Sentencia Penal 117/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 1694/2022 de 22 de febrero del 2024

PRIMERO .- A la relación de hechos probados se ha llegado habiendo partido del principio de presunción de inocencia establecido en el art. 24 de la Constitución Española y su consiguiente necesidad de una actividad probatoria de cargo practicada en la vista oral con el respeto los principios de oralidad, concentración, contradicción y defensa, prueba valorada conforme al art. 741 de la LECrim y habiéndose tenido en cuenta las garantías prescritas en la Constitución y LECrim, los arts. 10 y 11 de la Declaración de los Derechos Humanos y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El procesado en el juicio ha reconocido el enfrentamiento con el denunciante, que justifica señalando que actuó en defensa de su pareja Antonia, porque Teodosio estaba molestando de modo continuo a su expareja, y al verlos juntos acudió en su ayuda, produciéndose una pelea en la que se defendió del ataque de Teodosio, sin ser consciente de haberle apuñalado. Así señala que vio a Teodosio que estaba con Antonia, que le estaba asustando, que estaba bebido y agresivo, ante lo que se les acercó, momento en que Teodosio cogió un palo, ante lo que sacó el cuchillo que llevaba en un bolsillo, produciéndose una pelea entre los dos, sin que recuerde haberle clavado el cuchillo, ni haberle dado un golpe en la cara; manifestó que al ver la sangre tiró el cuchillo y fue con Antonia a un baño donde le limpiaron la heridas con un papel y a continuación llamó a emergencia para que mandaran una ambulancia. También manifestó que el cuchillo solo lo llevaba para intimidarle, pero no tenía intención de utilizarlo.

Pero esta versión ha quedado desvirtuada en lo esencial por la declaración del perjudicado Teodosio, que forma clara, precisa y contundente, manifestó en el juicio que estaba hablando con su ex Antonia, que no discutía con ella, y cree que el procesado estaba escuchando lo que hablaban, porque le llamó por el móvil y le dijo que iba a ir a por él, apareció en el sitio donde estaban, que sucedió frente a la residencia San Camilo en Tres Cantos sobre las 01:00 horas, que el procesado se le acercó muy nervioso y comenzaron a insultarse y a pegarse, que no vio el cuchillo, sólo notó la puñalada, y luego notó la patada en la cara, que le abrió el pómulo. Y también indicó el testigo que se taponó la herida él solo, y que llamaron a emergencias, sin saber si fue Antonia o el procesado.

La testigo Antonia corroboró en el juicio la versión del procesado señalando que fue pareja de Teodosio, pero que lo dejaron y empezó a salir con el procesado. Que Teodosio le llamaba y molestaba con frecuencia, y que el día de autos le llamó para quedar, lo que comunicó al procesado; que Teodosio estaba agresivo y ella se iba a ir a su casa, pero esperó a que llegase el procesado. Manifestó que cuando éste llegó al lugar, Teodosio cogió un palo y los dos se pelearon, intentado separarles, y al ver la sangre, paró la pelea y trataron de limpiar la herida, al tiempo que el procesado llamó a emergencias.

Loa agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, tanto de Policía Local como Policía Nacional relataron el mal estado en que se encontraba la víctima, indicando uno de los agentes que estaba bebido, y manifestaron en su mayoría que cuando llegaron al lugar, el procesado ya había llamado a emergencias para que enviasen una ambulancia.

Es cierto que el lesionado y el procesado se llevaban mal pues Teodosio había salido con Antonia, lo dejaron y posteriormente fue la pareja del procesado, y Teodosio no llevaba bien la separación, lo que provocó malas relaciones entre los dos, pero ello no permite poner en duda la veracidad y credibilidad de la declaración de Teodosio. La declaración ha sido clara, precisa y contundente, y es coincidente por lo que se refiere al relato esencial de los hechos con su anterior declaración en el Juzgado. Y además esta declaración aparece corroborada por las lesiones sufridas, resultando que las mismas son plenamente compatibles con el relato expuesto por Teodosio.

Por otro lado la prueba pericial de las Médicos Forenses ha acreditado que las lesiones sufridas por Teodosio consistieron en neumotorax con traumatismo abierto del torax izquierdo, por herida penetrante, con laceración pulmonar asociada, con arma blanca, y herida incisa de 2cm aprox que afecta planos profundos en región malar derech. Que las lesiones precisaron para su curación primera asistencia (exploración, diagnóstico y tratamiento preventivo y sintomático) y tratamiento médico-quirúrgico (ingreso, sutura y colocación de tubo endotorácico). Que el tiempo empleado para la curación/estabilización de las lesiones: 31 días impeditivos, siendo dos de ellos de hospitalización (19 y 20/1/22), quedando como secuela un perjuicio estético moderado, derivado de cicatrices quirúrgicas (en región malar derecha y costado izquierdo) valorado como moderado (13 puntos). También indicaron las Forenses que la herida que sufrió el lesionado a nivel costal penetró lo suficiente como para alcanzar el pulmón subyacente y causar un neumotórax, lo que supuso una urgencia sanitaria, y que sin tratamiento médico sólo podría haberse agravado la situación comprometiendo la vida del paciente. Es decir, la herida hubiera ocasionado la muerte del lesionado de no haber sido atentado hospitalariamente.

SEGUNDO .- Los hechos declarados probados son constitutivos, en principio, de un delito de homicidio en grado de tentativa de los artículo 138.1 en relación con el artículo 16 y 62 del Código Penal. Ello es inobjetable teniendo en cuenta el arma empleada y la zona del cuerpo vulnerada. Una sola cuchillada debajo del brazo izquierdo con penetración en el pulmón y laceración del mismo es suficiente para ocasionar la muerte, y esto es algo que a cualquiera se le alcanza por lo que, en el presente caso, debe decirse que el procesado quiso o, al menos aceptó, en el momento de herir a Teodosio, la muerte de éste. Lo que ocurre es que la conducta inmediatamente posterior del procesado recabando el auxilio del Summa 112 demuestra que su dolo homicida, tan evidente como súbito e instantáneo, desapareció tan pronto advirtió la posibilidad de que la muerte efectivamente se produjese. Este arrepentimiento no tendría relevancia alguna sobre la tipicidad del hecho -la agresión fue homicida en el momento de realizarse puesto que le guio el propósito de matar- si no fuese porque el mismo fue acompañado de actos orientados eficazmente a socorrer a la víctima, lo que equivalía a procurar evitar la producción de la muerte mediante una pronta intervención médica y, por fortuna, la atención urgente prestada a la víctima evitó un fatal desenlace. Por ello debe tenerse en cuenta que, si bien según el artículo 16.1 del Código Penal, un delito queda en grado de tentativa cuando el resultado "no se produce por causas independientes de la voluntad del autor"; en el caso enjuiciado, la muerte no se produjo porque la impidió la conducta posterior del procesado, pidiendo auxilio a emergencias lo que hizo posible la inmediata intervención que requería la gravedad de las heridas. Quiere esto decir que nos encontramos ante un supuesto de tentativa acabada, porque el autor realizó todos los actos que eran precisos para producir la muerte según su representación, pero también ante un supuesto de desistimiento activo definido, por vez primera de forma clara y expresa, en el artículo 16.2 del Código Penal de 1995. Esta norma ha introducido en nuestro ordenamiento penal una verdadera excusa absolutoria para los casos en que la ejecución del delito se detenga antes de su consumación por el propio y voluntario desistimiento del autor. El desistimiento podrá ser meramente pasivo, dejando de realizar actos de ejecución, en la tentativa inacabada y tendrá que ser activo, llevando a cabo actos impeditivos que eviten la consumación, en la tentativa acabada. Se trata de una excusa absolutoria incompleta, que produce sus efectos en relación con el delito intentado, pero no en relación con el delito o falta que pudieran constituir los actos ya ejecutados, inspirada seguramente por una razón de política criminal que sería la conveniencia de estimular, en quien comienza a ejecutar un delito, un comportamiento capaz de evitar la lesión del bien jurídico contra el que iba dirigida la acción. La interpretación de la norma ha de ser, sin duda, exigente con respecto a la voluntariedad y eficacia de la conducta que detiene el "iter criminis", de forma que no habrá inconveniente en admitir la existencia de la excusa absolutoria cuando es el propio autor el que directamente impide la consumación del delito como cuando el mismo desencadena o provoca la actuación de terceros que son los que finalmente lo consiguen. En este sentido, el Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2002 acordó que " La interpretación del art. 16.2.º CP que establece una excusa absolutoria incompleta, ha de ser sin duda exigente con respecto a la voluntariedad y eficacia de la conducta que detiene el iter criminis, pero no se debe perder de vista la razón de política criminal que inspira, de forma que no hay inconveniente en admitir la existencia de la excusa absolutoria tanto cuando sea el propio autor el que directamente impide la consumación del delito, como cuando desencadena o provoca la actuación de terceros que son los que finalmente lo consiguen".

El hecho enjuiciado, por tanto, debe considerarse comprendido en el desistimiento activo definido en el artículo 16.2 del Código Penal porque el procesado, habiendo realizado ya todos los actos que, en un proceso causal normal hubiesen producido la muerte de la víctima, impidió su causación con una voluntaria y directa actuación obstativa y, en todo caso eficaz, puesto que a su llamada, se personaron los sanitarios de urgencia y posibilitaron la inmediata asistencia. Procede, por ello, la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de lesiones del artículo 147.1 en relación con el artículo 148.1 (empleo de un medio peligroso como es un cuchillo), ambos del Código Penal, sin que sea óbice para la condena por el delito de lesiones el hecho de que la acción que las ocasionó hubiese estado inspirada por el ánimo de matar, toda vez que éste engloba el de lesionar.

El delito de lesiones finalmente cometido por el procesado, como ya se ha dicho ha de ser calificado con arreglo al art. 148.1º en relación con el artículo 147.1 del citado cuerpo legal por haberse utilizado en la agresión un arma concretamente peligrosa para la vida, pues de una parte, las lesiones de Teodosio precisaron para su curación, además de asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico y, además, fueron causadas con un cuchillo, instrumento que, sin género de duda alguna, ha de catalogarse de peligroso.

TERCERO .- Resulta autor de este delito de lesiones el procesado Mauricio ( artículos 2 y 28 del Código Penal). Su culpabilidad se obtiene de la valoración probatoria ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) descrita en el fundamento jurídico primero, porque en cualquier caso, el resultado lesivo hay que atribuirlo a la actitud agresiva mostrada por el procesado en el transcurso del incidente, ya que el resultado de la acción contenida en el referido artículo ha de estar abarcada por el denominado dolo eventual, por lo que no se requiere que el conocimiento y voluntad del sujeto abarquen la producción del resultado en su sentido jurídico, sino por el resultado en sentido natural, que es lo que necesariamente tuvo que prever y aceptar el procesado por la contundencia del golpe que propinó (entre otras STS de 6 de junio de 2000).

CUARTO .- En la realización de tal delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

La defensa alega una doble legítima defensa al considerar que el procesado actuó en defensa tanto de Antonia que estaba siendo atacada por Teodosio, como en defensa propia, pues el lesionado sacó un palo, ante lo que el procesado tuvo que defenderse. Se interesa ya como eximente completa, como incompleta.

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 470/05, de 14 de abril compendia la jurisprudencia de dicho Tribunal para la apreciación de dicha eximente, señalando, en primer lugar que, tal como destaca la STS 1760/2000, de 16 de Noviembre, esta eximente se asienta en dos soportes principales que son, según la doctrina y la jurisprudencia, una agresión ilegitima y la necesidad de defenderse por parte de quien sufre aquella.

En el caso de autos no concurren ninguno de estos dos requisitos pues los hechos no sucedieron como indica la defensa del procesado. Como manifestó Antonia, Teodosio y ella estuvieron hablando, que Teodosio estaba agresivo, pero no le atacó ni la insultó, y que se iba a ir a su casa, pero esperó a que llegase el procesado, porque le había avisado, por lo que el procesado no la tenía retenida contra su voluntad, ni le estaba atacando, ni molestando. De modo que ninguna agresión ilegítima se produjo, y ninguna necesidad existía de defenderse.

Y en cuanto al enfrentamiento entre Teodosio y el procesado debe indicarse que la prueba practicada ha acreditado que los dos discutieron y se enfrentaron, que el lesionado cogió un palo y el procesado sacó un cuchillo, y éste le agredió con el instrumento cortante. Y en este sentido debe indicarse la constante y uniforme jurisprudencia en el sentido de que las situaciones de riña mutuamente aceptada provocan un clima en el que ambos contendientes se sitúan al margen de la protección legal al ser protagonistas mutuos de un enfrentamiento que va incrementando la violencia inicial y desencadena sucesivos lances, de tal manera que, si ninguno de los contendientes se aparta voluntariamente de ellos, carece de legitimación para esgrimir la defensa legítima. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Octubre de 2005 señala: " en situaciones de mutuo acometimiento y recíproca agresión, elimina la existencia de la causa de justificación de legítima defensa en sus dos facetas de completa o incompleta, al faltar el requisito "sine qua non", básico y fundamental y de prioritaria valoración, de la agresión ilegítima reiterada con sus caracteres -como antes se dijo- de actual, inminente, imprevista y de suficiente y eficiente entidad para la puesta en peligro de la persona o derechos del agredido, al erigirse los contendientes en agresores recíprocos y pasando a ser los resultados lesivos sufridos por cualquiera de ellos incidentes episódicos de la contienda asumida, desconectados de la coyuntura de necesidad absoluta o relativa que la defensa implica, siendo indiferente la prioridad de la agresión".

QUINTO .- También interesa la defensa la aplicación de la eximente de miedo insuperable, ya como completa, ya como incompleta.

La aplicación de esta eximente exige examinar, en cada caso concreto, si el sujeto podía haber actuado de otra forma y se le podría exigir otra conducta distinta de la desarrollada ante la presión del miedo. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aun reconociendo la presión de las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta (S 16- 07-2001, núm. 1095/2001). La doctrina jurisprudencial ( STS 1495/99, de 19 de octubre), exige para la aplicación de la eximente incompleta de miedo insuperable, la concurrencia de los requisitos de existencia de un temor inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado y que alcance un grado bastante para disminuir notablemente la capacidad electiva ( Sentencia de 29 de junio de 1990 ) En parecidos términos la STS 1382/2000, de 24 de octubre, en la que se afirma que la naturaleza jurídica ha sido discutida en la doctrina si se trata de una causa de inimputabilidad, o de inculpabilidad, o de inexigibilidad de otra conducta distinta, e incluso de negación de la acción, tiene su razón de ser en la grave perturbación producida en el sujeto, por el impacto del temor, que nubla su inteligencia y domina su voluntad, determinándole a realizar un acto que sin esa perturbación psíquica sería delictivo, y que no tenga otro móvil que el miedo, sin que, ello no obstante, pueda servir de amparo a las personas timoratas, pusilánimes o asustadizas.

Y en el caso de autos no se ha acreditado que se produjera una situación de temor en el procesado, que llegase a nubla su inteligencia y dominase su voluntad, determinándole a realizar un acto que sin esa perturbación psíquica sería delictivo, pues estamos ante un simple enfrentamiento entre dos personas de igual a igual, en cuanto a medios agresivos, siendo incluso el del procesado más letal que el palo que portaba Teodosio. De modo que no concurre ni la exención completa, ni la incompleta.

La defensa también invoca la atenuante de confesión, aunque no ha sido defendida vía informe final del juicio, ya que ciertamente no puede concurrir tal atenuación en quien sostiene a lo largo de la causa y en el acto del juicio no ser consciente de haber agredido a una persona con un arma blanca y de haberle dado después una patada en la cara.

Tampoco concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño prevista en el artículo 21.5ª del Código Penal basada en la consignación de mil euros. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 2008 (RJ 2009/30) establece: " La atenuación por reparación del daño exige que la reparación sea relevante respecto del daño padecido y por tanto en supuestos de consignación judicial con anterioridad al juicio oral, la cantidad consignada habrá de aproximarse lo más posible a la cuantía interesada por el concepto de responsabilidad civil...El recurrente es conocedor de la doctrina de esta Sala y se apoya en un error valorativo del Fiscal para consignar la exigua e insignificante cantidad antes dicha. El Tribunal ha demostrado cómo el enorme daño y desprestigio ocasionado a una marca registrada sobre una calidad del vino plenamente constrastada, no puede ser reparada con esa reducida y mínima suma.

El motivo no puede prosperar, porque también la acusación particular interesó la suma de 300.000 euros, quizás excesiva, pero no se tuvo en cuenta para llevar a cabo una reparación más enjundiosa.

El propósito del recurrente, que puede ser secundario, no se ajusta al dato objetivo de que el perjudicado quede indemne, ni mucho menos se consigue con ello la reparación parcial del daño a que hace referencia el precepto, ya que el monto indemnizatorio señalado por la Audiencia de modo justo y procedente queda muy alejado de la cantidad ofrecida, prácticamente simbólica".

Aplicando lo expuesto al caso de autos sólo cabe concluir que no concurre dicha atenuante en el caso de autos pues para la aplicación de la misma, la reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no se trata de conceder efecto atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin contribuir de modo eficiente y significativo a la efectiva reparación del daño ocasionado.

En el caso presente el M. Fiscal solicita en favor del lesionado una indemnización de 23.169,752 euros, y la consignación realizada por el procesado es de mil euros. Es decir estamos ante una consignación mínima, por no decir ridícula, que no llega ni al 5 % de la cantidad total, y ello a pesar de que ha transcurrido más de dos años desde los hechos. No existe una verdadera reparación, sino un intento burdo de aminorar la pena con una aportación mínima.

SEXTO .- En orden a las penas a imponer, su individualización ha de hacerse teniendo en cuenta la antijuricidad del hecho y la culpabilidad de su autor. La primera ofrece unos perfiles normalmente bien definidos en razón de los correspondientes tipos penales, en los cuáles se establecen por el legislador las penas en atención a la relevancia jurídica de los respectivos bienes jurídicos protegidos (la vida, la libertad, el honor, el patrimonio, etc.). Los grados de culpabilidad, por su parte, ofrecen al juzgador una superior dificultad, por cuanto su regulación legal es forzosamente menos precisa. El tercero de los elementos que ha de tener en cuenta el juzgador a la hora de determinar la pena que ha de imponer al delincuente es el relativo a la finalidad de la misma, ponderando a este respecto tanto la gravedad del hecho -desde la óptica de la prevención general- como la personalidad del culpable -desde la óptica de la prevención especial y de la reinserción social del mismo ( art. 25.2 C.E.).

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 148.1 en relación con el artículo 147.1, ambos del Código Penal la sanción asignable a los autores de dicho ilícito penal podrá establecerse en la privación de libertad de dos a cinco años de prisión, en atención al resultado causado o riesgo producido, estableciéndose en el artículo 66.1.6ª del Código Penal que " Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada , en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Pues bien, con tales parámetros, la Sala considera procedente imponer al procesado la pena de cuatro años y seis meses de prisión, dada la entidad y gravedad de las lesiones (resultado causado), el medio utilizado, un cuchillo, arma potencial para causar la muerte, el importante quebranto en la salud de la víctima y la importante intervención quirúrgica a que tuvo que someterse, de modo que la actuación del procesado supuso un elevado riesgo para la vida del lesionado. Tampoco debe olvidarse la duplicidad de ataques, consistentes en acometer y lesionar el tórax y la cara, y, sin olvidar una cierta premeditación por parte del procesado que acudió a enfrentarse con la víctima portando un cuchillo, lo que revela una especial perversidad por parte del procesado. Asimismo como pena accesoria, procede imponer la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También debe imponerse la prohibición de aproximación y comunicación con Teodosio por un tiempo de siete años, dado el estado de temor que el procesado ha creado en el lesionado. La medida aparece plenamente justificada por la peligrosidad demostrada por el procesado y por la necesidad de garantizar a la víctima una vida segura y tranquila.

SEPTIMO .- Conforme a lo dispuesto en el Art.116 del Código Penal toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente.

Teodosio sufrió unas lesiones que tardaron en curar 31 días impeditivos para el desempeño de sus ocupaciones habituales, siendo dos de ellos de hospitalización, quedando como secuela un perjuicio estético moderado, derivado de cicatrices quirúrgicas (en región malar derecha y costado izquierdo)

A la vista de estas lesiones, el procesado indemnizará a Teodosio, en la cantidad de 3.200 euros por las lesiones. Es ya criterio tradicional de los Tribunales consistente en fijar la cantidad de cincuenta euros por día de lesión sin impedimento, la cantidad de cien euros por día de incapacidad, así como ciento cincuenta por día de hospitalización, cifras que se consideran adecuadas para reparar en la medida de lo posible las consecuencias normales derivadas de toda lesión. En aquellos casos en que se acredite un mayor perjuicio procedería fijar una indemnización superior, así como una inferior en los supuestos en que se acredite la ausencia de perjuicios o una entidad muy leve de los mismos. Como en el caso de autos no estamos en ninguno de los supuestos especiales que se acaban de citar, procede fijar la indemnización ya referida de 3.200 euros, por los veintinueve días de lesiones con impedimento y dos días de hospitalización.

En cuanto a la secuela debe indicarse que la misma reviste especial gravedad al tratarse de un perjuicio estético relevante y muy visible, pues una de las cicatrices está a la altura del pómulo, por lo que se considera que la secuela debe ser indemnizada con la cantidad solicitada por el M. Fiscal de 19.369,75 euros, cantidad que incluye tanto el daño físico como el dolor moral, pues no se olvide que toda secuela física genera un evidente daño moral al que la sufre. Además también se debe fijar la indemnización de 600 euros por la intervención quirúrgica a que fue sometido.

OCTAVO .- Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, a tenor de lo dispuesto en los Art.123 del Código Penal y 244 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el procesado abonará las costas de este procedimiento.

VISTOS, además de los citados, los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.