Sentencia Penal 336/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 6, Rec. 1368/2022 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.- Las pruebas practicadas en la presente causa, apreciadas en conciencia por este Tribunal, han acreditado los hechos que se declaran probados en el anterior apartado de esta sentencia; debiéndose destacar los particulares que siguen.

SEGUNDO.- En la motivación sobre la valoración de las pruebas, debe hacerse referencia en primer lugar a las grabaciones de unas imágenes que aparecen en la causa, cuyo visionado se llevó a cabo en el juicio oral, a las que este Tribunal considera que no se le puede atribuir el carácter de pruebas de cargo con virtualidad para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado Alonso. A tal consideración se llega al tenerse en cuenta que se trata de las grabaciones de unas imágenes que aparecían en las redes sociales, de las que se han sacado dichas grabaciones, uniéndose a la causa sin más, sin la práctica de diligencia alguna que garantice mínimamente que las imágenes que aparecían en las redes sociales sean grabaciones de imágenes auténticas, ni de que se correspondieran con los hechos enjuiciados en la presente causa. Ni siquiera consta en la causa la persona o personas que hubieran podido llevar a efecto las indicadas grabaciones, tratándose de grabaciones absolutamente anónimas, no habiendo comparecido en el procedimiento ninguna persona que se responsabilizara de la autenticidad de las imágenes grabadas, explicando y acreditando, en su caso, que las imágenes se correspondieran con los hechos ahora enjuiciados. Ni siquiera se trata de grabaciones de todos los hechos que, en su caso, pudieran haber tenido lugar, pues se trata de grabaciones muy cortas, de muy escasos segundos, cuando, según lo que se afirmó por la acusada Sandra en el acto del juicio oral, los hechos tuvieron una duración aproximada de media hora, lo que implica que dichas grabaciones aportarían una versión sesgada de los hechos. Y evidentemente, careciendo las indicadas grabaciones del carácter de pruebas de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado Alonso, carece del mismo carácter el testimonio en el juicio oral el Policía Nacional nº NUM009 en el que vino a manifestar que reconocía al acusado en dichas imágenes tras visionar las mismas.

Es más. Aun en el caso de que se admitieran como pruebas válidas las expresadas grabaciones de imágenes, las mismas no acreditarían que el acusado Alonso hubiera ejecutado los hechos sobre los que se formula acusación contra él. Este Tribunal ha visionado las grabaciones en el juicio oral, y ha constatado que la escasa calidad de las mismas y la escasísima duración de las imágenes no permiten observar y constatar suficientemente los rasgos identificativos del varón que aparece en las imágenes golpeando a una mujer, como tampoco se puede constatar que dicha mujer fuera Sandra. De las imágenes que aparecen en las grabaciones no resultan datos que permitan relacionar las imágenes con los hechos por los que se formula acusación.

Y del examen de las pruebas practicadas en el juicio oral, debe concluirse que no aparece practicada prueba de cargo alguna que acredite que el acusado Alonso, que se corresponde con el Agente de la Policía Nacional NUM008, hubiera agredido e insultado a Sandra en los términos por los que se ha formulado acusación contra el mismo. A tales efectos es de destacar que la propia Sandra no aporta en su declaración ningún dato que permita atribuir al acusado Alonso los hechos que se le imputan en la acusación, pues de tal declaración resulta que no supo la persona que la agrediera, ni siquiera si fue una persona o varias. El acusado Alonso negó contundentemente en el juicio oral haber agredido o insultado a la acusada Sandra. Ninguna de las demás personas que declararon en el juicio oral manifestaron que el Agente NUM008 le gritara "puta" y le propinara un puñetazo en su rostro y una patada en su cuerpo, lanzándola fuertemente a continuación contra el coche policial. Únicamente el Agente NUM013 manifestó que el acusado Alonso golpeó en la parte baja de la pierna a la acusada Sandra como maniobra de distracción para conseguir reducirla y engrilletarla dada la resistencia y agresividad que ofrecía.

Ya se ha expresado anteriormente en esta sentencia las razones por las que no pueden valorarse como prueba de cargo las grabaciones de imágenes obtenidas de las redes sociales. Pero, en todo caso, es de señalar que no obra en la causa ningún informe o prueba pericial sobre la identificación de las personas que aparecen en dichas imágenes. El propio Agente NUM014 vino a manifestar en el juicio oral que no se consiguió la identificación ni de la "victima" ni del "agente" dada la escasa calidad y la escasa duración de las grabaciones, y que la identificación del agente la hizo simplemente por lo que le manifestaron por la Unidad de Régimen Disciplinario en relación con lo que constaba en el expediente disciplinario. Incluso debe tenerse en cuenta que al folio 886 de las diligencias previas consta un oficio policial haciendo constar que la tramitación del procedimiento disciplinario se encuentra en estado de pendencia a la espera de la resolución judicial, lo que supone que en dicho expediente no se ha dictado aun resolución sancionadora alguna.

Consideraciones las expuestas por las que debe concluirse que no se ha practicado prueba de cargo suficiente para acreditar la ejecución por el acusado Alonso de los hechos por los que se ha dirigido contra él la acusación por la comisión del delito contra la integridad moral y el delito leve de lesiones. Lo que debe llevar a la absolución del citado acusado. Sin declaración a su cargo de responsabilidad civil que pudiera haberse derivado de la comisión de tales delitos.

TERCERO.- En relación con la acreditación de los hechos enjuiciados relativos a los delitos imputados a los acusados Sandra, Luis Alberto y Pedro Antonio, se puede señalar que entre las diversas pruebas personales practicadas en el juicio oral tuvieron lugar dos grupos de pruebas. Por un lado, las declaraciones de los indicados acusados, que en lo esencial vinieron a negar los hechos que se les imputan. Y por otro lado las declaraciones de los agentes de policía, que vinieron a mantener la realidad de tales hechos.

Dichas pruebas han sido valoradas en conciencia por este Tribunal, siguiendo el criterio establecido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha otorgado credibilidad a los testimonios de los agentes de policía. Ello ha sido así en virtud de la inmediación judicial en la práctica de las pruebas personales, de la que no resultó ninguna circunstancia para dudar de la veracidad de los agentes en relación con los hechos que declararon; relacionándose con que tales agentes conocieron de los hechos e intervinieron en ellos en cumplimiento de sus obligaciones como agentes de policía, sin ninguna relación previa con ninguno de los acusados que pudiera hacer ni siquiera sospechar en un interés de los agentes en faltar a la verdad para imputar a los acusados hechos que no se correspondieran con la realidad de lo sucedido, arriesgándose incluso a ser acusados de un delito de falso testimonio en caso contrario, a diferencia de lo que ocurre con los acusados, pues éstos, por tal condición procesal, están amparados por el derecho a no confesarse culpables y a no declarar contra sí mismos, siendo por ello conscientes de la inexistencia de ningún riesgo jurídico en caso de faltar a la verdad con la finalidad de eximirse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de los hechos enjuiciados. Siendo además corroborados los testimonios de los agentes por otras pruebas practicadas, como son los documentos e informes médicos obrantes en la causa acreditativos de las lesiones sufridas por los agentes.

Una vez señaladas las anteriores consideraciones generales sobre la valoración de las pruebas por este Tribunal, y bajando ya a la expresión de las concretas pruebas, los acusados Sandra y Luis Alberto vinieron a reconocer que ante el requerimiento policial para que se identificaran, decidieron marcharse del lugar, siendo sujetada la acusada por la Agente para que no se marchara. La declaración del acusado Alonso constituyó prueba directa de que auxilió al Agente NUM013 para la detención de la acusada Sandra, propinándole ésta un mordisco en el hemitórax izquierdo. El testimonio de Leonardo constituyó prueba directa de que se paró un vehículo policial, una mujer policía tenía agarrada a una mujer y un varón con sudadera azul intentó agredir a la mujer policía. El testimonio de Guillerma constituyó prueba directa de que la acusada Sandra empujó a la agente de policía. El testimonio de Julieta constituyó prueba directa de que los policías se dirigieron a la acusada Sandra para pedir la documentación. El testimonio del Agente NUM009 constituyó prueba directa de que había escándalo en la vía pública cuando llegaron al lugar él y la Agente NUM010, manifestando los agentes a las personas que había en el lugar que le iban a identificar por estar incurriendo en infracciones administrativas, quienes hicieron caso omiso a los requerimientos policiales, teniendo que agarrar su compañera a la acusada Sandra para que ésta no se ausentara del lugar, ya que se negaba a ser identificada, recibiendo su compañera bofetadas, recibiendo él mismo una bofetada por parte de la acusada, abalanzándose sobre él el acusado Luis Alberto, llegando a forcejear con él, quien salió huyendo del lugar ante la llegada de otros policías. El testimonio de la Agente NUM010 constituyó prueba directa de que había vecinos pidiendo su intervención para que cesara el ruido que había en la vía pública, tratando de identificar a la acusada Sandra, quien hizo caso omiso a sus requerimientos, tratando de marcharse, por lo que la agente la sujetó por los brazos, propinándole la acusada dos bofetadas, resultando con el labio hinchado; también de que el Agente NUM008 presentaba la marca de un mordisco cuando posteriormente formalizaron las diligencias policiales. El testimonio del Agente NUM013 constituyó prueba de que tuvo que sujetar a la acusada Sandra, teniendo que solicitar la ayuda del Agente NUM008 dada la resistencia que ofrecía la acusada, oyendo un grito de dolor de éste, quien le enseñó el mordisco posteriormente en dependencias policiales. El testimonio del Agente NUM012 constituyó prueba directa de que dio el alto al acusado Pedro Antonio, siendo desobedecido por éste, consiguiente alcanzarlo, momento en el que el acusado le dio un cabezazo, cayendo ambos al suelo. El testimonio del Agente NUM015 constituyó prueba directa de que el acusado Luis Alberto se resistió a su detención. El testimonio del Agente NUM011 constituyó prueba directa de que el acusado Luis Alberto se resistió a su detención, propinándole patadas y puñetazos, resultando con lesiones. El testimonio del Agente NUM016 constituyó prueba directa de que el acusado Luis Alberto se resistió a la detención, propinando patadas y puñetazos a su compañero. Los documentos e informes médicos, entre ellos los informes de la Médico Forense, obrantes a los folios 62, 252, 63, 255, 565, 73, 256, 616, 111 y 113, acreditan las lesiones sufridas por los Agentes NUM009, NUM008, NUM010 y NUM011. Por último, el importe de los daños se acredita por la tasación pericial obrante al folio 57.

CUARTO.- La conducta de la acusada Sandra que se declara probada en esta sentencia, referida a la agresión de los Agentes NUM010, NUM009 y NUM008 es constitutiva de un delito de atentado a los agentes de la autoridad del art. 550.1 del Código Penal, en el que se tipifica penalmente la conducta de los que agreden o, con intimidación grave o violencia, oponen resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Procediendo tal calificación por cuanto que la conducta de la acusada supone que agredió de forma voluntaria y consciente a los agentes de policía cuando éstos estaban ejerciendo las funciones propias de sus cargos, siendo evidentes y notorios actos de agresión el propinar bofetadas y el propinar un mordisco, aceptando y asumiendo la acusada que vulneraba el principio de autoridad al ser consciente de que agredía a agentes de policía que actuaban en el ejercicio de sus funciones como agentes de la autoridad.

QUINTO.- La conducta de la acusada Sandra es también constitutiva de dos delitos leves de lesiones del art. 147.2 del Código Penal, en el que se tipifica la conducta de quien, por cualquier medio o procedimiento, causa a otro una lesión que nque no requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Procediendo tal subsunción de los hechos probados ya que en los mismos se relata que la acusada agredió a los Agentes NUM010 y NUM008, resultando éstos con lesiones que no precisaron de tratamiento médico más allá de la simple primera asistencia facultativa.

No procede la subsunción de la conducta de la acusada en el indicado precepto en relación con las lesiones sufridas por el Agente NUM009, pues aunque ha quedado acreditado que dicho agente resultó con lesiones, las mismas pudieron causarse tanto en la agresión a la que le sometió la acusada como en el forcejeo que el mismo agente mantuvo con el acusado Luis Alberto. No habiéndose practicada prueba que acredite de cual de tales hechos se derivaron causalmente las lesiones sufridas por el Agente NUM009. Y la absolución por tal delito conlleva la ausencia de responsabilidad civil derivada del mismo a cargo de la acusada.

SEXTO.- La conducta del acusado Luis Alberto que se declara probada en esta sentencia es constitutiva de un delito de atentado del art. 551.1 del Código Penal en referencia a los hechos consistentes en la resistencia que ofreció a la actuación policial del Agente NUM011, al que propinó diversos puñetazos y patadas; conducta a la que es de aplicación la motivación expresada anteriormente en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.

SÉPTIMO.- La conducta que se declara probada del acusado Luis Alberto es también constitutiva de un delito leve de lesiones del art. 147.2 del Código Penal en relación con los hechos relativos a la agresión que llevó a cabo contra el Agente NUM011, al que le ocasionó lesiones que no precisaron para curar de tratamiento médico más allá de la primera asistencia facultativa.

No procediendo la subsunción de la conducta del acusado en el indicado precepto en relación con las lesiones sufridas por el Agente NUM009, pues aunque ha quedado acreditado que dicho agente resultó con lesiones, las mismas pudieron causarse tanto en la agresión a la que le sometió el acusado como la acusada Sandra. No habiéndose practicado prueba que acredite de cual de tales hechos se derivaron causalmente las lesiones sufridas por el Agente NUM009. No derivándose responsabilidad civil por tal hecho a cargo del acusado al absolverse al mismo por tal delito.

OCTAVO.- La conducta del acusado Pedro Antonio que se declara probada en esta sentencia es constitutiva de un delito de atentado a los agentes de la autoridad del art. 550.1 del Código Penal, al propinar al Agente NUM012 un cabezazo en respuesta a la actuación policial de dicho agente. Siendo también a tener aquí por reproducida la motivación expresada en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia en relación con la tipificación de tal delito.

NOVENO.- De los delitos antes definidos son autores penalmente responsables los acusados Sandra, Luis Alberto y Pedro Antonio en sus respectivos casos al ejecutar directa y voluntariamente los hechos delictivos ( arts. 27 y 28 del Código Penal).

DÉCIMO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En concreto, no se justifica por la representación del acusado Luis Alberto la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. A tales efectos es de tener en cuenta que dicha atenuante está regulada en el art. 21.6ª del Código Penal, exigiéndose en tal precepto la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Por lo tanto, la atenuante no concurre por el solo dato de duración de la tramitación, sino que se exige que dicha duración sea extraordinaria, indebida y que no guarde relación con la complejidad de la causa, lo que no se justifica con el mero hecho de que la causa se iniciara en el año 2020 y nos encontremos en el año 2023, que es lo que se alega por la indicada defensa.

UNDÉCIMO.- Por la Acusación Particular ejercida por los Agentes NUM008, NUM009 y NUM010 se imputa a los acusados Sandra y Luis Alberto la comisión de dos delitos de atentado. Tal calificación no es compartida por este Tribunal, siendo a tener en cuenta al respecto la Sentencia de 3 de marzo de 2009 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se expresa que " Es incuestionable, como proclama, entre otras, la S.T.S. nº 72 de 21 de enero de 2002 ,que "consecuencia de la naturaleza del bien jurídico protegido es que la realidad de una actividad agresiva frente a varios agentes o funcionarios públicos no da vida a tantos atentados cuantos agentes existan, sino sólo a única infracción, porque el bien jurídico es uno y único.....""

DUODÉCIMO.- En el art. 550.2 del Código Penal se castiga en abstracto el delito de atentado contra los agentes de la autoridad con la pena de prisión de seis meses a tres años. Al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes, el art. 66.1.6ª impone que se deba aplicar la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que se estime adecuada por el Tribunal, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

En el presente caso, no concurren ni en los acusados ni en los concretos hechos ejecutados especiales circunstancias que justifiquen la imposición de una pena de mayor extensión a la mínima legalmente prevista, salvo en el caso de la acusada Sandra, quien llegó a agredir a tres agentes de policía, lo que supone una agravación en su conducta concreta. Por lo que la pena correspondiente al delito de atentado se individualiza en el caso de la acusada Sandra en la pena de prisión de nueve meses y en el caso de los acusados Luis Alberto y Pedro Antonio en la pena de prisión de seis meses.

DECIMOTERCERO.- El delito leve de lesiones está castigado en abstracto en el art. 147.2 del Código Penal con la pena de multa de uno a tres meses. La regla de individualización de las penas en los delitos leves es el art. 66.2 del Código Penal, conforme al cual los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio. Y al estimarse por este Tribunal que no concurren circunstancias que justifiquen la imposición de una pena de mayor extensión que la mínima legal, se impone por dichos delitos la pena de multa de un mes.

DECIMOCUARTO.- De conformidad con el art. 53.5 del Código Penal, el importe de las cuotas diarias de la pena de multa debe fijarse teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

Por otra parte, conforme a la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que sirven de ejemplo la sentencia de 18-4-2006 y los autos de 28-4-2005 y 2-6-2005, la insuficiencia de datos sobre la concreta situación económica del reo a los efectos de fijar el importe de la cuota diaria de la pena de multa en los términos establecidos en el art. 50.5 del Código Penal, no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a fijar dicho importe en la cuantía mínima absoluta legalmente establecida, importe mínimo que debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en los casos ordinarios en que no concurran dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo absoluto pero sin necesidad de alcanzarlo.

Por todo, y al no constar acreditada una especial capacidad económica en ninguno de los acusados, pero sin constar tampoco que ninguno de ellos se encuentre en situación de absoluta miseria, se considera procedente fijar en 6 euros el importe de las cuotas diarias de las penas de multa.

DECIMOQUINTO.- Los delitos de atentado y los delitos leves de lesiones cometidos por los acusados Sandra y Luis Alberto constituyen un supuesto de concurso ideal de delitos, concurso que concurre cuando un solo hecho constituya dos o más delitos. Debiéndose penar dichos delitos en el caso que nos ocupa conforme a las reglas establecidas en el art. 77 del Código Penal, conforme al cual, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones, y cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. Lo que implica que en el presente procedimiento se penen por separado los delitos al resultar más beneficioso para los acusados.

DECIMOSEXTO.- Las penas de prisión que se imponen en esta sentencia, al ser inferiores en su duración a los diez años, deben llevar aparejada como accesoria legal la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por imposición del art. 56 del Código Penal.

DECIMOSÉPTIMO.- No procede imponer la pena de privación del derecho de tenencia de armas, solicitada por la Acusación Particular ejercitada por los Agentes NUM008, NUM009 y NUM010, por cuanto que el principio de legalidad penal, reflejado en el art. 2 del Código Penal, impide la imposición de pena que no esté prevista en la ley para el delito cometido. Y la indicada pena no está prevista en el Código Penal para los delitos enjuiciados en la presente causa.

DECIMOCTAVO.- En aplicación del art. 123 del Código Penal, en cuya virtud, las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito, por lo que deben imponerse las costas del presente procedimiento a los acusados que resultan condenados en la presente causa, declarándose de oficio las que correspondan al enjuiciamiento del acusado absuelto. Por lo que se impone a los acusados Sandra, Luis Alberto y Pedro Antonio el pago por partes iguales de las tres cuartas partes de las costas, declarándose de oficio el cuarto restante.

En cuanto a las costas causadas a las acusaciones particulares, la acusada Sandra deberá abonar las costas causadas por la acusación particular ejercida en representación de los Agentes NUM010, NUM009 y NUM008; el acusado Luis Alberto deberá abonar las costas causadas a la acusación particular ejercida por el Agente NUM011; y el acusado Pedro Antonio deberá abonar las costas causadas a la acusación ejercitada por el Agente NUM012.

DECIMONOVENO.- La ejecución de un delito obliga a reparar o indemnizar los daños y perjuicios por él causados ( art. 109.1 del Código Penal), siendo el responsable penal del delito también el responsable civil respecto de los daños o perjuicios causados por la infracción penal ( art. 116.1 del Código Penal). Por lo que los condenados por los delitos leves de lesiones deberán indemnizar a los lesionados por los perjuicios derivados de dichas lesiones. Considerando este Tribunal proporcionada la indemnización de 50 euros por cada día que las lesiones tardaron en curar, habida cuenta que dichas lesiones no supusieron impedimento para las ocupaciones habituales de los lesionados ni hospitalización.

No procede indemnizar a la Agente NUM010 por el importe del auricular dañado ya que no consta que la indicada agente haya sufrido perjuicio por tal hecho, pues no se ha acreditado que fuera de su propiedad, siendo muy previsible que tal objeto perteneciera a la Policía Nacional y no a la propia agente.

Sí procede imponer al acusado Pedro Antonio la obligación de indemnizar al Agente NUM012 en el importe de los daños en su pantalón, derivados de la resistencia que ofreció a la actuación policial.

No procede la indemnización que se solicita por la Acusación Particular ejercitada por los Agentes NUM008, NUM009 y NUM010 por los perjuicios ocasionados por la apertura de un expediente disciplinario en el ámbito de su esfera profesional que les ha impedido participar en concursos de ascenso así como acceder a gratificaciones o menciones en el mismo ámbito, pues, por un lado, no se han acreditado tales perjuicios, y por otro lado, no se trataría de perjuicios derivados de los hechos delictivos, sino de actuaciones administrativas sancionadoras.

Por último, no procede declarar la responsabilidad civil del Ministerio del Interior al no haber sido parte en el presente procedimiento.

Por todo lo cual en nombre del Rey, y vistos los preceptos citados y demás disposiciones de general aplicación,