Sentencia Penal 118/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 674/2024 de 06 de marzo del 2024

PRIMERO.- Por Procurador en representación del acusado Ildefonso se interpone recurso de apelación contra sentencia de 03.01.24 de la Juez del JP 2 de Alcalá de Henares (JR 329/2023), que condena al ahora recurrente como autor de un delito de amenazas previsto en el art. 171.4 y 5 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Alega error en la apreciación de las pruebas. Afirma omisión absoluta de pronunciamiento por parte de la juzgadora del punto nuclear de la declaración de la denunciante efectuada en el plenario, y, por ende, notoria vulneración del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española y del principio "in dubio pro reo". Que de la actividad probatoria practicada no se deduce, ni siquiera de manera indiciaria, su participación en los hechos, en el delito por el cual ha sido condenado. Ilustrando sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia, refiere que el pasado 28 de noviembre de 2023 tuvo un juicio oral en la sede de Alcalá de Henares, por una denuncia interpuesta por su expareja (la hoy nuevamente denunciante). Que la vista fue unos 20 minutos, media hora. Que tenía un biombo mientras se celebró la vista (que -continúa- como acusado debe permanecer dentro en todo momento), y les llamaron por separado. Que desde que ella fue llamada a sala, hasta que terminó la vista (le dejaron abandonar la sede judicial), pudo pasar como media hora. Que cuando ella salió del Juzgado, para a la Policía y le dice que la había amenazado su expareja; que en ningún momento manifestó la expresión "Te voy a matar si me voy preso". Que el ahora recurrente no fue consciente ni de que ella estaba por allí. Que de las 18 denuncias interpuestas frente a él (dato objetivado en el atestado), está condenado en un único procedimiento, con una orden de alejamiento de 20 metros. Que considera que esta nueva denuncia es porque la denunciante no acepta su nueva relación y porque le quiere quitar la custodia de sus hijas, las cuales lleva varios meses sin poder ver. Refiere como que Sara declaró que el día 28 de noviembre tenía un juicio en Alcalá de Henares frente a su ex pareja, pero finalmente no se pudo celebrar y lo señalaron para nueva fecha. Que salió del juzgado, se fue a su casa y se lo encontró (7:40). Que estaba próximo al Juzgado "aquí abajo" (7:55). Que le increpó con que ella le iba a meter preso y que él le iba a matar. Que cuando se lo dice siente mucho miedo. Que ella se fue hacia atrás y él siguió hacia adelante andando (8:45) y justo pasó un coche de policía local y les dijo lo que había sucedido. Que la Juzgadora debe valorar el acervo probatorio del procedimiento para realizar una inferencia lógica de la prueba de cargo que permita enervar la presunción de inocencia del acusado/ahora recurrente. Que cuando se puede inferir cierta instrumentalización de la veintena de denuncias, debe extremarse las precauciones la hora de instruir y finalmente enjuiciar las mismas. Que no queriendo con la hipótesis de defensa olvidar la prueba objetiva practicada en autos, se solicitó expresamente a este Juzgado que de considerar conforme a Derecho que el Sr. Ildefonso era merecedor de reproche penal debería fundamentar, o realizar una inferencia por lo menos lógica y conforme a la sana critica, de lo manifestado por la propia denunciante, siendo ello: si la propia denunciante solicita salir con anterioridad de la sede judicial de Alcalá de Henares que su expareja, después de la vista que tuvieron el día 28 de noviembre , y solicitándose ello expresamente al Secretario Judicial para que éste retuviese cierto tiempo al hoy condenado, para evitar cualquier tipo de encuentro entre ellos, cómo es posible ese encuentro entre ambos, ¿y más cuando esto se produce a escasos metros de la sede judicial?. Afirma que es imposible que si ella sale con anterioridad al Sr. Ildefonso se encontrase de camino a su casa, y menos improbable aun, que se encontrase a una distancia tan próxima del órgano judicial. Que estamos ante dos versiones claramente contradictorias, que no existe ningún testigo de los hechos, ni elementos periféricos que corroboren lo denunciando, únicamente una presunta expresión, con contenido supuestamente amenazante, pero ningún dato de cómo se produjo la misma, pues nada de ello se aportó ni en su denuncia, ni tampoco a los agentes que fueron requeridos, ni tampoco supo decir nada en el acto del plenario. Y con estos datos, ¿Por qué se da mayor valor probatorio a lo manifestado por la denunciante a lo manifestado por el acusado? Que no existe prueba de cargo suficiente, ni entidad suficiente en la conducta por parte del acusado, como para ser merecedor de reproche penal como autor de un delito de amenazas, por todo ello entendiéndose que debe declararse su absolución mientras no se realice una inferencia mínima en la resolución condenatoria de la posibilidad de dicho encuentro si ella sale antes de la sede judicial sino es premeditado o "inventado" (sic), para conseguir no sólo la condena, sino la prisión del ahora recurrente (en prisión provisional desde entonces). Refiere el móvil espurio del tema civil de querer alejarle de sus hijas, las cuales lleva 6 meses sin ver, y si ello no fuese suficiente, las 18 denuncias previas anteriores, con solo una condena penal, es decir, una alta probabilidad de archivos y/o absoluciones penales. Afirma que se trata únicamente de meras sospechas por parte del Juzgador, donde no ha habido una implicación objetiva del ahora recurrente con los hechos objeto de enjuiciamiento. Que asimismo, en atención a la producción de los hechos, la escasa gravedad de los mismos, así como las circunstancias personales del Sr. Ildefonso (trabajador autónomo, con dos hijas y privado de libertad desde su detención), la correcta pena a imponer, de resultar finalmente condenado, sería trabajos en beneficio de la comunidad o, subsidiariamente, pena de prisión con aplicación del artículo 171.6, o dentro del mínimo legal de la horquilla penológica (9 meses). Que para que el Juzgador se aparte de los trabajos en beneficio de la comunidad o del mínimo legalmente previsto, como parece que ha sido el caso, necesita una fuerte argumentación jurídica, o no existe explicación o justificación alguna sobre las razones que ha tenido en cuenta para imponer esa pena. Interesa se dicte sentencia, revocando la dictada por el juzgado de lo penal, ajustada a Derecho, y se dicte otra en su lugar con las consecuencias aquí contenidas (sic).

Por Procurador en representación de la denunciante Sara, se impugna el recurso. Que en el recurso de apelación interpuesto, en sus 26 folios, en su expositivo primero, viene a recurrir en relación al error en la apreciación de las pruebas. Que viene a realizar una valoración propia y parcial de lo que aconteció en el plenario, es decir, pretende cambiar la apreciación conjunta que de la prueba hace la Magistrada mediante los principios de inmediación, contradicción y oralidad por la propia y parcial, ya la más antigua jurisprudencia ha venido a indicar que quien goza de la inmediación, oralidad y contradicción es el Magistrado de la instancia y no el órgano de apelación en el presente caso, la Audiencia Provincial de Madrid. Que el art. 741 LECrim habla de valoración conjunta y así se ha expresado en la sentencia 4/2024 en su motivación y fallo, toda vez que la Juez ha considerado tanto la prueba de cargo como la de descargo, es decir se ha apreciado en su conjunto la valoración de la prueba practicada en el solemne acto del juicio oral, otra cosa es que dicha valoración no le haya gustado a la parte apelante o no le convenza, pero, desde luego, si (que), no se ha dictado la sentencia con falta absoluta de motivación o fundamentación o alejándose de una mínima lógica jurídica; dicho motivo carece absolutamente de recorrido, pues el recurrente pretende cambiar la valoración de la Magistrada por la propia del recurrente. Que lo que no dice en su recurso de apelación, y esto es piedra nuclear de este procedimiento, es: 1º Que ya el día antes del 28 de noviembre de 2023, (donde tuvieron una Vista de juicio oral en el Penal 1 de Alcalá de Henares, que se tuvo que suspender), ya tuvieron otra el día 27 ante el Juzgado de Violencia de Género por un presunto quebrantamiento. Se incide en que la perjudicada víctima ha denunciado en 18 ocasiones anteriores y que tan solo existe una condena (con la presente son dos), lo que no dice es que tiene otras causas pendientes de juicio por hechos similares por quebrantamiento por parte del acusado/ahora recurrente y, para muestra, un botón, el juicio que se tuvo que suspender el día 28 de noviembre donde salieron en tiempos distintos cierto, pero no concreta el recurso ni el itinerario del acusado ni el tiempo en desarrollarlo. Que la Defensa a base de conjeturas y presunciones afirma que la ahora alegante tenía que haber llegado antes a casa, pues salió antes, sin indicar el iter o camino a seguir por parte de la denunciante ni del acusado, pero es más, viene a realizar una azarosa labor indicando que no se sabe cómo se produce el encuentro. Pues de la documental obrante en la causa. Tanto en la denuncia como en la comparecencia de la orden de protección viene a indicar cómo se dio el encuentro: que se lo encontró de frente, que no supo cómo actuar, que él se dirigió a ella directamente manifestando "tú me vas a meter en la cárcel, pero yo te voy a matar", dichos términos son amenazantes y más de quien ya la ha agredido anteriormente, quien ha quebrantado la orden en diversas ocasiones y con la que ya tiene varios procedimientos, aun abiertos, la ahora alegante, normal que tuviera miedo de su ex al oír dichos términos capaces de socavar la integridad moral y causarle miedo. Que los agentes dicen que son requeridos por la denunciante, quien les indica que su ex pareja la ha amenazado, que salían de un juicio y que está delante, a unos 60 metros. Que la Defensa mezcla aspectos de orden penal como es el presente recurso con aspectos civiles entre las partes, indicando que se trata de una denuncia instrumento para conseguir ventajas civiles usando el medio penal, dicha manifestación no deja de ser una conjetura, pues ya tiene una condena, con ésta dos, y varias causas abiertas en los Juzgados de Violencia. Que dicha manifestación además de ser atrevida es cuanto menos peligrosa hacerla dentro de un escrito procesal y de un acto judicial que se graba, toda vez que este letrado lo es por designación de turno de oficio, la perjudicada-victima tiene otros letrados, que no es éste quien le lleva la causa civil y mucho conspirar es, que este letrado se haya puesto de acuerdo con los otros 16 letrados de oficio, para conspirar contra el hoy condenado. Que según el argumento conspiranoico de la Defensa bien podría haberle denunciado el día antes de los hechos, el día 27 de noviembre, donde también tuvieron una Vista en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, seguramente motivo por el que el hoy condenado estaba enfadado y quería atemorizarla, por estar día sí, y día también, en los Juzgados de Violencia. Que cuando el abogado de la Defensa habla de casualidades, esta Acusación habla de causalidades, pues es causal que quien viene quebrantando la medida de alejamiento acordada por la Magistrada de violencia tenga que hacer frente a procedimientos por quebrantamiento, de hecho la Magistrada de violencia de genero decretó la prisión provisional del hoy condenado, es decir, algo de gravedad vería en la acción del hoy condenado para acordar la prisión provisional, en vez de cualquier otra medida de menor contención, como la famosa pulserita, el también conocido TAM Teléfono de Asistencia Móvil, incluso comparecencias semanales, sin embargo la Magistrada de violencia decretó la prisión, esto no lo dice la Defensa en su recurso de apelación, ni lo menciona. La denunciante/ahora alegante, cuando paró a la Policía, se encontraba angustiada, nerviosa y llorando según informan ambos policías locales, es asistida por centro médico con parte de Urgencias por una crisis de ansiedad indicando a la propia facultativa que ha sufrido una amenaza por parte de su ex. Esto lo dice la alegante en su denuncia, en su declaración en el médico y en el plenario, luego no es cierto que no dijera cómo se produjo la amenaza ni en qué términos. En el presente caso, además, existe un parte médico de Urgencias, existe la declaración de ambos agentes de Policía Local. Su versión es firme, sin fisuras ni contradicciones. Que el recurrente basa su apelación también en la posibilidad de cambiar la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad y el argumento, igual que el anterior, debe ser desestimado, todo ello por las circunstancias particulares del caso: 1º No se trata de delincuente primario, tiene antecedentes por delitos violentos contra las personas, 2º Ya ha sido condenado anteriormente por delitos de violencia (ver hoja de antecedentes penales), 3º El hecho lo cometió, en un quebrantamiento de condena, de los cuales ya tiene otra denuncia y varios procedimientos pendientes (ver SIRAJ y se comprobara que efectivamente tiene varias causas abiertas), con lo que una pena de trabajos en beneficio de la comunidad no procedería nunca en el ámbito de la violencia de genero, cuando el reo ya ha sido previamente condenado por delitos violentos y de violencia de genero. Por todo ello y pese al argumentario de contrario y viendo los archivos tanto penales del Registro de Penados y Rebeldes como del SIRAJ, se debe denegar el recurso por tal motivo. Interesa se dicte resolución desestimatoria del mismo, confirmando la sentencia en todos sus extremos.

La Fiscal, por escrito de 31.01.24, impugna el recurso interpuesto. Que se alega por el recurrente como fundamento del recurso de apelación interpuesto, la existencia de error en la apreciación de la prueba, alegación que no puede tener acogida, puesto que, teniendo en cuenta la doctrina establecida por el Tribunal Supremo al interpretar el alcance del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y señalando que dicho precepto autoriza al Tribunal a dictar sentencia "apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio", debe establecerse la imposibilidad de que a través de la segunda instancia se venga, sin justificación alguna, a reexaminar la valoración de la prueba practicada en la primera y ello fundamentalmente porque no se podrá gozar de la inmediación que la práctica directa de la prueba permitió llevar al juzgador al convencimiento sobre los hechos que sirvieron de fundamento de la sentencia. Es por ello que, "salvo que la parte apelante demuestre el manifiesto error del juzgador de manera que se acredite la falta de lógica en los razonamientos jurídicos de la sentencia o la falta de imparcialidad o rectitud en la actuación según su conciencia que predica el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá mantenerse la firmeza de su resolución y desestimarse el recurso interpuesto" ( STC 1-3-1993, STS 16-1-1997, entre otras). Entiende el Ministerio Fiscal que por el órgano judicial se ha llevado a cabo una correcta valoración de la prueba practicada y que han de entenderse correctos los elementos hechos constar tanto en los fundamentos fácticos como en los jurídicos de la sentencia atacada que, por ello, debe ser confirmada. Interesa se desestime el recurso, manteniéndose en sus términos la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La Juez del JP 2 de Alcalá de Henares en su sentencia de 03.01.24 (JR 329/2023), considera:

PRIMERO.- Los hechos se declaran probados según se ha deducido de lo actuado a lo largo del procedimiento y en el acto de la vista del juicio oral después de valorarse en conciencia todas las pruebas practicadas conforme a las normas de la establece el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal .

El hecho primero queda probado por la prueba documental obrante y todas las declaraciones realizadas en el acto del juicio oral. Obra la Sentencia acordando la prohibición de aproximación y comunicación del acusado respecto de doña Sara; diligencia de notificación y requerimiento al ahora acusado con expresa advertencia de incurrir en un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP , caso de desatender el mandato judicial (folios 60 a 87).

Por su parte, el acusado se acogió al derecho a contestar sólo a las preguntas de su letrado, aseverando que se celebró un juicio en el juzgado de violencia sobre la mujer y, encontrándose en la calle hablando con su abogada mientras le mostraba unos supuestos WhatsApp una vez finalizado dicho acto, fue cuando le abordó la policía y procedió a su detención, negando en todo momento haber visto a doña Sara y amenazarla.

Ahora bien, resulta que doña Sara ha manifestado de manera clara, terminante, contundente, consistente y meridiana que a la salida de un acto en el juzgado de violencia sobre la Mujer de Alcalá de Henares se encontró con el acusado, quien se dirigió a ella con al expresión "tú me vas a meter preso, pero yo te voy a matar", ante lo que doña Sara se echó para atrás y él siguió andando; momento en el que doña Sara observó un vehículo policial al que acudió para manifestarles lo ocurrido.

Dicha versión se encuentra avalada por la declaración de los Agentes de Policía Local con NIP NUM002 y NUM003, quienes acudieron al domicilio de doña Sara y comprobaron que en su interior y escondido en una de las habitaciones se hallaba el acusado. Sendos Policías han ofrecido un testimonio coherente, contundente, sin fisuras ni contradicciones entre sí o con la relación de hechos expresada en el atestado policial obrante en las actuaciones; amén de la presunción de imparcialidad inherente a su condición de agente de la autoridad y funcionarios públicos, sin que concurra ningún otro dato o elemento susceptible de desvirtuar aquélla.

Ante la declaración sin fisuras ni contradicciones ofrecida por la denunciante, se une la versión de los Policías a los que les trasladó idéntica situación, tal y como éstos han depuesto en el acto del juicio y como hicieron constar en las diligencias policiales. Resulta sumamente relevante el estado en el que sendos Agentes pudieron observar a doña Sara, la cual se encontraba muy nerviosa y llorando; estado éste compatible con la ocurrencia de un suceso como el narrado por ella, motivo éste por el que hubo de ser medicada según consta en el parte de lesiones que obra al folio 47 de las actuaciones.

Frente al argumentario de descargo ofrecido por la defensa consistente en la inexistencia de testigos en la calle, y lo extraño de esa situación por el tiempo y la hora de ocurrencia de los hechos, debe destacarse que ninguno de los policías hizo constar la existencia de viandantes por allí y ninguno de ellos ha referido lo contrario. Tampoco el hecho de haber numerosas denuncias por parte de doña Sara excluye la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto de las presentes, ni se ha aportado prueba alguna de que tales denuncias fueran falsas o similar sino que, frente a ello, obra una condena por parte del acusado con la imposición de unas prohibiciones que ha de observar y a eso ha de estarse.

En definitiva, no obran en la causa datos elementos que pongan de manifiesto la concurrencia de sesgo incriminatorio alguno en la denunciante ni susceptibles de mermar su credibilidad, valorada bajo el valioso prisma de la inmediación judicial; máxime, cuando la declaración de doña Sara se halla respaldada por elementos periféricos como es la versión ofrecida en las distintas fases del procedimiento, a los propios policías y el estado de ánimo observado por los testigos, por la que hubo de ser médicamente atendida por un cuadro de "ansiedad secundaria" (folio 101), y compatible con una situación como la relatada por ella...

CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO.- En atención a las circunstancias concurrentes en el marco del presente procedimiento, consistentes en el lapso temporal habido entre el quebrantamiento del mandato judicial y su imposición, la actitud colaboradora del acusado, y el contexto en que tuvieron lugar, esto es, inmediatamente después de un acto ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, procede imponer al acusado la pena de 10 meses de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros a la persona de doña Sara, su domicilio y cualquier otro lugar frecuentado por ella por un periodo de dos años y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por un periodo de dos años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años, con pérdida de vigencia de la licencia.

TERCERO.- Procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal ad quem sobre la determinación de los Hechos Probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 CE), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el/la Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador/a a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 LECr, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo expuesto lo es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia:

a) cuando aquella apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando, con carácter previo al proceso valorativo, no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria.

Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes, por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.- Sentada la anterior doctrina jurisprudencial, hay que concluir que la sentencia recurrida no reúne los condicionantes que obliguen a su rectificación en esta instancia.

Las diligencias de prueba para en relación con los hechos objeto de enjuiciamiento, lo fueron esencialmente personales, siendo que no nos encontramos sino, en esencia, ante relatos enfrentados, relatos enfrentados y/o testimonios contradictorios ( STS 2ª 26.10.01), que si bien no suponen ni conllevan su neutralización, habrán de ser valorados en el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en la instancia.

Consta en las actuaciones previo auto de 29.11.23, acordando la prisión provisional del acusado/ahora recurrente, por la Juez del JVM 1 de Alclá de Henares (DU-JR 1490/2023), en su FD Cuarto se consideraba: En el caso concreto de autos, en esta inicial fase del procedimiento, en la persona del investigado, y en la acción que se le imputa, concurren la totalidad de los requisitos anteriormente señalados:

1.- De las actuaciones practicadas se deduce la posible existencia de un delito de amenazas con quebrantamiento de condena, previsto y penado en el artículo 171.4 y 5 del CP .

2.- De las actuaciones practicadas resultan indicios racionales de la participación del investigado en el delito anterior. Así, de la declaración de la víctima en sede judicial, practicada con la obligación de veracidad y los apercibimientos legales derivados del art. 433 de la LECrim , de forma espontánea y concordante con sus manifestaciones en sede policial, sin incurrir en quiebros ni contradicciones resulta que, Ildefonso, no obstante la sentencia firme el 6 de febrero de 2023, dictada en el Juzgado de lo Penal 1 de Alcalá de Henares en su JR 97/20022 (Ejecutoria 80/2023 ), en la que se le imponían, entre otras, las penas de prohibición de aproximación a menos de 20 metros y de comunicación con Sara durante 1 año, 9 meses y un día, hasta el 5 de diciembre de 2023 (según resulta de los testimonios incorporados a la causa y del SIRAJ del investigado), alrededor de las 16:00 horas del 28 de noviembre de 2023, cuando se dirigía a su domicilio, se encontró con Sara en la glorieta sita entre el Paseo de los Curas y Puerta del Vado de la localidad de Alcalá de Henares, quien se dirigió a ella en los siguientes términos: "Tú me vas a meter preso, pero yo te voy a matar", lo que provocó que la perjudicada requiriera la presencia policial en el lugar.

Personados los agentes, procedieron a la detención del investigado a unos 100 metros de la víctima.

Por su parte el investigado, declarando con los derechos que le reconocen los arts. 118 y 520 de la LECrim , entre los que no se encuentra la obligación de veracidad, negaba categóricamente las amenazas, sosteniendo que se encontró con la víctima de forma casual, tan solo la vio cuando le detuvo la policía y no se dirigió a ella en ningún momento.

No obstante las manifestaciones del investigado, la víctima declara con una obligación de veracidad y con unos apercibimientos legales no extensibles al investigado, sin apreciación de móvil espurio en la denunciante que, en sede judicial, aportaba un parte de asistencia médica inmediatamente posterior a la presunta perpetración de los hechos, del que resulta una ansiedad secundaria a agresión verbal de su ex pareja aparte de un informe clínico de la medicación que toma para la conciliación del sueño y el control de los síntomas de ansiedad derivados de la situación que vive con el investigado. A lo anterior se une que, el investigado fue detenido a 100 metros de la denunciante (lo que es compatible con la versión por la misma descrita) y que ambas partes, cuando se produce el encuentro, casual o no, salían de este Juzgado, de la tramitación del DUD 1479/2023 por otro presunto delito de quebrantamiento imputado al mismo investigado y respecto a la misma denunciante (tal y como resulta de las copias de la denuncia y del Auto de apertura de Juicio Oral dictado en el día de ayer en la causa referida)

3 y 4.- Se aprecia la concurrencia de la finalidad prevista en el apartado c) del artículo 503.1.3º de la LEcrm, la cual es evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, que, en este caso, es de las previstas en el artículo 173.2 del Código Penal , pues Sara es la expareja sentimental del investigado, lo que excluye la exigencia del límite punitivo mínimo de dos años de prisión.

5.- Por último, en la comparecencia del art. 505 de la LECr , el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, han solicitado el ingreso en prisión provisional del investigado.

En atención a todo lo expuesto, se evidencia la ineficacia de las penas de prohibición de aproximación y comunicación impuestas respecto a Sara, que han resultado, insuficientes para garantizar el fin primordial para el que fueron adoptadas, cuál era la protección de la víctima, fin constitucionalmente legítimo que puede amparar la excepcional medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Por todo lo expuesto, concurriendo en el presente supuesto los requisitos mencionados, procede decretar la prisión provisional del detenido al ser una medida cautelar, idónea, necesaria y proporcional al delito investigado, así como resultar inevitable a los fines de proteger los bienes jurídicos de la víctima, máxime cuando no se aprecia ninguna otra medida cautelar menos lesiva que pueda imponerse, pues la comparecencia "apud acta" no evitara los riesgos antedichos y la colocación de un dispositivo técnico de control, no es una medida cautelar, en sí misma, sino un mecanismo de seguimiento de un alejamiento inicialmente impuesto, alejamiento que, en el caso concreto, no ha producido el efecto de protección pretendido.

En igual modo, tampoco procede hacer plena abstracción a que, visionado el acto del juicio oral, el mismo se inició sin planteamiento de Cuestiones Previas (grabación j.o.), siendo que el acusado/ahora recurrente principió manifestando sólo querer declarar a las preguntas de su abogado (16:49 grabación j.o.).

La denunciante vino a manifestar, entre otros extremos, que ella anda a su paso, que no sabe a qué paso andaba él; que ella salió hacia su casa y sólo sabe que se lo encontró en la calle adelante; que no sabe por qué se encuentran, ni distancias ni tiempos. Que no no sabe dónde vive él. Que él le dijo las palabras que denunció, que no hubo ninguna discusión. Que no hubo nada previo. Que él siguió andando y ella, llorando, que vio a la Policía y les paró (grabación j.o.).

Así las cosas, impresiona preciso recordar a propósito de la silente actitud del acusado/ahora recurrente aun parcial, que la misma es susceptible de ser valorada en el contexto del acervo probatorio ( STS 2ª 04.10.06), siendo que en línea con ello, en STS 20/04/2022 se recuerda que la persona acusada puede optar, en el ejercicio de los derechos a la no autoincriminación, a no contestar a todas o alguna de las preguntas que se le formulen, a no ofrecer ninguna explicación o a ofrecer una explicación no corroborada. Ni el silencio, tal como se previene en el artículo 7 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la presunción de inocencia, ni la explicación no convincente pueden convertirse en elementos de prueba decisivos sobre los que fundar la decisión sobre la participación en el hecho de la persona acusada. Pero ello no supone que el tribunal, respetando las reglas de prueba, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa -vid. Considerandos 22 a 28 de la Directiva 2016/343-, no pueda decantar de la falta de explicación razonable elementos argumentales de tipo presuntivo que, sin adquirir un prohibido valor probatorio determinante o decisivo, sirvan para reforzar la conclusividad de las inferencias basadas en los datos de prueba aportados por las acusaciones. Aprovechamiento que no es, por tanto, probatorio sino argumental y que responde a un estándar de racionalidad social incuestionable: si la conclusividad de la inferencia resultante de la actividad probatoria desarrollada por la acusación solo podría verse, en términos cognitivos, afectada si la persona acusada, pudiendo, ofreciera una explicación razonable y verificable que la neutralizara o, al menos, introdujera una duda razonable, su ausencia puede reforzar la solidez del hecho-consecuencia. Dicho de otro modo, la ausencia de la más mínima corroboración de la hipótesis alternativa de no participación, cuando esta solo puede ofrecerla la persona acusada, puede reforzar la solidez de la inferencia basada en los resultados probatorios consecuentes al cumplimiento satisfactorio por parte de las acusaciones de la carga de prueba que les incumbe. En resumen, el silencio de la persona acusada o la explicación inverosímil ofrecida por esta no pueden aprovecharse para suplir la insuficiencia probatoria de la hipótesis acusatoria. Pero ni lo uno ni lo otro resulta inocuo para argumentar, de contrario, sobre la solidez de los resultados inferenciales que arroja la prueba de la acusación. Como se afirma en la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Zschüschev c. Bélgica, de 2 de mayo de 2017, reiterando la doctrina Murray [ STEDH, caso Murray contra Reino Unido, de 8 de febrero de 1996], "El Convenio no prohíbe que se tenga en cuenta el silencio de un acusado para declararlo culpable, a menos que su condena se base exclusiva o principalmente en su silencio (...), lo que claramente no es el caso. Los tribunales nacionales establecieron de forma convincente un conjunto de pruebas que corroboraban la culpabilidad del demandante y su negativa a dar explicaciones sobre el origen del dinero, cuando la situación exigía una explicación por su parte, solo sirvió para reforzar esas pruebas (...). De tal modo, teniendo en cuenta el peso de las pruebas contra el demandante, las conclusiones extraídas de su negativa a dar una explicación convincente sobre el origen del dinero responden al sentido común y no pueden considerarse injustas o irrazonables. (...) Ni comportan el efecto de desplazar la carga de la prueba de la acusación a la defensa, en contra del principio de presunción de inocencia garantizado por el artículo 6.§.2 del Convenio", vid. SSTC 24/97, 26/2010, 9/2011; SSTS 474/2016 de 2 de junio, 447/2019 de 3 de octubre, 298/2020, de 11 de junio, 724/2020, de 2 de febrero, 299/2021, de 8 de abril.

Es asimismo sabido que es deber del acusado la prueba de los hechos impeditivos y/o negativos ( ATS 13.06.03), sin que la sola y mera negación suponga el cumplimiento del referido deber. Dicho de otro modo, el Tribunal Supremo, en p.e. STS 09.10.99, recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi" incumbit qui decit non qui negat".

En el referido contexto, las alegaciones que se efectúan, en palabras de p.e. STS 14.07.10, se limitan en su consideración de los elementos, a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones.

Se reitera que las diligencias llevadas a efecto lo fueron de naturaleza personal en lo esencial, siéndolo también la prueba pericial, procediendo recordar con p.e. STS 2ª 11.02.15 que "la prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica" ( art. 348 de la LEC EDL 2000/77463 ), lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim. EDL 1882/1 para toda la actividad probatoria ("el Tribunal, apreciando según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia"), sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E. EDL 1978/3879). El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente está limitado por las reglas de la sana crítica -que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común- las cuáles, lógicamente, le imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la dificultad de la materia sobre la que verse el dictamen, la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las características técnicas del dictamen, la firmeza de los principios y leyes científicas aplicados, los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Tribunal, etc.); debiendo éste, finalmente, exponer en su sentencia las razones que le han impulsado a aceptar o no las conclusiones de la pericia ( STS. 1102/2007 de 21.12 EDJ 2007/243101. Las pruebas periciales no son auténticos documentos, sino pruebas personales consistentes en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de mayor o menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la materia, sean o no titulados oficiales. Como tales pruebas quedan sujetas a la valoración conjunta de todo el material probatorio conforme a lo previsto en el artículo 741 de la LECrim.

La versión de la denunciante lo fue, en su esencia, persistente, procediendo recordar con el Tribunal Supremo en p.e. ATS de 17.07.15 que "...la persistencia en el testimonio de la víctima -como presupuesto de su credibilidad- no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo narrado inicialmente en la denuncia. Lo decisivo es la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante", siendo así que en el presente caso, en lo sustancial y en lo relevante el testimonio de la denunciante ha sido sólido y persistente

Las alegaciones del acusado/ahora recurrente no justifican, ni, desde luego, acreditan datos bastantes y fehacientes que, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, justifiquen un distinto pronunciamiento al adoptado por la Juez a quo en la instancia, desde la inmediación y restantes principios que impregnan el acto del plenario, integrando su motivación fáctica y su fundamentación jurídica una resolución razonada y razonable, no presentando los condicionantes que obliguen a su rectificación en esta instancia, siendo sino clara consecuencia de una razonada valoración de la prueba, que este Tribunal considera suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

QUINTO.- En relación a la cuestionada motivación de la pena impuesta ya se ha transcrito lo considerado por la Juez a quo, que aun en modo sucinto, lo es bastante a los correspondientes efectos, siendo sabido, o debiendo serlo, que conocida por reiterada doctrina aclara que la Constitución no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado aquélla. Así S.T.S. Sala Segunda 29-03-2001 EDJ 2001/7544, análogamente S.T.C. 16-04- 1996 y SS.T.S. Sala Segunda, 03-04- 2001 EDJ 2001/7740 ,06-03-2001 EDJ 2001/6687, indica que la motivación escueta no deja de ser suficiente siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del ordenamiento jurídico, incluso implícita; igualmente S.T.S. 06-02-1998.

Su imposición devine proporcionada atendido lo considerado en la instancia, el contexto expuesto, como también la gravedad de las expresiones denunciadas proferidas (de muerte), en modo súbito, sin que proceda obviar la soledad de su víctima al tiempo de su perpetración, denotando lo preordenado de su proceder y la cautela desplegada (que se compadece con un procurar una mayor dificultad probatoria). Por lo demás es dable recordar que el Tribunal Supremo en p.e. STS 2ª 11.04.12 recuerda que basta para que la infracción penal se dé, la idoneidad de la amenaza en sí mismo (peligro abstracto), sin necesidad de que la perturbación anímica haya tenido lugar efectivamente (peligro concreto). Es por ello, que la jurisprudencia de la Sala Segunda, ya desde antiguo (SSTS 9-10-1984 EDJ 1984/5059 , 18-9-1986 EDJ 1986/5553 , 23-5-1989 EDJ 1989/5321 y 28-12-1990, entre otras muchas), ha considerado el delito de amenazas como de mera actividad, que se consuma con la llegada del anuncio a su destinatario, y su ejecución consiste en la conminación de un mal con apariencia de seriedad y firmeza, sin que sea necesario la producción de la perturbación anímica que el autor persigue, de manera que basta con que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrentar a la víctima. En el presente caso lo son y además esa perturbación anímica en su víctima se produjo.

SEXTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 de la L.E.Cr. y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,