Sentencia Penal 67/2023 Audiencia Provincial Penal de Huelva nº 3, Rec. 47/2023 de 26 de abril del 2023

PRIMERO.- 1.- Recurso de apelación de Carmelo,

Se alega por la parte recurrente como primer motivo de impugnación el error en la valoración de la prueba y en la calificación jurídica, por cuanto al tratarse de una navaja, no consta que el acusado conociera que se trataba de un arma prohibida, ni la ilicitud de la posesión.

Al tratarse de una navaja de muelles tampoco coincide con la literalidad del precepto del artículo 5 del Reglamento de Armas y no se ha valorado el tipo de navaja que era, si era automática o no, debiendo hacerse una interpretación restrictiva del artículo 563 del Código Penal y además del error de prohibición también debe tener acogida el ánimo de coleccionismo, interesando la absolución del recurrente o en su caso la imposición de pena mínima.

Pues bien sobre el error en la valoración de la prueba, motivo al que se reconduce las alegaciones del recurrente, ha de señalarse que reiteradamente este Tribunal tiene declarado que como regla general o de principio, en el recurso de apelación por su naturaleza de medio ordinario de impugnación, el Tribunal ad que asume la plena jurisdicción sobre el caso de idéntica situación que el Juez a quo no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. (Cfr. SS.T.C.de 14.10.1997, 20.09.1999, 09.12.02, entre otras muchas).

Pero también según reiterada Jurisprudencia, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral; cobran especial importancia los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete ( SS.T.C. de 28.10 y 11.11.02 y 27.02.03, por citar sólo algunas). De suerte que, por regla general, ha de guardarse una también especial consideración a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron. Fundamentalmente por ser el Juez de primer grado, y no el órgano ad quem, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones vertidas en juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

En cambio la Sala que conoce de la alzada carece esa privilegiada posibilidad de observación y de los elementos para calibrar y ponderar la prueba practicada en el plenario. Por lo cual debe respetarse, en principio, el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (Cfr. SS.T.C. de 17.12.1985 , 23.06.1986 , 13.05.1987 y 02.07.1990 , entre otras).

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa estimamos, tras el examen de los autos remitidos y visionado del CD de la grabación juicio oral, que existe prueba de cargo suficiente practicada en el juicio oral bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación que permiten concluir en el sentido expuesto en la resolución recurrida.

Así no se cuestiona por la defensa, la tenencia por el acusado del arma intervenida, en este caso navaja de muelles de 17cm, sino si la tenencia de dicha arma resulta incardinable en el art 563 del CP , asi como la ausencia de conocimiento por el acusado de la ilicitud de la posesión, estimando la concurrencia de un error de prohibición, cuestiones éstas que ya fueron abordadas por la sentencia de instancia en términos que son compartidos por la Sala.

Pues bien sobre la primera cuestión el artículo 563 CP dispone que "La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años".

Señala la ST de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30ª, Sentencia 30/2022 de 24 Ene. 2022, Rec. 1332/2020 " Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo número 343/2009, de 30 marzo (Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez) reconoce la necesidad de una interpretación restrictiva del tipo penal, como ha proclamado la jurisprudencia constitucional y aplicado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo, pues " En efecto, en nuestra STS 29/2009, 19 de enero, recordábamos, con cita de la STC 24/2004, 24 de febrero, que el art. 563 CP no consagra una remisión ciega a la normativa administrativa, cualquiera que sea el contenido de ésta, sino que el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas"

................."Recapitulando todo lo expuesto hasta ahora, a tenor del art. 563 CP las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son); en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de Ley o por el reglamento al que la Ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de Armas mediante una Orden Ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de Ley que rige en materia penal; en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho Administrativo sancionador ( STC 111/1999, de 14 de junio, F. 3 )." ( Sentencia núm. 343/2009 de 30 marzo)"

En el caso examinado y pese a las alegaciones del escrito de recurso concurren los requisitos necesarios para que la conducta que se imputa sea integrada en el artículo 563 del Código Penal, al concurrir los requisitos que al efecto fueron fijados por el Tribunal Constitucional.

En cuanto al primer requisito, basta con la lectura del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de armas, cuyos Arts. 4 y 5 regulan las armas prohibidas, estableciéndose en el Art. 4 un catálogo de armas cuya fabricación, importación, publicidad, compraventa, tenencia y uso se prohíbe " f) Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda y h) Las defensas de alambre o plomo ; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas y en el art 5.3 del Reglamento " Queda prohibido el uso por particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes. Su venta requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos.

También se prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el reborde o tope del mango hasta el extremo."

En el caso que nos ocupa el arma que portaba el acusado en el interior de una riñonera se trataba de una navaja de muelles de 17 cm de hoja con cachas blancas, siendo la medida total del arma de 40 cm de longitud como consta en el Anexo con reportaje fotográfico incorporado al atestado policial, arma incluida por tanto en la categoría de armas prohibidas dado por el propio Reglamento de Armas con lo que se da cumplimiento al principio de reserva formal de ley que rige en materia penal.

En cuanto a la tenencia del arma basta la disponibilidad de su uso, que en el caso que nos ocupa resulta incuestionable, por cuanto la misma se encontraba en el interior de la riñonera que portaba el acusado que además según consta en el atestado policial, tenia la cremallera abierta, por lo que se encontraba a mano y además se trataba de un arma de especial potencialidad lesiva como resulta de las imágenes obrantes en las actuaciones, por mas que no consta informe pericial alguno, no debiendo obviarse las circunstancias de su intervención, esto es de noche cuando el acusado iba acompañado del otro acusado, que por cierto también portaba armas prohibidas en los términos que se expondrán a continuación, de madrugada ( a las 05:00 horas del día 19-10-20) en las proximidades de un local de 24 horas sito en la Calle Galaroza de esta ciudad, siendo precisamente la actitud de los acusados lo que motivó la actuación policial.

Así no es lo mismo la mera tenencia en el domicilio o en tránsito hacia el domicilio, con la tenencia en la vía pública, acompañada de otras armas y con una intencionalidad agresiva y de uso inmediato evidente. Veanse Sentencias de Tribunal Supremo de 28.5.13 , de 6.11.98 y , sensu contrario, de 22.1 01

Como se deja constancia en el atestado policial los acusados que eran observados por una patrulla preventiva, cambiaron varias veces de posición y además se acercaron al establecimiento de 24 horas donde había clientes en la puerta tomando alcohol en varias ocasiones, dando vueltas por las calles adyacentes, por lo que se interesó la intervención de otro vehículo policial procediéndose finalmente a su interceptación. El arma, dada su ubicación, era de fácil utilización por el acusado, circunstancia que potencia indudablemente su peligrosidad para la seguridad ciudadana.

En cuanto a la ausencia del elemento subjetivo del tipo penal a que se alude en el escrito de recurso, el Tribunal Supremo ha señalado: "dicha figura delictiva se caracteriza por ser un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto en el que basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico sino en el material de detentación o disponibilidad... Es doctrina reiterada de esta Sala que el delito de tenencia ilícita de armas no precisa de un dolo específico, siendo suficiente que el sujeto tenga conocimiento de que se posee un arma..." ( STS 29 de octubre de 1999, núm. 1564/1999, rec. 7/1999 [RJ 1999\ 8143 ]).

En consecuencia basta para su comisión, con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita su disponibilidad en un momento dado, que no tiene que estar necesariamente concretado, para poder alcanzar con ello la finalidad objetiva que le es propia, tanto como posible instrumento de ataque como hipotético de defensa, como ocurría en el caso que nos ocupa por lo que en definitiva estimamos en consecuencia que la conducta resulta incardinable en el tipo penal enjuiciado.

La STS de 28-04-2006 , recoge que los acusados que entraron en la vivienda eran portadores de puño americano, una navaja mariposa y una defensa de goma, instrumentos que se incardinan en el concepto de armas prohibidas previstas en elartículo 563 del Código Penal, en relación con el artículo 4.1 f ) y h) del Reglamento de Armas , y si bien el Tribunal descarta que esa diversidad de armas integren más de un delito de tenencia ilícita de armas sí presupone esa conducta delictiva atribuible a todos.

TERCERO.- Se invoca también por la defensa el error de prohibición del artículo 14.3 del Código Penal .

Señala la ST de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, Sentencia 817/2014 de 6 Nov. 2014, Rec. 49/2014 " Con respecto al error es muy significativa la STS de 16 mayo de 2013 que explica en el art. 14 , se describe, en los dos primeros números, el error del tipo que supone el conocimiento equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos descritos por el tipo delictivo, (núm. 1), y a su vez, vencible o invencible , o sobre circunstancias del tipo, que lo cualifiquen o agraven (núm. 2); por tanto el error sobre cualquier elemento del tipo, es decir, el desconocimiento de la concurrencia de un elemento fundamentador de la prohibición legal de esa conducta, excluye en todo caso el dolo, ya que ésta requiere conocimiento de todos los elementos del tipo de injusto, es decir el dolo se excluye por un error que impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado típico o de los hechos constitutivos de la infracción ( STS. 1254/2005 de 18.10 ), y en el nº 3, el error de prohibición, que la jurisprudencia ( SSTS. 336/2009 de 2.4 y 266/2012 de 3.4 ), ha señalado que éste se constituye, como reverso de la conciencia de la antijuricidad, como un elemento constitutivo de la culpabilidad y exige que el autor de la infracción penal concreta ignore que su conducta es contraria a derecho, o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente. No cabe extenderlo a los supuestos en los que el autor cree que la sanción penal era de menor gravedad, y tampoco a los supuestos de desconocimiento de la norma concreta infringida y únicamente se excluye, o atenúa, la responsabilidad cuando se cree obra conforme a derecho. Además, el error de prohibición no puede confundirse con la situación de duda, puesta ésta no es compatible con la esencia del error que es la creencia errónea, de manera que no habrá situación de error de prohibición cuando existe duda sobre la licitud del hecho y decide actuar de forma delictiva, existiendo en estos supuestos culpabilidad de la misma manera que el dolo eventual supone la acción dolosa respecto a al tipicidad subjetivo ( STS 1141/97 de 14 -11 ).

Ello determina que sea penalmente irrelevante el error de subsunción, es decir el error sobre la concreta calificación o valoración jurídica de la conducta realizada, y únicamente concurre error de prohibición en el sentido del art. 14 .3 CP . cuando el agente crea que la conducta que subsume erróneamente es licita, al no estar sancionada por norma alguna. Si conoce su sanción penal no existe error jurídicamente relevante aún cuando concurra error sobre la subsunción técnico- jurídica correcta.

También la jurisprudencia, después de destacar la dificultad de determinar la existencia de error , por pertenecer al arcano íntimo de la conciencia de cada individuo, sin que baste su mera alegación, sino que deberá probarse, tanto en su existencia como en su carácter invencible ( S.TS. de 20.2.98 , 22.3.2001 , 27.2.2003 ), afirmando reiteradamente que "no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están prohibidas" ( STS. 11.3.96 , 3.4.98 ), añadiendo que, en el caso de error iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris non excusat , y cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error , no siendo posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya ilicitud es "notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada" ( S.TS. 12 de noviembre de 1986 , 26 de mayo de 1987 ).

En definitiva la apreciación del error de prohibición no puede basarse solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista objetivo, la existencia del error .

Por su parte señala la ST de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 1ª, Sentencia 27/2022 de 7 Feb. 2022, Rec. 37/2022 " La apreciación del error de prohibición no puede basarse solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista objetivo, la existencia del error. El análisis -nos dice la STS de 27 de febrero de 2003- debe efectuarse sobre el caso concreto, tomando en consideración las condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la naturaleza del delito que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento."

Aplicando esa doctrina al caso que nos ocupa resulta que el acusado alegó en el acto del juicio que desconocía que la navaja que portaba se trataba de un arma prohibida o que pudiera estar cometiendo un delito, así como que la acababa de comprar y se la llevaba a casa con afán de coleccionarla .

Estas alegaciones carecen de todo fundamento y así resulta evidente para la generalidad de las personas que la tenencia de un arma de las características expuestas, navaja de 17 cm de longitud y 40 en total , se trata de una conducta ilícita, no resultando verosímil las explicaciones dadas sobre su adquisición a un tercero, que no identificó, momentos antes de su interceptación esto es de madrugada la noche de los hechos.

Pero es que además estas explicaciones ofrecidas en el acto del juicio, por cuanto en fase de instrucción se acogió a su derecho a no declarar, no resultan coincidentes con la declaración testifical de los APN que intervinieron la noche de los hechos, ya que según éstos el acusado manifestó que la navaja la acababa de encontrar en un contenedor, indicando que se dirigía a casa de su novia, sin advertir su interés de conservarla como coleccionista.

En definitiva era al acusado a quien incumbía acreditar al existencia del error y no ha probado en qué radicaba la creencia equivocada de que la navaja que poseía no estuviera prohibida. Por ello el acusado, con una mínima actividad diligente, que no consta en absoluto que haya desplegado, hubiera podido evitar el conocimiento erróneo que se afirma padecido.

Por ultimo en cuanto a su animo de coleccionismo a que se refiere el art. 5. 3. Del reglamento que señala " No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores, la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil, en la forma prevenida en los artículos 12.2 y 106 de este Reglamento, la compraventa y la tenencia exclusivamente en el propio domicilio, con fines de ornato y coleccionismo, de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros", procede reproducir las consideraciones expuestas en la sentencia de instancia ya que de la prueba practicada no ha quedado en ningún caso acreditado interés del acusado en coleccionar armas de esta naturaleza, ni que en consecuencia su tenencia la noche de los hechos tuviera la finalidad expuesta, ni habían cumplimentado las prevenciones reglamentarias propias del coleccionismo ( art. 107 Reglamento de Armas) ni, la navaja intervenida , reunía las características de antigüedad o interés cultural, histórico o artístico propios de las armas de colección ( ss.TS 309/2002, de 25 de febrero, 343/2009, de 30 de marzo y 478/2013, de 6 de junio

El motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Recurso de Borja

Se alega por el recurrente la indebida aplicación del artículo 14.3 del Código Penal en relación con el artículo 563 del Código sobre el error de prohibición, considerando que nos encontramos ante un error de prohibición invencible, por lo que se procedería el dictado de una sentencia absolutoria y en caso de que fuera vencible, la pena debería rebajarse en uno o dos grados, por cuanto el acusado no tenia conocimiento el carácter prohibido de las armas ya que se había adquirido pocos minutos antes y en cuanto al aerosol no se había abierto ni se había comprobado su funcionamiento.

Se alega además como segundo motivo de impugnación, la aplicación del art. 80.3 del CP. Interesando la suspensión de la pena de prisión impuesta.

Pues bien procede reproducir las consideraciones expuestas con anterioridad. En este caso el arma intervenida al acusado fue una defensa extensible de 60 cm de longitud, oculta en la pantorrilla, así como un spray de defensa no homologado que portaba en el bolsillo derecho del pantalón, ambas armas prohibidas a tenor de lo dispuesto en el art 3 y 4 del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero).

En concreto art. 4 1. h) y art. 5.1 i) Los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas. De lo dispuesto en este apartado se exceptúan los sprays de defensa personal que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se consideren permitidos, en cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte u otros documentos que acrediten su identidad. j) Las defensas eléctricas, las defensas de goma o extensibles, y las tonfas o similares. " por lo que su tenencia integra el delito de tenencia ilícita de armas, tenencia que se produce en condiciones o circunstancias que la conviertan en peligrosa para la seguridad ciudadana por cuanto el acusado la portaba las mismas en las circunstancias expuestas con anterioridad en cuanto acompañaba al otro acusado, esto es en la vía publica, de madrugada , manteniendo una actitud sospechosa que alerto a los Agentes de Policía Nacional que prestaban servicio en la zona.

Respecto a la capacidad lesiva de la defensa extensible, la misma ya fue tenida en cuenta en el mentado Reglamento de Armas, por lo que no se pueden acoger los argumentos exculpatorios sostenidos por el recurrente. En este sentido ST de la Audiencia Provincial de Sevilla 271/2015 de 10 Jun. 2015, y STS 372/11 de 10 de mayo . De igual forma el art. 5.1 b) tipifica, por tanto la tenencia de sprays de defensa personal, entendiendo por tales aquellos "que despidan gases o aerosoles", sin imponer requisito alguno sobre la naturaleza de dichos productos.

Se alega por la defensa que el spray se encontraba inservible y que su utilidad no fue comprobado, lo que es cierto por cuanto en efecto preguntados los Agentes sobre esta cuestión manifestaron que no efectuaron prueba alguna con el mismo, aun cuando de las fotografías aportadas no parece desprenderse su inutilidad. En cualquier caso la tenencia de la defensa extensible permitiría la aplicación del tipo penal enjuiciado.

En cuando al error de prohibición y aún cuando no se trate de armas de fuego consideramos que por sus características resulta notorio que la tenencia de dichas armas es ilícita, sin que las explicaciones dadas por el acusado, esto es que lo había comprado momentos antes y que tenia problemas de pánico resultan verosímiles por lo que procede rechazar la aplicación del art. 14.3 del CP en los términos antes expuestos.

Esto es el acusado no dio ninguna explicación razonable sobre la tenencia de dichas armas y era a él a quien incumbía acreditar al existencia del error y no ha probado en qué radicaba la creencia equivocada de que las armas que poseía no estuvieran prohibidas. Por ello el acusado, con una mínima actividad diligente, que no consta en absoluto que haya desplegado, hubiera podido evitar el conocimiento erróneo que se afirma padecido.

QUINTO.- No obstante aun cuando no ha sido objeto de impugnación debe señalarse que se impone la pena de 1 año y 6 meses de prisión a Borja , pena interesada por el Ministerio Fiscal, sin motivar su imposición en la extensión indicada , superior a la que se impone al otro acusado, cuando la concurrencia de antecedentes penales es común a ambo, s no apreciándose en las conductas enjuiciadas circunstancias que justifiquen una distinta penalidad entre uno y otro, limitándose la sentencia a establecer en este extremo que se impone la pena interesada por el Ministerio Fiscal.

La obligación de motivar las sentencias comprende la determinación de la extensión concreta de la pena, como expresamente establece ahora el art. 72 del Código Penal, tras la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003, al disponer que los Jueces o Tribunales, en la aplicación de la pena, razonarán en la sentencia tanto el grado como la extensión concreta de la impuesta.

El derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida (Cfr. SS.T.S. 26.11.08, 01.06, 16.07 y 09.10.09, entre otras muchas) por lo que el Juez o Tribunal debe hacer constar con la suficiente extensión las razones que ha tenido en cuenta en el momento de precisar la consecuencia punitiva.

Por lo tanto, la individualización de la pena realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación, vale decir en apelación, no sólo en cuanto se sobrepasen los grados o mitades a que atiende especialmente el art. 66 del Código Penal sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda (Cfr. SS.T.S. 24.09.09, 14.10.10). Cuando se trata de una pena de inexcusable aplicación, la consecuencia de la falta de motivación de la impuesta en sentencia, como se ha recordado de forma constante por esta Sala, es la reducción en vía de recurso de la pena impuesta a su mínima expresión.

Por lo tanto, hemos de revocar en parte la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal para reducir a 1 año de prision la pena a Borja que representa el umbral mínimo de punición configurado en el precepto citado.

SEXTO.- Señala el párrafo 3 del art. 80 del CP " excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.a y 2.a del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.a del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.a Có 3.a del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta. "

Pues bien pese a las alegaciones efectuadas por el apelante, comparte la Sala el criterio mantenido por el Juzgado de lo Penal. La denegación de la suspensión del art. 80.3 del CP deriva de los antecedentes penales del penado de los que se deja constancia en la resolución recurrida, Borja fue condenado el 9-1-17 por delito de violencia doméstica- amenazas a diversas penas que finalmente cumplió el 8 de enero del 2019, el 1-2-17 por delito de quebrantamiento de condena, a penas entre otras de prisión que remitió definitivamente el 1 de febrero del 2017, el 14-11-17 por delito de quebrantamiento de condena a penas entre otras de prisión que remitió definitivamente el 24 de abril del 2019 y el 24-10-17 por delito de lesiones a pena de prisión, que le fue suspendida al 24 de octubre del 2017"

En estas circunstancias no procede la concesión del beneficio de suspensión interesado por cuanto la conducta del penado revela una elemental carencia de propósito de cumplir las condiciones impuestas y de seguir un estilo de vida normalizado y si bien la pena impuesta es inferior a prisión de dos años y no se trata de reo habitual, ni siquiera se alegan por la defensa circunstancias excepcionales para la aplicación del beneficio, por lo que no cabe sino entender que la situación del penado - vista la entidad de los delitos por los que ha sido condenado y el numero de condenas - equiparable al supuesto previsto en la norma " cuando las circunstancias personales del reo, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen".

El motivo debe ser desestimado.

SEPTIMO.- No procede efectuar especial pronunciamiento acerca de las costas causadas por el recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido,