Sentencia Penal 18/2023 Audiencia Provincial Penal de Huelva nº 1, Rec. 5/2022 de 06 de febrero del 2023

PRIMERO .- Los hechos declarados probados son constitutivos de los siguientes delitos:

a) un delito de homicidio en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 138, 16 y 62 del Código Penal.

Se califican los hechos de homicidio intentado porque entendemos concurre el propósito de matar en la procesada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que para discernir cual era la verdadera intención que albergaba el sujeto activo con su acción, salvo que él mismo revelara su intención de matar, los tribunales han de ponderar todas las circunstancias concurrentes para inferir, partiendo de los datos fácticos y de las reglas de experiencia, cual era el propósito del autor, siendo reiterada la jurisprudencia que recoge como signos externos de los que cabe inferir el "animus necandi" la clase de arma utilizada, la zona corporal atacada y el potencial resultado letal de las lesiones infligidas.

En el supuesto presente, del reconocimiento de los hechos efectuado por la procesada Rafaela unido al medio utilizado en la agresión, un cuchillo y de las zonas del cuerpo afectadas, se colige el propósito de matar. Así se debe configurar el ataque y las heridas causadas, al integrarse el acto objetivo de acometimiento intencional, e inferirse el elemento subjetivo o ánimo homicida del arma utilizada, cortante, lesiva y potencialmente letal, y de la zona a que fue dirigida la acometida, dándose con ello el enlace preciso y directo, lógico y necesario entre tales indicios y la consecuencia obtenida que permite apreciar el elemento doloso, bien directo, bien eventual, al ser representables las consecuencias letales que podrían derivarse de tal acto y pese a ello plenamente asumidas al realizar la agresión.

La acusación particular sostiene que estamos ante un delito de asesinato caracterizado por la concurrencia de la alevosía y del ensañamiento.

Sin embargo, consideramos, al igual que el Ministerio Fiscal y la defensa, que no concurre ninguna de las dos circunstancias.

El art. 22.1 del Código Penal dispone que la alevosía concurre "cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

Partiendo de esa definición legal, la jurisprudencia viene exigiendo los siguientes elementos para apreciar la alevosía: en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas; en segundo lugar, como requisito objetivo que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad; en tercer lugar, en el ámbito subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél; y en cuarto lugar, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades.

En el caso de autos no concurren los requisitos expresados, pues las distintas declaraciones de los testigos acredita que no estamos ante un ataque sorpresivo, sino que la procesada Rafaela inició una discusión con Vanesa en el curso de la cual la procesada golpeó y apuñaló a Vanesa.

En este sentido declararon la testigo Sra. Isidora, quien manifestó que empezó una pelea entre Rafaela y Vanesa, exponiendo que "al principio yo pensaba que era como un juego y luego empezó una pelea". El Sr. Patricio, afirmó que se produjo una discusión verbal que degeneró en una pelea entre Vanesa y Rafaela. Y el Sr. Modesto habla de que se encararon Rafaela y Vanesa y haber visto un forcejeo entre ambas, explicando textualmente "dos personas peleándose".

De modo que no se ha acreditado que nos encontremos ante un ataque súbito e inesperado por parte de Rafaela, ni que se asegurara el resultado sin riesgo alguno para ella eliminando toda posibilidad de defensa.

Tampoco puede sostenerse la existencia de una alevosía sobrevenida.

Según la jurisprudencia, la alevosía sobrevenida surge cuando en un momento posterior de la actuación agresiva, se aprovecha por el sujeto activo la situación de absoluta indefensión en que se encuentra la víctima para ejecutar una nueva y diferente agresión distinta de la anteriormente realizada. ( STS nº 429/2019, de 24 de setiembre).

Es de tener en cuenta, por lo tanto, que, si la agresión se inició de forma no alevosa, sería preciso un cambio cualitativo de tal naturaleza que, por su carácter inesperado, suprimiese toda posibilidad de defensa y que ese aspecto sea cubierto por el dolo del autor. En este sentido, señala el Tribunal Supremo ( STS nº 408/2019, de 19 de setiembre), que "cuando el ataque a la persona se produce desarrollándose en varios actos ejecutados sin solución de continuidad, si en el inicio de la agresión no es posible apreciar la alevosía a causa de la ausencia de sus elementos característicos, tampoco podrá estimarse su concurrencia valorando el eventual desvalimiento o situación de inferioridad en la que se encuentra la víctima en los momentos finales de la acción, pues ésta sería una consecuencia natural de los primeros actos de agresión".

En el caso de autos, tal y como se deduce de lo que se acaba de exponer, pues la agresión se inició de forma no alevosa, y no se produjo un cambio cualitativo en el curso de la misma de carácter inesperado que pudiese suprimir la posibilidad de defensa.

Tampoco estamos ante un supuesto de ensañamiento.

La STS de 16 enero 2018 define el ensañamiento y determina cuáles son los requisitos que lo configuran: "El artículo 139 CP se refiere al ensañamiento como agravante específica del asesinato con la expresión "aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido". Por su parte, el artículo 22.5ª del mismo texto, sin utilizar el término, considera circunstancia agravante genérica "aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito".

En ambos casos se hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, en el homicidio y asesinato la muerte, causa de forma deliberada otros males que exceden a los inherentes a la acción típica, innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, que buscan provocar un sufrimiento añadido a la víctima. Males innecesarios causados por el simple placer de hacer daño, lo que supone una mayor gravedad del injusto típico.

El ensañamiento requiere un elemento objetivo constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima; y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima. En la medida que el sujeto no suele exteriorizar su propósito, este segundo elemento debe inferirse racionalmente de los actos objetivos que han concurrido en el caso.

Con la expresión "deliberadamente" la norma penal hace referencia a la necesidad de que el dolo acoja no sólo el hecho objetivo de la muerte sino también la circunstancia concreta de ese aumento de males que ocasionen un mayor dolor al ofendido. Ha de conocer y querer que mata (dolo homicida) y ha de conocer y querer que lo hace con ese aumento del sufrimiento de la víctima (dolo de ensañamiento).

Con el término "inhumanamente" se añade a este primer elemento subjetivo otro consistente en una particular disposición del ánimo del autor del hecho: su crueldad o complacencia propia en el sufrimiento de la víctima, o carencia, de modo extremo, de todo sentimiento de humanidad o de respeto que el sujeto pasivo merece en su calidad de persona.

Aplicando lo expuesto al caso de autos, considera este Tribunal que las puñaladas y golpes propinados por Rafaela a Vanesa en el curso de la pelea no suponen aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios.

b) cinco delitos de omisión del deber de impedir delitos del artículo 450 del Código Penal, que sanciona al que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas, en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual....."

Se trata de un delito de omisión cuya estructura responde a los patrones de ese tipo de delitos, es decir, la existencia de una situación típica; la ausencia de una conducta determinada; y la capacidad de realizar esa acción. Aplicada esta estructura al delito objeto de la condena, la producción de un delito contra la vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual; no impedir la comisión del delito; y posibilidad de actuar inmediatamente y sin riesgo propio o ajeno ( STS 149/1999, de 4 de febrero). En palabras del Tribunal Supremo en Sentencia de 213/2002, de 28 de noviembre, "requiere, desde el plano objetivo, la existencia de una situación real de inminencia de la comisión de un delito contra la vida, la integridad, la salud, la libertad o la libertad sexual. Se sanciona el incumplimiento de un deber de intervención para salvar el bien jurídico en peligro, por lo que se hace preciso expresar en la tipicidad las condiciones de las que puede, y debe, actuarse para tratar de salvar el bien jurídico en peligro.

Desde luego, es precisa la presencia en el momento del ataque y que éste no haya sido consumado, entendido como el momento en el que se perciba la inminencia del ataque. Es preciso, además, una posibilidad de impedir el ataque mediante una actuación concreta dirigida a la no realización de la agresión, lo que supone un estudio de la situación concreta y las posibilidades, también concretas, de actuación inmediata. Esa intervención esperada, y requerida por la norma, debe poder ser realizada sin riesgo propio, la denominada ausencia de riesgo, que exige, desde la subsunción, una ponderación de las circunstancias concurrentes para valorar las posibilidades de intervención en el caso concreto. Desde el plano subjetivo, el tipo penal exige un conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, esto es, conocimiento de la situación generadora del deber, conocimiento de las posibilidades de actuar en el sentido querido por la norma, también de la ausencia de riesgo, esto es, conciencia de la capacidad de actuar sin riesgo propio, e inacción con cierto desprecio hacia el bien jurídico en peligro ..."

SEGUNDO .- Del delito de homicidio en grado de tentativa es responsable en concepto de autor Rafaela.

A dicha conclusión llega este Tribunal tras efectuar un análisis de las pruebas practicadas tanto en la tramitación del presente procedimiento como en el acto del juicio oral y tras valorarlas de una forma ponderada y conforme a lo establecido en el artículo 741 del Código Penal.

La procesada admite la totalidad de los hechos imputados por el Ministerio fiscal, reconociéndose autora de los mismos. Ante tal reconocimiento expreso huelga efectuar mayor razonamiento, salvo determinar la existencia de un variado acervo probatorio que apuntaban a su persona como autora de los hechos que se le imputan.

Han de tenerse en cuenta además de las manifestaciones efectuadas por la víctima, las prestadas por los testigos en el acto del juicio oral, quienes manifestaron que la procesada y Vanesa discutieron y se pelearon, causándole Rafaela a Vanesa las lesiones que han sido descritas en los hechos probados; y ello unido a los informes médicos obrantes en las actuaciones y la prueba pericial médico forense, no podemos sino llegar a la conclusión de que concurre prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia que constitucionalmente ampara a la acusada, de manera que Rafaela ha de responder penalmente en calidad de autora material del intento de homicidio.

Del delito de omisión omisión del deber de impedir delitos son responsables en concepto de autor los procesados Higinio, Benita, Diana, Lorena y Ascension.

Los procesados admiten la totalidad de los hechos, reconociéndose autores de los mismos. Ante tal reconocimiento expreso de los hechos, huelga efectuar mayor razonamiento, salvo determinar la existencia de un variado acervo probatorio que apuntaba a las personas de los procesados como autores de los hechos que se les imputan.

TERCERO .- Procede absolver a Higinio, Benita, Diana, Lorena, Ascension y Noelia, de los delitos de provocación, conspiración y proposición del delito de asesinato del artículo 141 del Código Penal.

En primer lugar, ha quedado acreditado que los hechos carecen de tipicidad para integrar la provocación del delito de asesinato en los términos de la acusación particular, y ello en cuanto que en la provocación, el provocador no está resuelto a ser ejecutor del delito a cuya perpetración incita, ni pretende que dicha perpetración sea conjunta, sino que se limita al intento de determinar a otro u otros a la ejecución de un hecho punible pero sin que él haya de tomar parte, directa y materialmente, en la misma, quedando al margen; lo que no sucede en este caso.

En cuanto a la proposición, el agente, que ha resuelto cometer, material y personalmente, un delito trata de sumar a sus propósitos a otra u otras personas, constituyendo con ellas un consorcio criminal o hipótesis de codelincuencia. De tal manera se parte de la afirmación de que el proponente ha resuelto él cometer un delito, que va a participar en concepto de autor en el ilícito penal que ha resuelto cometer, e incita a otro a que participe con el sujeto proponente en la ejecución del delito que ha propuesto cometer.

Y la conspiración, existe según la ley, "cuando dos o más personas se concierten para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo"( art. 17-1º CP). Nos hallamos, pues, ante la denominada "coautoría anticipada", en la que se requiere el concierto de dos o más personas para la ejecución delictiva de que se trate y que todas ellas tengan el ánimo de llevar a cabo esta coautoría anticipada que ha de inferirse de "condicionamientos eminentemente psicológicos para su vivencia" cual son, no sólo el carácter previo o "pactum scaeleris" entre esas formas sino también la decisión de su efectividad o "resolutio finis".

De las pruebas practicadas en el acto del juicio y obrantes en la causa, no queda acreditado ni que Rafaela propusiera a los demás acabar con la vida de Vanesa, ni mucho menos que se concertaran para ello entre todos, sin que se pueda inferirse del hecho de acompañar a Rafaela al lugar donde se encontraba Vanesa sabiendo que la primera pretendía pelear con la segunda.

Tampoco se les puede considerar cómplices del delito de asesinato.

La STS 371/2006, de 27 de marzo, con cita de otros precedentes recuerda el criterio del Tribunal Supremo -expresado entre otras, en la Sentencia 699/2005, de 6 de junio-, conforme al cual, el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, como acabamos de exponer, de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. De manera que el cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su colaboración voluntaria concretada en actos secundarios, no necesarios para el desarrollo del "inter criminis". Se trata de una participación accidental y condicionante, de carácter secundario inferior ( STS de 24-4-2000).

En este caso, en la actuación de estos procesados no se desprende la conciencia ni la voluntad de colaborar en el delito perpetrado por Rafaela, no practicando tampoco actos auxiliares tendentes a la realización de dicho ilícito, adoptando una actitud esencialmente pasiva más propia del delito de omisión del deber de impedir delitos reflejado anteriormente.

Procede absolver a Noelia del delito de omisión del deber de impedir delitos de que venía acusada también por la Acusación Particular.

La procesada ha negado encontrarse en el lugar de los hechos, y la única que manifiesta su presencia en dicho lugar es Vanesa, habiendo declarado los demás testigos que Noelia no se encontraba presente; con lo que surge una duda en el Tribunal que debe resolverse en aplicación del principio in dubio pro reo, y por tanto, dictarse sentencia absolutoria para Noelia también por el delito de omisión del deber de impedir delitos.

CUARTO.- Concurre la atenuante analógica de confesión del nº 7 en relación con el nº 4 del artículo 21 del Código Penal.

Determina la STS 427/2017 de 14 de junio, con cita de otros precedentes, que esta atenuante encuentra su justificación en razones de política criminal. Al Estado le interesa que la investigación de los delitos se vea facilitada por la confesión -siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del ius puniendi. La STS nº 118/17, de 23 de febrero, respecto a la citada atenuante, expresa que el fundamento de la atenuación en la confesión del reo radica, una vez superada la anterior concepción de la atenuación basada en motivaciones pietistas o de arrepentimiento, en razones de política criminal, pues la confesión ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa criminal. Confesar supone poner en conocimiento de la autoridad judicial o de la policía, los hechos acaecidos, y requiere que la misma sea sustancialmente veraz, no falsa o tendenciosa o equívoca, sin que deba exigirse una coincidencia total con el hecho probado. Ahora bien, eso no implica que, puesta sobre la mesa la veracidad de los hechos, no pueda el confesante poner también de relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento atenuatorio de su responsabilidad penal. El requisito de veracidad, propio de toda confesión, aun compatible con ciertas modulaciones parcialmente autoexculpatorias, implica que la versión del culpable no contenga "desfiguraciones o falacias que perturben la investigación" "que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades mediante el establecimiento de un relato que le favorezca" ( STS de 182/2007, de 7 de marzo).

La atenuante de confesión se ha apreciado como analógica en los casos en los que, aún no respetándose el requisito temporal, sin embargo el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante para la justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado.

En este sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de diciembre de 2019 declaró que una jurisprudencia que parece definitivamente consolidada considera que la atenuante analógica a la de confesión "es aplicable en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaboradora del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó"

En este supuesto, procede la aplicación de esta circunstancia por la vía de la analogía, pues aún cuando Rafaela hace un reconocimiento de los hechos tardío, asumió su responsabilidad en los elementos relevantes ante el Juez de Instrucción y ha vuelto a hacerlo en el juicio oral.

La defensa también solicitó la aplicación de la atenuante analógica del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.2y 3 y con el artículo 20.2º del Código Penal.

No es posible su apreciación.

El Tribunal Supremo tiene reiterado que el consumo de sustancias estupefacientes no permite la aplicación de una atenuación, no basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes. Y en Sentencias de 8-6-00 y 16-5-01 señaló que "Tendrá que existir una causa biopatológica, consistente en un estado de intoxicación por las drogas, o bien en el padecimiento del síndrome de abstinencia, y tendrá que existir también un efecto psicológico consistente en la disminución de la capacidad de comprender la ilicitud del acto delictivo o de actuar conforme a tal comprensión".

Únicamente se cuenta con el testimonio del testigo agente de la Guardia Civil, que declaró respecto al estado en que Rafaela llegó al Cuartel acompañada de su padre, exponiendo que parecía que había tomado algún tipo de sustancia depresiva, pero añadió que le resultó extraña la actitud, pues en la forma en que se presentó era imposible que hubiera podido ejecutar los actos que realizó, lo que les hizo pensar que tal situación había sido preparada con posterioridad a los hechos.

Y este Tribunal considera que las anteriores circunstancias unidas al informe forense (folios 608 a 611) no acreditan que la acusada se encontrara en el momento de los hechos con sus capacidades volitivas afectadas hasta el punto de no ser capaz de actuar conforme a la normal comprensión de los hechos y de la norma.

QUINTO .- En cuanto a la pena a imponer a Rafaela, conforme al articulo 62 del Código Penal a los autores de tentativa se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.

En el caso que nos ocupa, siendo la pena prevista para el delito del artículo 138 del Código Penal la de prisión de 10 a 15 años, atendiendo al grado de ejecución alcanzado, la rebaja de la pena procede en un grado, situándose ésta en prisión de 5 años a 9 años 11 meses y 29 días.

Concurriendo una circunstancia atenuante, el artículo 66 determina "1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: ... 1.ª cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito."

En este caso, teniendo en consideración el peligro para la vida de la víctima que supuso la acción realizada por Rafaela y dada la peligrosidad de la acción llevada a cabo, que evidencia una agresión brutal con instrumento peligroso y dirigida a zonas anatómicas sensibles que de hecho le provocó graves heridas capaces de poner su vida en serio riesgo, y que el resultado típico, la muerte, no se produjo gracias a la atención médica que afortunadamente se acabó dispensando a Vanesa, procede imponerle la pena en la mitad inferior por la aplicación de una circunstancia atenuante, pero no en el mínimo, sino que se considera ajustada la imposición de la pena de 6 años de prisión.

Conforme al artículo 56.1.2º del Código Penal se le impone la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El artículo 57.1 del Código Penal dispone que "los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultáneamente".

Conforme a lo solicitado por la Acusación Particular, se considera procedente imponer a la procesada Rafaela la prohibición de aproximarse a Vanesa así como a comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, si bien a una distancia no inferior de 200 metros y en cualquier lugar donde se encuentre, y por un periodo de 8 años, lo que supone un tiempo superior a dos años de la pena privativa de libertad impuesta, dada la gravedad y peligrosidad de la acción ejecutada.

Y al amparo del artículo 140 bis del Código Penal se le impone la Medida de Libertad Vigilada que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad por un periodo de CINCO Años.

Procede imponer a Higinio, Benita, Diana, Lorena y Ascension la pena a cada uno de 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

SEXTO .- A tenor del artículo 116 del Código Penal y concordantes, toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios, debiendo hacer frente a dicha responsabilidad en los términos que los mencionados preceptos establecen, quienes en ellos se indican, quedando conferida la determinación cuantitativa de los daños e indemnizaciones al razonado arbitrio judicial por el artículo 115 del propio Código, dentro de los límites acotados por los principios de rogación y congruencia.

En el caso presente Rafaela deberá indemnizar a Vanesa en la suma de 335.945Ž33 euros, suma interesada tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación Particular, cifra que resultaría de partir de las indemnizaciones fijadas en el baremo fijado para la indemnización de hechos derivados del uso y circulación de vehículos a motor y aumentarlas en un porcentaje, por tratarse de un hecho doloso, de un 30%.

SÉPTIMO .- Las costas se entienden impuestas por la Ley a los responsables de todo delito, conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Procede imponer a Rafaela, Ascension, Higinio, Lorena, Benita y Diana, una octava parte de las costas a cada uno.

Procediendo la declaración de oficio de dos octavas partes de las costas.

No procede la imposición de las costas de la Acusación Particular.

Nuestra Jurisprudencia ( STS de 13 de Noviembre de 2008), establece la obligatoriedad de la inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado por el delito, que se persona en las actuaciones en defensa de sus intereses y en ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la asistencia Letrada.

El efecto de este principio es el resarcimiento por el condenado, declarado culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses, si bien deben excluirse cuando la intervención de ésta haya sido notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora; y también cuando las peticiones fueren absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y de las conclusiones aceptadas en la sentencia y cuando la tesis de la Acusación Particular se califique como inviable.

Y esto es lo sucedido en el supuesto presente, en que no solo sus peticiones han sido heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las conclusiones aceptadas en la sentencia, sino que además, a las mismas personas que acusa de conspiración y proposición del delito de asesinato o de cómplices del mismo, también las acusa a su vez del delito de omisión del deber de impedir dicho delito.

Lo expuesto determina la exclusión de las costas procesales de la Acusación Particular.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de pertinente aplicación