Sentencia Penal 176/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 285/2024 de 02 de abril del 2024

PRIMERO. El recurrente en el primer motivo de recurso sostiene que los hechos declarados probados no pueden calificarse como delito de estafa y la prueba practicada demuestra que no concurre en su patrocinada dolo.

Alega que en el folio 4 de la sentencia se dice expresamente: "es posible que la acusada no enviara ningún mail con link para el cambio de claves y que ello se llevara a cabo por terceras personas desconocidas...", y en el folio 5 in fine se especifica que para que los hechos puedan ser calificados como estafa es preciso que quede suficientemente acreditada la participación dolosa de la investigada en el delito, pero en ninguna parte de la sentencia se justifica que su patrocinada actuara de forma dolosa. En la vista, como figura en la grabación, su patrocinada, manifestó que el dinero que recibió en su cuenta venía de un préstamo que le hizo a su ex pareja Jorge un primo de este que les debía dinero y les iba a transferir un poco más porque lo necesitaban y ella dio su número de cuenta porque su pareja no podía dar el suyo no recordando si era porque no tenía bizum o porque estaba embargada, siendo la cuenta que ella utilizaba siempre, y que ella no conocía al primo de Jorge, llamado Marcelino que estaba en Alemania, no teniendo Marcelino papeles enviando el dinero a través de bizum o de otra persona. Asimismo, continúa la recurrente, el agente de Policía nacional NUM003 manifestó que Yolanda desde el primer momento sostuvo que el dinero recibido provenía del primo de Jorge, y Jorge, que ya no es pareja de su patrocinada en el plenario relató que su primo Marcelino le debía dinero y le pidió que se lo devolviera y su primo le ofreció prestarle 2000 euros, su primo no tenía papeles y no se lo pudo ingresar en su cuenta porque no tenía bizum y tenía la cuenta embargada y por eso dio la cuenta de la acusada y se enteraron que el dinero procedía de una estafa en comisaría.

Expuesto lo anterior la recurrente alega que se ha condenado a su patrocinada cuando queda demostrado que ella desconocía absolutamente el carácter ilícito del dinero que recibió en su cuenta, y cuando quisieron contactar con el primo de Jorge ya no le pudieron localizar, estimando por ello que la sentencia vulnera el principio de presunción de inocencia de su patrocinada. Cuando su patrocinada recibió el bizum el delito patrimonial previo ya se había consumado y en él no había tenido intervención alguna. Interesa por ello que se revoque la sentencia ya que su patrocinada no tuvo intencionalidad alguna de lucrarse de su dinero proveniente de un hecho ilícito, ella simplemente permitió que el préstamo que había pedido su ex pareja llegara a su cuneta porque él no tenía bizum o estaba embargada. En modo alguno se puede decir que participara en una estafa que se realizó por personas desconocidas.

La acusación particular y el Ministerio fiscal impugnaron el recurso.

SEGUNDO. A esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del órgano sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad. A través del recurso de apelación se puede valorar la prueba a los efectos de ponderar la suficiencia o insuficiencia de prueba de cargo, o que tras la valoración de las pruebas practicadas, debió existir, respecto de dichos hechos concretos, una duda objetiva y razonable acerca de la existencia de los elementos facticos precisos para la subsunción típica o la participación del condenado en el delito objeto de condena. En consecuencia, a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina constitucional han elaborado un amplio cuerpo doctrinal que delimita la misma perfectamente, y que se puede resumir en las palabras de la STS 333/2014 de 9 de abril cuando establece: "Tal y como recordaba recientemente la STS núm. 35/2012, de 1 de febrero, siguiendo así lo señalado por la STC núm. 9/2011, de 28 de febrero, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia "habrá de ser reconocida cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el "iter" discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" ( STC núm. 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2 y, citándola entre otras muchas, SSTC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2; 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2, y 26/2010, de 27 de abril, FJ 6)".

O como a este respecto añade la STS 96/2018 de 27 de febrero, reproduciendo la STS 475/2016 de 2 de junio: "No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo".

La Magistrada juez a quo concluye la autoría de la acusada en el delito de estafa informática en base a los siguientes argumentos que expone en la sentencia: la acusada aseveró en el plenario que no reparó en la procedencia del dinero, porque su pareja sentimental, el testigo Jorge le manifestó que su primo le debía dinero y que le había facilitado la cuenta bancaria de la acusada para recibir el pago; versión que también es corroborada por este en el acto del plenario... La recepción del dinero por parte de la acusada en na cantidad, que no es la que supuestamente debía el primo de su pareja sentimental, que era entre 300 y 600 euros, según manifestación del testigo Jorge e inventando este una estrategia para no perjudicar a su ex pareja sentimental, la ahora acusada, manifestando que su primo le transfirió más dinero porque eran sus ahorros y tenía miedo de que otros con los que compartía domicilio le pudieran sustraer su peculio. Por otra parte el primo ni aparece en el juicio. No obstante el rumbo de las investigaciones policiales con varias personas implicadas en los hechos no abocan sino a tener por acreditado el delito de estafa informática. Es posible que la acusada no enviara ningún email con link para el cambio de claves y que ello se llevara a cabo por terceras personas desconocidas, si bien esta recibió el dinero -2000 euros- en la cuenta de la que era titular y en la modalidad de bizum, siendo que el ordenante en aquellas cuatro transferencias era Alicia, que nada tiene que ver con el familiar de Jorge llamado Marcelino; cantidad que posteriormente gastó la acusada y no ha restituido a la entidad bancaria...

La juez a quo expone la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25-10-2012, en la que se recoge" En definitiva, la calificación jurídica de los hechos como integrantes de un delito de estafa informática, receptación o blanqueo de capitales, obligará a analizar en qué medida el dolo de ese tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido, capta los elementos del tipo objetivo del delito de estafa. Abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima, encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa, pues en la mayoría de los casos, al autor principal no le será suficiente con disponer de la información precisa sobre las claves personales para ejecutar el acto de desapoderamiento. Necesitará una cuenta corriente que no levante sospechas y que, mediante la extracción de las cantidades transferidas pueda llegar a obtener el beneficio económico perseguido. Precisamente por ello, la contribución de quien se presta interesadamente a convertirse en depositario momentáneo de los fondos sustraídos, integrará de ordinario el delito de estafa. Pero para ello resultará indispensable -claro es- que quede suficientemente acreditada su participación dolosa en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva. "Tras ello la juez de instancia sostiene En consecuencia los hechos no son constitutivos ni de un delito de blanqueo de dinero ni de un delito de receptación pues este último precisa de la acreditación del delito antecedente.

Tras ello, en el fundamento de derecho cuarto relativo a la autoría, la juez a quo expone que la acusada es responsable en concepto de autora al facilitar su número de cuenta bancaria para recibir la transferencia y retirar el dinero con un evidente ánimo de enriquecimiento, al no querer saber el origen del dinero que recibió en cantidad tan relevante. Lo importante es que llevó a cabo una actuación eficiente en una actividad antijurídica con pleno conocimiento, por cuanto el ordenante de las transferencias nada tenía que ver con su círculo de personas (incluido familiares).

TERCERO. Recoge el relato de hechos probados "en la fecha 20 de mayo de 2019, Alicia, interpuso denuncia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Torrejón de Ardoz, por cuanto había recibido un correo electrónico con un link donde se le requería que, para evitar ver caducada sus claves con las que operar en su entidad bancaria CAIXABANK, tenía que introducir sus claves de seguridad. Ésta ante el temor de la caducidad, y debido a que el correo contenía el logotipo de su entidad bancaria, introdujo dichas claves en el link que había recibido y tiempo después se percató de que personas desconocidas habían suscrito préstamos a su nombre y efectuado hasta cuatro transferencias no autorizadas en la fecha 17 de mayo de 2020, por un importe total de 2.000 euros (500 euros cada una de ellas), desde su cuenta bancaria ES NUM000 a la cuenta bancaria NUM001 de la que era titular la hoy acusada Yolanda, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a la presente causa, mediante el sistema de envío a móvil (bizum), siendo que la acusada disponía en la fecha de hechos del número de teléfono NUM002".

La sentencia de instancia califica esto hechos como constitutivos de una estafa informática del art. 248.2 del C. Penal, y en efecto, esta calificación se corresponde con el relato de hechos. No puede identificarse el engaño con la aportación de una cuenta bancaria en donde se ha de realizar el ingreso, pues, el engaño consiste en el artificio que provoca el error en el disponente, en este caso, consistente en las manipulaciones de interceptación de los correos electrónicos.

La STS 25 de octubre de 2012, precisamente citada por la juez a quo, recoge, como se ha expuesto, "En definitiva, la calificación jurídica de los hechos como integrantes de un delito de estafa informática, receptación o blanqueo de capitales, obligará a analizar en qué medida el dolo de ese tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido, capta los elementos del tipo objetivo del delito de estafa. Abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima, encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa, pues en la mayoría de los casos, al autor principal no le será suficiente con disponer de la información precisa sobre las claves personales para ejecutar el acto de desapoderamiento. Necesitará una cuenta corriente que no levante sospechas y que, mediante la extracción de las cantidades transferidas pueda llegar a obtener el beneficio económico perseguido. Precisamente por ello, la contribución de quien se presta interesadamente a convertirse en depositario momentáneo de los fondos sustraídos integrará de ordinario el delito de estafa. Pero para ello resultará indispensable -claro es- que quede suficientemente acreditada su participación dolosa en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva".

La STS de 2-12-2014 (aunque tipifica los hechos como delito de estafa informática, señala, sin embargo, que "para ello resultará indispensable -claro es- que quede suficientemente acreditada su participación dolosa -la del 'mulero'- en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva", algo que ya mencionaba la STS de 25-10-2012) y, la STS de 27-7-2015, la Sala 2 ª del Alto Tribunal ha modificado su jurisprudencia, incardinando los delitos de phishing más en el delito de blanqueo de capitales, bien en su modalidad dolosa, bien en su modalidad imprudente, antes que en el delito de estafa. Así, esta Sentencia recuerda que "como expresa la reciente sentencia de esta Sala Nº 265/2015 de 29 de Abril, el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado. En concreto el artículo 301 del Código Penal sanciona como responsable del delito de blanqueo a quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

En suma: la calificación jurídica de los hechos como integrantes de un delito de estafa informática, receptación o blanqueo de capitales, obliga a analizar en qué medida el dolo del tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido capta los elementos de uno u otro delito.

En el presente caso, la juez a quo no recoge en los hechos probados que la acusada hubiera realizado la manipulación informática y expone que fueron terceras personas desconocidas las que hicieron las transferencias a la cuenta de la acusada, y tampoco recoge que la acusada tuviera pleno conocimiento del carácter fraudulento de las operaciones, ni que obrara en connivencia con el estafador, ni se nos dice que aceptaran recibir el dinero con conocimiento de la anterior comisión de un ilícito penal, y precisamente la juez a quo en el fundamento derecho segundo expone que los hechos no son constitutivos de un delito de receptación pues este último precisa de la acreditación del delito antecedente y en el fundamento de derecho cuarto, que la acusada es autora al facilitar su número de cuenta bancaria para recibir la transferencia y retirar el dinero con un evidente ánimo de enriquecimiento, al no querer saber el origen del dinero que recibió en cantidad tan relevante ..... Lo único que se dice en el relato de hecho es que recibió en su cuenta corriente el dinero en su cuenta corrientes sabiendo que el ordenante no era un familiar de su entonces pareja sentimental. Tampoco motiva en la sentencia porque estima la participación de la acusada en la manipulación informática, simplemente en su fundamentación jurídica viene a estimar dicha participación porque recepciona en su cuenta bancaria el dinero, y a la vista de la prueba que recoge la Magistrada, practicada en el juicio, visualizada por la Sala en el DVD de la grabación, lo cierto es simplemente queda acreditado que los 2000 euros fueron transferidos a su cuenta por una tercera persona.

En consecuencia, en el caso a examen en autos no se ha acreditado la partición dolosa de la acusada en un delito cuya secuencia inicial desconocemos quien la ha iniciado, y que tampoco podemos imputar a la acusada, lo que determina que no dispongamos de los elementos necesarios para considerar agotado el tipo de estafa o para la posible imputación en alguna de las formas de coparticipación. Por otro lado, aunque la versión que de los hechos ofrece el acusado constituye un dato que el Juzgador ha de tener en cuenta, lo cierto es que no corresponde a aquél la carga de la prueba de su versión de inocencia ( STC 24/97 de 11.12 ). Es la acusación la que debe acreditar la versión de culpabilidad: probar, no solo la realidad del fraude, sino también, fuera de toda duda razonable, la intervención o participación en él de la acusada, el dato de la titularidad de la cuenta receptora del dinero estafado no es suficiente para la probanza de la autoría de la acusada en el fraude.

CUARTO. La no probanza de la autoría o coautoría con relación al delito de estafa, no impedirá sin embargo, como se verá, la condena de la recurrente, por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Este Tribunal de apelación está autorizado a sustituir la condena por estafa, por otra por blanqueo de capitales, aunque dicha sustitución no haya sido lo solicitado en el único recurso formulado, cuyo único petitum es la absolución de la acusada.

Es posible la condena por blanqueo de capitales, en su modalidad imprudente, porque también fue objeto de acusación en primera instancia: en trámite de conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal introdujo tal calificación como alternativa. Calificación que puede aceptarse en esta alzada sin que ello suponga vulneración del principio de la prohibición de la reformatio in peius ( artículo 792.2 párrafo 1º LECr ), ya que el delito de blanqueo por imprudencia (artículo 301.3) es más leve que el delito de estafa (artículo 249), atendida la menor duración de su pena de prisión.

En Sentencia 183/2005 de 4.7, al estudiar el principio acusatorio y la prohibición de la reforma peyorativa, el Tribunal Constitucional recordó que: Ante la revisión de sentencias condenatorias, el pronunciamiento del órgano ad quem no queda sometido a las pretensiones absolutorias de las partes, ni en los casos en los que sólo el condenado en la instancia es el recurrente ( STC 283/1993 de 27.09). Y concluyó que, con ocasión de un recurso, es dable alterar de oficio el sentido del fallo recaído y optar por condenar en virtud de una acusación formulada en primera instancia desatendida por el órgano a quo. El único límite, cuando apela sólo el condenado, impuesto por la interdicción de la reformatio in peius, es la prohibición de agravamiento de la sentencia recurrida ( STC 203/2007 de 24.09 y STC 84/1985 de 8 de julio). La condena que recaiga en segunda instancia no puede empeorar la situación que establece el fallo condenatorio de la dictada por el juzgador a quo ( STC 283/1993 de 27.09).

Dicho lo anterior, se darán las razones de la condena por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, contemplado en el apartado 3º del artículo 301 CP.

La STS 997/2013 de 19 Dic. (Pte Varela Castro) precisa que

"1.- En cuanto al delito de blanqueo por imprudencia hemos dicho en nuestra STS de 20 de febrero de 2013 resolviendo el recurso 685/2012 que "... el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa grave, en este caso punible, y leve, no punible, participa de la crítica general a la distinción por su "ambigüedad e inespecificidad", y por contradecir el criterio de "taxatividad" de los tipos penales.

2.- A pesar de ello, recuerda la doctrina que el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo.

3.- En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida.

4.- Es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedan".

Finalmente hemos de recordar que este delito no es un delito especial y "no tiene por qué ser cometido exclusivamente por aquellos a quienes la ley les impone medidas de prevención ante el blanqueo de capitales, sino que lo pueden cometer particulares, como aquí ocurre, y que deben ser más cuidadosos en el manejo de fondos, ante el dato de que el dinero pudiera proceder de una actividad delictiva. El art. 301.3º no hace referencia alguna al sujeto activo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera. Los tipos dolosos a los que se remite el imprudente son tipos comunes, por lo que sin diferenciación expresa del legislador no parece congruente configurar específicamente la modalidad imprudente como delito especial" ( STS 363/21 de 19 de abril Pte. Polo García).

En este caso por tanto lo que se afirma, en términos que hemos confirmado, es que la acusada recibió en su cuenta dinero procedente de la defraudación. Lo que se desprende de este modo de proceder es que aceptó la operación omitiendo el más elemental deber de cuidado para conocer el verdadero origen del dinero. La juez a quo viene a estimar poca verosímil la versión ofrecida por la acusada y su entonces compañero sentimental, no existiendo dato corroborador alguno de dicha versión, manifestando que Marcelino no tenía papeles, recibiendo la acusada transferencias a nombre de una tercera persona aun habiendo asumido la acusada lo que le dijo Jorge habrían efectivamente obrado omitiendo cualquier diligencia para adverar el origen del dinero y lo que se extrae de la objetiva prestación de su cuenta corriente para recibir el dinero es un comportamiento gravemente imprudente de blanqueo de capitales.

QUINTO. Enlazando con el tercer motivo de recurso, en el que con carácter subsidiario la parte recurrente solicitaba que se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas al sostener que desde la remisión al juzgado de lo penal en fecha 13-10- 2020 hasta la recepción de las actuaciones en el Juzgado de lo penal 20-9-2022 y hasta el auto de admisión de prueba de fecha 29-5-2023 hay dilaciones indebidas no imputables a su patrocinada, procede apreciar dicha atenuante.

La juez a quo desestimó dicha atenuante sosteniendo que el retraso no se debió a la Administración de Justicia sino a la acusada a la que incluso se declaró en rebeldía. Examinada la causa, la busca de la acusada se acordó con posterioridad a la Diligencia de señalamiento del juicio, y lo que se aprecia es que con anterioridad a dicha Diligencia de señalamiento existen las paralizaciones recogidas en nuevo relato de hechos probados no imputables a la acusada.

SEXTO. En cuanto a la penalidad procedente, el artículo 301.3 CP sanciona el blanqueo imprudente con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes blanqueados.

En el proceso de individualización cuantitativa de la pena privativa de libertad, procede aplicar la regla primera del artículo 66.1 del Código Penal al concurrir una atenuante y debiendo imponerse la pena en su mitad inferior, atendiendo a la cantidad blanqueada se impone la pena mínima 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de conformidad con el artículo 56.1.2º del Código Penal (accediendo, igualmente, por ello al último motivo de recurso realizado de forma subsidiaria).

Para determinar la pena proporcional, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 52.2 del Código Penal, que dispone que "en estos casos, los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación económica del culpable". Aplicando lo expuesto al presente caso, se considera proporcionada la imposición al acusado la pena mínima 2000 euros. De conformidad con el artículo 53.2 del Código Penal, procede imponer la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 días de privación de libertad.

La cuestión de la responsabilidad civil asociada al delito de blanqueo de capitales es una cuestión problemática.

En puridad el delito que causa el daño a reparar es el delito precedente, en este caso la estafa que, aunque no enjuiciada, entendemos cometida y de la que fue víctima la denunciante. La cuestión es si la obligación de reparar este daño ha de extenderse a quien, sin haber participado en el delito directamente causante del daño, ha colaborado con su autor para que pudiera aprovechar sus efectos, haciendo así además irrecuperable la suma defraudada.

Nuestra jurisprudencia ha descartado la responsabilidad civil del autor de un delito de blanqueo de capitales en relación con un delito contra la hacienda pública en la reciente STS 601/2021 de 7 de julio (Pte. Colmenero Menéndez de Luarca) al considerar que " De la sentencia impugnada no resulta que del delito de blanqueo se hayan derivado perjuicios identificados, por lo que no es pertinente la condena a indemnizar. El recurrente no ha sido condenado por el delito de defraudación fiscal, del que se han derivado los perjuicios contemplados en la sentencia". Sin embargo la STS de 279/12 de 9 de abril (Pte. Maza Marín) condenó como responsable civil subsidiaria a la entidad bancaria donde trabajaba el autor del delito de blanqueo, al estimar que la infracción causante del daño no hubiera podido cometerse de no haber sido por la actividad constitutiva del blanqueo.

Este es el criterio que la Sala estima razonable. La defraudación de la que resultó el perjuicio a reparar no hubiera podido ser cometida sin la imprudente colaboración del acusado o lo hubiera sido de un modo alternativo que hubiera hecho más sencillo la recuperación del dinero defraudado. Por este motivo se considera adecuada la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación alternativo y se condena al acusado a indemnizar a Caixabank en la cantidad de 2000 euros.

SÉPTIMO. Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, deberán declararse de oficio.