Sentencia Penal 242/2024 Audiencia Provincial Penal de A Coruña nº 1, Rec. 789/2023 de 10 de junio del 2024

PRIMERO.-AL RECURSO DE HDI HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS Y REASEGUROS, AL QUE SE ADHIERE ARTEIXO QUÍMICA S.L.- Error en la motivación de la sentencia en la estimación del incremento del 20% por dolo de la indemnización. Necesariedad de justificar un mayor daño moral, vulneración de la jurisprudencia sobre la acción civil en cauce penal.

Entiende la entidad aseguradora, que el incremento de la indemnización en un 20%, que fija la Sentencia recurrida, es improcedente, por cuanto este incremento no puede ser automático, no debe repercutir la conformidad alcanzada por los acusados, y no existe incongruencia si el juzgador descarta un mayor daño moral atendiendo a la conducta enjuiciada.

El motivo no tiene acogida, va por delante, la reiterada doctrina de la Sala Segunda, exponente de ellas es la STS 741/2018, de 7 de febrero de 2017, cuando dice "Entre muchas otras, elegimos como primera referencia la STS 382/2017, de 25 de mayo , que a su vez se hace eco de la STS 314/2012, de 20 de abril : "La aplicación de los criterios cuantitativos del Baremo legal, inicialmente relativo a las consecuencias de la siniestralidad automovilística, si bien en la actualidad se encuentra ya ampliamente recomendada a otros muchos y muy distintos ámbitos como el civil (vid. por ej. STS, Sala 1ª, de 9 de Febrero de 2011 ), administrativo ( STS, Sala 3ª, de 20 de Septiembre de 2011 ), laboral ( STS, Sala 4ª, de 17 de Julio de 2007 ) y, por supuesto, el penal ( STS, Sala 2ª, de 10 de Abril de 2000 , entre muchas otras), con base en señaladas razones como las de igualdad de trato, seguridad jurídica, predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, entre otras, no deja de serlo con efectos meramente orientativos, matizándose, concretamente en materia de delitos dolosos, la conveniencia de cierto incremento respecto de los importes inicialmente establecidos, con base en el mayor dolor (daño moral) que el padecimiento de esta clase de conductas, intencionadas, pueden originar en el ánimo de quien las sufre, frente a las meramente imprudentes"".

Continua la STS 741/2018 "La concesión de cantidades superiores al baremo en esos casos de delitos dolosos, máxime en supuestos especialmente traumáticos y violentos, se ha reconocido asimismo reiteradamente por la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 772/2012, de 22 de octubre , y 799/2013, de 5 de noviembre 580/2017 de 19 de julio , entre otras)",al tiempo establece como notas generales: a) En delitos dolosos las cuantías que resultan del baremo no rigen, b) Eso no impide acudir a ellas como referencia orientativa, si bien en principio su carácter doloso aconseja un incremento, c) Aun no siendo vinculante el Baremo, si el Tribunal hace protesta expresa de querer ajustarse al mismo los errores en su aplicación podrán ser fiscalizados y corregidos en casación.

Esta y otras resoluciones de la Sala, posteriores y anteriores, mencionan el Acuerdo de 29 de mayo de 2004 de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid, que se refiere directamente a la cuestión invocada en el recurso de la entidad aseguradora, y que es del siguiente tenor "Conviene aplicar, como criterio orientativo, el baremo previsto en el Anexo de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor al cálculo de indemnizaciones de perjuicios causados en delitos dolosos. Tal aplicación presenta como ventajas la uniformidad e igualación de los criterios indemnizatorios, y también la facilitación de las impugnaciones de las víctimas y acusados al contar con unos razonamientos notablemente objetivados. Sin perjuicio de ello, es conveniente que las indemnizaciones resultantes sean incrementadas para los casos normales en un porcentaje que puede situarse en un 10 ó 20 %, sobre todo cuando el daño moral de la víctima es más acentuado. Todo ello sin excluir la posibilidad de realizar otro tipo de valoración teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes"

La Sentencia, hoy apelada, aplica el baremo de forma orientativa, explicando en su fundamentación jurídica de manera suficiente y conveniente las motivaciones que le llevan a tal orientación, como también menciona otro dato que obvia la parte, la explicación del incremento en un 20%, incremento que correspondía a la solicitud de la Fiscalía pues la Acusación Particular peticionaba un incremento del 50%, la causa del aumento deriva para el juzgador del "concurso de normas entre un delito doloso ( arts. 316 y 318 del Código Penal ), y un delito imprudente, de forma que la agravación que se produce del injusto resultante de las acciones cometidas debe tener su repercusión en el montante de la indemnización",unos párrafos más adelante, retomando este acrecentamiento insiste (ante la alegación de la compañía aseguradora de que no concurre dolo eventual ni imprudencia grave, ni temeraria) "es claro que se trata de un concurso entre un delito doloso y uno por imprudencia grave, y por ello se ha condenado, de conformidad con las partes, en cuanto a los hechos probados y a la calificación de los delitos, por lo que no puede existir duda alguna en cuanto a la tipificación de los delitos que se ha plasmado en la sentencia. Y evidentemente, la responsabilidad civil es la correspondiente a los tipos por los que se ha penado, no puede ser una diferente ni de menor entidad, pues ello resultaría incongruente. Es la correspondiente a un delito doloso y a un delito cometido por imprudencia grave, independientemente de que la cuantificación de los daños no tiene en cuenta la gravedad de la imprudencia cometida"

Compartimos las argumentaciones del juzgador, la línea de partida no puede ser otra que la establecida por la Sala Segunda, recogida entre otras en STS 743/2022, de 20 de julio, "El principio de presunción de inocencia no alcanza a los hechos que dan lugar a responsabilidad civil ( SSTS núm. 302/2017, de 27 de abril ; 639/2017, de 28 de septiembre ; 168/2020 de 19 de mayo ); ó 188/2022, de 1 de marzo . Es hoy doctrina uniforme el considerar aplicable la presunción de inocencia exclusivamente en el ámbito del proceso penal (con su natural extensión al derecho sancionador), en la formulación del juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente ( STC 30/1992, de 18 de marzo ).

La condena a título de responsabilidad civil derivada de delito no guarda relación directa con el derecho a la presunción de inocencia ya que "este concepto alude estrictamente a la comisión y autoría de un ilícito en el ámbito sancionador y no a la responsabilidad indemnizatoria subsidiaria en el ámbito civil, aunque esta responsabilidad se derive de un delito declarado en sentencia penal, porque una vez apreciada la prueba en relación con la infracción criminal, la responsabilidad civil subsidiaria se produce como consecuencia de ciertas relaciones jurídicas o de hecho con los autores del delito" (vid. entre otras: SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 6 ; 257/1993, de 20 de julio, FJ 2 ; 367/1993, de 13 de diciembre, FJ 2 ; 59/1996, de 15 de abril, FJ 1 ; y 12/2011, de 28 de febrero , FJ 7). Una petición de indemnización mantiene su naturaleza estrictamente civil aun cuando se determine en el juicio penal ( STEDH de 11 de febrero de 2003, asunto Y contra Noruega , § 40)".

Precedente de esta resolución es la STS 168/2020, de 19 de mayo, que precisaba varias cuestiones: a) el análisis del estatuto procesal del responsable civil, mencionando la precedente STS 234/1996, de 6 de marzo, y "recordando la Sentencia de 19 de abril de 1989 , en que se acogía al decisión del Pleno de la Sala, dijo: el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria, sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales, máxime en los supuestos en que el inculpado en la instancia se conforma con la pena que contra él se solicita por la acusación o cuando el ya condenado se acalla frente a la sentencia del tribunal "a quo" no formalizando el correspondiente recurso de casación",b) recordaba la STS 762/2011, de 7 de julio, que contemplaba un supuesto de conformidad de los acusados sobre la responsabilidad penal, indicando "se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad",insistiendo "sin que el responsable civil pueda limitar el derecho a conformarse que la ley confiere al acusado. Por lo que el único debate que está legitimado para suscitar el tercero civil responsable es el de las demás razones de su obligación y la cuantía de lo debido";c) traía la STC, Sala Primera, 48/2001, de 26 de febrero, que contemplaba un supuesto que limita la intervención del responsable civil subsidiario en el proceso penal, donde tras reconocer que ese propio Tribunal ha dictado pronunciamientos, sobre la legitimidad constitucional de la limitación de las posibilidades de actuación en el proceso penal del condenado como responsable civil subsidiario, advierte que dicha doctrina se refiere a las compañías aseguradoras en caso de ser condenadas como responsables civiles directos en el marco de daños ocasionados mediante el uso y circulación de vehículos de motor cubiertos por el seguro obligatorio, o como responsables subsidiarios en caso de seguros voluntarios.

Sentado el marco de debate, nos encontramos con una Sentencia dictada de conformidad con los acusados, que a tenor de los artículos 787.1 y 787.2 supone una aceptación del escrito de calificación modificado, que no supone únicamente aceptar la pena sino la integridad del escrito en el que se encuentra la "descripción de los hechos aceptada por las partes",que se plasmaran en el relato fáctico de la Sentencia, y esos hechos probados son los que son, por mucho que insista la aseguradora en el trámite de recurso, estamos ante la comisión dolosa de un delito contra los derechos de los trabajadores, de los artículos 316 y 318 del Código Penal (no la modalidad imprudente del artículo 317 del mismo texto), un delito de homicidio imprudente del 142.1 y 3 del Código Penal, precepto que recoge la modalidad de imprudencia grave, no la menos grave, y un delito de lesiones imprudentes del artículo 152.1.2º que también se refiere a la imprudencia grave, es decir, estamos ante un delito doloso y la modalidad más grave de las imprudencias, por otro lado, el resultado padecido no puede llevarnos a equivocaciones reviste una gravedad considerable, es cierto, que se plasma en la cuantía indemnizatoria pero no lo es menos que como el baremo se utiliza a título orientativo se permite modular el resultado o cuantía alcanzado.

Es por ello, y dado que lo aplicado es un incremento del 20%, la Sala no puede más que reforzar ese acrecentamiento dadas las conductas de los acusados al poner en riesgo grave la vida de los trabajadores, un colectivo más que necesitado de protección, y producirse un resultado de tanta gravedad que afecta a dos trabajadores.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.-Subsidiariamente desproporción en el porcentaje del 20% aplicado por dolo a la totalidad de la indemnización.

El motivo ya ha sido analizado, concluimos que el porcentaje aplicado, en la suma en que lo ha sido -20%- es moderado y responde a la omisión de las medidas preventivas por parte de los acusados, el porcentaje solicitado -5%- no responde a la realidad de los hechos ni a la práctica usual en nuestros tribunales.

TERCERO.-Error en la aplicación del baremo de la Ley 30/2015 en la indemnización a favor de doña Ainara, hermana del fallecido.

Respecto a la fijación de la indemnización el Tribunal Supremo ha repetido que "la cuantificación concreta de la indemnización es competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad"( ATS 447/2019, de 14 de marzo, STS 538/2018, de 8 de noviembre, y ATS 780/2017, de 27 de abril, entre otras).

La cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en segunda o ulteriores instancias "cuando: a) exista error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del "quantum" indemnizatorio, indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por la correspondiente prueba de parte; y b) que se indemnice por cuantía superior a la solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro Derecho Procesal Penal, y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de las acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes"( STS 765/2011, de 19 de julio). Estas cuantías indemnizatorias serán fijadas sin sujeción a la normas e indemnizaciones que en sentido estricto fijan las normas laborales, civiles o de otra índole no penal, siendo perfectamente compatibles con las concedidas y disfrutadas en dicho ámbito.

Es cierto que la indemnización se fija por el juzgador tomando como orientación el baremo actual introducido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y que la petición de 35.000 euros para Ainara se efectúa por la Fiscalía, esta cantidad corresponde al perjuicio personal básico y lucro cesante, el Juzgador acceder a esa cantidad, que no desglosa de modo alguno, es cierto, que en el acto del juicio no se trató la cuestión, pero lo cierto es que la parte no se aquieto a las cantidades indemnizatorias solicitadas.

Partiremos del dato acreditado de que la beneficiaria es su hermana, sin convivencia con el fallecido, y nacida el NUM006 de 1969, datos extraídos de su comparecencia al folio 6 de las actuaciones, no consta acreditación documental de sus percepciones ni de su actividad laboral.

El baremo citado establece varias cantidades a favor de los hermanos del fallecido, que tienen la categoría de perjudicados conforme el artículo 62 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, diferenciando el artículo 66 según el hermano tenga hasta treinta años o una cantidad mayor. En la Tabla 1.A, se fija la cantidad de 15.000 euros por el perjuicio personal básico por muerte, en la Tabla 1.B la cantidad de 5.000 euros por el perjuicio personal particular, en cuanto al lucre cesante, se diferencia el daño emergente para lo que se fija en la Tabla 1.C la cantidad de 400 euros sin necesidad de justificación para cada perjudicado, remitiendo a la Tabla 1.C.4 para cuantificar la cantidad por lucro cesante.

La tabla citada solo permite la determinación de la cantidad debitada en función de los ingresos mensuales percibidos, ante esta ausencia partiremos de la base de que se percibe el salario mínimo interprofesional (nada dice el baremo de que la cantidad no se satisface de no justificar ese ingresos, amén de que el baremo se aplica a título orientativo), ese salario mínimo en el año 2015 tenía una cuantía mensual de 655,20 euros, lo que proyectado a catorce pagas nos da la cantidad de 9.172,80 euros al año, por otra parte, a fecha de fallecimiento Ainara contaba 45 años, estos datos arrojan en la Tabla 1.C.4 la suma de 197 euros.

En definitiva, se acoge en parte el recurso, en el sentido de que la cantidad a abonar a la hermana del fallecido asciende, según baremo, al total de 20.597 euros, que será incrementada en un 20% por derivar el hecho de una actuación dolosa, es decir, la cantidad total de 22.656,70 euros.

CUARTO.-Inadecuada aplicación del artículo 20 de la Ley 30/1980, de Contrato de seguro, existencia de causa justificada ( artículo 20.8 LCS) .

El número 8 del artículo 20 establece una excepción al régimen de la mora del asegurador "No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable".La interpretación del precepto debe efectuarse desde la línea que nos marca el origen de la norma que no es otro que una finalidad claramente preventiva, en la medida que sirve de estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, que no es otra que el oportuno pago de la indemnización a favor del perjudicado, esta finalidad determina una interpretación rigorista de las causas de exclusión del interés por mora. De ahí que no pueda acogerse como causa la mera existencia de un proceso penal, es decir, la mera investigación de los hechos en esta vía, el hecho de existir un procedimiento penal no justifica el retraso en el pago de la indemnización.

Es más, con respecto a esta cuestión la Sala Primera en STS 314/2012, de 9 de mayo, dice "La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 ; 25 de enero 2012 ). Es cierto que si no están determinadas las causas del siniestro y por lo tanto se desconoce razonablemente la cuantía de la indemnización, sería posible mantener la existencia de justa causa que liberaría a la aseguradora del pago de los intereses, pero tampoco es del caso. Ninguna duda racional existe sobre la realidad del fallecimiento o sobre la cobertura a cargo de las aseguradoras, en cuanto que no se suscitó discusión al respecto. La incertidumbre surge únicamente de la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa determinante del resultado lesivo y ello tampoco es causa justificada para no pagar ( SSTS 12 de julio y 26 de octubre de 2010 , 31 de enero 2011 , entre otras")".

La STS 351/2020, de 25 de junio, abunda en esta cuestión y subraya las dificultades de estimar "causa justificada", para la exoneración del interés por mora, la incertidumbre que genera la indeterminación de la indemnización, pero no libera de la imposición cuando no existen dudas sobre la realidad del fallecimiento o de las lesiones, y la misma cobertura a cargo de la aseguradora, que no ha planteado discusión al respecto. Es más, como se destaca la razón del mandato legal radica en evitar el perjuicio que se deriva del retraso en el abono de la indemnización y en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación, sin que lo expuesto impida que la aseguradora pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, que, de prosperar su oposición, conllevará la devolución de la cantidad satisfecha o previamente consignada, por ser total o parcialmente indebida.

En resumen, y en el caso que nos ocupa la data de la fecha del siniestro, 27 de agosto de 2015, del dictado del auto de transformación a procedimiento abreviado, 20 de agosto de 2021, y del auto de apertura de juicio oral, 25 de abril de 2022, no justifican en modo alguno la conducta y renuencia de la aseguradora a la consignación de las indemnizaciones. No es vano olvidar, como dice la Acusación Particular, y en lo que se refiere a la indemnización por fallecimiento (hecho indubitado) la prontitud con la que se aportó el Libro de Familia, a los efectos de justificar la identidad de los perjudicados (testimonio tras exhibición el 3 de septiembre de 2015).

QUINTO.-Subsidiariamente inadecuada aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tras las consignaciones de la aseguradora.

No obsta a la aplicación de los intereses el desacuerdo con la cantidad fijada o que la determinación de las cuantías se efectúe tomando como referente la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que se aplica como baremo orientativo, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro no establece la excepción que se pretende, la aplicación del precepto no puede depender de una previa decisión judicial respecto de la obligación del pago y la concreción de su cuantía, pretender esta condición llevaría a la inviabilidad de la aplicación del precepto.

Es así, que el motivo no tiene mejor acogida que el anterior, la ausencia de información sobre el siniestro que dice sólo puede achacarse a su propia inactividad, a las fechas de las consignaciones nos remitimos, y a la fecha de incoación del procedimiento y dictado del auto de transformación, destacando que una de las consignaciones se produce después del auto de pase a procedimiento abreviado, no hay diligencia en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, hay renuencia y retraso. Tampoco justifica la no imposición la circunstancia de que se hubiera traído a la causa otra aseguradora, en una mal entendida mancomunidad en la obligación de pago, no está de más recordarle a la parte que en la causa estaban imputados hasta tres trabajadores de la empresa cuya actividad aseguraba.

SEXTO.-A LA ADHESIÓN A LA APELACIÓN PRINCIPAL FORMULADA POR LA ACUSACIÓN PRINCIPAL DE Alexandra y Yarela.- Porcentaje de incremento a las cantidades fijadas en baremo, que deberían ser incrementadas en un 50%.

Nos remitimos a lo expresado en los fundamentos jurídicos primero y segundo, consideramos correcta la aplicación de un porcentaje moderador, en el caso de carácter positivo, sin embargo, nos parece prudente y acertado el que establece el juzgador de instancia, de una parte, ha tenido en cuenta las circunstancias del accidente, la gravedad de las conductas ilícitas, de otro lado, la edad del fallecido, recuérdese la fecha de nacimiento del fallecido ( NUM003 de 1965), la de su viuda y la de la hija, ya mayor de edad, por último, la mayoría de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Audiencias Provinciales se mueven en un incremento entre el 10% y el 20%, es decir, estamos en un acrecer coherente y correcto, no existen motivos para modificarlo más allá del interés económico de la parte.

SÉPTIMO.-Error de derecho relativo a la determinación de la responsabilidad, en el pronunciamiento que señala el computo de intereses del artículo 20, al entender que la primera consignación de la aseguradora no produce efectos enervatorios.

Entiende la parte que la consignación efectuada el 26 de septiembre de 2019, no fue puesta a su disposición, es decir, no se realizó con los efectos enervatorios, por cuanto no fue anunciada al acreedor y no se le ofreció de manera efectiva la entrega de esa suma.

Es parcialmente cierto lo que dice la parte, la primera consignación fue realizada el 26 de septiembre de 2019 (por importe de 400.000 euros), pero también consta que fue entregada a la parte en 21 de enero de 2020 la cantidad de 75.000 euros, a cuenta de la indemnización.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que la consignación judicial es un proceso liberatorio sustitutivo del pago, y como tal produce efectos análogos a los del mismo pago, libera al deudor de la obligación de pago, porque se da por realizado.

En este punto, se pone de relieve que la aseguradora presentó escrito, coetáneo a la consignación haciendo saber que la misma se realizada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, precepto que regula la mora de la aseguradora, sus reglas, y sus excepciones, y por sí alguna discusión hubiera, respecto a los motivos de su consignación, presentó nuevo escrito el 7 de enero de 2020 que reseñaba "toda vez que el indicado artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro exige que se consigne en pago se aclara que la consignación se ha realizado para su entrega a las acusaciones", recuérdese que se le requirió de aclaración no cuando se aparenta sino en providencia de 27 de diciembre de 2012. Es por ello, que entendemos que la consignación se hizo para su entrega a los perjudicados y con intención de ser exonerado del pago de los intereses, y como de hecho ocurrió fue entregada.

El motivo no tiene acogida.

OCTAVO.-Costas.

Ante la estimación parcial del recurso interpuesto por la defensa se declaran de oficio las costas procesales devengadas, de conformidad con los artículos 123 del Código Penal y 239 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los artículos 4 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto al interpuesto por la Acusación Particular tampoco procede su imposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no apreciar mala fe o temeridad en la interposición.

VISTOS,los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, adopto el siguiente,