Sentencia Penal 84/2023 Audiencia Provincial Penal de Cantabria nº 3, Rec. 63/2022 de 16 de enero del 2023

PRIMERO.- PLANTEAMIENTO. Tras un minucioso estudio del conjunto de la prueba practicada en el acto del Juicio oral, la Sala, apreciando en conciencia la citada prueba practicada y atendiendo las razones expuestas por la acusación y la defensa así como lo manifestado por la misma acusada conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha llegado al razonable, pleno y absoluto convencimiento con el grado de certeza exigible en materia penal, fuera de toda duda razonable, de que los hechos enjuiciados, relatados como probados en esta Sentencia, son legalmente constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1, 250.1.5º y 250.2 in fine en relación con el artículo 74.2 del Código Penal y, un delito continuado de falsedad contable del artículo 290 en relación con el artículo 74.1 del Código Penal, al haberse apropiado DOÑA Delia en numerosas ocasiones y a lo largo de varias anualidades de la cantidad total de 436.375 euros procedente de la Caja de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" y que pretendía justificar con posterioridad para no ser descubierta realizando alteraciones consistentes en la modificación de asientos contables de compra de vehículos y piezas para el desguace, introduciendo un importe superior al inicialmente registrado en la contabilidad que reflejaba el importe real que constaba en el documento de compra. Asimismo, apropiándose de dinero de la Caja de la Cooperativa que pretendía ocultar realizando, también en numerosas ocasiones, alteraciones en la contabilidad consistentes en la introducción de asientos contables de gastos ficticios supuestamente pagados por caja, que no respondían a la realidad, al no haberse producido tales operaciones.

SEGUNDO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA EN EL PLENARIO Y CONSTATACIÓN DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 253.1 Y 250.2 IN FINE EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 74.2 DEL CÓDIGO PENAL Y UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD CONTABLE DEL ARTÍCULO 290 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO74.1 DEL CÓDIGO PENAL . A estas conclusiones se llega conforme a la prueba practicada y, particularmente de la prueba testifical de DON Cecilio, DOÑA Yolanda, DON Cipriano, DOÑA Marí Luz, DON Damaso, DOÑA María Inmaculada, DON Edmundo, DON Eleuterio, DON Eloy, DON Enrique, y, DOÑA Andrea, de la prueba pericial practicada por los peritos DON Eutimio , autor del Informe pericial contable y adenda y DON Fabio , autor del Informe pericial informático así como de la prueba documental aportada conforme razonaremos seguidamente.

A) Participación de la acusada en la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" como trabajadora cooperativista, miembro del Consejo Rector de la misma, Secretaria de dicho Consejo Rector, apoderada de la Cooperativa y, en consecuencia, administradora de la Cooperativa.

El primer hecho descrito en el relato de Hechos probados referente a que DOÑA Delia desde el año 1998 y hasta 2019 fue trabajadora cooperativista de la Sociedad Cooperativa Reto a la Esperanza, perteneciendo gran parte de ese tiempo al Consejo Rector de la sociedad asumiendo la condición de Secretaria de tal órgano desde el año 2007 (folio 34 vuelto a 38 de las actuaciones - Tomo 1) y teniendo incluso desde el año 2015 la condición de apoderada de la entidad así como que la acusada era una persona de la máxima confianza de los demás cooperativistas y responsables de la entidad, y quien de hecho ejercía como gerente de la cooperativa en Santander desempeñando las máximas funciones en el ámbito contable y administrativo así como que era la única persona con acceso a las cajas de efectivo de la cooperativa en Santander, firmando los arqueos de caja cuando estos se llevaban a efecto, y quien tenía el control de la contabilidad de la sociedad a través de la aplicación informática de gestión empleada ha quedado contundentemente acreditada por la prueba testifical practicada de DON Cecilio, DOÑA Yolanda, DON Cipriano, DOÑA Marí Luz, DON Damaso, DOÑA María Inmaculada, DON Edmundo, DON Eleuterio, DON Eloy, DON Enrique, y, DOÑA Andrea que han relatado minuciosamente la actividad y desarrollo de dichas funciones dentro de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA". Hechos que han quedado asimismo acreditados por la prueba documental aportada e incluso por la prueba pericial practicada en cuanto se informa de la participación de la misma en el programa informático de gestión de la empresa como usuaria número NUM001 y por su actividad en la contabilidad de la cooperativa, incluso firmando los arqueos de caja. Además de toda esta contundente prueba mencionada acreditando estos hechos es lo cierto que la acusada ha admitido la mayor parte de los mismos.

En consecuencia, podemos afirmar que estos hechos han quedado plenamente acreditados.

En cuanto a la citada prueba documental hay que destacar como consta contrato de trabajo por tiempo indefinido de la acusada con la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" de fecha 2 de noviembre de 1998 y Anexos (folios 15 a 21 de las actuaciones - Tomo 1). Consta que la acusada era socia cooperativista de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" (folio 22 de las actuaciones - Tomo 1). Consta comunicación a la acusada de su suspensión de empleo con fecha 5 de diciembre de 2018 (folio 24 de las actuaciones - Tomo 1).

Consta Acta del Consejo Rector de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" de fecha 7 de mayo de 2019 con el orden del día referente a la lectura, exposición y debate del Informe emitido por el instructor del Expediente disciplinario seguido en relación con la antes Secretaria del Consejo Rector cesada en la Asamblea de fecha 28 de enero de 2019, DOÑA Delia (folios 22 a 31 de las actuaciones - Tomo 1) y Acta de dicho Consejo Rector de fecha 14 de junio de 2019 por el que se ejecuta el Acuerdo de sanción disciplinaria de DOÑA Delia consistente en la expulsión como socia cooperativa (folio 32 vuelto y 33 de las actuaciones - Tomo 1).

Consta Escritura pública notarial de elevación de acuerdos sociales de fecha 8 de noviembre de 2007 en el que DOÑA Delia interviene como Secretaria del Consejo Rector en nombre y representación de "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" conforme a la facultad concedida por Acuerdo de la Asamblea General y del Consejo Rector de dicha Cooperativa, tomados en sus respectivas reuniones celebradas con fecha 29 de junio de 2007, según justifica la compareciente mediante las correspondientes certificaciones ante el Notario actuante (folio 34 vuelto a 38 de las actuaciones - Tomo 1).

Asimismo, constan otras Escrituras y Acuerdos en que la acusada interviene como Secretaria del Consejo Rector (folios 39 a 42 y 47 a 50 de las actuaciones - Tomo 1).

Consta Escritura pública notarial de nombramiento de miembros del Consejo Rector de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" de fecha 2 de septiembre de 2015 en el que DOÑA Delia interviene como Secretaria del Consejo Rector en nombre y representación de "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" conforme a la facultad concedida por Acuerdo de la Asamblea General y del Consejo Rector de dicha Cooperativa, tomados en sus respectivas reuniones celebradas con fecha 26 de junio de 2015, según justifica la compareciente mediante las correspondientes certificaciones ante el Notario actuante en la que consta asimismo que DOÑA Delia es nombrada también miembro del Consejo Rector por cinco años habiendo aceptado el cargo (folio 43 vuelto a 46 de las actuaciones - Tomo 1).

Consta Escritura pública notarial de 10 de julio de 2015 en el que la acusada DOÑA Delia , interviniendo como Secretaria del Consejo Rector de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA", en ejecución de los Acuerdos adoptados por dicho Consejo Rector de fecha 22 de junio de 2015, sela confiere poder general , tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario a favor de DOÑA Delia y, en concreto con las siguientes facultades:

""a) Llevar la firma y representación dela Sociedad Cooperativa.

b) Abrir, continuar, disponer de cuentascorrientes, Libretas de Ahorro en cualesquieraBancos o Cajas de Ahorro, ingresando o retirando cantidades, firmando talones, cheques, órdenes de pago y transferencias, hasta el límite de 36.060 euros. Por encima de dicho limite, se requiere la firma mancomunada, de al menos dos Apoderados cualesquiera de la Sociedad Cooperativa.

c) Seguir y firmas la correspondenciapostal y telegráfica; retirar la ordinaria, certificada y valores declarados, paquetes postales y demás envíos de objetos por Correo, agencias de transportes o Compañías aéreas o marítimas; cobrar cantidades remitidas por giro postal o telegráfico.

d) Decidir y llevar a cabo los actos que sean precios para la consecución del objeto de la sociedad y para la debida ejecución de los contratos en que se encuentre interesa la Cooperativa.

e) Nombre [nombrar] y separar todo elpersonal que depende de la Cooperativa , la contratación de los delegados, representantes, agentes, distribuidos y comisionistas, finando sus condiciones y atribuciones, sueldos, comisiones, incentivos, gratificación y recompensas extraordinarias, así como su partición en los beneficios sociales cuando lo estime oportuno, incluso nombrando y revocandoapoderados, banqueros, corresponsales, asesores, Procuradores, Agentes y demás, y determinando sus atribuciones, obligaciones y facultades.

f) Representar del modo más absoluto ala Cooperativa, respecto a entidades bancarias, y suscribir cuantos documentos exige laordenación de los Bancos oficiales y privados, incluso el de España, para las operaciones de ingreso y solicitud de extractos y saldos bancarios, con facultades para impugnar y aprobar los saldos que, respecto a cuentas corrientes o de crédito, presenten aquellos.

g) Representar a la Cooperativa antetoda clase de Autoridades, Funcionarios,Organismos y Tribunales, incluso el Supremo, ejercitando cuantas acciones le competan o desistiendo de ellas en cualquier instancia, asi como someter los asuntos en que se encuentre interesada la Cooperativa a transacciones y amigables componedores, árbitros y dirimentes, aun sin sujeción a las formalidades prescritas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Arbitraje.

h) Representar a la Cooperativa en suspensiones de pagos, concursos de acreedores y quiebras, intervenir en las Juntas de Acreedores, dar conformidad o convenios de los deudores, modificarlos, hacer proposiciones de convenio y cuento establecen las leyes en esta clase de procedimientos.

I) Para todos los efectos anteriores, suscribir y firmar cuantos documentos públicoso privados sean necesarios o convenientes.

J) Solicitar y obtener de la Autoridad Publica de Certificación Español, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, el certificado de firma electrónicaexpedido por la misma para la presentacióntelemática de declaración o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, así como solicitar y obtener el referido certificado de cualquier Organismo que actualmente competente para la expedición del referido certificado, así como realizar cuantosactos o subscribir cuantos documentos público oprivados tengan relación con la presentacióntelemática de declaraciones".

Facultar indistintamente a la Secretaria del Consejo Rector, Doña Delia, o a cualquiera de los Apoderados de la Sociedad para que ante Notario de su libre elección y otorgue cuantos documentos públicosy privados fusen precioso, incluso escriturasde subsanación, rectificación o complemento,hasta lograr la total ejecución de lospresentes acuerdos sociales" (folios 51 a 57 de las actuaciones - Tomo 1).

A la vista de estas facultades notarialmente otorgadas no puede discutirse que la acusada gozaba de amplios poderes así como de la máxima confianza del equipo directivo de la Cooperativa. Equipo directivo en el que la acusada se encontraba asimismo integrada como miembro del Consejo Rector, como Secretaria del mismo, apoderada de la Cooperativa y que ejercía de forma continua las actividades propias de gestión de la misma tal y como indiscutiblemente consta no solo por el otorgamiento de dichas escrituras públicas sino, refiriéndonos, en concreto a la actividad contable, presentando las cuentas anuales, gestionando la contabilidad, supervisando toda la actividad económica de la empresa y firmando los arqueos anuales de caja (folios 285 a 289 de las actuaciones - Tomo 2).

En consecuencia, se trata de una administradora de derecho de la Cooperativa, al menos desde el año 2007 en que actúa como secretaria de la misma e indiscutiblemente desde el año 2015 en que se la apodera tan ampliamente para gestionar la sociedad. En cualquier caso, es indiscutible que la acusada era administradora de la Cooperativa, ya fuera como administradora de derecho (secretaria y apoderada tal y como ha quedado documentalmente acreditado) o como administradora de hecho al encargarse de las gestiones y dirigir la actividad económica de la misma de manera ininterrumpida desde el año 2007 hasta el año 2018 en la forma antes descrita, entre las que destaca la firma de forma continua de los arqueos de caja anuales de los ejercicios 2014 a 2017 (folios 285 a 289 de las actuaciones - Tomo 2).

B) Sobre que la acusada era la única persona encargada de la llevanza de la Caja de la Cooperativa, de la contabilidad de la misma y la única que entraba con su clave de usuaria en la aplicación informática de gestión contable de la Cooperativa. Con carácter previo hay que adelantar que la Cooperativa tuvo conocimiento de supuestas irregularidades en la Caja por indicación que se hizo personalmente a los testigos DON Cecilio y DON Cipriano tal y como estos manifestaron en el acto del juicio pidiéndole, atendiendo a la confianza depositada en la acusada, que ésta dejara la caja de la Cooperativa para que cesaran las habladurías en dicho sentido. Ante la insistencia del Consejo Rector la acusada cesó en la llevanza de la Caja en fecha mayo de 2018. Sin embargo, fue a partir de entonces cuando la Cooperativa se percató que no se trataba de meras habladurías sino que existían evidentes irregularidades en la llevanza de la Caja y de la contabilidad de la empresa. Así, a los pocos días de cesar la acusada en dicha llevanza, la Cooperativa se percató de una supuesta liquidación ficticia de tasas de vehículos realizada por el esposo de la acusada. En este sentido consta por Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander que el esposo de la acusada DON Carlos Miguel, empleado de la Asociación Reto y apoderado tanto de la Asociación como de la Cooperativa Reto, fue condenado por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil por la liquidación ficticia de tasas de vehículos de la Cooperativa Reto (copia aportada en el acto del juicio y obrante en el Rollo de Sala).

Para la acreditación de los citados apoderamientos de dinero por parte de la acusada tenemos que remitirnos a la prueba pericial practicada así como a la prueba testifical y documental aportada.

Los testigos DON Cecilio, DOÑA Yolanda, DON Cipriano, DOÑA Marí Luz, DON Damaso, DOÑA María Inmaculada, DON Edmundo, DON Eleuterio, DON Eloy, DON Enrique, y, DOÑA Andrea han sido unánimes en que la única persona que se encargaba con exclusividad de la Caja y de la llevanza de la contabilidad era la acusada. También han manifestado que era la única que utilizaba el ordenador personal que se encontraba en su despacho y que ninguno de ellos conocía las claves personales de la acusada, que tenía asignado el acceso como usuaria número NUM001, de la aplicación informática de gestión contable de la Cooperativa. Dichos testigos también han negado tajantemente que dichas claves o contraseñas estuvieran a la vista en un post-it pegado en el monitor o al alcance de cualquiera. La manifestación de la acusada de que sus contraseñas eran conocidas y de fácil acceso no solo carece de acreditación alguna sino que, como decimos, ha sido tajantemente negado por todos los testigos miembros de la Cooperativa que han declarado por lo que la Sala no puede sino partir que la acusada era la única que tenía acceso como usuaria número NUM001 y con sus propias contraseñas a la aplicación informática de gestión contable.

En el mismo sentido consta que la acusada era la única encargada, con exclusividad, de la llevanza de la Caja y de la contabilidad de la Cooperativa como asimismo han relatado todos los testigos antes señalados. Hay que destacar la contundencia con que dichos testigos han manifestado tales hechos: la acusada era la única que se encargaba de la llevanza de la Caja y de la contabilidad. No hay siquiera indicio alguno en contrario. Hechos que asimismo han sido acreditados por el resto de pruebas practicadas tales como la documental en que consta que firmaba los arqueos de Caja (folios 285 a 289 de las actuaciones - Tomo 2), la pericial que acredita que los movimientos contables irregulares son todos efectuados con el usuario NUM001 asignado a la acusada, etc.

En este sentido, resulta conveniente resaltar las manifestaciones de dichos testigos.

El testigo DON Cecilio manifestó en el acto del juicio que es apoderado de la Cooperativa, que vivía en Barcelona y venían varias veces a Santander, que Delia llevaba todo el tema administrativo de la Cooperativa a nivel nacional, que tenían confianza en ella, que no había ninguna persona con mayor responsabilidad en materia contable que Delia, que las demás personas le ayudaban, la decisión la adoptaba Delia, que todo el dinero de la caja lo llevaba ella, ella manejaba el dinero, era la única persona con acceso a la caja, que hubo una reunión con ella en 2018 porque había rumores sobre la falta de dinero, sobre su persona, que no había dinero en la Cooperativa, y que Delia y su marido se lo estaban llevando, su marido también trabajaba en la Cooperativa, que la caja la dejó Delia en mayo de 2018, que Delia no le dijo nunca que tenía que hacer modificaciones contables, que al poco tiempo le dijeron que había una prueba evidente porque su marido había falsificado las tasas de tráfico, ponía un sello de una ferretería, que eso fue lo que llevó a mirar un poco más detenidamente las cuentas, que Delia y su marido les dijeron que sí lo estaban falsificando, que la Cooperativa manejaba mucho dinero, que Delia no se quejó de descontrol ni de efectivo, que apreciaron un nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos, que ellos hablaban de una madrina de ella que era muy generosa, que su nivel de ropa y ciertas cosas era muy alto, que los primeros rumores era que no había dinero en la caja, lo de las tasas salió después de dejar la caja, que Delia nunca pidió ayuda, que en la Asociación había gente cualificada.

La testigo DOÑA Yolanda manifestó en el acto del juicio que tenían amistad con Delia, que ésta rompió la relación, que tenía experiencia de contabilidad en la Cooperativa con Delia, que todo lo que aprendió lo aprendió de ella, que Delia era gerente, secretaria, que todo lo de las cuentas había que hablar con Delia, si había algún problema de contabilidad se hablaba directamente con ella, que los demás eran ayudantes de Delia, que ella revisaba todo, que no se quejó de tener que cuadrar las cuentas, que a la caja solo tenía acceso Delia, les decía que no podían coger dinero, ella preparaba el dinero para el banco, que es imposible añadir un cero por error, hay que hacer, no se puede hacer por error, se modificaba posteriormente, es imposible hacerlo por error, que ese error se hacía siempre en autofactura, que esas modificaciones siempre eran realizadas por el usuario NUM001 que era el de Delia, que también se modificaba un asiento ya creado y se inflaba el gasto, lo que más de repuestos, que cuando hay un error se corrige no se falsificaba, nunca se ha pedido que se modificaran asientos, que cuando Delia deja la caja ya cuadra todo, pero en Ecoreto sigue pasando porque está ella, que no ha visto las contraseñas del programa de ella, que al dejar la caja Delia surge lo de las tasas de tráfico, descargaba los impresos y ponían un sello de pagado por Carlos Miguel, el marido de Delia, y entonces se descubrió, que los arqueos anuales los firmaba ella con un auditor, que cuando se le quita la caja sigue con la contabilidad hasta noviembre, que a veces venían de BDR para ayudar a Delia, que se confiaba en Delia, que si Delia ni hubiera estado cualificada se hubiera puesto a otra persona,

El testigo DON Cipriano apoderado de la sede de Santander desde 2017, manifestó que la acusada era la persona principal en la llevanza de las cuentas, que la responsabilidad de las cuentas era de ella, que alguna vez le consultó algo a él, que todo estaba bajo la dirección de Delia [la acusada], que ella tenía una caja donde guardaba el efectivo en una caja en un cajón, que él no cogía dinero de esa caja, solo Delia podía coger dinero de esa caja, que cualquiera que necesitaba dinero se lo tenía que pedir a ella, que ella anotaba cuando alguien cogía dinero, que hasta 2018 todo el dinero llegaba en efectivo a Delia, que en mayo de 2018 se hizo cargo de la caja por las quejas por poco tiempo luego se hizo cargo Marí Luz, que le dijeron sospechas de que Delia podía estar llevándose dinero, que parecía raro que hubiera tan poco dinero en la caja, que el poco tiempo que él llevaba la caja no hubo problemas, que siempre le llevaban las facturas, que después Marí Luz notó que Carlos Miguel (esposo de Delia) estaba pidiendo mucho dinero para tasas de tráfico, que comprobaron con otros años y vieron que estaba presentando tasas falsificadas, que después del cambio de Delia siempre llegaban las facturas, que la situación mejoró después de Delia, que la encargada era Delia.

La testigo DOÑA Marí Luz relató en el acto del juicio que Delia era la encargada de vigilar por encima todo lo que se hacía, que Delia supervisaba el tema del IVA, supervisaba lo de todos, tanto la facturación que hacía María Teresa como los gastos que llevaba ella, que la contraseña cada uno tenía la suya, no la de los demás, que nadie conocía las contraseñas de los demás, que Delia no tenía apuntada la contraseña en el pc, no tenía apuntada la contraseña en ningún sitio, que cada uno entraba con su contraseña, que ella entraba con su contraseña en su pc, que en el Pc de Delia no entraba nadie, que los pcs de fuera podían usarlos otros, pero en el despacho estaba Delia y ella, que el pc de Delia no lo usaba nadie más que ella, que Delia llevaba la caja, que al final del día se traían las cuentas y el siguiente se ingresaba, la caja la llevaba Delia, que a la caja solo podía acceder Delia, estaba en su cajón, que ella no usaba esa caja nunca, que si alguien necesitaba dinero se lo decía a Delia, que nadie cogía dinero de la caja, si ella no estaba nadie cogía el dinero, no recuerda si alguna vez con el consentimiento de Delia, que la caja había poco dinero porque se ingresaba todos los días, que el marido de Delia hacía las tasas de tráfico y empezó a pedir muchas cuando entró ella, que en enero había mucho tráfico y llamó la atención, que había un asiento de 150, una factura de 150 y se añadía un renglón poniendo 1500, que no había ninguna otra persona que podía modificar la caja y la contabilidad, que ella no podía añadir ese renglón ni añadir un cero, que eso hay que hacerlo adrede, que llevaba un trabajo porque había que añadir un renglón, que a ella no le ha pasado nunca que tuviera que hacer una modificación, que si alguna vez faltaba una factura llamaba para pedirla, que no dejaba poner una factura y meter el mismo número de factura, que del desguace traían lo que habían vendido menos los gastos, venía la diferencia todo bien reflejado, se hacía arqueo a fin de año, que los pagos importantes de vehículos se hacían por concesionarios por banco, que los pagos pequeños que era de particulares eran en metálico, que Delia no hacía anotaciones, que a ella y a María Teresa no le llegaba dinero solo a Delia.

El testigo DON Damaso manifestó en el acto del juicio que es informático de la Cooperativa, que cuando tenía que comprar un ratón iba a pedírselo a Delia y luego le llevaba a ella la factura de la compra, que para acceder al programa de contabilidad hace falta una contraseña específica, que se crea un usuario con una contraseña personal, que cada usuario tiene acceso a la base de datos, Delia era la usuaria NUM001, que Delia tenía acceso completo a la base de datos, que le pidieron copia de seguridad y recuperó una copia de seguridad pero que guardaba anteriores al cambio de sistema, que estaba en un servidor antiguo de la empresa, que se entregó al perito informático, que lo clonó y se quedó la copia, que de lo actual también hizo una copia, no recuerda si había contraseñas apuntadas en el pc.

La testigo DOÑA María Inmaculada manifestó en el acto del juicio que trabajó en facturas y gastos en la Cooperativa, que Delia era su jefa y la enseñaba, que no había nadie con más responsabilidad que Delia, que nadie usaba el pc de Delia, que cada uno tenía su pc y su contraseña, que nadie conocía las contraseñas de los otros, ni nadie la suya propia, que Delia no tenía la contraseña apuntada, no había post-it, ni estaba apuntado en ningún sitio, que Delia custodiaba la caja en un cajón de su mesa, que tenía llave, que si no estaba Delia alguna vez la llamaba y se lo preguntaba, que nadie podía sacar dinero sin el consentimiento de Delia, no se podía contabilizar una factura dos veces, ya que cada factura tenía un número, que el dinero que traía se lo dejaban a Delia, que a veces Delia traía el dinero de su casa, por error es imposible que se añada un cero un año después, es imposible, que nunca trabajó con el usuario NUM001, que nunca cogió su pc, que el desguace no pedía dinero, que los gastos eran menores, que el que llevaba el dinero al banco luego traía resguardo de lo que había ingresado, que cuando cogía dinero dejaba un papel, que no tiene conocimiento de que hubiera errores, que no dijeron que hacía falta gente cualificada.

El testigo DON Eleuterio manifestó en el Plenario que eran muy amigos de la acusada, que es uno de los responsables de la Asociación Reto, que la supervisora contable era Delia, que él trabajaba en Oviedo y venía de vez en cuando, que se mandaban las cuentas a Delia, que Delia tenía adjudicada la caja y control de Santander, que nunca supo que había movimientos falsos para cuadrar las cuentas, que nadie le pudo dar esa orden de hacer movimientos falsos, que Delia siempre tenía un nivel un poco superior a ellos, que el nivel de vida superior de ella se notaba en las marcas, los zapatos, los bolsos, etc que usaba.

El testigo DON Eloy relató en el Plenario que fue responsable de contabilidad de la Asociación, que cuando estuvo en Santander compartía sede con Delia, que el tenía las mismas funciones en la Asociación que Delia en la Cooperativa, que Delia llevaba la contabilidad, que ella controlaba la caja, que muchas veces le dijo a ella que había que buscar alguien de confianza para contar el dinero, que hizo un manual de procedimiento que allí manejaba todo el mundo, que alguien del desguace le dijo que había problemas y le aconsejó que llevaran el dinero directamente al banco, que Andrea ayudaba a Delia y a él, que en la Asociación se insistió en que se pagase por banco, que así el propio banco hace la contabilidad.

El testigo DON Edmundo relató en el acto del juicio que era empleado del desguace, que empezó en la Cooperativa en 2013, que la función de la caja la tenía Delia, que en el desguace para las compras tenía un pequeño fondo, que no pedían dinero a Delia, que compraban lo coches normalmente por 150 euros, que algunas veces se compraban en concesionarios y la oficina se encargaba de pagarlos por banco, que en el fondo tendrían unos 900 euros, lo que sobraba lo mandaba en un sobre a Delia a la hora de cierre a las 7, que si vendían 2000 euros y compraban 400 euros entregaba 1600 euros a Delia, se entregaba la diferencia de dinero con las facturas en un sobre, que los sobres se lo daban a Delia, que no había ningún problema con la factura, siempre había factura, que una vez recuerda que le llamó Delia que había un error porque faltaban 40 euros y fue él y los puso al día siguiente, se hacían factura de la compra y de la venta de los vehículos y se mandaban todas en un sobre a Delia, que no pedía dinero a Delia porque había dinero en efectivo porque la mayoría de las ventas se hacían en efectivo porque eran cantidades muy pequeñas.

La testigo DOÑA Andrea manifestó en el acto del juicio que asesoraba en BDR externamente a Reto hasta el año 2007, que acudía a la sede de la Cooperativa para revisar la contabilidad en junio para los auditores, que trabajaba con Delia, que tenía que arreglar muchas cosas, que había mucho que corregir, que había poco rigor, que se hacía en el pc de Delia, que si se corregía un asiento se hacía con justificante documental, no se añadía un cero, que nunca le dijo que eso de añadir un cero era correcto, que eso no se hacía, en su caso se pedía la factura y se hacía un asiento nuevo, que no recomendó que se duplicase, que siempre se ponía lo que decía la factura.

En consecuencia, hemos de partir de estos hechos contundentemente acreditados: la acusada era la única persona que se encargaba de la llevanza de la Caja, de la contabilidad de la Cooperativa y la única que accedía, con el número de usuario NUM001 a ella asignado, a la aplicación informática de gestión contable de la Cooperativa.

Ello ya nos adelanta que la única persona que podía apoderarse del dinero de la Caja por ella gestionada y manipular los datos contables para disimular dichos apoderamientos era la acusada. No hay posibilidad alguna de que otra persona pudiera apoderarse del dinero de la Caja que era gestionada por la acusada y además manipular la contabilidad por cuanto, como decimos, la acusada era la única persona que tenía acceso a ambas. Si solo llevara la Caja no podría disimular los apoderamientos en la contabilidad y, si solo llevara ésta, no podría apoderarse del dinero. En consecuencia, la Sala descarta la existencia de alternativas fácticas verosímiles que pudieran explicar que los apoderamientos y la manipulación contable fuera atribuible a una tercera persona no conocida. Hay que decir que, en esto, la acusada ha sido honesta pues no ha echado la culpa a nadie, como suele ser habitual en casos similares, ni siquiera lo ha sugerido remitiéndose simplemente a posibles errores.

C) Sobre el apoderamiento en numerosas ocasiones por parte de la acusada del dinero existente en la caja de la Cooperativa. Ya hemos señalado y razonado con anterioridad los motivos por las que la Sala ha llegado a la conclusión de que la acusada era miembro del Consejo Rector, Secretaria y apoderada de la Cooperativa así como que era la única que se encargaba de la llevanza de la Caja y de la contabilidad de la Cooperativa. Ahora vamos a analizar el apoderamiento por parte de la acusada en numerosas ocasiones de dinero de la Caja de la Cooperativa.

A tal efecto es preciso adelantar que como la acusada era la única persona que se encargaba de la llevanza de la Caja era asimismo la única que podía hacer propias las cantidades que debían ingresarse en la misma sin levantar sospecha alguna.

Todos los testigos DON Cecilio, DOÑA Yolanda, DON Cipriano, DOÑA Marí Luz, DON Damaso, DOÑA María Inmaculada, DON Edmundo, DON Eleuterio, DON Eloy, DON Enrique, y, DOÑA Andrea que han declarado en el acto del juicio que han tenido alguna relación con la acusada y con la Cooperativa han manifestado con rotundidad que efectivamente la acusada era la única encargada de dicha tarea. No hay prueba o indicio alguno en contrario.

La acusada DOÑA Delia en su declaración ha intentado justificarse manifestando que no era una persona cualificada para llevar la caja y la contabilidad de la Cooperativa. Este argumento carece de contenido desde el momento en que no consta que haya pedido nunca ayuda para contratar a alguien más cualificado, según la prueba testifical ella tomaba todas las decisiones contables de la empresa y a ella le preguntaban todos, incluso de otras sedes sobre la materia. Además, ella tenía facultades para nombrar a las personas que tuviera por conveniente para ayudar en dichas tareas tal y como consta en el apoderamiento antes reseñado. Por último, pese a que la llevanza de la contabilidad de una empresa puede llegar a ser de una cierta complejidad es lo cierto que la contabilidad de la Cooperativa consistía según detalla el perito contable en el mero apunte de entradas y salidas de dinero (compras, ventas, ingresos y cobros), es decir, que no revestía la actividad compleja de contabilización de amortizaciones etc.

La acusada DOÑA Delia también alega que los ceros se añadían por error al hacer consultas posteriores. Este argumento ha sido negado tajantemente por los citados testigos y parece muy poco convincente no solo por la mecánica en sí, sino porque siempre coincidía que el número cero se introducía con el número de usuario NUM001 que era el asignado a ella. Además, no solo se introducía un número sino que había que hacer una descripción, y curiosamente se hacía también en los meses próximos a la auditoria de cierre de cuentas en los meses de abril a junio del ejercicio siguiente. Siempre coincidía con las autofacturas y no con otros asientos lo que ya ha explicado el perito contable que era la forma más fácil de evitar ser detectado por un tercero, remitiéndonos a dicha explicación pericial.

La acusada también ha alegado que a la caja de la Cooperativa podía acceder cualquier de la oficina. Este argumento ha sido asimismo negado tajantemente por todos los testigos en la forma antes mencionada. Este argumento carece asimismo de consistencia porque no hay que ser ningún especialista en nada para comprender que quien lleva la caja ha de responder de su contenido, es decir, quien recibe el dinero ha de responsabilizarse del correcto destino del mismo.

La acusada también ha intentado justificar que al programa de gestión de contabilidad podía acceder cualquiera con su número de usuario al tener la contraseña en un post-it pegado en su monitor. Afirmación que, una vez más, ha sido tajantemente negada por todos los testigos antes mencionados. Resulta asimismo difícil de creer en una persona que es apoderada, miembro del Consejo Rector y secretaria del mismo y que, como tal, debía responsabilizarse de su gestión deje su contraseña para que cualquiera pudiera acceder.

La acusada DOÑA Delia también ha intentado justificarse manifestando que la asesora de BDR le aconsejó cómo hacer las correcciones en la contabilidad en la forma detectada como las irregularidades denunciadas. Sin embargo, la testigo DOÑA Andrea que asesoraba en BDR externamente a Reto hasta el año 2007, ha negado tajantemente que aconsejara a la acusada hacer ese tipo de falsificaciones, que si se corregía un asiento se hacía con justificante documental, que no se añadía un cero, que nunca le dijo que eso de añadir un cero era correcto, que eso no se hacía, en su caso se pedía la factura y se hacía un asiento nuevo, que no recomendó que se duplicase, que siempre se ponía lo que decía la factura.

También ha alegado la acusada que ya había advertido del desastre de la contabilidad y que necesitaba a alguna persona que la ayudara pero es lo cierto que, pese a tratarse de una socia cooperativista, Secretaria del Consejo Rector y hasta apoderada de la misma, es decir, una persona de especial relevancia en la Cooperativa -con voz y voto- no consta que hiciera constar fehacientemente dichas circunstancias al Consejo Rector. Además, hay que tener en consideración que, conforme consta en el apartado e) del apoderamiento antes citado en la Escritura pública notarial de 10 de julio de 2015, la propia acusada tenía facultades para nombrar y separar todo el personal que depende de la Cooperativa (folios 51 a 57 de las actuaciones - Tomo 1).

Dichos apoderamientos se habrían producido según relatan las Acusaciones, y ha ratificado con posterioridad la prueba pericial contable, a través de los dos siguientes métodos:

a) Alteraciones consistentes en la introducción de asientos contables de gastos ficticios supuestamente pagados por caja por importe de 424.925,66 euros, que no responden a la realidad, al no haberse producido tales operaciones.

b) Alteraciones consistentes en la modificación de asientos contables de compra de vehículos y piezas para el desguace, por importe de 436.375 euros, introduciendo un importe superior al inicialmente registrado en la contabilidad y al que consta en el documento de compra, generalmente multiplicándolo por diez.

Para el análisis de estos distintos métodos de apropiación no podemos dejar de remitirnos a la prueba pericial practicada en donde se describe minuciosamente la forma utilizada por la acusada para hacer suyas las cantidades de las que finalmente se apropió indebidamente.

a) Informe pericial informático. DON Fabio es el autor del Informe pericial informático de fecha 5 de abril de 2019 aportado como documento número 9 adjunto a la querella que obra a los folios 706 a 898 de las actuaciones, Tomo III de la causa.

Como se indica en el propio Informe el objetivo que se persigue consiste en establecer si los datos almacenados en la copia de seguridad del año 2017, que se indican en la relación del anexo I, figuran alterados en la copia de seguridad correspondiente al año 2019 para los mismos asientos contables, y qué usuario practica las modificaciones en su caso.

En citado informe tras un análisis inicial de las dos bases de datos anteriores (A01.gdb y SDM.gdb), se concluye que el usuario NUM001 ( Delia con NIF NUM000) ha sido el último usuarioque ha realizado modificaciones sobre los asientos queson relacionados en el anexo 1. El código de usuario NUM001 se encuentra almacenado en la tabla SDM002 dentro de la base de datos SDM.gdb. Entre otros datos se observa que el usuario NUM001 está dado de alta en el aplicativo confecha 2 de enero de 2003 no constándole fecha de baja .

El Informe tiene en consideración una copia extraída de un equipo informático que ya solamente se encontraba en funcionamiento realizando tareas menores en la Cooperativa RETO, extrayéndose del mismo copia de los dos ficheros de interés, pero tratándose estos de una versión almacenada con fecha de 22 marzo de 2017 (A01.gdb y SDM.gdb), momento en el que el sistema de copias de seguridad dejó de ser utilizado.

En dicho Informe pericial informático elaborado por DON Fabio se formulan las siguientes conclusiones:

"CONCLUSIONES DEL INFORME.

Tras haber sido analizados los datos contenidos en los elementos de prueba (discos y archivos de base de datos) proporcionados por la Cooperativa RETO; el abajo firmante concluye que:

a) Los datos contenidos en los dispositivos analizados no presentan evidencias que indiquen que hayan sido manipulados al objeto de alterar la información contenida en ellos. Se trata de archivos comprimidos generados por los sistemas de copia de seguridad del Sistema Operativo y que son salvaguardados de forma periódica e incremental todos los días a las 21:00 para el caso del disco duro USB externo y, para el caso de los discos del sistema de copias de seguridad antiguo del que se extrae los datos anteriores a marzo de 2017, éstos se hayan sin manipular desde la referida fecha por lo que ofrecen mayor garantía de inalterabilidad por parte de terceros.

b) Los datos almacenados en las copias de seguridad de los años 2017 y 2019, una vez puestos en comparación, indican que fueron almacenados en las tablas correspondientes a través del aplicativo SDM, siguiendo para ello con la operativa propia del programa.

c) De acuerdo a los datos analizados en comparación con los encontrados en las copias de seguridad se puede concluir que la información de los asientos introducidos durante el año 2017 y anteriores, indicados en el anexo I, fueron alterados por el usuario con identificador NUM001 en fechas posteriores al apunte original.

d) Que no se ha podido determinar si hubo alteración de los asientos indicados en el anexo I para aquellos casos en que su fecha de creación es posterior al 22 de marzo de 2017 por no existir en la copia del año 2017 asientos almacenados a partir de tal fecha".

Dicho Informe fue ratificado por su autor a presencia judicial en fecha 21 de septiembre de 2020 en el que contestó a las preguntas de las partes. En concreto aclaró que:

"A preguntas del letrado de la parte querellante manifiesta que limita los asientos irregulares al 2017 porque la copia de seguridad que le facilita la cooperativa de la contabilidad solamente abarcaba los últimos quince días. Que tuvo que buscar otro servidor para contrastar la información. Que se compara la contabilidad del programa hasta el 2019 con los datos que tenían en otra máquina que no utilizaban, pero cuya última copia de seguridad era de marzo de 2017. Que alcontrastar un mismo asiento en los dos soportes habíadiferencia en los importes de los asientos. Que se introdujeron modificaciones en contabilidades ya cerradas. Que el informe no abarca 2015 ni años anteriores porque no se le requirió. Que los asientosfueron modificados por el usuario nº NUM001, que secomprobó este extremo, que este usuario corresponde ala querellada . Que así figuraba en la base de datos. Que los asientos que van desde el 22 de marzo de 2017 en adelante la aplicación dice que se han alterado pero no ha podido comprobarlo con otra copia.

A preguntas de la letrada de la parte querellada manifiesta que en concreto observó varias modificaciones, que están en el informe, por ejemplo en la pg. 103 donde se compara la copia de seguridad del año 2017 con la del 2019, que el sistema informático les indica quien ha hecho esas modificaciones. Que esa modificación se hace cuando la contabilidad ya estabacerrada en muchos de los supuestos detectados. Que el sentido que tiene dicha modificación no lo sabe".

b) Informe pericial contable. DON Eutimio es el autor del Informe pericial contable de fecha 15 de abril de 2019 aportado como documento número 8 adjunto a la querella que obra a los folios 65 al 704 de las actuaciones, Tomo II así como la Adenda presentada como Documento 8 Bis que corrige parcialmente algunos datos y las cantidades totales apropiadas.

En dicho Informe pericial informático elaborado por DON Eutimio se formulan las siguientes conclusiones:

"9. CONCLUSIONES AL DICTAMEN.

Primera.- A la luz de los datos revisados y, teniendo en cuenta la metodología empleada, concluimos que durante el periodo 2010 a 2018 ambos inclusive sehan producido irregularidades contables por importe de 861.300,66 euros con el objeto de justificar salidasfraudulentas de efectivo por el citado Importe. Dichasirregularidades se han producido mediante dos sistemas:

a. Durante el período 2010 a 2018 ambos inclusive se han producido alteraciones en asientos contables consistentes en el registro de gastos ficticios por importe de 424.425,66 euros, con el objeto de justificar salidas de efectivo fraudulentas que se habían producido durante dicho período previamente a dicha alteración.

b. Durante el periodo 2010 a 2018 ambos inclusive se han registrado gastos ficticios por importe de 436.375 euros al registrar las compras de vehículos para el desguace por un importe superior de adquisición al que figura en el documento de compra. Dicha irregularidad se produce, al igual que en el caso anterior, con el objeto de justificar salidas de efectivo fraudulentas que se habían producido durante dicho periodo.

Segunda.- De la información recabada en nuestro entendimiento de la organización, Doña Delia, Secretaria del Consejo Rector, es la persona que durante todo el periodo analizado se haencargado de llevar a cabo las labores de gerencia delcentro administrativo de Santander, era la responsablede recoger los ingresos en efectivo de las actividadesefectuadas en Santander y efectuar pagos, así como dela custodia de la caja, firmando por ello los arqueosde caja anuales que se acompañan en el anexo IV de esteinforme.

Igualmente, a la vista de los registros obtenidos de las bases de datos del programa de contabilidad utilizado por la Cooperativa y que han sido validados por el perito informático referido en presente informe, es la usuaria que ha realizado las alteracionescontables realizadas al objeto de ocultar las salidasde efectivo fraudulentas.

En consecuencia consideramos que la comisión delas irregularidades descritas, así como las salidas deefectivo fraudulentas, no podrían haberse realizado sin la participación activa de Doña Delia".

Dicho Informe fue ratificado por su autor a presencia judicial en fecha 21 de septiembre de 2020 en el que contestó a las preguntas de las partes. En concreto aclaró que:

"Que es trabajador de la mercantil HFC Servicios de Auditoria S.L.P, que en tal condición emitió dicho informe que obra en las actuaciones, en el que se afirma y ratifica, si bien quiere hacer constar que faltaban en el anexo I las hojas que han sido aportadas el día de la fecha, por el letrado de la parte querellante, en las cuales también se afirma y ratifica. Que se afirma y ratifica en las conclusiones de dicho informe, en el cual se ha podido constatar salidas fraudulentas de efectivo por importe de 861.300,66 euros. Que se afirma y ratifica en la adenda al informe obrante a los folios 58 a 60 de las actuaciones

A preguntas del letrado de la parte querellante manifiesta que las ventas se diferenciaban entre ecoreto y resto de ventas. Que los asientes irregularesanteriores al 2016 los han contrastado partiendo de loslistados de la empresa, que han comprobado que esasanotaciones estén en los libros de la empresa, además de la revisión de las bases de datos del perito informático. Que las irregularidades detectadas a sujuicio no tienen por finalidad cuadrar la contabilidad. Que es una empresa con un control interno basado en la confianza y por ello pueden suceder estas cosas. Queestas irregularidades no hubieran podido cometerse sinla participación de Delia , por las bases documentales en las que aparece esta y por el organigrama del consejo rector. Que esta persona firmalos libros de contabilidad, lleva dinero en efectivo albanco, etc... que con sus responsabilidades, como mínimo, tenía que conocerlo. Que una persona firme los arqueosde caja supone validarlos por el responsable de lacaja. Que los asientos modificados algunos son de Junioo Julio que es cuando se cierra la autoría, impuesto desociedades y la contabilidad. Que aunque la empresa esté auditada los auditores no examinan el 100% de lasoperaciones de la empresa, que por ello ha podido pasar desapercibido.

A preguntas de la letrada de la parte querellada manifiesta que una contabilidad como esta lo deseable es que se lleve por una persona cualificada. Que la falta de cualificación de la persona que lo lleva, preguntado si es posible que se cometan errores manifiesta que en este caso se llevaba por varias personas, pero Delia aglutinaba varias funciones además de su puesto en el consejo rector. Que más queuna complejidad técnica aquí lo que había es unimportante número de operaciones. Que la empresa cuando detecta las irregularidades hace un listado y es el que ponen en conocimiento de su empresa, que parte de ese listado. Que es la empresa quién le manifiesta la persona encargada de la llevanza de la caja. Que en el cuadro de la pg, 5 del informe lo que quiere decir en los años en los que se consigna un cero es que no ha habido gastos ficticios, que lo mismo en el apartado de modificación autofacturas, modificación que hay en los ejercicios en los que no se consigna un cero. Que en relación al folio 18 del informe el ejemplo que pone la modificación del asiento contable se produce un año ymedio después, que esto es porque en el mes de Julio secierra la contabilidad, se presenta el impuesto desociedades, para evitar ser detectado, además vienen los auditores que realizan una revisión final. Que la declaración del impuesto de sociedades del 2016 se presenta en Julio de 2017.

Que esa es la finalidad de que la modificación sehaga en Junio de 2017. Que tiene conocimiento de que había la caja de Santander, la caja ecoreto y la caja transitoria NUM002. Que la existencia de tanto dinero en caja es razonable cuando se trabaja mucho con caja. Que en este caso el dinero no se llevaba por la persona cuando se hacía el asiento, sino antes. Que lo quehabía en la caja se cuadraba cuando se hacía el arqueopero realmente en la caja no estaría porque se lohabían llevado, los asientos se hacen en una fechaposterior. Que a su juicio esto no obedece a queexistiera un importante descontrol en la caja. Queoperaban con mucho dinero en efectivo. Que en los movimientos bancarios es el banco el destinatario final de los cobros. Que en el caso de ecoreto lo que hizo esta persona es utilizar la cuenta transitoria. Queesta cuenta no tenía sentido.

Que todas las cuentas las tiene que definir una persona tras recibir un curso de formación del programa, que normalmente es el vendedor del programa quien imparte este curso. Que desconoce si además del auditor existían agentes externos que controlaban la contabilidad. Que no le consta".

En el acto del juicio el perito tras ratificarse en el Informe aclara "que es economista y auditor de cuentas, que la Cooperativa le encarga cotejar y revisar toda la documentación contable de la empresa para ver si las operaciones contabilizadas son las que son, que los datos los obtiene de las listas de operaciones, bases de datos, datos contables, documentos, es decir de toda la documentación contablede la que dispone la compañía, que su función en revisar y cotejar y llegar a conclusiones respecto de si eso es lo que se nos dice que es, que todos los asientos contables de la empresa se llevan por procedimientos informáticos excepto lógicamente los soportes físicos (facturas, etc), toda la información se obtiene de datos informáticos, una particularidad deesta empresa es que se abusa de la caja, la caja estáabultada, magnificada, hay muchas transacciones por caja, todos los movimientos pasan por caja hasta los de los bancos, no es recomendable esa práctica porque genera un volumen inusual que no tendría que ser, que otra particularidad es que hay una cuenta puente ointermedia que se utiliza también para compras y ventas y pagos que es la cuenta número NUM002, que no es recomendable el uso de la cuenta puente que tenían.

Nosotros hemos revisado los libros diarios en losque se reflejan apunte por apunte todos los movimientosde la empresa, que en el Informe se advierten dosirregularidades, la primera se refiere a la existenciade registros de gastos ficticios, siempre se utilizanunos que ya están hechos, por ejemplo una compra, una venta, un cobro y sobre ese mismo asiento con esa seriese graban otras operaciones, que en este caso sonsalidas por caja, primera fórmula aparecen gastos de piezas de desguace por recambios pagados por caja, ese asiento que tiene dos componentes, uno es salida por caja y otro es la compra, se vuelca sobre un asiento yapreexistente, de tal forma que la contabilidad de laempresa recoge que ha habido un gasto, pero ese gastono tiene ningún soporte documental, es decir, elcomprobante del gasto, esta es la primera fórmula deirregularidad, en este caso sobre un asiento de caja sehace un asiento adicional, eso lo que genera es ungasto mayor donde ponía mil ahora serían 10.000, queeso se hacía sin soporte documental, que no hay soportedocumental de este gasto (factura), que han examinadolos libros de facturas recibidas, y no hay ningúndocumento que reflejen esos gastos reflejados en este"segundo" asiento, que se analizó una muestra representativa en terminología de auditoría, que no encontraron ninguno, que es raro que solo aparecían dobles asientos en estos supuestos en que aparecían estas salidas de caja, que se hacía en distintas series para disimularlo ya que en caso contrario sería fácil detectarlo alguien, que sobre un asiento de cobro semodifica al año siguiente, las empresas cierran las cuentas al 31 de diciembre y en esa fecha tendrían que reflejar ya todas las operaciones pero se dan cuenta que estas alteraciones o manipulaciones de asientos del año anterior se realizan muy próximas a junio que es cuando tienen que estar finalizado para la auditoría y presentación del impuesto de sociedades a julio de año siguiente, que este momento evidencia también la formade hacer, que hay cientos de asientos de esta forma,que suponen más de 400.000 euros de diferencia, esdecir, de un gasto extra que se genera ficticiamente ala sociedad en estos ocho años, son 424.925,66 euros.

Que la segunda fórmula es la modificación deautofacturas, en este caso existe documento físico,existen facturas que realiza la compañía pero laalteración consiste en que se modifica el importe,generalmente se redondea añadiendo un cero más a laoperación, es decir, se modifica el importe añadiendoun cero, pasa de 150 euros la operación física a 1500contable, que todos siguen el mismo patrón, que seutiliza un documento previo, documento que elabora laempresa, es una autofactura, por ejemplo una operación de compra pero se modifica el importe, que son muchas operaciones desde el 2010 al 2018 que arroja un importe de 436.000 euros aunque no en todos los años, hay años que sí y años que no, sí comprobaron la totalidad, aquíno hay un muestreo, que se examinó la totalidad deasientos , que el documento dice una cosa (150) y eldato contable otra cosa (1500), que todas se hacen conel usuario número NUM001 asignado a la acusada y lamodificación posterior también, que la conclusión de lairregularidad se desprende que se permite desviar elequivalente de caja a los resultados, son salidas decaja sin justificar, que es muy raro que se hayaproducido añadiendo un cero por error, que la acusadaademás firmaba los arqueos de caja, que la acusada eramiembro del Consejo Rector que era una persona deconfianza y de un poder importante en la empresa y todala responsabilidad del proceso recaía sobre ella . Que en caso de gasto o ingreso duplicado hay que hacer un contraasiento anulando el asiento erróneo con un número de asiento distinto, por ejemplo haciendo constar que hubo un error y se hace otro asiento "no son 10.000 sino 1.000", anulando el anterior o lo modifico, que el plan contable te deja contabilizar el año siguiente movimientos no significativos, si es un asiento importante se contabiliza al año siguiente y se hace constar en las cuentas anuales, que lo de añadir uncero está hecho de forma premeditada, que lo de añadirel cero solo se hace con las autofacturas que es muydifícil de comprobar ya que suelen ser personas físicasque no son empresarios normalmente, de proveedores sise hubiera hecho con facturas podrían haberse dadocuenta más fácilmente ya que a partir de 3000 eurosexiste la obligación de que tanto el proveedor como lapropia empresa declare a Hacienda el importe total conese acreedor o proveedor por lo que si altera uproveedor ajeno se podría producir una discrepancia, entre lo que el declara y lo que nuestra empresa declara, y si son cantidades que no llegan a esas cifras de 3000 euros, se pone 1500 en vez de 150 y no se entera nadie porque el destinatario de esa autofactura no va a hacer uso, lo mejor es que hubiera poca caja, lo recomendable es que hubiera arqueosdiarios como hacen los bancos todos los días, que el auditor debería recomendar haber hechos arqueos diarios, que se suele recomendar hacer arqueos diarios o semanales pero no anuales, que la confianza puedededucir también de este hecho de que no se hicieranarqueos diarios, las auditorias de la empresas no revisa el 100% de las operaciones, hacen un muestreo. Que había mucho volumen de operaciones, que aquí es unproblema de control de las operaciones no decomplejidad porque son compras, ventas, gastos, pagos ycobros".

D) Autofacturas. Gastos pagados por Caja por importe superior a la factura de compra. Pues bien, partiendo de estos hechos acreditados y conforme explican los peritos judiciales, la acusada se apropió en numerosas ocasiones y a lo largo de varias anualidades de la cantidad total de 436.375 euros procedente de la Caja de la Cooperativa ( constan detalladas las cantidades detraídas por anualidades en el cuadro del folio 5 del Informe corregido en la Adenda obrante a los folios 66 vuelto y 59 vuelto de la causa) y que pretendía justificar con posterioridad para no ser descubierta realizando alteraciones consistentes en la modificación de asientos contables de compra de vehículos y piezas para el desguace que no se correspondían con la realidad al no haberse producido el hecho que justificaba una salida de caja, introduciendo un importe superior al inicialmente registrado en la contabilidad que reflejaba el importe real que constaba en el documento de compra, generalmente multiplicándolo por diez. Hecho este perfectamente acreditado a la vista de la documentación contable de la Cooperativa y del informe pericial practicado en que el perito ha comprobado la totalidad de los asientos contables y ha detallado pormenorizadamente en el Informe todos los asientos que se corresponden con dichas manipulaciones falsarias efectuadas por la acusada para evitar que pudieran ser descubiertas las ilícitas salidas de caja que la acusada hacía propias, es decir, apropiándose indebidamente de dichas cantidades.

En este sentido hay que destacar que en el Informe pericial contable se ha verificado la totalidad de las transacciones irregulares detectadas cotejándolas con los registros contables de la entidad tal como consta en el citado Informe (páginas 9, 16 y 18 del Informe) y que constan detalladas en el Anexo I acompañado al mismo con la denominación " Detalle de operaciones fraudulentas identificadas" (folios 76 a 88 de las actuaciones - Tomo 2).

Asimismo, constan aportadas copias de todas lasautofacturas utilizadas para las citadas manipulaciones en el Anexo V del Informe bajo el concepto " Documentos soporte de compras de desguace para los que se ha registrado una compra por importe superior" (folios 289 vuelto a 704 de las actuaciones - Tomo 2).

E) Alteración de asientos contables para registrar gastos ficticios pagados por caja. Además, consta que la acusada no solo se ha apropiado de la cantidad de 436.375 euros procedente de la Caja de la Cooperativa a través del citado procedimiento de las "autofacturas" que ha resultado, como decimos, perfectamente acreditado en cuanto a la forma y la cantidad efectivamente apropiada sino también a través del procedimiento antes mencionado por las partes como

a) consistente en la alteración de asientos contables para incluir gastos ficticios en asientos previos, es decir, alterando asientos que ya están hechos, por ejemplo una compra, una venta, un cobro y sobre ese mismo asiento con esa serie grabar otras operaciones, que en este caso son salidas por caja. Pero en este caso, a diferencia del supuesto de las autofacturas en que la pericial detalla pormenorizadamente todos los asientos contables y ha revisado y comprobado todas las facturas, es lo cierto que, dada la magnitud de las irregularidades de este segundo procedimiento, el perito no examinó la totalidad de los asientos y soportes documentales sino que efectuó un muestreo representativo tal y como es habitual en la práctica auditora. Ahora bien, como en el ámbito del derecho penal no es admisible una condena basada en hipótesis y dado que la Defensa ha impugnado el Informe pericial por no examinar la totalidad de las operaciones contables de la empresa con sus correspondientes soportes documentales pero constando dichas apropiaciones y alteraciones contables, la Sala no puede sino diferir para el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código Penal la concreción de la cantidad real y efectivamente apropiada por la acusada a través de este procedimiento antes descrito. Determinación que habrá de concretarse mediante la correspondiente prueba pericial a practicar en trámite de ejecución consistente en nueva comprobación de la prueba documental y pericial practicada revisando todos los asientos y soportes documentales en la que se concreten las cantidades efectivamente apropiadas por la acusada con el límite de la cantidad solicitada por las partes de 424.425,66 euros. En definitiva, se trata de reacondicionar el informe para concretar las cantidades detraídas por este procedimiento no mediante un muestreo representativo sino examinando la totalidad de los asientos y documentación contable aportada.

Hay que señalar que, con independencia de la cantidad que resulte del trámite de ejecución, no se altera el tipo penal aplicable por cuanto de la cantidad que ya consta apropiada por la acusada de 436.375 euros a través del procedimiento de las "autofacturas" se supera la cifra de 250.000 euros que exige el subtipo agravado del artículo 250.2 in fine del Código Penal .

F) Dichos hechos constituyen un delito de apropiación indebida y de un delito de falsedad contable. Estos hechos y conforme a los anteriores razonamientos son los que han conducido a que la Sala haya llegado, al razonable, pleno y absoluto convencimiento con el grado de certeza exigible en materia penal, fuera de toda duda razonable, de que los mismos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1, 250.1.5º y 250.2 in fine en relación con el artículo 74.2 del Código Penal y, un delito continuado de falsedad contable del artículo 290 en relación con el artículo 74.1 del Código Penal, atendiendo fundamentalmente a la prueba documental, pericial y testifical practicada antes detallada.

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1, 250.1.5º y 250.2 in fine en relación con el artículo 74.2 del Código Penal al constar cómo la acusada se apropió de la citada cantidad de 436.375 euros, más la cantidad que se determinará en trámite de ejecución, en la forma anteriormente descrita, es decir, haciendo propias las cantidades que debía ingresar en la caja de la Cooperativa de la que la acusada era encargada de gestionar.

En este sentido en la descripción de los hechos en la forma anteriormente expuesta se constatan con meridiana claridad los elementos constitutivos de un delito de apropiación indebida del artículo 253.1 en relación con el 250.2 in fine del Código Penal que, por la citada claridad, no precisan de mayores razonamientos.

Asimismo, son constitutivos de un delito continuado de falsedad contable del artículo 290 en relación con el artículo 74.1 del Código Penal al haber manipulado los asientos contables que reflejaban el estado de la Cooperativa en la forma anteriormente descrita.

La STS 279/2020, 3 de junio recuerda como la jurisprudencia indica que el tipo descrito en el art. 290 CP consiste en el falseamiento de las cuentas anuales o de otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.

"El objeto material sobre el que debe recaer este delito, con el que se trata de fortalecer los deberes de veracidad y transparencia que en una libre economía de mercado incumben a los agentes económicos y financieros, se determina en la definición legal con un "numerus apertus" en el que solo se singularizan, a modo de ejemplo, las cuentas anuales, esto es, las que el empresario debe formular al término de cada ejercicio económico y que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Entre los demás documentos cuyo contenido no puede ser falseado so pena de incurrir en el tipo del art. 290 del C. Penal se encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del delito, los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en el mercado ( STS 1458/2003, de 7 de noviembre).

El delito se comete cuando se falsean las cuentas "de forma idónea" para causar "un perjuicio económico". Y en todo caso, se distinguen dos subtipos: uno de mera actividad (la falsedad documental para subsumirse en esta figura delictiva) cuando el perjuicio no llega a producirse (párrafo. 1º), y otro de resultado, cuando se ha producido (párrafo 2º).

La doctrina señala como bienes jurídicos a tutelar tanto el tráfico mercantil como los intereses económicos de las sociedades, de sus socios y de las personas que se relacionan con ellos.

La condición de sujeto activo la define el dominio sobre la vulnerabilidad jurídico-penalmente relevante del bien jurídico, lo que exige considerar que en este tipo de delitos especiales, la característica constitutiva es "el dominio que los sujetos activos ejercen sobre la concreta estructura social en la que el bien jurídico se halla necesitado de protección y el Derecho penal, a través de semejantes tipos, protege".

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010, "falsear" en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad".

En consecuencia, será necesario que en la sentencia condenatoria aparezca acreditado suficientemente, en primer lugar, que el acusado es administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación.

En segundo lugar, que las cuentas o los otros documentos a los que se refiere el precepto, han sido falseadas, es decir, alteradas o modificadas en relación a lo que debería ser su contenido correcto, o dicho de otra forma, que su contenido no es el que debería ser, ocultando así la verdadera situación económica o jurídica de la entidad ( STS nº 655/2010), siendo posible que el falseamiento se produzca por cualquiera de las vías previstas en el artículo 390 CP. La falsedad se comete ocultando datos verdaderos, que deberían figurar en el documento, o introduciendo datos falsos. No se comete cuando se incorporan juicios de valor, de los que no puede afirmarse la falsedad, sino el acierto o el error. Es posible, sin embargo, construir un juicio de valor erróneo sobre la base de la ocultación de un dato verdadero o la introducción de un dato falso. Existirá entonces falseamiento de las cuentas, apoyado en la falsedad de un dato fáctico y expresado mediante un juicio de valor.

En tercer lugar, que ese falseamiento de las cuentas es idóneo para causar un perjuicio económico a la sociedad, a los socios o a un tercero.

Y, en cuarto lugar, que el acusado ha intervenido de alguna forma relevante en la formulación, confección o configuración de las cuentas o de los otros documentos mencionados.

Desde el tipo subjetivo, es preciso el dolo. Es bastante con el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, que el documento contiene datos que no responden a la realidad, bien porque se hayan incluido inicialmente o bien porque hayan sido alterados con posterioridad. Respecto del perjuicio, basta el dolo eventual.

En delimitación negativa, la STS núm. 503/2019, de 24 de octubre, añade que quedan fuera del tipo, aquellas alteraciones que son irrelevantes por no afectar a la situación económica o jurídica de la entidad, lo cual determinaría la inidoneidad para causar un perjuicio" ( STS 279/2020, 3 de junio).

Es preciso recordar la STS 338/2019, 3 de julio que trata un supuesto similar en el que se falsea la contabilidad interna de la empresa, registrando datos falsos en los libros informáticos

"Además, ello provoca una afectación en el tráfico jurídico mercantil, como lo provocan los libros de contabilidad, incluidos los programas informáticos, que en este caso alteró el recurrente para dar una imagen desconectada de la realidad contable, y para que le sirviera de apoyo en su fin de apropiación, al hurtar a la empresa de su fiscalización por las alteraciones que había realizado en un documento que tiene la naturaleza de mercantil.

Así, el recurrente no se limita a "faltar a la verdad en la narración de un hecho", sino que en los libros contables del programa informático "anota dos veces la salida de oro", con lo que altera ese documento ex novo, y no previamente existente, ya que lleva a cabo una anotación mendaz, no simplemente falta a la verdad en un documento previo. Y lo mismo lleva a cabo con las mermas de fundición de limallas, ya que registra cantidades distintas a las reales, alterando la realidad del documento contable con importes que no se ajustan a la realidad, con una gran incidencia en el tráfico mercantil de la empresa, porque el resultado contable es distinto al real con las apropiaciones que ha llevado a cabo el recurrente, y para darle cobertura documental se sirve éste de las alteraciones llevadas a cabo para justificar el cuadre de entrada y salida de oro y el importe económico que debería quedar en la contabilidad de la empresa.

Resulta relevante determinar que el modo de actuar del recurrente no es meramente faltar a la verdad en la narración de un hecho, sino que refiere una operación que es falsa en sí misma, cual es anotar dos veces la salida de oro, y luego, eso sí, utiliza un documento ya creado alterándolo para cubrir dos salidas. Lo que se lleva a cabo es, como se recoge en la sentencia de esta Sala 1018/2013, de 17 de Diciembre, para incluir el hecho en el nº 2 del art. 390 y no en el nº 4 de la falsedad ideológica, que lo que consta no se corresponde con operación, negocio o transacción y pretende acreditar una relación jurídica "inexistente". E inexistente era la salida duplicada de oro que reflejó el recurrente contablemente para conseguir su fin de apropiación, con lo que, al menos alteraba el documento real, o lo simulaba "en parte", induciendo a error sobre su autenticidad. Y ello provocaba un error en el tráfico mercantil con operaciones mercantiles que no habían existido, o exagerando las que habían existido, lo que queda lejos de la "mentira documental", por esa afectación al tráfico jurídico mercantil de un acto que no solo consiste en esa alteración documental de la realidad contable, sino que lo es con el fin de la apropiación. [...]

También hay que recordar que la existencia de un delito de falsedad documental por alteración de la contabilidad informatizada ya fue admitida por esta Sala del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 10 Jul. 1996, Rec. 2651/1995 al señalar que:

"El acusado alteró en la contabilidad del Registro que se llevaba informatizada hasta dieciséis anotaciones contables, modificando dieciséis cantidades en el sentido de reducir las mismas anotando otras inferiores. Por tanto, se produjo una alteración material de las anotaciones contables de un documento verdadero, cambiando la verdad que reflejaba éste. Se cumple el requisito del perjuicio de tercero o ánimo de causarlo, pues con la alteración de la contabilidad el acusado cogió para sí las cantidades dinerarias. La falsedad cometida simultáneamente a la comisión del delito o con posterioridad para ocultar la apropiación del dinero ocasionó un perjuicio real tanto a la Registradora como a los empleados, que vieron cómo sus ingresos mensuales disminuyeron a consecuencia del apoderamiento." [...]

Por ello, los datos confeccionados por quien manejaba y tenía el control y la responsabilidad de realizar o poner en marcha los mecanismos magnéticos o informáticos que pueden pasar a un soporte magnético o informático constituyen un documento susceptible de ser falsificado ( STS. 885/2007 de 6 de noviembre).

Además, se trata de documento mercantil, que no privado, relacionado con las operaciones de la empresa alterando documentos mercantiles, y así consta en la sentencia que "Documentos mercantiles son cualquier escrito o documento elaborado de acuerdo al Código de Comercio o leyes mercantiles que sea expresión de un acto de comercio y sirva para acreditar derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Se pretende proteger así la fe y seguridad en el tráfico jurídico, evitando que tengan acceso a la vida civil o mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas"... los asientos contables de los comerciantes son generalmente considerados documento mercantil y nada obsta a la existencia del delito el que se trate de contabilidad por sistema informático o registro de los documentos mediante listados de ordenador a efectos contables , tal como declararon las SSTS de 19 de abril de 1991 y 33/1999, de 22 de enero".

Precisamente, es el abuso de la confianza en estos casos y la inexistencia de un control interno por medio de un programa de cumplimiento normativo, -compliance-, lo que facilita que el recurrente realice ambas conductas, la de apoderamiento y la de refuerzo de estos actos en la alteración de las operaciones contables en el programa informático, sin que ello justifique sus conductas o anule su ilicitud, obviamente, ya que ello no justifica la aplicación de la tesis de la "autopuesta en peligro" empresarial. El empleado debe llevar a cabo su actividad con profesionalidad y honradez, y si lleva a cabo estas conductas delictivas, con o sin compliance, comete una ilicitud penal. Otra cosa es que estos programas aminoren la posibilidad de su comisión".

En este sentido hay que resaltar que nos encontramos con una administradora de derecho de la Cooperativa tal y como ya hemos razonado en el apartado

A) ya que la acusada se encontraba integrada como miembro del Consejo Rector, como Secretaria del mismo, apoderada de la Cooperativa y que ejercía de forma continua las actividades propias de gestión de la misma tal y como indiscutiblemente consta no solo por el otorgamiento de dichas escrituras públicas sino, refiriéndonos, en concreto a la actividad contable, presentando las cuentas anuales, gestionando la contabilidad, supervisando toda la actividad económica de la empresa y firmando los arqueos anuales de caja durante varios ejercicios (folios 285 a 289 de las actuaciones - Tomo 2).

Es bien sabido como por "administrador de derecho" debe entenderse aquel sujeto que realice funciones de administración en una sociedad en virtud de un título jurídicamente válido nombrado por la Junta General o Consejo Rector (la acusada actuaba como secretaria, apoderada y encargada de la gestión económica de la empresa).

Así, la STS núm. 582/2018, de 22 de noviembre señala que " por administrador "se entiende en cada sociedad, los que administran en virtud de un título jurídicamente válido que la sociedad anónima los nombrados por la Junta General ( art. 123 LSA ) o, en general, los que pertenezcan al órgano de administración de la Sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Los "de hecho" serán todos los demás que hayan ejercido tales funciones en nombre de la sociedad, siempre que esto se acredite, o los que ofrezcan alguna irregularidad en su situación jurídica, por nombramiento de concepto extra penales, se entenderá por "administrador de hecho" a toda personaque por sí sola o conjuntamente con otras, adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, quien de hecho manda o quien gobierna desde la sombra ( STS 816/2006, de 26-7 )".

En cualquier caso, es indiscutible que la acusada era administradora de la Cooperativa, ya fuera como administradora de derecho (secretaria y apoderada tal y como ha quedado documentalmente acreditado) o como administradora de hecho al encargarse de las gestiones y dirigir la actividad económica de la misma de forma ininterrumpida desde el año 2007 hasta el año 2018, entre las que destaca la firma de forma continua de los arqueos de caja anuales de los ejercicios 2014 a 2017 (folios 285 a 289 de las actuaciones - Tomo 2).

Consta asimismo el segundo elemento al constar como las cuentas o los otros documentos a los que se refiere el precepto, han sido falseadas, es decir, alteradas o modificadas en relación a lo que debería ser su contenido correcto, o dicho de otra forma, que su contenido no es el que debería ser, ocultando así la verdadera situación económica o jurídica de la entidad.

También consta el tercer elemento, es decir, como ese falseamiento de las cuentas es idóneo para causar un perjuicio económico a la sociedad, a los socios o a un tercero. Elemento indiscutible atendiendo a la importante disminución de patrimonio operada por las apropiaciones ilícitas realizadas por la acusada a su favor.

Y, por último, consta asimismo el cuarto elemento ya que la acusada ha intervenido de forma relevante en la formulación, confección o configuración de las cuentas o de los otros documentos mencionados.

En definitiva, consta la concurrencia de todos los elementos configuradores del citado delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.

Por último, tratándose de una apropiación en la que con posterioridad -en el año siguiente- se falseaba la contabilidad de la empresa no podemos dejar de señalar la STS 257/2022, 17 de marzo en la que se refiere al a utoencubrimiento y a los actos copenados.

"En este sentido, en relación con la falsedad contable para ocultar una apropiación indebida, la STS 528/2020, de 21 de octubre cita como la STS 1217/2004, de 2-11 "... en modo alguno se puede entender por la teoría de la consunción, que uno de los delitos por el que fue condenado, falsificación art. 290, fue absorbido por el otro, apropiación indebida, cuando son totalmente distintos, como distinto es el bien jurídico protegido en una y otra infracción, siendo perfectamente autónomos e independientes sin que entre ellos exista la relación que haga posible un supuesto de progresión o se dé el caso de que uno de los preceptos en que el hecho es subsumible comprenda en su injusto el todo, de modo que el supuesto fáctico previsto por una de las normas constituye parte integrante del previsto por otra. Por ello si se pena solo la apropiación y no la falsedad societaria, quedaría impune una parte injusta del hecho delictivo". En este mismo sentido se han pronunciado las SSTS 413/2009, de 11-3; 78/2014, de 28-1; y 179/2018, de 12-4 , entre otros precedentes de esta Sala.

Como indica la STS núm. 627/2019, de 18 de diciembre :La STS 671/2006, de 21/06 , se refiere al autoencubrimiento y con cita de la STS 5/02/1990 precisa que "el autoencubrimiento es -en términos generales- impune, salvo que los actos practicados por el autoencubridor constituyan de por sí un nuevo delito", lo que quiere decir que todos los casos no son iguales y que la absorción por el primer delito del que pretende encubrirlo puede requerir matices según los casos. También la STS 671/2006 se refiere a los llamados "actos copenados", es decir, actos cuya sanción penal ya está comprendida en la pena principal, de forma que "lo menos queda absorbido por lo más en la progresión delictiva". Ahora bien, añade que "la consunción de una norma solo puede admitirse cuando ninguna parte injusta del hecho queda sin respuesta penal, debiendo acudirse en otro caso al concurso de delitos". La teoría del autoencubrimiento impune sostiene que no puede ser apreciado el delito en aquellos supuestos en que lo único que se pretende es exclusivamente esconder y disimular la acción delictiva, sin transgredir otros bienes jurídicos distintos del que ya ha sido atacado. Dicho de otro modo, los delitos absorbidos son los que algún sector de la doctrina llama actos copenados, es decir, aquellos actos cuya sanción penal ya está comprendida en la pena principal".

TERCERO.- SOBRE LA CONTINUIDAD DELICTIVA DEL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO PENAL . En el presente caso, como ya hemos dicho, los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1 y 250.2 in fine en relación con el artículo 74.2 del Código Penal y, un delito continuado de falsedad contable del artículo 290 en relación con el artículo 74.1 del Código Penal.

En efecto, se trata de un delito continuado ya que los hechos que se han venido desarrollando en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2010 a 2018, integran una continuidad delictiva por cuanto contemplados de forma conjunta, han obedecido a un plan unitario que se ha ido repitiendo en las distintas ocasiones - distintas anualidades- en que la acusada se apropiaba del dinero de la Caja de la Cooperativa y posteriormente manipulaba la contabilidad de la misma para evitar ser descubierta, siendo todos los actos de apoderamiento acreditados, individualmente considerados, infracciones penales de idéntica naturaleza realizados por la acusada aprovechando idénticas ocasiones. Concurren así todas las notas que caracterizan al delito continuado previsto en el artículo 74 del Código Penal:

a) un solo sujeto activo de todas las acciones;

b) un dolo unitario o designio único derivado de un plan preconcebido y ejecutado aprovechando idénticas ocasiones;

c) homogeneidad en la lesión del bien jurídico protegido;

d) semejanza del precepto penal violado; y,

e) conexión espacio-temporal.

En el presente caso tan solo computando las cantidades apropiadas mediante el citado método de las "autofacturas" por importe de 436.375 euros se supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros que castiga el artículo 250.2 in fine del Código Penal .

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad contable ya que la acusada realizó una pluralidad de acciones homogéneas, en concreto, en un periodo de tiempo de unos ocho años, en una evidente " ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión" utilizando el mismo medio de disposición de efectivo de la Caja de la Cooperativa.

Conforme a lo expuesto se cumplen los requisitos destacados por la jurisprudencia para la consideración de los hechos como delito continuado, que los ha enumerado en los siguientes:

a) Un elemento fáctico consistente en la pluralidad de acciones u omisiones de "hechos típicos diferenciados que no precisan ser singularizados ni identificados en su exacta dimensión", por ello "esa pluralidad dentro de la unidad final es lo que distingue al delito continuado del concurso ideal de delitos", ya que "en éstos la acción es única aunque los delitos sean plurales; en aquél las acciones son plurales pero el delito se valora como único".

b) Una cierta "conexidad temporal" dentro de esa pluralidad, no debiendo transcurrir un lapso de tiempo excesivo, pues una gran diferencia temporal debilitaría o haría desaparecer la idea del plan que como elemento ineludible de esta figura delictiva examinaremos a continuación.

c) El requisito subjetivo de que el sujeto activo de las diversas acciones las realice "en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión". Es el elemento más importante que realmente provoca la unidad delictiva en qué consiste la continuidad, aunque deba distinguirse entre lo que supone el plan preconcebido y el aprovechamiento de una igual ocasión. Lo primero hace referencia al dolo conjunto o unitario que debe apreciarse en el sujeto al iniciarse las diversas acciones, y que se trata de "una especie de culpabilidad homogénea, una trama preparada con carácter previo programada para la realización de varios actos muy parecidos"; lo segundo se da, no cuando la intencionalidad plural de delinquir surja previamente, sino cuando el dolo se produce ante una situación idéntica a la anterior que hace "caer" al delincuente en la comisión delictiva, repitiéndola.

d) Homogeneidad del "modus operandi" en las diversas acciones, utilizando métodos, medios o técnicas de carácter análogo o parecido.

e) El elemento normativo de que sean iguales o semejantes los preceptos penales conculcados, tengan como substrato la misma norma y que ésta tutele el mismo bien jurídico (homogeneidad normativa).

f) Que el sujeto activo sea el mismo en las diversas acciones fraccionadas". Aunque la moderna doctrina jurisprudencial admite la participación adhesiva, por lo que cabría la variación de sujeto activo [ STS 89/10, 10-2; 97/10, 10-2; 707/12, 20-9; 228/13, 22-3; 354/14, 9-5, entre otras muchas].

En cuanto al delito societario hay que destacar cómo es posible la continuidad delictiva ya que la contabilidad de cualquier empresa o sociedad está compuesta por una pluralidad de partidas, cada una de las cuales tiene un soporte documental. Reflejan el funcionamiento diario y constituye el balance de situación al cierre de cada ejercicio, es decir, el 31 de diciembre de cada año. Precisamente del resultado que arroje las cuentas en dicha fecha dependerá la cuantía de los impuestos tanto de sociedades como de otra naturaleza que tenga que pagar con cargo a ese ejercicio. Por ello, cuando se habla de falsedades contables, inevitablemente nos encontramos, ya de por sí, dentro de una pluralidad de acciones con una unidad de propósito. No cabría la continuidad delictiva si nos refiriésemos a las diversas conductas falsarias cometidas dentro de cada ejercicio anual. Ahora bien, nos encontramos ante un delito continuado cuando deforma persistente y con un plan de acción único producemodificaciones en los balances correspondientes a cadauno de los años [en el presente caso durante ocho años consecutivos]. El art. 305.2, a los efectos de determinar la cuantía de la infracción, nos dice que se estará a lo defraudado en cada período impositivo ( STS 1256/2004, 10 de diciembre).

En el presente caso, la acusada se apoderó en sucesivas ocasiones, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2010 a 2018 y aprovechando idéntico modo consistente en apropiarse de dinero procedente de la Caja de la "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" que ella gestionaba manipulando posteriormente también en numerosas ocasiones la contabilidad de la cooperativa para evitar ser descubierta.

Por todo ello, la Sala ha llegado a la conclusión de que los hechos declarados probados son constitutivos de los delitos continuados anteriormente definidos al concurrir todos los elementos configuradores de los mismos por cuanto la acusada hizo propia las citadas cantidades de la Caja de la Cooperativa y posteriormente manipuló la contabilidad de la misma para evitar ser descubierta, ocasionando un evidente perjuicio para la Cooperativa por el empobrecimiento patrimonial de la sociedad.

CUARTO.- GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS DELITOSCOMETIDOS. Dichos delitos de apropiación indebida y de falsedad contable se han cometido en grado de consumación al concurrir todos los elementos del tipo objetivo ( art. 15 del Código Penal).

En consecuencia, es evidente que en el presente caso dichos delitos cometidos por la acusada DOÑA Delia lo son en grado de consumación.

QUINTO.- NO CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS. NO CONCURRE LA ATENUANTE DE DILACIONESINDEBIDAS. En la realización de los expresados delitos no concurre la atenuante de dilaciones indebidas ni ninguna otra.

Se alega la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21-6ª del Código Penal sin haber precisado en el trámite de conclusiones los hechos en que se fundamentaba dicha circunstancia, es decir, sin indicar las fechas o periodos de la supuesta inactividad procesal.

Es cierto que en el trámite de conclusiones la acusada adelantó que iba a solicitar la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas pero no concretó las fechas de la supuesta inactividad judicial en que se fundamentaba - que sí lo hizo posteriormente en el trámite de informe- impidiendo con ello que las acusaciones pudieran contradecir los supuestos periodos de inactividad que, como decimos, fueron introducidos en la fase de informe final.

En cualquier caso, es lo cierto que no puede apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas ni por la excesiva duración del procedimiento que pese a su complejidad se ha tramitado en apenas tres años (se inició en fecha 2 de diciembre de 2019) ni por la existencia de paralizaciones injustificadas o de diligencias inútiles que hayan podido demorar el procedimiento.

Es sabido cómo la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, exige que se especifiquen por el que la alega los plazos de paralización que considera injustificados o las diligencias que entiende inútiles, aunque no exija que el acusado promueva la agilidad del proceso, es decir, no se exige que haya actuado para evitar la existencia o permanencia de las dilaciones, pero sí exige que la paralización o retraso no le sea imputable.

A tal efecto, no es suficiente invocar de manera genérica la existencia de dilaciones con la sola indicación de las fechas que marcan el comienzo y la conclusión del proceso. El acusado tiene la obligación de especificar dónde se encuentran los períodos de inactividad judicial, señalando los datos oportunos en las actuaciones a fin de que se pueda verificar si las concretas demoras denunciadas existen realmente, si son relevantes hasta el punto de quebrantar el derecho constitucional invocado, y si tales dilaciones son injustificadas e imputables a los órganos judiciales o, por el contrario, tienen su razón de ser en causas ajenas a la actividad jurisdiccional o, incluso, imputables al mismo acusado. La falta de datos concretos que permitan a esta Sala comprobar la realidad de las supuestas injustificadas dilaciones, es motivo suficiente para rechazar el reproche [ STS 40/09, 28-1; 883/09, 10-9; 1057/09, 23-10; 1256/09, 3-12; 1394/09, 25-1]. Es decir, que, quien reivindica la apreciación de esa atenuante ha de precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas [ STS 627/13, 18-7].

La "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta: a) prestacional, como derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y, b) reaccional, traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el reclamante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SsTC Nº s 237/2001, 177/2004 y 153/2005; y SsTS de 26-12- 2008, 28-1-2009, 3-3-2009 y 7-3-2010, por citar algunas). Como recuerda el reciente Auto del Tribunal Supremo de fecha 9 de abril de 2015, con cita de la STS 32/2004 de 22 de enero, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el " derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable", los factores que han de tenerse en cuenta son los siguientes: a) la complejidad del proceso, b) los márgenes ordinarios de duración de los autos de la misma naturaleza en igual período temporal, c) el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, d) su conducta procesal, y, e) la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

En este sentido, en la reciente STS núm. 400/2016, de 11 mayo, se reitera cómo "En la STS 446/2015, 6 de julio (RJ 2015, 3237), con cita de la STC 54/2014, 10 de abril (RTC 2014, 54), decíamos que para determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ( art. 24.2 CE) hemos de acudir a las pautas que nos ofrece nuestra doctrina, conforme a la cual este derecho está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto " no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando" ( STC 153/2005, de 6 de junio, FJ 2). En la STC 178/2007, de 23 de julio, FJ 2, recogiendo jurisprudencia anterior, subrayábamos que la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en " un tiempo razonable "), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2CE , afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras)".

Todo esto obliga al examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, y las que en ellas se citan). En definitiva, se precisa algo más que la medición de la duración total del proceso, como las paralizaciones o inactividades injustificadas, si es que existieron, sobre las cuales es posible valorar lo indebido de la dilación para concederle efecto atenuatorio [ STS 1367/09, 28-12].

Expuesta esta jurisprudencia es evidente que la atenuante no puede prosperar por cuanto se ha invocado de forma genérica sin indicar los plazos de paralización que considera injustificados o las diligencias que entiende inútiles. Ya hemos reproducido la doctrina jurisprudencial de que " La falta de datos concretos que permitan a esta Sala comprobar la realidad de las supuestas injustificadas dilaciones, es motivo suficiente para rechazar el reproche".

No obstante, la Sala ha revisado pormenorizadamente la causa sin observar la existencia de paralización alguna injustificada.

Además, ninguno de los actos o diligencias existentes pueden considerarse objetivamente inútiles al haberse practicado en un plazo que no puede considerarse excesivo, extraordinario o indebido.

En el presente caso, no consta dilación extraordinaria alguna toda vez que, refiriéndonos al tiempo indicado expresamente por la Defensa en el trámite de informe final -no en el trámite de conclusiones como es preceptivo- respecto a la resolución del recurso de apelación presentado en fase de instrucción, es lo cierto que, si bien es un tiempo largo, también lo es que coincidió con la paralización judicial producida por la pandemia del Covid-19.

En este sentido no podemos dejar de recordar el reciente ATS de 28 de abril de 2021 " donde no resultaron ajenas las vicisitudes procesales derivadas del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que sedeclara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, que determinó la suspensión de las vistas desde esa fecha hasta el 4 de junio y la imposibilidad de nuevos señalamientos hasta esa fecha, con la dificultad añadida de acomodar los suspendidos. Aún así, es obvio que un año y nueve meses (tiempo íntegro de tramitación del recurso de casación sin corrección alguna) dista decualquier ideal, pero en modo alguno integra, como exige el art. 21.6ª una "extraordinaria dilación" . Adjetivo tampoco predicable al período total de tramitación en primera instancia, apelación y casación, como resulta de que no integrara motivo en el recurso de apelación y que en este incidente sólo se aluda al período que entiende de paralización en su tramitación casacional, pero no a su duración total ".

En cualquier caso, la apreciación de la atenuante simple de dilaciones indebidas resultaría absolutamente irrelevante en la presente causa, al haberse impuesto todas las penas en la mitad inferior de la pena en abstracto aplicable y, en además, incluso en la mínima legal.

OCTAVO.- AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD PENAL. De dichos delitos es responsable criminalmente en concepto de autora la acusada DOÑA Delia , por haber ejecutado directa, personal y materialmente los hechos que lo constituyen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y siguientes del Código Penal vigente, convicción a la que llega esta Sala valorando y ponderando conjuntamente el resultado de las pruebas practicadas conforme a los razonamientos anteriormente expuestos.

NOVENO.- DETERMINACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PENA DEL DELITO CONTINUADO. A) Determinaciónlegal de la pena. En cuanto a la determinación de la pena, atendidas la naturaleza de los hechos y las circunstancias concurrentes, al haberse cometido en grado de consumación, procede imponer la pena correspondiente al delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1 y 250.2, in fine "se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses" en relación con el artículo 74.2 del Código Penal y al delito continuado de falsedad contable del artículo 290 "serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior" en relación con el artículo 74.1 del Código Penal. En ambos casos al tratarse de delito continuado conforme al artículo 74.1 y 74.2 del Código Penal habrá de imponerse " en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado".

Pena que ha de aplicarse atendiendo a las reglas del artículo 66.1.6ª del Código Penal:

"1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: [...]

6ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

B) Individualización judicial de la pena. En cuanto a la individualización de la pena, una vez determinada en la forma anteriormente expuesta, la Sala estima proporcional a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concurrentes tales como cantidad total hecha propia, número de apropiaciones y forma de efectuar las mismas antes detallada y atendiendo fundamentalmente a que ya se ha tenido en cuenta la continuidad delictiva y no puede tenerse nuevamente en consideración esta circunstancia, aplicarla en el mínimo legal.

En este sentido, la STS, núm. 199/2017, de 27 de marzo señala que " la imposición del mínimo no precisa de una especial motivación en cuanto que se trata de una ineludible consecuencia de la calificación jurídica de los hechos, previamente establecida".

En cuanto a la cuota de multa. Es bien sabido cómo en cuanto a la determinación de la cuota de la multa conforme a lo dispuesto en el artículo 50.4 del Código Penal, se establece que " La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta".

A tal efecto no podemos dejar de recordar reiterada Jurisprudencia, por ejemplo, en STS núm. 530/2016, de 16 de junio en la que se señala que " la insuficiencia de datos acerca de la situación patrimonial del acusado no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto, sino que el reducido nivel mínimo de la pena de multa debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria. Por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo", continuando que "... además ha hecho uso de una defensa y representación técnica al margen de la designación de oficio, supuesto que también suele tomar en consideración la Sala Segunda como reveladora de una situación económica holgada - STS 824/2013, de 5 de noviembre -, razón por la cual fija una cuota diaria de15 euros", concluyendo que " En definitiva, aunque no haya mediado investigación efectiva de cargas y patrimonio, la cifra de quince euros, se encuentra enla parte baja del tramo imponible de 2 a 400 euros, aúndentro del primer peldaño si dividiéramos ese recorridoen veinte imaginarios escalones ".

Cantidad de 15 euros igualmente admitida en ATS 739/2016, de 31 de marzo y en STS 657/2014, de 29 de septiembre.

Por ello, resulta ajustada y proporcionada la cuota de diez euros impuesta atendiendo exclusivamente a su situación económica, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales de la misma que resultan de la causa y toda vez que no consta una especial incapacidad económica para hacer frente a esa cuota ( artículo 50.5 del Código Penal).

DÉCIMO.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios conforme a lo dispuesto en el artículo 116.1 del Código Penal.

En el presente caso el perjuicio originado por el delito a "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" fue la cantidad total de la que se apropió la acusada y que, conforme a lo anteriormente expuesto, asciende a la cantidad de 436.375 euros más la cantidad que luego se dirá.

En consecuencia, en concepto de responsabilidad civil la acusada deberá indemnizar a "SOCIEDAD COOPERATIVA RETO A LA ESPERANZA" en la cantidad de 436.375 euros más los intereses legales correspondientes ( art. 576 de la LEC).

Asimismo, deberá indemnizar a la Cooperativa en la cantidad que se determine en trámite de ejecución de sentencia conforme a las bases anteriormente indicadas.

UNDÉCIMO.- COSTAS. Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito, conforme al artículo 123 del Código Penal en relación con el 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluidas las de la Acusación particular.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por la Soberanía Popular y en nombre de Su Majestad El Rey,