Sentencia Penal 243/2023 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 2, Rec. 56/2023 de 29 de septiembre del 2023

PRIMERO - Recurre la defensa del condenado Virgilio alegando, en síntesis, error en la valoración de la prueba pues insiste en que el vehículo conducido por el mismo circulaba a una velocidad 50 km/hora en el momento en que el vehículo Citröen C-4 invadió la vía al no respetar la señal de ceda el paso que le obligaba antes de incorporarse a la rotonda lo cual, si no excluye responsabilidad en la producción del accidente de la conducción de su cliente, si limitaría su responsabilidad en la producción del siniestro. Por el mismo motivo la representación de la aseguradora del vehículo conducido por el citado alega errónea valoración de la prueba.

En relación a ello hemos de recordar que es doctrina jurisprudencial reiterada ( Sentencias de 6 de mayo de 1965, 20 de diciembre de 1982, 23 de enero de 1985, 18 de marzo de 1987, 31 de octubre de 1992 y 19 de mayo de 1993 entre otras), que a tenor de lo que establece el artículo 973 en relación con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 , el Juzgador de Instancia debe formar su convicción sobre la verdad "real" de los hechos con arreglo a su convencimiento derivado de lo que ha visto y oído en el curso del juicio oral; por lo que técnicamente no es un nuevo juicio sino revisión de los hechos y del derecho aplicable, al conocer en grado de apelación el juez "ad quem" en la práctica debe respetar la descripción de tales hechos, precisamente porque es el Juez de Instancia quien aprovecha al máximo las ventajas de los principios de inmediación, concentración y oralidad que presiden el juicio oral , a no ser que se demuestre un evidente error en la apreciación de aquellos o una equívoca aplicación de las normas legales a lo declarado probado.

Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995 ). Si bien se excluye toda posibilidad de una reformatio in peius, esto es, de una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquel en cuyo perjuicio se produce tal reforma no tenga ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público cuya recta aplicación es siempre deber del Juez, con independencia de que sea o no pedida por las partes ( SSTC 15/1987, 17/1989 y 47/1993).

El supremo intérprete del texto constitucional tiene también declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" ( STC 172/1997 , fundamento jurídico 4º); y asimismo, ( SSTC 102/1994, 120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995 ) y, en consecuencia "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" ( SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 172/1993, 172/1997 y 120/1999).

Por otra parte ha de destacarse que órgano de apelación, privado de la inmediación imprescindible para una adecuada valoración de las pruebas personales, carece de fundamento objetivo para alterar la fuerza de convicción que han merecido al Juzgador de instancia unas declaraciones que sólo él, ha podido "ver con sus ojos y oír con sus oídos", en expresión de las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero EDJ 1989/730 y 2 de febrero de 1989 EDJ 1989/919 .

Por ello, cuando la valoración de la prueba esté fundada en la inmediación debe prevalecer salvo que se aprecie un evidente error; pues sólo el órgano de primera instancia ha dispuesto de una percepción sensorial, completa y directa, de todos los factores concomitantes que condicionan la fuerza de convicción de una declaración, incluido el comportamiento mismo de quien la presta, respecto a su firmeza, titubeos, expresión facial, gestos, etcétera ( SS.TS. 5 de junio de 1993 EDJ 1993/5388 o de 21 de julio y 18 de octubre de 1994 EDJ 1994/8772 ).

En definitiva , como señala el T.Supremo en sus sentencias de 21 de mayo de 2015, 13-4-2009, 18-1-2010 en relación al control vía recurso de la valoración probatoria, ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. Añadiendo que " No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia".

Señalando el Tribunal Supremo que " el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si norma considera, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena." ( SSTC. 68/98, 117/2000 EDJ 2000/8897, SSTS. 1171/2001 EDJ 2001/12568, 220/2004 EDJ 2004/12765, 711/2005 EDJ 2005/96643, 866/2005 EDJ 2005/116883, 476/2006 EDJ 2006/59557, 548/2007 EDJ 2007/92352, 1333/2009 EDJ 2009/321749, 104/2010 EDJ 2010/14219, 1071/2010 EDJ 2010/290506, 365/2011 EDJ 2011/79003, 1105/2011 EDJ 2011/262999).

Sentadas estas premisas y descendiendo al objeto del presente recurso con que la juez de lo penal número dos declara probado que Virgilio conducía a una velocidad excesiva y que consecuencia de ello colisionó con el vehículo Citröen C-4 en base a las declaraciones de los agentes de la Policía Local número NUM000 y NUM001 que ratifican en el plenario el atestado que obra en autos y manifiestan que el vehículo BMW debía de circular a una velocidad muy superior a los 50 km/hora, límite genérico de la vía, pues si lo hubiese hecho a velocidad inferior el impacto no habría sido de tal magnitud, insistiendo ambos agentes en que si hubiese circulado dicho vehículo a una velocidad inferior el vehículo Citröen no había girado 90° sobre sí mismo ni golpeado al vehículo que se hallaba estacionado. Frente a tales manifestaciones nos encontramos con las declaraciones del recurrente que en todo momento ha sostenido que que no circulaba a velocidad superior a 50 km/hora. Ahora bien tal afirmación efectuada por los agentes, como los mismos manifiestan en el plenario, es una opinión basada en su experiencia profesional pero en este caso concreto no se realizó informe pericial alguno a fin de poder acreditar con un mínimo de certeza la velocidad a la que circulaba el vehículo conducido por el recurrente. Por otra parte como la propia juez a quo señala el único testigo de los hechos que no tiene interés en la presente causa, Diego, pues no reclama por los daños sufridos por el vehículo de su propiedad, manifiesta de forma tajante que presenció la colisión y que el vehículo Citröen C-4 se saltó el ceda el paso, aunque también reconoce el testigo que la velocidad de BMW era elevada pero sin poder precisar. De todo ello no cabe concluir sin ningún género de duda como se exige en el proceso penal que el recurrente condujera el vehículo BMW matrícula ....-YKV a velocidad superior a la permitida en la vía por la que circulaba, ni que dicha circunstancia fuese la causa determinante de la colisión con el vehículo Citröen matrícula ....-XBN pues de las declaraciones del testigo presencial antes citado resulta que este vehículo se incorporó a la rotonda en que se produjo la colisión sin respetar la señal de ceda al paso que le obligaba pues el vehículo BMW circulaba por una vía preferente, todo lo cual hizo que, como declara el conductor de este, no pudiera esquivarlo, además teniendo en cuenta que el siniestro tiene lugar en una vía urbana y aproximándose el BMW por un tramo recto con buena visibilidad aún cuando este vehículo hubiere circulado una velocidad superior a 50 km hora no se habría producido la colisión por poderse haber percibido el conductor del Citröen de que este vehículo se aproximaba si hubiese realizado el ceda el paso correctamente.

Consecuencia de lo anterior es la absolución del recurrente respecto del delito de conducción temeraria tipificado en el artículo 380 del Código Penal por el que ha sido condenado en primera instancia . Dicho precepto castiga al que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas; reputando como manifiestamente temeraria a los efectos del mismo la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 379 ,esto es, circular a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, o bien bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

La Jurisprudencia viene exigiendo como requisitos para aplicar dicho tipo penal conducir un ciclomotor o un vehículo de motor con temeridad manifiesta, esto es, con una notoria y anormal desatención a las normas reguladoras del tráfico; y, que dicha acción suponga un concreto peligro para la vida o integridad de los otros usuarios de la vía. Así el Tribunal Supremo en su auto número 1278/2018 de fecha 11 de octubre de 2018 precisa que la conducta típica la conducta típica es la conducción de un vehículo a motor " con una notoria y anormal desatención a las normas reguladoras del tráfico, en clave de desprecio a tales normas". En este caso de la prueba practicada no ha quedado acreditada la concurrencia tales circunstancia en la conducción efectuada por el apelante habida cuenta de que de la prueba practicada no ha quedado acreditado a qué velocidad circulaba el mismo y aún cuando, a efectos puramente dialécticos, pudiera considerarse que el mismo circulaba a una velocidad superior a 50 km/hora ello por si solo no hubiese sido bastante para que para considerar temeraria dicha conducción al no concurrir ninguna otra circunstancia ni constar acreditada la realización de ninguna otra maniobra que denotase una gran irreflexión o insensatez. Por ello lo procedente en la absolución de Virgilio respecto del delito de conducción temeraria por el que ha sido condenado en primera instancia como ya hemos adelantado más arriba.

SEGUNDO.- Igualmente interesa la defensa de Virgilio la solución del mismo respecto de los delitos de lesiones imprudentes por los que fue condenado. En palabras de la STS 1050/2004, de 27 de septiembre, en el delito imprudente se produce un resultado socialmente dañoso mediante una acción evitable y que supera el riego permitido, determinándose la tipicidad mediante la comparación entre la acción realizada y la que era exigida por el deber de cuidado en la situación concreta.

En definitiva, la imprudencia se configura por la concurrencia de los siguientes elementos: a) una acción u omisión voluntaria no intencional o maliciosa, con ausencia de cualquier dolo directo o eventual; b) el factor psicológico o subjetivo consistente en la negligente actuación por falta de previsión del riesgo; c) el factor normativo u objetivo representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas reglamentarias o impuesto por las normas socio culturales exigibles al ciudadano medio, según común experiencia; d) la producción del resultado nocivo; y e) una adecuada relación causal entre el proceder descuidado desatador del riesgo y el daño o mal sobrevenido, dentro del ámbito de la imputación objetiva.

En nuestro Código Penal sólo los hechos imprudentes que se encuentren expresamente tipificados como delitos pueden ser objeto de sanción penal y, de acuerdo con el principio de intervención mínima que informa el derecho penal, solo se incluye dentro de la órbita punitiva la imprudencia grave en relación con algunos tipos delictivos, o la imprudencia menos grave cuando la conducta afecta a la vida o a la integridad física de las personas.

La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que despenalizó la imprudencia leve -que en algunos casos puede dar lugar solamente a responsabilidad civil-, distingue a efectos de su graduación, entre la imprudencia grave, que es la que se produce cuando para llevar a cabo la infracción del deber de cuidado se han vulnerado las más elementales normas de la diligencia exigidas en una actividad; y la imprudencia menos grave, en la que la divergencia entre el cuidado debido y la conducta realizada es menor pero goza aún de cierta relevancia.

Y la LO 2/2019, de 1 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, establece expresamente, en relación a los delitos de homicidio y lesiones cometidos con un vehículo a motor o ciclomotor que se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho. Y por imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

La reforma operada por la LO 1/2015 contempla la imprudencia grave y la menos grave, remitiendo la leve al ámbito civil de la responsabilidad extracontractual.

Analizando ambas clases, la STS 284/2021, de 30 de marzo, que transcribe literalmente parte de la STS 805/2017, de 1 de diciembre -caso Madrid Arena-, en la que se aborda la incidencia que la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo tuvo en la delimitación de los grandes conceptos de imprudencia dice, entre otras cosas, lo siguiente: "La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, ha procedido a una despenalización de la imprudencia leve, dibujando nuevos conceptos, imprudencia grave y menos grave en los tipos imprudentes de losarts. 142y152 del Código Penal.

Las razones de la distinción es la modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal...

Dentro de las imprudencias que se consideran por el legislador que constituyen conductas merecedoras de reproche penal se establece esa modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, en las que se incluyen, por lo que afecta a la presente resolución, los delitos de homicidio por imprudencia grave y menos grave previstos en el párrafo primero y segundo del art. 142 del C.P , respectivamente, y las lesiones por imprudencia grave del art. 147.1 del C.P . que se recogen en el art. 152.1.1º del C.P ., no considerándose constitutivas de infracción penal las lesiones previstas en el art. 147 del C.P . que se cometan por imprudencia menos grave puesto que el segundo párrafo del art. 152 del C.P . sólo sanciona al que por imprudencia menos grave cometiere alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150 del C.P ".

Y, analizando la evolución normativa que ha sufrido la imprudencia, continúa diciendo:

"La cuestión es pues si los conceptos imprudencia grave y menos grave son o no equivalentes a los anteriores de imprudencia grave y leve y si, por tanto, ha habido una reducción de la intervención penal...La imprudencia menos grave no puede equipararse a la antigua imprudencia leve. Por otra parte, la nueva imprudencia menos grave tampoco se integra totalmente en la imprudencia grave, y no se nutre de las conductas más leves de la imprudencia, sino que constituye una nueva categoría conceptual. La nueva modulación de ese nivel de imprudencia delictiva contempla un matiz diferenciador de grados o niveles de gravedad; la vulneración del deber de cuidado es idéntica en una y otra y la diferencia está en la intensidad o relevancia -la imprudencia leve atípica vendría referida, por exclusión de las otras dos categorías, a la vulneración de deberes de cuidado de insuficiente entidad o relieve y de mayor lejanía a la imprudencia grave-.

La menor gravedad significa, en estos términos, partir de una previa valoración de la entidad o intensidad en la infracción de los deberes referidos, constitutivos de la imprudencia grave, que ante las circunstancias concurrentes, se degrada o desvalora. ...

En suma, en una aproximación hermenéutica al concepto de imprudencia menos grave, es precisa una vulneración de cierta significación o entidad de los deberes normativos de cuidado, en particular de los plasmados en los preceptos legales de singular relevancia, sin exclusión de los sociológicos.

Por tanto, la imprudencia menos grave ha de situarse en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido expresamente despenalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia y relevancia del deber de cuidado infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para ello, y a los que con anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza, a la grave, asimilable en este caso, la menos grave, como la infracción del deber medio de previsión ante la actividad que despliega el agente en el actuar correspondiente a la conducta que es objeto de atención y que es la causalmente determinante, única o plural, con el resultado producido, de tal manera que puede afirmarse que la creación del riesgo le es imputable al agente, bien por su conducta profesional o por su actuación u omisión en una actividad permitida social y jurídicamente que pueda causar un resultado dañoso. Así, mientras la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe poner en tal consecuencia pero operada por el despliegue de la omisión de la diligencia que debe exigirse a una persona en la infracción del deber de cuidado en su actuar (u omitir).

Estas nociones, naturalmente, constituyen generalmente conceptos jurídicos indeterminados, que necesitan del diseño, en el caso concreto, para operar en la realidad que ha de ser juzgada en el supuesto de autos. La imprudencia grave es, pues, la omisión de la diligencia más intolerable, mediante una conducta activa u omisiva, que causa un resultado dañoso y que se encuentra causalmente conectada normativamente con tal resultado, mediante la teoría de la imputación objetiva, que partiendo de un previo lazo naturalístico, contribuye a su tipificación mediante un juicio basado en la creación de un riesgo no permitido que es el que opera como conexión en la relación de causalidad".

Por otra parte la STS 421/2020, de 22 de julio del Pleno de la Sala 2ª,que estudia y desarrolla el concepto de imprudencia menos grave que nos ofrece el artículo 142 CP, es decir, aquélla no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; anudando tal concepto normativo a la tipificación sancionadora que incorpora la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 30 de octubre). En ella el Tribunal Supremo señala que: "a) la referencia a una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial remite al RDL 6/2015 y su listado de infracciones graves.

b) no tiene la norma afán de proporcionar con esa remisión una definición única y excluyente de la imprudencia menos grave; es solo una indicación orientadora.

c) la nueva caracterización de la imprudencia menos grave, presenta un relevante matiz frente a la especificación de la imprudencia grave. La presencia de una infracción grave de tráfico, según la catalogación administrativa, empuja en principio al marco de la imprudencia menos grave y aleja de la imprudencia leve no punible. Ahora bien, eso no significa ni que no puedan existir otros casos de imprudencia menos grave; ni que siempre que se dé una infracción grave de tráfico la imprudencia haya de ser calificada de menos grave.

Añade que pueden existir supuestos en los que sin haberse cometido una infracción administrativa grave nos hallemos ante una imprudencia menos grave; otros en los que, pese a que la infracción administrativa adquiera la consideración de muy grave, no se alcance a efectos penales el nivel de gravedad exigido en los artículos 142 y 153 del Código; y otros, en fin, en los que se constate la presencia de una infracción grave y no nos hallemos en presencia de una imprudencia menos grave, bien porque el Juez o Tribunal considere que la imprudencia alcanza magnitud suficiente para colmar el concepto penal de imprudencia grave; bien por entenderse que aunque concurra una infracción grave viaria, la imprudencia no desborda los linderos de la imprudencia leve en sentido jurídico penal.

Y concluye diciendo que, en definitiva, el Juez no queda convertido en esclavo de la catalogación administrativa, por cuanto, aunque la presencia de una infracción grave suponga una presunción de imprudencia menos grave, el Juez puede llegar a excluirla por varios factores no susceptibles de ser reducidos a un listado, dejando así una escapatoria al arbitrio judicial que descarte una dependencia absoluta de la calificación penal de la imprudencia respecto de la catalogación administrativa."

En el mismo sentido la STS 945/2022, de 12 de diciembre, señala que la presencia de una infracción grave de tráfico -que es la pauta orientadora introducida en 2019- puede determinar: a) una imprudencia grave si el Juez o Tribunal lo estima así a la vista de las circunstancias que implican esa mayor magnitud de la infracción del deber de cuidado; b) una imprudencia menos grave, que, según esa pauta, debiera ser lo ordinario; o, c) una imprudencia leve si el Juez o Tribunal no aprecia entidad suficiente en la infracción como para categorizarla penalmente de menos grave, en supuestos que tampoco serán insólitos o excepcionales.

Sentadas estas premisas y descendiendo al objeto del presente recurso nos encontramos con que Virgilio ha sido condenado como autor de tres delitos de lesiones por imprudencia grave previstos y penados en el artículo 152.1-1º del Código Penal sin que en los fundamentos de derecho de la citada resolución se exprese por la juez a quo porque considera que los resultados lesivos que declara probados son imputables al recurrente a título de imprudencia grave pues en los último párrafos del fundamento de derecho primero de la sentencia de fecha 16 de enero de 2023 se limita a decir que han quedado acreditadas las lesiones sufridas por Carlos José, Jose Daniel y Eloisa, que los citados sufrieron lesiones es algo que resulte indubitable la vista de la prueba practicada; ahora bien lo que habrá que determinarse es si dichas lesiones conforme a la doctrina que expuesta más arriba serían constitutivas de un delito de lesiones culposas del artículo 152 C.P. Así lo primero que ha de destacarse es que sólo son punibles a título de imprudencia los resultados lesivos que puedan encuadrarse en el artículo 147.1, 149 y 150 del Código Penal. Pues bien de los hechos probados de la resolución recurrida, que en este particular no han sido modificado por esta nuestra sentencia, resulta que Eloisa resultó con lesiones de las que curó sin precisar más que una asistencia facultativa, de modo que dicho resultado lesivo no podría encuadrarse dentro del párrafo primero del artículo 147 sino que caería de lleno dentro del párrafo segundo de dicho precepto; en consecuencia dicho resultado lesivo causado por imprudencia sería en todo caso atípico.

Respecto de las lesiones sufridas por Carlos José e Jose Daniel para encontrarnos ante un delito de lesiones culposas sería preciso que las mismas se hubieren causado por imprudencia grave o menos grave. En este caso habiéndose descartado que nos encontremos ante una conducción temeraria por parte del recurrente consideramos que no cabe hablar de imprudencia grave por las mismas razones arriba expuesta para considerar que su conducción no podría tildarse de temeraria. Igualmente a la vista de lo actuado consideramos que en este caso no cabe hablar de delito de lesiones por imprudencia menos grave habida cuenta de que no ha quedado efectivamente probado que el vehículo BMW circulara a una velocidad superior a la señalada para la vía por la que lo hacía, es decir, no ha quedado probada una infracción grave de las normas sobre circulación de vehículos a motor. Pero además, y aún cuando pudiera admitirse que el condenado no circulaba a una velocidad adecuada a las circunstancias de la vía puesto que se aproximaba a una intercesión lo que aconseja siempre reducir la velocidad, lo cierto es que no es la conducción del recurrente lo único determinante de la colisión entre el vehículo por el conducido y el vehículo Citröen C-4 sino que a ello coadyuvó la conducta del conductor de este segundo vehículo que no respetó la señal de ceda paso existente en la vía por la que circulaba antes de incorporarse a dicha intersección . Por ello no cabe hablar de una falta de diligencia en la conducción por parte del recurrente de tal entidad que fuera bastante para constituir una conducta imprudente penalmente relevante pues en todo caso esa hipotética velocidad inadecuada sería constitutiva de una imprudencia leve y por tanto atípica, debiéndose hacer efectiva su posible responsabilidad por tales hechos ante los órgano competente de la jurisdicción civil, en su caso. Por ello este motivo de recurso ha de ser igualmente estimado absolviendo a Virgilio de los tres delitos de lesiones por imprudencia grave por lo que fue condenado en primera instancia.

Consecuencia de la absolución del recurrente respecto de los delitos de conducción temeraria y de los tres delitos de lesiones por imprudencia grave por los que fue condenado en primera instancia, manteniéndose su condena como autor de un delito de conducción del sin permiso o con permiso que ha perdido su vigencia por pérdida de puntos tipificado en el artículo 384 del Código Penal es la necesidad de revisar la pena impuesta mismo en la presente causa. Así previéndose en el citado precepto la imposición de una pena de tres a seis meses de prisión o de doce a veinticuatro meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y visto que la juez a quo ha apreciado la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada consideramos procedente imponer al recurrente la pena de ocho meses de multa a razón de 6 euros/día , que se estima adecuada dado que si se optara por imponer pena de prisión, en todo caso, por apreciación de la citada atenuante habría que sustituir dicha pena por la de multa y porque en ningún caso procede imponer pena de trabajos en beneficio de la comunidad dado que no consta que el condenado haya prestado su consentimiento para la realización de los mismos.( art. 66.1-2º, 71 y 49 C.P), considerándose que la cuota de seis euro resulta ajustada dado que se desconoce cuál sea la real capacidad económica del condenado no acreditándose que se encuentre en una situación de práctica indigencia único supuesto en que se justifica la imposición de una cuota inferior.

Puesto que la condena a la aseguradora Admiral Insurance Company Limites , Sucursal en España, lo ha sido al amparo de lo dispuesto en el art. 117 del C.Penal la absolución del conductor del vehículo por ella asegurado respecto de los delitos por los que fue condenado en primera instancia determina la absolución de dicha entidad de las pretensiones deducidas en su contra.

TERCERO .- De conformidad con lo establecido en los artículos 123 del Código Penal en relación con lo dispuesto en los arts. 239 y 240 de la LECrim ha de pronunciarse este Tribunal sobre las costas causadas

Vistos los artículos legales citados, normas de pertinente y general aplicación y en función de lo hasta aquí expuesto,