Sentencia Penal 87/2022 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 6/2022 de 07 de octubre del 2022

PRIMERO.- Sentencia condenatoria apelada. Posibilidad de alegar la existencia de infracción de normas y garantías procesales en el recurso. Inviabilidad de adoptar un pronunciamiento absolutorio formulado subsidiariamente: Tal como se extrae de lo indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, se siguió una causa penal frente a una persona y se dictó una sentencia en la que se le condenó como autora de un "... delito de abandono de familia del artículo 227.1 y 3 del Código Penal ...", resolución que ha recurrido en apelación. Al hacerlo podía alegar el " ...quebrantamiento de las normas y garantías procesales...", como establece expresamente el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y fundar en ello una petición anulatoria, reponiendo las actuaciones a un momento procesal anterior, como contempla su artículo 792.3.

En el caso que nos ocupa, como se ha indicado en el encabezamiento y en el antecedente de hecho segundo, el recurrente solicitó que se revocara la sentencia apelada y se la absolviera o, subsidiariamente, se " ...acuerde la anulación de la Sentencia impugnada, mandado acordar la repetición del juicio...". No obstante, esta última tutela nunca podría concederse por este Tribunal por una sencilla razón: es inviable estimar una petición anulatoria subsidiaria a una previa revocatoria. No puede haber nada más contradictorio desde el punto de vista procesal que solicitar que se modifique un pronunciamiento para adoptar otro de los previstos legalmente, como es la sustitución de un fallo condenatorio por otro absolutorio y que supone analizar el contenido de las actuaciones procesales, para luego, en caso de no concederse la razón, pretender que se anulen las mismas. Ello es la razón por la que en el artículo 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece en sede de regulación del recurso de apelación contra las sentencias como las que nos ocupa que cuando " ...sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta..." y que en el recurso de casación, como prevén sus artículos 901 a 903, se entren a analizar los motivos esgrimidos por quebrantamiento de forma y, sólo descartados los mismos, por infracción de ley. De hecho, en la redacción original de dicho cuerpo legal, se configuraban, como se extraía de sus artículos 934 a 937 y 945, como dos recursos distintos, como lo son en el ámbito civil el extraordinario por infracción procesal y el de casación, el primero de los cuales debía resolverse con prioridad sobre el segundo.

SEGUNDO.- Improcedencia de estimar la petición anulatoria subsidiaria en cualquier caso: Con independencia de que sea inviable procesalmente accederse a una petición anulatoria subsidiaria, la formulada sería improcedente en cualquier caso por lo siguiente:

a) El artículo 790.2.parr.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que " ...Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión. Asimismo, deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en el que fuere ya imposible la reclamación".

En el precepto transcrito se establece la denominada carga procesal de " denunciar" previamente las infracciones procesales cometidas. Esto implica la necesidad de justificar que se han tratado de utilización los mecanismos establecidos legalmente para subsanar las mismas.

b) Fundada la petición anulatoria, como se ha indicado en el antecedente segundo, en que no se había practicado en el juicio oral, como había interesado, la intervención en él de un perito por no haber sido citado, cualquier infracción fundada en ello podría ser subsanada directamente ante este Tribunal proponiendo que tuviera lugar ante este Tribunal. Debe tenerse en cuenta que el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que al formularse la apelación podrá pedirse por el apelante " ...la práctica de las diligencias de prueba...admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables".

TERCERO.- Alegaciones de la recurrente sobre el condicionamiento de la suspensión carentes de reflejo en el " suplico" del recurso. Injustificada crítica de lo resuelto en la sentencia apelada al respecto : Si se vuelve otra vez sobre el antecedente segundo se apreciará que se cuestionó en el recurso la decisión sobre la suspensión de la pena de prisión impuesta. Sin embargo, ello no tuvo reflejo alguno en el " suplico", lo que es una mala praxis procesal. Ahora bien, fuera cual fuese el valor que pudiera dársele a las alegaciones realizadas al respecto en tales circunstancias, en ningún caso podría disponerse aquélla desvinculada por completo de lo que pudiera acaecer en el futuro con el pago de la responsabilidad civil, como se solicitó. Se olvidó por completo que, como establece el artículo 80.2.3ª del Código Penal, " ...Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

[...] 3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento".

Cuestión diferente serían las eventuales consecuencias del impago de la responsabilidad civil. Ello no supondría la revocación de suspensión indefectiblemente, como se extrae del artículo 86.1.d). En realidad, como mantuvo el Ministerio Fiscal al oponerse al recurso de apelación, quizás lo incorrecto, por prematuro, fuera haber dispuesto dicha medida alternativa a la pena de prisión en la sentencia. Nótese que ni siquiera se fijó la cuantía de la responsabilidad civil en ella.

CUARTO.- Hechos probados que no describen una conducta típica. Procedencia de estimar el recurso en cualquier caso y absolver al apelante: Siendo improcedente plantearse cualquier posible declaración de nulidad de actuaciones a tenor de lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, la petición principal revocatoria tiene que estimarse en atención a lo siguiente:

a) Deber de atender exclusivamente a la conducta descrita en los hechos probados: la condena o absolución del recurrente debe partir de los hechos probados en la sentencia. Partiendo de tal base surge el problema de determinar dónde comienza y dónde terminan los mismos. Puede parecer una cuestión peregrina si se tiene en cuenta que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial imponen que las resoluciones de ese tipo contengan un apartado específico y separado para consignarlos, como ocurrió en el presente caso, según se ha recogido en el antecedente primero de la presente sentencia. El problema surge cuando fuera de dicho relato, especialmente en los fundamentos de derecho, se recogen extremos fácticos que no consten en aquél y que, eventualmente, pueden ser muy relevantes para la realización de la calificación jurídica determinante del fallo. Surge así el dilema de si cabe integrar lo uno con lo otro. Tal posibilidad ha resultado siempre muy controvertida. La propia doctrina del Tribunal Supremo ha contemplado en el pasado supuestos idénticos de manera desigual. No obstante, en la actualidad se detecta una importante evolución al respecto, adoptando una línea cada vez más rigurosa, como se extrae de sus sentencias de fechas 01/06/2006 o 24/02/2009 y, más recientemente, la de 04/07/2019. En esta última se excluye plenamente cuando esa heterointegración pueda operar en perjuicio del acusado, so riesgo de vulnerar su derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. No debe desdeñarse un ápice la importancia del apartado de hechos probados y la necesidad de su redacción rigurosa. Como se indicó también en esa última sentencia referida, no sólo es relevante de cara al justiciable al que afecta directamente, sino también para el órgano que deba conocer del recurso y para el conjunto de la sociedad, en cuanto interesa a la misma el contenido de las resoluciones judiciales. Cuestión diferente es que, más que completar, lo que permita lo indicado en otras partes de la sentencia sea alcanzar a aclarar alguna circunstancia que pudiera no estar bien expresada o que revele un puro error material, situación en la que no existiría razón alguna para mantener tal restricción.

b) Ausencia de encaje del relato de hechos probados de la sentencia en el delito por el que se formuló acusación: si se vuelve tanto sobre el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, como sobre el de esta resolución, se apreciará que la conducta que se atribuye al hoy recurrente no encaja en el delito por el que se formuló acusación ni en infracción penal alguno por lo siguiente:

b.1) Las acusaciones se fundaron en la comisión de un delito previsto en el artículo 227.1 del Código Penal, el cual castiga al " ...que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos...".

b.1) Establecidas unas prestaciones económicas por alguno de los mecanismos antes referidos, en este caso una pensión compensatoria y un alimenticia a través de una sentencia de divorcio, que tendría plena eficacia desde su dictado conforme con el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el mero incumplimiento de las mismas no sería suficiente para entender cometido el delito antes indicado. Nuestro derecho penal no se basa en la mera infracción objetiva de las prohibiciones o, como es el caso del delito referido, de los mandatos que constituyan la base de las conductas que se consideran adecuadas sancionar por el legislador. Tal como se extrae de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 del Código Penal, es necesario atender, desde el punto de vista subjetivo, a la voluntad que rija las mismas y no de cualquier forma, sino de manera que pueda apreciarse la concurrencia de dolo o, en los casos en los que expresamente se prevea, como dispone su artículo 12, imprudencia. Sólo contemplada en el caso de la infracción del artículo 227, también del Código Penal, la comisión dolosa, una condena basada en ella requerirá en este plano, por su propia naturaleza, la acreditación de que el acusado había sido consciente, de un lado, de que era el deudor de una obligación de las indicadas en el primer precepto citado, impuesta en una resolución judicial dictada en un procedimiento de los allí también mencionados, y de que no la estaba cumpliendo, y, de otro, de que, estando en condiciones de hacerlo, dejó de cumplirlas voluntariamente. La capacidad para llevar a cabo la acción esperada, que es en lo que se funda la punición, se erige, pues, en un elemento ontológico del tipo. No se cometería el delito, en consecuencia, no sólo cuando no se fuera consciente de la obligación impuesta por la resolución judicial, sino también, en una primera aproximación, cuando no se tuviera posibilidad de satisfacerla, como se insistió que era el caso en el recurso.

b.3) Nada se dice ni se sugiere lejanamente en los hechos probado de la sentencia recurrida sobre que el recurrente tuviera capacidad para satisfacer las prestaciones económicas establecidas en el procedimiento de familia, como mantuvieron el Ministerio Fiscal y la acusación particular en sus escritos de acusación que ratificaron en el plenario, ni cabe integrar dicho relato con lo que se expuso en los fundamentos de derecho, según se ha razonado en el apartado anterior. Además de ello, como es criterio mantenido por este Tribunal desde hace largo tiempo, como hizo, por citar algunas sentencias lejanas en el tiempo, en las dictadas los días 21/01/2013 o 11/02/2013 en el marco de los rollos de apelación números de número 45/12 y 47/12, la ausencia de medios para afrontarlo no constituye una circunstancia cuya carga de la prueba, a modo de una especie de hecho extintivo en el ámbito civil, orbite sobre el acusado. Ello supondría una vulneración del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, invirtiendo la misma en su faceta de regla de juicio.

b.4) Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los hechos probados en los que habría debido fundarse el fallo y a los que debe ceñirse ahora este Tribunal sólo describen el incumplimiento de las medidas definitivas establecidas en una sentencia en aplicación del artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que, por sí solo, no encaja en infracción penal alguna.

c) Deber de tomar en consideración la falta de encaje de los hechos probados en el delito por el que se formuló acusación con independencia de que no hubiera sido alegado por el recurrente: en el recurso de apelación nada se alegó sobre que los hechos probados de la sentencia apelada no encajaran en infracción penal alguna. Sin embargo, ello no obsta a que este Tribunal deba tomarlo en consideración y, conforme a ello, revocarla y absolver libremente al apelante conforme con los artículos 144 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A este respecto son más que elocuentes los razonamientos del Tribunal Supremo de su sentencia de 07/10/2008 con cita de otra de 12/07/1997, según la cual, dado el fondo ético del procedimiento penal y su naturaleza aflictiva, " ...la función punitiva del Estado...solo puede hacerse valer contra el que realmente ha cometido el delito o falta y la verdad material a la que debe tender el proceso penal debe servir para fundamento de la sentencia...Ello presenta trascendencia, no puede condenarse a un acusado, con independencia de que se defienda adecuadamente o no, al que las practicadas "in facie iudicis" patentizan su inocencia e igualmente en los casos de condena atenuada, cuando se demuestra una menor responsabilidad, con independencia de que se haya o no alegado por la defensa...".

QUINTO.- Alegación por el recurrente sobre una errónea valoración de las pruebas. Ausencia de limitación en la revisión de los hechos probados por este Tribunal: No obstante lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, debe darse respuesta al resto de alegaciones formuladas en el recurso. Como se ha indicado en el antecedente segundo, el recurrente incidió en la apelación en que se había errado al valorar las pruebas practicadas en varios aspectos. Al hilo de ello tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular vinieron a argumentar a grandes rasgos, según se ha expuesto en el antecedente tercero, que al carecer este Tribunal de inmediación en su práctica no podría revalorar libremente las mismas para adoptar un fallo absolutorio, debiendo limitarse a lo que más bien podría calificarse de control de racionalidad de la labor llevada a cabo en dicho plano por el juzgador de instancia. No puede compartirse tal criterio. De entenderlo de otro modo habría de preguntarse para qué serviría realmente un recurso ordinario como es la apelación. Las razones que abonan tal conclusión son las siguientes:

a) Si el principio de inmediación, junto con otros, integra en gran medida la noción del derecho a un proceso justo que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución Española, no podría ser más paradójico que personas a quienes se le atribuye dicha garantía, como son los acusados muy especialmente, vean limitadas las posibilidades de revisar con total amplitud los hechos que se consideraron acreditados para lograr su absolución fundándose en ella misma. Lo que constituye un mecanismo encaminado a la mejor defensa de sus intereses se acabaría convirtiendo en un lastre para ello.

b) Desde el punto de vista del derecho positivo, los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el recurso de apelación que nos ocupa, no contemplan una limitación de cara a la revisión de las pruebas practicadas cuando, como aquí ocurre, se persigue sustituir un pronunciamiento condenatorio por uno absolutorio. Ello, por lo demás, se ve enormemente facilitado al contar hoy con un acta videográfica del juicio oral por mucho que ello no atribuya inmediación alguna a este Tribunal.

c) El Tribunal Constitucional ha rechazado expresamente que exista cualquier limitación a la hora de revisar los hechos probados cuando lo que se persigue es revocar una sentencia condenatoria por carecer el tribunal de apelación de inmediación. Un claro ejemplo es su sentencia de número 184/2013. De ella interesa destacar este fragmento:

" ...que en el ejercicio de las facultades que la Ley de enjuiciamiento criminal otorga al Tribunal ad quem deban respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE , antes enunciadas, con celebración si es menester de vista en apelación, no puede argüirse para impedir en casos como el actual, de condena en primera instancia, el derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena por un Tribunal superior, esto es, el derecho a un recurso efectivo y a la segunda instancia penal. Es, por lo demás, el derecho consagrado en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ratificado por España el 28 de agosto de 2009, "Boletín Oficial del Estado" de 15 de octubre de 2009) y que forma parte de las garantías del proceso justo consagradas en el art. 24.2 CE (por todas, SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3 ; 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5 ; 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 5), pues toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior y a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2 ; y 136/2006, de 8 de mayo , FJ 3).

De acuerdo con la descrita configuración del recurso de apelación, y en garantía del derecho a la revisión del fallo condenatorio, la Audiencia Provincial debía conocer en el caso ahora considerado tanto de las cuestiones de hecho como de Derecho, y pronunciarse en concreto sobre la culpabilidad o inocencia del demandante de amparo en la primera colisión, que forma parte de esa premisa fijada en la sentencia de instancia al determinar su responsabilidad penal. Negarse a ello, como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002 , no solo revela el déficit de motivación aducido y de incongruencia con sus pretensiones, sino, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria... ".

Cuestión diferente de que no exista una limitación para la revisión de los hechos que se considerasen probados de cara a dictar una sentencia absolutoria o que castigue de forma menos grave a los acusados es que para llegar a esa misma convicción este Tribunal pudiera tomar en consideración algún medio probatorio que hubiera sido completamente obviado por el juzgador de instancia. En ese supuesto la condena sí estaría basado en pruebas en cuya práctica no se habría tenido inmediación, lo que nos situaría en las mismas circunstancias que imposibilitan revisar el relato fáctico de una sentencia absolutoria que prevén los artículos 790.2.parr.3º y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los cuales tienen su origen en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia de número 167/2002, antes referida.

SEXTO.- Procedencia de modificar los hechos probados de la sentencia recurrida: Sostenido en el recurso que se habían realizado pagos superiores a los indicados en los hechos probados de la sentencia recurrida y que el apelante carecía de cualquier capacidad económica para atender a las prestaciones económicas establecidas en la sentencia de divorcio, tras visionarse el acta videográfica del juicio oral sólo cabía variar aquéllos ligeramente en el primero de dichos aspectos por lo siguiente:

a) El dato de que el recurrente sólo hubiera abonado 400 euros no se corresponde con las pruebas practicadas. La propia acusación particular lo asume, tal como se expuesto en el apartado b.7) del antecedente de hecho tercero de la presente resolución. El acusado nunca concretó cuánto había pagado realmente durante su intervención en el juicio oral. Ni siquiera se hizo en su escrito de defensa ni en el recurso de apelación. La testigo Julieta, en cuya declaración en dicho acto puede intuirse que el juzgador de instancia fundó tal extremo, no sostuvo ello. Dentro de un interrogatorio poco preciso al respecto por todas las partes lo que indicó fue, más bien, que sólo un par de meses creía que se había pagado por completo la pensión alimenticia de su hijo, entreviéndose por sus manifestaciones que nunca se llegó a hacer con la compensatoria y que luego se hicieron pagos que nunca excedieron de 150 euros. Cuántos fueron no puede determinarlo con exactitud este Tribunal, pero lo cierto es que, como se extrae del extracto de movimientos obrante al acontecimiento 5 del expediente digital de las diligencias previas, admitido como prueba, dado por reproducido y no impugnado en aspecto alguno, cuando menos se hicieron cuatro fuera de toda duda por el nombre de quien hacía los abonos y el destinatario, que ascendieron a 1.150 euros, que serían lo llevados a cabo entre el 01/03/2019 y el 03/06/2019. La demás documentación aportada, por más que pueda ser sugerente al respecto, no permite concretar ni cuándo ni por cuánto se habrían hecho otros.

b) El que el acusado carezca de cualquier capacidad económica para satisfacer las prestaciones tantas veces aludidas, que impediría la condena por lo expuesto en el fundamento de derecho cuarto y que, beneficiando al mismo, podría introducir este Tribunal en el relato de hechos probados, no se ha acreditado por lo que sigue:

b.1) El recurrente insistió en ello en el juicio oral. Nada obstaba a que pudiera dársele crédito. Ahora bien, sus palabras deben tomarse con mucha cautela por razones obvias. No sólo su objetividad está claramente menoscabada por tratarse de la persona que se vería afectada directamente por el fallo de la sentencia, sino que ni siquiera el faltar a la verdad en ese sentido podría acarrearle consecuencia alguna, pues no cometería el delito de falso testimonio castigado en los artículos 458 y 460 del Código Penal. Partiendo de tal base, sus explicaciones sobre la mala situación económica en la que se encontraría, por muy abundantes e incisivas que pudiera ser, resultan inverosímiles desde el momento en que se trató de sostener que, a pesar de ello y de insistir en que había tenido incluso que pedir dinero prestado, se habría gastado alrededor de 3.000 euros mensuales para que dos de sus hijos acudieran a colegios privados en la Península, dándole sólo para 6 meses. A ello debe añadirse que nunca pudo explicar con un mínimo de sustancialidad cómo se estaría manteniendo él y dos de sus hijos que residían con él y con su madre, por mucho que aseverara que ella incluso le ayudaba, en tanto que admitió que esta última sólo percibía una pensión no contributiva.

b.2) El que la información obtenida a través del Punto Neutro Judicial, que no había sido obviada por el juzgador en su sentencia, frente a lo que se mantuvo en el recurso, no reflejase ingresos o bienes en España, no tiene la relevancia determinante que se le pretende dar. En el mismo sólo se reflejan los datos declarados, no los de la denominada " economía sumergida", que, desgraciadamente, como es notorio, tiene una dimensión mucho mayor de la que sería deseable y muy superior a la de nuestro entorno europeo.

b.3) La testigo Julieta, lejos de apoyar la versión del recurrente, insistió en que seguía teniendo capacidad económica, aunque siempre de una forma un tanto difusa, insistiendo en que era propietario de dos fincas en Marruecos de cierta entidad en la que incluso tendría personas encargadas de su cuidado, dato que corroboraría el informe pericial aportado las actuaciones, con independencia del valor que pudiera dársele, dado que fue impugnado por la acusada en su escrito de defensa y su autor no intervino en el juicio oral.

SÉPTIMO.- Procedencia de revocar el pronunciamiento condenatorio civil: En general, la ejecución de un hecho constitutivo de delito obliga a reparar los daños y perjuicios por él causados, tal como dispone el artículo 109 del Código Penal, lo que, conforme con los artículo 110 a 113 del mismo cuerpo legal, comprende la restitución de los bienes objeto de la misma, la reparación del daño causado a través de las obligaciones de hacer o no hacer que se establezcan y la indemnización de los " perjuicios" materiales y morales ocasionados.

Más en concreto, el artículo 227.3 del Código Penal establece que " La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas".

Ahora bien, no pudiendo adoptarse un pronunciamiento condenatorio penal del recurrente por las razones expuestas en fundamentos de derecho anteriores no cabe hacerlo tampoco en el ámbito civil, sin perjuicio de la ejecución de la sentencia en la que se establecieron la pensión compensatoria y alimenticia conforme con los artículos 517 y 776 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

OCTAVO.- Costas de la primera instancia: Al proceder la absolución de la única persona contra la que se dirigió el procedimiento tienen que declararse de oficio la totalidad de las costas procesales de la primera instancia en aplicación del artículo 123 del Código Penal y de los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

NOVENO.- Costas procesales del recurso de apelación: A tenor de la suerte estimatoria que debe correr el recurso de apelación tienen que declararse de oficio la totalidad de las costas procesales que se hubieran podido generar con el mismo conforme con los artículos 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los hechos y los razonamientos jurídicos precedentes, que recogen el parecer del Tribunal tras la correspondiente deliberación, procede resolver lo siguiente: