Sentencia Penal 107/2023 Audiencia Provincial Penal de León nº 3, Rec. 29/2021 de 10 de marzo del 2023

PRIMERO. - Valorando en su conjunto y conforme a lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no se obtiene la convicción de que los hechos objeto de acusación hayan sucedido en los términos en que se describen en el escrito de acusación formulado por la entidad mercantil Hotel Puerta De Sahagún, S.A. (administrac ión desleal o apropiación indebida continuada). Como consideración previa, debe comenzarse por recordar que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya practicado prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea razonablemente suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia, presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que, además, es el eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. Son reiterados los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en el sentido de que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad. En el mismo orden de cosas, hay que tener en cuenta que de dicha presunción de inocencia deriva el principio "in dubio pro reo", que se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de la prueba. El derecho constitucional a la presunción de inocencia determina que en el proceso penal la carga de la prueba pese sobre la acusación, no pudiendo ser nadie condenado mientras no se aporten al mismo pruebas suficientes de su culpabilidad, desenvolviendo su eficacia cuando existe esa falta absoluta de acervo probatorio o cuando las pruebas practicadas no reúnen las más mínimas garantías procesales. Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el "iter" discursivo que conduce de la prueba al hecho probado ( SSTC 133/1994, de 9 de mayo; 189/1998, de 28 de septiembre; 135/2003, de 30 de junio; 137/2005, de 23 de mayo; y 229/2003, de 18 de diciembre). En relación al principio "in dubio pro reo", aclara el Tribunal Constitucional, que existe una diferencia sustancial entre el mismo y el derecho a la presunción de inocencia, pues la presunción desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales; y el principio de valoración o apreciación probatoria "in dubio", actúa, cuando, concurrente la actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.

SE GUNDO. - Desde la perspectiva expuesta, deberán analizarse las cuestiones fundamentales que se han debatido en el juicio y que se analizarán en la valoración de la prueba en este y en los siguientes fundamentos jurídicos, y que consisten básicamente en determinar si D. Lorenzo, como responsable de administración y contabilidad del Hotel Puerta de Sahagún, o administrador de hecho en el año 2013, procedió por propia iniciativa a la apertura de una cuenta corriente en la Caja Mar, de Villada, identificada como NUM005, sin comunicárselo a D. Damaso ni a ninguna persona de los órganos de administración de la sociedad o a empleados del grupo financiero Damaso, y si, excediéndose en sus facultades, causó por ello un perjuicio a la sociedad Hotel Puerta de Sahagún S.A. al haberse apropiado, con el pretexto de que se le adeudaban salarios, las cantidades que se ingresaron por las cinco bodas, cuya celebración y banquetes se produjeron el verano de 2013, siendo el importe total pagado de 87.150 €.

En el análisis y valoración de la prueba destacamos lo siguiente:

D. Lorenzo declaró que era director de administración y explicó sus funciones. Que constató la evolución negativa en 2013 y que la Directora del Hotel que era Clara, hija de Damaso, Consejero Delegado y accionista mayoritario, dejó de encargarse de la dirección del Hotel, teniendo que encargarse Lorenzo de la organización de la celebración de cinco banquetes pendientes, previamente comprometidos. Que el Hotel tenía las cuentas embargadas, AEAT y la TGSS y que ello era conocido, tanto por D. Damaso como por su hija. Que esa fue la razón de abrir una cuenta en la misma sucursal bancaria a su nombre, asumiendo el riesgo de utilizar su cuenta para ingresos y pagos proveedores y servicios de la sociedad y, si bien reconoce que no hay ninguna autorización escrita, insiste en que estaba autorizado por D. Damaso y su hija, y que Dª Noelia era también conocedora de la forma de proceder. Que la propia sociedad Hotel Puerta de Sahagún le transfirió una cantidad de unos 8.000 € para abonar desde esa cuenta pagares emitidos a favor de Asmain y otros que se habían emitido a su favor por los salarios debidos En cuanto a las cantidades abonadas por las bodas, declaró que le fueron entregados cantidades a cuenta pagarés y que parte del precio fue trasferido a la cuenta de la que era titular, pero que también se encargó de pagar a proveedores y los servicios, tales como seguridad, extras camareros, y que no se quedó con dinero alguno. Que le despidieron en abril de 2014 y que se encargó una nueva gestora del Hotel. Que en principio iba a seguir con ellos, pero dijeron que el coste salarial era elevado. Que dejó toda la documentación en el Hotel, pero no podía entrar en su despacho porque le cambiaron la cerradura. Que, cuando le despidieron en abril de 2014 y se hizo cargo la nueva Gestora, no le dieron oportunidad de justificar que no se había quedado con el dinero de las bodas, ni de explicar los gastos y pagos que realizó. Incide especialmente en que no quisieron efectuar una auditoria y reconoce. que como le debían una cantidad importante del sueldo, cargó en la cuenta de remuneraciones pendientes de pago una cantidad aproximada de 11.000 € para rebajar la deuda que el hotel tenía con él.

D. Damaso declaró que, al cerrar el Hotel, no querían seguir con las bodas, pero que Lorenzo le dijo que les podían reclamar los clientes por los anticipos dados. Que finalmente se celebraron las bodas, y que tuvo que pagar a los proveedores, pescado, flores, cervezas, etc., por un importe de unos 160.000 €. Que no autorizó a utilizar una cuenta distinta a Lorenzo. Que el salario de Lorenzo era excesivo que se lo subió para poder obtener ventajas en las prestaciones de seguridad social y del paro, que no le comunicó ninguna reducción del sueldo. Que la nueva gestora tuvo que hacer un acta y pagar a acreedores. Que el despido fue por causas objetivas y que se enteró después del despido de que Lorenzo se quedó con el dinero de las bodas y que además no había pagado a los proveedores, ni siquiera el pan o las flores, que la sociedad tuvo que hacerse cargo de todos los gastos. En su declaración no aclaró que se debiesen salarios a Lorenzo, o que existiese un documento de reconocimiento y aplazamiento de deuda por sueldos debidos a Lorenzo.

Dª. Noelia, declaró que es la Directora Financiera del grupo financiero Julio Crespo S.A. pero que en 2013 no llevaba la dirección financiera del Hotel siendo el responsable de la misma Damaso. Que los dueños del Hotel Puerta de Sahagún no querían celebrar porque el hotel estaba cerrado y ya no había clientes. Niega categóricamente que hubiese autorizado ella o Damaso a Lorenzo para gestionar las bodas desde una cuenta de su titularidad ni distinta a las de la sociedad, ni que le hubiese permitido compensar los ingresos por las bodas o el remanente con los salarios debidos. Afirma que desconocía que las cuentas del Hotel estuviesen embargadas hasta que, en julio de 2013, Lorenzo le informó del embargo. Sobre los correos electrónicos de 21, 23 de julio y 9 de agosto de 2013, expuso que Lorenzo propuso que se le autorizase la utilización de una cuenta personal que tenía en Caja Mar, para cobrar un pagaré a fin de abonarle unos salarios debidos y dos pagares en favor de la entidad mercantil Asmain. Que se accedió a ello y fueron incidencias puntuales por la situación de embargo y que se solventarían cuando se levantase el embargo que afectaba a la cuenta principal del Hotel. Que existía otra cuenta en el BBVA que asumía un préstamo hipotecario en la que se podrían hacer ingresos. En relación con las supuestas contradicciones con su declaración en el juzgado de instrucción, afirmó que ella tuvo conocimiento de la utilización de una cuenta particular de Lorenzo en la que se percibía el dinero de las bodas, a mediados de 2014 cuando se los dijo Damaso. Que Lorenzo no ha presentado una liquidación de las bodas y que, de la documentación que ha examinado, no resulta que las cantidades percibidas por las bodas se revirtiesen a cuentas del Hotel, y cuando se la preguntó por el Libro Mayor de 213 respondió no recodar si reflejaba alguna anotación respecto a deudas salariales de Lorenzo.

D. Pelayo, declaró que era el Director de la Oficina de Cajamar en Villada, si bien dado el tiempo transcurrido, declaró que no recordaba si la cuenta del Hotel estaba embargada, sin que el resto de sus declaración tenga trascendencia alguna. Los demás testigos que fueron los contrayentes de las bodas han reconocido los pagos y que los tratos fueron con Lorenzo, si bien en algunos casos, los contactos iniciales fueron con Clara.

En cuanto a la prueba documental, no se ha impugnado la autenticidad de ninguno de los documentos obrantes en la causa y destacamos los folios 603 a 605 y 621 a 631 que reflejan las deudas de la AEAT y TGSS y los embargos realizados de tres cuentas bancarias y del edificio del Hotel; los folios 824 a 831y 2002 a 2011 que recogen los movimientos de la cuenta de D. Lorenzo en Caja Mar NUM005; el folio 2184 que contienen el acuerdo de reconocimiento y aplazamiento de deuda firmado por D. Lorenzo y D. Damaso en representación de Hotel Puerta de Sahagún, S.A .; los folios 804 a 806 y 2185 y 2186 que recogen los emails de 21, 23 de julio y 9 de agosto entre con Dª. Noelia y D. Lorenzo; los folios 980 a 982 que reflejan el histórico de movimientos de 2013 de la cuenta del Hotel Puerta de Sahagún, S.A. en el BBVA NUM003; y los folios 2212 a 2219 que contiene copias de la Sentencia de 12 de diciembre de 2018 Juzgado de lo Social nº 3 de León y de la Sentencia de la Sala Social del TSJ de Valladolid, de 12 de diciembre de 2019 desestimó el recurso de suplicación.

TERCERO. - Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta en lo que se refiere a los delitos objeto de acusación, en primer lugar, que el delito de administración desleal, por el que se formula acusación principal, está tipificado actualmente en el art. 252 C.P. sanciona a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. El precepto fue introducido "ex novo" en la reforma operada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Dicho precepto, ha dotado de una nueva configuración al delito de administración desleal, al eliminarlo del ámbito de los "delitos societarios" donde se encontraba sistemáticamente ubicado, derogando el art. 295 CP que se ocupaba de este delito, y trasladándolo ahora al Título XIII de los "delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico" como figura específica recogida en el art. 252 C.P., dentro del capítulo VI de los delitos de "defraudación". La administración desleal ha dejado de ser, pues, un delito societario para convertirse en un delito patrimonial aplicable a todos los casos de administración desleal de patrimonios en perjuicio de su titular, cualquiera que sea el origen de las facultades administradoras, y no circunscribiéndose sólo al campo societario. En la fecha de los hechos enjuiciados -2013-, el delito de administración desleal se encontraba tipificado como delito societario en el art. 295 C.P. y se sancionaba a los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. En cualquier caso, se trata de un delito de resultado, que exige para su consumación la causación de un perjuicio económico evaluable y en cuanto al elemento subjetivo del tipo penal, tal como resulta de la STS 947/2016, de 15 de diciembre, no se exige ánimo de lucro bastando el dolo genérico de actuar con el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona.

CUARTO.- Por su parte, el delito de apropiación indebida, por el que se formula acusación de forma subsidiaria, está actualmente tipificado en el art. 253 C.P. y en la fecha de los hechos en el art. 252 C.P. sancionando a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Este delito se caracteriza por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Así se distinguen dos momentos, el inicial cuando se produce la recepción válida y el subsiguiente cuando se produce la apropiación con ánimo de lucro, de lo recibido, lo que constituye deslealtad o incumplimiento del encargo recibido. En este sentido la STS de 14 de diciembre de 2020 nos recuerda que el delito de apropiación indebida requiere, "la existencia concatenada de cuatro elementos: a) Recepción por un sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción que se produce de forma legítima. b) Que ese objeto haya sido recibido, no en propiedad, sino en virtud de un título jurídico que obliga a quien lo recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona. c) Que el sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación con ánimo de lucro o de distracción dando a la cosa un destino distinto. d) Que esta conducta ocasione un perjuicio patrimonial a una persona. e) Y finalmente se requiere el ánimo de lucro, entendido en el más amplio sentido de cualquier ventaja, beneficio o utilidad que debe presidir e impulsar toda la actuación del individuo. Y también debemos traer a colación, por lo que más adelante se dirá, que la jurisprudencia ( SSTS 173/2000 de 12 de febrero, 1566/2001 de 4 de septiembre, la 2163/2002 de 27 de diciembre, 930/2003 de 27 de julio, la 1456/2004 de 9 de diciembre y la 142/2007 de 12 de febrero, y las más recientes SSTS 753/2013 de 15 de octubre, de 23 de julio de 2014 y de 9 de febrero de 2016, rec. 901/2015) excluye la tipicidad de la conducta en aquellos casos en los que, existiendo deudas recíprocas pendientes de liquidación, sea imposible, ante la complejidad de la relación jurídica, determinar si estamos ante una deuda pendiente o ante una apropiación ilícita. Por ello, la imposibilidad de fijar una cuantía líquida y exigible constituye, en palabras del Tribunal Supremo, "un obstáculo insuperable a la tipicidad de los hechos, en la medida en que llegan a diluir los contornos del dolo y la existencia misma de ánimo de lucro". En términos generales, cuando se está en presencia de relaciones jurídicas complejas, en las que se confunden las diferentes posiciones de crédito y deuda hasta el punto de no poder determinar qué cantidad perteneciente a una de las partes ha sido objeto de distracción por parte de la otra, la jurisprudencia entiende que, no es posible afirmar que haya existido un ánimo apropiatorio de lo ajeno (elemento subjetivo del tipo), pues realmente se desconoce en qué medida lo es. En estos concretos supuestos, las operaciones para llevar a cabo la liquidación de cuentas deben desplazarse a la jurisdicción civil pues, atendiendo al principio de presunción de inocencia y al de intervención mínima, no cabe derivar a la jurisdicción penal, bajo el paraguas del delito de apropiación indebida, la resolución de un conflicto de naturaleza negocial. En general, el Tribunal Supremo considera que la trascendencia de tal elemento debe ser valorada en cada caso particular, pues la existencia de una postergada liquidación de cuentas no opera como justificación automática, al contrario, sólo procederá cuando se trate de relaciones jurídicas ciertas y complejas, confusas y duraderas en el tiempo. En estos supuestos, es carga de la acusación acreditar que hubo un ánimo de apropiación y de ventaja, bajo el artificio de la liquidación postergada, a costa del patrimonio del sujeto pasivo. En consecuencia, la regla general cuando hay un entrecruce de intereses entre las partes con deudas y créditos recíprocos, es que es absolutamente necesaria la previa y definitiva liquidación para realizar el tipo objetivo de la apropiación, que sólo se produciría cuando, tras la definitiva liquidación el imputado intenta hacer suyos y no entregar el crédito que se le ha reconocido a la parte contraria.

QUINTO.- Pues bien, aplicando las anteriores consideraciones legales a los hechos que se han declarado probados, no hemos considerado probado que D. Lorenzo actuase fuera del perímetro competencial de los poderes o facultades de su cargo, excediéndose de lo que es ejecución de actos en el marco propio de las atribuciones encomendadas -exceso intensivo, en palabras de la jurisprudencia- produciendo un perjuicio patrimonial a la sociedad, que derivaría su conducta a una administración desleal. Y tampoco se ha probado que D. Lorenzo hubiese incurrido en un "exceso extensivo" que, de haberse producido, situaría su acción en un delito de apropiación indebida. En primer lugar, no resulta fácil atribuir a D. Lorenzo la condición de administrador societario, ni siquiera fáctico, cuando se limitó exclusivamente a gestionar cinco celebraciones y banquetes de boda que habían quedado pendientes al cierre de la actividad ordinaria de hospedaje y restauración del Hotel Puerta de Sahagún. Pero, aunque, conforme a la nueva naturaleza de delito patrimonial que tiene actualmente el delito de administración desleal, se entendiese que tenía facultades para administrar un patrimonio ajeno y que en esos cinco banquetes actuó como administrador de hecho, tampoco ha resultado probado que el exceso en sus funciones ocasionase un perjuicio patrimonial a la sociedad, al menos tal como debería estar acreditado para la aplicación de esta figura delictiva. Así, de la documental y testifical practicada en el juicio, apreciamos que ha resultado probado que el 26 de abril de 2013, D. Lorenzo y D. Damaso, en representación de Hotel Puerta de Sahagún, S.A., firmaron un documento de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago en el que, a fecha del acuerdo, le reconocían a D. Lorenzo 45.205,40 € y para su pago se le entregaron treces pagarés con cargo a la cuenta del Hotel Puerta de Sahagún, S.A. en la entidad financiera Caja Mar de Villada NUM002. A los folios 621 y 622 se puede comprobar que, en esa misma fecha de 26 de abril de 2013, se había embargado por la TGSS la cuenta referida, como consecuencia de deudas generadas desde septiembre de 2011, siendo el importe que por todos los conceptos se trataba de garantizar de 38.617,13 €. Cuatro días después, el 30 de abril de 2013, D. Lorenzo procede a la apertura de cuenta corriente en la misma entidad Caja Mar, de Villada, identificada como NUM005. Por tanto, no se trataba de una cuenta particular que tuviese abierta en la entidad con anterioridad. De la proximidad de las fechas se puede inferir sin dificultad que lo que se pretendía era eludir la eficacia del embargo realizado y los que se pudiesen producir, y a tal fin la sociedad Hotel Puerta de Sahagún, S.A. utilizaría en determinadas operaciones una cuenta bancaria en la que no aparecía como titular. Siendo ello así, no es posible sostener, por la sociedad, por sus órganos o por los responsables de la contabilidad o situación financiera del grupo empresarial, que se desconocía la utilización de la cuenta en lo que podríamos denominar la gestión final o liquidatoria del Hotel. Y esta conclusión de llega, si se examinan los emails entre D. Lorenzo y Dª Noelia y el listado de movimientos de la cuenta en los que se ingresan, no solo cantidades provenientes de los banquetes a celebrar, sino cantidades del Grupo Julio Crespo al que pertenecía la sociedad que gestionaba el Hotel, para que se atendiesen pagarés emitidos a favor de Asmain, S.L. También se cargaron recibos de consumos o servicios del Hotel e incluso se atendía los pagarés emitidos a favor de Lorenzo para el cobro de los salarios debidos. Por todo ello no resulta creíble que no se hubiese autorizado a D. Lorenzo a utilizar esa cuenta, que se aperturó en aquellas fechas en las que la situación financiera de Hotel Puerta de Sahagún S.A. era complicada, como demuestra el hecho de que se hubiese decidido el cierre o cese de la actividad del Hotel y los embargos que durante el año 2013 se produjeron, no solo de la cuenta principal de la sociedad, como se sostiene por la defensa de la acusación particular, sino además en otras cuentas del BBVA y del Banco de Santander (folios 623 y 624), embargándose incluso el propio edificio del Hotel, por deudas generadas también por la AEAT. En este orden de cosas, no es verosímil, como sugiere la acusación particular, que existiese la posibilidad de operar con la cuenta de la sociedad en el BBVA NUM003, que además de utilizarse exclusivamente para la amortización de un préstamo hipotecario (véase el histórico de movimientos de 2013, folios 980 a 982), se había embargado por la TGSS el 30 de mayo de 2013.

SE XTO. - En definitiva, consideramos que la cuenta de Caja Mar NUM005 se utilizó de forma fraudulenta para eludir los embargos de la sociedad, posibilitando el pago de deudas de determinados acreedores, entre ellos el propio D. Lorenzo, y gestionar, aunque fuere de forma parcial, los gastos e ingresos de las cinco bodas pendientes, pues existieron entregas en efectivo. Pero es que, además, aunque el propio D. Lorenzo admita que unos 11.000 € los derivó a reducir su crédito salarial, y no se admita por la sociedad que estaba autorizado para efectuar tal compensación, lo cierto es que también está probado que después de su despido en abril de 2014, que se declaró improcedente, el 16 de junio de 2014 presentó demanda de reclamación de salarios contra la entidad mercantil Hotel Puerta de Sahagún, S.A, dando lugar al procedimiento ordinario 521/2014 que terminó con sentencia de 12 de diciembre de 2018 Juzgado de lo Social nº 3 de León que condenó a la sociedad a pagar al demandante por salarios debidos en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2013 la cantidad pedida de 44.241,96 € y al 10 % por mora. Se puede apreciar que en la sentencia se cuantificaba las cantidades debidas en 55.328,36 €, si bien se condenó al pago de aquella cantidad inferior, por ser la efectivamente reclamada. De esta manera, entendemos que no se ha acreditado ni el perjuicio real para la sociedad con la actuación unilateral de D. Lorenzo, y tampoco se ha demostrado que Hotel Puerta de Sahagún, S.A,. tuviese que hacer frente a salarios o gastos derivados de las bodas, que hubiese dejado de atender D. Lorenzo. No se han justificado reclamaciones por los camareros y proveedores por impago en relación a los bienes y servicios prestados en las bodas, no ha existido auditoria de las cuentas, no han declarado los responsables de la gestora que se hizo cargo del Hotel. De esta manera, frente a la prueba en que se fundamenta la acusación, la propuesta y practicada por la defensa ofrece unos contraindicios de tal potencialidad significativa, que no permiten tener por acreditado el abuso de funciones, ni el perjuicio patrimonial que exige el tipo de la administración desleal, lo que unido la confusión de deudas y la inexistencia de una liquidación clara impide la condena del acusado, no solo por el tipo de la administración desleal, sino también por el de apropiación indebida.

SÉ PTIMO. - Las costas deben declararse de oficio, en aplicación del art. 123 C.P., 239 y 240 LECr., al no apreciarse mala fe ni temeridad en la acusación particular. Cuando el acusado resulta absuelto, la regla general será que, solo de forma excepcional procede su imposición a la acusación particular, al actor civil o/y a la acusación popular, y para ello debe resultar que han obrado con temeridad o mala fe a juicio del Tribunal. En el presente juicio, consideramos que no ha lugar a imponerlas a la acusación particular, ya que no se aprecia temeridad o mala fe en su actuación en la causa. La circunstancia de que no se haya formulado acusación por el Fiscal no es determinante de mala fe o temeridad en el ejercicio de la acusación particular. Téngase además en cuenta que esta misma Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León de 3 de diciembre de 2018 (RT 660/2018) estimó el recurso de apelación interpuesto por Hotel Puerta de Sahagún S.A., contra el auto del Juzgado de Instrucción de Sahagún de 9 de noviembre de 2017 que había acordado el sobreseimiento y ordenó que siguiese la tramitación de la causa como procedimiento abreviado.

En atención a todo lo que antecede, así como por lo dispuesto en los preceptos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español a través de la Constitución y en nombre de S.M. el Rey, acordamos lo siguiente: