Sentencia Penal 22/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 10/2022 de 21 de febrero del 2023

PRIMERO.- Sentencia de primera instancia apelada por las dos personas condenadas. Desconexión entre la petición absolutoria formulada y dos de las alegaciones realizadas en su apoyo. Injustificabilidad de la crítica realizada: Según se ha expuesto en los antecedentes primero a cuarto, tras la tramitación de un juicio sobre delitos leves se ha dictado una sentencia condenatoria de las dos personas contra las que se siguió el mismo, que se entendió que habían llevado a cabo unos hechos que eran constitutivos de cuatro delitos de lesiones castigado en el artículo 147.2 del Código Penal cada uno, como habían solicitado el Ministerio Fiscal y los cuatro denunciantes, que se erigieron en el plenario en acusadores particulares.

Como se extrae, por otra parte, de lo expuesto en el antecedente quinto, las dos personas condenadas han recurrido en apelación dicha sentencia, solicitando que se revoque y se les absuelva. Las alegaciones realizadas en apoyo de tal petición se centran, como allí se ha expuesto, en que no tuvieron asistencia letrada en el plenario, uno de ellas no entendía bien el castellano y no había actuado con un intérprete y que se había errado al valorarse las pruebas.

De entre lo argumentado en el recurso es conveniente centrarnos en primer lugar en lo relativo a la asistencia letrada y de intérprete. La razón de ello radica en que, ya sólo en una primera aproximación, no guardan relación alguna con lo pedido en el recurso. Se trataría de infracciones de normas y garantías procesales, susceptibles de esgrimirse a través del mismo conforme con los artículos 790.2 y 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los que se remite en sede de regulación del juicio sobre delitos leves su artículo 976.2, pero cuya reparación nunca conducirían por su propia naturaleza a la absolución de los apelantes. Únicamente podrían justificar una declaración de nulidad de actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración del plenario conforme a dichos preceptos y lo dispuesto en los artículos 238.3º y 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que no puede disponer de oficio este Tribunal sin haberse solicitado, como se establece en el apartado segundo de ese último precepto citado.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta respecto de lo alegado lo siguiente:

a) La intervención de las dos personas contra las que se seguía el procedimiento mediante abogado que les asistiera y procurador que las representara no era imperativa en este caso conforme con el artículo 967.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ninguna referencia consta en las actuaciones ni se hizo durante el plenario sobre el deseo de los hoy recurrentes de ser asistidos por letrado, mucho menos de que el profesional con el que hubieran podido contactar a tal fin, como se sugiere en el recurso, hubiera de ausentarse a última hora y no pudiera tomar parte en dicho acto.

b) El artículo 123.1.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ciertamente establece el derecho de los acusados a ser asistidos por un intérprete en todo tipo de actuaciones judiciales, pero no de forma absoluta, sino en tanto que "... no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación..." de manera que se asegure que puedan comprender el desarrollo de aquéllas.

Tras el visionado del acta videográfica del plenario resulta evidente que Abilio, frente a lo que se alegó en el recurso, entendía perfectamente el castellano y sus respuestas fueron más que comprensibles y detalladas a pesar de ser evidente por su acento que no se trata de su lengua materna.

SEGUNDO.- Ausencia de límites para la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida en el sentido postulado en el recurso: Debiendo centrarnos por lo expuesto en el fundamento de derecho anterior en la existencia de un error en la valoración de las pruebas, tiene que comenzar analizándose cuál es el alcance de las facultades de este Tribunal para revisar lo que se consideró acreditado en la sentencia apelada. Hacer hincapié en ello no es baladí. Tal como se ha indicado en el antecedente de sexto, el Ministerio Fiscal vino a afirmar al oponerse a la apelación que al carecer este Tribunal de inmediación en la práctica de las pruebas tendría que respetar en principio el relato de hechos probados de la sentencia apelada siempre que el proceso valorativo de las mismas " ...se motive o razone adecuadamente en la sentencia ...".

No puede compartirse el criterio del Ministerio Fiscal. De entenderlo de otro modo habría de preguntarse para qué serviría realmente un recurso ordinario como es la apelación. Las citas a sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que hizo no lo apoyan realmente. Por el contrario, son razones que abonan la conclusión contraria las siguientes:

a) Si el principio de inmediación, junto con otros, integra en gran medida la noción del derecho a un proceso justo que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución Española, no podría ser más paradójico que una persona a quien se le atribuye dicha garantía, como son muy especialmente aquellas contra las que se dirijan las causas penales, vean limitadas las posibilidades de revisar con total amplitud los hechos que se consideraron acreditados para lograr su absolución fundándose en ella misma. Lo que constituye un mecanismo encaminado a la mejor defensa de sus intereses se acabaría convirtiendo en un lastre para ello.

b) Desde el punto de vista del derecho positivo, los citados artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el recurso de apelación que nos ocupa, no contemplan una limitación de cara a la revisión de las pruebas practicadas cuando, como aquí ocurre, se persigue sustituir un pronunciamiento condenatorio por uno absolutorio. Ello, por lo demás, se ve enormemente facilitado al contar hoy con un acta videográfica del juicio oral por mucho que ello no atribuya inmediación alguna a este Tribunal.

c) El Tribunal Constitucional ha rechazado expresamente que exista cualquier limitación a la hora de revisar los hechos probados cuando lo que se persigue es revocar una sentencia condenatoria por carecer el tribunal de apelación de inmediación. Un claro ejemplo es su sentencia de número 184/2013. De ella interesa destacar este fragmento:

" ...que en el ejercicio de las facultades que la Ley de enjuiciamiento criminal otorga al Tribunal ad quem deban respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE , antes enunciadas, con celebración si es menester de vista en apelación, no puede argüirse para impedir en casos como el actual, de condena en primera instancia, el derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena por un Tribunal superior, esto es, el derecho a un recurso efectivo y a la segunda instancia penal. Es, por lo demás, el derecho consagrado en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ratificado por España el 28 de agosto de 2009, "Boletín Oficial del Estado" de 15 de octubre de 2009) y que forma parte de las garantías del proceso justo consagradas en el art. 24.2 CE (por todas, SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3 ; 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5 ; 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 5), pues toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior y a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2 ; y 136/2006, de 8 de mayo , FJ 3).

De acuerdo con la descrita configuración del recurso de apelación, y en garantía del derecho a la revisión del fallo condenatorio, la Audiencia Provincial debía conocer en el caso ahora considerado tanto de las cuestiones de hecho como de Derecho, y pronunciarse en concreto sobre la culpabilidad o inocencia del demandante de amparo en la primera colisión, que forma parte de esa premisa fijada en la sentencia de instancia al determinar su responsabilidad penal. Negarse a ello, como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002 , no solo revela el déficit de motivación aducido y de incongruencia con sus pretensiones, sino, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria...".

Cuest ión diferente de que no exista una limitación para la revisión de los hechos que se considerasen probados de cara a dictar una sentencia absolutoria o que castigue de forma menos grave a los acusados es que para llegar a esa misma convicción este Tribunal pudiera tomar en consideración algún medio probatorio que hubiera sido completamente obviado por el juzgador de instancia. En ese supuesto la condena sí estaría basada en pruebas en cuya práctica no se habría tenido inmediación, lo que nos situaría en las mismas circunstancias que imposibilitan revisar el relato fáctico de una sentencia absolutoria que prevén los artículos 790.2.parr.3º y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales tienen su origen en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de número 167/2002 antes referida.

TERCERO.- Procedencia de modificar los hechos probados de la sentencia recurrida en este caso concreto: En el recurso de apelación, como se ha expuesto en el antecedente quinto, se dedicaron cinco líneas al supuesto error en la valoración de las pruebas en el que habría incurrido el juzgador de instancia. En ellas no se llegó ni a exponer de manera clara, en realidad, en qué se habría equivocado. Sólo se criticó que se tildara de " ... simple y vaga..." la versión del testigo propuestos por ellos. Ni siquiera se llegó a afirmar que sus manifestaciones fueran ciertas, sino que se afeó que sólo se hubiera " ...tenido en cuenta vagamente..." a pesar de ser " ...esencial para esta parte ya que es el único medio del se podían valer para probar su inocencia...".

Haciendo abstracción de la magra argumentación sobre el error en la valoración de la prueba, resulta evidente que, en el fondo, lo que se trató de esgrimir es que no se había acreditado que hubiesen llevado a cabo agresión alguna. Al respecto, el artículo 24.2 de la Constitución Española atribuía a los recurrentes la presunción de inocencia. Como viene afirmando el Tribunal Constitucional desde su sentencia 31/1981, supone, analizándola desde su perspectiva de regla de juicio, el derecho de no ser condenados sin unas mínimas pruebas de cargo válidas de las que quepa inferir razonablemente los hechos base de la acusación que fueran susceptibles de alcanzar relevancia penal.

Partiendo de tal base, sentado que nada restringe que este Tribunal modifique los hechos que se consideraron acreditados de cara a la absolución de los recurrentes y tras visionar el acta videográfica del juicio oral, una nueva valoración en conjunto de las pruebas practicadas en el juicio oral impide alcanzar la misma convicción que el juzgador sobre lo acontecido entre los acusadores particular y los recurrentes, modificándose parcialmente, por lo siguiente:

a) Los recurrentes vinieron a asumir durante su intervención en el juicio oral que, efectivamente, acaeció un incidente en el marco temporal y espacial que se consideró probado en la sentencia recurrida. Los dos manifestaron que no había pasado de algo puramente verbal y que uno de ellos ( Demetrio), ni siquiera había tomado parte en el mismo, aunque lo había presenciado desde el salón de su casa. Nada impide de por sí que se le pueda conceder plena credibilidad o, al menos, contribuya a sentar una duda de que todo pudiera haber ocurrido como narraron. No obstante, resulta obvio que sus manifestaciones deben ser tomadas en consideración con sumo cuidado. No sólo eran los más interesados en que su versión sobre lo que hubiera podido ocurrir prevaleciera por ser las personas contra la que se dirigía el procedimiento y pudieran recaer las consecuencias punitivas y reparatorias del mismo. Ni siquiera deponían con temor a que el faltar a la verdad pudiera traerles consecuencia alguna, dado que por su condición procesal no podían cometer el delito de falso testimonio que castigan los artículos 458 y 460 del Código Penal.

Tomando en cuenta lo anterior, poca credibilidad merecen las manifestaciones de los recurrentes cuando, además, las de Abilio fueron bastante imprecisas en general y de las de Demetrio llama la atención que ni siquiera fueran en su conjunto coherentes. No fue capaz de dar una explicación a preguntas del Ministerio Fiscal sobre cómo sabía que, frente a lo que habían dicho inicialmente de los denunciantes, no se trataba de un grupo de personas que estuviera accediendo a sus casas sino que, al contrario, provenían de las mismas.

b) Todos los denunciantes indicaron que se había producido un incidente en que se habían producido agresiones físicas en las que habrían tomado parte, con el papel que luego se dirá, los dos recurrentes. Los tres de ellos que afirmaron haberlo presenciado todo desde un inicio ( Eulalio, Filomena y Florencia) sostuvieron, no obstante, que todo habría comenzado cuando uno de aquéllos ( Abilio) llamó al Sr. Jacinto cuando pasaron por delante de la pueta de su casa y comenzó a acometerlo físicamente, dándole un puñetazo en el ojo. La actuación del otro ( Demetrio) se situó siempre en un plano más secundario y adhesivo. Lo que expusieron encuentra corroboración en los tres elementos siguientes:

b.1) La asunción por los dos recurrentes de la existencia de un enfrentamiento cuando menos verbal, que ya de por sí sustentaría que un incidente poco grato para todos aconteció.

b.2) La declaración del testigo Luz, que indicó que venía acompañando a tres de los denunciantes, y que narró lo acontecido, en esencia, en términos similares a lo que habían expuesto aquéllos.

b.3) Si bien pudiera ponerse en tela de juicio la objetividad del testigo antes indicado, no cabe obviar, como correctamente se tuvo en cuenta en la sentencia recurrida, los partes médicos de urgencia y los informes forenses de sanidad, que se admitieron a instancia de los denunciantes y el Ministerio Fiscal. Los primeros son coherentes en cuanto a la fecha y hora de asistencia facultativa con lo que narraron los denunciantes, así como también con la apreciación de unos daños físicos concordantes con cómo se habría desarrollado un incidente de la naturaleza que describieron, especialmente en lo que se refiere a Eulalio. Se habría apreciado una contusión en su ojo izquierdo, lo que coincide con lo que él indicó sobre que Abilio le había propinado un puñetazo en esa zona. Los segundos recogen las mismas apreciaciones tras la exploración física realizada.

c) Las manifestaciones de los cuatro denunciantes no se acertaron a entender correctamente por el juzgador en todos sus extremos. No responde a lo que ellos sostuvieron que los cuatro se dirigieran a su casa en la planta segunda de una edificación. Todos ellos tenían vínculos familiares, pero de lo que indicaron subyace que no vivían juntos allí, aunque sí en la misma edificación. Ello en sí resulta irrelevante, pero no otros aspectos, relacionados con la intervención de los dos recurrentes en los actos de acometimiento físico respecto de todos ellos. Luz mantuvo que sólo Abilio le había golpeado, mientras que Florencia indicó que no sabía en realidad quien lo había hecho, aunque creía que había sido Demetrio.

Desde tal perspectiva y tomando en cuenta que las preguntas que se dirigieron tanto a los cuatro denunciantes como a la persona que depuso como testigo a su instancia no permitían realizar especiales precisiones sobre cómo se desarrollo el incidente, como lo demuestra la forma tan concisa con la que ya había descrito por el juzgador de instancia, se ha hecho precisa la modificación de los hechos probados de la sentencia recurrida en la forma indicada en el apartado anterior de la presente resolución.

d) La declaración de la persona que depuso como testigo a instancia de los recurrentes ( Jesús) no podía ser más lógico que se calificara por el juzgador de instancia como " ...simple y vaga... ". Al oírla este Tribunal no puede evitar tener la sensación de que lo único que se estaba haciendo era repetir la misma idea constantemente, como si de una lección bien aprendida se tratara, que consistía en que sólo había tenido lugar un incidente puramente verbal. Por lo demás, a lo largo de su relato se asumieron muchos extremos como percibidos por el mismo que a lo largo de su intervención luego se develó que los habría conocido por ser referidos por otros, hasta tal punto que, en conjunto con lo antes expuesto, sólo puede concluirse que estaba relatando algo que habría acontecido en otro momento o, directamente, no había presenciado lo ocurrido o estaba faltando la verdad sobre lo que vio y oyó. Saberlo es difícil, puesto que parece evidente que no se trata del primer conflicto que tiene lugar entre las mismas personas u otras de su entorno. Ello subyace a buena parte de todo lo que indicaron los que depusieron en el plenario.

CUARTO.- Subsumibilidad de los hechos probados en cinco delitos de lesiones leves. Irrelevancia en este caso de la utilización de conceptos técnico-jurídicos en dicho relato: Los hechos que se han considerado probados sólo pueden subsumirse en cinco delitos leves de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal, de los que habría de responder por tres uno de los recurrentes y por dos el otro. Para entender tal conclusión debe tomarse en consideración lo siguiente:

a) El artículo 147.2 del Código Penal, por el que se formuló acusación contra los hoy recurrentes, entendiendo que habrían cometido cuatro cada uno de ellos, castiga al " ...que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior...".

b) El artículo 147.1 del Código Penal, al que se hace la anterior remisión, castiga, a su vez, al " ... que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico".

c) El artículo 147.3 del Código Penal castiga, por su parte, al " ...que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión...". Nos encontraríamos ante esta infracción cuando se llevara a cabo cualquier tipo de agresión física consciente y voluntariamente aceptada, aunque no ocasionara menoscabo físico alguno.

d) De la puesta en común de las tres normas antes indicada y lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del Código Penal se desprende que el delito por el que se condenó se comete, al menos, cuando se produjere cualquier menoscabo corporal o psíquico imputable dolosamente. Esto último implica que se obre con conocimiento de que se generaba un peligro concreto para el bien jurídico protegido, como sería la salud y la integridad física o psíquica, y, pesar de ello, se realice una conducta que someta a la víctima a riesgos que el agente quiere que se acaben materializando (dolo directo) o que, no persiguiéndolos expresamente, no tiene la seguridad de poder controlar, siempre que pudiera llegar a comprender que existía un elevado índice de probabilidad de que se produjeran finalmente (dolo eventual).

e) Contrariamente a lo que habría de ser propio de un relato fáctico, como son los hechos probados, se incluyeron en él conceptos técnico-jurídicos como eran " ...lesiones...", y " ... tratamiento médico...", que constituyen la denominación de la infracción por la que se condenó y uno de sus elementos objetivos, tal como se desprende de lo antes expuesto.

f) No cabiendo la modificación de los hechos probados en perjuicio de los recurrentes por lo expuesto en el fundamento de derecho segundo, se han mantenido en ellos los conceptos técni co-jurídicos antes referido. No obstante, no tiene mayor relevancia en este caso. No nos encontramos ante un vicio de " predeterminación del fallo", utilizando la terminología del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone vaciar de todo contenido descriptivo la conducta que se habría entendido acreditada que se llevó a cabo y que merece el reproche penal. No fue correcto el empleo de aquéllos, pero no puede pasarse por alto que el artículo 147.2 del Código Penal recoge un tipo residual respecto de la infracción menos grave que prevé su apartado primero y que la expresión " ...lesiones..." es un término que está en el lenguaje común y no tiene un carácter puramente valorativo, sino que es plenamente descriptivo de un daño personal inferido a otro, que en el contexto de los hechos probado era claramente corporal, aunque no se indicara exactamente cuál habría sido. Puede conocerse perfectamente, en consecuencia, qué se consideró probado que se causó una afectación física a los cuatro denunciantes.

g) Dentro de lo parco que fueron los hechos probados de la sentencia apelada, que procede modificar puntualmente, se refleja una actuación violenta de los dos recurrentes, que, sin mayor precisión, habrían agredido a cuatro personas ocasionándoles menoscabos físicos, pero solo puede establecerse la intervención directa de ambos en los de dos. Respecto de los de otro sólo habría tomado parte uno de ellos ( Abilio) y en los de otro más ha sido imposible determinar quién y cómo ocasionó con un mínimo de precisión. Es por ello que Abilio habría de responder, cuando menos, a título de dolo eventual como autor de tres delitos leves de lesiones, todos consumados, conforme con los artículos 16, 28 y 147.2 del Código Penal y Demetrio, de la misma forma, pero sólo de dos. Esos daños corporales, aunque no fueran expresamente queridos, lo que nos situaría fuera del dolo directo, no escaparía de lo previsible ante una actuación de esa naturaleza.

h) Como tributo inexorable del derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio, según se ha expuesto en el fundamento de derecho precedente, las consecuencias negativas de que no pudiera extraerse del acervo acreditativo más allá de toda duda razonable quién pudo ocasionar los menoscabos físicos a Florencia deban recaer sobre las acusaciones, lo que, unido a la ausencia de concreción de unos mínimos detalles sobre cómo se desarrolló la agresión que permitiera imputar objetivamente todos los resultados lesivos a ambos recurrentes impone que se absuelva libremente de uno de los delitos leves de lesiones a Abilio y de dos a Demetrio conforme con los artículos 144 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

QUINTO.- Procedencia de modificar el fallo condenatorio en el ámbito civil: La ejecución de un hecho constitutivo de delito obliga a reparar los daños y perjuicios por él causados, tal como dispone el artículo 109 del Código Penal, lo que, conforme con los artículo 110 a 113 del mismo cuerpo legal, comprende la restitución de los bienes objeto de la misma, la reparación del daño causado a través de las obligaciones de hacer o no hacer que se establezcan y la indemnización de los " perjuicios" materiales y morales ocasionados.

En el caso que nos ocupa, como se indicó en el antecedente cuarto, se condenó a los recurrentes a abonar una cantidad de dinero en concepto de indemnización en aplicación del artículo 113 del Código Penal. Al deber modificar los pronunciamientos de la sentencia apelada en el ámbito penal tiene que hacerse lo propio con los civiles en la forma siguiente:

a) La cuantía de las indemnizaciones en tanto que sea procedente su condena ni siquiera se trataron de discutir en el recurso, de ahí que deban mantenerse las mismas.

b) Al proceder la condena de los dos recurrentes como autores de un delito leve cada uno por las lesiones ocasionadas a Eulalio y Filomena y a falta de mayores elementos que permitan una individualización mayor de la contribución de cada uno a la producción del resultado habrán de responder conjuntamente, esto es, por partes iguales, y solidariamente, como se dispuso en la sentencia, conforme con el artículo 116.1 y 2 del Código Penal.

c) Pudiendo atribuir solo a Abilio las lesiones ocasionadas a Luz solo él habrá podrá ser condenado al abono de la suma establecida en concepto de indemnización conforme con el artículo 116.1 del Código Penal.

d) No pudiendo atribuir a alguno de los acusados las lesiones producidas a Florencia no cabrá adoptar pronunciamiento condenatorio alguno respecto de los " perjuicios" ocasionados a la misma en virtud del artículo 109.1 del Código Penal.

SÉPTIMO.- Costas de la primera instancia: Conforme con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiéndose el procedimiento contra más de una persona y debiendo recaer pronunciamientos condenatorios y absolutorios como consecuencia del recurso de apelación, tiene que modificarse la decisión sobre las costas procesales adoptada en la sentencia apelada teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Conforme con el artículo 240.1º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se impondrán las costas a los acusados que resultaren absueltos.

b) Conforme con el artículo 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los condenados habrán de satisfacer las costas procesales, señalándose la proporción en la que cada uno deba responder de ellas, si fueran varios, como aquí ocurre.

c) De lo expuesto en los dos apartados anteriores se extrae que el pronunciamiento de las costas procesales debe realizarse distinguiendo, de un lado, las diferentes fuentes de generación de las mismas y, de otro, el pronunciamiento absolutorio o condenatorio que deba adoptarse respecto de cada una de ellas.

d) Para determinar esa diferente contribución a la generación de las costas se acude de ordinario a los diferentes títulos de imputación que existan, constituyendo cada uno de ellos una fracción, respecto de la que se dispondrá la declaración de oficio o la condena a su abono en función de que se adopte un pronunciamiento absolutorio o condenatorio en el ámbito penal.

e) A tenor de todo lo expuesto, las costas procesales tiene que dividirse en este caso en 8 partes, tantas como infracciones por las que se formuló acusación. Estimándose la acusación respecto de Abilio en tres de ellas y en cuanto a Demetrio en dos, habrán de condenárseles a abonar 3/8 y 2/8 de las costas procesales, respectivamente, declarándose de oficio los 3/8 restantes.

OCTAVO.- Costas del recurso de apelación: Las costas procesales ocasionadas por el recurso de apelación interpuesto conjuntamente tienen que declararse en cualquier caso de oficio en aplicación del artículo 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a tenor del pronunciamiento estimatorio del mismo que debe adoptarse.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, procede resolver lo siguiente: