EDIF. V CENTENARIO. TORRE NORTE. PLAZA DEL MAR . 2ª PLANTA.
Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de MELILLA
En nombre del Rey.
En el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la siguiente
Vistos en grado de apelación por esta Sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga los autos de Procedimiento Abreviado número 54/2022 procedentes del Juzgado de lo Penal 1 de Melilla seguidos por delito de coacciones contra Jenaro, representado por el Procurador don José Luis Ybancos Torres y defendido por el Letrado don José Miguel Pérez Pérez, resultando el resto de los datos identificativos del nombrado del encabezamiento de la sentencia recurrida que, al efecto, se tiene por reproducido en ésta, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Por sentencia de esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga de 20 de diciembre de 2022 número 91/2022, recurso de apelación 58/2022, cuya parte dispositiva decía: " Que desestimando como desestimamos el Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. JOSEL LUIS YBANCOS TORRES, en nombre y representación de D. Jenaro, y que estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 16/06/22, pronunciada por el Ilmo. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Penal n° Uno de esta Ciudad, en el Procedimiento Abreviado núm 54/22 que ha dado lugar al Rollo de Apelación núm 58/22, debemos declarar y declaramos la nulidad parcial de la sentencia en relación exclusiva con el pronunciamiento relativo a la pena de inhabilitación especial para la profesión de Graduado Social del condenado a fin de que resuelva la imposición de la pena con arreglo a los criterios expuestos en esta sentencia de apelación. Se confirma la sentencia apelada en sus restantes extremos, con declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta alzada".
La sentencia cuya nulidad parcial se declara, núm. 173/22 de 16 de junio dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de esta ciudad, fue dictada en el misma causa de la deriva el presente recurso de apelación: Procedimiento Abreviado 54/2022.
SEGUNDO. - El Juzgado de lo Penal mencionado en el encabezamiento dictó en fecha 10-01-2024 sentencia que, considerando probado que:
" ÚNICO. -De la prueba practicada ha quedado acreditado que el acusado, Don Jenaro, ejerce habitualmente como Graduado Social en el Juzgado de lo Social de Melilla, en el que desempeñaba funciones como Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), Doña Esmeralda.
1.-Durante los años 2020 y 2021, el acusado, en su condición de Graduado Social presenta incesantes escritos y recursos en todos los asuntos en los que es parte, convirtiendo en su devenir procesal habitual, la presentación de recurso o escrito y ante su tardanza en resolverse, reiterarlo hasta la saciedad fuera de los trámites legalmente establecidos, instando nulidades y aclaraciones, llegando a solicitar que se resuelva lo que ya ésta resuelto o pidiendo nuevamente lo que ya ésta denegando para, a continuación, si no obtiene el resultado pretendido, presentar denuncias ante la Secretaria de Gobierno de Melilla.
Una de las cuestiones en las que insiste el acusado, consiste en solicitar la inclusión en los mandamientos de devolución expedidos por la Letrada de la Administración de Justicia y en el apartado observaciones, la representación legal que ostenta de sus clientes, con el objeto de poder realizar el cobro de dichos mandamientos por sí mismo basándose en que antes se hacía y de repente y sin motivo alguno, se dejó de hacer.
Dicha petición, se le deniega en distintas ocasiones, ante lo que presenta quejas y pide explicaciones, que reitera una y otra vez, alegando faltas de contestación o fundamentación, con la clara intención de obtener el resultado pretendido. En Acuerdos del Secretario de Gobierno de fecha 7 de enero de 2021, 12 de enero de 2021,4 de febrero de 2021 y 9 de marzo de 2021, se resolvió adecuadamente está cuestión contestándole, que es decisión de la Letrada de la Administración de Justicia, rellenar o no, ese campo y con lo que tenga por conveniente.
En este sentido, entre otras, en la ETJ 1/20 y ETJ 17/20 del Juzgado de lo Social, presentó escrito de 16/12/20 en el que se recoge expresamente: "La negativa por la Letrada a resolver la causa al porque ha dejado de hacerlo, resulta del todo sospechosa. Es por ello que reitero esta solicitud por última vez, entendiendo a que, si no lo resuelve en el plazo de siete días, que entenderé que su negativa, obedece a su venganza y/o modo de represalia contra mi persona, como consecuencia del contencioso que mantenemos, y en donde consta su denuncia contra mí, en mi Colegio Profesional". Ante ello, el acusado, lejos de deponer su actitud, persiste en éste iter procesal, provocando con ello un colapso en el funcionamiento del Juzgado de lo Social que ha visto en estos años notablemente aumentado su volumen de trabajo.
El acusado en su devenir profesional siguió presentando escritos.
Concretamente: -En la ETJ 1/20 del Juzgado de lo Social, tras una diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2020 en la que se tenía por cumplida la sentencia por el Ministerio de Educación, el acusado, interpone recurso de reposición en el que se refiere a la LAJ Doña Esmeralda en los siguientes términos:
"SSª no deja de sorprendernos, si bien es justo decir que de forma ingrata. [...] Y es que como vengo indicando, o SSª es supuestamente y a la vista de lo que hace, inepta para el puesto, o bien lo hace con mala fe y además y en este caso, con miedo y/o colaboración con la Administración ejecutada. [...] Es obvio también, a que SSª no solo no ha leído la sentencia, sino que ni tan siquiera conoce el precepto de la ley, y en este caso, concreto, si contrariamente sí lo conoce, que entonces estaríamos en presencia de esa presunta ineptitud
que decimos. [...] Comprendo a que la Letrada será ignorante en esta cuestión [...]"
Interpuesta queja por el Sr. Graduado Social, que dio lugar al Expediente Gubernativo NUM000 por no contestarle al escrito de 28 de abril de 2020 en el que solicita se le informe si la Administración condenada ha ordenado el cumplimiento de la sentencia conforme al art. 287 LRJS y si ello ha ocurrido antes de que el Juez inadmita la demanda ejecutiva, la cual fue archivada por acuerdo del Secretaria de Gobierno de 27 de mayo de 2020, en el recurso de alzada, en el que copia literalmente otros escritos presentados, indica:
"Y es que en el informe por la LAJ que consta en el Acuerdo, sin duda se denota una rabia incontenida cuando debió ser más prudente" [...] "En el tercer párrafo, desbocada la LAJ que me corrige [...]" "y se evidencia en el informe, a como la LAJ disfruta por el error cometido por el quejoso".
En la ETJ 2/20 del Juzgado de lo Social, en escrito de 13/05/21 se refiere a que resuelve sus escritos "lejos de la legalidad, aprovechándose de su autoridad y además provistos todos ellos de mala fe".
En el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Secretario de Gobierno de 03/06/20 en el que archiva la denuncia/queja que dio lugar en el Expediente Gubernativo NUM001 derivado de la ETJ 2/20, expresó "No sé si la LAJ es consciente de su informe, [...] sino que quizás llena de rabia y desbocada no se da cuenta de que está reconocimiento su ilegalidad [...]"
-En la ETJ 15/20 del Juzgado de lo Social, en escrito de fecha 24/04/21, después de decirle en reiteradas ocasiones que "no salga corriendo como vulgarmente se dice", se refiere a la misma indicado "a usted le gusta el rodillo y poder de autoridad que ostenta [...]".
En la ETJ 16/20 del Juzgado de lo Social, en escrito de 13/05/21interponiendo recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 10 de mayo en la que tras la ausencia de alegaciones por la parte ejecutada, remite la Ejecución a la UPAD para que SSª resuelva el recurso de revisión contra el Decreto de 4/03/21, que fue admitido a trámite por diligencia de ordenación de 15/04/21, hace constar:
"El 15/04/21 da traslado de la revisión por tres días, y en vez de ponerlo a disposición del Juez ante el silencio, para que en el plazo de otros tres días dicte su Auto, que la letrada, haciendo lo que le viene en gana, que se salta los plazos y ahora en la DO aquí recurrida, que es cuando lo ordena"
En la ETJ 17/20, en relación al cambio de criterio que el graduado social imputa a la LAJ sobre los mandamientos de devolución expresa:
"Eso es lo que me gustaría que resolviese y que no lo hace por miedo, porque no es capaz de decir que su negativa es por el odio y venganza que me dispensa".
En la ETJ 38/20, en el recurso de reposición de 1/11/20 contra el Decreto de fecha 30/10/20 en el que vuelve a incidir sobre la infracción de plazos procesales por el Juzgado, tras contestarle esta que los plazos no tienen carácter preclusivo para el Juzgado y que la incorporación de funcionarios a sus puestos no se produjo hasta el día 1/09/20, indica:
"reiteramos una vez más esa presunta ineptitud de la letrada [...]" , "dada esa presunta ineptitud que digo, y si no lo es, debe ser entonces su mala fe".
En la citada ejecución, mediante escrito de 18/02/21 vuelve a incidir en que la Letrada "actúa con mala fe, o bien desde una manifiesta y suma incompetencia profesional. El error aquí no tiene cabida".
En la ETJ 56/20, en el recurso de revisión de fecha 31/03/21 contra el Decreto de fecha 26/03/21, tras manifestar que se ha resuelto con recurso de la contraparte sin darle traslado del escrito, refiere:
"Es la primera vez que veo algo igual, y por ello que he venido diciendo, a si estará o no preparada para desempeñar el puesto que ocupa".
En la ETJ 64/20, en el recurso de revisión de fecha 19/03/21 contra el Decreto de fecha 17/03/21, expresa en relación con la misma: "No teme absolutamente a nada. Le da igual lo que le recurra, puesto que sabe a qué nunca lo va a resolver, y que además cuenta con personas que la respaldarán ante las ilegalidades que viene cometiendo".
En la ETJ 65/20, en escrito de fecha 22/10/20 indica: "Cuando se quiere y se tiene interés como ha sucedido en esta ejecución, con qué velocidad que ha actuado SSª y el Juez, con tal de suspender la ejecución. Después se queja SSª porque digo y reitero a que no es cierto eso de la sobrecarga de trabajo y si la hay, desde luego qué selectiva es usted y el Juez para actuar como lo han hecho aquí y ahora. No tengo duda a que esta velocidad se debe en el firme ánimo de perjudicarme [...]"; "Yo le aseguro y no tengo miedo en decirle, a que con firmeza pienso a que quiere usted hacerme daño, aunque solo sea por esta cuestión nimia".
En escrito de fecha 24/10/20 interponiendo recurso de reposición contra el auto de 22/10/20, en esa misma ejecución, indica: "Imagino, solo imagino y a la vista está, a que la Letrada y por motivos que desconozco, que se encontraba ansiosa porque se dictase el auto (de suspensión de la ejecución), a fin de no llevar a cabo la comisión de embargo que venía prevista para hoy, y sin duda que deberá dar explicación más temprano que tarde a esa extraña e inapropiada ansiedad".
En escrito de fecha 13/11/20, en relación con la diligencia de ordenación de fecha 12/11/20, hace constar: "Que comunicado la DIOR de 11 de noviembre y a la vista de su contenido, que acuso a la Letrada de mentirosa compulsiva en el ejercicio de su profesión, y además manipuladora en sus resoluciones [...]. Como verá, de forma descarada, pone usted en duda la inmediatez con que se actuó junto con el juez. Es por eso que digo que es usted una manipuladora y si no es así, lo tiene usted muy fácil con desmentir paso a paso esa inmediatez existente y que no va a hacer por vergüenza"."Pero esto segundo es lo peor, y revela a las claras esa descarada mentira con que resuelve otro de mis escritos [...]", "A eso se niegan a resolver lo que sin duda interpreto como de un acoso y derribo hacia mi persona con métodos ilegales [...]", "[...] con lo que usted misma se auto confirmará como mentirosa compulsiva de la que yo le acuso".
En el procedimiento de Despido n° 65/20, indica: "No comprendo el inusitado afán e interés de la LAJ, el no querer hacer constar la real y verdadera causa de la suspensión.
Estoy convencido a que es plenamente consciente del motivo de la suspensión, pero le resulta violento reconocer lo que consta en autos. [...]
"Y ahora, en la DIOR de 1 de julio, se nos dice que la suspensión lo fue por manifestaciones de ambas partes, y vuelve a mentir".
En el Procedimiento Ordinario n° 448/19, en escrito de fecha 30/06/20 interponiendo recurso de revisión contra la diligencia de ordenación de fecha 29/06/20, expresa tras la admisión, en su opinión indebida, del anuncio de recurso de suplicación, lo siguiente:
"Y si finalmente todo esto se confirma, nos parecería inconcebible, que toda una LAJ titular del Juzgado de lo Social desconozca la ley, y sobre todo, a lo que a sus cometidos corresponde. Y lo peor, es que las irregularidades en los procedimientos con desconocimiento dela ley se vienen produciendo con asiduidad, sin solución de continuidad, ahondando en la gravedad del hecho a que la superioridad nada advierte y en su consecuencia, así actúa creyéndose impune a su desmán". - En el escrito interponiendo recurso de revisión de 2/09/20 contra el decreto de la misma fecha en el que inadmite un recurso de reposición, hace constar: "[...] y es que vuelve la Letrada a estar a extramuros de la legalidad, resultando del todo incomprensible que ello acontezca por una LAJ a la que se le presupone cierta preparación en derecho. Es auténticamente inconcebible la facilidad con que la LAJ inadmite un recurso de reposición y además, de forma ilegal como aquí ha sucedido." [...] "Esta forma reiterada de proceder por la LAJ, revela sin duda una presunta ineptitud para el trabajo puesto que se la debe de presuponer preparada en derecho dado el cargo que además ocupa".
En la PMU 1/21, presenta un recurso de revisión en fecha 19/03/21 contra el decreto de fecha 17/03/21 en el que indica: "Yo creo, y digo respetuosamente, a que la Letrada ha perdido el norte [...]", lo que vuelve a reiterar en sucesivos párrafos.
En escrito-denuncia de 03/06/20 que dio lugar al Expediente NUM002 refiere: "A estas alturas ya debería estar resuelto y archivada la EPA, y por capricho entiendo de la LAJ que continuamos en la situación descrita".
En el Expediente Gubernativo NUM003, en escrito que da lugar a su incoación, se refiere a la misma diciendo "mucho me temo de la existencia de una incapacidad profesional por la LAJ. Y para que ello se observe, voy a concretar por apartado las distintas aberraciones jurídicas que entiendo se viene produciendo" [...]
En escrito de 3/06/21 presentado en el procedimiento Despido 198/20 señala "se nos vuelve a cambiar la fecha del juicio, y que decimos por la cara, dado a que la letrada no explica ni justifica como es su obligación, a que ha sido debido este perjudicial criterio y que insistimos en decir, a que por la cara. Es obvio a que la letrada se empeña en hacerme el mayor daño posible [...]".
Todo ello ha provocado en Doña Esmeralda una sensación de desasosiego, temor y ansiedad a acudir a su puesto de trabajo, caída del cabello, insomnio, inseguridad, cambios de humos repentinos, encontrándose de baja laboral por estados de ansiedad con medicación y remisión al especialista en psiquiatría y psicología.
2.-Continuando con su devenir profesional comienza una avalancha de denuncias ante la Secretaria de Gobierno, dirigiéndose a la Secretaria de Gobierno Doña Eulalia que se encontraba en funciones en ese periodo, en los siguientes términos:
En Comunicaciones n° 415/20 y 419/20, ante el rechazo de registro de una demanda y tres ejecuciones, remite un escrito por e-mail dirigido a la Secretaría de Gobierno en el que
indica "yerra usted de forma inexplicable, no propia de una LAJ", tengo la impresión de que usted está reñida con la legalidad", "Pero como le dije e insisto, yo no lo localizo y por tanto, debe concretarle que no salirse por los cerros de Úbeda con manifestaciones contradictorias", "ojo si alguna de ellas (rechazo de demandas) no cumpliese los plazos procesales por los rechazos que se me hacen. Usted verá". "La ley se la pasa entonces por el forro y encima hay que agradecérselo".
En Comunicación n° 669/20, a consecuencia del oficio de 4 de noviembre de 2020 emitido por Dña. Eulalia, como Secretaria de Gobierno en funciones, el acusado presenta escrito de fecha 1/11/20 en el que indica "tras oír su aberrante e inapropiada conversación con mi patrocinada", "no es usted digna de ocupar el puesto que ocupa como Secretaria de Gobierno de Justicia en esta ciudad, aunque solo lo sea en funciones", "porque ese es su interés, confundirla, aunque lo sea soterradamente, y esa actitud, tampoco es propia de su categoría ni de la representación que ostenta" [...], "Y sabe además de forma expresa, aunque utilice la mala fe y la mentira [...]".
- Mediante escrito de 30/09/20 en el Expediente Gubernativo n° NUM004, denuncia a la Secretaria de Gobierno en funciones, diciendo que su acuerdo le resulta vergonzoso. "No es digno entiendo, que toda una Secretaria de Gobierno intente mirar para otro lado, intentado confundir, solo en defensa del corporativismo que anteriormente apuntaba. Y como sabe que tenemos razón, que la ley la ha vulnerado la compañera y además de forma reiterada, que prefiere no cumplir su obligación en el ánimo a que me vaya acostumbrando, a que jamás atenderán mis denuncias por muy objetivas y probadas que puedan ser".
En escrito de fecha 11/02/21 en la ETJ 64/20 en relación con la comunicación 625/2020 indica "Fíjese la Letrada, la enorme y triste a la vez desfachatez, de la ILMA. Por eso digo en términos litúrgicos religiosos, a que la ILMA representa su Ángel de la Guarda, como hacia mí, resulta ser Satanás".
En escrito de 10/01/21, incorporado al Expediente Gubernativo n° NUM005 y proveído mediante Acuerdo de 12/01/21, en relación con la contestación de la Secretaria de Gobierno en funciones indicándole que podrá hacer uso de los recursos establecidos en la ley ante las quejas formuladas por los mandamientos de pago, hace constar "Su ILMA que ya conoce sobradamente de que va este asunto, ha preferido inhibirse si bien con torpeza, quizás motivada por su presunta incapacidad para resolver. Y digo esto, porque la inhibición manifiesta con que lo hace insisto, además de torpe, impropia de su categoría profesional".
En escrito de 29/01/21 dirigido a la Secretaría de Gobierno, incorporado al Expediente Gubernativo n° NUM005, indica: "En el Acuerdo de 28 de enero que me acaban de comunicar, me dicen a que esa Secretaría no tiene competencias para resolver el recurso de reposición que acompañábamos con nuestro escrito. Y que como dijo Joaquín, nadie
está libre de decir estupideces. Lo grave es decirlas con énfasis"
En escrito de 30/04/21 dirigido a la Secretaría de Gobierno, frente a la notificación del acuerdo de 29 de abril, el Graduado Social indica "le he decir que usted miente, y además con descaro, impropio de una Secretaria de Gobierno, aunque solo lo sea en funciones. Y cuando la acusó de mentir, si entiende a que no es cierto, que debería de denunciarme si lo ve apropiado, delo contrario, está usted admitiendo mi acusación, esto es, a que es usted una mentirosa cuando dice que lo que le he denunciado de la ETJ 2/20, que se trata de una reiteración más y que ya me la ha resuelto. Lo que tuvo que hacer es demostrarlo, y no actuar como lo hace y del que siento vergüenza ajena. Por cierto, observo que el pánico ya la ha desbordado, y ahora solo ordena comunicar a mi Colegio, que no al Juez Decano ni a la Secretaría General, cuando sabe que más pronto que tarde, conocerán de esta, su deshonrosa actitud" [...] "Le aconsejaría que dejase que otra persona más preparada, le redactase sus acuerdos".
En escrito de fecha 26/04/21, en el Expediente Gubernativo n° NUM006 hace constar:
"Tras el recibo de su acuerdo de 24 de abril, he de decirle que, en los más de mis veinticinco años como Graduado Social, nunca conocí tanta desvergüenza por una LAJ Secretaria de Gobierno titular, y posteriormente relegada a funciones".
En escritos de fecha 24/04/21, en los Expedientes Gubernativos n° NUM006 NUM007 expresa: "Le da absolutamente igual que le diga mentirosa, puesto que no es capaz porque no existe, resolución alguna a lo denunciado. Y es usted consciente de ello y por tanto, que ante sus escandalosas mentiras, en esta ocasión como secretaria de gobierno, aunque afortunadamente en esta ocasión en funciones, que se niega dar traslado de este expediente integro con mis denuncias y acuerdos".
Doña Eulalia, ante tantos escritos y las expresiones contenidas en los mismos sufrió una situación de desasosiego, temor y ansiedad a su trabajo, ha sufrido una situación de tensión y sobrecarga que manifiesta físicamente a modo de erupción cutánea, agravación de un problema gastrointestinal al haber somatizado la circunstancia, necesidad de que tome ansiolíticos precisando una primera y única asistencia médica.
3.- A consecuencia de esta situación se tramitó expediente disciplinario n° NUM008 en el Colegio de Graduados Sociales contra Don Jenaro. En dicho expediente, declaró como testigo, la Gestora Procesal del Juzgado Social de Melilla, Doña María Angeles, tras lo cual, el acusado, comenzó a incluir incesantemente el nombre de María Angeles en los escritos y hacer mención a su declaración como testigo. Concretamente:
En la ETJ 1/20 del Juzgado de lo Social, tras el recurso de reposición interpuesto en fecha 6 de noviembre, contra la diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2020, el acusado en fecha 27 de noviembre presenta un escrito quejándose del transcurso de más de diez días sin que se haya tramitado el recurso, y aprovecha tal circunstancia para dirigirse de forma personal a la funcionaria tramitadora de la ejecución: "Decía la gestora del servicio de ejecuciones Doña María Angeles, en su última declaración como testigo contra mí, a que las demoras que se producen en su departamento lo son, como consecuencia de mis numerosos escritos que hago [...]. Esta señora, fue más allá en su testifical y además de acusarme de interponer recursos sin motivo alguno y sobre el que deberá dar cuenta en el momento procesal oportuno, además de las demás afirmaciones gratuitas que hace, tiene el atrevimiento de quejarse porque devuelvo los mandamientos (...) aunque no se atrevió, no fue capaz, no tuvo la valentía y honradez en explicar, al porqué se ha dejado hacer. No se atrevió siquiera a preguntar a la Letrada el porqué de esta negativa desde hace poco tiempo y, además, mintiendo con ello le ha ocasionado el tener que averiguar el domicilio de mis patrocinados"
En la ETJ 56/20 presentó escrito de fecha 27/11/20 que lo encabeza diciendo:
"Lo que a continuación manifestaré, a mí me parece escandaloso cuanto menos. Imagino a que no le resultará lo mismo a la responsable gestora de ese servicio de ejecuciones la Sra. María Angeles, y que no hace honor a su apellido".
Doña María Angeles ha sufrido estrés, ansiedad y temor a su trabajo precisando una sola asistencia médica".
TERCERO. - La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:
Que debo condenar y condeno al acusado Don Jenaro con DNI NUM009 sin antecedentes penales, como responsable criminalmente en concepto de autor DE UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL POR TRATO DEGRADANTE a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, debiendo indemnizar a Doña Esmeralda en la cantidad de 3.000 € por responsabilidad civil con los intereses del art. 576 de la Lec. Y todo ello con expresa condena de una sexta parte de las
costas.
Que debo absolver y absuelvo a Don Jenaro de los otros delitos por los que venía siendo acusado declarando de oficio las cinco sextas partes restantes de las costas.
CUARTO. - Contra dicha sentencia fue interpuesto recurso de apelación por la defensa del acusado fundado sustancialmente en error en la valoración de la prueba y de otros preceptos legales.
QUINTO. - Recibidas las actuaciones en esta Sección se acordó la formación de Rollo para la sustanciación del recurso interpuesto.
SEXTO. - No habiéndose interesado la práctica de pruebas, se acordó simultáneamente que los autos pasaran al Magistrado ponente habiendo tenido lugar la deliberación previa a su redacción sin que este Tribunal considerase necesario la celebración de vista para la correcta formación de una convicción fundada.
SÉPTIMO. - En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales establecidas para los de su clase.
Es ponente el Ilmo.. Sr. Mariano Santos Peñalver.
PRIMERO. -La sentencia de instancia condena a D. Jenaro como autor de un delito contra la integridad moral por trato degradante del artículo 173 núm. 10 del Código Penal a las penas de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de graduado social durante el tiempo de la condena, así como a indemnizar a la perjudicada Dª. Esmeralda en la cantidad de 3.000 euros por responsabilidad civil con los intereses del artículo 576 de la LECrim. Y todo ello con expresa condena de una sexta parte de las costas. Y, absuelve a D. Jenaro de los otros delitos por los que venía siendo acusado declarando de oficio las cinco sextas partes restantes de las costas.
La representación de del acusado se alza en apelación contra la sentencia de instancia en solicitud de un pronunciamiento absolutorio.
El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación.
SEGUNDO. -Ante todo, hay que precisar que esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga acordó la nulidad parcial de la sentencia de 16 de junio de 2022, sentencia núm. 173/2022, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de esta ciudad en esta misma causa de la que deriva el presente recurso de apelación, por sentencia de 20 de diciembre de 2022 número 91/2022, recurso de apelación 58/2022, cuya parte dispositiva dice: " que estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 16/06/22, pronunciada por el Ilmo. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Penal n° Uno de esta Ciudad, en el Procedimiento Abreviado núm 54/22 que ha dado lugar al Rollo de Apelación núm 58/22, debemos declarar y declaramos la nulidad parcial de la sentencia en relación exclusiva con el pronunciamiento relativo a la pena de inhabilitación especial para la profesión de Graduado Social del condenado a fin de que resuelva la imposición de la pena con arreglo a los criterios expuestos en esta sentencia de apelación. Se confirma la sentencia apelada en sus restantes extremos, con declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta alzada".
En cumplimiento de ello, el Juzgado de lo Penal ha dictado nueva sentencia, que constituye el objeto del recurso de apelación que nos ocupa, la cual viene a reproducir los mismos argumentos de la sentencia anulada respecto de la condena de D. Jenaro por delito contra la integridad moral de Dª. Esmeralda a excepción, de la, condena a aquel a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de graduado social durante el tiempo de cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta.
Del mismo modo, el recurso de apelación interpuesto por la defensa de D. Jenaro reitera los mismos motivos y razones que ya expuso con ocasión del primer recurso.
Dicho lo anterior, el fundamento del recurso gira en torno a las siguientes ideas esenciales: error valoración prueba en relación con el principio de intervención mínima del Derecho Penal y los derechos fundamentales a la defensa jurídica y a la libertad de expresión, con infracción de los artículos 24 número 2 y 20 número 1 de la Constitución y 20 número del Código Penal, y, en segundo lugar, infracción del artículo del artículo 173 número 1 del Código Penal por errónea interpretación de los elementos subjetivos y objetivos del tipo delictivo.
Como ya se tuvo ocasión de exponer a propósito de la tipicidad del delito definido en el artículo 173 número 1º del Código Penal, en el caso enjuiciado, el acusado desplegó durante los años 2020 y 2021 una conducta de inequívoco contenido vejatorio hacia D.ª Esmeralda, mediante los escritos que como Graduado Social presentaba ante el Juzgado de lo Social de Melilla, en el que aquella ejercía sus funciones de Letrada de la Administración de Justicia, en los que la descalificaba profesionalmente tratándola de inepta y de cometer ilegalidades en su actuación profesional contra él, por motivos de odio y venganza.
Los términos en que el acusado se dirigía a aquella en los escritos que presentaba son altamente humillantes.
Entre otros calificativos-el tenor literal obra en los hechos probados-la sentencia en su fundamentación jurídica destaca: "inepta para el puesto, ignorante en esta cuestión"; "denota una rabia incontenida,"; "la LAJ desbocada, llena de rabia y desbocada, le gusta el rodillo y poder de autoridad que ostenta"; "la LAJ haciendo lo que le viene en gana se salta plazos, su negativa es por odio y venganza"; "ineptitud de la LAJ, incompetencia profesional, comete ilegalidades"; "que debe dar explicación a su extraña e inapropiada ansiedad en la resolución de un auto"; "mentirosa compulsiva"; "manipuladora en sus resoluciones"; con desconocimiento de la ley"; "actúa creyéndose impune a su ademán"; "extramuros de la legalidad"; "ha perdido el norte"; "comete aberraciones jurídicas".
Pero es que, además, estas ofensas se articulaban por el acusado como argumento para la revocación de las resoluciones dictadas por la perjudicada, lo que indudablemente añade un plus de desprestigio y humillación, no solo porque transcendían a terceros, sino, y sobre todo, porque hacer valer la ineptitud de la Letrada y su actuar ilegal y arbitrario frente a quienes debía resolver los escritos presentados-Juez o Secretaria de Gobierno- y frente a la otra parte en el procedimiento como fundamento de las pretensiones que deducía. Y, sin duda, es este aspecto, el que degrada y humilla de manera grave la dignidad de D. ª Esmeralda.
Tampoco existe duda de la reiteración y continuación en el tiempo del trato humillante al que el acusado sometió a la perjudicada. Según los hechos probados se prolongó durante dos años, 2020 y 2021, a través de una multitud de escritos.
En segundo lugar, es evidente que el trato descrito al que el acusado sometió a D. ª Esmeralda, es idóneo para provocar en cualquier persona, salvo que tuviese una fortaleza psíquica excepcional, la situación de angustia y ansiedad que exige el tipo delictivo.
En este sentido la perjudicada refiere una situación de agotamiento psíquico y emocional a resultas del comportamiento del acusado que se prolongó en el tiempo y que le sobrepasaba. Relata falta de sueño y vómitos, terror y estrés.
Por su parte, el Médico Forense, según obra en su informe incorporado al expediente digital y según declaró en la vista del juicio oral, en base a la exploración practicada de la perjudicada, apreció objetivamente la realidad de la situación estresante a la que estaba sometida y la necesidad de la toma de ansiolíticos para superar dicha situación, aunque fuera de manera ocasional.
En torno a este requisito, hay que resaltar que no puede identificar padecimiento psíquico con lesiones de esta naturaleza.
Así, nuestra doctrina jurisprudencial ha declarado de manera rotunda que " No cabe la menor duda que tanto nuestra Constitución como el CP. configuran la integridad moral como una realidad axiológica, propia, autónoma e independiente de aquellos derechos, y tan evidente es así, que tanto el art. 173 como el art. 177 del CP . establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes de los producidos a la integridad moral. De aquí se deducetambién que no todo atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos, siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos", entre otras, sentencia núm. 1023/2021 de 17 de enero de 2022 y sentencia núm. 758/2022 de 15 de septiembre, ambas del Tribunal Supremo.
En cuanto al elemento subjetivo, la parte recurrente alega que el tipo subjetivo del delito tipificado en el artículo 173 núm.1 del Código Penal solo admite el dolo directo, con exclusión del dolo eventual y cita en apoyo de su tesis el voto particular emitido en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 62/2013 de 29 de enero.
Pues bien, con independencia de las dificultades de la imputación del tipo delictivo del artículo 173 núm. 1 a título de dolo eventual, lo cierto es que la doctrina jurisprudencial de manera rotuna afirma que no se requiere un dolo específico.
En esta dirección, la sentencia núm. 227/2021 de 11 de marzo del Tribunal Supremo nos dice que: "El delito contra la integridad moral no requiere otro dolo que el genérico. Es decir, en primer lugar, el conocimiento de que los actos que se ejecutan repercuten negativamente, de forma grave o seria, en la dignidad del sometido a los mismos. No se precisa un dolo específico de lesionar la dignidad humana. Y, en segundo lugar, la voluntad de ejecutar esos actos pese a tal conocimiento". Del mismo modo, la sentencia núm. 86/2020 de 3 de marzo afirma que: "el tipo previsto en el artículo 173.CP no prevé un dolo específico. El atentado contra la integridad moral puede deducirse directamente del modo y circunstancias del hecho".
En el caso enjuiciado, el acusado desplegó su comportamiento de manera metódica y reflexiva, lo que satisface las exigencias del elemento subjetivo.
En efecto, su comportamiento fue reflexivo. Las expresiones se vertían en los escritos que presentaba el acusado, quien reconoce la autoría de estos y por tanto ser el redactor de su contenido, por lo que no cabe duda alguna que era plenamente consciente del sentido de sus descalificativos hacia la perjudicada.
Por idéntica razón, podemos afirmar la voluntad del acusado de la utilización del empleo de esos calificativos por él elegidos, tachas de ineptitud y arbitrariedad ilegal, como argumento de los recursos que interponía y escritos que presentaba ante el Juzgado de lo Social. Escritos dirigidos o personalmente a la propia afectada o vía recurso ante quienes por razón de su cargo debían resolverlos, Magistrado-Juez o Secretario de Gobierno.
Por último, esta conducta fue reiterativa en el tiempo, prolongándose durante los años 2020 y 2021.
Ante estas circunstancias, es evidente que el acusado era conocedor que su conducta humillaba a la perjudicada y de la gravedad de la humillación, lo que es suficiente para integrar el dolo requerido por el tipo delictivo del artículo 173 número 1 del Código Penal.
En otro orden de consideraciones y por lo que se refiere a la tipicidad del delito, el recurso introduce una serie de consideraciones sobre la diferencia entre los delitos de trato degradante del artículo 173 y de injurias del artículo 208, ambos del Código Penal y recuerda que no se ha formulado acusación por este delito.
Sobre este punto, hemos de decir, como así reconoce el propio recurrente, que el delito contra la integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor de la vida humana independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor, sentencia núm. 758/2022 de 15 de septiembre del Tribunal Supremo, que añade que: "No cabe la menor duda que tanto nuestra Constitución como el CP. configuran la integridad moral como una realidad axiológica, propia, autónoma e independiente de aquellos derechos, y tan evidente es así que tanto el art. 173 como el art. 177 del CP. establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las lesiones a estos bienes de los producidos a la integridad moral".
Por lo tanto, que las expresiones fueran constitutivas de un delito de injurias, no excluye la posibilidad de que mediante su utilización se haya menoscabado gravemente la integridad moral de la víctima.
Lo que ocurre es que en el caso de autos las perjudicadas no han sido parte en el procedimiento y la Fiscalía no ha formulado acusación ni por el delito del artículo 556 número 2° , ni por el delito de injurias del artículo 208 del Código Penal, vía artículo 215 número 1° párrafo 2°, pues no puede ignorarse que las ofensas se vierten contra autoridad, los Letrados de la Administración de Justicia tienen esta consideración conforme a la LOPJ, y son proferidas por razón del ejercicio de sus funciones. De suerte que, de haber sido formulada acusación por estos delitos, la regla concursal del artículo 173 y 177 hubiera obligado a decidir si, además del delito contra la integridad moral, las expresiones ofensivas y humillantes proferidas podían ser calificadas también como delito de injurias o falta de respeto a la autoridad.
El segundo pilar del recurso de apelación se construye sobre el derecho a la libertad de expresión que, a su vez, es puesto en relación de un lado, el ejercicio del derecho de defensa, de otro, con la valoración del carácter ofensivo de las expresiones calificadas de ofensivas, atendidas su entidad y contexto en el que tienen lugar. Idea que conecta con el principio de intervención mínima del Derecho Penal a fin de excluir de la esfera del derecho Penal y trasladar al ámbito disciplinario, en el peor de los casos, la conducta ofensiva desplegada por el acusado.
La cuestión que nos ocupa se sitúa en la problemática del conflicto de la libertad de expresión y el derecho al honor en ámbito del ejercicio por un Graduado Social del derecho de defensa de sus clientes ante los tribunales de justicia.
Con relación a los Abogados, situación extrapolable a los Graduados Sociales, el Tribunal Constitucional tiene declarado que la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de esta actividad de defensa es una manifestación cualificada del derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución, que se encuentra vinculada con carácter inescindible a los derechos de defensa de la parte, artículo 24 de la Constitución y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye artículo 117 de la Constitución, razón por la cual se trata de una manifestación de la libertad de expresión especialmente resistente, inmune a restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar.
Ahora bien, también ha señalado el Tribunal Constitucional la concurrencia en estos casos de dos intereses potencialmente opuestos, pero complementarios: el respeto a la libertad del Abogado en defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de las demás partes y sujetos procesales que comporta su corrección disciplinaria cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito, o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Letrados de la Administración de Justicia o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.
Además, la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado ha de valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el artículo 10. 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos erige en límite explícito a la libertad de expresión, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 22 de febrero de 1989, caso Barford.
La aplicación de la doctrina expuesta determina forzosamente que la calificación de los hechos como delito de trato degradante excluye del ámbito de protección de los derechos a la libertad de expresión y defensa. Es contrario a la esencia misma de la libertad de expresión y del derecho de defensa el sometimiento a un tercero a trato degradante en los términos del artículo 173, con independencia de que el trato degradante haya tenido lugar mediante expresiones escritas o verbales.
En todo caso, la lectura de los escritos reflejados en la relación de hechos probados evidencia:
Primero, el carácter altamente ofensivo y humillante de las expresiones y calificativos empleados para dirigirse a la Letrada de la Administración de Justicia D. ª Esmeralda.
Segundo, desde el punto de vista del contexto de los escritos individualmente considerados en relación con lo en ellos postulado, los insultos y expresiones ofensivas no eran necesarias para el ejercicio de las pretensiones cuya defensa ostentaba. Tampoco los escritos en sí, pues la mayor parte de ellos se trata de escritos en los que no se ejercita ninguna pretensión, sino que se limitan a exteriorizar críticas del acusado ante los que considera una defectuosa tramitación de la causa. Así, muchos de ellos son extemporáneos por estar resuelta la cuestión ante el órgano al que se dirigen o tratarse de meras quejas sobre retrasos en la administración de justicia o peticiones desestimadas.
En concreto se ha declarado probado por la sentencia de instancia que: " el acusado, en su condición de Graduado Social presenta incesantes escritos y recursos en todos los asuntos en los que es parte, convirtiendo en su devenir procesal habitual, la presentación de recurso o escrito y ante su tardanza en resolverse, reiterarlo hasta la saciedad fuera de los trámites legalmente establecidos, instando nulidades y aclaraciones, llegando a solicitar que se resuelva lo que ya ésta resuelto o pidiendo nuevamente lo que ya ésta denegando para, a continuación, si no obtiene el resultado pretendido, presentar denuncias ante la Secretaria de Gobierno de Melilla".
En definitiva, los escritos contienen insultos y frases ofensivas, que humillan de manera grave a la persona contra la que se dirigen y además suponen deshonra, descrédito o menosprecio en su estima personal y profesional. Ofensas que por el contexto en el que se profieren se sitúan completamente al margen del ejercicio de la libertad de expresión del acusado como Graduado Social defensa de los intereses de sus clientes.
En intima conexión con lo que se acaba de exponer, la parte recurrente denuncia la vulneración de los principios de intervención mínima y subsidiariedad, debe entenderse con fundamento en la menor entidad de las expresiones ofensivas, atendidas su entidad y circunstancias. Al tiempo que parece proponer de manera subsidiaria su encuadramiento en el ámbito disciplinario.
De conformidad con los principios citados la acción penal debe reservarse para la preservación y restauración del orden jurídico cuando no existe otro más idóneo o este no podría resultar eficaz.
El principio de intervención mínima que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal: a) el ser un derecho fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, sino tan solo aquellos que son más importantes para la convicción social, limitándose, además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa aquellos bienes y b) al ser un derecho subsidiario que, como ultima ratio, ha de operar únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal.
Ahora bien, solo al legislador le corresponde la determinación de las conductas y los bienes jurídicos protegidos por la norma y, en consecuencia, está vedado a los tribunales acudir directamente al principio de intervención mínima para descartar la aplicación de un tipo penal, a salvo de plantear la correspondiente cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Lo anterior no significa que la función judicial se deba limitar a una subsunción típica meramente formal o mecánica, puesto que en la labor interpretativa de la norma puede atenderse a la adecuación social de la conducta enjuiciada cuando se trate de acciones insignificantes y socialmente toleradas, pero no se puede aplicar directamente el principio de intervención mínima para adoptar una decisión excluyente del tipo penal, cuando concurren todos sus elementos definidores.
TERCERO. -Como se dijo en la sentencia de esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga de 20 de diciembre de 2022 número 91/2022, recurso de apelación 58/2022, precedente de la presente, por las razones que ya se tuvo ocasión de indicar, la pena de inhabilitación especial es una consecuencia necesaria de la imposición de la pena principal, por aplicación del principio de legalidad, a la que van unidas en la medida y forma que se precisa en los artículos 55 y 56 del Código Penal. El Tribunal tiene la obligación-(impondrán dice el artículo 56)- de imponer alguna o algunas de ellas, aunque se le reconozca la posibilidad de elegir entre las que se mencionan, lo que deberá hacer atendiendo a la gravedad del delito. Y, que cuando el hecho cometido tenga relación directa con el empleo o cargo público, la profesión, oficio, industria, comercio o cualquier otro derecho, la accesoria pertinente, expresando en la sentencia la vinculación, es la inhabilitación especial relativa al cargo, profesión, etc., que ha sido utilizado por el autor del delito en relación directa con su comisión, en cuanto que le ha proporcionado la ocasión de cometerlo.
En el caso enjuiciado, el delito se comete a través de los escritos que el acusado presentaba ante el Juzgado de lo Social en su condición de Graduado Social y en el ejercicio de sus funciones de defensa y representación de los intereses de sus representados en los procedimientos en los que estos eran parte, articulando, a través de ellos, peticiones e incluso recursos contra las resoluciones dictadas por D.ª Esmeralda como Letrada de la Administración de Justicia, por lo que la pena de inhabilitación especial es procedente.
CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y 240 de la LECrim. , procede declarar de oficio las costas de esta alzada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
