, DIRECCION026.):la cantidad total de 276.449,28 EUROS.

3º.-D. Cosme, D. Cirilo y DÑA. Sandra: la cantidad total de 22.583,79 EUROS, a razón de 7.527,93 euros a cada uno de los tres hermanos.

4º.-DÑA. Soledad y D. Ezequias: la cantidad total de 74.495,05 EUROS.

Puntualizamos que respecto el Procedimiento Ordinario 58/2015 y Procedimiento Ejecutivo 225/17 -en los que intervino como su procurador el acusado-el mandamiento fue entregado al acusado y cobrado el día 5/12/2017.

5º.-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL " DIRECCION017": la cantidad total de 4.115,47 EUROS.

Interviene en cualidad de procurador en el Procedimiento 53/2018 y el día 6/11/2019 cobra el mandamiento de pago.

6º.- Beatriz: la cantidad total de 91.350,83 EUROS (por las lesiones sufridas). El mandamiento de pago fue cobrado por el acusado el 30/7/2019 (lo reconoció y documentalmente consta la transferencia efectuada a la propia cuenta bancaria del acusado)

7º.- DIRECCION000: la cantidad total de 6.077,83 EUROS.

También y en este supuesto el acusado el dinero de su representado lo ingresa en su propia cuenta bancaria (acontec.883)

8º.- DIRECCION010.,: la cantidad total de

17.712,15 EUROS.

El acusado cobra y hace suyo el dinero de su representado el día 20/12/2019

9º.- La entidad bancaria DIRECCION014: la cantidad total de 32.887,73 EUROS.

El acusado actúa en su representación en la Ejecutoria 132/2016.

10º.- DIRECCION011 (actualmente DIRECCION007):la cantidad total de 204.039,14 EUROS.

Las documentales aportadas igualmente acreditan su actuación como procurador en los procedimientos judiciales (ya referenciados) y el propio acusado reconoce la apropiación consiguiente del dinero de su cliente (acontecimientos 45,882,883)

11º.-DÑA. Belinda: la cantidad total de 28.102,71 EUROS, que el acusado cobró e hizo suyos. Se expide el mandamiento de pago y lo cobra el acusado el 7/1/2020 (acontecimientos 882 y 883, doc.5).

12º.-D. Roberto: la cantidad total de 3.533,08 EUROS.

El acusado cobra el mandamiento el 22/1/2019 y se lo apropia (acontecimiento 883, Doc 9).

13º.- DIRECCION012.: la cantidad total de 3.000 EUROS.

Procedimiento C. 578/17 de la Sala de lo Contencioso del TSJE.

14º.- DIRECCION013.: la cantidad total de 3.254,40 EUROS.

Mandamiento de pago y apropiación del dinero el día 2/9/2020 (acontecimiento 883, documento 11)

15º.- DIRECCION008.: la cantidad total de 3.119,46 EUROS.

Puntualmente, consta el cobro indebido (acontecimiento 883, doc 13)

16º.-Respecto de los perjudicados representados por el procurador D. Federico García-Galán González:

- DIRECCION002. : la cantidad total de 2.038,52 EUROS.

-.D. Aureliano :la cantidad total de 4.117,55 EUROS.

- DIRECCION001):la cantidad total de 36.159,95 EUROS.

-MANCOMUNIDAD DE AGUAS DIRECCION004: la cantidad total de 16.471,92 EUROS.

-AYUNTAMIENTO DE DIRECCION020: la cantidad total de 2.931,04 EUROS.

- DIRECCION021.: la cantidad total de 1.000 EUROS.

.-D. David: la cantidad total de 600 EUROS.

Consta igualmente en la documental ya referida y aportada (acontecimiento 2520) que actuando en su representación procesal el acusado en diferentes procedimientos judiciales seguidos en la Sala de lo Contencioso del TSJ, él se habría apropiado del dinero en los años 2018 y 2019.

17º.- AYUNTAMIENTO DE DIRECCION015: la cantidad total de 20.066,10 EUROS.

18º.- DIRECCION018: la cantidad total de 7.350,51 EUROS.

Actúa el acusado en su representación procesal en los Procedimientos ordinarios 59/2014,404/2014 y 405/2014, seguidos todos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJE y en los acontecimientos 1176 y 1177 consta (en particular, en los documentos 2 al 7 y en el número 11)"las tres Diligencias de ordenación" informando de que en fechas 7/9/2015,2/5/2017 y 18/12/2012 se habían entregado entregado al procurador(al acusado)los correspondientes mandamientos de devolución por los importes referidos.

2.-)Respecto de CASER SEGUROS (y recordando que a partir del 1/4/2015 es cuando por el Colegio de Procuradores de Cáceres no renueva la póliza con ella y se pasa a concertar el seguro con Catalana Occidente),se han aportado las pólizas anuales (acontecimientos 367 y 368 del rollo de Sala) que establecen la vigencia del seguro de responsabilidad civil profesional a favor de todos los procuradores colegiados desde el 1 de abril de 2011 hasta el 1 de abril de 2015, con sus ampliaciones y suplementos correspondientes del procurador acusado (documento 5 del acontecimiento 368 y donde se observa su nombre en el listado).Es una póliza de responsabilidad civil profesional, aparte de otros riesgos asegurados, con un límite en este concepto por siniestro asegurado y año de seguro de 450.000 euros (acontecimientos 368 del rollo de Sala y 2965 del Juzgado de Instrucción).

Las condiciones particulares no tienen cláusula delimitadora temporal del riesgo, por tanto no se cumple con la obligación impuesta por la jurisprudencia en cumplimiento del art.3 de la Ley de Contrato de Seguro de que la cláusula limitativa esté expresamente firmada.

En las condiciones generales (página 25) aparece el siguiente concepto:

"1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL SEGURO.

Quedan amparadas por la póliza las reclamaciones formuladas por el Tomador del seguro, al Asegurado o directamente al Asegurador, durante el período comprendido entre las fechas de efecto y terminación de la póliza, a consecuencia de daños cuya ocurrencia haya tenido lugar durante dicho período. Una vez extinguida la póliza, a consecuencia de daños cuya ocurrencia haya tenido lugar durante dicho período. Una vez extinguida la póliza, el Asegurador amparará las reclamaciones producidas durante los 12 meses siguientes a dicha cancelación por daños causados durante el período contractual".

Teóricamente como veremos, la cláusula es válida en cuanto que respeta la reclamación a futuro con un espacio temporal de un mínimo de un año, pero no oponible a terceros, en cuanto que no está firmada y aceptada expresamente por el tomador del seguro.

La STS de 16 de junio de 2022 (citada por la propia defensa de Caser Seguros) considera "esta cláusula válida y oponible a terceros perjudicados, al desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produzca la reclamación. Ahora bien, dada su naturaleza limitativa, debe aparecer destacada de forma especial en la póliza y ser además específicamente aceptada por escrito (F.J.3º.Así, indica "por imperativo legal y según reiterado criterio jurisprudencial las cláusulas "claim made" se consideran limitativas, hallándose en la actualidad, expresamente previstas en el art.73 II de la LCS. En estos casos, no es suficiente la realización del siniestro, sino que además se produzca la reclamación del perjudicado dentro del plazo contractualmente previsto. Admiten dos modalidades distintas; así pueden ser prospectivas o de futuro, a las que se refiere el primer inciso del art.73 II de la LCS; y retroactivas o del pasado, del segundo inciso del tal precepto (...)

Por consiguiente, no ofrece duda la validez de las cláusulas de limitación temporal de la cobertura pactadas con las compañías demandadas, así como el carácter limitativo de las cláusulas "claim made" del condicionado general de las pólizas (...)

Y termina indicando: "...En definitiva, la cláusula "claim made" que invoca la recurrente, con previsión legal en el art.73.2 LCS, es oponible al perjudicado, en cuanto configura los términos objetivos de la cobertura del contrato de seguro, al desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produzca la reclamación. Lógicamente, dada su naturaleza limitativa, en cuanto se ajusta a lo dispuesto en el art.3 de la LCS, es decir que aparezcan destacadas de modo especial en la póliza y sean específicamente aceptada por escrito..."

En este caso y como hemos adelantado, ni está expresamente aceptada ni ella destacada, ni siquiera está en las condiciones particulares.

En consecuencia, CASER SEGUROS, responderá de las reclamaciones posteriores por siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato, cualquiera que sea la fecha. Si bien y teniendo en cuenta que sólo el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas ejercidas en nombre de " DIRECCION010".; " DIRECCION001, Mancomunidad DIRECCION004, Ayuntamiento de DIRECCION020, DIRECCION021.,D. David, DIRECCION002. y D. Aureliano" y la entidad DIRECCION014, habrían solicitado su condena (aunque y advertimos que, en sus respectivos escritos de acusación no hay una referencia expresa y nominal, sino una referencia en general a "demás compañías de seguros que puedan resultar responsables por tener concertada póliza con el Colegio de Procuradores de Cáceres), por lo que es evidente que únicamente responderá de los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza de esos perjudicados que hayan ejercido la acción directa con ella, esto es y respecto de las reclamaciones de algunos de esos perjudicados.

No obstante y como antes hemos señalado no queda debidamente acreditado que por el acusado y, en lo que afecta a los indicados perjudicados, haya procedido a la apropiación del dinero de sus representados dentro de los períodos de vigencia de la póliza suscrita con Caser Seguros S.A., y cuando a la misma, efectivamente, sí le habría correspondido hacer frente a la responsabilidad civil.

En consecuencia, no procedería declarar responsabilidad civil directa y solidaria de la citada entidad aseguradora.

Respecto a la también perjudicada, Dña. Guadalupe, indicamos que la misma ha renunciado a la indemnización que le pudiera corresponder.

Séptimo.-Finalmente nos queda por analizar y resolver sobre la posible responsabilidad civil subsidiaria del " DIRECCION006."

Destacamos al resolver esta cuestión que, única y exclusivamente son las acusaciones particulares ejercidas por la entidad bancaria DIRECCION019.; por la entidad DIRECCION016.; los tres hermanos Cirilo Cosme Sandra y por Dña. Beatriz las que formulan reclamación contra ese ente bancario.

En síntesis consideran dichos perjudicados que el DIRECCION006., debe responder por "la falta de vigilancia y control de su empleado al no ser el acusado el beneficiario de cobro del mandamiento de pago y no tener poder general ni especial del respectivo perjudicado/a para el cobro de las correspondientes cantidades al mismo entregadas".

Disponiendo el art.120.3º del C.P., que: "Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionadas con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción", y siendo que, en el supuesto que ahora nos ocupa, no consta identificado ni imputado o investigado empleado o dependiente alguno del DIRECCION006., y que, a su vez, el único acusado aquí enjuiciado no guarda vínculo laboral alguna con esa entidad bancaria, es evidente que no cabe declarar la responsabilidad civil pretendida por dichas acusaciones.

Cabría añadir además y como se revela por la documental aportada por el DIRECCION006 con su escrito de defensa (acontecimiento 379 y documentos números 1,2 y 3) y, en particular, en lo afectante a DIRECCION019., a DIRECCION016., los hermanos Cirilo Cosme Sandra que ya se aporta en ese momento y respecto de cada uno de ellos el "correspondiente poder del procurador", el cual ostentado podría ser presentado por el acusado en el momento que acudió a la oficina del banco para hacer efectivo el correspondiente mandamiento de pago.

Respecto de la perjudicada Dña. Beatriz la prueba anticipada practicada (Acontec.401 del rollo de Sala) está integrada por el poder otorgado por el marido a favor del procurador acusado, pero recordamos que la citada perjudicada y en aquel momento del otorgamiento se encontraba ingresada en el Hospital de Cáceres ( por el accidente sufrido y que dio lugar al procedimiento seguido en el Juzgado nº 4 de esta ciudad) y aunque es lo cierto que la Sra. Beatriz expresamente no otorgó el poder tampoco nos consta su oposición, sino más bien lo contrario y ella resultando conforme con la actuación de su marido, pues nunca en el desarrollo del procedimiento judicial lo revocó ni hizo alegación alguna en su contra.

A esas razones expuestas e intensificando esa conclusión absolutoria respecto del DIRECCION006., también cabe añadir las circunstancias o contexto particularizado en los que suceden esos hechos y en los que precisamente el acusado, acude al DIRECCION006 a cobrar los diferentes mandamientos de pago. Es decir, y tampoco se puede olvidar que nos encontramos en una ciudad pequeña, donde la mayoría de la gente se conoce y especialmente quiénes por su profesión se ven obligados a acudir habitualmente o de un modo más frecuente a las diferentes entidades bancarias de esta ciudad. En este caso, nos encontramos con que el acusado es un procurador que lleva ejerciendo dicha profesión muchos años (manifiesta en su declaración que desde hace más de 25 años), su trabajo parecería que habría sido incluso intenso cuando ocurren los hechos y múltiples los procedimientos judiciales que en tal cualidad él habría intervenido y acudido en esa condición, en más de una ocasión físicamente al DIRECCION006, dónde el mismo y sin dudas ya resultaba o era conocido en tal cualidad profesional.

En definitiva, todas esas cuestiones expuestas impiden la declaración de responsabilidad civil del DIRECCION006.

Octavo.-El art. 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta. Siendo condenatoria la presente sentencia es procedente imponer al acusado al que se condena las costas de esta instancia, en el modo y forma en que se acuerda en la parte dispositiva de la presente resolución.

Vistos los preceptos citados, los artículos 1, 15, 27, 28, 33, 50, 58, 61, 66, 109 a 122, 123 y 124, 250, 253, 467 del Código Penal y 141, 142, 203, 239, 240, 741, 742 y 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español