Sentencia Penal 305/2023 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 20/2022 de 17 de octubre del 2023

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa agravada, previsto y penado en el art. 248 y 250.1 6ª del C. Penal, del que es criminalmente responsable el acusado Ismael, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del C. Penal, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Queda al margen de la responsabilidad penal pero no de la civil, la actuación engañosa y perjudicial desplegada por el acusado contra Doña Tatiana, pues aunque la misma tiene cabida en el delito de estafa agravada de los arts 248, 250.1. 5ª y 6ª del C. Penal, concurre, como bien indica el Ministerio Fiscal, la excusa absolutoria del art. 268.1 del citado texto legal. Asimismo, indicar que en la actuación desplegada por el acusado en torno al préstamo solicitado por el hijo de esta última para la financiación de un vehículo, el perjuicio causado se mezcla con el ocasionado a la anterior y es prácticamente imposible analizarlo de manera separada y como hecho individualizado y por ende queda igualmente fuera de la responsabilidad penal perseguida pero no de la civil.

La conclusión anterior es consecuencia del resultado de la prueba practica, en virtud de la cual ha quedado desvirtuada la verdad interina de la que está revestida la presunción de inocencia que durante toda la tramitación de la causa penal ha venido amparando al hasta ahora acusado. Es fruto de la valoración conjunta practicada, dentro de la cual se destaca por su importancia la testifical practicada y la documental obrante en autos, quedando justificada esa certeza de culpabilidad que precisa un comportamiento condenatorio y su derivación civil, más aún cuando la declaración del acusado y prueba de descargo que ha intentado desplegar la defensa no ha hecho otra cosa que dar incluso mayor virtualidad y potencialidad a la de cargo referida.

SEGUNDO.- Entrando en ese análisis valorativo de la prueba, es de resaltar que el testimonio prestado por los tres familiares, (abuela, madre e hijo), ha sido contundente y de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Y con ellos se ha dado a entender, con meridiana claridad, ese proceder fraudulento y engañoso utilizado por el acusado con el fin de hacer acopio de patrimonio ajeno en perjuicio de sus titulares y en beneficio propio, prevaliéndose para ello de la confianza generada en su pareja y en los familiares de ésta, (madre e hijo).

El Sr. Ismael se instala en la casa de su pareja en el 2014 y mantiene con ella una prolongada relación de convivencia que empezó a gestarse en el año 2013 y que concluyó ya entrado y avanzado el año 2019, aproximadamente en el mes de abril, cuando fue descubierto su torticero y perjudicial quehacer. Y de ese entorno de confianza familiar se prevale el acusado para desarrollar su simulado y oculto proceder, el cual se ha venido extendiendo en el tiempo y ha afectado, de manera negativa y amarga, a su pareja. Ese sigiloso proceso se inició en el mismo momento, allá por abril de 2016, en el que, sin saberlo ella, abrió a su nombre la cuenta en Caixa Bank y se ha desplegado desde entonces hasta que finalmente se reveló en la fecha indicada. Durante ese tiempo el acusado no hizo otra cosa que actuar de manera furtiva y engañosa en contra de los intereses económicos y financieros de esa familia, para así, aprovechándose de su buena fe, disponer y gastar en beneficio propio el dinero que no era suyo.

El testimonio de los familiares referidos a tal fin es creíble y veraz y además viene avalado por ese falso discurso dado por el acusado relativo a unas inversiones y gestiones inmobiliarias que no justifica y que nunca hizo, (al menos su existencia no consta más allá de su interesado, engañoso y fallido intento por hacerlas valer). Ese amago de acreditación además es cuestionado por el tercero que interviene como testigo en el juicio, cuya declaración lo único que da entender es que el acusado no es una persona fiable y no merece la pena comprometerse con él para asumir ningún tipo de negocio.

Todo lo cual, unido a la ilustrativa prueba documental obrante en las actuaciones, como lo es la relativa a los movimientos derivados del uso que hizo de las tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta de Caixa Bank, en especial de la Iberia Sendo de American Express e Iberia Visa, ponen de relieve el despojo patrimonial que le hizo a su pareja y el paralelo aumento del endeudamiento al que la sometió con el único fin de mantener el nivel de vida al que venía acostumbrado (comidas en restaurantes, viajes, compras. ). Como ya se ha dicho, no justifica estar inmerso en ninguna actividad empresarial y de gestión inmobiliaria lucrativa, como pretende dar a entender sin prueba material que lo acredite: ¿Dónde están esas participaciones en las sociedades a las que alude?; ¿dónde están sus relaciones empresariales?, ¿donde están sus negocios?, ¿quienes son sus socios?, etc...

Su pareja, Sra Tatiana, siempre ha vivido de su profesión y se vio sin esperarlo de pronto endeudada y con débitos por encima de sus posibilidades, los cuales se habían creado por él, sin conocerlo ella y sin esperárselo. Es más, cuando tuvo constancia de ese concretó préstamo obtenido del BBVA por importe de 50.000 euros, él la embaucó y engañó haciéndole creer que ese dinero lo iba a dirigir a una supuesta inversión inmobiliaria cuya realidad obviamente nunca ha sido revelada ni conocida. El acusado se movía dentro de la mera apariencia y/o de la ficción y el importe de ese préstamo, como todo lo demás, fue a donde el quería que fuese, es decir, al desconocido mundo para su pareja de la cuenta abierta en Caixa Bank. Cuenta de la que ha dispuesto principal y esencialmente el acusado en beneficio propio y que le ha servido para generar otros prestamos y créditos a costa de su pareja y no de él. Cierto que en los movimientos de las tarjetas de crédito Sendo e Iberia antes mentadas aparecen algunas anotaciones que apuntan a disposiciones hechas por ella, pero son tan puntuales y de tan de escasa relevancia que sirven más para potenciar lo ya dicho que para desviar la atención hacía otra cuestión, pudiendo estas disposiciones haber sido hechas por el acusado usando tarjetas emitidas a nombre de su pareja y cuya emisión ella desconocía.

Igualmente, llama la atención que a pesar del tiempo de convivencia él no aparezca como deudor conocido en ninguna de las operaciones crediticias y que se mantenga incólume y ajeno en principio a cualquier responsabilidad crediticia derivada de esas actuaciones. El acusado actuaba sin exponerse y evitando riesgos a su incierto patrimonio, el cual no se conoce más allá de lo reflejado en las declaraciones del IRPF obrantes en autos y de lo que pudiera derivarse de su prolongada vida laboral, lo cual obviamente no es significativo ni indicativo. Se beneficia sin más a costa del patrimonio de su pareja y del de la madre de ésta. Puede que haya pagado alguna cuota de algún préstamo, pero todo apunta que sí lo hizo fue por lo que iba generando d otros patrimonios, sin exponer el propio. Es de observar que no solo obtiene rédito del préstamo de 50.000 euros, (no hace ninguna inversión y lo maneja a su antojo), sino que obtiene otro de 15.000 de euros de Caixabank, lo que complementa con otras concesiones crediticias, siempre obtenidas a espalda de su pareja y que maneja solo él y en su propio interés, incluida en este último apartado la refinanciación del préstamo para el pago de coche comprado por el hijo de su pareja, derivando todo ello hacia la cuenta de la que solo disponía él, la de Caixabank, la cual incluso aumenta en su haber con la inclusión de los 3.100 euros que transfiere de la cuenta del BBVA y con la domicialización de las devoluciones del IRPF de su pareja relativas a los ejercicios del año 2017 y 2018.

Y por si lo que hasta aquí constatado no fuera suficiente, finalmente el acusado se aprovecha de la madre de su pareja, Tatiana, y de la gran e incondicional confianza que tenía depositada en él, para quedarse y utilizar a su antojo los 35.000 euros que aquella, confundida por el falso ofrecimiento de custodia que le hace, entrega por la equivoca sensación de tranquilidad y seguridad que le había generado.

TERCERO.- Llegados a este punto, no cabe duda que en el supuesto objeto de enjuiciamiento concurren los elementos que configuran el delito de estafa, conforme a las exigencias del art. 248.1 del CP y que, tomando como referencia la STS 737/2022, de 7 de julio, se concretan con:

1º.- Un engaño que provoca el error determinante del acto de disposición patrimonial:

El acusado, de manera clandestina se hace sin el conocimiento de su pareja con el control de la cuenta bancaria con la que ésta opera y hace transferencias, (unas derivadas de la obtención de un importante préstamo y otra de entidad menor) a otra nueva cuenta creada por él en otra entidad a nombre de ella. Y así, aprovecha igualmente el desconocimiento de esta última cuenta por quien aparece como titular para operar a su antojo y generar, sin riesgo para a él, un importante endeudamiento derivado de la obtención de un préstamo, y de la apertura de líneas crédito y de otras actuaciones crediticias. Sin olvidar por último que a través del control de la gestión administrativa que le ha sido confiada se enriquece más a costa de su pareja.

El acusado, confunde a la madre de su pareja con un falso ofrecimiento y consigue que ésta confiada le entregue una importante suma de dinero en efectivo convencida de que la va a custodiar en un lugar seguro, cuando lo que hace es hacerla suya.

2º.- La consecuencia dañosa y perjudicial causada en los sujetos pasivos se caracteriza por el empobrecimiento derivado de: a) pérdida de dinero, (pareja y su madre) y b) endeudamiento importante (pareja)

3º.- el correlativo e indebido enriquecimiento a favor del sujeto activo, mullidor de tal maquinación fraudulenta, y que deriva de las aludidas perdidas patrimoniales y ventajas que obtiene de lo conseguido a través del endeudamiento generado sin riesgo para su persona.

Esta concurrencia típica se infiere de la secuencia fraudulenta programada, ideaba y continuada por el acusado contra el patrimonio de su pareja y también por el particular y puntual engaño proyectado contra la madre de ésta, a quien confunde y equivoca, si bien, solo la segunda de estas actuaciones cabe finalmente castigar como delito de estafa.

Eso es así, ya que la principal acción defraudatoria no puede tener respuesta penal y solo cabe la civil por la concurrencia de la excusa absolutoria del art. 268.1 del Cp. Y por tanto, a título ilustrativo indicar que tal excusa, a la que alude el Ministerio Fiscal y que se aplica a los delitos de contenido patrimonial, tiene, conforme a lo que señala la STS 551/2019, de 12 de Noviembre, (con remisión entre otras a las SSTS 22-5-2013, nº 412/2013, 618/2010, 23 de junio, 91/2006 de 30 enero y 334/2003, 5 de marzo), su razón de ser está en una cuestión de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados en el seno de grupos familiares unidos por lazos de sangre en los términos descritos en el artículo 268 porque ello, además de provocar una irrupción del sistema per se dentro del grupo familiar poco recomendable que perjudicaría la posible reconciliación familiar, estaría en contra de la filosofía que debe inspirar la actuación penal de mínima intervención y última ratio, siendo preferible desviar el tema a la jurisdicción civil que supone una intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados, de ahí que se excluya los apoderamientos violentos o intimidatorios en los que quedan afectados valores superiores a los meramente económicos como son la vida, integridad física o psíquica, la libertad y seguridad.

Dicho esto, el supuesto que nos ocupa ahora en el que se analiza un delito patrimonial como la estafa, (delito patrimonial en el que no interviene la violencia ni intimidación) y en el que el autor en el momento de la comisión del hecho delictivo es pareja de la perjudicada no cabe más que englobarlo dentro del contenido de esta excusa, pues como nos recuerda la reciente STS 692/2022, de 7 de Julio desde el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de esta Sala celebrado el día 1 de marzo de 2005, los efectos de tal excusa absolutoria se extienden a las relaciones estables de pareja por su asimilación a la relación matrimonial.

CUARTO.- Determinada la existencia de la estafa, en cuanto a la actuación contra la madre de la pareja del acusado, Sra Tatiana, se ha de concretar la concurrencia de la modalidad agravada, que la Acusación Particular ubica, con buena lógica, en el apartado 6º del art. 250 del C. Penal

En cuanto a esta modalidad agravada la misma queda reservada para aquellos supuestos en los que se realice la acción típica desde una situación de confianza que genere credibilidad y favorezca el aprovechamiento por parte del sujeto activo.

La STS 274/2017, de 19 de Abril nos dice lo que sigue: la jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del art. 250.1.7º del Código Penal, ( art. 250.1.6 desde la LO 5/2010), si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones el engaño que define el delito de estafa... presenta puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento, (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras), porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero).

Pues bien, en el caso que ahora se somete a enjuiciamiento de este Tribunal se ha de convenir que se ha logrado acreditar la base fáctica que justifica la modalidad agravada que se postula. Cierto que el acusado se aprovecha para llevar a cabo su actuación de esa relación de confianza generada que se considera implícita y subyacente en el hecho ilícito, pero también lo es que va más allá y a parte del quebranto de esa confianza genérica actúa con un manifiesto atropello de esa situación y sobre todo de la fidelidad que el entorno familiar de la pareja del acusado tenía para él y que ha sido traicionada. La madre de la pareja del acusado entrega su dinero con la tranquilidad y la confianza que éste le genera, siendo impensable para ella que iba a actuar de manera contraria al buen hacer y a la buena fe que ella le presumía. Concurre por tanto el necesario plus legal exigido para la apreciación de esta especial circunstancia, ya que el acusado utiliza la ventaja añadida que le ofrece ese confiado entorno para facilitar el aprovechamiento perseguido, para potenciar el ardid engañoso utilizado y para conseguir el objetivo patrimonial deseado y buscado.

Lo cual es suficiente para considerar que el delito cometido se corresponde con una estafa en su modalidad agravada, al concurrir la circunstancia 6ª, (abuso de las relaciones personales existentes entre el autor y la víctima), del art. 250.1 del Cp.

QUINTO.- Llegados a este punto, y determinada la responsabilidad criminal del acusado por un delito de estafa agravada, previsto y penado en el art. 248.1 y 250.1 6º, en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se ha de tener presente que se castiga al responsable de este tipo de delitos con la pena de prisión de un año a seis años de prisión y multa seis a doce meses. Y que el art. 66.1. regla 6ª señala que cuando no concurren ni agravantes ni atenuantes se podrá aplicar la pena en la extensión que se estime más adecuada, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Así las cosas, este Tribunal opta, partiendo de todo lo expuesto y de las circunstancias que se han puesto de relieve en los hechos probados, por imponer al acusado la pena de un año y seis meses de prisión y multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de seis euros, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria que deriva del art. 53 del C. Penal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Esta pena irá acompañada de las accesorias correspondientes

SEXTO.- En materia de responsabilidad civil, de acuerdo con el principio general, recogido en el primer inciso del artículo 116.1 del Código Penal, toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios.

Resulta claro por tanto que el acusado, Sr. Ismael, responsable criminal único del delito de estafa, lo es también civilmente y debe responder por el importe dinerario del que ha dispuesto a su antojo y que en definitiva ha hecho suyo. Este importe se corresponde con el principal de 35.000 euros que deberá abonar a la perjudicada Doña Tatiana. Suma que devengará el intereses legal previsto en el art. 576 del la LE Criminal.

Centrando ahora la responsabilidad civil en la derivada de los hechos abarcados por la excusa absolutoria, se ha de traer a colación la reciente STS 94/2023, 14 de febrero, en la que se dice:

Aunque se han producido no pocas oscilaciones jurisprudenciales, esta Sala se ha abierto a la posibilidad de ventilar las responsabilidades civiles dentro del proceso penal cuando se aprecia la excusa absolutoria del art. 268. El último botón de muestra viene representado por el pronunciamiento de laSTS 599/2022, de la que se extrae lo que sigue: "Como señalaba la STS 928/2021, de 26 de noviembre, con cita expresa de las SSTS 412/2013, de 22 de mayo; 618/2010, 23 de junio; 91/2006, de 30 enero y 334/2003, 5 de marzo , ...que esta Sala ha admitido la posibilidad de que la excusa absolutoria produzca sus efectos ya en la fase de instrucción o en la fase intermedia, mediante la oportuna resolución de sobreseimiento al amparo del artículo 637.3 de la LECRIM, siempre que estén acreditados suficientemente los presupuestos básicos que requiere la aplicación de aquella ( STS 91/2006, de 30 de enero); así como que una vez acordada la absolución por el delito contenido en la acusación, no es posible un pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil que se hubiera derivado del mismo, debiendo acudir a la jurisdicción civil para obtener el resarcimiento que fuera procedente ( SSTS 172/2005, de 14 de febrero, o 430/2008, de 25 de junio). De modo que la exención de responsabilidad penal, cuando sus presupuestos fácticos estén claramente establecidos y no resulten razonablemente cuestionados, no autoriza a la prosecución del proceso penal con la única finalidad de establecer la responsabilidad civil, salvo en los casos expresamente contemplados en la ley (en igual sentido la STS. 1288/2005, de 28 de octubre). No obstante ello, en la sentencia que nos sirve de referencia resaltábamos que no faltan precedentes que admiten la declaración de responsabilidad civil una vez que el Tribunal ha procedido a establecer unos hechos determinados y aplica luego la excusa para absolver al acusado. Así, hacíamos mención a la STS 361/2007, de 24 de abril, que recordó que el artículo 268 del Código Penal establece de forma expresa que la exención de responsabilidad penal no alcanza a la responsabilidad civil derivada de los hechos cometidos, pues el precepto detalla que "están exentos de la responsabilidad penal y sujetos únicamente a la responsabilidad civil...", tratándose de una afirmación normativa que puede ser entendida en el sentido de autorizar al Tribunal del orden jurisdiccional penal a que, una vez apreciada la excusa y declarada la existencia de un hecho típicamente antijurídico y culpable, se pronuncie sobre la responsabilidad civil mientras no se haya producido una renuncia o reserva de la acción civil. También a la STS 198/2007, de 5 de marzo , ratificando doctrina anterior de la STS 719/1992, 6 de abril , que subrayaba "...lo mismo si se considera a la llamada "excusa absolutoria " como excusa "personal" que libera de pena, consecuencia y no componente del tipo delictivo, como lo entienden las SSTS de 23 de junio de 1972 y 10 de mayo de 1988, como si se conceptúa a la "punibilidad" como elemento esencial e integrante de la infracción... ejercitada la acción penal, conjuntamente con la civil... según lo prevenido en el art. 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no hay obstáculo alguno para que el Tribunal del orden penal, junto con el pronunciamiento absolutorio del acusado del delito imputado, por juego de la excusa, determine la pertinente responsabilidad civil y fije la correspondiente indemnización, si existe datos suficientes para su concreción, pues resultaría ilógico y contrario a la economía procesal remitir a los interesados a un ulterior juicio civil, como dice la Sentencia antes citada, de 10 de mayo de 1988 ". Una doctrina jurisprudencial que resaltamos que encuentra inspiración en consideraciones legales sobre la adecuada protección de la víctima y en argumentos de economía procesal, pues (como reconoce la STS. 618/2010, de 23 de junio), la aparente contradicción entre ambas afirmaciones encontraría una explicación razonable en que, en algunos supuestos, se presenta la necesidad de practicar la prueba en el juicio oral para establecer de forma terminante la concurrencia de los presupuestos fácticos de la excusa absolutoria -e incluso la existencia del delito, la autoría y la extensión de la propia responsabilidad civil- y, además, la conveniencia de no repetir un proceso que, en sus extremos más trascendentales, entre los que se encuentran los aspectos civiles, ya se había desarrollado en su integridad, con respeto a los derechos de todos los afectados. A la sentencia que conduce la reflexión anterior, se han venido añadiendo muchas otras. La STS 851/2016, de 11 de noviembre , indica que "resulta evidente que para poder aplicar la excusa absolutoria de referencia, antes se precisa mediante el seguimiento del proceso debido en todas sus fases, el desarrollo de una prueba que justifique la existencia del delito imputado y, a pesar de ello, la extinción de la derivada y correspondiente responsabilidad penal, con declaración e inclusión en el fallo de la subsistente responsabilidad civil". La STS 63/2018, de 12 de diciembre , precisa que "si concurriera la excusa absolutoria, podría llevarse a cabo pronunciamiento acerca de la responsabilidad civil." La STS 436/2018, de 28 de septiembre , subrayaba que "entre los parámetros de actuación para la aplicación de la excusa absolutoria, está que no quede excluida la responsabilidad civil, la cual puede ser reconocida en la sentencia penal que haya recogido la excusa, o bien si se acepta en la fase de instrucción, dejando abierta la vía civil para ello". Y, por su parte, la STS 669/2014, de 15 de octubre , como también la STS 616/2018, de 11 de abril , proclaman que "la excusa absolutoria del art 268 del Código Penal no interfiere en lo relativo a la responsabilidad civil, porque que queden sin punición los hechos comprendidos, no los transmuta, entre los sujetos relacionados por alguna de las clases de parentesco descritas, en lícitos; las notas de antijuricidad, tipicidad y culpabilidad por esa mera circunstancia parental no desaparecen, aunque se exima de penal".

Por consiguiente, y conforme al criterio jurisprudencial expuesto, en el presente caso no concurre razón alguna para suprimir de esta sentencia el pronunciamiento civil relativo al hecho ilícito afectado por la excusa absolutoria referida. Y, como han sido practicadas pruebas, con contradicción de las partes, razones de protección de la víctima y de economía procesal aconsejan aprovechar la ocasión y la presencia en el proceso de los sujetos implicado, para delimitar el alcance de la responsabilidad civil por la actuación fraudulenta hecha por el acusado y que se proyecta contra su pareja Tatiana.

Y así deberá reparar el daño causado de la siguiente forma:

1º.- Abonando las sumas de 3.100 euros, de 438,86 euros y 937,39 euros, lo que da un total de 4.476,25 euros, suma que devengará el interés legal conforme a lo postulado en el art. 576 de la LE Civil.

2º.- Sufragar el coste total (principal reclamado, 39.441,53 euros, intereses, costas y demás gastos) que deriven del ejercicio a la demanda civil, que se tramita por los cauces del procedimiento monitorio y con el número 946/2019 en el Juzgado de Primera Instancia Trece de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que en su caso quedará determinado en ejecución de sentencia.

3º.- Sufragar el coste total (principal reclamado, intereses, costas y demás gastos) que deriven del ejercicio de la demanda civil entablada por el impago correspondiente al préstamo de 15.000 euros obtenido de Caixa Bank. A tal fin se deberán facilitar los datos en torno a tal procedimiento con indicación del Juzgado y estado del mismo. En ejecución de sentencia se concretará lo procedente.

4º.- En relación a los créditos con diferentes entidades por importe de 6.236 euros concedido el 20 de septiembre de 2017 por EVO Bank (Bankinter); por importe de 4.247 euros concedido 1 de mayo de 2017 Wizink Bank; línea de crédito por importe de 3.133 euros y refinanciación por importe de 3.500 euros concedida por Cetelem, se deberá concretar su situación actual, debiendo detallar los importes pendientes de pago y pagos hechos por la perjudicada, con el fin de concretar en ejecución de sentencia el importe a satisfacer.

SÉPTIMO.- Las costas se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de un delito o falta en la forma que se establece en los artículos 123 y siguientes del Código Penal y de acuerdo con lo establecido en el art. 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este caso, se imponen también las costas que se han causado a la acusación particular, dada su importancia a la hora de complementar la acusación penal y la responsabilidad civil derivada del delito cometido y del hecho ilícito abarcado por la excusa absolutoria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, se dicta el siguiente: