Sentencia Penal 78/2023 Audiencia Provincial Penal de Huelva nº 3, Rec. 65/2023 de 02 de mayo del 2023

PRIMERO .- El recurso se fundamenta como primer motivo de impugnación en relacion al d elito de atentado a agentes de la autoridad en la infracción de precepto legal por cuanto se condena al recurrente como responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad, pero no se recoge al respecto ningún dato en el párrafo de hechos probados de la sentencia, lo que constituye una infracción de la legalidad ordinaria del art. 142.2 de la Lec y 238.3 de la LOPJ.

En segundo lugar, error en la apreciación de la prueba por cuanto no concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. El acusado solo pretendía huir pudiendo constituir en su caso un delito de desobediencia respecto del que no se ha formulado acusación.

En relación al delito de conducción temeraria se alega error en la apreciación de la prueba por cuanto el tipo penal exige una notoria normal desatención a las normas reguladoras del tráfico, y en el caso que nos ocupa solamente se habría producido un riesgo abstracto, alegándose la indebida aplicación del artículo 551 en relación con el artículo 550 y 380 del Código Penal, interesando la revocación de la sentencia y la libre absolución del acusado.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso por la razones que constan en su informe de fecha 26-9-22 y que se dan por reproducidos.

SEGUNDO .- Pues bien se alega como primer motivo de impugnación en relación al delito de atentado a agentes de la autoridad la infracción de precepto legal, por cuanto no se recoge al respecto ningún dato en el párrafo de hechos probados de la sentencia y no se aprecia en los hechos probados la posible comisión de un delito de atentado, lo que constituye una infracción de la legalidad ordinaria del artículo 142. 2 de la Lecr y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Como señala la ST de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1ª, Sentencia 291/2007 de 26 Nov. 2007, Rec. 94/2005 " Debe recordarse que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los hechos probados son necesarios para la construcción lógica de la sentencia y constituyen una condición esencial de la tutela judicial efectiva en la medida en que integran la base para el fallo; sin ellos se hace imposible la revisión de la sentencia por el Tribunal de apelación. Por ello, que la sentencia contenga un adecuado relato de hechos, expreso, claro y terminante tiene relevancia constitucional. En el común entendimiento jurisprudencial, el deber de motivación de las sentencias que impone el artículo 120. 3 CE comprende de manera esencial la declaración de hechos probados. Y así, el artículo 851 LECrim configura como motivo de casación que "en la sentencia no se exprese clara y terminantemente los hechos que se consideren probados".

La ausencia absoluta de hechos probados es causa de nulidad y conlleva la retroacción de las actuaciones al momento del dictado de la Sentencia. [Vid.. En este sentido SSAP Valencia, sec. 5ª, de 21 de febrero de 2019 (n.o 91/2019, rec.1/2019) y sec. 3ª, de 5 de mayo de 2010 (n.o 319/2010, rec.131/2010)].

Sin embargo, distinto a la ausencia absoluta de relato de hechos probados son aquellos supuestos en que, aunque los hechos probados sí que constan en la sentencia, el relato no contiene la mención del acusado ni descripción de la conducta típica individualizada o no reúne todos los elementos fácticos que permiten su subsunción en los tipos penales objeto de acusación.

En el primero de los casos es clara la procedencia de la absolución toda vez que la ausencia de mención del acusado o de su participación impide su condena [Vid.. Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2018, n.o 485/2018, n.o rec.953/2017); Pte.: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet que estima el recurso de casación y recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre este particular].

En el segundo, la consecuencia directa es también la absolución, pero no por ausencia de participación, sino por ausencia de elementos fácticos que colmarían el tipo penal, sin que sea admisible la integración de estos en los fundamentos de Derecho de la sentencia en perjuicio del reo, salvo que se trate de elementos de detalle, accesorios o de matización.

TERCERO. - En el caso que nos ocupa si analizamos el contenido del párrafo de hechos probados de la sentencia de instancia resulta que según el mismo el apelante, que conducía el vehículo Opel Zafira matricula .... CQJ, al llegar a la altura del control de verificación de los Agentes de la Guardia Civil de Gibraleón sito en el PK 92 de la N-431, " disminuyo la velocidad a la que circulaba, para posteriormente acelerar de forma brusca evitando el control " procediendo los agentes " que viajaban en el vehículo policial camuflado a activar las señales luminosas y acústicas e iniciaron su persecución .. y durante el transcurso de la misma el vehículo policial se puso en paralelo al vehículo conducido por el acusado, haciendo éste caso omiso a las indicaciones de los agentes para que detuviera el vehículo" haciendo referencia a continuación a la persecución del mismo por los Agentes del Equipo Roca que le seguían en un vehículo camuflado y a las circunstancias de la conducción realizada por el acusado .

A la vista de lo expuesto, el relato del apartado de hechos probados por sí solo, no contiene ninguna conducta subsumible en el delito de atentado del art 550.1 del CP que señala " 1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas y art. 551 del CP " Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que el atentado se cometa: 3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor."

Y es que en el mismo no se describe ningún acto de agresión , acometimiento o resistencia grave contra los Agentes de la Guardia Civil que se encontraban en el punto de verificación , ni contra los Agentes del Equipo Roca que le siguieron durante la persecución policial. Así si bien el AGC NUM001 manifestó que tras dar el alto al vehículo en el punto de verificación, el acusado hizo un amago como de parar y luego aceleró teniendo que apartarse para no ser arrollado, lo que asimismo corroboró el otro AGC NUM000, declarando los AGC pertenecientes al Equipo Roca que durante la persecución, una vez activados los sistemas acústicos, el acusado les intentó echar de la vía llegando a frenar para ver si chocaban con la parte trasera , así como a intentar embestirle sobre todo al inicio de la persecución, lo cierto es que en el párrafo de hechos probados ninguna referencia se hace a estas conductas de acometimiento o intento de embestida contra los agentes o que éstos tuvieran que apartarse para evitar ser atropellados o que tuviera que realizar maniobra evasiva para evitar la colisión, ni conducta alguna que pusiera en peligro su integridad física .

En estas circunstancias procede la estimación del recurso, porque la posibilidad de completar el relato de hechos probados con los datos fácticos contenidos en la fundamentación jurídica es excepcional, y nunca en perjuicio del acusado, de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales ( SSTS 6334/2011, de 4-10; 945/2004, de 23-7; 1369/2004 de 23-7; 302/2003 de 27-2; entre otras), lo que no ocurre en el presente supuesto.

Y es que, como se dice en la s entencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2010, " El relato fáctico, el hecho probado, debe ser consignado en el apartado correspondiente a los antecedentes de hecho conforme exigen losartículos 248.3 LOPJy 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminalque exigen la consignación "expresa y terminantemente de los (hechos) que se estiman probados". Esta ubicación de los hechos probados en un apartado expreso de los antecedentes de hecho ha planteado algún pronunciamiento de la Sala II en el sentido de recordar la necesaria ubicación de los hechos probados sin que sea admisible la consideración de hechos probados, con los efectos correspondientes en la impugnación, a hechos consignados en otros apartados de la Sentencia, salvo que favorezcan al acusado". Y, en idéntico sentido, en la sentencia del mismo Tribunal de fecha 4 de octubre de 2011 se afirma que " todos los elementos del tipo objetivo del delito, incluidos los relativos a circunstancias agravantes y subtipos agravados, deben constar en todo caso en el apartado de hechos probados, sin que sea posible complementarlos con el contenido de la fundamentación jurídica".

Pero, es que ademas en la fundamentación jurídica de la sentencia, en concreto en el FD segundo, se indica que la actitud del acusado ante el control policial fue de desobediencia al mandato legitimo emanado de quien tiene la autoridad, haciendo caso omiso a los Agentes que le dieron el alto y estima la Sala que dicha conducta sin mas no es subsumible en el delito previsto en el art 550 y 551 del CP, objeto de acusación y por el que ha sido condenado el apelante.

Así como señala la STS n.º 841/2010, de 6 de octubre, que cita la STS n.º 79/2010, de 3 de febrero recoge: "la jurisprudencia de esta Sala ha reputado instrumento peligroso la utilización de un automóvil como elemento de agresión ( SSTS 226/2009, 26 de febrero, 798/2008, 12 de noviembre, 589/2008, 17 de septiembre)". Y el ATS 1630/2002, de 13 de octubre , que refiere la reiterada jurisprudencia según la cual "se ha equiparado el acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada), con la utilización de medios agresivos materiales, como es el intento de atropellamiento mediante un vehículo, ya que su peligrosidad es evidente y no sólo se pone en riesgo la integridad física de los agentes de la autoridad, sino que se trata de evitar las órdenes de detención que ostensiblemente se realizaron, como ocurre en el caso presente". En el supuesto que en dicho auto analizó el Alto Tribunal, el acusado se encontró "a una distancia de unos cincuenta metros, con un agente de la policía local que se hallaba, en el único carril libre en la calzada, dándole el alto, y lejos de pararse, siguió circulando, por lo que el agente tuvo que "retirarse dando un salto, para no ser atropellado".

Por otra parte, también la jurisprudencia del TS reconoce el principio del auto encubrimiento impune o derecho a la huida, afirmando la STS 670/2007, de 17 de julio , "La maniobra evasiva del acusado y la circulación temeraria ulterior no perseguían otro objetivo que zafarse del cerco policial, de ahí que no tuvieran como eje motor el desprecio de las órdenes de la autoridad, siendo el resultado único y exclusivo de su intención de huir a toda costa y así eludir la acción de los agentes"(...) "La existencia de un derecho a la huida ha sido reivindicada desde algunas posiciones doctrinales, que afirman la ausencia de culpabilidad por no exigibilidad de una conducta distinta, de un comportamiento conforme a la norma. La jurisprudencia de esta Sala, en los casos de huida o elusión de la acción policial de descubrimiento de la participación en hechos punibles (cfr. SSTS 1461/2000, 27 de septiembre y 1161/2002, 17 de junio ) v iene admitiendo limitadamente el principio del auto encubrimiento impune, como manifestación del más genérico de inexigibilidad de otra conducta, pero constriñéndolo a los casos de mera huida (delitos de desobediencia) con exclusión de las conductas que en la fuga pongan en peligro o lesionen otros bienes jurídicos ( STS 2681/1992, 12 de diciembre )."

Asimismo la ST de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª, Sentencia 404/2021 de 31 May. 2021, Rec. 110/2021 señala " El apelante pide que se le absuelva por el delito de atentado por concurrir en llamado auto encubrimiento impune. Tal doctrina no es aplicable en este caso. El apelante parte de una premisa incorrecta. Se podría hablar de un auto encubrimiento impune si no se hubiese cometido un atentado. E s decir, la conducta no sancionable es la desobediencia pero no el atentado.

En la sentencia núm. 313/2020, de 8 de julio, de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en un caso similar, expuso que en supuestos de huida o elusión de la acción policial de descubrimiento de la participación en hechos punibles, se viene admitiendo limitadamente el principio del auto encubrimiento impune, como manifestación del más genérico de inexigibilidad de otra conducta, pero constriñéndolo a los casos de mera huida, delitos de desobediencia, con exclusión de las conductas que en la fuga pongan en peligro o lesionen otros bienes jurídicos, porque en tal caso habría que castigar este hecho, como puede ser una conducción temeraria.

En términos análogos, la sentencia n úm. 215/2016, de 29 de marzo, de la Sección 5ª de esta misma Audiencia Provincial de Barcelona , excluyó la desobediencia y expuso un argumento en negativo para ello. Tras exponer el mismo razonamiento que hemos transcrito de la sentencia antes citada, valoró que la huida frente a un requerimiento policial cuando se ha cometido o se está cometiendo un delito con la finalidad de no ser descubierto es un acto de autoencubrimiento impune según una jurisprudencia tan reiterada como conocida. No es exigible al autor de un delito que atienda un requerimiento policial verbal para ser detenido. En el caso enjuiciado el acusado en su huida conduciendo el vehículo hurtado, ni agredió, ni tampoco intimidó a los agentes, ni tampoco lo intentó.

Por tanto, en supuestos como el presente no cabe cuestionar la sanción penal si hay un acometimiento al agente de la autoridad constitutivo de atentado. No puede quedar sin reproche penal dicha conducta por el autoencubrimiento impune."

A la vista de lo expuesto haciendo referencia únicamente el párrafo de hechos probados a que el acusado aceleró de forma brusca al control policial y durante la persecución hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes para que detuviera el vehículo, no siendo posible completar el relato de hechos probados con los datos fácticos contenidos en la fundamentación jurídica en perjuicio del acusado, que en cualquier caso tampoco hacen referencia a acometimiento, agresión o resistencia y no integrando la mera desobediencia el delito previsto en el art. 550 y 551 del CP, entendemos que la conducta descrita en el párrafo de hechos probados no colma el tipo penal del delito de atentado a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, por lo que el motivo de impugnación debe ser estimado.

CUARTO.- Se alega asimismo en relación al delito contra la seguridad vial, error en la valoración de la prueba por cuanto el tipo penal exige una notoria y anormal desatención a las normas reguladoras del trafico y en el caso que nos ocupa solo existiría un riego abstracto o una peligrosidad general insuficiente para la aplicación del tipo penal por lo que se ha producido una indebida aplicación del art. 550 y 551 en relación con el art 380 del CP.

Pues bien sobre el error en la valoración de la prueba, motivo al que se reconduce las alegaciones del recurrente, ha de señalarse que reiteradamente este Tribunal tiene declarado que como regla general o de principio, en el recurso de apelación por su naturaleza de medio ordinario de impugnación, el Tribunal ad que asume la plena jurisdicción sobre el caso de idéntica situación que el Juez a quo no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. (Cfr. SS.T.C.de 14.10.1997, 20.09.1999, 09.12.02, entre otras muchas).

Pero también según reiterada Jurisprudencia, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral; cobran especial importancia los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete ( SS.T.C. de 28.10 y 11.11.02 y 27.02.03, por citar sólo algunas). De suerte que, por regla general, ha de guardarse una también especial consideración a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron. Fundamentalmente por ser el Juez de primer grado, y no el órgano ad quem, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones vertidas en juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

En cambio la Sala que conoce de la alzada carece esa privilegiada posibilidad de observación y de los elementos para calibrar y ponderar la prueba practicada en el plenario. Por lo cual debe respetarse, en principio, el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (Cfr. SS.T.C. de 17.12.1985 , 23.06.1986 , 13.05.1987 y 02.07.1990 , entre otras).

En el caso que nos ocupa estimamos, tras el examen de los autos remitidos y visionado del CD de la grabación juicio oral, que existe prueba de cargo suficiente practicada en el juicio oral bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación que permiten concluir en el sentido expuesto en la resolución recurrida y es que las declaraciones testificales de los Agentes de la Guardia Civil son suficientes para enervar la presunción de inocencia, dándose los requisitos necesarios para ello, que son: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, y persistencia en la incriminación, así Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras muchas, de 20 de octubre de 1999 , 9 de octubre de 1999 , 1 de octubre de 1999 , 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999 , encontrándose los Agentes en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 380 del CP establece que "El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años".

La jurisprudencia existente sobre este delito, tiene declarado que dicho delito se vértebra por la conjunción de dos elementos:

a) La conducción de un ciclomotor o vehículo de motor con temeridad manifiesta, es decir con una notoria y anormal desatención a las normas reguladoras del tráfico, en clave de desprecio a tales normas, y

b) Que tal acción suponga un concreto peligro para la vida o integridad de los otros usuarios de la vía. Por tanto la simple conducción temeraria creadora de un riesgo abstracto no sería suficiente para la ejecución del tipo.

El propio tipo penal exige con claridad la puesta en concreto peligro para otros usuarios de la vía y ello debe quedar claramente descrito en el "factum".

Finalmente recordar que se está en presencia de un delito que solo admite su ejecución dolosa, y no imprudente, y por ello, el dolo del autor debe abarcar los dos elementos del tipo: el modo de conducir temerario y el resultado de peligro concreto para los otros usuarios de la vía, dolo que no desaparece ni se neutraliza por la concurrencia del móvil de huir de la persecución de la policía. SSTS de 29 de noviembre de 2001 EDJ 2001/55656 ; 561/2002 de 1 de abril EDJ 2002/12159 ; 039/2001 de 29 de mayo EDJ 2001/9442 ó 1464/2005 EDJ 2005/237383. En idéntico sentido Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª, de fecha 5-5-2014, nº 363/2014, rec. 1876/2013.

Pues bien ninguna duda cabe de la concurrencia de los elementos del tipo penal a la vista de las declaraciones de los Agentes de la GC integrantes del Equipo Roca que en un primer momento seguían al Opel Zafira conducido por el acusado en vehículo camuflado y que posteriormente tras eludir el control policial, iniciaron la persecución con señales acústicas y luminosas, explicando en el acto del juicio que el acusado en la huída invadió el sentido contrario de la circulación, que varios vehículos tuvieron que apartarse, que la conducción fue agresiva hasta que abandonaron el vehículo ( AGC NUM003) así como circulaban a mucha velocidad, que en la vía pecuaria había familias con niños, que no respetaron los semáforos conduciendo en dirección prohibida ( AGC NUM004) , dejándose asimismo constancia en el atestado policial ( Folios 3 y 4) de las maniobras de invasión del sentido contrario de la circulación teniendo los vehículos que apartarse para no colisionar, así como que el acusado dejo la vía para tomar la carretera H U 3105 dirección localidad de Trigueros accediendo a la misma en sentido contrario y teniendo varios vehículos que apartarse para no colisionar, accediendo después al camino de Valverde donde había familias y ciclistas que tuvieron que apartarse del camino hasta llegar al camino de San Juan, donde los Agentes perdieron la visibilidad debido al polvo originado por la gran velocidad a la que circulaban hasta que abandonaron el vehículo.

A la vista de lo expuesto la conducta del acusado, de la que se deja debida constancia en el párrafo de hechos probados de la sentencia impugnada, debe quedar subsumida en el delito de conducción temeraria ante la continua puesta en peligro de bienes jurídicos personales y materiales aceptando el acusado que era quien conducía el vehículo, cuestión ésta no discutida en apelación, los graves daños que pudo tener su conducta, no cesando en la huida durante la que cometió continuas infracciones de las normas de circulación, por lo que el argumento de la sentencia de instancia está revestido de la necesaria consistencia, con expresa referencia a la excesiva velocidad, invasión del sentido contrario, así como a la omisión de las señales de circulación llevada a cabo por quien pretendía eludir una concreta acción policial , poniendo en peligro la integridad física del resto de vehículos que circulaban por la vía o de viandantes que se vieron en la necesidad de realizar maniobras evasivas , por lo que el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- No procede efectuar especial pronunciamiento acerca de las costas causadas por el recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido,

FALLO