Sentencia Penal 165/2023 Audiencia Provincial de Cuenca Civil-penal Única, Rec. 90/2023 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Debe hacerse mención a dos circunstancias:

1. La modificación de los hechos probados, que acaba de efectuarse, responde a lo que ha venido indicando la acusación particular, (con respecto a los pagos directos efectuados por la aseguradora a la Sra. Adelaida), y a los acontecimientos 364 y 570 del expediente digital relativo al procedimiento DPA 233/2017, (acontecimientos en los que aparecen los justificantes de consignación en la cuenta judicial).

2. Se subsanará un error mecanográfico que se contiene en la Sentencia de primera instancia; y ello con arreglo a los siguientes argumentos:

-en el encabezamiento de la Sentencia consta "En Cuenca, a 9 de Enero de 2022";

-la referida mención al año 2022 es, (a la vista de las actuaciones y puesto que el juicio se celebró el 05.10.2022), un error mecanográfico; debiendo constar allí "2.023";

-el Tribunal Supremo ha admitido en ocasiones que a través de un recurso de casación se realice la aclaración de una Sentencia para evitar problemas interpretativos en vía de ejecución, (en tal sentido, por ejemplo, Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30.11.1992, recurso 1408/1990);

-y aplicando analógicamente la referida doctrina del Tribunal Supremo, y encontrándonos en el supuesto de autos ante un simple y evidente error mecanográfico, (cometido en la fecha de la Sentencia de primera instancia), se subsanará, (en el Fallo de la presente Sentencia de la alzada), el referido error.

SEGUNDO.- Por una cuestión de sistemática comenzaremos con el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Leovigildo, por ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., y por CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ACTISUB.

Y al respecto debe señalarse todo lo siguiente:

1. El primero de los motivos de tal recurso, (la imprudencia no es grave), debe rechazarse; y ello por las argumentaciones que a continuación se exponen:

A. El acusado no respetó la luz roja de un semáforo; y además no la respetó en un lugar en el que en ese preciso momento tenía preferencia de paso la Sra. Adelaida, al tratarse de un paso de peatones. Por tanto, no es que el acusado incumpliera únicamente lo establecido en la letra k) del artículo 76 de Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, sino que simultáneamente también incumplió lo establecido en la letra c) de esa norma, (en relación con el artículo 25.1.a del mismo Texto Legal). Y si a ello le añadimos que en el propio recurso se indica, por un lado, que el camión "... por su volumen impidió ver el semáforo al Sr. Leovigildo ...", (véase la página cinco de tal recurso), y, por otro lado, que "... la furgoneta se deslizó hasta colisionar contra la señora...", (véase igualmente la página cinco del recurso), es evidente que el acusado, además y en el preciso momento de dichos dos incumplimientos simultáneos, ni conducía con la atención necesaria, (pues precisamente si el volumen del camión le impedía la visión de toda la situación de la vía estaba obligado por la Ley, - artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015-, a extremar las precauciones), ni conducía a la velocidad adecuada a las circunstancias de la vía, (ya que de haber circulado a la velocidad adecuada a las circunstancias de la vía, -como exige el artículo 21.1 del referido Real Decreto Legislativo-, él hubiera logrado detener el vehículo sin que el mismo se deslizase).

B. Consiguientemente, la conjunción de las circunstancias que acaban de exponerse comporta la existencia de una imprudencia grave, (entendida, -con arreglo a la doctrina establecida por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en Sentencia, por ejemplo, de 01.04.2002, recurso 3091/2000, como infracción grave, manifiesta y clara de las normas de cuidado contenidas en la Ley de Tráfico, entre las que se encuentran las normas esenciales de utilización de la vía), subsumible en el artículo 152.1 del Código Penal. La calificación que de los hechos pudiera realizar la fuerza pública deviene irrelevante, (y ello en contra de lo que se pretende en el recurso que nos ocupa), ya que la calificación jurídica le corresponde única y exclusivamente al Juez o Tribunal.

2. El segundo de los motivos de recurso, (dilaciones indebidas), también debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

A. Ya ha establecido la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia de 10.11.2023, nº 824/2023, recurso 6461/2021, que la apreciación de la atenuante de dilaciones exige, siempre y en todo caso, ya sea en su modalidad de atenuante simple, ya como muy cualificada, que la paralización del procedimiento sea indebida.

B. Consideramos que en el caso que nos ocupa no puede decirse que la instrucción estuviese parada; y lo que en realidad se infiere de los informes médicos que figuran unidos a las actuaciones es que la víctima seguía necesitando asistencia médica. De hecho, la Sra. Adelaida fue intervenida quirúrgicamente como consecuencia de los hechos, por ejemplo, a mediados del año 2021, (tal y como resulta del acontecimiento nº 486 del expediente digital relativo al procedimiento DPA 233/2017), y, en consonancia con ello, el definitivo informe médico forense de Dª. Adelaida se emitió el 08.09.2021, (véase el acontecimiento nº 497 del expediente digital relativo al procedimiento DPA 233/2017), entendiendo esta Audiencia Provincial que la fecha de la que habría que partir a los efectos de unas hipotéticas dilaciones sería, en todo caso, la que acaba de indicarse, (08.09.2021, emisión del definitivo informe médico forense). Pues bien, ni siquiera hasta el día de hoy, (22.12.2023), y desde la citada fecha, (08.09.2021, informe definitivo médico forense), se alcanza el plazo de cinco años a que se refiere la Sala 2ª del Tribunal Supremo en Sentencia, por ejemplo, de 24.07.2012, recurso 1934/2011, para atenuar la responsabilidad penal como atenuante simple; razón por la cual en ningún caso procedería aplicar la circunstancia modificativa referida por la defensa, (ni siquiera como atenuante simple).

3. Por una cuestión de sistemática examinaremos seguidamente el quinto de los motivos de recurso, (concerniente a los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro). Y antes de entrar en su análisis debe decirse que la alegación de " cuestión nueva" efectuada por la representación procesal de la Sra. Adelaida, (en su escrito de impugnación del recurso que nos ocupa, véase la alegación quinta de tal escrito de impugnación), deviene irrelevante; y deviene irrelevante porque el ámbito de los intereses del artículo 20 de la L.C.S. viene a comportar una cuestión que incluso debe observarse de oficio, (como vienen estableciendo los Tribunales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª, en Sentencia de 30.09.2021, recurso 581/2021, cuyo criterio compartimos).

Pues bien, sentado ello debe señalarse lo siguiente:

.El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro es un precepto que establece para las aseguradoras, en el ámbito de los intereses de demora, ("interés especial de demora" según la S. del T.C. 5/93, de 14 de enero), y para el caso de que la aseguradora se retrase en el pago excediendo así el plazo legal, la imposición de unos intereses claramente sancionadores, y por tanto disuasorios, respecto de una conducta que dificulta el pago de una indemnización. Y para que la sanción sea efectiva se imponen intereses si la demora es imputable al asegurador. Pues bien, en el caso que nos ocupa son procedentes dichos intereses desde la fecha del siniestro; y ello porque cuando a la aseguradora se le notificó el definitivo informe médico forense, (notificación que se produjo el 07.10.2021, véase el acontecimiento nº 502 del expediente digital relativo al procedimiento DPA 233/2017), ya conocía todas las consecuencias que para la Sra. Adelaida se habían derivado del siniestro y, sin embargo, desde ese momento dejó pasar cuatro meses sin incremento alguno de pago, (pues no realizó otro pago hasta el 08.02.2022, véase el acontecimiento nº 570 del expediente digital relativo al procedimiento DPA 233/2017), desentendiéndose durante todo ese tiempo de la indemnización correcta que correspondía a la Sra. Adelaida, (conociendo ya con seguridad las consecuencias íntegras para ella del accidente; poniendo esa circunstancia claramente de relieve una actuación renuente de la aseguradora merecedora de la ya referida sanción).

4. Establecido lo anterior, (procedencia de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro), debe analizarse el tercero de los motivos del recurso de apelación que nos ocupa, (vulneración del principio acusatorio).

Pues bien, resultando procedentes los citados intereses desde la fecha del siniestro, (como acaba de decirse), considera esta Sala que no puede procederse a actualización alguna, (y ello al no permitirlo el artículo 40.2 de la Ley 35/2015), razón por la cual los importes de los conceptos concedidos por la Juzgadora a quo deben ajustarse al baremo del año 2017, (fecha del siniestro), ya que las actualizaciones son incompatibles con el devengo de cualesquiera intereses moratorios. Y en tal sentido se vienen pronunciando los Tribunales; por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21ª, de 14.09.2023, recurso 136/2022, referencia del CENDOJ: ROJ: SAP M 13773/2023, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 26.01.2022, recurso 944/2021, referencia del CENDOJ: ROJ: SAP PO 673/2022, cuyo respectivo criterio compartimos.

Consiguientemente, ajustando los conceptos concedidos por la Juzgadora a quo al baremo del año 2017, resultan los siguientes importes:

.Lesiones:

-8 días de perjuicio personal grave, a razón de 75,19 € día:......601,52 €;

-651 días de perjuicio personal moderado, a razón de 52,13 € día:......33.936,63 €;

-673 días de perjuicio personal básico, a razón de 30,08 € día, 20.243,84 €.

.El importe de 3.550 € fijado por la Juzgadora a quo respecto de las cinco intervenciones quirúrgicas se debe mantener; pues ella concedió 850 € por cada una de las tres primeras intervenciones quirúrgicas y 500 € por cada una de las dos últimas, resultando que el arco dinerario conforme al baremo del año 2017 abarcaba, para cada intervención quirúrgica, desde 401 € hasta 1.604 €, (y, como acabamos de señalar, lo concedido por la Juzgadora de primera instancia se encuentra dentro de dicho arco).

.Secuelas:

-aplicando la fórmula del artículo 98 de la Ley 35/2015, y atendiendo a la materialización que de tal fórmula se establece en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 15.07.2013, nº 490/2013, recurso 761/2011, se obtienen 41 puntos por secuelas. Y acudiendo al baremo del año 2017, y teniendo en cuenta que la Sra. Adelaida en el momento del siniestro tenía 54 años, (ya que según consta en el informe del médico forense nació el NUM000.1962), resulta una cifra de 69.199,92 €, (en vez de los 70.127,91 € reflejados en la Sentencia de primera instancia), más la cifra de 6.656,20 € por los 8 puntos de perjuicio estético, (en vez de los 7.283,71 € plasmados en la Sentencia de primera instancia), lo que supone de un total de, (69.199,92 + 6.656,20), 75.856,12 €, (en vez de los 77.411,62 € que se concretan en la Sentencia recurrida).

.Por pérdida de calidad de vida derivada de las secuelas, manteniendo las circunstancias fácticas referidas por la Juzgadora a quo pero adaptadas al baremo del año 2017, resulta una cifra de 15.037,50 €, (en vez de los 16.455,15 € que se reflejan la Sentencia apelada).

.Por gastos acreditados se debe mantener la cifra de 1.590,07 € establecida por la Juzgadora a quo; pues con arreglo al baremo del año 2017 se computa " su importe".

La suma de todas las referidas partidas supone un total de, (601,52 € + 33.936,63 € + 20.243,84 € + 3.550 € + 75.856,12 € + 15.037,50 € + 1.590,07 €), 150.815,68 €, (en vez de los 158.946,55 € que se concretan en la Sentencia de primera instancia).

En consecuencia, el motivo tercero de recurso debe prosperar en los términos que acaban de exponerse.

5. Y estableciendo todo lo anterior, el cuarto de los motivos del recurso que nos ocupa, (con el que se viene a pretender que se concreten en la Sentencia las sumas consignadas y también las entregadas para la posterior determinación, en su caso, de las cantidades correspondientes a intereses), también debe prosperar, (habiendo solicitado el Ministerio Fiscal la estimación de tal motivo), y ello al resultar procedentes los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, (como ya se argumentado), y con el fin de evitar cualquier hipotética inexactitud a la hora de establecer el cálculo de los mismos.

En consecuencia, el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Leovigildo, ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., y CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ACTISUB será parcialmente estimado.

TERCERO.- Analizaremos seguidamente el recurso de apelación planteado por la representación procesal de Dª. Adelaida.

Y al respecto debe señalarse todo lo siguiente:

1. Ya ha establecido la Sala 2ª del Tribunal Supremo, en relación con la Ley 35/2015, que, como principio rector del sistema, la reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración, y que el principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total impunidad de los daños y perjuicios padecidos, (principios que coinciden con las previsiones que se contienen en los artículos 109 y siguientes del Código Penal), y en tal sentido se pronuncia su Sentencia, por ejemplo, de 14.02.2022, nº 126/2022, recurso 3976/2020.

2. En el presente supuesto, y atendiendo a tal principio rector del sistema, resulta que debe acudirse a los artículos 143 y 131 de la Ley 35/2015; debiendo aplicarse el último inciso del apartado 4 del citado artículo 143, el cual se remite al también citado artículo 131, (pues la Sra. Adelaida se dedicaba a las tareas del hogar y terminó con unas secuelas superiores a los tres puntos que se indican en el primer inciso de dicho apartado 4). Consideramos que no es sostenible la interpretación que realiza la defensa de la aseguradora en cuanto a los términos "incapacidad absoluta" e "incapacidad total", (del artículo 131 de la referida Ley 35/2015), ya que dichas expresiones no están concebidas en los términos de la Jurisdicción Social. El concepto de "incapacidad absoluta" o de "incapacidad total" en la normativa que nos ocupa es mucho más amplio que el más limitado en el ámbito de la Seguridad Social, (razón por la cual es irrelevante a los efectos que aquí analizamos la existencia o no de una Resolución del INSS que declare a una determinada persona en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o en situación de incapacidad permanente en grado de total), ya que tal concepto en el entorno de los accidentes de circulación no incluye únicamente la incapacidad que afecta a la actividad laboral sino también la que puede afectar a otros ámbitos de la vida del lesionado, ampliando de esta manera el concepto de incapacidad para una adecuada satisfacción del interés del perjudicado.

3. Sentado lo anterior, consideramos que para la situación de la Sra. Adelaida la catalogación adecuada es la de incapacidad total; y ello teniendo en cuenta, por un lado, la definición de incapacidad total que figura en el último inciso del apartado 2 del artículo 131 de la Ley 35/2015 y, por otro lado, que, (tal y como viene a recogerse en los hechos probados de la Sentencia de primera instancia), la Sra. Adelaida puede realizar algunas tareas propias de la ocupación de ama de casa.

4. Establecido de ello, estimamos que la cantidad que procede por lucro cesante como consecuencia de lesiones temporales es la de 9.832,28 €; cifra que se obtiene de los siguientes cálculos:

-partimos del salario mínimo interprofesional del año 2017, (que fue el año del siniestro);

-el salario mínimo interprofesional del año 2017 era de 9.907,80 €, (es decir, 707,70 € por 14 pagas);

-si dividimos 9.907,80 € entre los 365 días del año 2017, se obtiene un importe de 27,14 € diarios;

-y si sobre dichos 27,14 € diarios aplicamos un 55 %, (con arreglo al primer inciso del apartado 2 del artículo 131 de la Ley 35/2015), se obtiene un importe de 14,92 € al día;

-y multiplicando 14,92 € al día por los 659 días de lesiones temporales que refiere la parte apelante, se llega a la suma antes indicada de 9.832,28 €.

En consecuencia, y por todo lo razonado, el recurso de apelación planteado por la representación procesal de Dª. Adelaida, (al que se adhirió de forma parcial el MINISTERIO FISCAL), será parcialmente estimado.

La conjunción de todo lo hasta ahora expuesto, (con la estimación parcial de ambos recursos de apelación), comportará que la indemnización procedente para la Sra. Adelaida ascienda a la cantidad de, (150.815,68 €, -que es el cálculo al que ya hicimos mención en el anterior fundamento de derecho-, más 9.832,28 €, -que es la cifra ya referida como lucro cesante por lesiones temporales-), 160.647,96 €, (en vez de la suma de 158.946,55 € que se fijaban en la Sentencia de primera instancia), cifra sobre la que se aplicarán los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de pago o consignación; debiendo tenerse en cuenta que la entidad ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., verificó pagos y consignaciones por valor de 147.769,11 €, (entregó directamente a cuenta a la Sra. Adelaida, el 02.08.2017, la suma de 26.860,63 €; entregó directamente a cuenta a la Sra. Adelaida, el 15.11.2017, la suma de en 13.345,83 €; entregó directamente a cuenta a la Sra. Adelaida, el 06.06.2018, la suma de 18.576,41 €; consignó 12.346,49 € el 23.10.2020; y consignó 76.639,75 € el 08.02.2022).

CUARTO.- Con relación a las costas de la alzada:

-ante la estimación parcial de ambos recursos de apelación, (habiéndose adherido el Ministerio Fiscal al formulado por la representación procesal de la Sra. Adelaida y habiendo solicitado el Ministerio Publico la estimación de uno de los motivos del recurso de apelación planteado por la representación procesal de la aseguradora, en concreto la estimación del cuarto motivo), consideramos que, en aplicación supletoria del artículo 398.2 de la L.E.Civil, deben declararse de oficio todas las costas causadas en esta alzada por dichos recursos y adhesión.

Por lo expuesto