Sentencia Penal 70/2024 Audiencia Provincial de Toledo. Tribunal Jurado, Rec. 2/2021 de 16 de abril del 2024

PRI MERO.- El principio de presunción de inocencia otorga a toda persona acusada de un delito o falta que sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley ( STS, núm. 1752/2019, de 29 de mayo), y, por lo tanto, después de un proceso justo ( STC 153/2009, de 25 de junioJurisprudencia citadaSTC, Pleno, 25-06-2009 ( STC 153/2009) , FJ 5), de acuerdo con lo que disponen el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos HumanosLegislación citadaDUDH art. 11, el artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades FundamentalesLegislación citadaCEDH art. 6.2, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosLegislación citadaPIDCP art. 14.2.

En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, la presunción de inocencia se configura como el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable ( SSTC 78/2013, de 8 de abril, FJ 2Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 08-04- 2013 ( STC 78/2013), y 185/2014, de 6 de noviembreJurispru dencia citadaSTC, Pleno, 06-11-2014 ( STC 185/2014)). Es preciso, por tanto, que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y, consecuentemente, válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables.

La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante ( SSTS 154/2012, de 29 de febreroJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 29-02- 2012 (rec. 11626/2011), y 390/2009, de 21 de abrilJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 21-04-2009 (rec. 10691/2008)) requiere una triple comprobación:

a) Que el Tribunal de instancia ha basado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él;

b) Que dichas pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica;

c) Que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no sea, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

E n consonancia con lo expuesto, el art. 70.2 de la L.O. 5/1995 del Tribunal del Jurado, dispone que, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo, exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia. Así ha ocurrido en el caso de autos, por cuanto que los jurados, para alcanzar su convicción fáctica, han tenido en cuenta la prueba practicada en el acto del juicio oral, reflejando a través de la misma que han llegado a un juicio de certeza sobre los hechos que han declarado probados.

C onforme a lo previsto en el citado art. 70.2 LOTJ, se considera que la motivación expresada por el Tribunal del Jurado cumple con el derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce el art. 24.1 CE, en su dimensión del derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, ya que se indican las pruebas y las razones que llevan a la convicción expresada en el veredicto, de forma suficiente, racional y motivada, como establece la ley para este tipo de procedimiento penal. Es por ello por lo que en esta resolución se hace expresa remisión al acta adjunta al veredicto, donde se determina la prueba con la que se consideraron probados los hechos sometidos a la consideración del Jurado.

L os hechos declarados probados por el Tribunal del Jurado integran diferentes delitos, por lo que va a procederse al examen por separado del acervo probatorio en relación con cada una de las infracciones penales objeto de acusación aludiendo, en primer lugar, a las pruebas aludidas por los miembros del Jurado para fundamentar su veredicto, cuya relevancia y contenido serán detallados en la presente sentencia, en los términos admitidos por nuestro Tribunal Supremo, el cual ha admitido que el magistrado presidente del Tribunal del Jurado efectúe un cierto desarrollo de las razones por las que el jurado ha emitido su veredicto, al afirmar: " la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado - hemos dicho en numerosos precedentes, de los que las SSTS núm. 1385/2011, de 22/12 , núm. 816/2008, de 2/12 y núm. 132/2004, de 4/02 , son elocuentes muestras- viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción, y una sucinta explicación de las razones por las que los Jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente, al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los Jurados, y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias, que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar, con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los Jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados de prueba" ( STS de 5/03/2020) .

Asimismo, se introducirá en la motivación concerniente a la valoración probatoria de pruebas no mencionadas por los jurados en el acta, las cuales, si bien no fundamentan el pronunciamiento de culpabilidad emitido por los integrantes del Tribunal, sí han justificado que el presidente del Jurado haya incluido cada uno de los hechos que conforman el objeto del veredicto, de conformidad con lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley del Tribunal del Jurado, la cual indica: "... la preocupación en la ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto...".

En virtud de tales parámetros se analizará la prueba desarrollada en el presente procedimiento, siempre partiendo de los términos en los que ha sido valorada por el Tribunal del Jurado.

Los documentos que se mencionan en el redactado de la presente resolución se numeran conforme constan en la plataforma Horus (visor) del procedimiento del Jurado número 1/2020, del Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas.

SEGUNDO.- Se acusa a Alvaro y a Luis Miguel de un delito de asesinato sobre Felisa. El primero en calidad de inductor y el segundo como autor material del mismo.

El delito de homicidio, en el que el hecho básico es la acción de matar a otra persona, precisa la concurrencia de los siguientes elementos (STAP Madrid, Sección 26, núm. 105/2021, en el Sumario núm. 1369/2020):

a .- Una acción del sujeto activo que vaya dirigida a privar de la vida a otra persona;

b .- Un resultado de muerte del sujeto pasivo de la acción;

c .- Una relación de causalidad entre acción y resultado; y

d .- Ánimo de matar en el sujeto activo, o animus necandi, que concurre tanto en el supuesto de dolo directo, como en el eventual. A este respecto, la jurisprudencia señala ( STS núm. 481/1997 de 15/04), que dicho dolo comprende, no solo el resultado directamente querido, o necesariamente unido a él, sino también el representado como probable y, sin embargo, consentido. Este elemento anímico, pues, tiene dos modalidades: la intención directa, constituida por el deseo y la voluntad de dar muerte, y la indirecta, que surge cuando el agresor se presenta como probable la eventualidad de la muerte, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción. La distinción entre estas dos modalidades de dicho elemento carece de trascendencia a la hora de valorar la responsabilidad criminal.

L a cuestión principal que el dolo del homicidio/asesinato suscita es el de su prueba, ya que no es susceptible de ser verificado directamente, o directamente percibido por los sentidos, debiendo acreditarse indirectamente, o por indicios, por lo que la doctrina para su concurrencia atiende "al conjunto de circunstancias que hayan rodeado la perpetración del hecho, teniendo en cuenta además cuantos actos del agresor, anteriores, simultáneos o posteriores a la acción ofrezcan alguna luz sobre... sus pensamientos" ( STS 23/11/1992), determinando. entre ellos, a título de meramente ejemplificativo, sin vocación de numerus clausus, las relaciones existentes entre el autor y la víctima; la clase y dimensiones del arma empleada y sus características; el lugar o la zona del cuerpo hacia los que se dirigió la acción ofensiva, o la conducta posterior observada por el infractor. Se entiende que éstos son criterios comunes, o pautas, a considerar para poder obtener -o excluir, en su caso- el dolo de matar, a partir de los indicios que suministran. Y sin obviar, tal y como reconoce la doctrina ( STS 21/04/2003) que "la opción por el ánimo de matar, excluyendo el propósito de lesionar, debe inducirse de una serie de circunstancias externas y objetivas que permiten adoptar una decisión con bases más sólidas, que la de tratar de internarse en la mente del autor que, casi siempre negará el ánimo homicida refugiándose, como es lógico, en la alternativa más favorable a sus intereses".

A mayor abundamiento, debe señalarse que la jurisprudencia ( STS, Sección 1ª, núm. 666/2019 de 14/01) afirma que "el dolo de matar, cuando existen datos sugestivos de que pudiera haber concurrido y el autor del hecho lo niega, debe obtenerse por inducción a partir de aquéllos. Para ello, cabe tener en consideración dos hechos objetivos, como hechos básicos, en la prueba de indicios: de un lado, la clase de arma utilizada y, de otro, el lugar de cuerpo elegido para el mencionado golpe, que ha de ser una zona vital, como la cabeza o el tronco, donde se albergan órganos cuya lesión puede determinar la pérdida de la vida humana" ( SSTS núm. 261/2012, de 2/02, núm. 554/2014, de 27/03 y núm. 565/2014, de 27/03).

TERCERO.- Nos centraremos en el presente fundamento en el análisis de la inducción que, respecto del homicidio de Felisa, es imputado al Sr. Alvaro.

Respecto de los inductores del delito de homicidio o asesinato, los mismos responden de dicho delito, conforme a lo establecido en el art 28 a) del Código Penal, por haber sido ellos los que hicieron surgir en el autor material de la aludida infracción penal la voluntad de matar. La inducción consiste en hacer nacer en otro la resolución criminal. El inductor es quien determina al autor a la comisión de un hecho delictivo creando en él la idea de realizarlo. La inducción debe ser directa y terminante, referida a una persona y a una acción determinada. Por ello, la inducción es la creación del dolo en el autor principal mediante un influjo psíquico idóneo, bastante y causal, directamente encaminado a la realización de una acción delictiva determinada. Precisa que el inducido realice, efectivamente, el tipo delictivo a que ha sido incitado y que el inductor haya actuado con la doble intención de provocar la decisión criminal y de que el crimen efectivamente se ejecute.

En relación con Alvaro, el Jurado ha considerado acreditado su rol como inductor en la causación de la muerte de Felisa en base a la confesión del propio acusado y en la declaración del propietario del locutorio donde el Sr. Alvaro adquirió dos teléfonos móviles que empleó para comunicarse con Luis Miguel.

Como reseña el Jurado, Alvaro, durante su declaración en el juicio oral, admitió los hechos que se le imputan en esta causa, reconociendo que tiene el apodo de " Bigotes", que encargó a Luis Miguel que matara, a cambio de una cantidad de dinero, a Felisa y a su hijo Teodosio, para lo cual ofreció a Luis Miguel información sobre la vida de Felisa. Asimismo, reconoció que, antes de que Luis Miguel matara a Felisa, acompañó a Luis Miguel hasta la localidad de DIRECCION011. Y también expresó que adquirió dos teléfonos móviles en un locutorio, sito en DIRECCION006, a fin de facilitar la comunicación con Luis Miguel con motivo del encargo que le encomendó. De hecho, cuando ejecutó el mismo, momento en el que Alvaro ya estaba en Barcelona, refirió que Luis Miguel lo llamó y le dijo: " ya está, ya está, luego te llamo."

El propietario del locutorio donde Alvaro adquirió los dos teléfonos móviles marca Alcatel y dos tarjetas (con la finalidad de comunicarse con Luis Miguel) asumió, efectivamente, dicha compra, que tuvo lugar el 2 de mayo de 2018, ratificando la diligencia de reconocimiento en rueda de Alvaro que tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción (acontec. 253 de los autos).

CUARTO.- Respecto del delito de homicidio imputado a Luis Miguel, en calidad de autor material de la muerte de Felisa, el Jurado ha reseñado, como base para considerarlo autor del mismo, su propia confesión, así como a la existencia del arma que fue incautada por la Guardia Civil y las consideraciones del informe de balística elaborado por la Policía Judicial, que constata la compatibilidad de los casquillos encontrados en el lugar del crimen con la pistola que fue aprehendida al Sr. Luis Miguel. También en el informe que, emitido por la Guardia Civil, detectó residuos de disparos en el cuerpo y ropas de Luis Miguel. Y, asimismo, en el atestado que, tras la inspección ocular, fue elaborado por la Guardia Civil, que identificaba el modo en el que las ventanillas del vehículo quedaron afectadas por los disparos efectuados por el acusado.

Ciertamente, Luis Miguel expresó en sus manifestaciones que Alvaro le encargó matar a Felisa y a su hijo Teodosio, para lo cual le entregó un móvil para comunicarse con él y le concretó aspectos de la vida personal de Felisa. Expresó que se desplazó con Alvaro hasta DIRECCION007, que la pistola que empleó la localizó enterrada en un lugar que le indicó Alvaro y que, blandiendo dicha pistola, descargó todo el cargador ("salieron todas las balas") sobre el vehículo de Felisa, aunque matizó que él sólo quería disparar dos veces.

Los informes que, sobre pruebas biológicas, han sido elaborados en la causa, fueron ratificados por sus autores, los guardias civiles NUM015, NUM016 y NUM017. Tales informes objetivan la existencia de residuos de disparo en las ropas, manos, rostro y cabellos de Luis Miguel cuando fue detenido, la existencia de muestras orgánicas procedentes de Luis Miguel en el Seat Ibiza en el que Luis Miguel se desplazó hasta sufrir un accidente de tráfico en el municipio de DIRECCION014 y la existencia de similares muestras orgánicas en la batería del móvil que portaba Luis Miguel cuando fue detenido. La recogida de muestras biológicas y huellas en el Seat Ibiza consta documentada en el atestado número NUM018 del visor, donde también se contienen los informes que concluyen que en el vehículo aludido existían numerosas huellas procedentes de Luis Miguel. Los análisis del perfil de ADN de las muestras orgánicas recogidas en el vehículo Seat Ibiza están incluidas en el informe unido con el número NUM019 del visor. El informe obrante en el acontecimiento 303 identifica el perfil de ADN de Luis Miguel en la batería del teléfono Alcatel que éste portaba. Y en el informe que obra en el acontecimiento nº 427 del visor se constata la existencia de muestras de residuos de disparo (antimonio, bario y plomo) en las prendas que portaba Luis Miguel en el momento de su detención y en otras prendas que se encontraban en el interior de una maleta que se halló en el vehículo Seat Ibiza matrícula NUM010, así como en las propias manos del Sr. Luis Miguel.

Los agentes de la Guardia Civil que declararon en la vista confirmaron múltiples datos que se deducen de las declaraciones de los propios acusados. Así, el Guardia NUM016 describió la inspección ocular que se desplegó en el lugar de los hechos, a la que alude el jurado indirectamente al mencionar en el acta a la ventanilla del vehículo desde el que salió Luis Miguel y a los diferentes casquillos de bala que fueron localizados y analizados. La inspección ocular está documentada en el atestado obrante en el acontecimiento nº 207 del procedimiento del Juzgado de Illescas.

Las pruebas anteriormente mencionadas permiten considerar acreditado, no sólo el homicidio de Felisa, sino también su autoría material, al concurrir en la conducta desplegada por Luis Miguel los elementos consustanciales al delito de homicidio, expuestos en el fundamento precedente.

Ha justificado, en todo caso, la inclusión del hecho concerniente a la muerte de Felisa en el objeto del veredicto otras diligencias de prueba que se mencionan a continuación. En primer lugar, el testimonio de los guardias civiles con TIP NUM020 y NUM021 -que dirigieron la inspección ocular del vehículo Seat León de donde salió el Sr. Luis Miguel con la pistola para tirotear a Felisa y a su hijo Teodosio-, quienes expresaron que localizaron en el lugar de los hechos 8 casquillos de bala y 7 proyectiles.

También deben reseñarse en este ámbito las manifestaciones ofrecidas por los guardias civiles de DIRECCION015, NUM022 y NUM023, quienes aportaron datos relativos al accidente de tráfico que sufrió el citado anteriormente Seat Ibiza, y el de los guardias NUM024, NUM025 y NUM026, que narraron la forma en que se produjo la detención del Sr. Luis Miguel en la estación de autobuses de DIRECCION014, indicando los enseres que Luis Miguel portaba en aquel momento, entre ellos, una bolsa verde que contenía la pistola que fue aprehendida, ropa y uno de los móviles que Alvaro adquirió en el locutorio localizado en DIRECCION006. Estos últimos guardias son los que, además, tomaron muestras procedentes de la mano y ropa del Sr. Luis Miguel para su ulterior análisis.

También compareció en la vista oral el guardia civil NUM027, que tomó muestras orgánicas en distintas zonas del Seat Ibiza para la identificación del perfil de ADN que pudiera hallarse en las mismas.

Merecen también una específica alusión los datos relativos a la detención de Luis Miguel (que obran como anexo en los folios 97 y siguientes del atestado que obra en el acontecimiento 3 del visor y también en el atestado localizado en el acontecimiento 164 del visor), los cuales fueron confirmados por los Guardias Civiles anteriormente aludidos, que permiten deducir que Luis Miguel portaba un arma compatible con la que originó la muerte a Felisa, en los términos aludidos por el jurado en su veredicto.

El testimonio de Teodosio, hijo de Felisa, quien presenció los hechos y sobrevivió al tiroteo de que fue objeto el vehículo en el que se encontraba el día de los hechos relató el modo en el que un vehículo se interpuso en su trayectoria y una persona, a continuación, se aproximó al vehículo y disparó a su madre y a él.

Los informes que, sobre investigación tecnológica, ha elaborado la policía judicial de la Guardia Civil han evidenciado la procedencia de incluir el hecho concerniente a la muerte de la Sra. Felisa en el objeto del veredicto. Los mismos obran en el folio 53 y siguientes del atestado contenido en el acontec. 202 de las actuaciones del Juzgado de Illescas y en el acontecimiento 304 del visor. Tales informes, que fueron ratificados en el juicio oral por los guardias TIP NUM028 , NUM029 y el NUM030, analizan las comunicaciones que mantuvieron, el día de los hechos, Alvaro y Luis Miguel empleando los dos teléfonos Alcatel adquiridos por el primero en el locutorio ubicado en DIRECCION006, así como la proximidad espacial que se produjo en aquella fecha entre un terminal telefónico que Alvaro tenía entonces contratado a su nombre y uno de los teléfonos Alcatel adquirido en el locutorio, lo que permite inferir que Alvaro fue el que empleó en tal momento los dos teléfonos simultáneamente. Estos informes también verifican que los dos terminales Alcatel se encontraban en DIRECCION007 el día 3 de mayo y que el día 4 del mismo mes uno de los dos se localizó en Barcelona, dato que permite deducir que Alvaro viajó con Luis Miguel hasta DIRECCION007 y que, posteriormente, el primero regresó a Barcelona.

Debemos incluir, en la enumeración de pruebas justificativas del objeto del veredicto, el informe forense relativo a Felisa (doc. 9 y 330 visor), que identifica en el cuerpo de Felisa 7 orificios de proyectiles de entrada y 3 de salida, y que describe las trayectorias de aquellos que más gravemente afectaron a la finada. Este informe ha de integrarse con el elaborado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (folios 127 y siguientes del acontecimiento 1354 del visor).

QUINTO.- Alvaro y Luis Miguel son acusados, asimismo, en calidad de inductor el primero y de autor material el segundo, de un delito de homicidio en grado de tentativa sobre Teodosio.

S obre el grado de ejecución de la infracción penal declarada probada, la jurisprudencia ( STS núm. 1221/2011, de 15/11) afirma que la tentativa requiere de los siguientes elementos:

a) l a existencia de una decisión de cometer el delito, esto es, el dolo dirigido a la realización del supuesto de hecho típico;

b) l a transformación de la decisión en una acción que, no solo sea preparatoria, sino que constituya un comienzo de la ejecución propia del delito, ya que es claro que en la tentativa siempre habrá fallado algo, de modo que no se puede mantener, en sentido físico, que se han desplegado todos los actos que debieran dar como resultado el delito, y éste no se ha efectuado, aunque se haya realizado el despliegue de la actividad criminal por parte del autor.

M antiene la jurisprudencia ( STS núm. 466/2014, de 12/06) que, para determinar la distinción entre los distintos tipos de tentativa -acabada e inacabada-, es necesario atender al plan del autor para distinguirlo de otros tipos delictivos, y conocer las características internas de lo querido por el agente, además de la objetivación de la actividad desplegada.

A mayor abundamiento, la doctrina jurisprudencial ( STS núm. 522/2007, de 2/11) sostiene que "el art. 16 CP define la tentativa asimilando los supuestos en que el sujeto realiza la totalidad de los actos de ejecución y aquellos en los que no todos esos actos son ejecutados. En todo caso, los actos han de ser de tal naturaleza que objetivamente deberían producir el resultado. Es decir, que, mientras no exista esa idoneidad y, por ello, peligro de que ocurra el resultado, no se habrá alcanzado la frontera o límite mínimo del acto sancionable con pena. Y, de producirse el resultado, se habrá rebasado la frontera o límite máximo de la tentativa. Entre uno y otro límite se produce un "continuum", un iter, con posibles diversos grados de ejecución, sin que se pueda acudir a criterios indubitados, que permitan señalar la frontera interior entre lo que doctrinalmente se conoce como tentativa acabada y tentativa inacabada, pese a la reconocida relevancia que, ya en sede de normas sobre aplicación de penas, establece el art. 62 del Código Penal , diferenciando éstas en función de aquel peligro y del grado de ejecución".

L a resolución del TS, citada en el párrafo precedente, delimita conceptualmente las dos modalidades de tentativa, expresando: "...como se dijo en la STS núm. 798/2006 de 14/07 , esta Sala se ha hecho eco de la distinción doctrinal entre tentativa acabada y tentativa inacabada. La primera equivaldría a la antigua frustración en la que los actos de ejecución están completados, y la inacabada, aquella en la que no ha existido una ejecución completa. Por ello, la tentativa acabada, exponente de una mayor temibilidad en el sujeto, supondría la imposición de la pena inferior en un sólo grado, y la incompleta en dos grados ( ATS 1574/2000 de 9/06 , SSTS núm. 558/2002 , núm. 1296/2002 de 12/07 , núm. 1326/2003 de 13/10 y núm. 409/2004 de 24/03 ). Sean o no categorías conceptualmente diferenciables, cuando se realiza la valoración necesaria a los efectos de determinación de la pena, lo que resulta trascendente es que aquella se realice ex ante. Así, en la STS núm. 1060/2003 de 21/07 (en que se dilucidaba la idoneidad) se dijo que el peligro inherente a la acción, o capacidad para producir el resultado entendida como aptitud para ocasionarlo, valorada ex ante por un observador objetivo, es lo que debe ser considerado, y no el estado de peligro real en que se sitúe al bien jurídico...", manteniendo, a su vez, que lo que resulta menos relevante es el número de actos que integran el comportamiento del autor, porque lo esencial es la potencialidad objetiva en relación con el resultado al que el autor ordena su comportamiento. Éste puede constituirse por un solo acto y, sin embargo, constituir la modalidad merecedora de más grave pena (rebaja en un solo grado), como dijimos en nuestras STS núm. 166/2004 de 16/02 "...cuando uno de los actos realizados hubiera podido producir el resultado. Ello es claro en el presente caso, dado el carácter mortal, no cuestionado por el recurrente, de las lesiones producidas dolosamente por el acusado a la víctima...", y en la STS núm. 81/2006 de 27/01 , que "...repetidamente hemos sostenido en nuestros precedentes que la tentativa será acabada según el grado de ejecución realmente alcanzado, es decir, que cuando uno de los actos realizados hubiera podido producir el resultado...cabe ya hablar de tentativa acabada".

El Jurado ha considerado probado que Luis Miguel intentó acabar con la vida de Teodosio y que, asimismo, Alvaro se incitó a hacerlo. Ha fundamento su veredicto en la confesión de Luis Miguel, tanto para entender como acreditada la autoría de este delito como la intención que el Sr. Luis Miguel tenía cuando disparó sobre Teodosio. En efecto, el Sr. Luis Miguel reconoció este hecho y también que su intención alcanzaba a causar la muerte, asimismo, del hijo de Felisa que le acompañaba en el vehículo que esta última conducía.

El Jurado también ha considerado acreditadas las lesiones padecidas por Teodosio. Relevantes fueron tales lesiones, descritas en el informe médico obrante en el folio 78 del atestado obrante en el acontecimiento 3 del visor. Los forenses autores del dictamen médico especificaron en la vista que uno de tales proyectiles que fueron disparados atravesó la zona abdominal de Felisa, incidió después en las piernas de su hijo Teodosio y se alojó -finalmente- en uno de los gemelos de este último. Este informe médico reconoce que Teodosio tuvo que ser sometido a tratamiento médico, como consecuencia de las lesiones que padeció por arma de fuego, y que requirió para su total sanidad un período de sanidad de 30 días, en relación con las lesiones físicas, y un período de 60 días por trastorno psiquiátrico. En total, 90 días, quedándole una secuela perjuicio estético y un trastorno adaptativo por sintomatología postraumática (acontecimiento 939 del visor).

A continuación, nos referiremos a distintas pruebas que han justificado incluir este hecho en el objeto del veredicto. En primer lugar, las pruebas aludidas en el fundamento de derecho precedente, en la medida en que el ataque contra la integridad física de Teodosio se desplegó con ocasión del mismo plan preconcebido y desplegado por parte de los dos acusados, Luis Miguel y Alvaro, para atentar contra la vida de Felisa.

Además, los guardias civiles NUM031 y NUM032 ratificaron el informe de balística obrante en las actuaciones y especificaron que el arma que empleó Luis Miguel no dispara por ráfagas, puesto que es semiautomática, de donde se deduce que los distintos y múltiples disparos que efectuó Luis Miguel con la pistola fueron realizados de forma intencionada.

A la luz de tales consideraciones y, atendiendo a los actos que, efectivamente, fueron ejecutados tanto por Luis Miguel como Alvaro, concluimos que ambos han de ser considerados como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa acabada sobre Teodosio, conforme a los parámetros jurídicos desarrollados por nuestra doctrina jurisprudencial, anteriormente expuestos, sobre esta figura delictiva.

SEXTO- Solicitan todas las acusaciones que el homicidio sobre Felisa y la tentativa de homicidio respecto de Teodosio sean calificados en este caso como un delito de asesinato, en virtud de la existencia de dos circunstancias agravantes específicas que vienen descritas en el artículo 139.1 del Código Penal. La alevosía y el precio. En el presente fundamento nos referiremos a la primera.

La alevo sía es definida por nuestra jurisprudencia, como "la utilización de medios, modos o formas de ejecución, que aseguran la realización del delito, porque no hay riesgo para el sujeto activo del hecho que procediera de la defensa que pudiera hacer el ofendido". Tal definición legal refiere invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos ( SSTS núm. 314/2015, de 4/05, núm. 155/2005 de 15/02, y núm. 375/2005 de 22/03, y más recientemente las SSTS núm. 688/2019, de 20/12, núm. 696/2018, de 26/12, núm. 195/2019, de 9/04, núm. 282/2019, de 13/06, y núm. 12/2020 de 23/01):

a) e n primer lugar, un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las personas;

b) e n segundo lugar, un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad;

c) e n tercer lugar, un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte, no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando, así, conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Es decir, el agente ha de haber buscado intencionadamente la producción de la muerte a través de los medios indicados o, cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del resultado sin riesgo;

d) e n cuarto lugar, un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del "modus operandi", conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS núm. 1866/2002 de 7/11).

De lo expuesto, se entiende que la esencia de la alevosía radica, o bien en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes ( STS núm. 178/2001 de 13/02).

Como señala la STS 10642/2022 con referencia a STS 418/2020, 21 de julio, "... en nuestro esfuerzo metódico por situar la aplicación de la agravante en sus justos términos, debemos recordar que, para la apreciación de la alevosía, que convierte en asesinato el homicidio, hay que atender, no tanto al mecanismo concreto homicida, como al marco total de la acción. La alevosía -la elección de una forma dirigida a eliminar las posibilidades de defensa- ha de referirse a la agresión homicida contemplada como un todo, y no a sus últimos eslabones. Hay que fijarse en el episodio en su conjunto, y no solo en los avatares que preceden inmediatamente al fallecimiento o en aquellos que son antesala de un dolo homicida aún no apreciado. Es el episodio homicida, en concreto, el que debe merecer la catalogación de alevoso. Ni momentos anteriores en los que no había surgido aún un propósito homicida; ni tampoco exclusivamente los instantes inmediatamente precedentes al último aliento vital".

La jurisprudencia (las SSTS núm. 282/2019, de 13/06, y de 5/05/2020), entre otras, ha distinguido las siguientes modalidades de alevosía:

a) alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye la asechanza, insidia, emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera; y

b) alevosía súbita, o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar, en consecuencia, al menos, en la medida de lo posible.

Es necesario, por tanto, que el conocimiento y la voluntad del autor del delito abarque no sólo el hecho de la muerte, sino también el particular modo en que la alevosía se manifiesta, pues el sujeto ha de querer el homicidio y ha de querer también realizarlo con la concreta indefensión de que se trate, requisito que ha de concurrir en este delito, como en cualquier otro de carácter doloso, y que aparece recogido en el texto legal con la expresión "tiendan directa y especialmente a asegurarla", como se viene manifestando, con reiteración, por la jurisprudencia ( SSTS de 9/02/1989, 19/04/1989, 26/10/1989, 24/11/1989, 23/01/1990, 28/02/1990, 29/06/1990, 22/09/1990, 15/10/1990, 19/01/1991, 15/04/1991, 22/07/1991, 18/10/1991, 15/02/1993, 8/03/1994, 10/06/1994, 3/02/1995, 6/04/1995, 18/03/1996, 3/03/1997, 9/07/1997, 2/12/1997, 18/06/1998 y 24/04/2000). En todo caso, la eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima en la alevosía no es incompatible con los intentos defensivos de la víctima, que deriven del propio instinto de conservación.

En el presente supuesto el Jurado ha considerado concurrente la alevosía, al entender, como hecho probado, que la forma en la que Luis Miguel y Alvaro proyectaron la actuación del primero constituía un plan preconcebido para eliminar toda posibilidad de defensa de la Sra. Felisa y del hijo de la misma que la acompañaba. El Jurado se ha fundamentado, para entender acreditado este hecho, en la propia confesión de Luis Miguel, de la cual puede deducirse que existió una previa planificación de la forma en la que el mismo pretendió matar a Felisa y a su hijo para facilitar el ataque a estos últimos evitando que los mismos pudieran reaccionar o defenderse.

Por lo tanto, la forma en que los dos acusados, Luis Miguel y Alvaro, describieron su intervención en los hechos enjuiciados, justifica la aplicación del tipo cualificado de asesinato, al hallarnos ante una alevosía proditoria, una emboscada que fue planificada para lograr que el ataque contra las víctimas fuera súbito, inesperado y carente de cualquier posibilidad de defensa de aquéllas. Procede, por tanto, aplicar la agravante de alevosía.

La declaración de Teodosio, aun no mencionada por los miembros del jurado en el acta, sí ha sido determinante para someter el hecho que fundamenta esta agravante a la consideración del Jurado.

SÉPTIMO.- Las acusaciones también postulan la apreciación de la agravante de precio, promesa o recompensa, contemplada en el artículo 139.1.2º del Código Penal respecto del homicidio cometido sobre Felisa y la tentativa de homicidio que afecta a Teodosio.

Esta agravante se aprecia cuando la conducta delictiva de matar se lleva a cabo para conseguir un precio o recompensa, esto es, cuando la obtención del beneficio económico motivó la realización de la conducta de matar. La agravante de precio o recompensa concurre siempre que la contraprestación que se ofrece sea claramente el motor de la acción criminal, requiriendo las siguientes circunstancias para su existencia:

a) en cuanto a la actividad, el recibo o promesa de una merced de tipo económico para la ejecución del hecho delictivo;

b) en cuanto a la culpabilidad, que el precio influya como causa motriz del delito, mediante el « pactum sceleris» remuneratorio, afectándole tanto al que entrega como al que recibe el precio; y

c) en cuanto a la antijuridicidad, que la merced tenga la suficiente intensidad para ser repudiada por el ente social, en virtud de la inmoralidad y falta de escrúpulo que revela ( sentencia del Tribunal Supremo 278/2014, de 2 de abril).

Resulta irrelevante, a efectos penales, el error en la persona de la víctima, que no influye en la culpabilidad del sujeto agente, pues la intención de éste es matar a otra persona, siendo indiferente la identidad de ésta, al tratarse en ambos casos de la comisión de un mismo delito ( SSTS, Sala 2ª, Núm. 124/2010, de 18 Feb .).

E l Jurado ha entendido acreditado la existencia del precio en base a la propia confesión de Luis Miguel, quien admitió en la vista que actuó en virtud de la contraprestación económica que Alvaro le ofreció, a cambio de que matara a Felisa y a su hijo. Se ha de entender acreditado, por tanto, esta circunstancia agravante respecto del Sr. Luis Miguel y el Sr. Alvaro.

OCTAVO.- Luis Miguel es acusado también de un delito de tenencia ilícita de armas.

El artículo 564.1.1 del C.P castiga la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas, mientras que el apartado 2. 1ª prevé una pena superior cuando el arma carezca de marcas de fábrica o de número o los tenga alterados o borrados.

La STC 24/2004, 24 de febrero, afirmó que el art. 563 CP, en su primer inciso, no consagra una remisión ciega a la normativa administrativa, cualquiera que sea el contenido de ésta, sino que el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas. En este sentido, expresó: "...Tal reducción del tipo se alcanza, en primer lugar, en el plano de la interpretación literal o gramatical, a partir del concepto de armas, excluyendo del ámbito de lo punible todos aquellos instrumentos u objetos que no lo sean (aunque su tenencia esté reglamentariamente prohibida) y que no tengan inequívocamente tal carácter en el caso concreto. Y, según el Diccionario de la Real Academia, son armas aquellos «instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse», por lo que en ningún caso será punible la tenencia de instrumentos que, aunque en abstracto y con carácter general, puedan estar incluidos en los catálogos de prohibiciones administrativas, en el caso concreto no se configuren como instrumentos de ataque o defensa, sino otros, como el uso en actividades domésticas o profesionales o el coleccionismo.

En segundo lugar, y acudiendo ahora a los principios generales limitadores del ejercicio del ius puniendi, la prohibición penal de tener armas no puede suponer la creación de un ilícito meramente formal que penalice el incumplimiento de una prohibición administrativa, sino que ha de atender a la protección de un bien jurídico (la seguridad ciudadana y mediatamente la vida y la integridad de las personas, como anteriormente señalamos) frente a conductas que revelen una especial potencialidad lesiva para el mismo. Y además, la delimitación del ámbito de lo punible no puede prescindir del hecho de que la infracción penal coexiste con una serie de infracciones administrativas que ya otorgan esa protección, por lo que, en virtud del carácter de ultima ratio que constitucionalmente ha de atribuirse a la sanción penal, sólo han de entenderse incluidas en el tipo las conductas más graves e intolerables, debiendo acudirse en los demás supuestos al Derecho administrativo sancionador, pues -de lo contrario- el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado.

La concreción de tales criterios generales nos permite efectuar nuevas restricciones del objeto de la prohibición, afirmando que la intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. Esa especial peligrosidad del arma y de las circunstancias de su tenencia deben valorarse con criterios objetivos y en atención a las múltiples circunstancias concurrentes en cada caso, sin que corresponda a este Tribunal su especificación. Esta pauta interpretativa resulta acorde, por lo demás, con la línea que, generalmente, viene siguiendo el Tribunal Supremo en la aplicación del precepto en cuestión.

Recapitulando todo lo expuesto hasta ahora, a tenor del art. 563 CP las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

a) en primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son);

b) en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de Ley o por el reglamento al que la Ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de Armas mediante una Orden Ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de Ley que rige en material penal;

c) en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva; y, por último,

d) que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro, sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho Administrativo sancionador ( STC 111/1999, de 14 de junio , F. 3)".

Asimismo, la STS nº 393/2010, recurso: 10912/2009, de 22 de abril de 2010, recordó que la tenencia de armas, desde la perspectiva jurídico-penal, comprende dos elementos:

a) el corpus, consistente en una relación material del sujeto con el objeto: detentación, aprehensión o posesión del arma; y

b) el animus o intención de poseer para uso o servicio propio, excluyéndose tal intención en los casos de detentación fugaz o momentánea. Desde el punto de vista subjetivo, la conducta del agente debe estar regida por la intención de poseer el arma con plena disponibilidad de la misma. El dolo debe abarcar la conciencia genérica de la ilicitud de la posesión, sin que sea necesario, naturalmente, un conocimiento exacto de las disposiciones prohibitivas al respecto, pues como ha puesto de relieve la jurisprudencia "cualquier persona en nuestro país, por elemental que sea su cultura, es sabedora de que un arma de fuego no puede poseerse y portarse impunemente sin las autorizaciones legales y reglamentarias".

Añade la STS nº 29/2009, recurso: 286/2008, de 19 de enero de 2009, que "...conforme al art. 564 del CP , no basta para afirmar la tipicidad que se trate de la tenencia de un arma reglamentada sin licencia y guía de pertenencia. El tipo objetivo exige ahora que estemos en presencia de un arma reglamentada de fuego..."

D el mismo modo, y para que nos encontremos ante la presencia de este tipo delictivo, se requiere que el arma se encuentre en correctas condiciones de funcionamiento.

E l fundamento de la agravación del art 564.2 radica en la dificultad de identificación del arma y el aumento del riesgo de que sea utilizada en activadas delictivas.

P recisados los requisitos específicos para la apreciación del tipo penal objeto de acusación, el Jurado concluyó que debían considerarse como probados los hechos integradores del tipo, en los términos que han sido analizados, tal y como consta en el hecho 2.A del objeto del veredicto. Al respecto, el Jurado ha fundamentado su decisión en la declaración de los guardias civiles que intervinieron en la elaboración del informe de balística, que analiza las características y estado del arma que fue aprehendida a Luis Miguel cuando fue detenido, obrante en el acontecimiento 15 del visor y en las páginas 37 y sig. del atestado obrante en el acontecimiento 167 del visor.

Los guardias civiles NUM031 y NUM032 ratificaron en el juicio oral el informe de balística, del cual se deduce que el arma se hallaba en estado de correcto funcionamiento y que de la misma salieron los 8 casquillos que fueron localizados en el lugar donde se cometió el tiroteo. Tales agentes también confirmaron que el arma tenía el número de identificación borrado y que no tenía los punzones reglamentarios. El guardia civil número NUM033, que también participó en la elaboración del informe relativo al arma, declaró que la misma ha de ser considerada como prohibida debido al troquelado de que ha sido objeto. También aclaró que, para la tenencia de esta concreta arma, es precisa la posesión de licencia de armas y de una guía de pertenencia para su tenencia, de lo que carecía Luis Miguel en el momento en el que fue detenido.

En consecuencia, ha de condenarse al Sr. Luis Miguel del delito de tenencia de armas, dada la posesión material que el mismo ejerció sobre la pistola que le fue incautada, el ánimo que guió su conducta y la finalidad para la que la portaba.

En aplicación del art. 127.1 CP se decreta el decomiso de la citada pistola.

NOVENO.- En cuanto al delito de robo con fuerza del que se acusa a Luis Miguel respecto del vehículo Seat León matrícula NUM011, el artículo 237 CP determina: "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren."

El artículo 238 sanciona el delito de robo con fuerza en las cosas cuando se ejecute el hecho descrito en el artículo 237, es decir, el apoderamiento de cosas muebles ajenas con ánimo de lucro, siempre que el robo se cometa mediante:

1) "Escalamiento.

2) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

3) Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.

4) Uso de llaves falsas.

5) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda".

El artículo 239 del Código Penal define el concepto de llaves falsas contemplado en el artículo 238 4ª entendiendo por estas: "las ganzúas, las llaves legítimas perdidas por el dueño o conseguidas por medio ilícito o cualquier otra que se use para abrir la cerradura violentada por el reo, así como las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico similar eficacia".

Interpretando este concreto tipo penal, la STS 894/2021, de 18 de noviembre, dispone: "Ciertamente, quien toma, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, una cosa mueble, comete delito de hurto ( artículo 234 del Código Penal ), que se convertirá en robo cuando se empleare fuerza en las cosas, para acceder o abandonar el lugar en el que éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas, ya fuera al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o les persiguieren ( artículo 237). Acerca del concepto de violencia o intimidación no nos ofrece el Código Penal una definición o descripción auténtica, encomendando, así, a los órganos jurisdiccionales la fijación de los contornos y límites de dichas figuras. Por el contrario, en el caso del robo con fuerza en las cosas, el artículo 238 se encarga de establecer qué deberá entenderse por tal concepto

Aun cuando el tipo no lo diga, la interpretación sistemática respecto del delito de robo con fuerza produce que la acción típica propia del hurto no debe conllevar fuerza. Este requisito negativo está directamente vinculado para su comprensión, a la clase de fuerza que se integra en la descripción del robo, toda vez que este último delito no se integra con "cualquier presencia de presión física" (a diferencia de lo que sucede con la violencia o intimidación, que basta con que se den en grado mínimo) en la ejecución del hecho, sino especialmente con las modalidades de fuerza legalmente descritas en el art 238 CP . Por lo tanto, toda fuerza diferente de ésas permite que subsista la calificación de hurto (Cfr. SSTS 25-2-93 ; 14-9-94 ). Ello no debe sorprender, pues históricamente el robo fue sólo el apoderamiento violento (contra personas), mientras que la fuerza había sido en el derecho antiguo una manera de cualificar el hurto o un género intermedio entre éste y el robo. Además, debe añadirse que cualquier interpretación laxa del concepto de fuerza determinante del robo, y correlativa reductora del ámbito del hurto, es abiertamente contra reo. El robo con fuerza se construye sobre un concepto normativo de fuerza y, por ende, limitativo. Por lo tanto, el delito de hurto se caracteriza por ser un apoderamiento en el que no concurre ninguna de las circunstancias del art. 238 CP ". Seguidamente, la referida resolución añade: "Es por ello que la agilidad, la destreza, la pericia, la habilidad etc., y no la fuerza es lo que califica al hurto, por lo que, en caso de duda o deficiencia en la probanza del elemento fuerza ,habrá hurto y no robo ( SSTS 14-9-94 , 18-3-2000 , y 27-5-2000 )". Para concluir, la sentencia comentada, enfatiza: " Entender lo contrario sería tanto como vulnerar el principio de taxatividad de la descripción de los tipos penales, que es consecuencia necesaria y lógica del principio de legalidad (Cfr. SSTS 30-11-90 ; 17-12-91 ; 26 de febrero y 21 de mayo de 1992 ; y 27 de febrero de 1993 )".

E l Jurado entendió acreditado el delito de robo respecto del turismo Seat León con matrícula NUM011 en la propia confesión de Luis Miguel.

Luis Miguel especificó en su declaración que sustrajo, sin autorización ni conocimiento de sus titulares, tanto el vehículo Seat León, matrícula NUM011, como el vehículo Seat Ibiza, matrícula NUM010, para lo cual empleó en ambos casos una máquina descodificadora. Fue en este último vehículo donde portaba una mochila verde en la que, según expresó, guardaba el dinero, la pistola y el móvil que le dio Alvaro.

En congruencia con la confesión del acusado Luis Miguel, existían más pruebas en la causa que han justificado someter este hecho a la consideración del jurado, como el testimonio de los guardias civiles con TIP NUM020 y NUM021, quienes afirmaron que el turismo fue incendiado.

Es por ello por lo que se ha de condenar al Sr. Luis Miguel por la comisión de este delito en concepto de autor, debiéndose considerar que la defensa del acusado asumió en sus conclusiones definitivas la calificación jurídica que, de este concreto delito, fue formulada por las acusaciones.

DÉCIMO.- Luis Miguel es acusado de un delito de robo de uso sobre el Seat Ibiza con matrícula NUM010.

El artículo 244.1 del Código Penal, que forma parte del Capítulo IV (Del robo y hurto de uso de vehículos) del Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) del Libro II (Delitos y sus penas) de esta ley sanciona al que s ustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin ánimo de apropiárselo, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo. Añade el segundo párrafo del artículo 244 que, si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.

La devolución del vehículo puede ser directa (desde volverlo a dejar en el lugar donde estaba, hasta comunicarse por cualquier medio con el dueño haciéndole saber dónde lo dejó) o indirecta (dejándolo cerca del domicilio o, incluso, aparcándolo indebidamente para que llame la atención de la policía). La esencia del tipo básico (art. 244) estriba la inexistencia de ánimo de apoderamiento definitivo en la sustracción del vehículo, lo que justifica un trato punitivo diferenciado y privilegiado. La restitución indirecta existe si se deja el automóvil o motocicleta en forma o lugar de fácil localización o hallazgo por su titular, y no cuando se efectúa el abandono en un lugar totalmente ignorado por el dueño del vehículo ( STS 2ª-31/03/2001).

El Jurado ha entendido acreditado los hechos constitutivos del delito de robo de uso respecto del vehículo Seat Ibiza matrícula NUM010 en virtud tanto de la confesión de Luis Miguel como del testimonio de los guardias civiles que depusieron en el plenario sobre el modo en el que fue localizado este turismo.

Debemos recordar que el vehículo Seat Ibiza, que fue inspeccionado por la Guardia Civil, tenía la puerta del conductor forzada (atestado NUM018 del visor) y el Sr. Luis Miguel expresó en su declaración que empleó un descodificador para lograr activar el vehículo, habiendo sido detenido este último tras haber sido localizado conduciendo el turismo aludido. Todo ello fue ratificado por los Guardias Civiles pertenecientes al destacamento de Tráfico de DIRECCION015 y por los integrantes de la Policía Judicial de Valencia, cuyo testimonio ha quedado reseñado en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución.

Asimismo, el vehículo quedó abandonado por el acusado en un lugar público cuya localización era sencilla, dado que quedó inmóvil en la carretera por la que circulaba el Sr. Luis Miguel.

Procede, en consecuencia, condenar a Luis Miguel por la comisión de este delito. Aunque Luis Miguel admitió que empleó un dispositivo para accionar el vehículo, tal y como consta en el objeto del veredicto, esta infracción penal ha sido calificada por las acusaciones al amparo del artículo 244.1 CP, por lo que se respetará esta calificación en virtud del principio acusatorio.

DÉCIMO PRIMERO.- Se acusa a Jacinta de dos delitos. En primer lugar, de un delito de amenazas, contemplado en el artículo 169.2 del Código Penal.

S egún reiterada jurisprudencia (por todas STS 650/2015, de 2 de noviembre) en el delito de amenazas concurren las siguientes notas definitorias:

a) e l bien jurídico protegido es la libertad de la persona y el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida

b) e s un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo.

c) e l contenido o núcleo esencial del tipo es el anuncio en hechos o expresiones, de causar a otro un mal que constituya delito de los enumerados; anuncio de un mal que debe ser serio, real y perseverante, de tal forma que ocasione una repulsa social indudable.

d) e l mal anunciado ha de ser futuro, injusto, determinado y posible, que dependa exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y produzca la natural intimidación en el amenazado.

e) e ste delito es eminentemente circunstancial, debiendo valorarse la ocasión en que se profiera, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza.

f) e l dolo específico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego, dolo indubitado, en cuanto encierra un plan premeditado de actuar con tal fin (por todas, STS 650/2015, de 2 de noviembre).

A su vez, recuerda la sentencia Tribunal Supremo 136/2007, de 8 febrero, que el delito de amenazas "se consuma con la llegada del anuncio a su destinatario, y su ejecución consistente en la conminación de un mal con apariencia de seriedad y firmeza, sin que sea necesario la producción de la perturbación anímica que el autor persigue, de manera que basta con que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrentar a la víctima."

L as pruebas que considera el Jurado acreditan este delito imputado a la Sra. Demetrio, vienen constituidas por el contenido de las declaraciones, tanto de la propia acusada como de Magdalena, hija de Felisa, que declaró como testigo en el juicio oral.

Jacinta reconoció en el juicio oral que le dijo a Felisa que le iba a matar a ella y a sus hijos, en una reunión que mantuvo en casa de un familiar. Hecho que, a través de las referencias que le comunicó Felisa, fue también corroborado por Magdalena, hija de aquélla.

Todo ello también fue ratificado por quien era en aquel entonces pareja de Felisa, Víctor, testimonio que ha fundamentado la inclusión de los hechos relativos a las amenazas en el veredicto.

En suma, en virtud de las pruebas referidas por el Jurado en el acta se constata la concurrencia de los elementos inherentes al delito de amenazas, valorando el contexto en el que se profirieron, la intencionalidad de la autora, el nítido significado de las expresiones proferidas y los efectos que aquéllas generaron en Felisa y en su círculo familiar.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los restantes acusados, Demetrio, Patricia, y la propia Pilar, son acusados de un delito de encubrimiento. Por razones dogmáticas analizaremos los elementos y requisitos propios del delito de encubrimiento.

E l artículo 451 CP exige como elementos del tipo objetivo de encubrimiento los siguientes:

a) l a comisión de un delito previo;

b) l a no participación en el mismo como autor o cómplice; y

c) u na de las modalidades de conducta previstas en el precepto, entre las que se encuentran las siguientes:

1.º auxiliar a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio;

2.º ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento;

3.º ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura.

La jurisprudencia del TS ha reiterado la consideración del encubrimiento como delito autónomo desde la promulgación del Código Penal de 1995. Así, la STS nº 410/2022, recurso: 10528/2021, de 27 de abril de 2022, expone: "El encubrimiento se configura en la actualidad como un delito autónomo, como lo prueba el precepto contenido en el artículo 453, que castiga tal delito aunque el autor del hecho encubierto sea irresponsable o esté exento de pena. Así se expresa la STS 20/2001, de 28 de marzo : «El fundamento esencial del tratamiento del encubrimiento como delito autónomo se encuentra en la consideración de que no es posible participar en la ejecución de un delito cuando ya se ha consumado. Por ello, la tipificación autónoma del encubrimiento( art. 451 del Código Penal 1995 ) exige que se trate de comportamientos realizados con posterioridad a la ejecución, mientras que la ayuda prestada al autor durante la fase ejecutiva integra complicidad o cooperación necesaria». Su fundamento se halla en la imposibilidad de participar en un delito cuando éste ya se ha consumado, y también en que el bien protegido es propio y singular.

Por tanto, el Código Penal de 1995 ha conferido al encubrimiento la naturaleza de delito autónomo contra la Administración de Justicia, y no como participación accesoria de otro delito cualquiera. Se han extraído de él, también, todos aquellos comportamientos que supongan participación lucrativa en otro delito, que se tipifican en el delito de receptación.

Por lo que respecta al delito de encubrimiento del que se ha acusado a Pilar, el Jurado ha considerado acreditado que Pilar, tras conocer que Luis Miguel había ocasionado la muerte de Felisa y había pretendido matar a Teodosio por encargo de su entonces esposo, Alvaro, ayudó a Luis Miguel para que pudiera percibir el precio que el anterior pactó con Alvaro por ocasionar la muerte de Felisa y de su hijo Teodosio.

Y , para entender acreditado tal hecho, el Jurado se ha basado en la declaración de la propia Pilar. Debemos indicar que la Sra. Pilar manifestó en el juicio oral que Alvaro, su esposo, le expresó que hablara con su hermano para que este último localizara a un abogado al efecto de que dicho abogado contactara con Luis Miguel y le dijera a este último que le ofrecerían dinero si no decía nada, lo que, efectivamente, así hicieron.

Debemos también mencionar otras pruebas que han permitido someter al veredicto del Jurado los hechos subsumibles en el delito de encubrimiento. En concreto, las transcripciones telefónicas obrantes en el atestado policial que está incorporado como documento nº 202 del visor, cuya audición fue practicada en el juicio oral. Específicamente, la conversación número 25 (de 5 de julio de 2018 a las 10:44:00 entre Demetrio y Jacinta) y la número 26 (del día 5 de julio de 2018 a las 10:47:25 entre Demetrio y Pilar). Todo ello según la numeración y el orden en el que las citadas conversaciones se denominaron y escucharon durante la vista oral.

La declaración de Luis Miguel también ha justificado someter a la consideración del Jurado este hecho referido a Pilar, dado que el primero manifestó que, una vez que estaba en prisión, le facilitó su pareja, Patricia, un número de cuenta para que la familia de Alvaro le pudiera ingresar dinero. El guardia civil número NUM034 confirmó tales datos, tras el análisis que efectuó de las cuentas bancarias de Patricia, donde identificó tres ingresos de origen desconocido, lo que fue también corroborado en el juicio oral por los guardias civiles número NUM028 y NUM029.

Por tanto, habiendo considerado el Jurado que Pilar colaboró para hacer llegar el precio que Alvaro había concertado con Luis Miguel, con pleno conocimiento de los asesinatos de los que estos dos últimos son acusados y tras la ejecución de los mismos, procede condenar a Pilar por un delito de encubrimiento en la modalidad prevista en el artículo 451.1 del Código Penal.

DÉCIMO TERCERO.- Por lo que se refiere al delito de encubrimiento imputado a Patricia, el jurado ha declarado probado que la Sra. Patricia, teniendo conocimiento de la conducta que desplegó Luis Miguel, recibió dinero en una cuenta bancaria de su titularidad para poder percibir parte del precio que Luis Miguel había pactado recibir de Alvaro y, asimismo, para garantizar que Luis Miguel no declarara nada sobre la intervención que Alvaro tuvo en la conducta desplegada por el propio Luis Miguel.

Para ello, el Jurado se ha fundamento en la confesión de la propia acusada y en el análisis que, de una cuenta bancaria de la Sra. Patricia, fue efectuado por la Guardia Civil.

Patricia indicó en su comparecencia en el juicio oral que ella facilitó a Luis Miguel el número de su cuenta bancaria para poder allí recibir una cantidad de dinero que les iba a remitir la familia de Alvaro. Patricia también confirmó que en dicha cuenta se llegaron a efectuar tres ingresos, los cuales estaban destinados a pagar a Luis Miguel un abogado y, asimismo, a garantizar que Luis Miguel guardara silencio sobre la intervención que, en la muerte de Felisa, tuvo Alvaro. Estos ingresos han sido analizados en el atestado que obra como documento 422 del visor, donde se hace constar que, en el período comprendido entre el 1/4/2018 y el 31/7/2018 se efectuaron tres ingresos en ventanilla por persona no identificada (de 200, 150 y 50 euros) por importe total de 400 euros en una cuenta de la entidad BBVA que estaba abierta a nombre de Patricia.

Ha justificado, en todo caso, la inclusión de los hechos relacionados con Patricia en el objeto del veredicto las transcripciones telefónicas obrantes en el ya aludido atestado policial incorporado en el acontecimiento nº 202 del visor, cuya audición fue practicada en el juicio oral. Concretamente, en la conversación número 20 (que tiene lugar el día 29 de junio de 2018 a las 12:20:03 entre Luis Miguel y Patricia), la número 21 (del 29 de junio de 2018 a las 20:01:36 entre Luis Miguel y Patricia), la número 22 (del 3 de julio de 2018 a las 20:19:29 entre Luis Miguel y Patricia), la número 28 (de fecha 12 de julio de 2018 a las 13:02:33 entre Luis Miguel y Patricia), la numero 31 (de fecha 7 de agosto de 2018 a las 10:02:21 entre Luis Miguel y Patricia) y la número 32 (de 8 de agosto de 2018 a las 21:50:57 horas entre Patricia y un tercero llamado Pedro Jesús). Todo ello según la numeración y el orden en el que las citadas conversaciones se denominaron y escucharon durante la vista oral.

Es en virtud de las pruebas reseñadas por el jurado en el acta del veredicto por lo que procede condenar a Patricia por un delito de encubrimiento, que comprendería las modalidades previstas en el número 1º y 3º del artículo 451 del Código Penal.

DÉCIMO CUARTO.- En relación con el delito de encubrimiento que se imputa a Demetrio, el Jurado ha considerado probado que

dicho acusado, teniendo conocimiento de la conducta que desplegó Luis Miguel sobre Felisa y sobre su hijo Teodosio el día 4 de mayo de 2018, ayudó a

Luis Miguel localizando a un abogado, a fin de que, a través de dicho profesional, Pilar pudiera hacer llegar dinero a la pareja de Luis Miguel, Patricia. Y ello con dos finalidades: la primera (hecho 5.A), la de ayudar a Luis Miguel para que pudiera percibir el precio que el anterior pactó con Alvaro por ocasionar la muerte de Felisa y de su hijo Teodosio. Y la segunda (hecho 10.A), auxiliar a Alvaro a fin de que el mismo no fuera relacionado con los hechos cometidos

previamente por Luis Miguel.

El Jurado ha considerado acreditados estos hechos en virtud de la conversación telefónica que, fecha de 23 de junio de 2018, Demetrio mantuvo con su madre, contenida en el atestado obrante en el acontecimiento número 202 del visor.

El contexto de estas conversaciones telefónicas fue expuesto por los guardias civiles de la policía judicial de Toledo que depusieron en el juicio oral. Así, el guardia Civil NUM016 explicó que Pilar y Demetrio estuvieron buscando a un abogado para emplear a este último como medio para comunicarse con Luis Miguel a fin de convencer al citado Luis Miguel de que no declarase en contra de Alvaro, ofreciéndole al primero, al mismo tiempo, como contraprestación, una cantidad económica.

Estas pruebas han permito al Jurado tener por acreditada la colaboración de Demetrio en una estrategia dirigida, tanto a garantizar una retribución del Sr. Luis Miguel como la impunidad de Alvaro. Todo ello con el previo conocimiento por parte del Sr. Demetrio de las conductas que habían sido ejecutadas por Luis Miguel.

Procede, pues, considerar que Demetrio cometió un delito de encubrimiento encaminado a la consecución de las finalidades previstas en los números 1º y 3º del artículo 451 del Código Penal.

Sin perjuicio de lo expuesto, la inclusión de los hechos 5.A y 10.A, relativos a Demetrio, en el objeto del veredicto se han justificado también por las transcripciones telefónicas obrantes en el atestado policial incorporado como documento nº 202 del visor. Concretamente, en la conversación número 11 (que tiene lugar el día 6 de junio de 2018 a las 13:01 entre Demetrio y Pilar), la número 19 (del día 23 de junio de 2018 a las 19:15:29 horas entre Demetrio y su madre, Jacinta), la número 25 (de 5 de julio de 2018 a las 10:44:00 entre Demetrio y Pilar), la número 26 (del día 5 de julio de 2018 a las 10:47:25 entre Demetrio y Pilar) y la 27 (mantenida el día 5 de julio de 2018 a las 20:49:46 entre Demetrio y Pedro Jesús). Todo ello según la numeración y el orden en el que las citadas conversaciones se denominaron y escucharon durante la vista oral.

Ha justificado también la inclusión de este hecho en el objeto del veredicto el testimonio que ofreció Alvaro, el cual reconoció que Demetrio se enteró de todo con posterioridad. El Sr. Alvaro también indicó que él, personalmente, instó a quien era su esposa, Pilar, a que se pusiera en contacto con Demetrio para que este último localizara a un abogado para que asistiera a Luis Miguel y convenciera a este último de que no delatara a Alvaro. Dato, este último, que fue confirmado por la propia Pilar en su declaración.

DÉCIMO QUINTO.- La defensa de Demetrio ha aducido, como alegación subsidiaria para el supuesto de que se considerara acreditada la intervención de su defendido en el delito de encubrimiento del que se le acusa, que aquél no debe ser penado, al estar amparada su conducta en la excusa absolutoria contemplada en el artículo 454 del Código Penal.

La sanción del delito de encubrimiento contempla una excepción en el artículo 454 del Código Penal, que contempla una excusa absolutoria. Las excusas absolutorias deben su origen a razones de política criminal que aconsejan dejar sin punición determinados hechos delictivos, no obstante estar presente en ellos las notas de antijuridicidad, tipicidad y culpabilidad. Se trata de un favorecimiento real que se refiere a las personas que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervienen con posterioridad a su ejecución desplegando algunas de las conductas incluidas en el artículo 454 del CP.

D ebe tenerse en cuenta que la aplicación de esta excusa absolutoria no es automática, habiéndola rechazado la Sala Segunda del Tribunal Supremo en distintos supuestos. En primer lugar, cuando la intención o móviles del encubridor no se corresponden con la razón de ser de la excusa. De forma que el hecho de que, al menos, alguno de los favorecidos por el encubrimiento sea cónyuge o pareja análoga no significa que, automáticamente, el encubridor haya de quedar impune, pues para ello se exige que no haya obrado con finalidades distintas a las contempladas por la norma. Y es que la razón de ser de la excusa absolutoria, de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1986, radica en que "la acción es el resultado de una dura alternativa en la que, por el orden natural de los afectos y razones de solidaridad familiar, es humanamente imposible un comportamiento distinto". Dichas razones de solidaridad familiar e inclinación de los afectos se presumen entre los familiares enumerados en el artículo 454 del Código Penal, sin perjuicio de que pueda demostrarse que dicha relación familiar con el autor (o coautor) del delito no ha sido la razón determinante del encubrimiento, lo que excluiría la aplicación de la excusa absolutoria.

En segundo lugar, el TS también ha rechazado la aplicación de esta excusa absolutoria en aquellos casos en los que el favorecimiento afectó, no sólo a un pariente, sino también a terceros autores o cooperadores del delito. Así lo declara el TS, al indicar, entre otras, en la sentencia 475/2002, de 15 de marzo, que "...la exención de responsabilidad por encubrimiento de parientes nada tiene que ver con el ajeno a la familia, al no ser comunicable esta circunstancia, respecto al cual siempre subsistirá el citado delito de encubrimiento... Una reiterada jurisprudencia de esta Sala, sentencias de 26 diciembre 1986 , 16 mayo 1989 y 25 enero 1993 , ha declarado que, cuando la conducta se dirige a varias personas, se debe rechazar la excusa absolutoria cuando concurra una situación psicológica movida y presidida por el deseo de ayudar a todos los miembros del grupo, por encima de la vinculación familiar a uno de ellos."

Y, en tercer lugar, el TS también ha excluido la aplicación de la excusa absolutoria cuando nos hallamos ante supuestos en los que la modalidad de encubrimiento se encuadra en el apartado primero del artículo 451, situación en la que el propio Código Penal excluye la aplicación de dicha excusa. Y para aquellos supuestos en los que la conducta del encubridor, inicialmente, pudiera ser subsumida en distintos números de los contemplados en el artículo 451 del CP, el TS ha discernido la aplicación preferente de uno específico de ellos mediante la aplicación extensiva a este ámbito del principio de especialidad. Así, v.gr., el TS ha excluido la aplicación del segundo número del artículo 451 del Código Penal, optando por aplicar el primer número del mismo artículo, no cubierto por la excusa absolutoria del artículo 454 del Código Penal, a supuestos en los cuales se ocultaba el dinero procedente del tráfico de drogas. En tal sentido, la STS 162/2022, recurso: 839/2020, de 23de febrero de 2022, indicó: "... cuando de delito de tráfico de drogas se trata, la droga, es decir, la sustancia tóxica con la que se opera, es el objeto del delito. De ahí que, tal y como hemos indicado, los episodios de ocultación o destrucción de la misma, considerados como encubrimiento, se canalicen a través del nº 2 del artículo 451 CP . Sin embargo, el dinero obtenido a resultas de tal actividad, aun cuando en un sentido amplio pudiera considerarse efecto del delito en cuanto derivado del mismo, es, en su consideración más específica, el producto o ganancia que el mismo ha proporcionado. En algunos supuestos tal disquisición carecerá de efectos prácticos, pero cuando de encubrimiento se trata, los tiene, y así, por razón de especialidad habremos de decantarnos por el sentido que se ajusta de manera más aquilatada a su naturaleza en el caso concreto. Podríamos afrontar la cuestión como un concurso de normas, a resolver por razones de especificidad, a favor del número 1 del artículo 451 ( artículo 8.1 CP ), aunque a la misma conclusión llegaríamos aplicando el criterio de alternatividad ( artículo 8.4º CP ), tomando en consideración el juego del artículo 454 CP ... Criterio, éste, que encuentra pleno respaldo en la jurisprudencia de esta Sala, que se ha decantado por la aplicación de la modalidad de encubrimiento prevista en el artículo 451.1º CP en aquellos supuestos en que se ha tratado de preservar el dinero procedente del tráfico de drogas frente a una actuación policial (entre otras, SSTS 1760/2002, de 24 de octubre o 1230/2004, de 29 de octubre )."

Los parámetros jurídicos delimitados anteriormente permiten justificar los términos en los que se ha configurado el objeto del veredicto. Y ello en la medida en que en las cuestiones que, sobre dicho delito, se han introducido en el objeto del veredicto han incluido un inciso en el que se ha precisado la finalidad concreta perseguida por los tres acusados cuando ejecutaron las conductas de las que se les ha acusado. Incluso, en el caso de Patricia y de Demetrio se han establecido, respecto de cada uno de ellos, dos hechos distintos en función de la finalidad que los acusados podrían haber perseguido en su actuación (hechos 4.A y 4.B y hechos 5.A y 10.A). Y ello al efecto de que el jurado se pronunciara, específicamente, sobre si la finalidad de las conductas de los presuntos encubridores iban destinadas a:

a) satisfacer una parte del precio que Alvaro se comprometió a entregar a Luis Miguel por ocasionar al muerte de Felisa y de su hijo (supuesto en el que el encubrimiento se haría en beneficio de Luis Miguel y se encuadraría en el número 1 del artículo 451, excluido del ámbito de la excusa absolutoria);

b) hacer llegar dinero a Luis Miguel para pagar su silencio, al efecto de que no delatara a Alvaro y no confesara que este último fue quien le indujo a cometer el hecho a cambio de una contraprestación económica (en cuyo caso el encubrimiento se efectuaría a favor de Alvaro y se subsumiría en el número 3º del artículo 451 del Código Penal);

c) tanto a reembolsar a Luis Miguel el precio que pactó con Alvaro como a promover que el Sr. Luis Miguel no delatara al segundo (concurriendo tanto el número 1º como el 3º del artículo 451 del Código, realizándose el encubrimiento tanto en beneficio de Luis Miguel como de Alvaro).

La relevancia de la que goza la finalidad de la conducta desplegada por Pilar y Demetrio sería, en cambio, inocua respecto de Patricia, puesto que en ambos casos sería punible su conducta, en la medida en que el auxilio a Luis Miguel para que percibiera el precio comprometido está excluida del ámbito de la excusa absolutoria. Y la colaboración para pagar el silencio de Luis Miguel también sería punible, puesto que nos hallaríamos ante un encubrimiento de una persona, Alvaro, respecto de la cual ningún parentesco mantiene Patricia.

El Jurado ha considerado que Pilar actuó con la finalidad de garantizar el pago del precio que Alvaro se comprometió a entregar a Luis Miguel por el encargo pactado. Y en el caso de Demetrio, ha considerado probado que actuó con las dos finalidades que han sido analizadas anteriormente, por lo que -respecto de los dos hermanos Demetrio Jacinta- nos hallaríamos ante la excepción, prevista en el número 1 del artículo 451 CP, para entender aplicable la excusa absolutoria. En todo caso, es obvio que la actuación de Demetrio, y de su hermana Pilar, implicó un incremento de la contraprestación o del precio que Luis Miguel obtuvo por la conducta que se comprometió a ejecutar frente al Sr. Alvaro. Por ello, además, en este caso también concurriría la segunda excepción para la aplicación de la excusa absolutoria, puesto que el encubrimiento, no sólo beneficiaría al pariente, sino también a un terc ero autor o cooperador del delito, en este caso, a Luis Miguel, puesto que el propósito de los encubridores no se vio limitado a la protección de quien conformaba parte del vínculo familiar, sino que se extendió a aumentar el provecho que el Sr. Luis Miguel percibió por los asesinatos ejecutados por él mismo.

Es por lo expuesto por lo que no se entiende de aplicación la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 CP.

DÉCIMO SEXTO.- Todos los acusados han de responder de los delitos de los que se les acusa en calidad de autores, debiéndose especificar que, en el supuesto del delito de asesinato cometido sobre Felisa y del asesinato en grado de tentativa afectante a Teodosio, el Sr. Alvaro ha de ser considerado autor en calidad de inductor. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Procede analizar, a continuación, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal cuya apreciación ha sido instada por las partes. En primer lugar, nos referiremos a la confesión.

Señala el art. 21.4 Código Penal, como circunstancia atenuante, el " Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades".

El Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, expuso en sentencia 1526/2002 de 26 de septiembre de 2002, (Rec. 421/2001) dijo que: "En relación con esta circunstancia atenuante, tiene declarado este Tribunal. 1) que en el concepto de procedimiento judicial deben estimarse comprendidas las actuaciones policiales (v. ss. de 10 de mayo de 1991 y de 21 de marzo de 1997 ); y, 2) que la confesión ha de ser veraz, por lo que no cabe apreciar esta circunstancia cuando la confesión es tendenciosa, equívoca o falsa y, además, ha de ser esencialmente completa, por lo que no es válida a los efectos de poder ser apreciada cuando sea meramente parcial y se oculten datos relevantes para el debido enjuiciamiento de los hechos (v. ss. de 5 de noviembre de 1993 , 11 de marzo y 13 de junio de 1997 )."

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ( ATS de 23.11.2023, STS 569/2014, de 14 de julio, entre otras) es estable a la hora de identificar los requisitos que precisa esta atenuante para su apreciación:

a) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción;

b) El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable;

c) La confesión ha de ser veraz en lo sustancial;

d) La confesión ha de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el proceso, también en lo sustancial;

e) La confesión ha de hacerse ante la autoridad, sus agentes o funcionario cualificado para recibirla;

f) Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión no tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante (SSTS477/2016, de 2 de junio).

En cuanto a la llamada confesión tardía, la STS 784/2017, de 30 de noviembre, refiere que "la llamada atenuante de confesión tardía, como afirma la sentencia 695/2016, de 28 de julio , es aplicable en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatorio, pero aparezca una actuación colaboradora del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó; exigiéndose por ello, así como por razones pragmáticas de política criminal, que el comportamiento del encausado en el seno de la investigación -bien de manera tardía- favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, denegándose cuando los datos aportados sean conocidos o evidentes para la investigación ( SSTS 332/2002, de 1 de marzo , 25/2003, de 16 de enero , y 767/2008, de 18 de noviembre )".

El TS, en la sentencia de 22 de enero de 2024 (Sala II, Pte. Excmo. Sr. Puente Segura), indicó: "..Tribunal Supremo ha venido admitiendo, en términos de circunstancia atenuante analógica ( artículo 21.7 del Código Penal ), la posibilidad de hacer aplicación de la misma cuando, concurriendo el resto de los elementos esenciales de la atenuante específica, el reconocimiento de los hechos se produzca sin observar la exigencia temporal establecida en el artículo 21.4, es decir, cuando tenga lugar después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra el culpable. Así lo sostiene, por todas, nuestra sentencia número STS 574/2023, de 10 de julio : "En efecto, la confesión tardía puede operar como atenuante analógica de la propia de confesión si el testimonio del que pretende beneficiarse, exteriorizado después de que el proceso se siga contra él y eventualmente contra otros, es determinante, relevante, decisivo y eficaz para el esclarecimiento de los hechos y la realización de la justicia". Por lo mismo, el cumplimiento debido de aquellas otras notas esenciales que conforman la atenuante específica no resulta prescindible a estos mismos efectos. El TS ha señalado, respecto a la circunstancia analógica al artículo 21.7 CP , que en todo caso debe exigirse que la confesión facilite de modo relevante y eficaz el enjuiciamiento (entre otras, SSTS 569/2014 de 14 de julio ; 725/2014, de 3 de noviembre ; 220/2018, de 9 de mayo ; o 454/2019, de 8 de octubre )".

En el presente supuesto el Jurado ha considerado concurrente esta atenuante respecto todos los acusados, a excepción de Demetrio, quien en su declaración no admitió haber colaborado en la realización de gestión alguna para conseguir que Luis Miguel no delatase a Alvaro o para que el primero recibiera algún tipo de cantidad económica para retribuir los servicios que, para causar la muerte de Felisa y su hijo, el Sr. Luis Miguel prestó a Alvaro.

Ciertame nte, todos los acusados, reconocieron en el juicio oral su participación en los hechos y expresaron las circunstancias en virtud de las cuales se ejecutaron los mismos, razón por la cual se entiende procedente aplicar esta atenuante respecto de todos los delitos de los que son acusados, con la salvedad de Demetrio, respecto del cual el Jurado no ha apreciado esta atenuante.

DÉCIMO OCTAVO.- Por lo que respecta a la reparación del daño, el apartado 5º del art. 21 del Código Penal incluye como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal « la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral».

Resulta de especial interés conocer en qué términos entiende y acepta la jurisprudencia la concurrencia efectiva de esta circunstancia. Son exigencias del artículo 21.5 CP un elemento cronológico y otro de carácter sustancial.

a) El primero exige para apreciar la atenuante que la acción reparadora tenga lugar con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral; excluye del efecto atenuatorio las reparaciones realizadas durante el mismo plenario, después de su finalización o con posterioridad a la sentencia.

b) El segundo se refiere a la reparación del daño o a la disminución de sus efectos; no se refiere sólo a daños materiales, sino que incluye los de naturaleza moral y, de otro lado, comprende cualquier forma de reparación del daño o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución, de la indemnización de perjuicios, de la reparación moral o, incluso, de la reparación simbólica. El legislador emplea el término reparación en un sentido amplio, más allá de la estricta significación que se deriva del art. 110 del mismo Texto Legal como una modalidad de la responsabilidad civil que tiene un innegable matiz jurídico- civilista. Cualquier forma de reparación del daño o de la disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución o de la indemnización de perjuicios, puede integrar las previsiones de la atenuante. De hecho, no es necesaria exclusivamente una actuación indemnizatoria de carácter económico, ya que la atenuante puede apreciarse en los supuestos en que se produce la restitución de los bienes o cuando el culpable trata de reparar los efectos del delito por otras vías alternativas, como la petición de perdón o cualquier otro género -donación de sangre- de satisfacción que, sin entrar directamente en el tipo, podrían tener un cauce por el camino de la analogía. Pueden tener entrada los supuestos en que se produce la restitución de los bienes o cuando el culpable trata de reparar los efectos del delito por otras vías alternativas, como la petición de perdón o cualquier otro género de satisfacción que, sin entrar directamente en el tipo, podrían tener un cauce por el camino de la analogía ( TS 2.ª S 2 diciembre 2003, rec: 1959/2002).

A tal fin hemos de partir de que la atenuante de reparación del daño o disminución de los efectos del delito del art. 21.5 CP obedece en términos de política criminal a una clara finalidad de procurar la protección de las víctimas. En palabras del Tribunal Supremo, la circunstancia atenuante de reparación del daño no hace derivar la disminución de la responsabilidad de una inexistente disminución de la culpabilidad por el hecho, sino de la legítima y razonable pretensión del Legislador de dar protección a la víctima y favorecer, para ello, la reparación privada posterior a la realización de delito ( STS 1517/2003, 18 de noviembre).

Por tratarse de un comportamiento posterior al hecho, es una circunstancia que no influye ni en la dimensión del injusto ni en la imputación personal de aquél, sino que su fundamento es la conveniencia o necesidad de disminuir la pena al sujeto activo del delito cuando con posterioridad a éste objetivamente realiza las conductas previstas en la ley, siendo por ello irrelevante la motivación que impulse dichas acciones.

Ahora bien, la efectividad de la reparación o disminución de los efectos del delito no es requisito necesario para estimar la atenuante, pues ello equivaldría en muchas ocasiones a subordinar su apreciación a circunstancias o hechos ajenos al ámbito de disposición del propio sujeto activo. De manera que lo que sí constituye un requisito imprescindible y exigible es la plena disponibilidad del autor del delito según sus propias capacidades y posibilidades, por una parte, y, por otra, la constancia de la potencial utilidad para la víctima de la conducta del mismo, con independencia de las circunstancias ajenas a la disponibilidad mencionada, es decir, no debe minusvalorarse la conducta del autor en aras del resultado final siempre y cuando mediante la primera haya desplegado todas las posibilidades a su alcance y el hecho no sea absolutamente irreversible, teniendo en cuenta su razonable apreciación. No podemos olvidar que el Legislador habla simplemente de disminuir los efectos del delito, sin necesidad de la total reparación de éstos ( TS 2.ª S 22 junio 2005- rec: 116/2004).

En el presente supuesto Alvaro admitió que había conseguido reunir la cantidad de 166.000 euros para indemnizar los daños y perjuicios que su conducta había generado a los hijos de Felisa. Pilar también manifestó que, conjuntamente con Alvaro, ha vendido dos viviendas y han entregado sus ahorros para garantizar una indemnización a los perjudicados por el delito. Similar reconocimiento fue efectuado por Luis Miguel, en cuanto a su voluntad de paliar, al menos, parcialmente, el daño ocasionado.

En efecto, Alvaro y Pilar han enajenado distintas propiedades de su titularidad para sufragar los daños ocasionados como consecuencia del fallecimiento de Felisa y las lesiones originadas a su hijo Teodosio. También han admitido que en esta reparación ha participado Luis Miguel. El importe de la cuantía consignada en la cuenta de este Tribunal por los acusados ha ascendido a 166.000 euros, lo que permite inferir que aquellos han desarrollado un esfuerzo considerable para proceder a paliar, parcialmente en este caso, las consecuencias tan penosas que, para los hijos de la finada, ha originado su fallecimiento. Todo ello ponderando objetivamente el quantum de la indemnización y la capacidad económica de los acusados. Asimismo, la indemnización ha sido satisfecha con anterioridad a las sesiones del juicio oral.

Procede, por las razones apuntadas, apreciar esta atenuante como ordinaria respecto de Alvaro y Luis Miguel respecto de los delitos de asesinato (consumado y en grado de tentativa), quienes cometieron los hechos de los que deriva la responsabilidad civil impetrada por las acusaciones.

DÉCIMO NOVENO.- Las acusaciones instan la apreciación de la atenuante de reincidencia respecto de Luis Miguel respecto del delito de robo.

Según el artículo 22 del Código Penal, hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

A la vista de los antecedentes previos que constan documentalmente en el registro de penados respecto de Luis Miguel, y que han sido expresados en la declaración de hechos probados de la sentencia, procede aplicar esta circunstancia agravante a Luis Miguel respecto del delito de robo de uso de vehículo a motor, en los términos solicitados por las acusaciones.

VIGÉSIMO.- Ha solicitado la defensa de Luis Miguel la apreciación a su favor de la eximente completa de intoxicación o, al menos, que el consumo de tóxicos sea ponderado como circunstancia atenuante.

En relación con la circunstancia de embriaguez o de intoxicación por consumo de drogas, la STS, de fecha 17/5/2002, compendia la jurisprudencia relativa a la aplicación de la misma, señalando que la intoxicación por bebidas alcohólicas se haya contemplada juntamente con la derivada del consumo de drogas e integraría la eximente del número 2 del art. 20 cuando determine una disminución de las facultades psíquicas, tan importante, que impida al autor del hecho delictivo comprender la ilicitud del mismo o actuar conforme a esa comprensión, siempre que la intoxicación no hubiese sido buscada de propósito para cometer la infracción penal, y que se hubiese previsto o debido prever su comisión. Cuando la pérdida de las facultades intelectivas o volitivas del acusado, a consecuencia de la embriaguez o intoxicación, sin privarle de la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de actuar conforme a tal comprensión, disminuya de forma importante tal capacidad de comprensión y de decisión, deberá apreciarse la eximente incompleta, en relación con el núm. 2º del art. 20 del mismo cuerpo legal. Y la aplicación de la simple atenuante del art. 21.2ª, cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción al consumo de bebidas alcohólicas o drogas, o bien de la analógica del art. 21.6º, será posible cuando la disminución de la voluntad y de la capacidad de querer sea leve, cualesquiera que sean las circunstancias que la motivan, que deberá traducirse, igualmente, en una disminución de la capacidad cognoscitiva y volitiva del sujeto (v.gr., ATS 66/2021 de fecha 11/2/2021, STS 520/2012, de 19 de junio, STS 461/2016, de 31 de mayo, entre otras muchas).

E n definitiva, la apreciación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, determinada por la ingesta de sustancias que afectan a las capacidades del individuo, en cualquiera de sus grados, requiere la efectiva acreditación, no sólo de esa ingesta, sino también de la correlativa disminución de las facultades propias de la imputabilidad del sujeto (por todas, SSTS de 16 de abril de 2011 y de 1 de diciembre de 2008).

E n todo caso, para poder apreciar la circunstancia de consumo de alcohol o drogas, sea como una mera atenuante, sea como una eximente incompleta, es imprescindible que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la duración de la adicción al alcohol o drogas como a la singularizada alteración de las facultades intelectivas y volitivas cuando se ejecutó la acción punible, sin que la simple y genérica expresión de que el acusado era adicto, o que había bebido bastante sin mayores especificaciones y matices, permita aplicar una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones (SST 577/2008, de 1-12; 315/2011, de 6-4; 796/2011, de 13-7; y 738/2013, de 4-10).

E n el presente supuesto el Jurado no ha considerado acreditado que la conducta de Luis Miguel estuviese afectada o alterada por un consumo previo de drogas. Y es que se carece de elementos probatorios sólidos que sustenten la atenuante o eximente referida, sin que su no apreciación vulnere los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo invocados, debiéndose recordar que, como señala la STS 139/2012, 2 de marzo de 2012, nuestro Alto Tribunal ha reiterado en numerosas ocasiones que la apreciación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal - de cualquier tipo - exige, en todo caso, la acreditación satisfactoria del supuesto fáctico que le sirve de fundamento ( STS 7788/2009, de 11 de diciembre).

Por su parte, la STS 759 / 2022 de 15 de septiembre explica cómo " para las eximentes o atenuantes no rige ni la presunción de inocencia ni el principio in dubio pro reo. La deficiencia de datos para valorar si hubo o no la eximente o atenuante pretendida no determina su apreciación. Los hechos constitutivos de una eximente o atenuante han de quedar tan acreditados como el hecho principal (en tal sentido, y por todas, sentencias números 708/2014, de 6 de noviembre o 805/2021, de 20 de octubre )."

E n la misma línea, la STS 675/2014, de 9 de octubre ya señalaba: "cuando no se trata de dar por probado, sino de considerar "no probado" algún hecho el nivel exigible de motivación se rebaja. Las dudas llevan a no dar por probada la aseveración, lo que conecta bien con el régimen probatorio de las circunstancias atenuantes y eximentes. En esos campos no juega la presunción de inocencia que se proyecta sobre los hechos constitutivos de la infracción; no sobre los que excluyen o aminoran esa responsabilidad. Para dar por no probada una eximente basta con no tener razones para considerarla acreditada".

En suma, no procede acoger la concurrencia de la atenuante o eximente invocada por la defensa del Sr. Luis Miguel.

Debemos especificar que no se analiza en la presente resolución la atenuante de dilaciones indebidas porque, aunque fue invocada por algunas de las defensas de los acusados, no se integró en el objeto del veredicto ningún hecho vinculado con esta atenuante, al no reseñarse por las partes implicadas concretos periodos de paralización o las causas o motivos de la misma.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Es preciso delimitar la penalidad de los delitos que han sido objeto de enjuiciamiento, en los términos fijados por las pretensiones que, a este respecto, formularon las partes en el trámite determinado en el artículo 68 de la Ley del Jurado.

A. Respecto de Alvaro, su acusación comprende un delito de asesinato consumado y otro en grado de tentativa acabada. En el delito de asesinato procede aplicar la pena comprendida entre los 20 años y un día y los 25 años ( artículo 139.2 CP) . En el caso del asesinato en grado de tentativa, la pena puede degradarse en uno o dos grados ( art. 139.2 en relación con el artículo 62 CP) . Asimismo, debemos considerar la concurrencia de dos atenuantes: confesión y reparación del daño, que legitiman la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados ( art. 66 CP) .

Para la concreción de la pena se ha valorado la especial relevancia de los efectos que en este caso han originado para los hijos de la fallecida, Felisa. No obstante, también se ha atendido pertinente reducir la pena en dos grados debido al reconocimiento de los hechos efectuado por Alvaro, su arrepentimiento y al esfuerzo singular que ha efectuado para la reparación de los daños derivados del delito cometido, al haber enajenado bienes de su propiedad para ello. En virtud de ello se considera procedente imponer al Sr. Alvaro:

i. por la comisión del delito de asesinato consumado la pena de 7 años y 6 meses de prisión, reduciendo la pena en dos grados en virtud de la existencia de las atenuantes.

ii. Y, en lo que concierne al delito de asesinato en grado de tentativa, procede imponer la pena de 3 años y 9 meses de prisión, reduciendo la pena dos grados por la aplicación de las atenuantes y en un grado por la tentativa.

B. En relación con Luis Miguel , está acusado de los mismos dos delitos de asesinato que el Sr. Alvaro y le son de aplicación las mismas circunstancias modificativas respecto de estos delitos.

i. En el delito de asesinato la pena prevista por el Código está comprendida entre los 20 años y un día y los 25 años ( art. 139.2 CP) . En el caso del asesinato en grado de tentativa, la pena puede degradarse en uno o dos grados ( art.139.2 en relación con el artículo 62 CP) . Y debemos aplicar las atenuantes de confesión y reparación del daño. De conformidad con el artículo 66 se puede aplicar en este caso la pena inferior en uno o dos grados, al concurrir dos atenuantes. En virtud de ello se considera procedente imponer a Luis Miguel por el delito de asesinato consumado una pena de 10 años y un día de prisión (reduciendo en este caso la pena en un grado inferior por la concurrencia de las atenuantes). Y por el delito de asesinato en grado de tentativa, la pena de 5 años y un día de prisión, siendo degradada la pena determinada para el asesinato en un grado, por la concurrencia de la tentativa acabada, y en otro grado adicional por la existencia de las dos agravantes. Todo ello valorando el especial desvalor de la conducta desplegada por el Sr. Luis Miguel, quien ejecutó materialmente la muerte de Felisa y las lesiones causadas a su hijo y los efectos de dicho delito ha originado en este último, si bien también valorando la existencia de las atenuantes mencionadas, que en este caso se valoran de forma más limitada que respecto del Sr. Alvaro al entenderse que este último ha efectuado un esfuerzo mayor para conseguir abonar la indemnización a los perjudicados por el delito.

ii. Respecto del delito de robo con fuerza, la pena en abstracto prevista en el Código es la de prisión de uno a tres años de prisión ( art. 240 CP) . Debe aplicarse a este delito la agravante de reincidencia y la atenuante de confesión. Ponderando la confesión que ha procedido a efectuar el Sr. Luis Miguel, reconociendo la comisión de esta infracción, aun no existiendo prueba nítida sobre el modo en el que accedió el acusado al vehículo, se accederá a imponer la pena solicitada por las acusaciones para este delito, 6 meses y un día de prisión, al entender concurrente un fundamento de atenuación de la pena.

iii. Respecto del delito contemplado en el artículo 244.1, el Código prevé una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses. Debe apreciarse la atenuante de confesión, por lo que se debe imponer la pena en su mitad inferior. Se impondrá una pena de cinco meses de multa con cuota de 5 euros día, atendiendo a la capacidad económica del acusado.

iv. En relación con el delito de tenencia ilícita de armas, está sancionado con una pena de dos años a tres años de prisión ( artículo 564.1.1º en relación con el artículo 564.1.1º y 2º CP) . Debe apreciarse la atenuante de confesión. La pena que correspondería aplicar sería la mitad inferior, al concurrir una única atenuante en este delito. Dado que la pena máxima solicitada por las acusaciones respecto de este delito ha sido un año y un día de prisión, se impondrá la misma, a fin de respetar el principio acusatorio.

C. Respecto de Pilar, se la acusa de dos delitos:

i. En primer lugar, de un delito de amenazas del artículo 169.2 CP, que prevé una pena de 6 meses a dos años de prisión, debiéndose apreciar la atenuante de confesión, por lo que debe aplicarse la pena en su mitad inferior. Atendiendo a la entidad que en este supuesto tuvieron las amenazas y a la confesión que, de los hechos, ha efectuado la Sra. Pilar, se le impondrá la pena de prisión de un año. Aunque no se ha apreciado una específica atenuante respecto de esta acusada, debe mencionarse el esfuerzo efectuado por la misma para colaborar en la reparación de los daños causados por los delitos de asesinato.

ii. En relación con el delito de encubrimiento del que se acusa a Pilar, prevé una pena de 6 meses a tres años de prisión, con la atenuante de confesión. Se le impondrá la pena de un año de prisión, atendiendo al tipo de delito para el que se ejecutó el encubrimiento, así como a la existencia de la atenuante mencionada.

D. En relación con Patricia, la misma es acusada de un delito de encubrimiento, debiéndose apreciar la atenuante de confesión. Procede imponer una pena de un año de prisión, dada la existencia de la atenuante y, al mismo tiempo, considerando la relevancia que tuvo la conducta de esta acusada en el encubrimiento, al ser la persona que recibió el dinero prometido al Sr. Luis Miguel.

E. Demetrio es acusado de un delito de encubrimiento, sin apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Se impondrá la pena de 6 meses de prisión, máxima solicitada por las acusaciones, para respetar el principio acusatorio.

A los acusados condenados por delitos sancionados con pena de prisión se les impondrá también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, ex artículo 56 CP.

Procede imponer, en los términos impetrados por el Ministerio Fiscal a los acusados, la pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con Magdalena y Teodosio por tiempo superior a cinco años a la duración de la pena impuesta, ex artículo 57 del Código Penal. Esta pena no se acuerda respecto de Demetrio ni en relación con Patricia al no estar los delitos por los que han sido acusados comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 57 CP, no habiendo, en todo caso, estos dos acusados desarrollados actos directos contra la integridad física o psíquica de Felisa o sus hijos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- En lo que concierne a la responsabilidad civil derivada del delito de asesinato consumado sobre Felisa y del delito de asesinato en grado de tentativa, cometido sobre Teodosio, ha existido acuerdo en el presente procedimiento entre las partes implicadas sobre el quantum indemnizatorio.

El régimen jurídico de la acción civil instada en el proceso penal se encuentra previsto, fundamentalmente, en el Código Penal, si bien la Ley procesal penal trata también de ella en los artículos 100 y siguientes. Esta acción civil, aunque se ejercite en el proceso penal, está regida por el mismo poder de disposición que cualquier otra acción civil. En consecuencia, este poder de disposición llevará a su titular a poder renunciar o transigir sobre el mismo. Como recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo "la acción civil es contingente tanto en un sentido sustancial como procesal. Substancialmente porque, como es sabido, no todos los ilícitos penales producen un perjuicio evaluable económicamente a persona o personas determinadas. Procesalmente, porque el ejercicio de la acción civil en el proceso penal puede resultar exceptuado, bien por la renuncia de su titular, bien por la reserva de las acciones correspondientes para ejercitarlas ante la jurisdicción civil" (por todas, STS 11 marzo 2020). Sólo la renuncia del perjudicado extingue la acción civil, que, desde ese momento, no podrá ser ejercitada en su nombre por el Ministerio Fiscal. Renuncia que, además, deberá ser expresa.

Toda s las partes personadas en el procedimiento y, concretamente, las directamente implicadas en el ejercicio de acciones derivadas de los delitos de asesinato, consumado y en grado de tentativa, de donde surge el daño indemnizable, han manifestado su conformidad en que la responsabilidad civil quede satisfecha en los siguientes términos: mediante la indemnización ya consignada por Alvaro (conjuntamente con su esposa Felisa) y Luis Miguel, por importe de 166.000 euros. Y, asimismo, por otra cuantía adicional que deberá abonarse en los siguientes términos: 104.000 euros pagaderos en cuotas de 1.000 euros una vez que haya recaído sentencia firme.

Es en virtud de lo expuesto que procede conceder a los perjudicados por los delitos enjuiciados la indemnización indicada.

Todo ello sin perjuicio de la reserva de acciones que la acusación pública ha reseñado respecto de Víctor, Gabriela (por los daños en el Seat Ibiza con matrícula NUM010) y al propietario del vehículo Seat León con matrícula NUM011.

VIGÉSIMO TERCERO.- Las costas se impondrán a los condenados por la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 123 del Código Penal y el 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Visto lo expuesto,