Sentencia Penal 288/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 477/2023 de 19 de abril del 2023

PRIMERO: Se formula recurso de apelación por la representación en autos de la Acusación Particular Dña. Lorena y por la representación del acusado, D. Clemente contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Alcalá de Henares. Como motivo de recurso en el caso de la Acusación Particular se invoca la concurrencia de error en la valoración de la prueba. Por su parte, el acusado invoca como motivos de recurso la concurrencia de error en la valoración de la prueba y vulneración del principio in dubio pro reo, e infracción legal por indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21. 6ª del Código Penal.

El Ministerio Fiscal ha impugnado ambos recursos interesando la confirmación de la sentencia, así como cada parte recurrente, que ha impugnado el recurso de la contraria.

SEGUNDO: En los presentes autos se formula en primer lugar recurso de apelación por la Representación en autos de la Acusación Particular, que ejerce Dña. Lorena, la cual estima que en la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre de 2022 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Alcalá de Henares, se ha incurrido por la Juzgadora en error en la valoración de la prueba. Por tales razones solicita que se declare la nulidad de la sentencia dictada en la instancia y que tras la celebración de un nuevo juicio, se dicte una nueva en la que se imponga al acusado la pena máxima por el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, se le condene por el delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 por el que fue absuelto en la instancia, se le condene por el delito leve de vejaciones injustas de carácter leve del artículo 173.4 del Código Penal por el que también fue absuelto en la instancia, y se le imponga el pago de una responsabilidad civil en concepto de daños morales no de 1.000 euros como se ha establecido en la instancia, sino de 18.000 euros.

Desde este punto de vista debe recordarse que la jurisprudencia constitucional señala que es contrario a un proceso con todas las garantías que el órgano judicial de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia o agrave su condena, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial ( STC 167/2002, de 18 de septiembre; 272/2005, de 24 de octubre; 80/2006, de 13 de marzo; 207/2007, de 24 de septiembre; 64/2008, de 29 de mayo; y 108/2009, de 11 de mayo), puntualizando que no se vulnera el principio de inmediación cuando:

a) La alteración el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia no resulte del análisis de medios probatorios personales que exijan presenciar su práctica para su valoración, como la prueba documental ( STC 40/2004, de 22 de marzo; 59/2005, de 14 de marzo; y 75/2006, de 13 de marzo), entre la que se encuentra la pericial, cuando por escrito estén expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que el informe llegue, salvo que el perito haya prestado declaración en el acto del juicio con el fin de explicar, aclarar o ampliar su informe, en cuyo caso se convierte en un medio de prueba de carácter personal ( STC 10/2004, de 9 de febrero; 360/2006, de 18 de diciembre; y 21/2009, de 26 de enero); y sin que el visionado por parte del tribunal de apelación de la grabación audiovisual del juicio oral celebrado ante el Juzgado pueda suplir la inmediación desde el prisma de la credibilidad de los declarantes ( STC 120/2009, 18 de mayo; y 2/2010, de 11 de enero).

b) La separación del pronunciamiento fáctico del juez de instancia sea por no compartir el proceso deductivo empleado, partiendo de los hechos base tenidos por acreditados en su sentencia y no alterados en la de apelación, en la que se obtiene otra conclusión distinta ( STC 64/2008, de 29 de mayo).

c) El órgano de apelación, sin modificar el relato histórico de la sentencia de instancia, alcance una conclusión jurídica diferente ( STC 170/2002, de 30 de septiembre; 170/2005, de 20 de junio; y 60/2008, de 26 de mayo).

La anterior doctrina jurisprudencial sobre la revocación de las sentencias absolutorias basadas en la apreciación de la prueba personal tiene también su reflejo en la STS nº 32/2012, de 25 de enero, entre otras muchas, donde (...) se subrayan los criterios restrictivos implantados por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del recurso de apelación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la STC nº 167/2002 , que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas resoluciones posteriores del mismo Tribunal, entre ellas las SSTC 118/2009, 120/2009, 184/2009, 2/2010, 127/2010, 45/2011, y 46/2011, etc.

En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el Juzgado o Tribunal de Apelación, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas personales efectuada por el juez de instancia y revoca en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado la sentencia absolutoria apelada. El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad impide, según el Tribunal Constitucional, que los jueces de apelación modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la segunda instancia.

Como se expresa en la STS nº 22/2016, de 27 de enero ,"sólo en aquellos casos en los que la valoración probatoria asumida en la instancia resulte absolutamente arbitraria, ajena a las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y, en fin, alejada del canon constitucional de valoración racional de la prueba, el pronunciamiento absolutorio podrá ser impugnado con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, logrando así el reconocimiento de la vulneración de un derecho constitucional y la reparación adecuada mediante la anulación del pronunciamiento absolutorio".

Centrada así la cuestión, como señala la SAP Cantabria de 21 de diciembre de 2021, la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha consagrado en dicha norma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, ajustando la Ley a los parámetros establecidos por aquélla. Dicha jurisprudencia es la constituida por las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos, entre otros, Bazo contra España, Constantinescu contra Rumanía, García Hernández contra España, Jan Ake Andersson contra Suecia, Hoppe contra Alemania, Almenara contra España, Fedje contra Suecia, Valbuena Redondo contra España, Spinu contra Rumanía o Porciol Terribas y otros contra España, y por las Sentencias del Tribunal Constitucional que, arrancando en la STC Nº 167/2002 se ha ido consolidando en un numeroso cuerpo de doctrina entre las que son notables las SSTC Nº 1 y 2/2010 de 11 de enero, 30/2010 de 17 de mayo, 127/2010 de 29 de noviembre, 45 y 46/2011 de 11 de abril, 135/2011 de 12 de septiembre, 142/2011 de 26 de septiembre, 153 y 154/2011 de 17 de octubre, siendo las últimas las SSTC Nº 22/2013 de 31 de enero y 195/2013 de 2 de diciembre y 105/2014 de 23 de junio y 191/2014 de 17 de noviembre.

La doctrina contenida en todo ese cuerpo jurisprudencial ha sido acogida por el Legislador español, que en lo que aquí interesa, ha reformado los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la Ley 41/2015, que modifica sustancialmente el régimen de los recursos contra sentencias absolutorias o de los recursos en los que se postula un agravamiento de las sentencias condenatorias.

La nueva regulación se aplica a partir del 6 de diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la citada Ley y para los procesos incoados a partir de ésta.

El nuevo artículo 792.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que " la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida".

Por su parte, el nuevo artículo 790.2, párrafo tercero, dice que " cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

Es decir, que contra las sentencias absolutorias - bien para obtener una sentencia condenatoria, o para agravar una sentencia ya condenatoria-, lo único que se podrá pedir será la anulación por motivos tasados. Y esos motivos tasados son los que se indican en el propio artículo 792.2 último párrafo, al disponer que Para que pueda declararse la nulidad de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria por error en la valoración de la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 790.2, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es preciso que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1) que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica;

2) el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia;

3) la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

En el presente caso, la parte apelante cita sin precisión alguna los tres motivos antes mencionados, y lo hace para manifestar su diferente opinión sobre la valoración de la prueba efectuada en la instancia a propósito de las siguientes cuestiones. Por un lado, en relación al presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, que habría tenido lugar en abril de 2019, cuando según la acusación el acusado habría procedido a agarrar del pelo a la perjudicada durante una discusión a bordo del coche familiar, tratando de sacarla a la fuerza del vehículo, entiende que sí que se practicó suficiente prueba como para enervar la presunción de inocencia del acusado. Al respecto, la Juzgadora, según vemos en la sentencia dictada, analiza la cuestión y señala por qué estima que no hay suficiente prueba sobre este hecho, Primero porque la perjudicada se mostró vacilante en relación a la concreción de la fecha aproximada de los hechos, pues alternó su ocurrencia entre los meses de febrero y abril de 2019. Y en segundo lugar porque su relato, al carecer de corroboración periférica objetiva derivada por caso de un parte de lesiones, no es sino un relato que entra en contradicción con el del acusado, el cual si bien reconoció la discusión negó haber agarrado del pelo a la denunciante y haber tratado de sacarla a la fuerza del coche. Y añade la Juez a quo, que la testigo presente, que no era sino la hija común de las partes, entonces aún menor de edad, manifestó que, si bien recordaba la fuerte discusión en el interior del coche, no recordaba que su padre agarrara del pelo a su madre, ni que intentara sacarla del coche a la fuerza. Por tanto, esta motivación de la Juzgadora que por otra parte no hace sino reflejar lo que esta Sala ha comprobado que se manifestó en el plenario no puede sino ser confirmada, no apreciándose en la misma ninguno de los motivos de nulidad aludidos.

En segundo lugar, y en relación al delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal por el cual sí que se dictó un pronunciamiento condenatorio en la instancia, sostiene la parte que tal delito debido de ser sancionado con las penas máximas por tal parte instadas, y no en los términos que lo ha sido, señalando que, en todo caso, afirmado en la sentencia que los hechos constitutivos del maltrato habitual fueron perpetrados en presencia de los hijos entonces menores de edad, debieron de imponerse las penas en su mitad superior, no siendo correcta por tanto la pena de prisión de quince meses impuesta, reclamando la pena de tres años. Al respecto, no apreciamos que la sentencia de instancia incurra tampoco en ninguno de los vicios de nulidad invocados por la parte. Ello es así porque en los relatos de hechos objeto de acusación contenidos en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular no se menciona en ningún caso que los hechos de los que se deriva la acusación por delito de maltrato habitual tuvieran lugar en presencia de los hijos menores, y, de hecho, no se menciona en ninguno de los escritos la aplicabilidad del párrafo segundo del punto 2 del artículo 173 del Código Penal. Por tanto, de haber aplicado tal subtipo agravado la Juzgadora de instancia habría incurrido en una calificación penal más grave que las peticionadas por las partes. Pero, en cualquier caso, la pena impuesta, de quince meses, es salvo por un día de menos, pena propia de la mitad superior, que abarcaría de quince meses y un día a tres años de prisión.

Por tanto, debe rechazarse esta cuestión. Por otro lado, la imposición de una pena de tres años que es en definitiva lo que interesa la parte, también resulta improcedente y no concurre que su no imposición permita apreciar alguno de los vicios de nulidad invocados. La gravedad de la conducta fue valorada por la Juzgadora y con tal valoración se impuso la pena de quince meses de prisión, pena respecto de la cual la parte apelante meramente demuestra su desacuerdo, pero nada más. Y en último lugar, y en relación a la cuantía establecida en materia de responsabilidad civil por daños morales, que fue de 1.000 euros, sostiene la parte que no se ha indemnizado la verdadera gravedad del daño, y que, por ello, el importe ha de quedar establecido, como peticionó en su escrito de acusación, en 18.000 euros. Al respecto, vemos que la Juzgadora establece la cuantía sobre la base de que no hay elementos objetivos en la causa que permitan aumentar esa cuantía. Así, nuevamente se está ante una mera discrepancia en la forma en la que la Juzgadora ha valorado las pruebas practicadas y con ello la intensidad del maltrato producido, siendo reseñable que la sentencia menciona que parte de los padecimientos psíquicos de la perjudicada eran previos a conocer al acusado y que parte de los actos de maltrato habitual eran recíprocos. Por ello, no apreciamos tampoco que la cuantificación de los daños morales permita considerar que se haya incurrido en alguno de los vicios de nulidad del artículo 790 Lecrim.

Por lo expuesto, debe desestimarse el recurso de la Acusación Particular.

TERCERO: De otro lado, y por lo que se refiere al recurso del acusado, este lo centra en dos motivos íntimamente ligados, cuales son la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba.

El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 C.E., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, según recoge el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS núm. 251/2004). En consecuencia, "el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular, pues de aquellos Tratados Internaciones no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo, suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal" ( STS de 6/02 y 21/03/1995, y núm. 711/2000, de 19/04).

Procede, pues, analizar: A).- Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 124/1983 y núm. 17/1984); B).- Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y a cada medio de prueba (prueba lícita) ( SSTC núm. 150/1989, núm. 134/1991 y núm. 76/1993); y C).- Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 217/1989 y núm. 117/1991). Además, esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba, ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" a favor del acusado ( STS núm. 97/2012, de 24/02, y más recientemente en las STS de 9 y 11/03/2020 y núm. 681/2019 de 28/01).

Por otro lado, y en relación al posible error en la valoración de la prueba, debe recordarse, ab initio, que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal ad quem sobre la determinación de los Hechos Probados, y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la doctrina que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( arts. 741 LECRIM., y art. 117.3 C.E.), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del art. 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/1985, 23/06/1986, 13/05/1987 y 2/07/1990).

Consecuencia de lo expuesto, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia: a).- cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b).- cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c).- cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/1993 y STC 1/03/1993). Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

En el presente caso el acusado ha sido condenado en la instancia por un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, y por un delito singular de maltrato de obra del artículo 153.1 y 3 del Código Penal. En los dos casos, se ha producido suficiente prueba en el plenario como para fundar prueba de cargo. Por lo que se refiere al primer delito, la sentencia analiza con minuciosidad las declaraciones de la testigo denunciante explicando cómo se gestaron los malos tratos tanto físicos como verbales a lo largo de los años y en qué consistían, siendo clara en manifestar que recibía durante las habituales discusiones con su pareja, empujones, patadas en el abdomen, guantazos, golpes en las piernas. Ha declarado también que el acusado le repetía que era una mierda y que, con su edad, de cincuenta años no encontraría trabajo, y que si se quedaba ella en casa no era por no encontrar trabajo sino porque era una vaga que se tocaba los cojones. Que en una ocasión incluso le colocó un cuchillo en la tripa diciéndole que la mataba. Y ello sin perjuicio del hecho singular consistente en un delito de maltrato de obra por el cual ha sido también condenado el acusado. Igualmente hemos observado cómo los dos hijos de las partes han corroborado en el plenario este tipo de comportamientos, señalando que ellos los presenciaron en numerosas ocasiones. Además, existe un factor corroborador plural y muy contundente respecto de este delito cual son los diversos informes psicológicos obrantes en la causa, emitidos por diferentes personas e instituciones, todos los cuales han coincidido en la afirmación de que han apreciado en la explorada los indicadores típicos de haber sido objeto durante tiempo de conductas propias de maltrato físico y psíquico.

Y otro lado, y en relación al delito de maltrato de obra del artículo 153.1 y 3, la Juzgadora ha encontrado prueba de cargo frente al acusado no solo en el relato de los hechos vertido pro la denunciante, sino por el hecho de que tal relato ha gozado de la corroboración de la hija, entonces menor, común de las partes la cual dijo en el juicio oral que efectivamente, su padre le dio un manotazo en la cara a su madre circulando en el coche y que le tiró encima el café caliente que ella estaba bebiendo.

Por tanto, no existe ni insuficiencia probatoria ni error alguno en la valoración de las pruebas siendo que estos motivos de recurso no hacen sino poner de manifiesto que las alegaciones del recurrente no son sino su legítima discrepancia con la correcta valoración efectuada en la instancia, valoración que no cabe reputar ni irracional, ni ilógica ni arbitraria sino todo lo contrario.

Finalmente, habrá de señalarse que la alegación acerca del principio in dubio pro reo, no pone de manifiesto sino el desconocimiento de la parte acerca de su alcance y sentido. Tal principio consiste en un mandato dirigido al Juzgador para que, si tras valorar las pruebas estima que tiene alguna duda sobre la participación en los hechos del acusado, no resuelva la duda en su contra, sino a su favor, y por ello opte por absolverle. No vemos que en la sentencia dictada manifieste tener la Juzgadora duda alguna sobre los dos tipos penales por los que a la postre ha condenado al acusado, por lo que no existe vulneración alguna de tal principio.

CUARTO: En último término y en relación al motivo de recurso relativo a la supuesta infracción legal pro indebida inaplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal, debe señalarse que como expone, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre del 2004 (RJ 2005\64), el "derecho al proceso sin dilaciones, viene configurado como la exigencia de que la duración de las actuaciones no exceda de lo prudencial, siempre que no existan razones que lo justifiquen. O que esas propias dilaciones no se produzcan a causa de verdaderas "paralizaciones" del procedimiento o se debieran al mismo acusado que las sufre, supuestos de rebeldía, por ejemplo, o a su conducta procesal, motivando suspensiones, etc. Semejante derecho no debe, así mismo, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos.

La "dilación indebida" es, por tanto, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable.

Se suelen citar como elementos a tener en cuenta para formar el juicio sobre la superación del plazo razonable para concluir el procedimiento, entre otros muchos y variados: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente la complejidad de los hechos y diligencias a practicar o la pluralidad de imputados o acusados, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes; y e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y la consideración de los medios disponibles.

En el presente caso, hemos escuchado a la Letrada de la defensa señalar que no puede indicar periodo alguno de paralización imputable al Juzgado, sino que su alegación es meramente debida a que la causa ha durado más de dos años. Al respecto, no apreciamos que concurra en la causa dilación indebida alguna indebida o injustificada. Cierto es que la causa ha durado ese tiempo, pero la complejidad de la misma, con diferentes pruebas periciales, justifica sobradamente tal duración y ello sin perjuicio de que parte del tiempo empleado en la tramitación de la causa es el derivado de la pandemia del Covid 19, que supuso paralizar por completo la tramitación en general de todas las causas judiciales.

Por tanto, no estima la Sala que se haya conculcado de manera injustificada el derecho del acusado a ser juzgado con prontitud y en un plazo de tiempo razonable, debiendo rechazarse este último motivo de recurso y con ello la totalidad del mismo.

QUINTO: En relación a las costas procesales de esta alzada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 240.1 Lecrim y no apreciándose mala fe ni temeridad en ninguna de las partes procede declararlas de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.