Sentencia Penal 151/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 1032/2024 de 03 de abril del 2024

PRIMERO- I. El recurso que se examina contiene el suplico de que se dicte nueva sentencia que anule la anterior con la absolución. Y los argumentos literales en que se fundamenta tal pretensión son los siguientes:

"/.../ SEGUNDA: Así las cosas y, en atención a la prueba practicada en sede de juicio, entendemos que la sentencia infringe gravemente el principio de presunción de inocencia del acusado, que se regula en el artículo 24.2 de la Constitución Española, dentro de los derechos fundamentales, condenándolo por un delito de robo con violencia del artículo 237 y 241 C.P. , sin pruebas.

En ningún momento se acredita en el acto de juicio que el acusado haya sustraído a la víctima pertenencia alguna o que tuviera intención de hacerlo. Así lo puso de manifiesto esta parte en sede de juicio oral. Lo cierto es que el estado de salud que presentaba el día de los hechos era lamentable, reconociendo la propia víctima en su declaración, que lo conoce muy bien, como aclara, que el aspecto que llevaba que era de al menos llevar un día sin dormir y muy borracho, que suele drogarse y beber alcohol a la vez, que lo sabía que había consumido porque cuando lo hace se le sube y luego baja un ojo. Así lo manifestó durante la instrucción y luego en el acto del juicio.

El forense en sede de juicio añade, al minuto de la grabación 14:05, que dado el rasgo de personalidad que tiene el acusado y de estar bajo los efectos de haber consumido tóxicos, como drogas y alcohol, actúa, en este caso, de forma mayormente impulsiva con la víctima, no ya por haber consumido alcohol y drogas sino por su rasgo de personalidad impulsiva y, que al encontrársela de forma casual en la calle, reacciona como lo hizo. Así es como se produce la discusión, por una reacción impulsiva que afecta a su voluntad y aclara que una persona que consume altas cantidades de alcohol y retiradamente, no es previsible, no se puede prever su comportamiento.

Por tanto, lo único que se prueba es el estado que presentada el acusado que actuó impulsivamente, forcejeando con la víctima mientas le reclamaba sus ochenta y cinco euros. El Guardia Civil no NUM002, también lo manifestó, que olía fuerte a alcohol y cuando le cacheó perdía el equilibrio.

En definitiva, su estado según el perito le lleva a actuar de forma impulsiva, por lo que, no existe constancia que tuviera intención de apropiarse de las pertenencias de la víctima. Lo que se produce es el forcejeo entre ellos, le rompe el bolso, las gafas, la tira al suelo, le coge del cuello y le arranca el collar, sin embargo, no se lo lleva.

La víctima en sede de juicio lo aclara. No ve que se lo llevase el collar y en el cacheo la guardia civil comprueba que no lo lleva. Los cuatro guardias civiles actúan de forma inmediata y todos manifiestan y consta en el atestado policial, lo que el acusado llevaba encima, no aparecido en sus enseres collar alguno.

La acusación no acredita con pruebas de cargo suficientes que existiera en el acusado ánimo de querer apropiarse de alguna pertenencia de la víctima o que se apropiara del collar.

Sin embargo, el juzgador dispone en sentencia que, en el presente caso, el acusado ejerció actos violentos indubitados destinados a vencer la voluntad adversa de la denunciante, golpeándola y forcejeando con ella, llegando a tirarla al suelo, tratando de apoderarse en un primer momento del bolso y como no podía, arrancando del cuello la cadena que portaba su ex pareja, la que no pudo ser recuperada, y de la que pudo disponer el acusado pues desde la sustracción hasta que fue detenido pasó tiempo suficiente para tener la efectiva disponibilidad y ello pese a que no fue encontrada en su poder al ser detenido.

En este caso, el juzgador acoge una hipótesis, infringiendo el principio de presunción de inocencia, concluyendo sin pruebas que enerve la presunción de inocencia, al entender implícito en el arrancamiento del collar, una intención clara del acusado de querer apropiarse del collar, cuando lo cierto, es que el comportamiento que tiene el día de los hechos se debe al trastorno de la personalidad que tiene y costa en el informe con la ingesta de alcohol y drogas. No olvidemos que también trató de suicidarse minutos después de su detención debido a la conducta impulsiva.

El juzgado en este sentido, dicho sea con los debidos respectos y estrictos términos de defensa, no fundamenta este hecho en una actividad probatoria, que ha de referirse a todos los elementos del delito (tanto objetivos como subjetivos). En un principio la doctrina consideraba que las intenciones, el ánimo o el conocimiento escapaban del ámbito de la presunción de inocencia; hoy existe consenso, entendiéndose de forma prácticamente unánime que esta vertiente subjetiva ha de estar sustentada en la prueba de cargo.

El Tribunal Supremo, en su sentencia Nº 580/2014, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1937/2013 de 21 de julio de 2014, ha determinado lo siguiente:

"El principio constitucional de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 de nuestra Carta Magna, gira sobre las siguientes ideas esenciales:

1º, el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución;

2º, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han de ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados;

3º, que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales;

4º, dichas pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas, públicas o privadas;

5º, que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental, pues la función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, y lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal, pues únicamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria, limitándose este Tribunal a verificar la siguiente comprobación: que hay prueba de cargo practicada en la instancia (prueba existente), que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales (prueba lícita), que esa prueba de cargo, realmente existente y lícita, ha de considerase bastante para justificar la condena (prueba suficiente), y que tal prueba ha sido razonadamente tenida como de cargo en función del análisis del cuadro probatorio en su conjunto (prueba razonada)".

También introduce el Tribunal Constitucional los aspectos subjetivos del delito dentro de la motivación que debe contener la actividad probatoria, en su sentencia 87/2001, de 2 de abril, incluyendo la participación del acusado, incluyendo la relación de causalidad, con las demás características subjetivas y la imputabilidad.

Se puede plantear el problema de la variabilidad de posibles valoraciones de la prueba dependiendo del sujeto que la realice. Así pues, varios casos idénticos podrían llevar a consecuencias jurídicas distintas, dependiendo de quién sea el que valore la prueba. El Tribunal Supremo entiende que esto se soluciona estableciendo pautas objetivas que el juez deberá seguir, además de un razonamiento lógico, para la posterior formación de su veredicto, en su sentencia Nº 650/2008, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1587/2007 de 23 de octubre de 2008. El alcance de la función valorativa de los jueces aparece recogido en los artículos 717 y 741 LECRIM.

Por su parte, el Tribunal Constitucional expresa en la sentencia 16/2012, de 13 de febrero, que se encuentra vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando haya recaído condena:

1. Sin pruebas de cargo.

2. Sobre la base de pruebas no válidas.

3. Sobre la base de actividad probatoria practicada sin las debidas garantías.

4. sin motivar la convicción probatoria.

5. sobre la base de pruebas insuficientes.

6. sobre la base de una motivación ilógica, irracional o no concluyente.

El Tribunal Supremo, en su sentencia Nº 200/2017, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1232/2016 de 27 de marzo de 2017, ha determinado que, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, es necesario verificar el respeto a las garantías procesales establecidas con respecto a la prueba de cargo practicada, por lo que se debe:

1. Analizar el juicio sobre la prueba, es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por ésta aquella que haya sido obtenida respetando el canon de legalidad constitucional exigible. Además, es necesario que haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

2. Verificar el juicio sobre la suficiencia, es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo ésta tiene la suficiente consistencia como para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

3. Comprobar el juicio sobre la motivación y su razonabilidad, es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

En nuestro caso, entendemos que no existe una fundamentación basada en pruebas objetivas que desvirtúen la presunción de inocencia como quiera que el juez sentenciador se apoya en una hipótesis, revelando esa falta de prueba de cargo, relativa al robo con violencia, por lo que, en este sentido la sentencia debe ser anulada, absolviendo al acusado.

TERCERO: Respecto al quebrantamiento de condena, es evidente, por cuanto se ha expuesto, acreditado en sede de juicio, que el encuentro se produjo de forma fortuita al desplazarse la víctima a las inmediaciones del domicilio del denunciado y que en el momento de los hechos, presentaba estado de embriaguez y bajo efectos de la drogas y varios días sin dormir, lo que junto con el trastorno de la personalidad que sufre, le llevó a actuar impulsivamente, no resultado capaz de controlar el impulso como aclara el médico forense, de acercarse a ella de forma repentina. Por tanto, el quebrantamiento no se produce como se pretende.

Cuarto. Con relación a las lesiones que provocó a la víctima consideramos que debe quedar absuelto por las mismas razones expuestas, salvo que, el jugador, entienda que en su estado, tuviera conocimiento pleno de lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, como decimos, no pudiera controlar el impulso que le llevó a forcejear con ella, provocándole el daño que presenta el informe del forense".

II. El Ministerio Fiscal y la representación procesal de Doña Elsa consideran correcta la resolución recurrida y solicitan la desestimación del recurso.

SEGUNDO- I. El recurso que se examina entremezcla alegaciones que se refieren a la indebida fijación de los hechos probados; a la indebida atribución de voluntariedad del acusado en su comisión; y a la indebida fijación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Respecto del quebrantamiento, se alude al carácter fortuito del encuentro. Pasamos a examinar de manera más sistemática todos ellos.

II. En primer lugar parece reprocharse que se haya declarado probado que el robo se produjo por lo declarado por la víctima en el acto del Juicio Oral y porque el collar en cuestión no fue hallado.

La sentencia recurrida declara probada esta acción básicamente porque " La denunciante en todo momento se ha mantenido firme en su relato tanto en Guardia civil, Instrucción y acto del juicio, relatando de manera clara, detallada y creíble lo sucedido, sin que se observen móviles espurios en su proceder, poniendo de manifestó a los agentes de la guardia civil que el acusado se la acercó, la intento quitar el bolso, la agredió y la arranco un collar, relatando todo ello a los agentes de la guardia civil pudiendo estos apreciar que estaba alterada, llorando, en el suelo y quejándose de dolor en cuello y pecho. Los agentes detuvieron al acusado a escaso cien metros de la denunciante".

Comprobando sus declaraciones a lo largo del proceso consta que, efectivamente, la perjudicada declaró siempre, que la acción de apoderamiento se produjo. Pese a lo que se señala en el recurso, no es cierto que dijera otra cosa en el acto del Juicio Oral, donde indicó que el acusado le tiró del bolso y se lo rompió y que le cogió del cuello un colgante con una cola de ballena que le arrancó (vid. grabación juicio oral). Y es obvio que si alguien siente un tirón y después no ve el colgante que portaba en su cuello, por más que no lo viera directamente en manos del acusado, lo ocurrido es claro.

En cuanto al hecho de que el collar no fuera hallado hemos de tener en cuenta que esa falta de hallazgo no es determinante de la inocencia si se tiene en cuenta que la actuación policial se produjo transcurrido un tiempo relevante y, sobre todo, que la médico forense manifestó que las lesiones que ella tenía eran compatibles con las agresiones que dijo haber sufrido y que la lesión consistente en "herida lineal superficial y fina de 2 cm en región anteroinferior derecha del cuello" lo era con un arañazo que le hubiese producido el acusado al quitarle el collar.

A partir de ahí, el Juicio de credibilidad hecho por el Juzgador a quo desde el privilegio de la inmediación no merece ser rechazado en esta sede al no resultar en modo alguno ilógico o irracional.

III. Desde el punto de vista subjetivo parece negarse una voluntad de apropiación por el hecho de que el acusado actuó de modo impulsivo y no se llevó el collar. Parece sostenerse que el acusado lo que habría hecho en el peor de los casos es maltratar a la denunciante y causar daños en sus enseres, pero no intentar apoderarse de efecto alguno de ella.

Ya nos hemos pronunciado sobre el punto relativo a que la falta de hallazgo del collar no impide poder tener por acreditado que la acción de su apoderamiento existió; acción que, por sus características, y fuera impulsiva o no, no pudo sino obedecer a una decisión voluntaria del autor.

En cuanto al ánimo, en el caso del delito de robo con violencia, es cierto que se exige un ánimo de lucro. En los delitos patrimoniales el ánimo de lucro es inferible, como cualquier hecho psicológico, en función de los hechos anteriores, coetáneos y posteriores y no es necesaria su inserción en los hechos probados ( SSTS 1036/94 de 18.5 [RJ 1994, 5934], 36/2002 de 25.1 [RJ 2002, 1438]), al incluirse en el iudicium de la sentencia y no en el factum su discusión afecta al ámbito de la calificación jurídica y no al de presunción de inocencia, pues es una cuestión de derecho y no de hecho ( STS 104/2000 de 4.2 [ RJ 2000, 302]). El mismo se ha descrito en la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo como "cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad que se proponga obtener el reo con su antijurídica conducta ( SSTS 722/99 de 6.5 [RJ 1999, 4963], 523/98 de 24.3.99 [RJ 1999, 1848]), siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento del injusto, dada su amplia interpretación que prevalece al sopesar la especifica intención lucrativa, la cooperación culpable al lucro ajeno, al no ser preciso un lucro propio, bastando que sea para beneficiar a un tercero SSTS 629/2002 de 13.3, 287/2000 de 20.2, 577/2002 de 8.3, 238/2003 de 12.2 [RJ 2003, 1160], 348/2003 de 12.3 [ RJ 2003, 2658], 28.11.2000.

En el presente caso se declara probado que la acción de apoderamiento fue precedida de la expresión " dame mis ochenta y cinco euros, hija de puta". Con lo que poca duda puede haber de que en el acusado había ese ánimo de lucro. Esa expresión y su previo intento de llevarse el bolso denota claramente que la intención del recurrente era hacerse con efectos que le permitieren hacerse por la fuerza pago de una deuda cuya real existencia ni siquiera encuentra apoyo en sus declaraciones en el acto del Juicio Oral, lo que impide acudir a otras formas delictivas, como la realización arbitraria del propio derecho.

IV. Cuestión distinta de las examinadas hasta ahora es que el autor, pese a haberse apoderado del colgante, pese a hacerlo de forma voluntaria y pese a hacerlo con ánimo de lucro, tuviera alteradas las bases de la imputabilidad (esto es la capacidad de entender y querer y de actuar conforme a esa comprensión). En este punto deben tenerse presente dos cosas:

La primera que esa afectación, de concurrir, puede ser leve, moderada, grave o completa. Por lo que no basta aislar determinados elementos de la prueba practicada, como se hace en el recurso, para determinar que esa alteración concurre y que además es completa. Si se lee el recurso se comprueba que no se razona al respecto de la necesidad de apreciar una eximente completa.

La segunda, que la sentencia reconoce la existencia de esa alteración de las bases de la imputabilidad razonando en el siguiente sentido:

"Concurre, respecto de todos los delitos, la atenuante analógica de alteración psíquica y drogadicción del art. 21.7 en relación con el art. 21.2 y 20.1 y 2 del CP, toda vez que el acusado según informe médico forense obrante en las actuaciones, y ratificado en el acto de la vista por la Médico forense Doña Dulce, al tiempo de los hechos estaba diagnosticado de un cuadro de dependencias a tóxicos múltiple con predominio de cocaína y rasgos de personalidad clúster B, con rasgos de impulsividad y escasa capacidad reflexiva, lo que unido a la ingesta de alcohol y drogas en ese día y anteriores, que le produjo una disminución de sus capacidades volitivas.

El acusado ha manifestado, tanto en instrucción como en el acto del juicio, que en los días previos y en ese día consumió abundante alcohol y drogas, hecho corroborado por la denunciante quien manifestó que el acusado estaba muy bebido ese día, se le notaba que no había dormido y se le entendía mal. Los agentes policiales no coinciden en el estado en que se hallaba el acusado, si bien uno de ellos puso de manifestó que olía fuerte a alcohol".

Pues bien, la apreciación de una simple atenuante analógica, tampoco puede ser criticada desde esta alzada desde el momento en que hubo agentes que manifestaron no recordar nada raro en la conducta del acusado.

Por otro lado, la forense descarta en Juicio la relevancia que pretende dar la defensa a lo que ella define como un intento de suicidio en calabozos y la forense más bien interpreta como un simple intento de autolesión muy frecuente como conducta reactiva en personas detenidas, más con rasgos impulsivos de personalidad. Llegando a señalar la perito, lo que se oculta en el recurso, que la impulsividad en que repetidamente también se ampara la defensa solo afecta "y de forma no muy alta" a su voluntad y no al conocimiento de la ilicitud de los hechos. Solo bajo hipótesis que no han quedado debidamente acreditadas más allá de las interesadas manifestaciones del acusado cabría señalar una afectación importante.

V. Respecto del carácter fortuito del encuentro y de la absolución por el quebrantamiento que con dicha alegación se pretende, cabe señalar que resulta casi estrambótico pretender que un encuentro inicial casual (algo que tendría apoyo en la declaración de la denunciante en el sentido de que se encontró al acusado sorpresivamente) pueda justificar que ese encuentra se mantenga ya de forma completamente voluntaria y, pese a que la prohibición era también de comunicación, se mantenga para comunicar con la victima, insultarla, exigirle la entrega de un dinero, agredirla y robarla. Es más que evidente lo inane del argumento.

TERCERO- En el recurso, aparte de las alegaciones ya consignadas, también se lee lo siguiente: "En ese caso, de no estimar la absolución que solicitamos se estime aplicar la atenuante analógica de alteración psíquica y drogadicción del art. 21.7 en relación con el art. 21.2 y 20.1 y 2 del CP y atendiendo a las circunstancias expuestas y a las lesiones que revisten carácter leve, sea condenado por un delito del 153. 1 a la pena de trabajos a la comunidad a 18 días y al pago de la indemnización por responsabilidad civil de las lesiones".

La primera de las pretensiones se entiende mal, pues la condena por el delito de maltrato habitual ya se produce con la aplicación de esa atenuante.

Y en cuanto a la no aplicación de la pena de trabajos la resolución recurrida razona que: " En el presente caso, se considera que la pena procedente es la de prisión en atención a la gravedad de los hechos, especial agresividad del acusado (puñetazo en la cara...), lesiones en la victima y realizar el hecho quebrantando una medida cautelar".

Argumentos que entendemos plenamente razonables. El Art. 153 1 del CP amalgama diversas conductas típicas, en concreto, las de causar a otro por cualquier medio o procedimiento un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147 y golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión. Y evidentemente es más grave lesionar que no hacerlo y no son lo mismo unas heridas en la cara que un brazo. Por tanto, los argumentos dados por el Juzgador a quo para justificar la pena de prisión son plenamente hábiles si tenemos en cuenta que el art. 66 del Código Penal pide que se atienda para graduar la pena, entre otros factores, a " la mayor o menor gravedad del hecho".

En cuanto a la responsabilidad civil la reparación debe ser integral. Y si se ha probado que se produjo una acción de apoderamiento del collar, su valor debe ser indemnizado como determina la resolución recurrida.

CUARTO- Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede la declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta alzada.

Visto lo expuesto por las partes, los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala Acuerda dictar el siguiente: