Sentencia Penal 162/2022 del Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 2644/2021 de 16 de marzo del 2022

PRIMERO.- Por Procurador en representación de Valle interpone "recurso de reforma y subsidiario de apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid" (sic), contra la sentencia de 19.07.21 de la Juez del JP 34 de Madrid (JR 361/2021), que absuelve al acusado Luis María de los hechos por los que devino acusado. Ad integrum y ad litteram, bajo el epígrafe Fundamentos de Apelación afirma: Primera.- Existen en las actuaciones abrumadores indicios contra el imputado de haber perpetrado los hechos que se le imputan por esta parte. Segunda.- Tales hechos, sin ningún género de dudas, son subsumibles, encajan o pueden ingresarse en el tipo de delito de lesiones en el ámbito familiar del art. 153.1 y un delito de malos tratos del art. 153. 2 del Código Penal. Tercera.- Flaco favor se hace a la Justicia, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, cuando se procede a la absolución del imputado frente a hechos delictivos y responsabilidades penales tan claras como las que, a juicio de esta parte, se han enjuiciado en las presentes actuaciones. Interesa se dicte sentencia estimatoria y se condene al acusado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar del art. 153.1 y de un delito de malos tratos del art. 153.2 (sic).

Por Procurador en representación de Luis María impugna el recurso. Que la Acusación Particular fundamenta su recurso en la valoración de las declaraciones de la víctima realizadas por el Juez de lo Penal y considera que son prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. Que es pertinente atender a lo dispuesto en el artículo 792.2 de LECr. Que el recurso de la Acusación Particular no pide la nulidad de la sentencia sino la revisión de la valoración de la prueba realizada por la Juez de instancia, lo cual queda lejos, no solo de los citados artículos de la LECr, sino de la consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que la eventual condena en esta alzada de Luis María como consecuencia del reexamen por este Tribunal de la actividad probatoria desarrollada ante el Juzgado de lo Penal sin inmediación y contradicción vulneraría el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 de la Constitución Española y art. 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 4 de noviembre de 1950), en los términos en los que este derecho fundamental ha venido siendo configurado por la doctrina jurisprudencial (sic).

La Fiscal, por escrito de 09.09.21, impugna el recurso interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. Que el recurso se fundamenta en el error en la valoración de la prueba. En relación a la valoración de la prueba, en apelación, el Tribunal puede entrar a valorar si la valoración del Juzgador de instancia se ha producido a partir de unas pruebas de cargo obtenidas constitucionalmente y legalmente practicadas y si la valoración de las mismas ha sido lógica y razonable. Que en el presente procedimiento hay dos versiones contradictorias sobre los hechos, sin que los testigos que declararon en el acto de la Vista corroboraran la versión de la denunciante, pues si bien presenciaron una discusión entre las partes, no observaron que el acusado agrediera a la denunciante ni a su hija menor, y sin que la declaración de la víctima, a juicio del Juzgador, fuese bastante para enervar la presunción de inocencia, considerando el Ministerio que el Fallo y su fundamento son ajustados a Derecho. Solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Juez del JP 34 de Madrid en su sentencia de 19.07.21 considerando los relatos del acusado Luis María y de la denunciante/ahora recurrente Valle, de los testigos Heraclio, Maribel y el PN NUM002, considera:

Examinadas todas estas manifestaciones, la primera conclusión a la que se llega es que no se ha probado que Luis María y Valle hayan tenido en algún momento una relación sentimental. Él lo ha negado rotundamente desde su primera declaración en el ámbito de la instrucción, pese a lo cual ninguna actividad probatoria se ha desplegado por las acusaciones tendentes a mostrar la realidad de esa supuesta relación, más allá de la declaración de Valle. Ésta, en un principio ha dicho que solo ha tenido una relación de amistad con el acusado, durante la cual tuvo de modo esporádico una relación sexual con el acusado, para a continuación explicar que en realidad sí que fueron pareja durante el mes de febrero de 2021. Las manifestaciones de Valle no son suficientes para considerar acreditado que entre ellos haya existido alguna vez una relación sentimental, análoga a la conyugal, tal y como exige el artículo 153 del Código Penal . No probado este elemento subjetivo del tipo, pero existiendo una acusación particular ejercitada por Valle, se debe entrar a valorar si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos previstos en el artículo 147.2 y 147.3.

Pues bien, del análisis de la prueba practicada, se concluye que no se acreditado que el ahora acusado llevara a cabo delito leve de lesión o de maltrato alguno. La declaración ofrecida por Valle no cumple con los presupuestos jurisprudencialmente exigibles para ser considerada como prueba de carago. Se observan discrepancias y una falta de coherencia en su relato de los hechos. En dependencias policiales mantuvo que Luis María le había propinado un puñetazo en la nariz, pese a lo cual al médico forense manifestó que había llegado a esquivar el puñetazo. Las explicaciones ofrecidas en el juicio en orden a explicar estas discrepancias, aludiendo a que lo que en realidad quería decir es que no le había dado "del todo" no han resultado convincentes. Ninguna otra prueba de las que han sido practicadas ha venido a corroborar su versión. Consta en las actuaciones un informe médico forense elaborado tras examinar un parte de asistencia, unido a las actuaciones, y explorar a la menor, hija de Valle, al folio número 59, del que resulta que la pequeña no tenía lesión alguna en el glúteo. La médico forense solo pudo apreciar dos equimosis en el muslo, cuyo origen no pudo establecer. Por otro lado en el folio número 60 está unido otro informe médico forense, elaborado a la vista de un parte de asistencia, también incorporado a los autos, y tras explorar a Valle. En él, señala la médico forense, que Valle no presentaba lesiones, y que la mujer le refirió que había esquivado un puñetazo. En este informe se indica que Valle refería dolor a la palpación y cervicalgia, sin que pudiera apreciarse signos de violencia traumática, por lo que, a su juicio, se trataría de lesiones por sintomatología no objetivable. De modo, que ninguna lesión objetiva se pudo apreciar en Valle. A todo ello se une que el testigo Heraclio, solo presenció una discusión entre Luis María y Valle, habiendo aducido durante su declaración en el juicio que no observó ningún comportamiento agresivo en el ahora acusado. Finalmente Maribel ha negado que Luis María agrediera de algún modo a Valle o que empujara a su hija. Ciertamente esta testigo es la pareja sentimental del ahora acusado, pero sus manifestaciones, unidas, como ya se ha dicho, al resto de la prueba practicada, impiden considerar probados ninguno de los delitos por los que se acusaba a Luis María. Es en el juicio oral, donde ha de practicarse prueba de cargo suficiente con todas las garantías. La falta de prueba que reúna los caracteres precisos con arreglo a doctrina jurisprudencial al respecto, para constituir prueba material de cargo con eficacia enervatoria de la presunción constitucional de inocencia, como ocurre en el presente caso, exige que sea dictada una sentencia absolutoria en favor del ahora acusado.

TERCERO.- A propósito del pronunciamiento absolutorio ya la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 2002 establece en el último párrafo de su Fundamento Jurídico Primero que: "En casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción". En consecuencia, el criterio unánime del Pleno del Tribunal Constitucional es que, en las pruebas que exigen la inmediación y la contradicción para su valoración, no puede el Tribunal de Apelación sustituir el criterio del Juez a quo, ya que carece en tales casos de las condiciones exigidas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Reiteran los argumentos de la anterior resolución las sentencias 170/2002 de 30 de septiembre y 200/2002 de 28 de octubre, que obligan a respetar la valoración probatoria realizada por el Juez a quo sobre las pruebas que requieren haber sido presenciadas directamente por el órgano judicial ante el que se practicaron, salvo, claro está, los supuestos de valoraciones irrazonables o arbitrarias, consecuencia del principio de tutela judicial efectiva que traería como consecuencia necesaria la anulación de la sentencia, pero no sustituir directamente la valoración por otra, así como en la posterior de 20 de diciembre de 2005.

En la sentencia del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 fue reiterada la misma interpretación, "el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un "límite" para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 2) derivado "del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal" ( STC 192/2004, FJ 2). Así, la STC 167/2002, perfilando tal límite, concluye que "en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que "ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías" es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido "a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción" (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: "la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; y 50/2004, de 30 de marzo, FJ 2, entre otras)" ( STC 31/2005, de 14 de febrero, FJ 2).

Así, "la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido, esto es, sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación" ( STC 112/2005, de 9 de mayo, FJ 9); así, "forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE), que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo" ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 112/2005, FJ 2; 185/2005, de 4 de julio, FJ 2). Idéntico criterio es aplicado en sentencias como la de 28 de abril de 2009 según la cual "En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 115/2008, de 29 de septiembre, y 49/2009, de 23 de febrero), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales, que, por su carácter personal, no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Más en concreto, y por lo que se refiere a la rectificación de conclusiones derivadas de pruebas de carácter personal, también ha reiterado el Tribunal Constitucional que concurre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando, en la segunda instancia, y sobre la base de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del órgano de primera instancia, sin examinar directa y personalmente dichas pruebas (por todas, STC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2).

Entre otras, la STS 31.01.18 recuerda, entre otros extremos "la doctrina del TEDH que restringe la posibilidad de pronunciamientos condenatorios o peyorativos ex novo en apelación o casación, reitera a su vez que la revisión de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de calificación jurídica y, por ello, exige inmediación en la práctica probatoria y audiencia del acusado ( SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, caso Almenara Alvárez c. España ; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España ; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España ; 20 marzo 2012, caso Serrano Contreras c. España ; 27 de noviembre de 2012, caso Román Zurdo c. España ; 12 de noviembre de 2013, caso Porcel Terribas y otros c España; 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. España ; o 13 de junio de 2017, caso Atutxa c. España ); y donde la misma consideración intangible que el relato de hechos probados debe ser predicada de las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011 , § 49), contenidos en la fundamentación de la resolución", la Sala en vía de recurso no puede modificar la sentencia absolutoria en sentido condenatorio para el acusado, que se ha basado en prueba personal, sin inmediación, y no salva este obstáculo el hecho de que la vista oral haya sido grabada".

Es dable asimismo recordar con p.e. STS 2ª de 21.05.10, nº 3536/2010, que el principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998), es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

Lo anterior, sin obviar, el tenor del art. 792.2 primer párrafo LECr ("La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2), siendo así que en la sentencia de instancia se valoran por el Juez a quo las que por la Sala se consideran, en lo esencial, enfrentadas versiones del acusado y la testigo de un lado y de la denunciante de otro.

CUARTO.- Desde lo expuesto, el examen de las actuaciones remitidas pone de manifiesto, de un lado, que las diligencias de prueba llevadas a efecto en el acto del juicio oral lo fueron esencialmente pruebas personales, y, de otro, la existencia de versiones no coincidentes, considerando la Juez a quo el relato de la denunciante como no convincente.

A propósito de los informes periciales, además, es dable recordar con p.e. STS 2ª 11.02.15 que "la prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica" ( art. 348 de la LEC EDL 2000/77463 ), lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim. EDL 1882/1 para toda la actividad probatoria ("el Tribunal, apreciando según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia"), sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E. EDL 1978/3879). El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales.

Así las cosas, basta la lectura de la sentencia dictada para concluir que la Juez de instancia, en el ejercicio de la función jurisdiccional, valora y expone, motiva y fundamenta, su pronunciamiento, siendo sabido para en relación con la existencia de testimonios/relatos contradictorios o enfrentados, que los mismos no suponen ni conllevan necesariamente su neutralización, sino que, en todo caso, habrán de ser valorados por el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad, bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el caso que nos ocupa, ello con lógica argumentación y en exposición -.se reitera- razonada y razonable, basada en los criterios del artículo 741 de la LECr. Y dado que las conclusiones alcanzadas en modo alguno son arbitrarias ni irrazonables, no procede, a la vista de la reseñada jurisprudencia, su modificación en esta alzada, sin obviar que las solas afirmaciones de la ahora recurrente (trascritas ad integrum), lo son que existen "abrumadores indicios" (f 150), sin desarrollo ni concreción, ni cita, ni expresión, ni individualización alguna (p.e. folios, datos, expresiones, hora y minuto grabación j.o.), siendo claro que en modo alguno permitirían -sólo a mayor abundamiento- siquiera atisbar una justificación en los términos legal y jurisprudencial exigibles para el dictado de distinta resolución. Deberá estarse a lo que se acordará.

QUINTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 de la LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,