Sentencia Penal 41/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 36/2022 de 19 de abril del 2023

PRIMERO. - Sentencia condenatoria apelada. El encaje de los hechos probados en la infracción que se entendió cometida y la imposición de unas penas de la naturaleza y dentro de los límites legales como presupuesto para su confirmación: Tal como se extrae de lo indicado en el encabezamiento y en el antecedente de hecho primero y a pesar de la evidente errata en el fallo de la resolución allí referida, se ha dictado una sentencia condenatoria de una persona como autora de un delito contra la seguridad vial castigado en el artículo 379.2 del Código Penal.

Por otra parte, según se ha reseñado en el antecedente segundo, el condenado ha recurrido en apelación la sentencia dictada en primera instancia, solicitando que se revoque y se le absuelva, " ...con todos los pronunciamientos favorables... ", fundándose, básicamente, en que se había errado al valorarse las pruebas practicadas, puesto que no se había puesto a los mandos de vehículo alguno.

No obstante lo que se alegó en el recurso, en lo que se ahondará más adelante, la confirmación de la sentencia recurrida sólo puede pasar, a modo de presupuesto insoslayable, por la comprobación de que los hechos que se consideraron probados tenían encaje en la infracción por la que se condenó al recurrente y que no se superase la pena máxima legalmente imponible o se castigase con alguna no prevista, se haya o no alegado. A este respecto son más que elocuentes los razonamientos del Tribunal Supremo de su sentencia de 07/10/2008 con cita de otra de 12/07/1997, según la cual, dado el fondo ético del procedimiento penal y su naturaleza aflictiva, " ...la función punitiva del Estado...solo puede hacerse valer contra el que realmente ha cometido el delito o falta y la verdad material a la que debe tender el proceso penal debe servir para fundamento de la sentencia...Ello presenta trascendencia, no puede condenarse a un acusado, con independencia de que se defienda adecuadamente o no, al que las practicadas "in facie iudicis" patentizan su inocencia e igualmente en los casos de condena atenuada, cuando se demuestra una menor responsabilidad, con independencia de que se haya o no alegado por la defensa...".

SEGUNDO. - Procedencia de revocar la sentencia, cuando menos, en lo relativo a la pena accesoria impuesta: Partiendo de lo expuesto en el fundamento de derecho anterior sobre la procedencia de analizar el encaje de los hechos probados en el delito en el que se fundó la condena y si la penas impuestas no superaban los límites máximos ni eran de una naturaleza distinta de lo establecido legalmente, tiene que tomarse en consideración lo siguiente:

a) Calificación jurídica de los hechos que se consideraron probados:

a.1) El artículo 379.2 del Código Penal, precepto en el que se fundó la condena, castiga al " ...que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro".

a.2) Partiendo de la infracción antes indicada, en lo siguiente en lo que tiene que incidirse es en que se entendió acreditado en la sentencia apelada que el día 05/11/2021, alrededor de las 00:40, el recurrente conducía, término que tiene tanto en ella como en el lenguaje vulgar el significado de guiar o dirigir algo, un " ...Hyundai Santa Fe con matrícula ....YXQ... " por una avenida de la ciudad de DIRECCION000. Este último, tal como se extrae de su matrícula y de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en su anexo I, números 7, " a sensu contrario", 12 y 13 y en el artículo 25 y el apartado I.A).a) del anexo XVIII del Reglamento General de Vehículos, se trataría en sentido técnico de un vehículo de motor.

a.3) La conducción de lo que tiene la consideración de un vehículo de motor se entendió probado que la estaba llevando a cabo el recurrente con una tasa de alcohol en el aire espirado que superaba el límite de 0,60 mg/litro, circunstancia en la que el legislador presume la merma de las facultades psicofísicas que supone la puesta en peligro de la seguridad vial que se pretende sancionar en el artículo 379.2 del Código Penal.

b) Penas:

b.1) El artículo 379.2 del Código Penal sanciona las conductas en él descritas con las mismas penas que prevé su apartado primero, que son " ... la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años...".

b.2) Como se ha indicado en el antecedente de hecho primero, se impusieron unas penas de prisión y de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores que no exceden en su extensión de la prevista en el artículo 379.1 del Código Penal. Ahora bien, la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, imponible como accesoria de la primera conforme con sus artículos 54 y 56, supera el máximo legal. Como es consustancial a su naturaleza y así se dispone en el artículo 33.6, también del Código Penal, habría de tener en este caso la duración de su principal, como se solicitó por la acusación, que era de 3 meses y 1 día, no de 9 meses, como se indicó en el fallo. Esto implica revocar la sentencia apelada, cuando menos, en este aspecto, que puede intuirse que tiene su origen en la incorrecta reutilización de un modelo informático.

TERCERO. - Alegación por el recurrente de una errónea valoración de las pruebas por no haber conducido vehículo de motor alguno. Ausencia de limitación en la revisión de los hechos probados por este Tribunal: Partiendo de la subsunción de los hechos probados en el delito por el que recayó la condena sobre el apelante, la siguiente labor que habría de realizarse, centrándose ya en lo que es el argumento central del recurso, es en si, efectivamente, el acervo acreditativo permitía llegar a la misma conclusión sobre los hechos enjuiciados que el juzgador de forma apta para enervar la presunción de inocencia que le asiste conforme con el artículo 24.2 de la Constitución Española.

En ese sentido, resulta claro que si se pudiera tener por acreditado que el recurrente no condujo vehículo alguno, sino que, como alegó, acudió al referido en los hechos probados para coger tabaco, habría de absolvérsele libremente conforme con el artículo 5 del Código Penal y los artículos 144 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que no habría llevado a cabo la acción sancionada por la infracción por la que se condenó. De igual manera habría que adoptar ese mismo fallo cuando no pueda tenerse por probados, más allá de toda duda lógica, que así hubiera ocurrido. Debe tenerse en cuenta a este último respecto, de un lado, que, como viene afirmando el Tribunal Constitucional desde su sentencia 31/1981, la presunción de inocencia que le reconoce el artículo 24.2 de la Constitución Española, analizándola desde su perspectiva de regla de juicio, consiste en el derecho de no ser condenados sin unas mínimas pruebas de cargo válidas de las que quepa inferir razonablemente los hechos base de la acusación que fueran susceptibles de alcanzar relevancia penal. De otro, que, coincidiendo con lo razonado por el Tribunal Supremo en su sentencia de11/02/2020, no cabría apreciar la tentativa en este delito cuando no se hubiera llegado a realizar acto alguno susceptible de calificarse como conducción, aunque pudiera pretenderse llevarlo a cabo.

Ahora bien, antes de entrar de lleno en si le asiste la razón al recurrente a ese respecto, tiene que abordarse una cuestión con carácter preliminar. Se trata del alcance de las facultades de este Tribunal para revisar lo que se consideró acreditado en la sentencia apelada. Hacer hincapié en ello no es baladí. Tal como se ha indicado en el antecedente de hecho tercero, el Ministerio Fiscal vino a afirmar al oponerse a la apelación que al carecer este Tribunal de inmediación en la práctica de las pruebas no podría revalorar libremente las mismas para adoptar un fallo absolutorio, debiendo limitarse a lo que más bien podría calificarse de control de racionalidad de la labor llevada a cabo en dicho ámbito. Tal razonamiento no puede compartirse. De entenderlo de otro modo habría de preguntarse para qué serviría realmente un recurso ordinario como es la apelación. Nada impide que este Tribunal revalore sin restricción alguna el acervo acreditativo ni justifica que se conceda mayor autoridad al juzgador de instancia sobre qué debe entenderse probado cuando con ello se pretenda sustituir un fallo condenatorio por uno absolutorio. Las razones que abonan tal conclusión son las siguientes:

a) Si el principio de inmediación, junto con otros, integra en gran medida la noción del derecho a un proceso justo que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución Española, no podría ser más paradójico que una persona a quien se le atribuye dicha garantía, como son los acusados muy especialmente, vea limitadas las posibilidades de revisar con total amplitud los hechos que se consideraron acreditados para lograr su absolución fundándose en ella misma. Lo que constituye un mecanismo encaminado a la mejor defensa de sus intereses se acabaría convirtiendo en un lastre para ello.

b) Desde el punto de vista del derecho positivo, los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el recurso de apelación que nos ocupa, no contemplan una limitación de cara a la revisión de las pruebas practicadas cuando, como aquí ocurre, se persigue sustituir un pronunciamiento condenatorio por uno absolutorio. Ello, por lo demás, se ve enormemente facilitado al contar hoy con un acta videográfica del juicio oral por mucho que ello no atribuya inmediación alguna a este Tribunal.

c) El Tribunal Constitucional ha rechazado expresamente que exista cualquier limitación a la hora de revisar los hechos probados cuando lo que se persigue es revocar una sentencia condenatoria por carecer el tribunal de apelación de inmediación. Un claro ejemplo es su sentencia de número 184/2013. De ella interesa destacar este fragmento:

" ...que en el ejercicio de las facultades que la Ley de enjuiciamiento criminal otorga al Tribunal ad quem deban respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE , antes enunciadas, con celebración si es menester de vista en apelación, no puede argüirse para impedir en casos como el actual, de condena en primera instancia, el derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena por un Tribunal superior, esto es, el derecho a un recurso efectivo y a la segunda instancia penal. Es, por lo demás, el derecho consagrado en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ratificado por España el 28 de agosto de 2009, "Boletín Oficial del Estado" de 15 de octubre de 2009) y que forma parte de las garantías del proceso justo consagradas en el art. 24.2 CE (por todas, SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3 ; 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5 ; 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 5), pues toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior y a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2 ; y 136/2006, de 8 de mayo , FJ 3).

De acuerdo con la descrita configuración del recurso de apelación, y en garantía del derecho a la revisión del fallo condenatorio, la Audiencia Provincial debía conocer en el caso ahora considerado tanto de las cuestiones de hecho como de Derecho, y pronunciarse en concreto sobre la culpabilidad o inocencia del demandante de amparo en la primera colisión, que forma parte de esa premisa fijada en la sentencia de instancia al determinar su responsabilidad penal. Negarse a ello, como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002 , no solo revela el déficit de motivación aducido y de incongruencia con sus pretensiones, sino, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria... ".

Cuestión diferente de que no exista una limitación para la revisión de los hechos que se considerasen probados de cara a dictar una sentencia absolutoria o que castigue de forma menos grave a los acusados es que para llegar a esa misma convicción este Tribunal pudiera tomar en consideración algún medio probatorio que hubiera sido completamente obviado por el juzgador de instancia. En ese supuesto la condena sí estaría basada en pruebas en cuya práctica no se habría tenido inmediación, lo que nos situaría, a grandes rasgos, en las mismas circunstancias que imposibilitan revisar el relato fáctico de una sentencia absolutoria que prevén los artículos 790.2.parr.3º y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales tienen su origen en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de número 167/2002, antes referida, aunque el legislador haya ido más allá de lo recogido en ella.

CUARTO.- Suficiencia de las pruebas practicadas y tomadas en cuenta por el juzgador para entender enervada la presunción de inocencia respecto del recurrente: Partiendo de que este Tribunal no tiene limite alguno a la hora de revalorar las pruebas de cara a dictar el fallo absolutorio pretendido en el recurso y analizadas de nuevo las mismas en su conjunto conforme con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras visionar el acta videográfica del juicio oral, no cabe modificar el relato de hechos probados de la sentencia atacada, lo que implica el mantenimiento de un fallo condenatorio con la modificación referida en el fundamento de derecho segundo, por lo siguiente:

a) El recurrente accedió a responder a las preguntas que se le formularon en el juicio oral. Manifestó, como vino a alegar en el recurso, que había estado bebiendo alcohol en casa de un amigo y que fue a su vehículo a coger tabaco, limitándose a accionar el mando de apertura de las puertas del mismo, en el que no había llegado a entrar, tras lo cual se percató de que otro que circulaba por las inmediaciones sufrió un accidente. Añadió que acudió a ver si le había ocurrido algo a su conductor y éste le dijo que todo había sido culpa de un automóvil rojo al que se refirió, que era el suyo, llamando posteriormente a la policía, a la que intentó explicar sin éxito que no lo había movido siquiera.

Nada obstaba a que pudiera dársele crédito al recurrente en lo que manifestó o, al menos, contribuyera a sentar la duda al respecto. Ahora bien, sus palabras deben tomarse con mucha cautela por razones obvias. No sólo su objetividad está claramente menoscabada por tratarse de la persona que se vería afectada directamente por el fallo de la sentencia, sino que ni siquiera el faltar a la verdad en ese sentido podría acarrearle consecuencia alguna, pues no cometerían el delito de falso testimonio castigado en los artículos 458 y 460 del Código Penal.

Partiendo de lo cautelosa que debe ser la valoración de las manifestaciones del recurrente, en lo primero que tiene que ponerse el acento es en que tal versión de lo ocurrido parece un tanto rocambolesca. No obstante, la experiencia diaria de los Tribunales pone de manifiesto cuán cierto es el refrán que afirma que la realidad supera a la ficción. Ahora bien, lo que no puede dejar de tomarse en cuenta es que lo que dijo, de las que lo antes expuesto es un resumen, no pudo ser más deslavazado, dubitativo y deshilvanado en muchas ocasiones, lo que contribuye a que no se le pudiera dotar de gran credibilidad a tan peculiar narración de lo que habría ocurrido, en la misma línea que se vino a plasmar en la resolución recurrida.

b) Como se afirmó también en el recurso, el único testigo no referencial de los hechos enjuiciados de los cuatro que depusieron fue Luciano, que afirmó ser la persona que tuvo el accidente con el vehículo al que se refirió el recurrente y en el que se basó esencialmente el juzgador de instancia para tener por probado que el segundo había conducido este último.

c) Nada impide que un relato de hechos probados en el que se funde un fallo condenatorio tenga su origen en la declaración de un solo testigo, incluso cuando pudiera considerarse víctima de los mismos. Así lo ha entendido con toda lógica el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, como las de 21/03/2011 o 08/06/2019, en las que ha recalcado que la lógica, la ciencia y la experiencia invitan a analizar sus manifestaciones desde tres parámetros, no requisitos, que son los que en condiciones normales dotarán de suficiencia probatoria al testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar incertidumbre. Se trata de la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación, que en el recurso se negó que concurrieran en el caso de Luciano. Los argumentos desplegados a ese respecto no pueden compartirse por lo que sigue:

c.1) Dentro de la ausencia de incredibilidad subjetiva tiene que valorarse, de un lado, las características físicas o psicoorgánicas del testigo que sirvan para valorar su grado de desarrollo y madurez y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener trastornos mentales o patologías de otra índole. De otro, la inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar, bien de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de aquél, bien de las previas relaciones con el acusado, denotativas de odio, resentimiento, venganza o enemistad y que enturbien la sinceridad de la declaración.

En el supuesto que nos ocupa y por lo que se refiere a la primera de dichas esferas, nos encontramos ante un testigo patentemente mayor de edad del que no se aprecia ni lejanamente que sufra algún tipo de trastorno que le impida fijar los recuerdos o le impulse a recrearlos falsamente en su mente.

Adentrándonos en la segunda de las esferas indicadas, ni siquiera se alega que el recurrente y Luciano se conocieran. Es más, el primero lo negó en el juicio oral. Debe añadirse que no se aprecia elemento alguno que pudiera hacer dudar siquiera de que se persiguiera con su testimonio algo oscuro que pudiera haber enturbiado la objetividad del segundo. Lo argumentado en el recurso sobre que podría perseguir exculparse por los daños sufridos por el vehículo que conducía ante su madre, propietaria del mismo, no deja de ser un mera elucubración. Lo sostenido también sobre que estaría interesado en sostener su versión para, de alguna manera, beneficiarse económicamente ante los gastos realizados supondría tanto como privar de todo valor probatorio a cualquiera que pudiera verse perjudicado por la conducta enjuiciada.

c.2) En cuanto a la verosimilitud debe tomarse en cuenta que la declaración del testigo sea lógica en sí misma u objetivamente verosímil por su propio contenido y que esté rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo.

Partiendo de tales consideraciones, debe comenzar indicándose que nada ilógico puede apreciarse en lo narrado por Luciano. Indicó que se vio sorprendido cuando circulaba con un vehículo por otro que irrumpió marcha atrás y a gran velocidad desde una vía trasversal, reaccionando dando un volantazo, que le permitió esquivar a aquél por poco. El argumento del recurso sobre que de haber ocurrido así no se habría impedido el choque a tenor de la dimensión de la calle en la que todo ocurrió a la luz de las fotografías aportadas en el juicio oral es de nuevo una pura elucubración. El que afirmara que vio las luces amarillas, pareciendo que se refería a las de marcha atrás, que son obligatoriamente blancas, no merma especialmente su crédito. Más allá de que pudiera tratarse de un lapsus que ninguna parte tuvo interés alguno en aclarar, existe una pluralidad de matices cromáticos, que, en el caso de los faros, puede verse afectado por multitud de factores que afecten a su apreciación.

El que no pudiera haber visto quién era el conductor del vehículo que habría interceptado su trayectoria de ser verdad lo que narró el testigo, como se alegó también en el recurso, carece también de justificación. Se basa en centrarse en cómo habría ocurrido según aquél el accidente y en obviar lo que indicó sobre lo que aconteció después, que sería que se bajó de su vehículo, vio como hizo lo propio el recurrente y que, tras mirarlo de una forma extraña y de hacer un amago como de irse tras instarle a que llegaran a una solución, le pidió los datos del seguro y le respondió que no podía hacerlo y que buscaran otra forma de arreglarlo, ante lo que llamó a la policía. Lo que habría hecho sería, simplemente, presumirlo con todos esos datos.

El que el testigo fuera a más velocidad de la que indicó en el juicio oral a la luz de los daños que se habrían ocasionado en su vehículo, como también se incidió en el recurso invitando a contrastarlo con lo que aparecía en un informe pericial, es algo carente de todo fundamento. Un impacto a 30 km/h, si se produce contra una acera y un bolardo, como se asumió en él, teniendo en cuenta no es extraño tratar de acelerar, aun inconscientemente, para evitar una colisión y que muchos materiales de los vehículos son plásticos, como buena parte de los que se veían afectados en la fotografía contenida en aquél, puede ocasionarlo de forma notoria, más allá de que no afectaría a lo esencial de su relato.

No obstante todo lo anterior, lo verdaderamente importante es que, frente a lo que se alegó en el recurso, lo expuesto por el testigo se corrobora por diversas vías. Una de ellas es que, como se razonó en la sentencia recurrida, los dos integrantes de la policía local de DIRECCION000 que también despusieron como testigos mantuvieron que acudieron al lugar en el que había ocurrido el accidente y el apelante nunca insinuó siquiera que no hubiera conducido. A ello debe añadirse que uno de ellos aseveró que Luciano ya indicó entonces que había que tenido que dar un volantazo para eludir a otro vehículo que circulaba marcha atrás. Finalmente, lo más relevante es la admisión por el propio recurrente de que se produjo un accidente estando él junto a su automóvil y que desde un principio el Sr. Luciano le atribuyó haber tenido la responsabilidad. De todo ello se desprende que lo verdaderamente inverosímil es que alguien se inventara algo de ese cariz de forma espontánea y que, además, se comprometiera dando aviso inmediato a la policía que podía contrastar la realidad de tal invención en el mismo sitio y con todos los posibles implicados.

c.3) La persistencia en la incriminación exige valorar la ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse en lo material, el que no se aprecien ambigüedades, generalidades o vaguedades en el relato y que sus diferentes partes sean coherentes, esto es, privadas de contradicciones. Nada tiene que ver este parámetro con lo alegado en el recurso para justificar que no se cumplía sobre que no hubiera acudido el testigo a las dos primeras sesiones del juicio oral que se señalaron.

d) El juzgador, partiendo fundamentalmente, como se ha dicho, de lo declarado por Luciano vino a realizar la misma operación lógica de él: presumir que el recurrente era el conductor del vehículo que habría interceptado al que conducía el primero. Todos los datos que ofreció sobre cómo lo vio bajarse de él y su actitud posterior, a lo que debe añadirse el reconocimiento por el segundo de que era suyo y, tácitamente, que sólo estaba él allí, operan como indicios con los que tal conclusión tiene un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humano, utilizando la terminología del artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para tenerlo por probado por dicha vía.

QUINTO. - Costas procesales del recurso de apelación: A tenor de la suerte parcialmente estimatoria que debe correr el recurso de apelación tienen que declararse de oficio la totalidad de las costas procesales que se hubieran podido generar con el mismo conforme con los artículos 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los hechos y los razonamientos jurídicos precedentes, que recogen el parecer del Tribunal tras la correspondiente deliberación, procede resolver lo siguiente: