Sentencia Penal 14/2024 Audiencia Provincial de Salamanca Civil-penal Única, Rec. 31/2023 de 13 de marzo del 2024

PRIMERO. -Calificación penal de los hechos y valoración del material probatorio

A juicio de esta Sala, los hechos declarados probados del apartado A.2) son constitutivos de un delito continuado de coacciones leves del art. 172.3 del CP en relación con el art. 74 del mismo texto legal.

Y los del apartado B, son constitutivos de:

-Tres delitos de coacciones tipificados en el art. 172.1 CP;

-Un delito de amenazas graves no condicionales, tipificado en el art. 169.2º CP y,

-Tres delitos leves de lesiones, previstos y penados en el art. 147.2 CP.

Tras apreciar bajo el principio de inmediación las pruebas practicadas, llegamos a la convicción de que el acusado Jose Pedro ha cometido los delitos a que se ha hecho mención.

Hemos tenido en cuenta como prueba de cargo del primero de los delitos mencionados -delito continuado de coacciones leves-, la declaración del acusado que reconoce haber remitido mensajes desde la aplicación de WhatsApp de su teléfono al teléfono de Josefina y el testimonio de esta última, corroborado de forma objetiva mediante la prueba documental consistente en la transcripción del contenido de referidos mensajes, que ha sido debidamente cotejada por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia y, cuyo texto y autoría ha sido en parte reproducido en el aparatado de hechos probados (acontecimientos 35.2 y 58 de las Diligencias Previas -en adelante DP).

Respecto de los delitos de coacciones, amenazas y de lesiones que constituyen los hechos del apartado B de los Hechos probados, se ha tenido en consideración como prueba de cargo, los testimonios de las víctimas Victoriano, Josefina y Julieta; las testificales de los agentes de la guardia civil con TIP NUM011 y NUM005, primeros que acuden al lugar de los hechos, alertados por la central COS, quienes ratifican lo manifestado en la diligencia de exposición de hechos unida en el folio 44 del atestado (acontecimiento 1 de las DP); la testifical del agente NUM012 que intervino recogiendo la denuncia a las tres víctimas y a quien llamó el hermano del acusado comunicando que éste quería entregarse y participando en su detención; y la declaración del agente con TIP NUM013 que participó en la detención del acusado. Así como la documental relativa al depósito de la escopeta y pistola intervenidas en el lugar de los hechos, que fueron depositadas en las dependencias de la guardia civil y diligencia de consulta sobre la titularidad de armas de fuego (f. 45, 62 y 63 del atestado, acont. 1 DP); los partes de atención continuada emitidos por el centro de salud de Ciudad Rodrigo donde fueron asistidas las tres víctimas (folios 47 a 49 del atestado (acont. 1 de las DP) y los partes de lesiones de cada una de ellas, remitidos por el Sacyl al Juzgado de Instrucción (acontecimientos 17 a 19 de las DP), que acreditan que los tres fueron asistidos en el Centro de salud de Ciudad Rodrigo, a donde fueron trasladados por agentes de la guardia civil la misma noche de los hechos según declararon los agentes testigos TIP NUM011 y NUM005, siendo asistidos transcurrida apenas una hora después de acaecer éstos, documentos en los que se reflejan las lesiones a que se ha hecho mención en el apartado hechos probados; y los informes médicos forenses relativos a cada una de las víctimas (acontecimientos 40.1, 41.1 y 42.1 de las diligencias previas), informes estos no impugnados, que acreditan la realidad y alcance de las lesiones que presentaban las víctimas y que las mismas son compatibles con el mecanismo causal descrito en el apartado de hechos probados.

Tanto la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo admiten que la declaración de la víctima, practicada con todas las garantías, puede ser considerada por sí misma y aún en ausencia de otras pruebas, como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. ( SSTS 291/2018 de 8 de junio de 2018 y STS 717/2018, de 17 de enero de 2019, (Rec. 3039/2017 ), entre muchas otras). La Jurisprudencia ha establecido determinadas notas, pautas o parámetros orientativos que según se dice en la última sentencia citada, sin vocación excluyente de otros y sin constituir cada una de ellos un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración, pues la lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia de dichas notas o pautas determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. Ahora bien, la deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro. En este sentido, la STS. 381/2014 de 21 de mayoJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 21-05-2014 (rec. 2449/2013 ) dice que tales tres elementos no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que la Sala de instancia pudiera dar crédito a la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo. La STS 717/2018 de 17 de enero de 2019 recuerda que " incluso en el caso de que alguno de estos tres elementos no fuere, en todo o en parte, favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima, puede el órgano judicial concederle validez como prueba de cargo siempre, eso sí, que motive suficientemente las razones de su proceder" .

En este sentido, también la STS 496//2023 de 22 de junio de 2023 establece que "... el concurso de los mencionados elementos no equivale, como una suerte de resultado aritmético o taxonómico, a determinar que el pronunciamiento condenatorio solo estará justificado en el caso de que todos ellos sean "salvados" con éxito, ni tampoco, inversamente, que la ausencia de una superación satisfactoria de alguno de dichos parámetros determine inexorablemente la absolución del acusado. Solo a título de ejemplo, nuestra reciente sentencia número 569/2022, de 8 de junio , se encargaba de recordar: "No se está definiendo con esa tríada de características un presupuesto de validez o de utilizabilidad. Son orientaciones que ayudan a acertar en el juicio. Son puntos de contraste que no se pueden soslayar. Pero eso no significa que cuando se cubran las tres condiciones haya que otorgar "por imperativo legal" crédito al testimonio. Ni, tampoco, en sentido inverso, que cuando falte una o varias, la prueba ya no pueda ser valorada y, ex lege, por ministerio de la ley -o de la doctrina legal en este caso-, se considere insuficiente para fundar una condena".

Analizados los testimonios que las víctimas han prestado en el acto de juicio, observamos que son coincidentes en lo sustancial, declarando todos ellos de forma persistente y firme la forma en que suceden los hechos del día 16 de febrero de 2023, manifestando que el acusado acudió referida noche a su vivienda, que se hallaban en el garaje anexo a la misma cuya puerta estaba abierta pues la madre acababa de llegar de trabajar y el padre y la hija Josefina estaban rellenando unas garrafas de agua para cargarlas en el vehículo a fin de transportarlas para dar de beber al ganado; explican cómo llegó el acusado con la escopeta con la que les apuntaba con la que les conminó y encañonó y les decía que quería hablar con ellos, ordenándoles a que pasaran a la cocina donde les obligó a tirarse al suelo y a colocarse las bridas en las manos, aclarando que fue Josefina por orden del acusado quien colocó las bridas primero a su madre y luego al padre y finalmente el acusado se la colocó a Josefina y que amordazó a Julieta la boca con un pañuelo que esta tenía porque era la que más gritaba; que les amenazó repetidamente con matarlos e insistía que sólo quería hablar con ellos; todos ellos explican cómo Victoriano pudo abalanzarse sobre él en un momento de descuido en el que el acusado se dispuso a modificar las bridas que tenía colocadas este último a fin de atarle las manos hacia atrás, iniciando entre ambos un forcejeo, rodando los dos hacia el garaje, acudiendo en su auxilio Julieta y Josefina, una vez que éstas consiguieron quitarse las bridas, forcejeando todos ellos; que en curso de dicho forcejeo recibieron golpes del acusado, que les ocasionó las lesiones que se han reflejado en los hechos probados. Asimismo reconocen los tres que Victoriano tras reducir al acusado y pedirle explicaciones sobre el motivo de su actuación e insistir éste en que sólo quería hablar, lo sacó de la vivienda, pidiéndole el acusado su escopeta, acompañándole Victoriano hasta determinado lugar, que según aclaran Victoriano y Julieta fue hasta la Plaza del pueblo, refiriendo estos dos últimos que fue Julieta quien llamó a la guardia civil, personándose una patrulla en el lugar.

Analizando cada testimonio en particular, observamos que concurre ausencia de incredibilidad subjetiva. No apreciamos en Josefina ni en sus padres ninguna clase de alteración o anomalía que, o bien les impidiera o complicara percibir adecuadamente la realidad, la experiencia efectivamente vivida, o bien le impidiere o dificultase, por cualquier causa, expresarla, transmitirla, comunicarla de forma cabal. Tampoco se aprecia que la denuncia venga motivada por algún propósito ilegítimo o espurio, si se tiene en cuenta que Josefina ni siquiera había denunciado hasta el día 16 de febrero de 2023 en que ocurren los hechos más graves, las pintadas aparecidas en la localidad donde ésta reside que sospechaba realizadas por el acusado, ni tampoco el atosigamiento que venía sufriendo ante los insistentes mensajes por WhatsApp que le remitía el acusado. Tampoco consta que los padres de Josefina, -que conocían desde el 10 de febrero de 2023 que su hija podía estar embarazada pues así se lo comunicó el acusado a Victoriano el día en que fue a borrar las pintadas a Tenebrón y éste lo comunicó a su esposa-, le hubieran pedido cuentas al acusado, ni le hubieran efectuado reproche alguno, desconociendo hasta ese momento que su hija hubiera tenido con el acusado alguna relación íntima pues nada le había comunicado su hija al respecto, la cual nunca reconoció que el embarazo fuera fruto de sus esporádicas relaciones sexuales con el acusado. Según declaró la testigo Julieta, su hija se negaba en rotundo a hablar del tema y a acudir al médico, cerciorándose del embarazo cuando acudió al centro de salud para ser asistida de las lesiones ocasionadas en el incidente del día 16 de febrero. No se infiere algún tipo de beneficio o ganancia secundaria ilícita que la denuncia pudiera reportar a los denunciantes que pudiera hacer dudar de su credibilidad, los cuales únicamente han solicitado indemnización por las lesiones y no por otros daños morales que hayan podido sufrir por otros delitos.

Como dice la STS 119/2019 de 6 de marzo :" La circunstancia de que una persona haya sido víctima de un delito no lleva consigo que exista un resentimiento hacia el autor capaz de alterar la realidad de lo ocurrido agravando los hechos para que el reproche penal sea mayor. Resulta evidente y hasta humano el odio que puede existir en una víctima hacía el autor de un delito que lo ha cometido sobre su persona. Y más aún en casos de hechos graves y/o perpetrados con violencia o intimidación. Pero si eso fuera así ninguna víctima podría ser aceptada en su veracidad en sus declaraciones dudando de que lo que dice lo es por venganza o animadversión. Evidentemente que puede existir rechazo y hasta odio hacía el autor de un delito por su víctima, pero ello no hace crear una especie de "desconfianza natural" hacia ella por la circunstancia de haber sido víctima. Ser víctima no comporta una especie de presunción de que va a declarar contra su agresor faltando a la verdad."

Por otro lado, concurre en los respectivos testimonios la nota de credibilidad objetiva o verosimilitud, existiendo coherencia interna en sus respectivas declaraciones, las cuales vienen apoyadas con datos objetivos de carácter periférico que las dotan respectivamente de verosimilitud. Así, en la diligencia de exposición de hechos elaborada por la guardia civil, que obra en el acontecimiento 44 del atestado (Acont. 1 DP), ya consta que recibido aviso a las 9,05 horas del día 16 de febrero de 2023 de la Central COS, los guardias civiles con TIP NUM011 y NUM005 se personan a las 21,20 horas en el lugar de los hechos, donde se encontraron a cuatro personas en estado de gran agitación, quienes ya en dicho momento les narraron que un individuo por ellos conocido había llegado al domicilio y accedido a su interior, amenazándolos con una pistola y escopeta y les había obligado a sujetarse las manos con unas bridas, al tiempo que los increpaba que quería hablar con ellos, propinándoles algunos golpes en el rostro y cabeza. Consta en dicha diligencia que tanto la madre como la hija presentaban diversas lesiones en cabeza y rostro y el padre tenía aún en sus muñecas las bridas que le obligaron a colocarse y que recorrido el perímetro de la vivienda encuentran una pistola y la escopeta de caza repetidora y que una vez comprobada, se observa que esta última se halla municionada con cinco cartuchos y el seguro de la misma en posición de disparo. Dicha diligencia de exposición de hechos es ratificada por los agentes mencionados que han comparecido en el acto de juicio, si bien el primero de ellos, TIP NUM011, incurre en alguna desviación si se compara lo declarado por éste en el acto de juicio y lo narrado en la diligencia de exposición de hechos, no así el agente NUM005 cuya declaración resulta sustancialmente coincidente con lo narrado en la diligencia de exposición de hechos; según refiere este último en ella exponen lo que les dice la familia, matizando que éstos se encontraban en un estado de gran exaltación. No consideramos relevante que lo que pudieron referir los testigos víctimas a estos guardias civiles, difiera en algún aspecto de lo manifestado por los testigos víctima en el acto de juicio, pues tal divergencia puede venir justificada debido al estado de gran nerviosismo y agitación en el que las víctimas se encontraban según relatan los agentes testigos, precisando el primero de ellos que "No daban más de sí", estado que pudo provocar confusión y que no transmitieran a los agentes algunos aspectos de los hechos realmente acontecidos que luego han podido narrar, estando ya más tranquilos y serenos, en las declaraciones ante la Guardia civil, prestadas pocas horas después de acaecidos los hechos y las sucesivamente narradas ante el Juzgado de Instrucción y luego en el acto de juicio. Ambos agentes coinciden en resaltar el gran estado de agitación y alteración en que se hallaba la familia, que el padre tenía aun puestas las bridas en sus muñecas, que apreciaron lesiones en la madre e hija y que encuentran la escopeta en el patio exterior y la pistola en una dependencia contigua, precisando el segundo de los agentes que la escopeta estaba al lado de una zarza, próxima a la puerta de salida y que existía una ventana al lado de la puerta, manifestando ambos que el arma estaba cargada con cinco cartuchos y el seguro de la misma en posición de disparo; extremos todos estos verificados por referidos agentes testigos que vienen a corroborar la versión de los hechos ofrecida por las víctimas que hemos considerado probada. Consta en la diligencia de exposición de hechos mencionada, ratificada por estos guardias civiles, que se habían cruzado con el vehículo Land Rover modelo Evoque de color blanco, (del acusado) momentos antes de su llegada al domicilio de las víctimas, circulando a gran velocidad dirección a Ciudad Rodrigo.

Asimismo, el testimonio de las víctimas viene corroborado mediante prueba documental consistente en el justificante de depósito de las armas de fuego en las dependencias de la guardia civil y la consulta de arma de fuego, unidas al atestado (f. 46, 62 a 64), documental que acredita el depósito de la escopeta y pistola ocupadas por la guardia civil en el lugar de los hechos, así como la pertenencia de la escopeta al acusado, quien disponía de la correspondiente licencia de armas; y mediante los partes de atención continuada del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo unidos al atestado (f. 47 a 49 del acont. 1) y los partes de lesiones remitidos por el Sacyl al Juzgado de Instrucción (acontecimientos 17 a 19 de las DP), que acreditan que las tres víctimas fueron asistidas de las lesiones que presentaban en el centro de salud de Ciudad Rodrigo, a donde fueron trasladadas por agentes de la guardia civil, siendo asistidas transcurrido apenas una hora después de ocurrir los hechos, apreciando el médico en la exploración efectuada a Victoriano (folio 47 del atestado), entre otras lesiones, una escoreación lineal en muñeca izquierda (que puede resultar compatible con la señal de la brida en ella colocada). Asimismo viene corroborada la versión de las víctimas mediante los informes médico forenses relativos a las víctimas a que hemos hecho mención (acontecimientos 40.1, 41.1 y 42), mediante los que se acredita que las lesiones que padecieron las víctimas son compatibles con el mecanismo causal por ellas referido, haciendo constar en el informe del médico forense relativo a Julieta, entre otras lesiones, erosiones en ambas muñecas, erosiones éstas que también fueron apreciadas por el Juez Instructor cuando declaró esta testigo ante el mismo en fase de instrucción y que son perfectamente compatibles con la colocación de bridas en dicha zona.

Por último, a la vista de los respectivos testimonios de las víctimas, concurre en ellos persistencia en la incriminación, no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en la constancia sustancial de las diversas declaraciones según exige la Jurisprudencia.

Así, comprobado lo manifestado por la testigo Josefina en el cuartel de la guardia civil en la noche en que ocurren los hechos (f. 14 a 16 y 21 a 27 del atestado), lo declarado luego ante el Juez de Instrucción que figura en la grabación, -manifestaciones éstas que han sido en parte introducidas en el plenario-, así como lo declarado en el acto de juicio, se comprueba que salvo en los aspectos relativos al tipo de relación que mantenía con el acusado y el relativo al disfraz que consideramos que no han quedado suficientemente probados por las razones que más adelante se expondrán, sus declaraciones son coincidentes en lo sustancial, declarando dicha testigo de forma firme y precisa, ofreciendo detalles y particularidades que dotan de credibilidad a su testimonio, aclarando en la declaración prestada en el acto de juicio algún aspecto de sus anteriores declaraciones que pudiera no haber quedado suficientemente claro, no apreciándose contradicciones en lo esencial de su testimonio, con la salvedad de los extremos antes mencionados.

Igual persistencia en la incriminación se aprecia en los respectivos testimonios de Victoriano y de Julieta, una vez que han sido analizadas sus respectivas declaraciones ante la guardia civil, ante el Juzgado de Instrucción y luego en el acto de juicio, salvo en el extremo relativo al disfraz sobre el que nada refiere Victoriano en su declaración ante la guardia civil; no obstante, el resto del contenido de sus respectivas declaraciones son coincidentes en lo esencial, explicando en el acto de juicio ambos testigos aquéllos extremos de sus anteriores declaraciones que pudieran no haber quedado suficientemente claros; sus respectivos testimonios son firmes, precisos y detallados.

Todo lo cual, nos lleva a considerar que los testimonios de las victimas constituyen en el presente prueba de cargo suficiente para estimar acreditados los hechos recogidos en el apartado B) de hechos probados y desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, cuya versión exculpatoria carece de consistencia probatoria alguna, tratándose de meras elucubraciones en modo alguno convincentes, que no desvirtúan con un mínimo rigor el material probatorio de cargo que se ha venido analizando en los apartados precedentes.

No estimamos coherente ni creíble que en un contexto en el que Josefina había adoptado la firme de determinación de no querer ver ni comunicarse con el acusado, a la vista del contenido de las conversaciones por WhatsApp, corroborado por lo declarado por su padre, quien manifestó que el día 10 de febrero de 2023 cuando el acusado se acercó a la casa de Josefina y le contó a él que podía estar embarazada, Josefina no quiso hablar con el acusado, no resulta lógico ni razonable que Josefina o sus padres le pidieran al acusado ayuda para que fuera a su casa en Tenebrón con la escopeta para cazar un zorro que les molestaba. Tampoco resulta lógico ni razonable que de ser cierta la versión que ofrece el acusado y fuera él la víctima según trata de hacer creer, de modo que nada tuviera que ocultar, el mismo no acudiera a denunciar de forma inmediata unos hechos de tanta gravedad como los que refiere, máxime cuando tuvo oportunidad de detenerse y comunicar lo sucedido a la guardia civil cuando se cruzó por la carretera con una de las patrullas que se dirigía a la vivienda de las víctimas; ni resulta coherente ni razonable que de haber sido él la víctima, hubiera permanecido huido desde la noche del 16 de febrero de 2023 hasta las 8,00 horas del día 18 del mismo mes en que se entregó voluntariamente a la guardia civil, siendo detenido en un anexo próximo al domicilio de su madre en DIRECCION001 según manifiestan los testigos guardias civiles con TIP nº NUM012 y NUM013 que procedieron a su detención y así consta en la diligencia unida en el folio 50 del atestado, no dando explicación convincente alguna el acusado sobre referida anómala forma de actuar.

No estimamos suficientemente probado que el acusado hubiera realizado las pintadas mencionadas en el apartado A.1 de los Hechos probados, que aparecen en las fotografías unidas en los acontecimientos 35.3 y 35.4 de las DP, toda vez que el acusado niega su autoría, Josefina sólo tiene sospechas y sólo se ha probado el indicio de que el acusado borró en parte dichas pintadas, que estimamos insuficiente para fundar una condena.

Tampoco estimamos probado que hubiera habido una relación sentimental o afectiva o de pareja entre el acusado y Josefina, que es negada por el acusado en el acto de juicio y ante las dudas que al respecto de dicha relación ha introducido la propia Josefina a la vista de su declaración ante el Juzgado de Instrucción, que en este aspecto se contradice con lo declarado por la misma en el acto de juicio en el que dice haber mantenido una relación sentimental, contradicción que ha sido puesta de manifiesto por la defensa del acusado en el acto de juicio sin que Josefina haya dado explicación convincente al respecto. Consta en la grabación de su declaración efectuada ante el Juzgado de Instrucción, que al ser interrogada Josefina por el Juez de Instrucción sobre su relación con Jose Pedro, manifestó que sólo tuvo una relación de trabajo desde junio a septiembre de 2022, habiéndose "liado" con él, negando categóricamente que hubiera tenido alguna relación de pareja con el mismo, admitiendo únicamente la existencia de relaciones sexuales esporádicas con aquél. Y al ser preguntada en dicha declaración por la defensa del acusado sobre su embarazo e informada por el Juez instructor sobre la finalidad de la pregunta, la cual iba dirigida a comprobar si podía ser víctima de algún delito relacionado con la violencia de género, negó que su embarazo fuera fruto de sus encuentros con Jose Pedro. Los padres de Josefina nada pueden aclarar al respecto, quienes a la vista de sus declaraciones, desconocen si la relación que tuvo Josefina con el acusado iba más allá de la amistad; tampoco del contenido de los WhatsApp puede desprenderse alguna relación sentimental entre ambos, pues si bien el acusado le envió algún mensaje de amor, en modo alguno consta que fuera correspondido por Josefina a tenor de las respuestas a dichos mensajes.

Igualmente, no consideramos suficientemente probado que el acusado fuera disfrazado de "esqueleto" o de "huesitos" el día 16 de febrero de 2023, de modo que impidiera su identificación. Nada se indicó por los testigos víctimas al respecto del mencionado disfraz cuando acudió al lugar de los hechos la patrulla de la guardia civil, a pesar de lo llamativo de un disfraz de tales características, refiriendo los agentes de la guardia civil testigos, que sólo les refirieron que iba vestido con prendas oscuras o negras; sólo Julieta hizo mención a dicho disfraz cuando declaró ante la Guardia civil, no así su esposo quien nada mencionó sobre el disfraz en su declaración ante la Guardia civil ni ante el Juzgado de Instrucción; tampoco Josefina hizo mención al disfraz en su declaración ante la Guardia civil; la descripción que realiza el testigo Victoriano sobre el citado disfraz, tampoco coincide con la efectuada por las otras dos testigos, pues aquel precisa que llevaba una capucha de las de "Ku Klux Klan", capucha la de este grupo que no es negra sino blanca; Josefina a preguntas de su letrado alude a "capucha" y durante el interrogatorio que le efectúa la defensa del acusado hace mención a que cuando le reconocieron se levantó la "máscara". Ningún rastro de disfraz se ha incautado por la guardia civil ni en el lugar de los hechos ni en la vivienda del mismo que fue registrada por la Guardia civil pocas horas después de ocurrir los hechos con autorización de una hija del acusado, vivienda en la que se ocupó otras armas que poseía aquél y otros efectos según se refleja en el atestado, entre ellos, las llaves de su vehículo (f. 42 y 43 del atestado, acont. 1). Tampoco las prendas que vestía el acusado en el momento de su detención coinciden con las del disfraz mencionado por los testigos víctimas. En cualquier caso, llevara o no capucha el acusado, no ha resultado suficientemente probado que la misma le tapare totalmente su rostro de modo que impidiera su identificación pues de las declaraciones de las víctimas se desprende que fue identificado rápidamente por las mismas.

SEGUNDO.-Delito leve de coacciones de carácter continuado

Analizada que ha sido la prueba, hemos de indicar respecto de los hechos contenidos en el apartado A) de los hechos probados, que los mismos son constitutivos de un delito leve de coacciones de carácter continuado, tipificado en el art. 172.3 CP en relación con el art. 74.1 CP, precepto que castiga al que fuera de los casos anteriores (coacciones graves del apartado 1 y coacciones leves a quien haya sido esposa o mujer o que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad previstas en el apartado 2), cause a otro una coacción de carácter leve, previendo pena de multa de uno a tres meses.

En el presente, la conducta no tiene encaje en el art. 172.2 CP según califica el Ministerio Fiscal, dado que no ha resultado acreditado que entre el acusado y Josefina, hubiera existido una relación de afectividad como ya hemos razonado en el penúltimo apartado del fundamento de derecho primero de esta sentencia, teniendo encaje dicha conducta en el delito de coacciones de carácter leve del art. 172.3 CP antes mencionado, que ha de calificarse como continuado.

Comete coacción quien sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe o se le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, requiriendo a tal efecto la Jurisprudencia, establecida entre otras, en la STS 843/2005 de 29 Jun. 2005, Rec. 1019/2004 , citada en otras posteriores como la nº 301/2023 de 26 de abril, que concurran los siguientes elementos:

" 1) una dinámica comisiva encaminada a un resultado que puede ser de doble carácter: impedir a alguien hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a hacer lo que no quiera, sea justo o injusto.

2) que tal actividad se plasme en una conducta de violencia, cuya clase ha ido ampliándose con el tiempo para incluir no sólo la "vis physica" sino también la intimidación o "vis compulsiva" e incluso la fuerza en las cosas o "vis in rebus". La mera restricción de la libertad de obrar supone de hecho una violencia y por tanto una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz, y causal respecto al resultado perseguido.

3) que esa conducta ofrezca una cierta intensidad, ya que si esta última fuera de tono menor aparecería como apropiado la apreciación de una falta, teniendo en cuenta que en la jurisprudencia además del desvalor de la acción se ha tomado también en cuenta el desvalor del resultado.

4) la existencia de un elemento subjetivo que abarque el ánimo tendencial de restringir la libertad de obrar ajena.

5) ausencia de autorización legítima para obrar de forma coactiva."

Concurren los indicados elementos del tipo de coacciones de carácter leve que ha de calificarse como continuado, al haberse acreditado mediante las pruebas a que hemos hecho mención en el anterior fundamento, que el acusado ha enviado a Josefina reiterados y numerosos mensajes por whatsApp durante los días comprendidos entre el 11 a 16 de febrero de 2023, ambos inclusive, en los que insistía en hablar con ella y en verla, declarándole su amor en alguno de ello, mensajes que envió cuando aquélla había adoptado la firme determinación de que no quería hablar con él ni verlo y le había manifestado que la dejara en paz según le comunicó en alguno de los mensajes que le envía el 10 de febrero de 2023 y así lo reitera en otros de los días 11 y 16 del mismo mes, conforme consta en las transcripciones de dichos mensajes. (acontecimiento 35.2 DP).

Referida conducta es reveladora de un atosigamiento hacia Josefina, teniendo referidos mensajes capacidad suficiente para perturbar su tranquilidad y sosiego, tratando de este modo el acusado de doblegar la voluntad de Josefina a fin de conseguir comunicarse con la misma y un acercamiento con la misma, suponiendo ello un constreñimiento antijurídico de la voluntad de Josefina a quien con tal modo de proceder, el acusado le estaba obligando a hacer algo que no quería (comunicarse y aceptar al mismo), de todo lo cual era consciente este último que conocía la posición firme adoptada por Josefina al respecto y, siéndolo, sin embargo, no cesó en el envío de mensajes, concurriendo dolo en su actuar.

Tal forma de actuar por el acusado coarta la libertad de Josefina, tratándose de actos intrusivos de su libertad, al contactar o intentar establecer contacto con la misma por medio de mensajes de WhatsApp, acto éste que se contempla en la segunda de las conductas del delito de acoso prevista en el art. 172 ter 1 CP. No obstante, no pueden ser calificados los hechos del apartado A) declarados probados como constitutivos de tal delito de acoso según pretende la Acusación Particular, pues este tipo penal requiere además de los actos de acoso que en él se describen, que concurran otros presupuestos, esto es, que los actos de acoso se lleven a cabo de forma insistente y reiterada y que alteren gravemente el desarrollo de la vida cotidiana, sin que en el presente se haya probado la concurrencia de este segundo presupuesto, pues ninguna de las pruebas practicadas acredita que Josefina hubiera visto gravemente alterado el desarrollo de su vida cotidiana a consecuencia de la recepción de dichos mensajes.

Por todo ello y, concurriendo en el caso actos intrusivos de la libertad coincidente con la conducta segunda contemplada en el art. 173 ter.1 CP, como se razona en la STS 61/2022 de 26 de enero de 2022 , a falta de otros presupuestos exigidos en este precepto, el reproche penal puede quedar en el que corresponda por el delito de coacciones, " porque no deja de ser una variante de éste al que acudir, por cuanto que no dejarán de concurrir los actos de acecho que le caracterizan", pudiendo servir las conductas intrusivas en la libertad que prevé referido precepto, como criterio orientativo de las susceptibles de dar lugar al delito de coacciones leves, como así se ha calificado en el presente.

Este delito se considera de carácter continuado de conformidad con el art. 74.1 CP, al tratarse de varios mensajes, realizados en diferentes días del mes de febrero de 2023, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, los cuales ofenden al mismo sujeto pasivo ( Josefina) e infringe el mismo precepto penal.

TERCERO.-Calificación de los hechos probados del apartado B

1.Los hechos probados del apartado B, consistentes en acudir el acusado al domicilio de Josefina y de sus padres de noche, portando una escopeta cargada con munición, entrar en el garaje de la vivienda que se encontraba abierto al exterior y bajo el pretexto de obligarles a hablar con él, encañonarles con la escopeta, conminándoles a subir tres escalones que separaban el garaje de la cocina y ya en su interior les ordena tirarse al suelo y obliga a Josefina a que les ate unas bridas en las muñecas a sus padres para posteriormente colocárselas él a Josefina y luego amordazar a Julieta con un pañuelo impidiéndole que pudiera hablar y gritar, insistiendo en todo momento que sólo quería hablar con ellos, son constitutivos de tres delitos de coacciones graves del art. 172.1 CP , una por cada sujeto pasivo afectado, no estimando correcta la calificación que pretende el Ministerio Fiscal de "delito continuado de coacciones", pues no se está en el caso ante una pluralidad de acciones que infrinjan el mismo u homogéneo precepto penal según requiere el art. 74 CP para apreciar la continuidad delictiva, sino ante una unidad natural de acción que afecta a bienes jurídicos de carácter eminentemente personal (la libertad) correspondientes a tres sujetos pasivos diferentes ( Josefina, Victoriano y Julieta), supuestos éstos en que la Jurisprudencia contenida, entre otras, en la STS 1846/2022 de 6 de noviembre, establece que al ser la libertad y seguridad de las personas bienes jurídicos individuales, cada ataque a ese fundamental derecho dará lugar a la aparición de un delito independiente y distinto según sean las personas atacadas, que en este caso son tres.

La anterior calificación no supone agravación de la acusación ni vulneración del principio acusatorio, si se tiene en cuenta que la Acusación Particular había calificado estos hechos como constitutivos de tres delitos de detención ilegal del art. 169 CP, delito cuya pena es más grave que la prevista para el delito de coacciones, de modo que la calificación como tres delitos de coacciones graves que se efectúa en esta sentencia, al tratarse de tipos que afectan a bienes jurídicos homogéneos: la libertad de deambulación en el delito de detención ilegal y, la libertad genéricamente considerada en el delito de coacciones, estando previstos dichos delitos dentro del mismo título del C. Penal, Título VI, "delitos contra la libertad", resulta más favorable para el acusado.

Ya hemos expuesto en el fundamento anterior los elementos necesarios para que concurra el delito de coacciones, que se dan por reproducidos en el presente y que se cumplen en este caso pues el acusado ha utilizado la vis intimidativa mediante el empleo de un arma (escopeta) con la que amenazaba a Josefina, Julieta y Victoriano y, la vis física (mediante el empleo de bridas que limitaban el movimiento de las muñecas de las víctimas y de un pañuelo con el que amordaza a Julieta, impidiendo que ésta pudiera hablar y pedir auxilio), tratando de este modo el acusado de doblegar la voluntad de todos ellos para someterlos a los deseos y voluntad propia, compeliéndoles para hablar con ellos, restringiéndoles de este modo su libertad de obrar y de decidir con quién comunicarse, estándose ante actos de suficiente intensidad y capaces de doblegar la libertad de las víctimas, reveladores de un mayor desvalor de la acción y del resultado, que determinan que se califiquen como graves las coacciones sufridas por cada una de las víctimas. En este caso, haciendo el acusado uso de la violencia e intimidación, ha restringido la libertad de obrar de las víctimas y la facultad de libre determinación de la voluntad, a quienes trata de imponer por la fuerza un contacto y comunicación con el mismo no deseados por las víctimas, resultando evidente la "intensidad" ejercida a la vista de la gravedad de los actos de vis impulsiva y física realizados, no recuperando dicha libertad los sujetos pasivos hasta que no fue reducido el acusado por Victoriano.

Concurre en el caso dolo en el actuar del acusado, que conoce que con dichos actos está restringiendo la libertad ajena y sin embargo, los realiza sin contar con autorización legítima para obrar de forma coactiva.

Aun cuando en el presente se está ante una situación límite entre el delito de detención ilegal y el de coacciones, consideramos que los hechos probados analizados en este apartado, son incardinables en los tres delitos de coacciones ya definidos, dado que todo el proyecto criminal del acusado fue encaminado a doblegar la voluntad de Josefina y de sus padres a fin de imponerles un acercamiento y comunicación que de otro modo no podía conseguir, conminándoles el acusado para que hablaran con él, realizando los actos expuestos a fin de vencer la oposición de Josefina de comunicarse y de mantener cualquier tipo de contacto con aquél y de que pudiera explicar a sus padres sus pretensiones para con ésta, puesto que el acusado creía que el embarazo de Josefina podía ser fruto de sus relaciones sexuales esporádicas con la misma.

A propósito de la diferenciación entre la detención ilegal y el delito de coacciones, se ha pronunciado la Jurisprudencia, entre otras, en la STS 301/2023, de 26 de abril de 2023 (Rec. 10698/2022 ), la cual razona:

"Es cierto que la detención ilegal típica se perfila más nítidamente en los casos de "encierro o internamiento" en un lugar del que no es posible salir la víctima; y por el contrario la simple "detención o inmovilización" de una persona puede presentar dificultades para su concreción en el tipo, ya que su duración puede ser momentánea o más o menos duradera y presentar afinidad con otras figuras delictivas como las coacciones.

Sin embargo, el elemento subjetivo del injusto es el factor determinante de la diferenciación pues la detención ilegal es una modalidad delictiva eminentemente dolosa que exige el propósito claro y definido de privar al sujeto de su capacidad deambulatoria ( SSTS. 16/2005 de 21.1 , 371/2006 de 27.3 ).

En este sentido la STS. 188/2005 de 21.2 , estima que no estando acreditado el ánimo de lucro, ni la intención de privar a la víctima de su libertad de movimientos, pero si la violencia para obligarla a hacer lo que no quería, el delito cometido es el de coacciones y no el de robo ni el de detención ilegal ( STS. 96/2005 de 3.2 ; 540/2006 de 17.5 ; 654/2006 de 16.6 ).

El delito de detención no ataca la libertad genéricamente considerada, sino solo un aspecto de ella, la de movimientos. Es pues, el principio de especialidad concertado con ese dolo, el que perfila la diferencia entre las coacciones y la detención ilegal, SSTS. 53/99 de 18.1 , 1239/99 de 21.7 , 371/2006 de 27.3 , 137/2009 de 10.2 que precisa: "que uno y otro delito constituyen delitos contra la libertad de las personas, de tal modo que el delito de coacciones es el género y el de detención ilegal es un delito especial que tiene por objeto privar a una persona de la libertad de deambulación. De ahí que la jurisprudencia haya precisado que la relación entre ambas figuras delictivas, más que por la duración o permanencia de la situación, se refiere al principio de especialidad, en el sentido de que lo que caracteriza fundamentalmente al delito de detención ilegal es la voluntad de privar de la libertad deambulatoria a una persona. El delito de detención ilegal no ataca la libertad personal genéricamente considerada, sino sólo un aspecto de ella, la de movimientos. Consiguientemente, es el principio de especialidad el que permite establecer la diferencia entre el delito de coacciones y el de detención ilegal".

Por tanto la duración de la detención no sirve para distinguirla necesariamente de la coacción, ya que, como hemos señalado, la detención es la consumación instantánea y no precisa por tanto de duración determinada; por eso se insiste por esta Sala en marcar la diferencia entre ambos tipos delictivos, atendiendo al principio de especialidad para apreciar la detención ilegal si los medios violentos se enderezaron a privar de otro de su voluntad ambulatoria ( SSTS. 445/99 de 23.3 ; 2121/2001 de 15.11 ), pero sin desdeñar el factor temporal o mínimo soporte temporal aunque valorado en la medida que sirve para explicar la intención de atentar entre la libertad de movimientos, más que referido solo a la duración en si ( SSTS. 53/99 de 18.1 , 801/99 de 12.5 , 655/99 de 27.4 , 610/2001 de 10.4 ).

Así en SSTS. 192/2011 de 18.3 y 167/2012 de 1.3 hemos dicho que no es difícil convenir en la fijación de cuerpo de doctrina jurisprudencial, diferenciando el delito de detención ilegal del de coacciones. a) Desde la perspectiva del bien jurídico protegido. La ofensa de la libertad de la víctima, es más genérica en la coacción y más específica en la detención ilegal. En este se refiere a la libertad de deambulación o traslado en el espacio, tanto si se obliga al sujeto a permanecer en un lugar como si le obliga a abandonarlo, trasladándose a otro. ( SSTS. /4/2006; 20/1/2009 ; 10/02/2009 y 27/10/2010 ); b) En cuanto al comportamiento tipificado se han subrayado diversas características en lo objetivo: 1ª.- la acción típica de la detención implica generalmente un acto material de encierro o internamiento, siquiera no de manera necesaria, pues también puede consistir en el impedimento para moverse en el espacio abierto, la detención por mera inmovilización ( STS de 1.10.2009 ); 2 ª.- para lo que no es ineludible el uso de fuerza o intimidación que debe concurrir en la coacción. ( SSTS de 02/11/1992 y 22/12/2009 ). Pero lo ineludible es que el constreñimiento de la libertad del sujeto pasivo provenga de una acción del sujeto activo, de tal suerte que el comportamiento de éste sea la causa de aquél por estar objetivamente y... también subjetivamente, ordenada a tal específico fin; 3ª.- Lo que se relaciona con el parámetro tiempo que, en la detención suele traducirse en una cierta persistencia de la privación de libertad, siendo más propio de la coacción su manifestación como actuación de efectos instantáneos. Siquiera aquél factor tampoco es ineludible en la detención ilegal, en cuanto se admite que es de consumación instantánea, diluyéndose entonces, en la práctica, la línea de separación entre ambas figuras delictivas ( SSTS 27/03/2006 y 22/12/2009 ). Por ello suele exigirse una duración que alcance el indeterminado canon de un mínimo relevante ( STS 08/10/2007 ); c) Cobra por ello relevancia el factor subjetivo que da sentido al comportamiento del sujeto activo. La funcionalidad del comportamiento a la estrategia del autor en cuanto ésta va precisamente encaminada a privar de la específica libertad de deambulación del sujeto pasivo. Ese proyecto criminal es el único exigido y debe diferenciarse de cualesquiera otros motivos concurrentes en el autor.

El delito de coacciones consiste en compeler, imponer, constreñir o presionar a otro para que lleve a cabo una conducta que no desee, sea justa o injusta, o impedirle la realización de los actos que quiere ejecutar, debiendo la acción típica revestir la necesaria intensidad para diferenciarla de la coacción leve ( STS. 167/2007 de 27.2 ).

La vis o fuerza empleada por el sujeto activo del delito de coacciones no sólo comprende los casos de violencia física como tal, sino que incluye cualquier ataque a la voluntad de la víctima, pues con ello también se limita su libertad. Y en este sentido, el concepto de violencia ha ido ampliándose para incluir también la intimidación o "vis compulsiva" e incluso la fuerza en las cosas o "vis in rebus" siempre que repercuta en la libertad de la persona para el pacifico disfrute de sus derechos ( SSTS. 628/2008 de 15.10 , 982/2009 de 15.10 ).

La mera restricción en la libertad de obrar supone de hecho una violencia y, por tanto, una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz y causal respecto al resultado perseguido ( STS. 843/2005 de 29.6 )."

También en la Sentencia del Tribunal Supremo 371/2006 de 27 Mar. 2006 se recoge esta línea fronteriza entre uno y otro delito señalando que:

"La detención ilegal desplaza a las coacciones siempre que la forma comisiva encerrar o detener afectan al derecho de libertad deambulatoria ( SSTS 1122/98 de 29.9 , 44/2002 de 25.1 ).

En definitiva la diferencia entre los delitos de detención ilegal y coacciones -ambos, infracciones lesivas del bien jurídico constituido por la libertad personal- ha sido analizada y clasificada en múltiples ocasiones por la doctrina de esta Sala y según esta jurisprudencia el delito de coacciones es el género y el de detención ilegal la especie.

Por lo tanto, es el principio de especialidad el que entra en juego cuando una u otra calificación se pueden proyectar sobre un mismo hecho. El delito de detención ilegal desplaza al de coacciones, siempre que la forma comisiva, representada por los verbos detener o encerrar, afecta no solo a la genérica libertad de hacer o no hacer sino al especifico derecho, incluido naturalmente en aquella libertad, de moverse y deambular seguir a la persona le plazca, a lo que se suele incorporar, no sin reservas, un cierto factor temporal porque la restricción de la facultad deambulatoria, para que integre el delito de detención ilegal, ha de tener una mínima duración difícil de precisar "a priori" antes de ponderar el conjunto de circunstancias que en cada caso puedan concurrir ( SSTS 30.1.03 , 9.12.02 )."

Aplicand o la anterior Jurisprudencia al presente, dado que toda la dinámica comisiva realizada por el acusado iba dirigida a poder acceder a Josefina y a su familia y a comunicarse con los mismos, lo que de otro modo no conseguía, ante la oposición de Josefina, imponiéndoles con dicha conducta a todos ellos un contacto y comunicación no deseada según se ha expuesto con anterioridad y, dado el contexto cómo se desarrollan los hechos, habiendo entrado el acusado al garaje a través de la puerta de dicha dependencia que se encontraba abierta, estando las tres víctimas en su interior; que los hechos se desarrollan en un breve espacio temporal no suficientemente determinado, si se tiene en cuenta que según manifestaron los testigos víctimas en su declaración ante la guardia civil, el acusado llegó a la vivienda sobre las 21,00 horas y así se recoge en la conclusión primera de los escritos de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y acusación particular elevada luego a definitivos, si bien en el acto de juicio la testigo víctima Julieta manifestó que acudió sobre las 20,30 o 20,45 horas sin poder precisar; que consta que a las 21,05 horas la patrulla de la guardia civil que acudió en el lugar de los hechos, recibió un aviso de la Central COS alertando de éstos, personándose en el lugar a las 21,20 horas, según resulta de la diligencia de exposición de hechos del atestado (f. 44); y que transcurren escasos minutos desde que acceden a la cocina y consigue Victoriano abalanzarse sobre el acusado y reducirlo, tras un forcejeo entre ambos al que se unió seguidamente Julieta y Josefina, logrando Josefina hacerse con el arma, la cual arrojó al exterior, resultando también lesionado en referido forcejeo el acusado según se acredita con el parte de atención continuada y parte de lesiones (f. 67 y 68 del atestado, acont. 1 DP) y, valorando también la actuación posterior de Victoriano, quien tras conseguir reducir al acusado y teniendo ya controlada la situación, permitió que éste permaneciera en el interior de la vivienda para que les explicara el motivo de su actitud, sacándolo luego de la vivienda y acompañándolo hasta la plaza del pueblo, según se desprende de lo manifestado por los testigos victimas en el acto de juicio; que incluso en las declaraciones de éstos prestadas ante la guardia civil, que le fueron puestas de manifiesto por la defensa del acusado en el acto de juicio, tanto Julieta como Josefina refirieron que tras reducirlo y sujetarlo, han permitido que se sentara en una silla mientras su esposo y padre respectivamente seguía sujetándolo dejando que se explicara (f. 10 y 14 del atestado respectivamente), habiendo declarado D. Victoriano ante la Guardia civil que " han conseguido reducirlo y sujetarlo al tiempo que le preguntaban el motivo de su actitud (...)" y que "Un rato después de haberlo reducido el denunciante ha decidido soltarlo con el fin de que se marchara de su domicilio, acompañándolo en el exterior hasta la plaza de la localidad (...)", extremos los indicados que impiden determinar con exactitud el tiempo exacto que pudo durar el ataque a la libertad de los testigos víctimas dado que la estancia del acusado en la vivienda de las víctimas se prolongó finalmente por voluntad de Victoriano, que durante un rato dejó que el acusado permaneciera en su domicilio para que les explicara el motivo de su actuación, entendemos que los hechos tienen mejor encaje en el delito de coacciones, que en el delito de detención ilegal que postula la Acusación Particular.

2 .-Por otro lado, los hechos contenidos en el apartado B de los Hechos probados, relativos a que el acusado encañonó con la escopeta a Josefina y a sus padres y les amenazó repetidamente con matarlos, son constitutivos de undelito continuado de amenazas graves no condicionales tipificado en el art. 169.2º CP en relación con el art. 74 CP, que castiga con pena de prisión de seis meses a dos años al que al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, cuando la amenaza no haya sido condicional.

La posibilidad de estimar la continuidad delictiva en el delito de amenazas es admitida por la Jurisprudencia, resumida en la STS 626/2023 de 19 de julio , en la que se transcribe parte de la STS 49/2019 de 4 de febrero , que a su vez cita las 15 37/1997, de 12 de diciembre , 832/1998, de 17 de junio , 234/2004, de 17 de marzo.

Conforme establece la STS 626/2023 de 19 de julio antes citada, " el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo ( STS 593/2003, de 16 de abril ), siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir "el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida" ( STS. 832/1998, de 17 de junio ). Es propiamente un delito de peligro, no un delito de lesión."

Los elementos de referido delito según indica dicha sentencia con cita de las SSTS 268/1999, de 26.2; 1875/2002, de 14.2.2003; 938/2004, de 12.7, son los siguientes:

"1º) respecto a la acción, se trata de una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo;

2º) por lo que hace a su naturaleza, es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo;

3º) desde el plano subjetivo, que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes;

4º) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de la antijuridicidad de la acción y la calificación como delictiva."

Asimismo se dice en dicha sentencia que se trata de un delito de los que mayor relativismo presenta, por lo que deberá atenderse a las circunstancias concurrentes en cada caso y que el dolo del tipo de amenaza no condicional resulta del propio tenor de las frases utilizadas y de la forma y momento en que son proferidos en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima. Y que la gravedad de la amenaza ha de valorarse en función de la ocasión en que se profiere, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores, dependiendo de la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza para el bien jurídico protegido, habiéndose decantado la jurisprudencia por la existencia del delito de amenazas graves cuando se está ante una amenaza grave, seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenazado.

En el caso enjuiciado, dado que la relación de amistad entre Josefina y el acusado se había roto el 10 de febrero de 2023, fecha desde la cual Josefina decidió no tener relación ni comunicación alguna con aquél a pesar de la insistencia y deseos de éste de comunicarse con ella y de que lo aceptara, el hecho de trasladarse el acusado desde la localidad de su residencia en Ciudad Rodrigo hasta la de Tenebrón donde vivía Josefina, haciéndolo de noche, exhibiendo una escopeta de caza repetidora que estaba municionada con cinco cartuchos y con el seguro en posición de disparo, accediendo a una vivienda ajena y encañonando con el arma a sus ocupantes ( Josefina, Julieta y Victoriano), a quienes compele para que accedan a la cocina, se tiren al suelo, se coloquen bridas, etc., actos durante cuyo desarrollo profiere en varios momentos frases diciéndoles que les mataba, siendo luego las víctimas golpeados por el acusado durante el forcejeo posterior, resultando afectada su integridad física, hemos de concluir que tales actos y expresiones revelan un propósito serio, firme y creíble de ocasionar un mal a las víctimas, siendo idóneos para violentar el ánimo de éstas, que se sienten intimidados, ocasionándoles intranquilidad, inquietud y zozobra al temer por su vida y que se cumplan las amenazas de muerte, siendo tales actuaciones reveladoras también del dolo en la conducta del acusado.

-Por último, las lesiones sufridas por Josefina, Julieta y Victoriano recogidas en el apartado B de los hechos probados, constituyen tres delitos leves de lesiones previstos y penados en el art. 147.2 CP ., que castiga con pena de multa de uno a tres meses al que " por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior", es decir, aquellas que no requieran objetivamente para su sanidad de tratamiento médico quirúrgico, concurriendo en el presente los elementos exigidos para apreciar este tipo delictivo.

Toda vez que no ha resultado acreditada la relación sentimental entre Josefina y el acusado, no cabe calificar las lesiones sufridas por Josefina como constitutivas del delito menos grave de lesiones del art. 153.1 y 2 CP, según calificaron definitivamente el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, sino que integra un delito leve de lesiones del art. 147.2 del mismo texto legal ya definido.

En el presente, de los testimonios de las víctimas corroborados por los partes de atención continuada, partes de lesiones e informes médicos forenses relativos a cada una de ellas, a que hemos hecho mención en el fundamento primero de esta Sentencia, se acredita la existencia de los tres delitos indicados, probándose que como consecuencia del forcejo entre el acusado por un lado y Josefina, Victoriano y Julieta, por otro, estos tres últimos sufrieron lesiones que menoscabaron su integridad física, precisando para su curación de una primera asistencia facultativa, concurriendo en el caso dolo en la conducta del acusado, que se infiere de los golpes dirigidos contra las víctimas en el curso del forcejeo, a tenor de las diversas lesiones que presentaban cada una de ellas y las diferentes zonas del cuerpo afectadas, lo cual revela bien la intención del acusado de menoscabar la integridad física de aquéllos (dolo directo) o al menos que siendo conocedor que con su actuación ponía en peligro la integridad física de los mismos y de la alta probabilidad de que pudiera ocasionar lesiones, aun así, continúo la acción aceptando dicho resultado de lesiones (dolo eventual).

CUARTO.-Participaci ón

De los delitos que se han considerado probados a que se ha hecho mención en los dos fundamentos precedentes, es responsable penalmente, en concepto de autor, el acusado Jose Pedro, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Código penal, conforme se acredita mediante las pruebas examinadas en el fundamento primero, cuyo análisis y valoración se da aquí por reproducidas.

QUINTO.-Circu nstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

No concurren en este caso circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Ya hemos expuesto en el fundamento primero de esta sentencia las razones que nos llevan a considerar que no se ha acreditado que el acusado llevara un disfraz que tapara su rostro el día de los hechos de modo que impidiera su identificación, las cuales hemos de dar por reproducidas en el presente, por lo que no cabe apreciar la agravante de disfraz del art. 22.2 CP que solicitaba la Acusación Particular.

También razonamos en el mismo fundamento, que no estaba acreditado que entre el acusado y Josefina hubiera existido una relación sentimental o de afectividad ni de pareja, dando por reproducidos en el presente lo argumentado al respecto en referido fundamento, lo que impide apreciar la agravante de parentesco del art. 23 CP que solicitaba el Ministerio Fiscal.

Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que para poder apreciar la agravante de parentesco, no bastaría la existencia de una relación sentimental o de noviazgo, sino que conforme establece la STS 748/2023 de 9 de octubre : "a los efectos de la apreciación de la agravante de parentesco, en la redacción actual del precepto, en el concepto de " personas ligadas de un modo estable por análoga relación de afectividad a la del matrimonio" no cabe incluir de modo automático todo tipo de relaciones de noviazgo, sino únicamente aquéllas relaciones sentimentales en las que concurra o haya concurrido un componente de compromiso de vida en común dotado de cierta estabilidad, que suele manifestarse por un inicio de convivencia, al menos parcial, y un grado de afectividad semejante y generador de una vinculación familiar, mostrando la realidad social que muchas relaciones de noviazgo, más o menos fugaces, carecen de las características necesarias para que puedan ser consideradas como relaciones de afectividad análogas a la marital a los efectos de la aplicación de la agravante de parentesco, como señala la sentencia de instancia. Y ello porque la circunstancia mixta tiene un ámbito y finalidad diferente de la agravación de género prevenida para supuestos específicos en el art 153 y concordantes, sin que puedan extenderse analógicamente a la agravante genérica las tipologías incluidas en este precepto."

QUINTO.- Penalidad

Para la individualización de las penas, el art. 66.1.6º del CP establece que en la aplicación de la pena de los delitos dolosos, cuando no concurran atenuantes ni agravantes, los Jueces y Tribunales aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

En caso de delitos leves, establece el art. 66.2 CP, que aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.

-Teniendo en cuenta lo anterior y, por lo que se refiere al delito leve de coacciones de carácter continuado, dado el número y reiteración de los mensajes por whatsApp enviados por el acusado al teléfono de Josefina tendentes a doblegar su voluntad, a pesar de que ésta firmemente le había dicho al acusado que no quería comunicarse con el mismo, mensajes que fueron enviados durante más de cinco días y, aplicando la regla penológica prevista en el art. 74.1 CP para el delito continuado, conforme al cual se ha de imponer la pe na señalada para la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado, consideramos proporcionado imponer al acusado la pena de Multa en su extensión máxima de tres meses que prevé el art. 172.3 CP. a razón de una cuota diaria de 6 € con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Y de conformidad con el art. 57 CP en relación con el art. 48 del mismo texto legal, se impone la prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros de Dª Josefina, de su domicilio o lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma durante un tiempo de seis meses.

-Por cada uno de los tres delitos de coacciones del art. 172.1 CP, previendo este tipo delictivo una pena de Prisión de seis meses a tres años o Multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, dada la gravedad de los actos desarrollados por el acusado en la comisión de estos delitos, atendiendo al empleo del arma de fuego municionada con cartuchos que utilizo para doblegar la voluntad de las víctimas, a que les ordenó tirarse al suelo y la colocación de bridas en las muñecas y amordazó a una de las víctimas, actuando de noche y cometiendo el delito en el interior de la vivienda de las personas coaccionadas, tales circunstancias son reveladoras de la gravedad de los hechos, por lo que consideramos proporcionado imponer al acusado una pena de un año y seis meses de Prisión por cada uno de estos delitos con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56.1.2º CP); asímismo, de conformidad con el art. 57 CP en relación con el art. 48 del mismo texto legal, se le impone la prohibición de aproximarse a 300 metros de Dª Josefina, D. Victoriano y Dª Julieta, de sus respectivos domicilios o lugares de trabajo o cualquier otros frecuentados por éstos por cualquier medio, por tiempo de dos años por cada delito.

-Por el delito continuado de amenazas graves no condicionales del art. 169.2 CP que prevé una pena de Prisión de seis meses a dos años, en atención a la continuidad delictiva del art. 74 CP, procede imponerle la pena de Prisión de un año y seis meses de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 56.1.2º CP) y de conformidad con el art. 57 CP, se le impone la prohibición de aproximarse a 300 metros de Dª Josefina, D. Victoriano y Dª Julieta, de sus respectivos domicilios o lugares de trabajo o cualquier otros frecuentados por éstos por cualquier medio, por tiempo de dos años.

-Por cada uno de los tres delitos leves de lesiones del art. 147.2 CP, atendiendo a la entidad y alcance de las lesiones sufridas por Josefina, Julieta y Victoriano, al número de ellas que presentan y la zona afectada, así como las circunstancias en que las mismas se producen (de noche y en la vivienda de los sujetos pasivos), estimamos proporcionado imponer al acusado una pena de Multa de tres meses con cuota diaria de 6 € con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas ( art. 53.1 CP) y de conformidad con el art. 57 CP en relación con el art. 48 del mismo texto legal, se impone la prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros de Dª Josefina, Dª Julieta y D. Victoriano, de su domicilio o lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por los mismos durante un tiempo de seis meses.

Para la fijación del importe de la cuota multa, se ha atendido a la capacidad económica y circunstancias personales del acusado ( art. 50.5 CP), quien percibía un salario de la empresa Lasarte para la que trabajaba y es propietario de una vivienda según se deduce de la nota registral unida en el acontecimiento 20.4 de las D.P., lo que revela que tiene capacidad para afrontar el pago de la cuantía de las multas impuestas, siendo la misma proporcionada a su capacidad económica, estando la misma dentro del tramo mínimo que prevé para la cuota-multa el art. 50.4 CP.

Se decreta el comiso y destrucción de las armas intervenidas, dándoles el correspondiente destino legal ( art. 127 CP).

SEXTO.-Responsabilidad civil

De acuerdo a lo establecido en el artículo 116 del Código penal, toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios, estableciendo el art. 113 CP, que la indemnización de los perjuicios materiales y morales comprenderá no solo los causados al agraviado, sino también los causados a sus familiares o terceros.

La jurisprudencia ( STS núm. 480/2013, de 21 de mayo), tiene establecido que la acción civil participa de todas las características propias de su naturaleza, y consecuentemente, su ejercicio y resolución debe ajustarse a los preceptos civiles que le son propios, salvo las reglas especiales que existen en el proceso penal, resultando aplicables a las indemnizaciones civiles dimanantes de un proceso penal los principios dispositivo, de rogación y de congruencia.

De este modo, habiendo solicitado el Ministerio Fiscal y Acusación Particular diferentes cantidades en concepto de indemnización civil derivada de los delitos de lesiones, procede en aras a otorgar seguridad jurídica, determinar el importe indemnizatorio aplicando el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en la nueva redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y en concreto la tabla 3.A del Anexo de la citada norma, que fija en 35,71 € /día la indemnización del perjuicio personal básico, según Resolución de 12 de enero de 2023 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a lo que se ha de añadir un plus por el carácter doloso en la causación de las lesiones y por tanto un incremento en su cuantificación, tal y como señala, entre otras la STS 7 de febrero de 2019 (rec 3055/2017), que remitiéndose a su vez a las SSTS 382/2017, de 25 de mayo y 314/2012 , de 20 de abril, establece que la aplicación de referido Baremo tiene carácter meramente orientativo y matiza en materia de delitos dolosos, la conveniencia de cierto incremento respecto de los importes inicialmente establecidos, con base en el mayor dolor (daño moral) que el padecimiento de esta clase de conductas, intencionadas, pueden originar en el ánimo de quien las sufre, frente a las meramente imprudentes.

Por lo que, teniendo en consideración la anterior Jurisprudencia y de acuerdo con los días de curación de los lesionados y el perjuicio personal básico que respecto de cada uno de ellos se determinó en el respectivo informe del médico forense, así como el perjuicio estético ligero que las lesiones ocasionaron a Victoriano, fijadas en un punto según determina el informe médico forense correspondiente a este lesionado (acontecimientos 40.1, 41.1, 42.1 DP) y, tomando como base con carácter orientativo las cuantías indemnizatorias establecidas en el citado baremo, consideramos procedente incrementarlas en un 20% por el mayor daño moral ocasionado al tratarse de infracciones penales dolosas, de modo que fijado en el baremo la cantidad de 35,71 €/día cada día de perjuicio personal básico, la indemnización que corresponde a Josefina asciende a 214,26 € (178,55 € por los 5 días de perjuicio personal básico, más el 20% de dicha cantidad (35,71 €)); la cantidad a indemnizar a Julieta asciende a 299,96 € (249,97 por los 7 días de perjuicio personal básico más el 20% de dicha cantidad (49,99)), y la cantidad a indemnizar a Victoriano asciende a 1.468,18 € (357,10 € por los 10 días de perjuicio personal básico, más 866,39 € por un punto de perjuicio estético, más el 20 % de referidas cantidades (244,7))

Las referidas cantidades devengarán el interés legal previsto en el art. 576 LEC.

SÉPTIMO.- Costas

Por aplicación lo dispuesto en los artículos 123 del Código PenalLegislación citadaCP art. 123 y 239 y siguientes de la LECrimLegislación citadaLECRIM art. 239, conforme a los cuales las costas procesales se entienden impuestas por ministerio de la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, se condena al acusado al pago de una las costas del procedimiento.

Vistos los razonamientos jurídicos expuestos, preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación