Sentencia Penal 310/2023 Audiencia Provincial Penal de Córdoba nº 3, Rec. 545/2023 de 18 de octubre del 2023

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, a los que se añade:

PRIMERO.- En la sentencia dictada en esta causa, se condena al recurrente, Fernando como autor responsable de un delito de atentado con instrumento peligroso del artículo 550.1 y 2 y 551.1 del código penal en concurso ideal con tres delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso artículo 147 y 148.1 del código penal, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22.8 del código penal en relación con ambos delitos, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como al pago de 4/5 partes de las costas procesales causadas, declarando de oficio 1/5 parte de las costas causadas; absolviéndole de un delito leve de lesiones del que también venía siendo acusado; asimismo se le condenó al pago de la responsabilidad civil.

Frente a dicha sentencia se alza la Defensa de Fernando alegando, en síntesis, la incorrecta aplicación del artículo 72 del reglamento penitenciario; que los hechos no son constitutivos de un delito de atentado con instrumento peligroso ni de los delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso del artículo 147 y 148.1 del código penal; que entiende esa parte que concurre la eximente completa de alteración mental, por actuar en el momento de los hechos a causa de una anomalía psíquica del artículo 20.1 del código penal; que no hay reincidencia.

Dicho recurso de apelación ha sido impugnado por la acusación particular Acusación Particular ejercida por los funcionarios de prisiones número profesional NUM000 y NUM001 y por el Ministerio Fiscal, en base a los argumentos que constan y que se dan aquí por reproducidos.

Igualmente, frente a dicha sentencia se alza la Acusación Particular ejercida por los funcionarios de prisiones número profesional NUM000 y NUM001 alegando, en síntesis, la infracción del artículo 73 del código penal, error en la determinación de la pena; infracción del artículo 120.3 del código penal por existir responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Dicho recurso de apelación ha sido impugnado por Ministerio Fiscal en base a los argumentos que constan y que se dan aquí por reproducidos.

SEGUNDO.- Lo primero que tenemos que afirmar es que la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, y por tanto para poder condenar a una persona por la comisión de una infracción penal es necesario que dicha presunción quede desvirtuada mediante prueba de cargo suficiente, practicada en el acto del juicio. Por tanto, es obligada la existencia de un mínimo probatorio para hacer decaer el referido derecho fundamental. Si bien el Tribunal Constitucional permite estimar como prueba suficiente para desvirtuar dicho derecho fundamental la declaración de la víctima cuando la misma es de tal entidad que lleva de forma innegable a la convicción fundada de que la versión dada por la misma se ajusta a la realidad de los hechos.

Sobre la declaración de la víctima de un delito el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada doctrina que la declaración de la víctima puede ser tenida como cabal prueba de cargo, si tal declaración fue vertida en el proceso judicial con todas las garantías constitucionales y legales. Y en este mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha establecido que las declaraciones de la víctima de un hecho punible son idóneas para fundamentar la decisión condenatoria de los tribunales, que la declaración de la víctima es prueba de cargo, siendo lo esencial que exista prueba y que esta se produzca en el acto del Juicio oral, pudiendo por ello estar constituida por la declaración acusatoria de un solo testigo, siempre y cuando no aparezcan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o que provoquen en el tribunal una duda que impida su convicción. Ahora bien dicho testimonio ha de cumplir los siguientes requisitos:

1) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima que pudieran conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente.

2) Verosimilitud pues el testimonio ha de estar rodeado de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

3) Persistencia en la incriminación, que ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones.

En cuanto a la valoración de la prueba practicada, llevada a acabo por la juzgadora de instancia, debemos recordar que la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. En efecto, si bien el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" en el que el tribunal superior tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas con las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al caso ( SSTC 194/1990, 323/1993, 120/1994, 157/1995, 172/1997, 152/1998 y 6/2002, entre otras muchas), no puede ignorarse que, como esta Audiencia ha señalado en innumerables ocasiones, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas con arreglo a la inmediación judicial, el Juez "a quo" tiene elementos más fundados para su más precisa apreciación y por tanto su mejor valoración en relación a los supuestos de hecho que constituyen el "factum" debatido, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. Concretamente, y respecto de la prueba testifical, el TS ha afirmado en las sentencias de 8/2/1999, 30/9/2002 y 23/1/07, entre otras, que ".... está sujeta a la percepción directa del Tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo el Tribunal que directamente ha percibido la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad probatoria".

De esta suerte, el error en la valoración de la prueba esgrimido por la parte recurrente, sólo podrá acogerse cuando las deducciones o inferencias de la sentencia impugnada resulten ilógicas, irracionales o absurdas en atención a las pruebas practicadas. Es por ello que, como también hemos reiterado, y cumplida la obligación de razonar el resultado de dicha valoración, el tribunal de apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

Es decir, si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinarios y no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a la evidencias de su resultado, el Tribunal "ad quem" no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador "a quo" en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución. En definitiva, el principio de inmediación impone la necesidad de respetar los hechos que el Juez en primera instancia ha declarado probados en la sentencia apelada siempre que, se insiste, no exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos o, finalmente, cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya realizado en la segunda instancia.

TERCERO.- Pues bien, analizando las pruebas practicadas, la Sala ha de confirmar la resolución recurrida al existir correcta valoración por la juzgadora de instancia de las que se practicaron en la vista oral.

Así respecto a la incorrecta aplicación del artículo 72 del reglamento penitenciario, tenemos que poner de manifiesto en primer lugar que en el presente juicio lo que se está enjuiciando es un delito de atentado en concurso ideal con tres delitos de lesiones y todos ellos con instrumento peligroso, donde ha resultado probado que el día de autos el acusado protagonizó un incidente violento durante el reparto de la comida, gritando e increpando a un funcionario de prisiones al tiempo que de forma inopinada le lanzó su plato de lentejas estampándolo contra la puerta de la celda; este incidente, unido a que ya había protagonizado otros dos incidentes el mismo día, motivó que por el jefe de servicios se decidiera su aislamiento provisional conforme al artículo 72.1 del reglamento penitenciario. De tal manera que cuando los funcionarios le comunicaron la decisión se inició una nueva escalada de violencia verbal por el acusado que les profirió expresiones amenazantes, retándoles a que entraran en su celda y como quiera que no cesaba en su actitud y alteraba con ello la tranquilidad del módulo 15, se ordenó a los funcionarios que entraran en la celda, provistos con los correspondientes equipos de protección. Por tanto, como bien señala la Magistrada Juez de instancia, en el caso de autos se ha entendido acreditado que el acusado, interno en el centro, venía manteniendo una actitud claramente hostil y agresiva desde primeras horas de la mañana, lo que determinó que por parte del jefe de turno se decidiera el aislamiento provisional del acusado, conforme al artículo 72.1 del reglamento penitenciario. Y de este modo se proveyó a los agentes que iban a cumplir dicho mandato de los medios de protección adecuados, realizando la entrada conforme al protocolo aprobado administrativamente para llevar a cabo dicho acto. Siguiendo la actitud agresiva del acusado, y utilización de mecanismos que obraban en la celda, por ser elementos propios de esta, como el gel de baño que extendió en el suelo, como la manivela para cerrar la apertura de la ventana de la celda, los que empleó el acusado para llevar a cabo su acción agresiva. Sin que en ningún caso, el hecho de que se desconociera por parte de los agentes intervinientes la situación clínica y psicológica del acusado (el médico forense ha manifestado que carece de empatía ni de conceptos de responsabilidad, si bien sabe perfectamente lo que hace, no existiendo ninguna alteración cognitiva en el mismo), fuera el desencadenante de dicha actitud agresiva.

Por tanto, consideramos, confirmando los fundamentos jurídicos dados por la Magistrada Juez, que la decisión de aislamiento provisional conforme al artículo 72.1 del reglamento penitenciario fue la correcta, ajustado a la normativa vigente, y en cualquier caso, proporcional a la actuación que estaba llevando a cabo la acusado. Sin que pueda compartirse que hubiera sido mejor dejar en la celda al acusado hasta que se cansase, pues se olvida que el acusado estaba interno en un centro penitenciario, sujeto a las reglas de convivencia existentes en el mismo, sin que pueda tratarse a la población reclusa como "niños", dejándolos olvidados hasta que se cansen de su "rabieta", pues el caos que pudiera ocasionar en el centro penitenciario es completamente inapropiado y alejado del orden que debe regir en el mismo.

Por todo ello, coincidimos en que la actuación del centro penitenciario fue ajustada la normativa, sin infracción alguna de los reglamentos, y que por tanto no se ha vulnerado el artículo 72 del reglamento penitenciario, desestimándose dicho motivo de apelación alegado por la Defensa del acusado y por la Acusación Particular.

CUARTO.- En cuanto al segundo motivo de apelación alegado por la defensa, que los hechos no son constitutivos de un delito de atentado con instrumento peligroso ni de los delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso del artículo 147 y 148.1 del código penal.

Los hechos declarados probados se integran perfectamente con la calificación por la que se condena al ahora recurrente, llegando el Tribunal de Instancia a dicha conclusión sobre la base de la declaración de las víctimas testigos, que reúne todos los requisitos objetivos y subjetivos para ser tenidas en cuenta como única prueba incriminatoria (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud pues el testimonio está rodeado de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria y persistencia en la incriminación, que ha ha sido prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones) que viene corroborada por la documental obrante en autos, donde se contiene la inicial denuncia y la investigación sumarial, junto con las declaraciones correspondientes, y los informes forenses de sanidad que objetivan unas lesiones que son compatibles con lo denunciado, habiendo precisado los tres funcionarios para sanar tratamiento médico tal y como consta en los hechos probados. A ello debemos de añadir que no surge ninguna duda de que en la agresión el acusado había echado gel de baño en el suelo y puso un colchón (para provocar la caída de los funcionarios), habiendo arrancado el pomo de hierro de la ventana que utilizó como instrumento peligroso para agredir a los funcionarios que entraron en la celda, lanzando numerosos puñetazos con el pomo de hierro y patadas, debiéndose emplearse a fondo los actuantes hasta que consiguieron reducirlo, quedando así integrados los tipos calificados, ya que el acusado arremetió contra los funcionarios de prisiones y les golpeó con un pomo de hierro que había arrancado de la ventana y que tiene la condición de instrumento peligroso, ya que su uso para agredir produce un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas, como de hecho así ocurrió en el presente caso en el que precisaron tratamiento médico para sanar de las lesiones tres funcionarios. Por tanto, este motivo de apelación debe de ser desestimado.

QUINTO.- El otro motivo de recurso es que la defensa considera que concurre la eximente completa de alteración mental por actuar en el momento de los hechos a causa de una anomalía psíquica del artículo 20.1 del código penal; que no hay reincidencia.

En cuanto a ello, tenemos que decir que las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal no se presumen, pues tienen que ser probadas con igual contundencia que el hecho criminal mismo, de tal manera que la duda no favorece al reo. En el presente caso, la Magistrada Juez de instancia ha fundamentado adecuadamente las razones que le han llevado a poner de manifiesto que dicha circunstancia modifica activa de la responsabilidad criminal ni concurre como eximente, completa o incompleta ni como atenuante simple o analógica, siendo fundamental en el presente caso poner de manifiesto que si bien el penado está diagnosticado de un trastorno antisocial de la personalidad, como establece la pericial psiquiátrica médico forense, obrante al folio 358 de las actuaciones, esta circunstancia en modo alguno afecta a las bases psicológicas de la imputabilidad, de tal manera que la perito médico forense indicó que el acusado carece de empatía y de conceptos de responsabilidad, si bien sabe perfectamente lo que hace no existiendo ninguna alteración cognitiva en el mismo.

Por tanto, a falta de otros documentos o informes periciales contradictorios, coincidimos con la Magistrada Juez de instancia en que el acusado a la hora de cometer estos hechos no tenía ninguna alteración cognitiva, en una palabra que sabía lo que hacía y quería hacerlo. Por tanto, este motivo de apelación debe ser desestimado.

Por último, en cuanto a que no hay reincidencia, en los hechos probados de la sentencia apelada se recogen cuáles son los antecedentes penales que tenía el acusado, habiendo sido ejecutoriamente condenado, entre otras, en sentencia firme de 28 de abril de 2016, dictada por el juzgado de lo penal número 2 de Badajoz por delito de lesiones a la pena de nueve meses de prisión y por sentencia firme de 28 de septiembre el 2016 del juzgado de lo penal número 1 de Badajoz por delito de atentado a la pena de seis meses de prisión y por delito leve de lesiones la pena de un mes multa con cinco euros de cuota diarios. Penas que no estaban extinguidas a la fecha de la comisión de los hechos.

Además, en el fundamento jurídico Cuarto de la sentencia se fundamenta porque concurre la circunstancia agravante de reincidencia, tanto respecto del delito de atentado, como del delito de lesiones, fundamentos que damos por reproducidos para evitar reiteraciones, llegándose a la conclusión que esas penas, aún pendientes de cumplimiento, a la fecha de los presentes hechos (30 de enero de 2020), y que dichos antecedentes no se encontraban cancelados, siendo de la misma naturaleza los delitos por los que se sigue este procedimiento, lo que conforme al artículo 22.8 del código penal, resulta adecuado aplicar dicha agravante de reincidencia tanto al delito de atentado como al delito de lesiones por los que ha sido condenado el acusado.

SEXTO.- Igualmente, frente a dicha sentencia se alza la Acusación Particular ejercida por los funcionarios de prisiones número profesional NUM000 y NUM001 alegando, en síntesis, la infracción del artículo 73 del código penal, error en la determinación de la pena; infracción del artículo 120.3 del código penal por existir responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

En primer lugar, poner de manifiesto que como ya hemos dicho con anterioridad no ha habido infracción del artículo 72 del reglamento penitenciario, ya que mencionar el artículo 73 debe de tratarse de un error porque este precepto se refiere al concepto y fines del régimen penitenciario, mientras que el artículo 72 se refiere a los medios coercitivos.

Hecha dicha salvedad damos por reproducidos los fundamentos jurídicos anteriores, a propósito del recurso apelación interpuesto por la defensa, de tal manera que para evitar reiteraciones, tan sólo diremos que dicho precepto se aplicó adecuadamente.

En cuanto al segundo motivo de apelación, error en la determinación de la pena, donde la Acusación Particular señala que comparte la calificación jurídica realizada en la sentencia recurrida, pero que sin embargo, en el momento individualizar la pena, la sentencia condena por un delito de atentado con instrumento peligroso en concurso ideal con tres delitos de lesiones, cuando resulta que debería de haber castigado el delito de atentado con instrumento peligroso en concurso ideal con un solo delito de lesiones, debiéndose castigar las otras dos lesiones como dos delitos de lesiones.

Este tribunal no desconoce la sentencia número 458/2019, de 9 de octubre, lo que ocurre es que en el presente caso, el funcionario de prisiones número NUM000 que fue el primero en entrar, según los hechos probados, fue aprovechado por el acusado para lanzarse sobre él y propinarle golpes con el pomo de hierro y patadas, por lo que tuvieron que acudir en su ayuda los funcionarios NUM002, NUM000, NUM001 y NUM003, iniciándose un violento forcejeo entre el acusado y los funcionarios a los cuales lanzó numerosos puñetazos con el pomo de hierro y patadas, debiéndose emplear a fondo los actuantes hasta que consiguieron reducirlo, precisando tres de ellos tratamiento médico para sanar de sus lesiones. Por tanto, no nos encontramos ante cinco delitos de atentado con instrumento peligroso, pues fueron cinco los funcionarios acometidos, si no ante un solo delito de atentado con instrumento peligroso, en concurso ideal con tres delitos de lesiones con instrumento peligroso, por lo que consideramos que en el presente caso la pena impuesta por la Magistrada Juez de instancia es ajustada a derecho, no existiendo error en la determinación de la pena, pues conforme a los dispuesto en el artículo 77.2 del código penal ha aplicado en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, no excediendo la misma de la que representa la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.

Finalmente, en cuanto a que ha habido infracción del artículo 120.3 del código penal por existir responsabilidad civil subsidiaria del Estado, consideramos que la juez de Instancia ha valorado adecuadamente la prueba, compartiendo este tribunal el resultado al que llega, de tal manera que la actuación por parte del centro penitenciario, tal y como hemos dicho con anterioridad, con la correcta aplicación del artículo 72 del reglamento penitenciario, fue ajustada a la normativa, sin infracción alguna de reglamentos, por lo que de ninguna manera puede ser declarada responsable civil subsidiaria, debiendo ser absuelta de la petición formulada, y dando por reproducidos en el presente párrafo todos los argumentos que hemos dado para llegar a la conclusión de que ha sido correcta la aplicación del artículo 72 del reglamento penitenciario.

SÉPTIMO.- La Sala no aprecia que los recurrentes hayan incurrido en temeridad o mala fe a la hora de interponer el recurso de apelación, con lo que no procede imponerles las costas de esta instancia, que serán declaradas de oficio tal y como permite el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a todo lo expuesto,