Sentencia Penal 153/2024 Audiencia Provincial Penal de Castellón/Castelló nº 2, Rec. 21/2022 de 25 de abril del 2024

PRIMERO.- Antes de entrar en el fondo del asunto para enjuiciar los hechos que han sido objeto de acusación, es preciso exponer los motivos por los que esta Sala, ya en su día, entendió que no procedía abstenerse del conocimiento y enjuiciamiento de los hechos, y en segundo lugar, el porqué no se admitía a trámite la recusación que se había formulado en el inicio del juicio oral.

Esta misma Sala dictó auto de fecha 3 de febrero de 2023 en el Rollo de Apelación Penal con número 504/2022. En dicho auto decíamos: "LA SALA ACUERDA: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Leopoldo Segarra Peñarroja, en nombre y representación de D. Cosme -recurso al que se ha adherido el Ministerio Fiscal- contra el auto de fecha 19 de abril de 2022 dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Vila-real, en el ahora Sumario Ordinario número 1013/2020, que lo ratificamos en todo su contenido y extensión, y con declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta instancia. ".

Dicha resolución no analiza, para nada, el fondo del asunto, es decir, los hechos que ahora son objeto de enjuiciamiento, y nada de lo dicho en el auto podría ser interpretado de otra forma, más que en sentido de dar a las actuaciones, el cauce procesal correspondiente a un determinado asunto. En el relato de hechos que se realizaba por la Instructora en el auto de Procedimiento Penal Abreviado se recogía un hecho que podría ser, en su caso, constitutivo de un delito de abusos agresión sexual. El hecho de que el investigado pudiera mantener un acceso carnal con la denunciante sin usar el preservativo, que ésta previamente le había exigido para mantener dicha relación, pudiera ser constitutivo de un celito de abuso sexual del anterior art. 181.1 y 4 del Código Penal, y ello requiera, la procedente acomodación del procedimiento a los trámites de un sumario ordinario, que es el procedimiento por el que deben tramitarse dichos delitos. Esta Sala no decía nada más que lo anterior, sin entrar, para nada, en si los hechos habían sucedido, o no, en la forma que se denunciaba. Partiendo que los mismos se recogían en el auto de Procedimiento Penal Abreviado, dichos hechos no podían ser tramitados en un Procedimiento Abreviado, sino que debían de ser tramitados en un Sumario Ordinario, que es lo que se acordó por esta Sala en el auto de referencia.

Por todo ello, esta Sala entendía que no debía de abstenerse en el enjuiciamiento de los hechos, ya que no concurría algún motivo para ello de los establecidos en el artículo 219 de la LOPJ y aunque la abstención, es decisión personal del que la acuerda y pertenece a la conciencia interna de cualquier Juzgador, también es conveniente que los justiciables conozcan los motivos que llevan a rechazarla, y por eso se explica aquí, y así se expresó también la Sala en el acto del juicio oral.

En segundo lugar se planteaba por la defensa del procesado una recusación de los tres Magistrados que formaban la Sala. El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula las causas de abstención y de recusación. A su vez, el artículo 223 de la LOPJ establece: "1. La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. Concretamente, se inadmitirán las recusaciones: 1º Cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél. 2° Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusación se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga. 2. La recusación se propondrá por escrito que deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estará firmado por el Abogado y por Procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el Procurador deberá acompañar poder especial para la recusación de que se trate. Si no intervinieren Procurador y Abogado, el recusante habrá de ratificar la recusación ante el secretario del Tribunal de que se trate.

3. Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación. La parte que no proponga recusación en dicho plazo, no podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel momento, no conocía la nueva causa de recusación.

El día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el recusado habrá de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas.".

La recusación planteada en el acto del juicio oral es del todo improcedente y ha sido planteada fuera del plazo legal establecido, por lo que procede, sin más, acordar su inadmisión. No se ha concretado el motivo legal de la recusación que se formulaba, pero dada la argumentación que se ha realizado por la defensa, pudiera entenderse que se trataba a la 11ª, la de haber participado en la instrucción de la causa penal, o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia. Pero en todo caso, la misma debe entenderse que está planteada fuera de plazo.

El Sumario Ordinario número 1013/2020 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Vila-real se recepcionó por la Audiencia Provincial de Castellón el día 13 de julio de 2022, y fue repartido por la oficina correspondiente a esta Sección Segunda. Y en fecha 7 de septiembre de 2022 se dictó Diligencia de Ordenación acordando la suspensión de su tramitación, hasta la resolución del Rollo de Apelación Penal con número 504/2022. Y en el Rollo de Apelación Penal con número 504/2022 se dictó auto de fecha 3 de febrero de 2023, remitiéndose copia a este Rollo de Sala (Diligencia de Ordenación de fecha 23 de febrero de 2023), dictándose seguidamente Diligencia de Ordenación de fecha 25 de abril de 2023 por la que se acordaba levantar la suspensión.

Pero en dicha Diligencia de Ordenación, además de otros pronunciamientos, se acordaba nombrar Ponente de la causa, del Rollo de Sala, conforme a las normas de reparto de la Sección, al Magistrado D. Horacio Badenes. La Sección de esta Audiencia está compuesta por cuatro Magistrados, y ello es público y notorio, y cualquier duda en la posible composición del Tribunal, también puede ser objeto de solicitud de aclaración por la defensa, sin esperar al acto del juicio oral. Y a partir de esa Diligencia de Ordenación de fecha 25 de abril de 2023, a partir de dicho momento, el Letrado del procesado ya conocía, al menos, el nombre del Ponente de la causa, y contaba el plazo para presentar en su caso la recusación respecto al mismo.

Y con posterioridad se han ido dictando también resoluciones por la Sala de tramitación y procesales con la presencia de todos los Magistrados de la Sección: Providencia de fecha 26 de julio de 2023, Auto de fecha 22 de septiembre de 2023 declarando concluso el sumario y acordando abrir juicio oral; Auto de fecha 13 de diciembre de 2023 admitiendo las pruebas y señalando juicio oral, Providencia de fecha 23 de enero de 2024.

Por todo ello, las recusaciones planteadas en el juicio oral, lo han sido fuera del plazo establecido, por lo que procede ser inadmitas a trámite, como así se acordó en el acto del juicio oral.

SEGUNDO.- Y este Tribunal, sin ningún tipo de predeterminación del fallo a dictar antes de iniciar el juicio oral, y examina la totalidad de la prueba practicada en el acto del juicio, bajo los principios de inmediación y de contradicción, y apreciada en conciencia la misma, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Lecrim., llega a las conclusiones siguientes.

Tanto por el Ministerio Fiscal como la acusación particular realizan, en parte, un similar relato de hechos en los escritos de acusación, y por lo tanto, esta Sala, tiene de limitarse al enjuiciamiento de los mismos. Por el Ministerio Fiscal se dice que el acusado ya desde el nacimiento del primero de los hijos cuanto menos en el año 2011, comenzó a exigir a la denunciante que realizara labores domésticas con frases como "gandula, cochina", y comenzó a tener celos excesivos y a proferir expresiones de forma continua, sin concreción de fechas, dado que formaban parte de su rutina, teniendo todo ello una clara finalidad de menoscabar su integridad moral, y le decía frases como "puta ya vienes de follar con otro, me has engañado", "si me pones un maromo en casa te pego una patada en el culo que te echo de casa" "tienes que besar por donde yo paso, me tienes que tratar como un dios, te he sacado de la miseria" y en fechas y horas no concretadas cuando la Sra. Valentina salía con amigos, la buscaba y con la finalidad de menoscabar su integridad moral espetó "tu para casa".

Igualmente y al quedarse en estado del segundo hijo en el año 2015, en fecha no concretada del citado año, el procesado profirió "te crees que soy tan tonto de tener otro hijo contigo, o abortas o coges las cosas y te vas", profiriendo de forma constante "tú te quedarás embarazada cuando a mi me de la gana", siendo frecuente que el acusado tras mantener relaciones sexuales con Valentina con la intención de denigrarla, le dejara dinero sobre la mesilla, e igualmente durante la relación el procesado controlaba el suministro de dinero y con igual finalidad que la descrita en numerosas ocasiones que no pueden ser concretadas profirió "tus estudios los tienes gracias a mi, mantenida, eres una mantenida todo lo que tienes es gracias a mi, es gracias a mi", durando esta situación hasta el día 15 de septiembre de 2020 que rompieron la relación.

Por su parte, por la acusación particular, se indica que el acusado sometió a la denunciante durante los años 2010 a 2020 a continuos tratos denigrantes, vejatorios y discriminatorios a través de insultos y menosprecios recurrentes en el ámbito doméstico en el transcurso de los diez años que duró la relación, todo ello prevaliéndose de la posición de poder que ostentaba y de la situación de desigualdad que entre ellos existía.

Las muestras de humillación y las frases ofensivas proferidas por el acusado que han quedado recogidas en autos son las siguientes: 1.- Al quedar embarazada de su primer hijo común le espetó: "Tienes que besar por donde yo paso, me tienes que tratar como un Dios, yo te he sacado de la miseria". 2.- "Gandula, Cochina" cuando el estado de la vivienda no estaba a su gusto. 3.- "No sé para que te doy dinero" cuando no le parecía bien la comida hecha por mi representada. 4.- "Mantenida, eres una mantenida, todo los tienes gracias a mí" cada vez que la Sra. Valentina compraba algo para su uso personal. 5.- Cuando mi representada quedaba con alguien de su entorno le decía: "Puta, ya vienes de follar con otro". 6.- "Si me pones a un maromo en casa te pego una patada en el culo que te echo de casa". 7.Tras mantener relaciones sexuales era habitual que él cogiera su cartera, sacara billetes y se los tirara por encima de la Sra. Valentina diciendo "Toma, para que te compres un perfume o un bolso". 8.- "Je crees que soy tan tonto de tener otro hijo contigo? O abortas o coges las cosas y te vas" tras uno de los embarazos que tuvo la Sra. Valentina y del que finalmente abortó, inducida por la presión y la exigencia del acusado. 9.- "Tú te quedarás embarazada cuando a mi me dé la gana" tras mantener relaciones con la Sra. Valentina, pese a la oposición Inicial de ella, y de haberle asegurado utilizar un preservativo para luego no utilizarlo durante la relación completa.

Y además, en una ocasión, concretamente en enero del año 2015, obligó a abortar a la Sra. Valentina en contra de su voluntad, el que habría sido el segundo hijo de la pareja.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular califican dichos hechos de maltrato habitual, añadiendo ésta última, un delito de coacciones por el tema del aborto. Por el acusado se niegan dichos hechos, y además se dice por la defensa, que las coacciones estarían prescritas.

Dña. Valentina presentó denuncia en los Juzgados de Nules en fecha 3 de noviembre de 2020, y en dicha denuncia relataba una serie de insultos y vejaciones que decía habían ocurrido durante toda su relación, existiendo además un control económico. En la misma denuncia se decía que los hechos no los había presenciado nadie, y fijaba los hechos denunciados, estando embarazada de su primer hijo, a los 12 días de nacer su hijo.

También dice que el acusado le tiró por tierra sus estudios, que dejó al lado sus amistades, que hubieron insultos en la localidad de DIRECCION003 cuando ella estaba en el casal, que hubieron amenazas, desprecio absoluto, coacciones graves en enero de 2015 haciéndola abortar, y además dice que en la cuarentena mantuvieron relaciones sexuales, pero él no se puso protección y la obligó. Dijo también que hubo control durante la pandemia, e insultos a su hijo al que llamaba copito de nieve. Y habló de los problemas de los días 13 y 15 de septiembre de DIRECCION003.

La denuncia anterior fue ratificada en el Juzgado de instrucción mediante comparecencia de fecha 22 de diciembre de 2020. Allí volvió a explicar el tema del aborto, del preservativo, de los insultos y de las vejaciones y de los comportamientos y actuaciones que había tenido con ella, del tema de DIRECCION003. También dijo allí y lo ratificó en el acto del juicio oral, que unos días antes de interponer la denuncia fue emplazada por el Juzgado de Nules en un procedimiento de medidas sobre la custodia de los hijos, en los que el denunciado solicitaba la guarda y custodia única o compartida de ellos.

Y a la vista de las pruebas que se han practicado en el acto del juicio oral, sólo existe la versión dada por la denunciante y la negación de los hechos por parte del denunciado. También se ha practicado prueba testifical del hijo de Dña. Valentina, ahora ya mayor de edad, Leandro, pero realmente el mismo, no ha aportado datos suficientes como para entender que los hechos denunciados en su totalidad puedan tenerse por acreditados, existiendo además una clara relación entre madre e hijo, que pudiera llegar a cuestionar su propias manifestaciones. De su declaración en Instrucción se deduce que en un principio todo iba bien, y que luego cambió cuando él tenía unos doce años, y que la relación entre su madre y Cosme era mala, que habían discusiones, tensiones y gritos por los dos, y que oyó una vez que le dijo hija de puta, y les llamaba cenutrios y a él copito de nieve, y que presenciaba insultos y menosprecios que no concretaba, y que cuando llegaba Cosme, su madre le decía que hiciera algo para que no se quejase. Dijo que cenutrio se lo decía cuando se separaron, que Cosme le decía a su madre que tenía la casa como una porquera, y también dijo que su madre tenía una peña en DIRECCION003. Y en el acto del juicio concretó algún insulto más, y dijo los de zorra y puta, y que también hubo faltas de respeto, y que había oído palabras feas. Sin embargo, dicha declaración es muy inconcreta en el tiempo y en su contenido. Ciertamente que no había buena relación entre las partes, pero los insultos se concretan a que, una vez, sin señalar en el tiempo le dijo hija de puta, y que oyó otros como zorra y puta, y manifiesta unas faltas de respeto que no se concretan. Por ello es imposible poder valorar cuando se produjeron dichas expresiones, y sobre todo, en qué circunstancias se ocasionaron. Tampoco se ha acreditado en el acto del juicio oral que el acusado llegara a obligar a abortar a la denunciante, o que no quisiera tener hijos por ello, siendo además que tuvieron otro después de es aborto del que se habla.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular consideran que los anteriores hechos son constitutivos de un delito de violencia habitual. Y como por ejemplo ya hemos indicado en la Sentencia dictada el 5 de diciembre de 2022 en el Rollo de Sala n° 51/2021: "Como hemos dicho en muchas resoluciones, por ejemplo, la Sentencia de tres de marzo de 2014 dictada en el Rollo de Apelación Penal n° 891/2013: "... A los efectos de habitualidad del artículo 173, 2 del cp., el mismo precepto señala que se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

La sentencia del Tribunal Supremo num. 927/00 de 24 de junio realiza un detenido estudio de las características y funciones del artículo 153 del CP. (actual 173) que penaliza la violencia domestica cuya grave incidencia en la convivencia familiar es innegable y su doctrina debe complementarse por otras sentencias del Tribunal Supremo, num. 645/99 de 29 abril; num. 834/00 de 19 de mayo; num. 1.161/00 de 26 de junio; num. 164/01 de 5 marzo; etc. La violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia aisladamente considerados y el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar. Esta autonomía del bien jurídico, de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad que se describe en el artículo 153 (hoy 173) es lo que permite con claridad afirmar la sustantividad de este tipo penal; los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos impide apreciar la existencia de este delito (se estaría en un supuesto de concurso de delitos, artículo 77, y no de normas) ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia.

Lo relevante será constatar si en el "factum" se describe una conducta atribuida al recurrente que atenta contra la paz familiar y se demuestra en agresiones que dibujen ese ambiente de dominación, y temor sufrido por los miembros de la familia, abstracción hecha-de que las agresiones hayan sido o no denunciadas o enjuiciadas y que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de habitualidad que junto con él ataque a la paz familiar constituyen así dos coordenadas sobre las que se vértebra el tipo penal.

Por ello la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia, unido por los vínculos que se describen en el precepto, o que mantenga análogas relaciones estables de afectividad constituyen esta figura delictiva aun cuando aisladamente consideradas serían constitutivos de falta, en cuanto vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un clima de sistemático maltrato, no solo por lo que implica de vulneración de los deberes especiales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos y por la nefasta incidencia en el desarrollo de los menores que están formándose y creciendo en ese ambiente familiar. Se trata de valores constitucionales que giran en torno a la necesidad de tutelar la dignidad de las personas y la protección a la familia.

Finalmente en cuanto a la habitualidad que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia física dentro del ámbito de las relaciones familiares, es una exigencia típica, un tanto imprecisa, que ha originado distintas corrientes interpretativas. La más habitual entiende que tales exigencias se satisfacen a partir de la tercera acción violenta, criterio que no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el artículo 94 del CP. establece a los efectos de sustitución de las penas. Otra línea interpretativa, prescindiendo del automatismo numérico anterior, ha entendido que lo relevante para apreciar la habitualidad, más qué la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente.

Esta es la postura más correcta. La habitualidad no debe interpretarse en un sentido jurídico de multirreincidencia en falta de malos tratos --lo que podría constituir un problema de "non bis in idem"-- parece más acertado optar por un criterio naturalístico, entendiendo por habitualidad la repetición de actos de idéntico contenido, pero no siendo estrictamente la pluralidad la que convierte a la falta en delito, sino la relación entre autor y víctima más la frecuencia que ello. ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.

No se trata, por ello, de una falta de lesiones elevada a delito por la repetición, ya que no puede especularse en torno a si son tres o más de tres las ocasiones en las que se ha producido la violencia como se ha recogido en algunos postulados doctrinales para exigir la presencia del hecho delictivo por la habitualidad del maltrato sino que lo importante es que el Juez llegue a esa convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta dirección la habitualidad debe entenderse como concepto criminológico-social, no como concepto jurídico-formal por lo que será una conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, ya que éstas actuarían como prueba de la habitualidad, que también podría demostrarse por otras más.

Por ello, lo esencial será constatar esa constante situación agresiva, pues no es ocioso recordar que el delito del artículo 173 consiste en ejercicio de violencia física o psíquica, con habitualidad, sin que requiera, además, la producción de un resultado material sino de peligro abstracto para la seguridad y salud personal de la víctima. En esta dirección debemos considerar la violencia como toda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones similares en los diferentes miembros de la misma, concepto amplio que comprendería las más variadas formas de maltrato que se dan en la vida real ( sentencia num. 14/12 de 29 de junio de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid).

Todos y cada uno de los elementos indicados deberían haber sido acreditados concurrentes en el presente caso, a través, de la prueba válidamente obtenida e incorporada al acto del Juicio Oral a través de la correspondiente prueba de cargo válidamente obtenida e incorporada al Juicio Oral por las acusaciones pública y particular comparecida, única prueba libre, racional y motivadamente valorable por este Tribunal, al amparo de lo previsto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al concurrir en su práctica los principios de inmediación y contradicción. Sin embargo, nada de ello se ha hecho en este supuesto, estando ante alegaciones inconcretas, y no circunscritas en el tiempo.

Tampoco debemos olvidar las dificultades probatorias de estos delitos como el de violencia física o psíquica habitual, que por su especial naturaleza y continuidad delictiva, tienden a difuminar la exacta determinación de hechos y fechas por su continuada repetición. Así nos recuerda la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Santander en su sentencia núm. 216/11 de 9 de abril, al decirnos que nos encontramos --una vez más-- ante un supuesto de denuncia "en racimo", en el que una mujer, víctima de violencia de género, denuncia al hombre con el que ha mantenido o mantiene la relación, exponiendo una larga serie de hechos agresivos y vejatorios, acontecidos en un más o menos largo período de tiempo, y en el que pormenorizándose los hechos concretos faltan referencias temporales (fechas exactas de ocurrencia), espaciales (lugares de comisión) o subjetivas (personas presentes). En estos casos en que no ha habido denuncias --casi siempre por temor o por voluntad expresa o expresada de no judicializar los problemas de pareja--, ni tampoco asistencias hospitalarias --precisamente por tal razón--, el elemento detonante de la presentación de la denuncia suele ser un hecho concreto que supone el hartazgo absoluto, la gota que colma el vaso, por parte de la víctima, que, bien por voluntad propia, bien por consejo de familiares, amigos, asociaciones o agentes institucionales, finalmente se decide a denunciar. En estos casos los órganos judiciales han de enjuiciar hechos que, en un elevado porcentaje de casos, se encuentran huérfanos de todo tipo de prueba.

Cierto es que las declaraciones de la víctima, en estos y en otros casos en los que el, o los delitos, se cometen aprovechando precisamente la soledad, bien surgida de la ocasión, bien surgida de la intimidad y el ámbito privado y doméstico de la relación, tiene valor probatorio, pero ese valor probatorio no es absoluto, cuando tales declaraciones constituyen única prueba de cargo. Al respecto, y como recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de diciembre de 2.006 y 22 de octubre de 2.007, la declaración de la víctima, como prueba única de cargo, debe ser valorada con cautela, pues se trata de un testigo que de alguna forma está implicado en la cuestión, máxime cuando su testimonio es la noticia del delito y con mayor razón aún cuando se persona en la causa y no solo mantiene una versión determinada de lo ocurrido, sino que apoyándose en ella, sostiene una pretensión punitiva --como es aquí el caso--... "...

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 2ª, S 4-4-2012, n° 72/2012, rec. 57/2012. Pte: Parejo Pablos, Pilar dice: "Por lo que se refiere a la habitualidad, es muy clarificadora la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de dos mil seis, que expone la doctrina de dicho Alto Tribunal, al respecto y en ella se dice: "En la definición legal que el art. 173.3 da de la habitualidad excluye, expresamente, la necesidad del enjuiciamiento previo de los actos de violencia individuales, recogiéndose textualmente "con independencia de que los actos violentes hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores", por ello el delito de violencia habitual en el entorno familiar tiene sustantividad propia, de forma que los concretos actos de violencia psíquica o física tienen valor de acreditar la actitud del agresor y en consecuencia, en el concreto enjuiciamiento anterior de estos concretos actos impide su consideración a los efectos de apreciar la habitualidad, ni tampoco se precisa el enjuiciamiento previo, bastando tan solo con la comprobación de la realidad que se denuncia, STS. 24.6.2000, añadiendo las SSTS. 9.7.2001 y 16.5.2003, que la necesidad legal de penar separada y cumulativamente el delito de violencia doméstica habitual y los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia no supone una infracción del principio "non bis in idem".

La Sentencia de esta Sala 927/200, de 24-6, realiza un detenido estudio de las características y funciones al antiguo art. 153 CP actual art. 173.2 - que penaliza la violencia domestica cuya grave incidencia en la convivencia familia es innegable y su doctrina debe complementarse por otras ss. T.S. 645/99 de 29 abril 834/2000 de 19 de mayo E, 1161/2000 de 26 de junio o 164/2001 de 5 marzo. La violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia la aisladamente considerados y el bien jurídico es mucho más amplío y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar. Esta autonomía del bien jurídico, de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad que se describe en el art. 153 es el que permite con claridad afirmar la sustantividad de este tipo penal; los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos Impide apreciar la existencia de este delito (se estaría en un supuesto de concurso de delitos, art. 77, y no de normas) ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia.

Lo relevante será constatar si en el "factum" se describe una conducta atribuida al recurrente que atenta contra la paz familiar y se demuestra en agresiones que dibujen ese ambiente de dominación y temor sufrido por los miembros de la familia, abstracción hecha de que las agresiones hayan sido o no denunciadas o enjuiciadas y que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de habitualidad que junto con el ataque a la paz familiar constituyen así dos coordenadas sobre las que se vértebra el tipo penal.

Por ello la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia, unido por los vínculos que se describen en el precepto, o que mantenga análogas relaciones estables de afectividad constituyen esta figura delictiva aun cuando aisladamente consideradas serian constitutivos de falta, en cuanto vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un. clima de sistemático maltrato, no solo por lo que implica de vulneración de los deberes especiales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos y por la nefasta incidencia en el desarrollo de los menores que están formándose y creciendo en ese ambiente familiar. Se trata de valores constitucionales que giran en torno a la necesidad de tutelar la dignidad de las personas y la protección a la familia.

Finalmente en cuanto a la habitualidad que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia física dentro del ámbito de las relaciones familiares, es una exigencia típica, un tanto imprecisa, que ha originado distintas corrientes interpretativas. La más habitual entiende que tales exigencias se satisfacen a partir de la tercera acción violenta, criterio que no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el art. 94 CP establece a los efectos de sustitución de las penas. Otra línea interpretativa, prescindiendo del automatismo numérico anterior, ha entendido que lo relevante para apreciar la habitualidad, más qué la pluralidad en sí misma, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente.

Esta es la postura más correcta. La habitualidad no debe interpretarse en un sentido jurídico de multireincidencia en falta de malos tratos -lo que podría constituir un problema de "non bis in idem"- parece más acertado optar por un criterio naturalístico entendiendo por habitualidad la repetición de actos de idéntico contenido, pero no siendo estrictamente la pluralidad la que convierte a la falta en delito, sino la relación entre autor y víctima más la frecuencia que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.

No se trata, por ello, de una falta de lesiones elevada a delito por la repetición, ya que no puede especularse en torno a si son tres o más de tras las ocasiones en las que se ha producido la violencia como se ha recogido en algunos postulados doctrinales para exigir la presencia del hecho delictivo por la habitualidad del maltrato sino que lo importante es que el Juez llegue a esa convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. En esta dirección la habitualidad debe entenderse como concepto criminólogico-social, no como concepto jurídico- formal por lo que será una conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, ya que éstas actuarían como prueba de la habitualidad, que también podría demostrarse por otra más.

Por ello, lo esencial será constatar esa constante situación agresiva del recurrente hacia su esposa, que la sentencia considera acreditada, pues no es ocioso recordar que el delito del art. 173.2 consiste en ejercicio de violencia física o psíquica, con habitualidad, sin que requiera, además, la producción de un resultado material sino de peligro abstracto para la seguridad y salud personal de la víctima. En esta dirección debemos considerar la violencia como toda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones similares en los diferentes miembros de la misma, concepto amplio que comprendería las más variadas formas de maltrato que se dan en la vida real........

En efecto, ya hemos indicado que el delito del art. 173. 2, redacción LO. 11/2003 de 29.9 al igual que el anterior art. 153 -es independiente de los delitos o faltas en que se hubieran concretados los actos de violencia física o psíquica, cuya probanza debe acreditarse en el proceso por el delito del art. 173.2, así se infiere del último apartado del mismo que habla de actos de violencia "que resulten acreditados" y de que "con independencia de que los actos violentos" hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. Es decir cuando no se ha interpuesto denuncia por los episodios individualizados de violencia, todos los hechos, -tanto los constitutivos de falta como los que en su caso pudieran dar lugar a un delito de lesiones- podrán ser valorados para conformar la tipicidad del art. 173.2 CP., originando un concurso de delitos que arrastrará, en su caso, las correspondientes sanciones por esas faltas o delitos. Se exceptúa el supuesto de que las faltas pudiesen estar prescritas.

En estos casos, en principio, no sería imponible una sanción por la falta, pero nada impide valorar esas agresiones a los efectos del art. 173.2. En este sentido las SSTS. 927/2000 de 24.6, 687/2000 de 16.4: Los hechos constitutivos de posibles faltas no prescriben a los efectos del presente delito y pueden ser valorados e integrados en la habitualidad, de forma que la prescripción comienza a correr a partir del último de los episodios violentos considerados, y 662/2002 de 18.4 "los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos impide apreciar la existencia de este delito.. ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia... siendo al respecto irrelevante tanto las protestas de haber sido ya enjuiciados y autónomamente como faltas las agresiones o que por falta de denuncia y el tiempo transcurrido aquéllas hayan quedado prescritas".

Esta doctrina tiene incidencia en los hechos denunciados en agosto 2003 y que terminaron en sentencia absolutoria. En efecto, en principio, sería permisible en el nuevo proceso por el delito del art. 173.2 CP. discrepar de la valoración de la prueba hecha en las sentencias anteriores y considerar a los únicos efectos de integrar la noción de habitualidad, que esas conductas de violencia -ya enjuiciados desde la perspectiva individual- existieron. Lo que no cabría es condenar por esas previas faltas por impedirlo la cosa juzgada.

En el ámbito jurisdiccional penal la cosa juzgada carece de eficacia prejudicial o positiva, es decir, lo afirmado o declarado probado en una sentencia firme no vincula en otros procesos posteriores. La absolución por un delito o falta de lesiones o malos tratos no implica necesariamente la absolución por el delito del art. 173.2 CP, en el que se enjuicia no cada acto aislado, sino la situación creada.

La cosa juzgada penal solo cumple la función negativa o excluyente y no la positiva o prejudicial. La sentencia absolutoria cuyo objeto fuese u concreto acto aislado de maltrato -especialmente si en ella no afirma paladinamente la inexistencia del hecho- impediría un nuevo enjuiciamiento de esos hechos, pero no su valoración a los fines de considerar que ha existido habitualidad en un proceso abierto posteriormente por el delito del art. 173.2 CP .

Pudiera objetarse si con este entendimiento se está no sólo negando la eficacia positiva de la cosa juzgada, sino violando su mismo efecto negativo, por estarse juzgando de nuevo los mismos hechos, dado que es como es sabido el cambio de calificación no permite su nuevo enjuiciamiento, pero hay que entender que en la medida en que la perspectiva es distinta no puede hablarse de los mismos hechos: se está contemplando una situación permanente y no episodios aislados ( STS. 10.10.2005 E). "En el mismo sentido se pronuncia la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de julio de 2011.

Aplicando la doctrina expuesta al supuesto que nos ocupa, es claro que los hechos probados de la sentencia describen una situación de maltrato habitual que sé puede considerar acreditado que se inició con la agresión que sufrió la denunciante cuando estaba embarazada de su hija Araceli es decir finales del año 2001 o principios del año 2002 y se acrecentó en los tres últimos años en los que la pareja estuvo junta.".

Pues bien, a la vista de la doctrina que antecede y aplicándola a este supuesto, considerando probados los tres delitos de lesiones producidos, tomando en consideración la declaración de la propia víctima y de la declaración del hijo, entendemos que también concurren todos los requisitos necesarios para considerar que los hechos son también constitutivos de un delito de violencia habitual del artículo 173, 2 del cp. Ha habido una violencia física y psíquica, distinta de los concretos actos de violencia aisladamente considerados, por lo que ha existido aquí ese ataque al núcleo de una convivencia familiar -o asimilada-, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar -o asimilado al mismo-, y haciéndolo de una forma reiterada, habitual, como una forma de comportarse, con un ambiente de total dominación.

Por ello la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia -o que mantenga análogas relaciones estables de afectividad-, unido por los vínculos que se describen en el precepto, constituyen esta figura delictiva aun cuando aisladamente consideradas serían constitutivos incluso de delitos leves, en cuanto vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un clima de sistemático de maltrato, no solo por lo que implica de vulneración de los deberes especiales de respeto entre las personas unidas por tales vínculos y por la nefasta incidencia en el desarrollo de los menores que están formándose y creciendo en ese ambiente familiar. Se trata de valores constitucionales que giran en torno a la necesidad de tutelar la dignidad de las personas y la protección a la familia. Como ya hemos dicho en el fundamento anterior, no consideramos relevante para estos hechos ni la declaración del hermano ni de su mujer, y tampoco aportan nada los mensajes presentados por la defensa junto con el escrito de defensa. La denunciante ha negado haber remitido esos mensajes y haber sido la hija la que los ha mandado, pero sea como fuere, los mismos tampoco tienen influencia sobre lo declarado probado. La descripción de la situación existente y detallada por el hijo de ambos es sumamente clara, si bien también consideramos que la denunciante tenía una cierta autonomía, no habiéndose acreditado una sumisión total en temas económicos, por ejemplo."

Y aplicando lo anterior al presente supuesto, debemos de concluir que no ha quedado acreditado para esta Sala esos actos de violencia física y psíquica capaces de constituir un delito de maltrato habitual, ni ha quedado acreditada una conducta atribuida al acusado que atente de forma grave a la paz familiar, y que se traduzca en un ambiente de dominación, y un temor sufrido por los miembros de la familia. No se trata de incomodidades producidas, sino de temor y total dominación. Tanto la denunciante como su hijo dicen que cuando llegaba el acusado debía estar todo en orden, y todos debían de hacer algo en la casa para que no se enfadara, pero ello, no puede ser considerado con violencia habitual, y no se ha acreditado esa atmósfera irrespirable, o ese clima de sistemático maltrato. En estos supuestos es importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente, lo que no ha sucedido aquí, puesto que incluso no se han podido, acreditar actos concretos. Como se ha dicho, las versiones de las partes son totalmente contradictorias, y no existe una corroboración periférica de los hechos que lleve a poder concluir que lo denunciado se ha producido. Además de ello, la denuncia penal interpuesta por unos hechos que se dicen que sucedieron con mucha anterioridad, coincide también con la interposición de un procedimiento civil, por lo que puede entenderse que existe algún tipo de ánimo distinto, del que tiene que presidir cuando se interpone una denuncia penal. El testigo, Leandro, hijo de la denunciante, dijo que entre las partes habían discusiones, tensiones y gritos, y que oyó alguna vez que le dijo hija de puta, y luego también zorra o puta, y que les llamaba cenutrios, y a él copito de nieve. También dijo que presenciaba insultos y menosprecios, pero no los concreta, y que el acusado decía que ella tenía la casa como una porquera, pero todo ello sin la concreción necesaria para fundamentar una condena penal por un delito de maltrato habitual. Por el testigo se dice que se han producido durante la relación algún tipo insulto como puta, zorra o hija de puta, pero estas frases, no contextualizarlas, ni concretarlas en el tiempo, tampoco podría servir para fundamentar una Sentencia condenatoria por un delito de injurias, sobre el que además, no se ha formulado acusación.

No ha sido traído ningún otro testigo para ratificar la versión de los hechos dada por la denunciante. Si la situación existente duró tanto tiempo, desde el primer momento se dice por la denunciante, o incluso si fue posterior, necesariamente alguien más debió conocerla o verla, pero nada de ello se ha acreditado, por lo que no podemos tener por acreditado la versión dada por la denunciante. Existen algunas contradicciones, como por ejemplo que todo ocurría en la intimidad, y que luego dijera en el acto del juicio oral que hubieron testigos de los insultos y las amenazas, pero no hayan sido traído nadie al juicio. No ha quedado acreditado un control del dinero que fuera denigrante para la denunciante, siendo además que ella tenía dinero, y siendo además que en la vivienda había una ayuda externa para realizar las tareas domésticas. No se ha acreditado que a ella se la privara de sus relaciones de amistad con otras personas, puesto que incluso tenía una peña en la localidad de DIRECCION003. Las versiones también han sido contradictorias respecto al hecho de darle ese dinero, y ponérselo en la mesita después de mantener relaciones sexuales. Y las muestras de humillación y frases ofensivas establecidas en el escrito de acusación, no han quedado acreditadas, ni tampoco ha quedado acreditado el momento en el que se produjeron. En el tema del aborto, tampoco ha quedado acreditado que dicho hecho fuera producto de una exigencia y obligación por parte del acusado, y en contra, de la total voluntad de la denunciante.

Y la prueba pericial realizada tampoco puede ser considerada como relevante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Para la Unidad de Valoración forense integral de Violencia de Castellón el relato anterior de la denunciante es creíble. Según se dice en el informe realizado en fecha 2 de febrero de 2021 y obrante a los folios 126 y siguientes: "CONSIDERACIONES FORENSES

La peritada presenta un estilo de personalidad con predominio de rasgos evitativos y compulsivos; donde se presenta corro una persona con tendencia a cumplir sus responsabilidades, disciplinada, meticulosa y diligente. Tiende a tener limitadas las opciones para sentir satisfacción o recordar momentos de plenitud, así como pocos mecanismos en ocasiones para canalizar sus necesidades, resolver conflictos o evitar estresores externos.

Por otro lado tiende a considerar que no vale nada, llegando a sentirse insignificante e irrelevante. Muestra una tristeza generalizada, y ante algunas dificultades puede presentar un estado más grave de desánimo, pudiendo llegar a normalizar las críticas y menosprecios hacia su persona, sintiéndose culpable por no tener cualidades positivas o no haber hecho nada digno de admiración.

Respecto a la relación de pareja, la peritada se ha sentido atrapada en un sentimiento de desprecio hacia ella por parte de la que ha sido su pareja sentimental, quien la ha hecho sentir que es inferior y que debía estar constantemente a su servicio.

En la exploración psicopatológica, se evidencia que ha presentado sintomatología depresiva reactiva a los hechos experimentados, como consecuencia de la convivencia con el denunciado y la exposición continuada a sus menosprecios, desacreditaciones y vejaciones. Durante años ha estado angustiada, con sentimientos de desánimo o culpa, falta de iniciativa, apatía y baja autoestima, expresando sentimientos de inutilidad. A pesar de ello, se aprecia que desde que se puso fin a la relación de pareja, su estado ha ido mejorando de forma significativa.

En la exploración social se observa una mujer que ha vivido sometida a un constante control social, familiar y económico, el cual le ha sido muy difícil aceptar por el continuo desprecio al que estaba expuesta, pero que ha aceptado por mantener un entorno sociofamiliar normalizado con respecto a los hijos. Mantenimiento de grupo de iguales y reencuentro de un espacio familiar adecuado, ambos clave para la toma de decisión final.

CONCLUSIONES. A partir de la evaluación realizada podemos obtener las siguientes conclusiones forenses: 1. La exploración realizada a Dña. Valentina es proporcionada a sus antecedentes. 2. En la exploración psicopatológica, ha presentado sintomatología depresiva reactiva a la situación vivenciada aunque en la actualidad dicha afectación ha ido disminuyendo desde que se produjo la ruptura en la relación de pareja, manteniendo una estabilidad emocional en la actualidad. 3. A nivel social se observa deterioro en cuanto a relaciones afectivas futuras pero un adecuado pronóstico en cuanto, a establecer relación con grupo de iguales, relaciones familiares y a la reinserción al mercado laboral. Es cuanto pueden manifestar en cumplimiento de la misión que ha sido encomendada."

Y esta Sala no le da a dicha prueba pericial el valor de prueba plena e indiscutible, por lo que debe ser confrontada con el resto de las pruebas practicadas. Las pruebas periciales deben ser valoradas con criterios de sana crítica. Y hemos dicho en numerosas ocasiones que los informes periciales son una prueba más, que han de ser valorados por el Tribunal sentenciador con arreglo al canon de valoración conjunta, y que no cuentan -por muy técnicas que puedan ser sus reflexiones con la virtud de suplantar a la conclusión judicial. Dado que la labor de enjuiciar corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales no puede convertirse la pericia en un género de suplantación de la verdad que solamente corresponde establecer al Tribunal a la vista del conjunto de la prueba. Esta conclusión ha sido particularmente proclamada por el Tribunal Supremo al abordar los informes sobre credibilidad psicológica de testigos (en especial menores de edad). Véase, por ejemplo, la STS de 30 de enero de 2019 ( ROJ: STS 226/2019). Pero sin duda abarca el conjunto de las pruebas periciales que puedan verse introducidas en cualquier proceso. Con incuestionable precisión lo recuerda la STS de 17 de enero de 2019 ( ROJ: STS 111/2019) FJ 5°, al decir (con cita de otras anteriores de idéntico criterio) que: "conviene no perder de vista que el fin de la prueba pericial no es otro que el de ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunos aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artístico" ( art. 456 LECrim). Apreciar significa precisamente ponderar el valor de las cosas. Se tendería o subvertir la naturaleza procesal de la prueba pericial, atribuyendo a ésta un alcance prácticamente definitivo. El perito es un auxiliar del ejercicio de la función jurisdiccional, pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria (...) Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de pseudo-ponente, con capacidad decisorio para determinar de forma implacable el criterio judicial. Lo que los peritos denominan conclusión psicológica de certeza, que en modo alguno puede aspirar o desplazar la capacidad jurisdiccional para decidir la concurrencia de los elementos del tipo y para proclamar o negar la autoría del imputado (Cfr. STS 485/2007, 28 de mayo). Hacer del dictamen de los peritos psicólogos un presupuesto valorativo sine qua non, llamado a reforzar la congruencia del juicio de autoría, supone atribuirles una insólita capacidad para valorar anticipadamente la credibilidad de una fuente de prueba. Y por ello, sería imposible en este supuesto proceder a una condena en base a dicha prueba pericial, en la que tampoco se ha analizado la totalidad de la unidad familiar para contrastar las posibles versiones de todos los implicados.

Ha quedado acreditado que al final existían unas malas relaciones entre las partes, que había discusiones y gritos entre ellos, pero respecto a todo el resto, nada se ha concretado en el tiempo, ni se han determinado las circunstancias en las que se produjeron, por lo que imprecisión es total, y por ello, no podemos dictar una sentencia condenatoria, ni por maltrato habitual, ni por otros delitos por los que no se ha formulado acusación concreta. Y el relato de hechos probados que se han realizado son aquellos que han sido acreditados para esta Sala, limitándose los mismos a la denuncia presentada y a las malas relaciones existentes entre las partes.

Por ello, procede la absolución del acusado del delito de violencia habitual y del delito de coacciones.

TERCERO.- Por la acusación particular se solicita la condena del acusado por un delito de delito de abuso sexual del art. 181, 1, 4 introducido por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio por considerar que es más favorable que la redacción vigente del Código Penal introducida por la LO 10/2022 de 6 de septiembre.

Según el relato de hechos que se ha realizado por la acusación, Dña. Valentina se vio forzada a mantener relaciones íntimas con el acusado, pero habiéndole requerido el uso inexcusable del preservativo, dado que al término de la época de cuarentena del aborto, el médico aconsejó a la denunciante que no mantuviera relaciones sexuales, o que las tuviera con mucha precaución. Entonces, el acusado se empeñó en mantenerlas una noche, y la denunciante le suplicó que no, y como él no cesaba, ella claudicó y le dijo que se pusiera una protección, y el acusado dijo que si, pero que luego no lo hizo, y la cogió a cuatro patas y la obligó. Dña. Valentina le suplicaba que por favor parara, y lo no hizo, y cuando terminó la denunciante llorando le indicó "¿sabes que me has dejado embarazado no?".

El acusado niega estos sucedidos enero febrero de 2015, y por ello, no tenemos más que la versión de la denunciante, frente a la del acusado, sin que deba entenderse más creíble la versión de la primera, que la del segundo. No cabe ninguna duda que hechos anteriores pueden ser denunciados con mucha posterioridad, pero es que aquí estamos ante hechos presuntamente sucedidos en el año 2015 cuando se denuncian en noviembre de 2020. Y por ello, esta Sala tiene dudas, más que fundadas y razonables, sobre estos concretos hechos denunciados. Las versiones de ambas partes son totalmente contradictorias respecto a ellos, y concurren determinadas circunstancias por las que no podemos tenerlo por acreditado. Como ya hemos indicado en otras ocasiones nos encontramos pues, ante la acusación de un tipo de delito -en este supuesto de agresión sexual o abuso sexual según la regulación que entendamos aplicable- en el cual el testimonio de la víctima es esencial y fundamental, es decir, es prueba principal, y en muchas ocasiones, es la única prueba con la que cuenta el Tribunal, por lo que debe acudirse a otros elementos periféricos u objetivos, que lleven al convencimiento de un modo concreto de ocurrir los hechos.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, esta Sala entiende que no existen elementos de prueba de signo incriminatorio suficientes y/o elementos periféricos, como para enervar el principio de presunción de inocencia en cuanto a la existencia del delito de agresión sexual o abuso sexual que se imputan al acusado por la acusación particular.

A nivel teórico, nuestro punto de partida es la presunción de inocencia (que también sería aplicable a los otros delitos por los que se formula acusación), y que debe entenderse como derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que la sentencia condenatoria debe expresar las que sustentan la declaración de responsabilidad del condenado, constituyendo verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución, y generalmente practicadas en el acto del juicio oral con todas las garantías. Igualmente, son exigencias de dicho derecho fundamental, las relativas a quién debe aportar las pruebas, en qué momento y lugar deben practicarse las mismas, qué debe entenderse como prueba legal y constitucionalmente válida, necesidad que la valoración probatoria se someta a las reglas de la lógica y de la experiencia, lo que conlleva la obligación de motivar o razonar el resultado de dicha valoración ( S.S.T.C. 111/99 y las numerosas S S. citadas en la misma o la 209 y 222/01). La prueba de cargo, además debe estar referida a los elementos esenciales del delito objeto de la condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva, y a la participación en dichos hechos del acusado, lo que constituye el ámbito propio de este derecho fundamental ( Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989, 30 de septiembre de 1993, 30 de septiembre de 1994 y 10 de octubre de 1.997).

Así, conviene en este momento recordar dos principios consustanciales a nuestro derecho penal, cual son, de una parte el citado principio de presunción de inocencia ya dicho, que da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma. motivada, en la Sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Y de otra, el principio "in dubio pro reo", que viene a imponer al órgano enjuiciador al que le asalte la duda de cuál fue la verdad de los hechos materiales objeto de acusación y la participación que en ellos pudo tener el acusado, la libre absolución del mismo.

El convencimiento del Juez o Tribunal sentenciador puede perfectamente lograrse por la declaración de un solo testigo, aun cuando ésta sea la propia víctima ( ss. T.S. 19-1, 27-5 y 6-10-88, 4-5-90, 9-9-92, 13-12-92, 24-2-94, 11-10-95, 29-4- 97, 7-10-98 y; TC. 28-2-94). En efecto, como señala la STS 607/2007, de 10-7, la declaración de la víctima no es prueba indiciaria, sino prueba directa, y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo (ss. 706/2000 y 313/2002) como del Tribunal Constitucional (ss. 201/89, 173/90, 229/9). Esto no quiere decir que la existencia de esa declaración se convierta por sí misma y automáticamente en prueba de cargo suficiente, pues, como todas, está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador.

Así, el Tribunal Supremo parte de que las declaraciones de la víctima no son asimilables totalmente a las de un tercero. Por ello, cuando el Tribunal Constitucional respetando con buen criterio el ámbito de exclusividad de la potestad jurisdiccional penal constitucionalmente atribuido a Jueces y Tribunales ordinarios, señala que la declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, incumbiendo su valoración al Tribunal sentenciador, ello no significa, desde luego, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada por la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no es inhábil a los efectos de su valoración como una prueba más, por el Tribunal sentenciador, el cual debe aplicar obviamente, en esta valoración, criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba.

La Sentencia Tribunal Supremo de 30 de enero de 1999 destaca que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical, siempre que se practiquen con las debidas garantías, y son hábiles por sí solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y de manera específica en los delitos en que por las circunstancias en que se cometen no suele concurrir la presencia de otros testigos ( s. 28-1 y 15-12-95), bien entendido que cuando es la única prueba de. cargo exige -como ha dicho la S.T.S. 29-4-97- una cuidada prudente valoración por el Tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concursan en la causa, precisando la S.T.S. 29-4-99, con que no basta la mera afirmación de confianza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, ya que tal afirmación ha de ir acompañada de una argumentación, y ésta ha de ser razonable por encontrarse apoyada. en determinados datos o circunstancias. Precisamente este entendimiento de la doctrina constitucional es lo que ha llevado al Tribunal Supremo a señalar en una reiterada jurisprudencia, cuáles son los tres parámetros mínimos de contraste a los efectos de la valoración racional de la declaración del denunciante como prueba de cargo ( ss. TS. 28-9-88, 5-6-92, 8-11-94, 11-10-95, 15-4-96, 30-9-98, 22-4-99, 26-4- 2000, 18-7-2002).

También ha declarado el Tribunal Supremo, en muchas ocasiones -por ejemplo 29-12-97- que la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. El riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose más acentuado aún si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación el propio acusador. Y basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien la acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no solo es única prueba de la supuesta autoría del acusado, sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de indefensión para el acusado cuando la acusación fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan precisa en su circunstancia o en, el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario. ( STS 698/2007)

Por todo ello, el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba, es necesario que el tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos, como son la Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, la Verosimilitud, y la Persistencia en la Incriminación. Bien entendido que no se trata de requisitos o condiciones determinantes de la existencia de prueba, sino parámetros o reglas orientativos que deben ser tenidas en cuenta por el Tribunal de instancia en su operación valorativa ( SsTS 15-6-2000 y 2-10-2006).

Y aplicando los anteriores criterios, que no requisitos, a este concreto episodio denunciado y ocurrido sobre, el año 2015, estima la Sala, como ya se ha dicho, que no concurren en el presente supuesto los elementos necesarios para considerar tener por probados los hechos tal y como han sido planteados por la acusación, teniendo finalmente, serias dudas sobre la realidad de los mismos, puesto que básicamente, y por lo que seguidamente se dirá, no existe ninguna corroboración periférica, existiendo además ciertas circunstancias que nos llevan a dudar de su comisión. Lamentablemente, ello no quiere decir que los hechos pudieran haber sucedido, sino que esta Sala, no tiene, ni puede llegar a tener, la convicción necesaria y suficiente para poder dictar una sentencia condenatoria.

Y para esta Sala es totalmente extraño, que unos hechos tan relevantes e importantes como los denunciados, no fueran denunciados en su día, y se haya tardado en denunciar nada más y nada menos que cuando se ha presentado un procedimiento civil sobre guarda y custodia de hijos comunes. Tampoco se entiendo prueba suficiente el informe pericial realizado por la unidad de valoración forense integral de Violencia de Castellón, y por todo ello, la consecuencia, no puede ser más que el dictado de una Sentencia absolutoria respecto a este delito.

Por todo lo dicho, esta Sala no aprecia un mayor valor en las manifestaciones de la víctima que en las del acusado respecto a estos hechos, y no encontramos ninguna prueba periférica que acrediten los hechos denunciados. Y como es sabido, a pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y la práctica de prueba en el acto del juicio, y el principio "in dubio pro reo", puestas de relieve de forma reiterada por el Tribunal Constitucional desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio, y 13/1982 de 1 de abril, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico "favor rei", existe una diferencia sustancial entre ambos, ya que el principio "in dubio pro reo" sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales, como ocurre ahora, y por eso este Tribunal, absuelve al acusado, por las dudas que ofrece el caso enjuiciado.

En consecuencia, procede la libre absolución del acusado Cosme con toda clase de pronunciamientos favorables, por el delito de abuso sexual (sin que sea preciso entrar en la calificación realizada, puesto que se ha acreditado el hecho), del que viene siendo acusado.

CUARTO.- En cuando a la responsabilidad civil, y siendo la Sentencia absolutoria, no procede hacer pronunciamiento al respecto.

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del Código Penal, y al ser absuelto el acusado de todos los delitos por lo que ha sido acusado, procede declarar las costas de oficio, sin que haya motivos suficientes para imponerlas a la acusación particular.

Vistos los artículos legales citados y demás de general y de pertinente aplicación: