Sentencia Penal 83/2023 Audiencia Provincial Penal de Navarra nº 2, Rec. 139/2023 de 21 de marzo del 2023

PRIMERO. - Se formular por la defensa del condenado recurso de apelación alegando como primer motivo el error en la apreciación de las pruebas y vulneración del principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE al considerar, sin base probatoria alguna, que el Sr. Geronimo es responsable de un delito de maltrato habitual. De forma subsidiaria, para el caso de no ser atendida la petición principal, que llevaría consigo el dictado de una sentencia absolutoria, se impugna la determinación de la pena, por desproporcionada, al igual que la indemnización, solicitando una pena de 15 meses de prisión, con accesoria de alejamiento e incomunicación por tiempo de un año y quince meses y al pago de una responsabilidad civil de 400 euros.

SEGUNDO. - Se alega como segundo motivo el error en la valoración de la prueba con relación al derecho a la presunción de inocencia; y ello por entender insuficiente el testimonio de la víctima como principal prueba de cargo, señalando que ha incurrido en contradicciones y que las corroboraciones periféricas, bien son insuficientes (en relación a los testimonios de la madre o amigas, bien invalidando el testimonio de aquella (conversaciones de WhatsApp, comportamiento protector con el acusado...). En definitiva, el recurso analiza y valorar la totalidad de la prueba, interpretando la misma de forma favorable a su tesis absolutoria.

Cabe recordar que, como ya es por todos sabido, es jurisprudencia reiterada de la Sala II del TS, entre otras y por solo citar algunas, en STS 724/2014, de 13 de noviembre, nº 159/2014, de 11 de marzo, 867/2013 de 28 de noviembre, STS 487/2012 de 13 de junio; 511/2010, de 25-5; 1366/2009, de 21-12-2009; 79/2009, de 7 de enero; 276/2008, de 16 de mayo y 624/2008, de 21 de octubre del 2008, que cuando se invoca el derecho constitucional a la presunción de inocencia, "el examen de este Tribunal debe ceñirse a la supervisión de que ha existido actividad probatoria practicada con todas las garantías; la comprobación de que el órgano de enjuiciamiento ha exteriorizado las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y el control de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante".

Acorde con dicha jurisprudencia a este Tribunal le corresponde analizar desde esta perspectiva: a) si hay prueba en sentido material -prueba personal o real-, b) si esta prueba es de contenido incriminatorio, c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si accedió lícitamente al juicio oral, d) si ha sido practicada con regularidad procesal, e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia y f) finalmente, si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador ( STS 892/2007, de 29 de octubre, 988/2003, de 4 de julio, 1222/2003, de 29 de septiembre, y 1460/03, de 7 de noviembre).

Una vez valoradas las argumentaciones del recurrente en relación a los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la sentencia, comprobamos que en el presente caso se ha practicado prueba de cargo en el plenario con inmediación de la Juzgadora y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, ( arts. 24 CE, 229 LOPJ y 741 L.E. Crim.), y que la misma es lícita -sin irregularidades procesales- y suficiente. En efecto, en el plenario se practicaron como pruebas de cargo la testificales de la víctima, la testifical de la Sra. Joaquina (madre de la víctima), de Julia que fue su compañera de trabajo desde septiembre del año 2016 hasta octubre del 2017 y, de Leonor, amiga de Rafaela desde el año 2009; En base a ellas, la Juzgadora, tras un razonamiento motivado, ha llegado a la conclusión de que las testigos no tienen interés en el asunto ni de perjudicar a su expareja y que los hechos sucedieron de la forma en que los relatan en relación al aislamiento de la denunciante y su cambio de costumbres y carácter. Cuestión distinta es la discrepancia del recurrente en la valoración de dicha prueba que se expresa en el recurso. Se apoya igualmente la resolución en diversa documentación médica, como el informe clínico de urgencias del 06/11/2019 que refleja que acudió a urgencias por crisis de ansiedad en relación a un conflicto personal (problemas de pareja, ha dejado de cuidarse, refiere olvidos frecuentes, sentimientos de culpabilidad..); el informe de 13/09/2021 de la Sra. Marisol, fisioterapeuta, que narró como percibía en Rafaela mucha tristeza, siendo que Rafaela le contaba que Geronimo le decía que estaba gorda, que no valía para nada, que era mala madre; la psicóloga del CS Mental de Ermitagaña Sra. Palmira declara que, a partir del nacimiento del bebe, Rafaela refirió de forma espontánea la problemática de pareja existente, que refería descalificaciones por parte del acusado hacia su físico; Iguales referencias de agresividad verbal (descalificaciones hacia su persona, amenazas) y física (agresividad hacia objetos), así como de control social y familiar, Rafaela refirió a la trabajadora social, Sra. Sagrario según consta en su Informe no impugnado de 19 de mayo de 2021 y la declaración de la testigo-perito Sra. Soledad y con la pericial de la Sra. Valle; describe también la Magistrada que se aportó fotografía de la puerta del baño rota, que acredita la violencia sobre objetos por parte del acusado como forma de atemorizar.

Así las cosas, cabe recordar que aunque el recurso de apelación tiene carácter ordinario y puede realizarse en él una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, sin embargo cuando la base del recurso se centra fundamentalmente en el error en la valoración de la prueba testifical, es decir en prueba que tiene carácter de prueba de carácter personal, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Juzgador de la primera instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en la apelación, salvo casos excepcionales. De esta forma nuestra función queda limitada a examinar la validez y regularidad procesal de la prueba, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales del razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas. Solo cabrá apartarse de la valoración de la prueba del Juez ante quien se practicó, si se declara como probado en base a ella algo distinto de lo que dijo el declarante y que no resulta de ningún otro medio probatorio, si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno no tenido en cuenta. Ninguno de estos supuestos, se dan en el caso de autos.

La Magistrada a quo, de forma detallada, relata, explica y razona porque da credibilidad a las testigos, razonando la relación al comportamiento de la denunciante en relación al acusado que, era tal la situación de control que "seguía manteniendo un comportamiento protector hacia el acusado, con intentos de exculparlo por su mal carácter y de auto inculparse por errores propios, todo ello según refleja el dictamen de la psicóloga judicial".

Pues bien, una vez valoradas las argumentaciones del recurrente en relación a los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la sentencia, no constatamos ningún error en la valoración de la prueba practicada en el plenario con inmediación de la Juzgadora. La motivación de la valoración de la prueba es tan precisa, cuidada y realizada con rigor por la Juzgadora, que conduce, necesariamente a la declaración de los hechos probados de la sentencia. Es por ello que, la sala entiende que, no solo existe prueba de cargo suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia (24 CE); sino que la misma ha sido racionalmente valorada por el Juez a quo, pues la inferencia racional realizada por el juzgador no puede tacharse en modo alguno como arbitraria o extravagante, sino, acorde a las normas de la lógica y máximas dela experiencia.

Por cuanto antecede, el motivo no puede prosperar

TERCERO. - Se alega la infracción del art.66 del CP , al entender que no se ha motivado suficientemente la pena impuesta.

El art. 173.2 CP fija pena de prisión de seis meses a tres años, debiéndose imponer la pena en su mitad superior, esto es de 21 meses y un día a 3 años y alejamiento de al menos un año superior a la pena de prisión impuesta (esto es, un mínimo de 33 meses). Por ello, como dice acertadamente el MF, las penas interesadas por el recurrente no son legalmente posibles.

Señala la sentencia que "Habiéndose producido la mayoría de los hechos en el que era el domicilio familiar y muchos en presencia del hijo menor, debe acudirse a la mitad superior, imponiéndose la de dos años de prisión y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 4 años y un día, tanto por la situación prolongada de maltrato como por el proceder del acusado posterior a la ruptura, tratando de mantener la situación de control sobre ella. Rafaela refiere que el acusado le dificulta la recuperación, que no le deja avanzar, de lo que ha sido testigo Leonor que dice que Rafaela no se está recuperando por los inconvenientes que el acusado le pone, como por ejemplo no entregándole a ella un día al niño para el intercambio, habiendo constado igualmente la Sra. Soledad las reacciones ansiosas de Rafaela ante la recepción de determinados mensajes por parte del acusado. Solo la carencia de antecedentes penales del acusado, justifica no acudir a un mayor reproche penal. De conformidad con lo previsto en el art. 57.2 CP se le impone la accesoria de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, tanto a su persona, como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio con la misma por tiempo de 4 años, en atención a la gravedad de los hechos y afectación en la perjudicada".

En cuanto a la extensión de la pena de prisión: Como viene señalando el TS entre otras en SST 919/2010 de 14.10, 665/2009 de 24.6, y 620/2008 de 9.10, el derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige un explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. En tal sentido basta citar la doctrina constitucional en esta materia concretada en la sentencia del Tribunal Constitucional, en su sentencia 21/2008 de 31 de enero. "....Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 C.E ., y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E . --conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación no irracional-- resulta reforzado en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personas (por todas, entre otras muchas, SSTC 43/1997 de 10 de Marzo ; 108/2001, de 23 de Abril ; 20/2003 de 10 de Febrero ; 170/2004, de 18 de Octubre ; 76/2007, de 16 de Abril ).Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de abril ; 20/2003, de 10 de febrero ; 148/2005, de 6 de junio ; 76/2007, de 16 de abril )."."....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión...".

Reiteradamente ha señalado la Sala penal del TS -por todas STS. 809/2008 de 26.11- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda. Dicho lo cual, es cierto y así lo ha recordado el TS ( STS. 27.9.2006), que el Tribunal Constitucional, interpretando los arts. 24 y 120 CE., ha señalado que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87, 152/87 y 174/87), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado.

Entiende la sala que, en este caso, la Juzgadora, tras aludir a la gravedad de los hechos y a la proporcionalidad, razona y justifica su individualización, en cuanto no se impuso la mínima legal conforme al art.66 del CP.

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva. La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, (toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito). Sino que se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurídico afectado y la forma básica del ataque al mismo, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá: En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto. En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que, sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica. En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta. Y, en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad. Se trata, en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentada mente explicado en la propia resolución judicial.

Entiende la Sala que la magistrada, si bien de forma breve, ha justificado suficientemente el motivo por el que en su sentencia se aparta de la pena mínima, sin que se aprecie arbitrariedad que justifique la revocación de tal decisión; por lo que el motivo también debe ser desestimado.

CUARTO.- Improcedencia de la responsabilidad civil fijada, debiéndose reducir su importe a 400 euros.

Señala el recurrente que ningún daño real se le ha producido a la denunciante y que, caso de apreciarse un daño moral, el mismo estaría suficientemente cubierto con la cantidad que señala el MF de 400 euros.

Pues bien, la conceptuación del daño moral es una cuestión compleja, lo que ha dado lugar a que venga decantándose una formulación negativa de lo que debe entenderse por tal, de tal modo que se estima que éste viene constituido por todo aquel daño que no sea patrimonial, es decir, se trataría del daño o perjuicio que experimenta una persona que no puede cuantificarse con referencia a un valor de mercado. En esta línea, la STS (Sala 1ª) de 10 de julio de 2012, recuerda que "el concepto de éste (el daño moral) es claro y estricto; no comprende aspectos del daño material. Si una lesión del derecho subjetivo atenta a la esfera patrimonial del sujeto no pretenda éste que alcance también a la esfera espiritual. Hay daño moral exclusivamente cuando se ha atentado a un derecho inmaterial de la persona: es el caso del honor, intimidad e imagen que contempla la Ley 1/1982, de 5 de mayo".

El daño moral puede integrar por ello elementos tales como la vergüenza, dignidad vejada, pena, dolor, ofensa, privacidad violada, disminución de estima social, credibilidad pública, entre otros; es el infligido a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad de la persona o a su salud física o psíquica. La zozobra, la inquietud, que perturban a una persona en lo psíquico.

Respecto a los bienes jurídicos cuya pérdida o deterioro trata de compensar la indemnización la STS 4290/2015, de 23 de octubre, hace alusión a las sentencias de la misma Sala de 27 de julio 2006, 23 de octubre y 28 de febrero de 2008, 12 de mayo 2009 y 30 de abril 2010 , según las cuales deben ser calificados como daños morales, cualesquiera que sean los derechos o bienes sobre los que directamente recaiga la acción dañosa, aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica .

Respecto a la cuantificación del daño moral, se trata de una cuestión compleja, al no existir reglas que fijen las cuantías en estos casos, unido a la dificultad de probar cómo los hechos han afectado a la víctima y en qué medida y determinar cuál es la justa compensación por la zozobra e inquietud que se ha causado a la misma. Por lo que el daño moral no puede valorarse con arreglo a criterios económicos, lo que exige acudir a la prudencia para fijar la indemnización, lo que implica un alto componente subjetivo, valorando las circunstancias del caso concreto, careciendo de parámetros o módulos objetivos.

En este caso, la cuantía fijada por la Magistrada no es desorbitada ni excesiva, dado el extenso periodo temporal en que la denunciante se vio sometida; padecimientos que, por venir de su pareja, se extendía a todas la horas y momentos, sin poder desfrutar de paz y sosiego ni en el refugio de su casa que, por el contrario, se convirtió en el escenario de los hechos enjuiciados. La sala acoge en su totalidad la motivación de la sentencia de instancia cuando señala que "el sufrimiento que el delito ha generado en la víctima ha sido significativo, (ha mermado su autoestima, su capacidad de disfrute, ha afectado a su tranquilidad etc.) y como consecuencia del mismo presenta sentimientos de angustia, tristeza, apatía, inseguridad, conductas evitativas, ideas de culpa y vergüenza, alta afectación emocional; sintomatología ésta que representa el DIRECCION002 además de psicopatología ansioso depresiva. Si bien la pericial valora el estrés postraumático con una puntuación media-baja y con una puntuación moderada en varios de los síntomas, lo que unido al tiempo de duración de la relación de maltrato (tres años) determina que la cantidad de 4.500 € se estima que resarce el daño moral causado".

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO. - Costas. No apreciándose temeridad ni mala fe en el recurrente, se declaran de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.