Sentencia Penal 161/2024 Audiencia Provincial Penal de Granada nº 1, Rec. 1/2024 de 26 de abril del 2024

PRIMERO.-El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) otorga al Tribunal la facultad de valorar el conjunto de las pruebas practicadas siempre y en exclusiva en el acto solemne de Juicio Oral, en evitación de sospecha de adopción de cualquier decisión final arbitraria, prueba que ha de ser practicada bajo los principios de inmediación, igualdad de partes y contradicción. Y tal proceso de valoración, cuyo inicio se encuentra en la presunción de inocencia de la parte enjuiciada mientras no se practique en juicio prueba válida y bastante en su contra, ha de resultar explicado para facilitar su común conocimiento, en particular por las partes, y por cualquier otro órgano de enjuiciamiento que viniera llamado a fiscalizar tal decisión. Deberán descartarse para fundamentar una condena tanto las pruebas ilícitas, como las meras impresiones o sospechas, las pruebas favorables a la parte acusada, y los indicios equívocos, y, de albergarse duda sobre la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad o punibilidad de la conducta u omisión, deberá procederse, en aplicación del principio "in dubio pro reo",al dictado de un fallo de absolución.

Los hechos declarados expresamente probados derivan de la valoración conjunta y racional de la prueba practicada, declaración del propio acusado, testifical de los agentes de la Guardia Civil que acudieron al inmueble ocupado por el acusado recuperando los efectos en la forma dicha, de los agentes de la Guardia Civil que realizaron la inspección ocular de la vivienda donde tuvo lugar el robo, declaración del propietario de la vivienda y de los bienes sustraídos, Jairo, quien los reconoció como los de su propiedad y sustraídos ese día, declaración del perito de la entidad TAXO, Antonio, sometida a pleno debate contradictorio, y documental.

Aunque el acusado niega su intervención en los hechos, la misma, a la vista de la prueba practicada, resulta incuestionable. Así, la entrada en la vivienda objeto de robo tiene lugar como se dice entre las 08:30 horas y las 14:15 horas del día 30 de octubre de 2023, habiendo declarado su propietario Jairo que es cuando su esposa y él regresan del trabajo, cuando se percatan de lo ocurrido. Al contárselo a su hijo, este, a través de una aplicación de localización de la tableta, consigue saber dónde se encuentra, y Jairo, a las 20:49 horas del mismo día, al poco de la sustracción, se lo dice a la Guardia Civil, quien a primera hora de la mañana siguiente acude al lugar, domicilio donde tan sólo se encontraba el acusado según declaran los agentes números NUM002 y NUM003, acusado que les entrega, no sólo la tableta, sino todo lo demás relacionado, abundante, sustraído, salvo, y esto resulta plenamente lógico, el dinero en metálico y uno de los teléfonos móviles, bienes que no han sido recuperados.

La declaración del acusado en el acto de juicio oral es clara. Reconoce que hizo entrega a los agentes, en las circunstancias dichas, de todos los efectos relacionados, pero trata de desvincularse de los mismos declarando, en el acto de juicio oral, que él no vive solo allí, sino que vive con tres o cuatro personas más. No es lo mismo que declaró en fase de instrucción ante el Juez Instructor con asistencia de Letrado, declaración obrante al folio 42 de las actuaciones y que fue oportunamente introducida en el acto de juicio oral por la representante del Ministerio Fiscal, quien preguntó expresamente al acusado sobre las contradicciones que advirtió. En dicha declaración ante el Instructor el acusado, reconociendo la llegada de los agentes al domicilio, y la entrega por su parte de los objetos, indicó que "...En el sitio donde lo detuvieron, no hay nadie más. Vive solo, que no vive nadie más con él, pero que los objetos estaban en el interior de la vivienda. Que no sabe como ha podido llegar todo eso a su casa....".Y nos decantamos por la veracidad de la versión ofrecida ante el Instructor por los siguientes motivos. Los agentes de la Guardia Civil que acuden al domicilio, declaran que no había nade más, aparte del acusado, en el lugar. El acusado lo reconoce, estaba solo. Ningún indicio existe de la existencia de esas tres o cuatro personas más que refiere, tan sólo en juicio, el acusado, acusado que ni siquiera conoce sus nombres, apodos, o cualquier dato que pudiera servir para su identificación, a pesar del mucho tiempo transcurrido, siendo tan sólo en el acto de juicio, mucho después, cuando, sorpresivamente, indica la existencia de tales supuestas personas. Tampoco resultaría lógico que no hubiera dicho a los agentes, al llegar éstos, que allí residían más personas, y que los objetos no eran suyos. De no tener vinculación con los objetos, tampoco es lógico que supiera ni que estaban en la vivienda, ni dónde estaban localizados en el interior de la casa, y, además, que los entregara, siendo muchos y variados, a los agentes. En el acto de juicio no sabe explicar a preguntas de la Fiscal cómo sabía que estaban los objetos en la vivienda, y cómo sabía dónde estaban. Había transcurrido muy poco tiempo desde la sustracción de los efectos. En ningún momento declara el acusado que se hubiera encontrado tan variados y numerosos objetos, lo que por otro lado resultaría absolutamente ilógico. Salvo el dinero en efectivo y un teléfono, todos los objetos estaban en su domicilio, y aunque según el agente NUM002 al principio el acusado dudó, lo entregó todo. En ningún momento indica tampoco el acusado que hubiera comprado, o que alguien le hubiera regalado, los objetos, sustraídos hacía pocas horas, y tan variados, estando todos en el mismo lugar, el domicilio que ocupaba, salvo el dinero y un teléfono. La conclusión posible es unívoca en relación con su intervención en la sustracción, resultando irrelevante que se analizara o no el vestigio hallado en la vivienda, consistente en una pisada sobre un cojín, cuya fotografía obra al folio 11, pisada que por otro lado se desconoce si hubiera sido posible analizar de manera útil para el esclarecimiento de los hechos.

Frente a lo anterior, a la existencia de tan claro indicio de intervención en los hechos derivado de la tenencia de tan variados efectos provenientes del robo, indicio en relación directa por enlace preciso y directo con los hechos constitutivos del tipo objeto de acusación, Mauricio no ofrece explicación mínima razonable como se ha dicho antes, limitándose a decir que en el domicilio vivían otras personas que no identifica, afirmación vacía de toda existencia de indicio o prueba justificadora según lo desarrollado.

Ya señala la Sentencia del Tribunal Constitucional ( TC) nº 300/2005 que según reiterada doctrina del mismo, "...la futilidad del relato alternativo del acusado, si bien es cierto que no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir como elemento de corroboración de los indicios a partir de los cuales se infiere la culpabilidad ( SSTC 220/1998, de 16 de Noviembre, FJ 6 ; 155/2002, de 22 de Julio, FJ 5 ; 135/2003, de 30 de Junio , FJ 3)...".

Lo anterior resulta coherente con que la inasistencia por parte del denunciado en juicio por delito leve, o del acusado, al acto de juicio oral, o las manifestaciones exculpatorias, aunque resulten inverosímiles o se revelen falsas, no pueden ser valoradas en contra de los acusados cuando no existen otros indicios relevantes de cargo que, por sí mismos, permitan deducir racionalmente su intervención en los hechos, ya que pueden estar ocasionadas simplemente por el deseo de evitar complicaciones policiales, o por otras razones ajenas a la participación en el delito.

La posición que adopte el acusado, ya sea de incomparecencia al acto de juicio, negativa a declarar o a contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, o simplemente decidir ofrecer explicaciones o justificaciones puramente fantasiosas, increíbles o inverosímiles en relación con los hechos objeto de enjuiciamiento, que es lo ocurrido en el caso, no puede, por sí misma, servir para enervar el principio de presunción de inocencia y fundamentar el dictado de un fallo condenatorio, ya que dichas actitudes pueden tener su origen en el puro nerviosismo, o la sola intención de evitar problemas. Ello es así porque sencillamente se ejercita un derecho constitucional, señalando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas ratificado por España, en el art. 67.1 g) y respecto del acusado, que entre sus derechos expresamente está el consistente en "...no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia...".Pero dicha posición sí tendrá relevancia cuando exista prueba de la pretensión acusadora conforme al principio acusatorio, ya que, si bien no puede servir para "incrementar" el valor de la prueba de cargo, sí sirve para no tener por contradicha o desvirtuada tal prueba de cargo. Como señala la Sala II del Tribunal Supremo (TS), en SS como la nº. 56/2023 de 3 de febrero "...Como indica la STS 265/2018, de 31 de mayo , "el escaso crédito de las explicaciones del acusado no incrementa el valor de la prueba de cargo, cuya capacidad como tal depende exclusivamente de su propio valor y eficacia. No hay más prueba de cargo porque sea menor el crédito de la de descargo. Pero ésta última cuando no es creíble mantiene íntegra la eficacia demostrativa de aquélla en cuanto que su valor probatorio como prueba de cargo no se ve contradicha eficazmente, en tal caso, por otra prueba de signo y resultado opuesto..."; "la valoración de la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias de la acusada, no implica invertir la carga de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes de cargos. Se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil"....".

Como de manera gráfica expresa la Sala II del TS en S nº. 925/2023 de 14 de diciembre "...la explicación inverosímil ofrecida por la persona acusada no puede aprovecharse para suplir la insuficiencia probatoria de la hipótesis acusatoria. Pero no resulta inocua para argumentar, de contrario, sobre la solidez de los resultados inferenciales que arroja la prueba de la acusación -vid. SSTS 589/2021, de 2 de julio ; 403/2022, de 22 de abril -....".

Y, en el caso, a la vista del conjunto de pruebas practicadas, valorables en su conjunto ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)), de los indicios existentes, la participación de Mauricio en los hechos que finalmente se han declarado probados, aparece como la única conclusión razonable, sin que por otro lado la posición del mismo acusado en el acto de juicio, consistente en declarar, por primera vez, que en el domicilio ocupado por el mismo habitaban otras personas no identificadas, pueda servir para poder entender que los hechos ocurrieran de otra manera. La carga de la prueba en el proceso penal corresponde a la acusación, sea pública, particular, popular, o meramente civil, ostentando todo acusado el derecho constitucionalmente protegido consistente en no asistir al juicio señalado por delito en el marco del artículo 786 LECr o por delito leve, declarar lo que a su derecho convenga, no declarar, o no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen por cualquiera de las acusaciones, defensas, o Juez, si bien la actitud mostrada, cuando de no asistencia voluntaria al acto de juicio oral se trata, silencio frente a lo que por la acusación, ejercitando su deber de probar, se le muestra, o el ofrecer explicaciones fantasiosas, falsas, indemostrables o que constituyan una mera afirmación subjetiva, que es lo acontecido, podrá ser valorado, como inexistencia de explicación ofrecida alternativa a lo que constituye objeto de acusación y prueba, sin merma de las premisas consistentes en que sobre la acusación pesa la carga de probar, y el acusado tiene derecho a adoptar la posición que entienda le resulta más beneficiosa, sin carga alguna de prueba. Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( T. E. D. H.) entre otras en Sentencia de 8-2-1996, cuando existen pruebas de la realización de un hecho delictivo, la ausencia de una explicación alternativa, explicación "reclamada" por la prueba de cargo y que sólo el supuesto responsable se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión, por un simple razonamiento de sentido común, de que no existe explicación alternativa alguna. En el mismo sentido, la jurisprudencia de dicho TEDH, Caso Murray de 8 de Junio de 1996 y caso Condrom de 2 de Mayo de 2000, y del Tribunal Constitucional STC 137/98 de 7 de Julio y 202/2000, de 24 de Julio, al decir que "...no puede afirmarse que la decisión de un acusado de permanecer en silencio en el proceso penal no puede tener implicación alguna en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal que le juzga. Bien al contrario, se puede decir que dicha decisión, o la inconsistencia de la versión de los hechos que aporta el acusado, habían de ser siempre tenidas en cuenta por el órgano judicial...La lícita y necesaria valoración del silencio del acusado como corroboración de lo que ya está probado...es una situación que reclama claramente una explicación del acusado en virtud de las pruebas de cargo aportadas, de modo que el sentido común dicta que su ausencia equivale a que no hay explicación posible y a que, en consecuencia, el acusado es culpable". En definitiva, el silencio del acusado en ejercicio de un derecho puede ser objeto de valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclame una explicación por su parte de los hechos. Pese a su silencio puede deducirse una ratificación del contenido incriminatorio resultante de otras pruebas...".

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados constituyen, dada la forma de acceso al interior del domicilio, un delito de robo con fuerza del artículo 237 del Código Penal (CP), en la modalidad de escalamiento del artículo 238.1º del CP, en casa habitada, del artículo 241.1 del CP, concurriendo el subtipo a que se refiere el artículo 241.4, como se analizará, a la vista de la hoja histórico penal del acusado.

Ya no se entiende por escalamiento el acceso al lugar por vía "...insólita o desacostumbrada...",restringiéndose el concepto en relación con la interpretación extensiva anterior, limitándose el escalamiento a aquellos supuestos, más acordes con los principios de legalidad y proporcionalidad, en los que la entrada o salida del lugar donde se encuentra la cosa tiene lugar por lugar no destinado al efecto demostrándose "...una destreza o un esfuerzo de cierta importancia...".Y es lo demostrado por el acusado, quien en el acto de juicio oral mostró una apariencia física que le hacía capaz de saltar un muro de unos cuatro metros de altura, que era el que protegía la vivienda, y la separaba del exterior.

Para que pueda entenderse concurre fuerza en las cosas, en su modalidad de escalamiento, cuando de muros se trata como en el caso, estos deberán ser vencidos, quebrantándose con ello las defensas aprovechadas por el tenedor de la cosa para prevenir el apoderamiento no consentido, teniendo una altura el muro, según las circunstancias, entre un metro y medio y dos metros. Si se trata de ventana o valla, deberán encontrarse a unos dos metros de altura, excluyéndose del concepto de fuerza la entrada o salida por ventanas situadas en las plantas bajas de locales, viviendas o establecimientos (Tribunal Supremo ( TS) SS nros. 1665/2002 de 11 de octubre ó 852/2002 de 16 de mayo). De faltar prueba sobre tales extremos, el hecho habría de ser calificado, en su caso, como de hurto. Pero el muro perimetral saltado, que obra en las actuaciones mediante fotografía (folio 8), tiene unos cuatro metros de altura, como declararon igualmente los testigos, y no se ha discutido.

La "casa habitada", a que se refiere el artículo 241.1 del CP como subtipo agravado, es la destinada a la habitación de sus moradores, cuyos signos externos deben revelar la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada al conocimiento e intromisiones de terceros y, ello, aunque sólo sea habitada, en fechas inciertas o indeterminadas, no siendo preciso que lo sea de forma permanente. El fundamento de la agravación se encuentra en la conjunción de dos circunstancias, a saber, la mayor peligrosidad y la mayor antijuridicidad que supone la ejecución del hecho en lo que constituye un marco de intimidad personal o familiar merecedor de una mayor protección (Tribunal Supremo ( TS) Sala II S nº. 1181/2003 de 6 de noviembre).

El artículo 241 del Código Penal (CP), como se ha anticipado, y como subtipo agravado, relacionado con el lugar de comisión del delito de robo, sea casa habitada como en el caso, edificio o local abiertos al público, o cualquiera de sus dependencias, distinguiendo la pena a imponer según si el hecho, robo, tiene lugar o no en horas de apertura, contiene en el apartado cuarto una hiperagravación, al decir tal precepto que "Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.".

El Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, que fue la que introdujo el precepto, señala con claridad la finalidad de la norma, al decir el legislador que "...se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión (butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños causados....",no pudiendo olvidarse que también resultará aplicable la hiperagravación cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 235 CP, artículo dedicado a los subtipos agravados de hurto, si bien habrá de tener cuidado con no infringir el principio "non bis in idem",sobre todo en relación con la circunstancia que el artículo 235.1.7º CP contempla, "...Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.".La Sala II del Tribunal Supremo (TS) aborda tal cuestión en la S nº. 272/2019 de 29 de mayo, en la que critica la falta de coherencia del legislador, concluyendo que el concurso de leyes, por especialidad ( artículo 8.1 CP), hará que resulte de aplicación el artículo 241.4 CP. Y a la vista de la hoja histórico penal de acusado, condenado previamente por nada menos que cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, resulta tal precepto de aplicación.

TERCERO.- Mauricio es criminalmente responsable de la infracción penal ya definida, en concepto de autor del artículo 28 del Código Penal (CP), ya que ejecutó materialmente el hecho de escalar el muro perimetral de la vivienda para acceder a su interior, apoderándose de los objetos declarados probados, de manera directa, con pleno dominio de su acción.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por la defensa del acusado se solicita de manera subsidiaria la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal consistente en la reparación del daño, a que se refiere el artículo 21.5ª del CP, pero no existe prueba de su concurrencia, no habiendo siquiera el acusado reconocido los hechos, y no pudiendo, evidentemente, derivarse de haber entregado los efectos sustraídos el acusado a los agentes en las circunstancias dichas. No concurre fundamento para su apreciación. El fundamento de la atenuación prevista en el artículo 21.5 del Código Penal (CP), reparación del daño, se expresa entre otras en la Sentencia nº. 1063/2009 de 29 de octubre al decir que "...La jurisprudencia de esta Sala ha asociado el fundamento material de la atenuante de reparación a la existencia de un actus contrarius mediante el cual el acusado reconoce la infracción de la norma cometida, con la consiguiente compensación de la reprochabilidad del autor (cfr. SSTS 319/2009, 23 de marzo , 542/2005, 29 de abril ). Su razón de ser, pues, está íntimamente ligada a la existencia de un acto reparador que, en buena medida, compense el desvalor de la conducta infractora. Y ese fundamento no es ajeno a la preocupación legislativa, convertida en pauta de política criminal, por facilitar la protección de la víctima, logrando así, con el resarcimiento del daño causado, la consecución de uno de los fines del proceso"; es decir, que el acusado restablece en cierto modo la vigencia de la norma que infringió, pudiendo hacerse acreedor de una rebaja en la pena....".

CUARTO.-En cuanto a la pena a imponer, ha de partirse de la no concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El actual artículo 66.1.6ª del Código Penal (CP), señala que "Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.".

Han de ser valoradas conjuntamente, dentro del arco punitivo, las circunstancias personales de Mauricio, y la mayor o menor gravedad de los hechos.

La pena a imponer en abstracto prevista en el tipo es la de dos a seis años de prisión. En cuanto a la gravedad, dos años de prisión, pena mínima, sería la imponible a la también mínima gravedad, y seis años de prisión a la máxima, siempre teniendo en consideración el arco punitivo del que se parte, en el que se ha tenido en consideración la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Relativo a las circunstancias personales de Mauricio, como edad, grado de formación intelectual y cultural, experiencias vitales, extracción social, madurez psicológica, entorno familiar y social, actividades laborales, comportamiento posterior al delito, motivos o razones que le hubieran llevado a delinquir, y rasgos de su personalidad delictiva que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva, resulta que nació el día NUM001 de 1996 en Marruecos, y que desde su llegada a España ha cometido, al menos, los delitos declarados probados, constando el hecho cierto de no haber reconocido el acusado su clara participación en los hechos, como principio de reeducación, reinserción y resocialización, no prestando colaboración procesal relevante, y el también hecho cierto de no haber realizado ninguna conducta constatable que tienda a paliar, minimizar o reparar los efectos de su delito, siendo su actitud hacia la víctima, posterior al delito y afectante por ello a la punibilidad, de indiferencia.

En cuanto a la gravedad del hecho, que como se dice no consiste en la gravedad del delito, ya valorada por el legislador al configurar concretamente el tipo, y tampoco consiste en la naturaleza del bien jurídico protegido por el tipo, también ya valorada legislativamente en cuanto a su forma genérica y básica de ataque, ha de decirse que la forma en que el bien jurídico protegido, la propiedad y el patrimonio, ha resultado atacado, y con la concurrencia de las concretas circunstancias que se han dado por probadas, patentiza una elevada intensidad del dolo en el autor, resultando clara una intensa culpabilidad o responsabilidad en el sujeto activo, pues era plenamente consciente de lo que hacía, de su ilicitud, dada la existencia de tan numerosas sentencias condenatorias anteriores en relación con hechos de la misma naturaleza, y le resultaba plenamente exigible su acomodación, en su proceder, al ordenamiento jurídico y normas básicas sociales de convivencia, pues no existía ningún obstáculo o impedimento para tal acomodación que conste, no existiendo ningún motivo o impulso difícil o gravoso de vencer que pudiera llevarle a actuar como lo hizo, no existía dicho de otra manera ninguna imaginable justificación en su proceder, desde el punto de vista social.

Valorando globalmente todas tales circunstancias del sujeto activo y del hecho, y que habrán de ser tenidos en consideración para la graduación de la pena a imponer, se entiende que procede la imposición concreta de una pena de prisión de cuatro (4) años, límite superior de la mitad inferior.

Los artículos 56.1 y 79 del Código Penal imponen el establecimiento de una pena accesoria a la de prisión referida en el párrafo anterior de entre las previstas en el catálogo que recoge el primero. Como se ha indicado en los antecedentes de hecho, el Ministerio Fiscal concretó su petición al respecto en la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A tenor de ello, del principio acusatorio, de los hechos probados y de la naturaleza casi residual que la sanción de esta naturaleza tiene en función de la redacción del primero de los preceptos citados, no cabe otra opción que llevar la misma al fallo de esta sentencia.

QUINTO.-Señala el artículo 116 CP 1995 que "1. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.",precepto que hay que poner en relación con lo prevenido en los artículos 100, y 107 y siguientes, todos de la LECr, y 1089 del Código Civil (CC), al prever como posible fuente de las obligaciones "...los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.", artículo 1092 del mismo texto, que preceptúa que "Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal ",y 1102 y 1103, como fundamentales, también del CC.

Mauricio deberá indemnizar a Jairo por el importe de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) euros en efectivo sustraídos y no recuperados, por el valor de CIENTO SESENTA (160) euros correspondientes al teléfono móvil marca SAMSUNG A71 de su propiedad, tampoco recuperado, y por los QUINIENTOS OCHENTA CON OCHENTA CÉNTIMOS (580,80) euros correspondientes al servicio de limpieza y desinfección de la vivienda indicada, que se prestó en día festivo, gasto razonable y acreditado, según declaración del propio perjudicado Jairo quien declara que recuerda que le cobraron más por realizarse la limpieza en día festivo, e informe pericial obrante al folio 73 de las actuaciones, y sometido a pleno debate contradictorio en el acto de juicio celebrado, explicando el perito la razón de lo adecuado de los importes indicados, y la existencia de determinadas horas de limpieza y desinfección de la vivienda.

La cantidad total asciende a MIL NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.090,80) euros, que será la cantidad que se trasladará al fallo de esta sentencia.

SEXTO.-Con respecto al pago de intereses, desde el dictado de la presente sentencia devengará la cantidad principal el interés establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que señala que "1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley...".

SÉPTIMO.-Las costas procesales habrán de ser impuestas al condenado, de conformidad con lo dicho por los artículos 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) y 123 del Código Penal (CP).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, procede resolver lo siguiente: