Sentencia Penal 517/2022 Audiencia Provincial Penal de Córdoba nº 3, Rec. 1083/2022 de 23 de noviembre del 2022

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en esta causa, por la que se condena al recurrente como autor de un delito de maltrato en ámbito familiar del artículo 153.1 del Código Penal y de un delito de amenazas leves en ámbito familiar del artículo 171.4 y 5 del Código Penal, se alza el Sr. Ruperto alegando, en síntesis, que existe error en la valoración de la prueba, que se le denegó la prueba que había solicitado, así como que debía apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas en grado de muy cualificada. Igualmente, no se razonaba a a su entender que se le condenase al pago de la responsabilidad civil que se fijaba en sentencia y que se le incluyera la condena en costas.

La acusación particular y el Ministerio Fiscal se han opuesto al recurso en base a los argumentos que constan y que se dan aquí por reproducidos.

SEGUNDO.- En cuanto a la valoración de la prueba practicada, prácticamente toda de naturaleza personal efectuada por la juzgadora de primera instancia, debemos recordar que la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. En efecto, si bien el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" en el que el tribunal superior tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas con las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al caso ( SSTC 194/1990, 323/1993, 120/1994, 157/1995, 172/1997, 152/1998 y 6/2002, entre otras muchas), no puede ignorarse que, como esta Audiencia ha dicho en innumerables ocasiones, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas con arreglo a la inmediación judicial, el Juez "a quo" tiene elementos más fundados para su más precisa apreciación y por tanto su mejor valoración en relación a los supuestos de hecho que constituyen el "factum" debatido, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. Concretamente, y respecto de la prueba testifical, el TS ha afirmado en las sentencias de 8/2/1999, 30/9/2002 y 23/1/07, entre otras, que ".... está sujeta a la percepción directa del Tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo el Tribunal que directamente ha percibido la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad probatoria".

De esta suerte, el error en la valoración de la prueba esgrimido por la parte recurrente, sólo podrá acogerse cuando las deducciones o inferencias de la sentencia impugnada resulten ilógicas, irracionales o absurdas en atención a las pruebas practicadas. Es por ello que, como también hemos reiterado, y cumplida la obligación de razonar el resultado de dicha valoración, el tribunal de apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento -cuestión ya analizada- o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

Es decir, si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinarios y no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a la evidencias de su resultado, el Tribunal "ad quem" no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador "a quo" en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117-3 de la Constitución. En definitiva, el principio de inmediación impone la necesidad de respetar los hechos que el Juez en primera instancia ha declarado probados en la sentencia apelada siempre que, se insiste, no exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos o, finalmente, cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya realizado en la segunda instancia.

El recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la doctrina que, cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico, ex artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117 de la Constitución Española, y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/1985, 23/06/1986, 13/05/1987, y 2/07/1990).

Consecuencia de lo expuesto, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia: a).- cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b).- cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c).- cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia. Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como también recuerda la doctrina ( STC de 18 de mayo de 2.009), el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara, como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

TERCERO.- Pues bien, analizando las testificales practicadas, la Sala ha de confirmar la resolución recurrida al existir correcta valoración por la juzgadora de instancia de las testificales que se practicaron en la vista oral.

En especial las de la única testigo y perjudicada que no es otra que la Sra. Salvadora que relata de forma clara, como se expresa en la sentencia, que en la noche del 20 al 21 de julio de 2.017 tras volver de un evento cultural en la localidad en la que residía con el condenado y recurrente es golpeada por éste con una patada, siendo insultada con expresiones que se consignan en la resolución objeto de auto de manera continuada. Incluso intenta quitarle el móvil antes dado que pensaba que hablaba con otra persona; cuando comprueba que es con uno de sus hijos, se lo devuelve. Relación tensa entre ambos contendientes que parece haberse debilitado hace tiempo y sobre la que gravitan las constantes alusiones a la vida íntima de pareja, cuestión ésta que no niega el acusado en sus manifestaciones. Días después, el 28 de julio de ese mismo año es amenazada por el acusado con "voy a tener que darte un porrazo e ir a la cárcel" tras discusión por supuesta falta de interés sexual por parte de la Sra. Salvadora hacia el ahora apelante rechazando el contacto íntimo con éste dado que se encontraba con la menstruación. Y es que la sentencia de instancia analiza de manera pormenorizada en qué basa su condena y su decisión sin que la misma se haya obtenido de forma ilógica o irracional. Antes al contrario, hace constar que la declaración de la víctima es congruente, persistente, clara y creíble, sin que se aprecie ánimo espúreo derivado de los deseos expresos de la Sra. Salvadora de poner fin a su matrimonio y seguir, no obstante, la pareja bajo el mismo techo hasta que se produzca el mismo de manera efectiva.

Ninguna duda cabe sobre la calificación de los hechos probados conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del Código Penal cuya regulación responde, como se sabe por todos, a la voluntad de tipificar como delito las conductas que eran consideradas anteriormente como falta - ahora delito leve- de lesiones o maltrato cuando se cometan en el ámbito de la llamada violencia doméstica o de género, esto es, entre las personas unidas por los vínculos a los que se refiere el art. 173.2 del mismo texto legal, con lo que se abre la posibilidad de imponer la pena de prisión y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Por tanto, respecto a su naturaleza jurídica, estamos ante un subtipo de lesiones físicas o psíquicas no comprendidas en el art. 147 CP por no requerir tratamiento médico o quirúrgico, o de maltrato de obra sin llegar a causar lesión, que tendría pues como bien jurídico protegido (de ahí su inclusión en el Título III del

Tampoco cabe plantear que los hechos no sean constitutivos de amenazas leves en ámbito familiar del artículo 171.4 y 5 del Código Penal. Sobre la alegación del Ministerio Fiscal relativa a la falta de alusión a las vejaciones injustas del artículo 173.4 del Código Penal nos remitimos al fundamento de derecho quinto in fine de la sentencia de instancia.

Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2000 que la jurisprudencia de esta Sala ha caracterizado el delito de amenazas con apoyo en las normas del Código Penal de 1973, similares a las del Código Penal de 1995, por los siguientes elementos:

1) El bien jurídico protegido es la libertad y el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad, y a no estar sometidos a temores, en el desarrollo normal y ordinario de su vida.

2) El delito de amenazas es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro.

3) El contenido o núcleo esencial del tipo es el anuncio de un mal que, tratándose del tipo aplicable al caso, no precisa ser constitutivo de delito al referirse el precepto a las amenazas leves.

4) El mal que se anuncia habrá de ser futuro, injusto, determinado, posible, dependiente de la voluntad del sujeto activo y originador de una natural intimidación.

5) Se trata de un delito enteramente circunstancial, en relación al cual deben valorarse la ocasión en que se profieren las palabras amenazadoras, las personas intervinientes, los actos anteriores, simultáneos y posteriores.

6) Debe concurrir finalmente en el delito un dolo consistente en el propósito de ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego.

Sobre el mismo existe clara exposición en sentencia del razonamiento lógico de la juzgadora para entenderlo acreditado y por el que también se condena al Sr. Ruperto. Hostiga a su víctima con temas de índole personal e íntimo, como lleva haciendo mucho tiempo antes, y le dice que le va a dar "un porrazo si la ve con otra persona que no sea él" con claro expositivo de su ánimo perturbador de violencia verbal. Amenaza leve pero que, dada la peculiar relación de afectividad que une al acusado y a su víctima y que ocurre en domicilio familiar, deja evidencia de la intención de causar temor a quien en esa fecha era su pareja. Libro II del CP "De las lesiones) la integridad física o psíquica de las personas.

Pero es más, para combatir la valoración probatoria contenida en la resolución recurrida, no basta con afirmar que se ha producido error; sino que deben señalarse los hechos que han sido erróneamente admitidos como probados, la prueba erróneamente valorada y razonar en qué medida el juzgador ha utilizado criterios de valoración erróneos, ilógicos, absurdos; o contrarios a las reglas legales de valoración, o a las máximas de la experiencia, o a las reglas de la sana crítica. De no expresarse tales circunstancias, se evidencia que la intención del apelante es simplemente sustituir el objetivo e imparcial criterio del juzgador por el suyo propio, pretendiendo una nueva valoración probatoria sin argumentos que lo justifiquen. Y es que cn respecto al segundo de los delitos por el que es condenado el recurrente y examinando su escrito de apelación, el motivo no puede ser acogido. Los alegatos del apelante carecen de fuerza suficiente para llevar a la Sala a la convicción de que la Juzgadora de instancia - que repetimos goza de la ventaja que le da la inmediación con que se han practicado las pruebas en su presencia - ha utilizado criterios de valoración erróneos, ilógicos, absurdos; o contrarios a las reglas legales de valoración, o a las máximas de la experiencia, o a las reglas de la sana crítica. Porque la Sra. Salvadora dice ser golpeada, insultada de manera continuada y amenazada en la última fecha como se recoge en la sentencia de condena con contundencia y con claridad, persistiendo en la incriminación. Declaración que es suficiente, como señala la Juzgadora a quo, para desvirtuar la presunción de inocencia del ahora recurrente fuera de toda duda razonable.

CUARTO.- Basa el recurrente también sus alegaciones en que se le deniega por la instancia profusa prueba testifical que no fue admitida ni en auto del Juzgado de lo Penal ni tampoco en la reiteración de su práctica en el acto de la vista oral. Enlaza sus alegaciones con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia regulado en el artículo 24 de la Constitución Española. Se ha de exigir para fundar condena penal la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción. En la práctica lo dicho significa que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

Y las pruebas en las que la Juzgadora de instancia basa su convicción para condenar al recurrente ya han sido analizadas en el fundamento de derecho anterior. A este respecto, señala el Tribunal Supremo que la utilización de los medios de prueba pertinentes por la defensa integra el contenido del derecho fundamental recogido en el meritado precepto constitucional cuya infracción no es consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión: precisa que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que, sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable acerca de su omisión. Los requisitos y criterios que ha ido conformando el Tribunal Constitucional para la consideración de la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa pueden configurarse del siguiente modo: a) La actividad probatoria ha de ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos. b) La actividad ha de ser pertinente, lo que, a partir de la competencia de los órganos judiciales para la evaluación de pertinencia, supone que el recurrente ha de argumentar convincentemente en torno a la pertinencia de la prueba denegada sin que, por contra, el órgano judicial haya fundamentado el rechazo de un modo no irrazonable, o de un modo tardío tal que genere indefensión o riesgo de prejuicio o condicionamiento de su solución sobre la prueba o de la decisión de fondo. c) La prueba ha de ser relevante para la decisión del litigio, decisiva en términos de defensa. d) La prueba debe ser finalmente posible, porque si por razones materiales o jurídicas resulta de imposible práctica, la razón de su denegación resulta evidente. En el caso analizado es patente que prueba testifical tan extensa sin que se determine en qué se funda su necesaria práctica dado que no son pertinentes dado que los hechos objeto de proceso ocurren en dos momentos muy concretos y sin la existencia de testigos. De esta forma, y por las razones expuestas anteriormente se hace patente que las declaraciones testificales inadmitidas resultaban irrelevantes para la decisión, siendo correcto su rechazo por la Juez a quo, razón por la que debe desestimarse este motivo y el recurso en su conjunto, confirmando íntegramente la resolución impugnada.

QUINTO.- Otro motivo de recurso gravita sobre la petición de que la atenuante de dilaciones indebidas lo sea como muy cualificada conforme a lo fijado en el artículo 21.6 del Código Penal. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas no se identifica con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata de un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. El tiempo de tramitación debe ponerse en relación con la complejidad de la causa y de ahí, medida la correlación funcional entre las actuaciones practicadas, las necesarias, el tiempo empleado para producirlas y la diligencia en su ejecución, obtenerse una suerte de cociente. Lo extraordinario e indebido de la dilación que reclama el tipo como condiciones de apreciación obliga a una evaluación integrada de todos los factores señalados. El tiempo total de duración del proceso es un dato significativo, pero no suficiente pues, insistimos, debe "medirse" en términos funcionales. Ha de evaluarse su correlación para el adecuado desarrollo de las actuaciones seguidas, a partir del número y necesidad de las diligencias practicadas a la luz del objeto del proceso, la conducta procesal de la parte y, sin duda, la propia regularidad en el impulso y la dirección procesal. De tal modo, la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria e indebida cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o carente de justificación teleológica o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación, provocando un plus aflictivo a la persona sometida al proceso. Y siempre y cuando, además, ninguno de estos factores pueda ser imputado a la conducta procesal de la parte que sufre el transcurso excesivo del tiempo. Lo que obliga a quien invoca la atenuación a precisar, por un lado, el iter de actuaciones procesales no ajustadas al canon de la razonabilidad temporal de producción. Y, por otro, describir los costes de especial aflictividad que se consideran concurrentes, tal y como se establece en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2.014.

En general, del examen de nuestra jurisprudencia, más como dato empírico que como norma de seguimiento, es habitual estimar la atenuante, siempre con delimitación difusa, cuando la duración del procedimiento es superior a cinco años ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2.022), que es precisamente lo que se advierte y recoge en la sentencia ahora atacada.

No obstante, lo que pretende el recurrente es que se le aprecie como muy cualificada para lo que se requiere de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple. En este sentido, en nuestra jurisprudencia se hace referencia a una dilación manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. Y añade que también, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales. En algunos precedentes, esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 1224/2009), lo que no concurre en el presente caso. El Juzgado de lo Penal realiza actuaciones propias de su jurisdicción y competencia de manera diligente aun teniendo en cuenta la enorme sobrecarga de asuntos que pesan sobre el mismo. Se trata en el presente proceso de abreviado y vista oral que fue tramitado dentro de las posibilidades personales y materiales del órgano judicial del que este recurso procede.

SEXTO.- Responsabilidad civil y condena en costas. El primer motivo de recurso ha de ser acogido, no así el segundo de los mencionados. Sobre éste último ha de decirse que la inclusión de las costas de la acusación particular deriva del tenor literal del artículo 123 del Código Penal; sólo en aquellos casos, ha dicho la jurisprudencia unánime, en que se excluya su imposición al acusado condenado es cuando deberá justificarse la decisión. Caso contrario, como el de autos, baste decir que su actuación ha sido adecuada y necesaria para el buen éxito de las acciones penales y civiles.

Por último, y en el caso de la responsabilidad civil aun cuando en el fundamento de derecho octavo se cita el artículo 116 del Código Penal y la Juzgadora "a quo" razona sus motivos para conceder el importe que se fija en sentencia frente a la superior petición de la acusación particular en concepto de daño moral derivado de los hechos objeto de proceso, no se deduce tal integración con los hechos probados que se recogen en su sentencia. No sólo hay que acreditar el daño moral sino individualizar de alguna forma en qué se base la resolución judicial que lo otorga para concederlo. Es cierto que se trata de situaciones personales que atentan contra bienes jurídicos protegidos legalmente y que se ataca la tranquilidad y el desarrollo personal de quien todavía era su esposa, pero no se dice en qué forma han de ser indemnizados de manera suficiente dado que la conducta del recurrente integra, las conductas criminales por las que es condenado. Es cierto que el Tribunal Supremo señala que en materia de daño moral que "su apreciación no exige de una constancia en los hechos probados, en cuanto de ellos fluye con naturalidad el impacto en la esfera personal que se pretende reparar" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2.020). Por tanto, no es necesario que se especifique en los hechos probados, pero sí que se constate un sentimiento de dignidad lastimada o vejada, aquí leve y absorbida por otra conducta criminal, que sea susceptible de valoración pecuniaria para lo que habrían de valorarse las circunstancias personales de los contendientes, la gravedad de los hechos y su repulsa social. Se echan en falta tales conceptos en la fundamentación jurídica de la sentencia que sólo relata un ejercicio de prudente arbitrio al moderar la solicitud de la acusación particular.