Sentencia Penal 254/2024 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 1, Rec. 60/2024 de 27 de junio del 2024

PRIMERO.- Se recurre por la representación procesal del condenado Luis Alberto la sentencia dictada en la presente causa, alegando diversos motivos de impugnación:

-En primer lugar se indica que el plazo prescriptivo aplicable a los delitos enjuiciados era de cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 CP. Y que el dies a quo de la prescripción del delito correspondiente al incumplimiento del IVA del ejercicio de 2006, había de ser el 30 de enero de 2007, siendo el dies ad quem el 30 de enero 2012. El mismo día en que se incoó la presente causa. Que, al momento de los hechos, el recurrente tenía 57 años de edad, siendo condenado ahora con 75 años de edad y se le condena a veinticuatro meses de prisión, más dos millones de euros de multa, con un mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y, además, a pagar a la Hacienda Pública la cantidad de 1.683.412,32 €, más los intereses de demora tributarios. Por unos hechos ocurridos cuando él tenía 57 años, siendo hoy día un jubilado de 75 años de edad que solo dispone de su pensión y de una enfermedad oncológica grave. Es decir, se ha dictado sentencia después de más de 17 años desde la presentación de las declaraciones tributarias, -desde el supuesto ilícito penal-, el cual fue denunciado solo 3 días antes de estar prescritos los hechos, e incoándose la causa el mismo día en que lo hacían. Habiéndonos emplazado finalmente para nuestras conclusiones provisionales el 28/05/2021. Un procedimiento de duración superior a 12 años. -Igualmente se indica en el recurso que el informe de la AEAT ha de ser considerado como prueba ilícita o prohibida por nuestro ordenamiento, puesto que ha sido obtenida violentando los derechos del acusado, reconocidos en la leyes tributarias. Y a causa de ella se han realizado todas las demás diligencias y obtenido todas las demás pruebas obrantes. Y así se ha producido una vulneración plazo arts 150 y 180 de la ley 58/2003 General Tributaria, redacción diciembre de 2011"las actuaciones del procedimiento de inspección deberán cloncluir en 12 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. "los acuerdos de ampliación del plazo legalmente establecido serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Que siendo el cómputo de los plazos de las actuaciones inspectoras una cuestión clave, eminentemente contable, en cierto modo administrativa y prejudicial, y siendo el informe la única prueba que fundamentan la instrucción de la causa y la eventual tipología de los hechos perseguidos, se debería de haber verificado el cumplimiento de lo establecido por la LGT en las actuaciones inspectoras y, o bien haber aclarado el cómputo de días la Juzgadora o bien haber requerido a la AEAT para que aportase el desglose o cómputo efectuado, o incluso suspender el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien correspondiese, más aún cuando se puso de manifiesto en el año 2015 la duración excesiva e ilegal de las actuaciones de inspección y la ausencia de resolución razonada o motivada sobre la exclusión de esos 457 días del cómputo de los más de 615 días que duraron las actuaciones inspectoras conforme a nuestro ordenamiento. Y mas aún si cabe cuando en estos Autos se han decretado varias nulidades desde entonces. A tal efecto, el artículo 180 de la LGT sobre el principio de no concurrencia de sanciones tributarias establece que "Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, o remitirá el expediente al Ministerio Fis-cal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Mi-nisterio Fiscal". Pues bien, tal y como se puede comprobar en el CD ROM aportado por la AEAT y en sus actas, el inicio de actuaciones de comprobación se produce por resolución del día 05/04/2010 notificada a mi defendido el día 09/04/2010. Por ello, el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, debía de haber concluido como máximo 12 meses después, antes del día 09/04/2011. Sin embargo, consta en Autos, que la inspección tributaria duró al menos desde el viernes 09/04/2010 al jueves 15/12/2011, 615 días, un pazo muy superior al límite máximo establecido en la LGT y sin ningún acuerdo de ampliación motivado y sin ninguna referencia a los hechos y fundamentos de derecho. El cómputo de plazos-continúa el recurso- de la inspección tributaria no es una mera cuestión baladí, y que si bien es cierto que el artículo 104.2 de la LGT señala que las dilaciones en el procedimientopor causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución, es necesario poder conocer cuales han sido las dilaciones para, entre otras cuestiones, saber si han sido o no imputables al obligado tributario y si las mismas han sido justas o injustas, y, por tanto, su reflejo en el propio informe resultaría algo obligatorio al igual que en la propia sentencia. Los inspectores cifraron dicho exceso señalando, en el Folio 48, y en resolución de fecha 25/11/2011, que no deben computarse 457 días del procedimiento de inspección por la aportación incompleta de documentación y solicitudes de aplazamiento que fueron realizadas por el acusado. Algo verdaderamente sorprendente y que siempre hemos negado y que, aún en el caso de que fuese cierto, -que no lo es-, igualmente determinaría una duración de las actuaciones inspectoras muy superior al plazo del año señalado por la LGT sin la oportuna resolución motivada anterior a su finalización además de la correspondiente para las actuaciones complementarias de inspección. La propia Inspectora manifestó que, de superar el plazo legal, la AEAT no podía ni tan siquiera liquidar la deuda, que es el único presupuesto para perseguir un delito fiscal. Por tanto, una imposibilidad de liquidar la deuda en vía administrativa, por la vulneración de los plazos de inspección, imposibilitaría la comisión del delito por el que se condena a mi defendido. Igualmente se denuncia en el recurso vulneración del artículo 24 de la CE con vulneración de la tutela judical efectiva y derecho a un proceso público sin dilaciones inebidas, con incorrecta aplicación de la atenuante del artículo 21.6 del Código penal. Si bien ya la Audiencia Provincial de Málaga resolvió la cuestión de la prescripción en Auto de fecha 8 de febrero de 2023, lo cierto se ha superado cualquier plazo justo, razonable o tan siquiera admisible. Las consecuencias del delito deben ser proporcionales a la gravedad de la culpabilidad y, por lo tanto, si el acusado ya ha sufrido un mal con la excesiva duración del proceso, más 12 años de procedimiento y más de 17 desde los hechos, éste debe serle computado en la pena pues toda circunstancia derivada del proceso que tenga sobre los derechos del acusado efectos de carácter aflictivo, importa una anticipada retribución, que, paralelamente, se debe reflejar en la pena que se imponga. Si bien la Sentencia que se recurre, en parte, recoge esta tesis sobre la obligación de resolver y ejecutar lo resuelto en un tiempo razonable, entendemos que debiera de haber decretado directamente la nulidad por la vulneración del Derecho a un juicio sin dilaciones, y entendemos que se aplica indebidamente la atenuante del 21.6 CP. La propia Sentencia reconoce que "El Tribunal Supremo ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia ( STS 1224/2009 ; STS 1356/2009 ; STS 66/2010 ; STS 238/2010 ; y STS 275/2010 ) reduciendo la pena en uno o dos grados según las circunstancias de cada caso". En el presente caso es mucho mas, se ha excedido los 12 años de procedimiento y los 17 años desde los hechos, y sin ser imputable los retrasos a los actos procesales de mi defendido, pero sin embargo sólo se ha reducido en un grado. -Asimismo se denuncia en el recurso error en la valoración de la prueba. La supuesta irregularidad atribuida a Luis Alberto consistiría en, a sabiendas de la ilicitud de su conducta y con voluntad defraudadora, el haber consignado en sus declaraciones los importes o contenidos económicos de unas facturas las cuales la acusación presume irregulares, para conseguir una deducción y así ahorrarse en sus impuestos cantidades de manera injusta. Se discrepa igualmente de esa interpretación ya que de la actividad probatoria, entendemos, ha quedado acreditado lo siguiente: El Sr Luis Alberto tenía actividad y trabajos efectivamente realizados en los sectores del objeto social de su empresa y de las de las facturas controvertidas. - Que PIEDRAS Y TERRACOTAS DEL SUR había trabajado anteriormente con las empresas cuyas facturas se presumen irregulares. - Que alguna persona, (entendemos suplantando la identidad o la firma de otra), siguió presentando declaraciones tributarias de varias de las empresas que emitieron algunas de las facturas que se presumen irregulares. - Que los testigos y actuantes hicieron referencia en sus declaraciones a dos personas que no fueron a declarar al plenario, D. Alonso, relacionado por parentesco con el administrador de Transportes Hijos de Paco de Laroya SL y Don Bernabe relacionado con BUYERS-TRADER. Personas quienes perfectamente pudieron hacer creer a mi defendido, y a sus trabajadores, que eran realmente esas empresas, haber realizado los trabajos, emitido las facturas, cobrar los trabajos o presentado las declaraciones tributarias. - Que constan pagos de PIEDRAS Y TERRACOTAS DEL SUR mediante pagaré a buyer trader, de algunas de facturas que se presumen irregulares. - Que consta que alguna de las empresas que emitieron las facturas que se presumen irregulares, si siguieron funcionando con otras personas, algunas de manera cuasi irregular. - Que mi principal no confeccionaba ni tan siquiera sus declaraciones tributarias, teniendo un asesor o contable en su empresa que lo hacía, junto con el personal de su oficina. - Que en la oficina de mi principal trabajaban otras personas como contables y asesores y que el se dedicaba a ir a las obras y buscar clientes y materiales. - Que la inspección tributaria ya había inspeccionado anteriormente a mi defendido y PIEDRAS Y TERRACOTAS DEL SUR, y también lo hizo en el ejercicio 2007, y nunca sacó a la luz ninguna otra irregularidad. -Se recurre, por último, la sentencia alegando vulnaración del Principio "Non bis in idem" pues el supuesto delito surge por haber consignado en sus declaraciones los importes o contenidos económicos de unas facturas, -las cuales la acusación presume irregulares-, para conseguir una deducción y así ahorrarse o desgravarse en sus impuestos cantidades de manera ilegal. Que el supuesto dolo eventual de mi principal sería dar por buenas las facturas de gastos que su mercantil se dedujo, pero no habría delito, pues son las mismas facturas y las mismas cantidades las declaradas por PIEDRAS Y TERRACOTAS DEL SUR en sus autoliquidaciones que conforman los supuestos delitos de IVA y del IS del año 2006.

SEGUNDO.-Vuelve a incidir la parte recurrente en el transcurso del tiempo como causa de exoneración de la responsabilidad penal, señalando que se ha dictado sentencia después de más de 17 años desde la presentación de las declaraciones tributarias, -desde el supuesto ilícito penal- lo que debería derivar incluso en la nulidad de actuaciones con la consiguiente absolución del Sr Luis Alberto. Son dos las vías legales a través de las cuales el legislador solventa dicho transcurso excesivo de tiempo: la prescripción y la atenuente de dilaciones indebidas. Como reconoce la propia apelante, la no prescripción es cuestión ya resuelta por esta Audiencia Provincial pues, como se señala en el recurso , los hechos son denunciados 3 días antes de estar prescritos, e incoándose la causa el mismo día en que lo hacían, prescripción que-realmente-ya no se discute por la parte apelante. Respecto a la excesiva dilación en la tramitación de la causa, la sentencia impugnada aprecia la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, al encontrarnos ante un procedimiento de duración superior a 12 años. Si dicha dilación indebida debió de tener mayor repercusión a la hora de fijar la extensión de la pena y en beneficio del acusado, es cuestión que se analizará más adelante, al ser uno de los motivos de impugnación y tras la resolución del resto de motivos del recurso.

TERCERO.-Se indica en el recurso que el informe de la AEAT ha de ser considerado como prueba ilícita o prohibida por nuestro ordenamiento, puesto que ha sido obtenida violentando los derechos del acusado, reconocidos en la leyes tributarias. Y a causa de ella se han realizado todas las demás diligencias y obtenido todas las demás pruebas obrantes. Y así se ha producido una vulneración plazo arts 150 y 180 de la ley 58/2003 General Tributaria, redacción diciembre de 2011"las actuaciones del procedimiento de inspección deberán cloncluir en 12 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo". Debemos señalar al respecto que el citado precepto fija en doce meses el plazo máximo para llevar a cabo las labores inspectoras por parte de la AEAT y que es cierto que las actuaciones inspectoras se habrían producido en su integridad o al menos en parte fuera de plazo. Pero, en contra de lo que mantiene la parte recurrente, la consecuencia no es que el procedimiento penal no debería haberse iniciado por no tener posibilidad la AEAT de indagar sobre el posible incumplimiento tributario y liquidar la deuda derivada, ni tampoco la consecuencia puede ser la nulidad de, como mínimo, las diligencias producidas más allá del máximo legal de tiempo fijado para la actuación inspectora, sin posibilidad de basar en ellas la liquidación de la deuda tributaria derivada de las actuaciones de inspección verificadas ni tampoco la condena penal. El orden jurisdiccional penal enjuiciando un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 CP no puede entrar a fiscalizar si la duración de las actuaciones inspectoras se ajusta o no a lo dispuesto en el artículo 150 LGT, que regula su plazo. El exceso en éste puede determinar la prescripción del derecho que asiste a la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, mediante la oportuna liquidación ( artículo 66 a) de la LGT) pero no es fiscalizable en vía penal dado que el TS Sala de lo Penal ( STS 6 de noviembre de 2000, 10 de octubre de 2001, 30 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2005) ha señalado que el plazo de 4 años del artículo 66 a) LGT para determinar la deuda tributaria no modifica el plazo de prescripción del delito fiscal porque (FJ 1 STS 774/2005 de 2 de junio, con cita de la STS 1688/2000 de 6 de noviembre) la extinción sobrevenida de la obligación tributaria por prescripción no produciría la atipicidad sobrevenida de la conducta delictiva, dado que la tipicidad penal es un concepto que viene referido al momento en que se realizó la acción u omisión típica y en dicho momento concurría la deuda tributaria y se produjo su elusión en forma típica, consumándose la actuación delictiva, sin que una eventual y posterior extinción de la deuda tributaria pueda incidir en tal tipicidad. Los defectos procedimentales en que se hubiera podido incurrir durante la tramitación administrativa en ningún caso producirán como efectos los de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada al delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 150.6 de dicha ley en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria. La AEAT denuncia la posible comisión de un delito fiscal pero no liquida ni determina la cuota tributaria; no dicta un Acuerdo de Liquidación ya que según consolidada jurisprudencia del TS ( STS 267/2014 de 3 de abril, 456/2014 de 5 de junio y 212/2021 de 10 de marzo), la determinación del elemento objetivo del delito fiscal, el cálculo de la cuota tributaria, es responsabilidad y competencia del tribunal penal correspondiente y debe hacerse en el procedimiento penal. Así y siendo lo habitual que el inicio de la actividad inspectora se la que permita aflorar los indicios de comisión delictiva, según el artículo 250.1 y 2. 2º LGT lo que corresponde una vez existen dichos indicios es pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. En lugar de un acuerdo de liquidación entonces se emite un informe por los funcionarios actuantes con arreglo al artículo 100.2 b) RD 1065/2007 de 27 de julio. Así lo recuerda la SAP Sección 10ª de esta misma AP en sentencia de 2 de noviembre de 2022 recaída en el rollo 164/2022. Como se señala en la Sentencia de la AP de Barcelona de 8 de enero de 2024 Barcelona en relación al transcurso del plazo ya referido y la no afectación a aquellas deudas tributarias que, por su montante, constituyan delito fiscal. : "...En relación a ese plazo no es aplicable pues, en su caso, el procedimiento de indagación debe terminar, no con la declaración de la deuda tributaria correspondiente para exacción, sino con la remisión del tanto de culpa a la fiscalía o jurisdicción correspondiente, siendo en dicha sede y aplicando las garantías propias de tal jurisdicción, donde debe determinarse la cuota defraudada. Así que es inútil argumentar sobre si existieron o no existieron paralizaciones indebidas en el procedimiento de indagación o si las que provocaron en su caso la superación de los doce meses de extensión máxima prevista en la LGT fueron o no imputables al obligado tributario. Y ello dado que el plazo fijado para la prescripción del derecho de liquidación de la deuda no afecta al delito fiscal. Así, y existiendo indicios de la comisión de éste, lo único que debe revisarse es que no haya transcurrido el plazo de prescripción del delito desde la fecha de comisión delictiva hasta el inicio del procedimiento penal contra el o los responsables del ilícito penal (o bien, ya iniciado éste, que no se haya producido, en el procedimiento penal una paralización tal que supere dicho plazo)."

CUARTO.-En lo concerniente a la falta de liquidación de la deuda tributaria por parte de la AEAT, la jurisprudencia de modo reiterado viene manteniendo que en el enjuiciamiento de los delitos contra la Hacienda Publica la determinacion de la cuota defraudada, en tanto elemento objetivo del delito, debe fijarse dentro del proceso penal por el organo judicial conforme a la valoracion de la prueba practicada en el acto de juicio oral a tenor de lo previsto en el articulo 741 LECrim ( SSTS, entre otras, de 30 enero , 5 noviembre y 3 diciembre 1991 y 24 de febrero 1993 , y 25 de febrero 1998 ). Prueba que ha de tender a la averiguacion de la verdad material, pues el delito fiscal no tiene naturaleza "formal" , siendo precisa la constatacion fiable de la elusion de un impuesto en una determinada cuantia, lo que hace indispensable -como siempre en el proceso penal- penetrar en la realidad misma de las cosas e identificar sin ninguna duda razonable el acaecimiento del hecho punible, sin vinculacion alguna a las conclusiones que previamente haya alcanzado la AEAT. No obstante y como ha ocurrido en el presente supuesto, para la practica de dicha liquidación no hay obstáculo alguno para acoger como correctas las conclusiones alcanzadas al respecto por los peritos de la Agencia Tributaria que, además, se han visto refrendadas por la prueba documental obrante en la causa y por la prueba testifical practicada en el acto del Juicio, ampliamente valorada en la sentencia que se impugna.

QUINTO.-Respecto a un supuesto error en la valoración probatoria, tal motivo debe correr idéntica suerte desestimatoria. La valoración que se expone en la sentencia es coherente y así lo aprecia esta Sala, con el resultado de la prueba practicada en la vista y de la incorporada a las actuaciones, valorada de forma razonada y razonable, con especial referencia al informe pericial realizado por Dª María Luisa y D. Gregorio, máxime cuando no ha sido eficazmente rebatida. Ambos peritos comparecieron al acto del juicio y ratificaron los informes obrantes en las actuaciones. Realizándose por la juez "a quo" una detallada y correcta valoración, tanto del informe relativo al Impuesto de Sociedades, como del informe que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2006. Igualmente se valora el resto de pruebas practicadas en juicio incluidas las testificales, muy especialmente, la de Imanol cuyas manifestaciones fueron ratificadas en el acto del juicio por D Leoncio (agente de la agencia tributaria de Almería), que ratificó el informe que realizó obrante en las actuaciones. -Se denuncia igualmente por la parte recurrente vulneración del Principio "Non bis in idem" pues el supuesto delito surge por haber consignado en sus declaraciones los importes o contenidos económicos de unas facturas, -las cuales la acusación presume irregulares-, para conseguir una deducción y así ahorrarse o desgravarse en sus impuestos cantidades de manera ilegal. No habría delito, pues son las mismas facturas y las mismas cantidades las declaradas por Piedras y Terracotas del Sur en sus autoliquidaciones que conforman los supuestos delitos de IVA y del IS del año 2006. En todo caso, no estaríamos ante dos delitos contra la Hacienda Pública sino ante uno sólo, por cuanto que el fundamento de la imputación al Sr. Luis Alberto de dichos delitos serían las mismas facturas en base a las cuales se habría procedido a la defraudación a la Hacienda Pública primero por el IVA y segundo por el Impuesto de Sociedades. Como contestación a dicho motivo, damos aquí por reproducidos los acertados argumentos contenidos en sentencia para rechazar el mismo: no estamos ante una misma deuda tributaria frente a la que se emplean dos mecanismos fraudulentos sino que nos encontramos ante dos mecanismos fraudulentos para eludir el pago de dos deudas tributarias diferentes. De forma que, como se señala con acierto en la sentencia impugnada, "En consecuencia, aún en la hipótesis de que fuesen las mismas facturas el fundamento de los dos comportamientos defraudatorios (decimos hipótesis porque no ha quedado acreditado que las facturas existan), en modo alguno ello puede ser argumento para desechar uno de los delitos".

SEXTO.- Se señala, por último, en el recurso interpuesto que se ha superado cualquier plazo justo, razonable o tan siquiera admisible. Las consecuencias del delito deben ser proporcionales a la gravedad de la culpabilidad y, por lo tanto, si el acusado ya ha sufrido un mal con la excesiva duración del proceso, más 12 años de procedimiento y más de 17 desde los hechos, éste debe serle computado en la pena pues toda circunstancia derivada del proceso que tenga sobre los derechos del acusado efectos de carácter aflictivo. Entiende la parte recurrente que se ha aplicado indebidamente la atenuante del 21.6 CP pues únicamente se ha reducido en un grado la pena, cuando debió serlo en dos o "incluso en tres grados". La sentencia en cuestión aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada e impone las penas inferiores en grado, fijando como tales la de doce meses de prisión por cada uno de los delitos. La atenuante ordinaria precisa que se haya producido una dilación extraordinaria por lo que la atenuante privilegiada precisa que esa dilación vaya más allá de lo extraordinario, sea singularmente extensa y desproporcionada, lejos de toda posible justificación. A la vista de tales consideraciones, debemos anticipar que la pretensión formulada por la parte apelante de reduccción de la pena en dos grados no puede tener acogida, por cuanto la posibilidad de rebajar la pena en uno o dos grados es potestativa del juez no siendo una operación automática ni imperativa y no siendo tampoco obligatorio considerar que la existencia de dilaciones indebidas como muy cualificada deba conllevar necesariamente la rebaja en dos grados, pues para ello y dentro de esa dilación que va "más allá de lo extraordinario, singularmente extensa y desproporcionada, lejos de toda posible justificación" como fundamento del exceso de cualificación, habría que apreciar, igualmente, circunstancias especiales y de entidad que justifiquen esa reducción en dos grados, no pudiendo obviarse aquellas circuntancias que afecten al delito o delitos cometidos y que no beneficien al acusado. Y resulta imposible soslayar que la entidad económica del fraude a la Agencia Tributaria es de cuantía notable, ascendente a una cuota diferencial no ingresada de 1.200.514,73 euros, en uno de los delitos y de 482.897,59 €, en el otro delito, cantidades que superan el millón y medio de euros y en las que resulta perjudicada la hacienda pública. De este modo, se estima que la regla prevista en el artículo 66.1.2 ha sido aplicada correctamente y que es acertado determinar que el marco penológico quede determinado en una rebaja de un grado, resultando una pena equitativa y proporcionada a la demora de la causa pero también a la entidad y cuantía del delito.

En definitiva , la sentencia impugnada, en sus fundamentos jurídicos , explica con claridad las razones que llevaron al juzgador a entender que habían quedado acreditados plenamente los hechos objeto de acusación ,sin que se observe, en esta alzada, ningún error en la apreciación de las referidas pruebas, lo que impone una conclusión desestimatoria del recurso interpuesto, al existir prueba de cargo suficiente que justifica el fallo condenatorio contenido en la sentencia que se impugna.

SÉPTIMO.- A los efectos de los Arts. 239 y 240 de la LECrim., no se aprecian motivos especiales para hacer una expresa condena en costas de esta alzada.

Vistos los Arts. citados y los Arts. 741, 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente aplicación.