Sentencia Penal 11/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 2/2025 de 11 de mayo del 2026

La sentencia se va a estructurar en cuatro apartados correspondientes a los tres recursos de apelación interpuestos por los condenados, y el cuarto correspondiente al RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO interpuesto por el Abogado del Estado en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) .

PRIMERO: RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Tribunales y obrando en nombre y representación de Don Pascual

Primero.- Motivos del recurso.

Se alza el recurrente contra la indicada sentencia alegando los siguientes motivos:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR, NI EN TÉRMINOS LITERALES NI CONTEXTUALES, LA PRESENCIA DE TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

SEGUNDO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. INEXISTENCIA DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN.

TERCERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DEL SR. Pascual. PARTICIPACIÓN UNA VEZ PRODUCIDA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE. INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA ( ART. 24.2 CE) POR INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. EL SR. Pascual FUE ACUSADO POR LA MODALIDAD TRADICIONAL DE DOLO Y, EN CAMBIO, HA SIDO CONDENADO DE MANERA SORPRESIVA POR IGNORANCIA DELIBERADA.

SEXTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

SÉPTIMO.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO-

OCTAVO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. FALTA DE MOTIVACIÓN. LA SENTENCIA NO VALORA LA PRUEBA DE DESCARGO PRACTICADA EN EL ACTO DE JUICIO ORAL.

NOVENO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL ( ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

DÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A DEFENSA. CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. MUTACIÓN SUSTANCIAL EN SENTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN.

UNDÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP. NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

DUODÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Dado traslado a las demás partes, el recurso fue impugnado por la Abogacia del Estado y LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS.

Se ha adherido al recurso la representación de la entidad mercantil INDULLEIDA ,S.A.

Segundo.-En el extenso escrito de recurso, más de 100 folios, hace referencia el recurrente a diversas cuestiones que se plantean de forma desordenada y reiterativa, por lo que la respuesta del Tribunal no va a seguir el orden establecido en el recurso, sino que se van a aglutinar en cuatro bloques:

El primero referido a la pretendida falta de motivación de la sentencia,en cuanto a la valoración, que dice inexistente, de la prueba de descargo presentada en el acto del juicio por el hoy apelante.

El segundo, relativo a la pretendida vulneración del principio acusatorio,con vulneración del derecho de defensa del apelante por haber sido condenado, de manera sorpresiva, afirma, por ignorancia deliberada.

En tercer lugar , y de forma más extensa, por infracción de ley,al discutir el apelante la interpretación del precepto en el que se funda la condena de su patrocinado.

En cuarto lugar, por error en la valoración de la prueba,en cuanto a la consideración de la falta de concurrencia en la conducta del apelante de los elementos constitutivos del tipo, así como la falta del elemento subjetivo legalmente exigible como presupuesto de la condena que se impugna.

Y por último, en quinto lugar, las peticiones formuladascon carácter subsidiario.

Tercero.-En cuanto a la queja por la denunciada falta de motivaciónde la resolución impugnada, (motivo OCTAVO), a la que anuda la solicitud de nulidad de la sentencia por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, la misma no puede ser estimada.

Articula el motivo el apelante, refiriéndose a la falta de toma en consideración en la sentencia de las declaraciones testificales y documentales presentados por la parte en orden a acreditar la falta de conocimiento por parte del condenado apelante de la existencia del préstamo al Instituto Catalán de finanzas y subvención de intereses a la Dirección General de Industria de la Generalidad, cuando se solicita el segundo pago de la subvención concedida por el FEGA por el señor Pascual en representación de la sociedad Indulleida.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Pues bien, en el presente caso, examinada por la Sala la resolución impugnada, puede comprobarse que la misma manifiesta el motivo por el que se considera acreditado el conocimiento por parte del apelante de la circunstancia indicada, lo cual supone que deshecha los testimonios y documentos que estaban orientados a descartar tal hecho. No es preciso, no es exigible, como apunta la Jurisprudencia indicada un relato referido a todos y cada uno de los extremos alegados en la cuestión a dilucidar, ni que exista una especial referencia todos y cada uno de los testimonios. La obligación del Juzgador es la de expresar el motivo de su juicio, de una manera clara y fundamentada en el material probatorio del que se ha dispuesto, y que ello quede reflejado en la resolución de forma que sea comprensible para el destinatario de la misma, y en su caso, como es el presente, al Tribunal que haya de examinar la resolución al ser esta impugnada.

Así las cosas es claro, por tanto, que a través de esta motivación, el órgano judicial justifica la existencia de la conducta constitutiva de infracción criminal, dando así cumplimiento suficiente al requisito de la fundamentación.

Cuestión absolutamente ajena a la existencia de tal valoración es que el recurrente esté o no de acuerdo con ella, más tal discrepancia no implica la ausencia de motivación

Cuarto.-El segundo bloque se refiere, como hemos adelantado, a la pretendida vulneración del principio acusatorio.(Motivo QUINTO)

Tal alegación tampoco puede ser estimada.

Como es de ver en la fundamentación de la sentencia, la referencia a la ignorancia deliberada lo es al analizar la concurrencia o no del error que fue alegado por la parte, en tal sentido se razona en la sentencia que :

"A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses".

Tal argumentación en modo alguno supone vulneración del principio acusatorio ni causa indefensión a la defensa del apelante, toda vez que se trata del análisis de la conducta del acusado, a tenor de los datos obrantes en la causa y de las objeciones por él mismo planteadas. No supone el planteamiento de cuestión nueva alguna que fuera ajena a los hechos y la calificación postulada por las acusaciones.

Para resolver esta cuestión puede resultar ilustrativa la STS, Penal sección 1 del 19 de noviembre de 2019 ( ROJ: STS 3723/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3723 ), que, aunque se refiere a la supuesta vulneración del principio acusatorio, para resolver estudia la homogeneidad o heterogeneidad de las modalidades de comisión dolosa o culposa de un mismo delito, en ese caso el de lesiones:

El principio acusatorio, tal como la jurisprudencia ha precisado ( SSTS. 609/2002 de 10 de octubre , 368/2007 de 9 de mayo y 279/2007 de 11 de abril , exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia.

La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación"( SSTC 134/86 y 43/97 ).

En definitiva, el respeto al principio acusatorio que informa el proceso penal exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo que, consiguientemente, no pudo desplegarse la oportuna estrategia de defensa.

De ahí que la acusación haya de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia deba de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse. Por ello los hechos deben estar perfectamente delimitados ya que, como dicen las SSTS de 8 de febrero de 1993 , 5 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1995 , constituyen elementos substanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa,

En suma, como recuerda la STS 212/2026, de 11 de marzo , con mención de la STS de 26 de febrero de 1994 , es evidente: "a) que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".

Lo que el principio acusatorio trata de impedir es que nadie pueda llegar a ser condenado en el proceso penal por una acusación de la que no haya tenido conocimiento suficiente y, por tanto, que no reciba un trato de desigualdad frente al acusador que le ocasione indefensión ( SSTC 54/85 de 18 abril y 17/89 de 30 de enero ); constituyendo, asimismo, el primer elemento del derecho de defensa, que condiciona todos los demás, pues mal puede defenderse de algo que no se sabe en concreto.

Ahora bien, el respeto al mencionado principio exige el acatamiento del relato fáctico en sus líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes, y así como la narración que sostenga la acusación deba de ser completa y específica -debe contener todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas-, no tiene por qué ser exhaustiva, esto es, no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decirlo pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad( SSTS de 4 de marzo de 1999 y 212/2026, de 11 de marzo ). (Sentencia de la SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de fecha trece de abril de dos mil veintiséis).

Incide en la queja respecto de la pretendida infracción del principio acusatorioen el Motivo DECIMO del recurso.

En este caso el recurrente sostiene que la sentencia ha realizado una mutación radical de los hechos objeto del proceso, según los escritos de conclusiones de las acusaciones, introduciendo un elemento nuevo que, a su entender, transforma los términos de la imputación.

Así formula su queja en los siguientes términos:

"Según es de ver en la página 22 de la Sentencia, en la misma se contiene una cita al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y, posteriormente, se efectúa la siguiente afirmación:

"Este último precepto deja de forma meridiana que el delito se comete al ocultar al FEGA que se va a solicitar la bonificación de los intereses a la Direcció General d?Industria, pero sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal nonificación de intereses".·

El texto subrayado es el que contempla el hecho que, introducido ex novo en Sentencia, nunca ha sido objeto de acusación y supone una alteración sustancial del mismo. Y es que lo que se dice es que el delito se cometería al ocultar al FEGA que se va a solicitar la subvención de la DGI, esto es, que quien se postula para la obtención de la ayuda del FEGA ya tendría en mente solicitar la de la DGI, pero oculta tal circunstancia al FEGA. De esta forma, por parte del Juzgador a quo, se está construyendo la conducta penalmente relevante como si de una suerte de dolo antecedente prototípico de la estafa se tratase. Es decir, el sujeto activo tendría conocimiento de que va a solicitar la subvención de la DGI y, aun así, solicita también la del FEGA.

Lo anterior supone una modificación sustancial de lo que fue el relato contenido en la conclusión primera de los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Europea, así como de lo que fue objeto de debate en el acto de plenario".

Atendidas las consideraciones expuestas, tal motivo tampoco puede ser estimado, ya que el propio texto extractado por el recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia recoge la acción imputada "... sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal Bonificación de intereses...",acción que es conforme con los hechos relatados en el relato fáctico que hemos transcrito en los antecedentes de la presente resolución, y en la que se plasma el devenir delictivo, en el que consta la sucesiva petición de subvenciones y la percepción de las mismas según el cronograma que se recoge.

No existe pues la introducción de hecho nuevo o distinto del planteado por las acusaciones, sin que el principio acusatorio pueda inferir el desarrollo por el Tribunal de los razonamientos que tenga por convenientes en la fundamentación de su resolución.

Quinto.-El tercer bloque de alegaciones hace referencia a la infracción de leyen que incurre la sentencia apelada en distintos de sus puntos que serán analizados a continuación

Dicho lo cual, y contestando a las alegaciones relativas a dicho particular, señalamos que:

A) En cuanto a la insuficiencia de los hechos probados.(Motivo PRIMERO)

En contra de lo argumentado por el recurrente, los hechos probados recogen la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo delictivo objeto de la imputación, por lo que la alegación carece de fundamento.

El tipo penal, en su redacción vigente a la fecha de los hechos disponía que:" "1.- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado, con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2.- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".

Redacción que se ha mantenido tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, con la única salvedad de incluir en el texto actualmente vigente a las subvenciones otorgadas de la Unión Europea.

Así pues, el tipo del artículo 308 del Código Penal contempla como elemento básico el falseamiento de las condiciones para la obtención de la subvención, u ocultación de las que la hubiesen impedido, lo que en el presente caso se concreta en la existencia de otra subvención, o préstamo, en este caso, con interés subvencionado.

En tal sentido, en la sentencia, en sus hechos probados, discutidos por el recurrente, se consigna que:

"Por resolución del FEGA de fecha 9 de agosto de 2018, le fueron concedidas a la compañía INDULLEIDA, S.A. subvenciones que ascendieron a un total de 3.882.095,34 euros, para la realización, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019, de los programas conforme al siguiente detalle: - Para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones la cantidad de 3.683.029,26 €. - Para el programa de Transformados Frutas y Vegetales la cantidad de 199.066,08 €.

En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF.

(...) El 9 de septiembre de 2019 el acusado Pascual, en beneficio de INDULLEIDA SA presentó la justificación y solicitud de pago ante el FEGA de la 2ª anualidad de la ayuda de ampliación y mejora de las instalaciones declarando que no habían solicitado ni recibido ninguna otra ayuda incompatible para la misma finalidad y objeto pese a que constaba que habían solicitado y recibido la ayuda del Instituto Catalán de Finanzas."

En consecuencia, sí se recoge, en contra de lo argumentado, la conducta que se considera constitutiva de delito.

B) Pretendida atipicidad de la conducta por dos motivos: por la inexistencia de ocultación preordenada a la obtención de una subvención, y por producirse la participación del recurrente una vez producida la consumación del delito.(Motivos SEGUNDO Y TERCERO del recurso).

Aunque el motivo se denomina por infracción de ley, en realidad, en el desarrollo del mismo el apelante desarrolla la argumentación relativa a su interpretación del precepto por el que se dicta la sentencia de condena que se impugna, considerando que la participación del recurrente habría de considerarse impune.

Considera que el delito se comete al solicitarse la subvención, que es cuando se produce la ocultación a la que se refiere el precepto legal, por lo que, en el momento de producirse la intervención del acusado ya no puede hablarse de una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

Según razona el recurrente: "... cuando la incompatibilidad entre subvenciones se produce con posterioridad a la solicitud de la ayuda pública -como acontece en el presente caso-, la conducta no puede subsumirse en el tipo penal del artículo 308.1 CP . No existe aquí una ocultación preordenada a inducir a error a la Administración, pues al momento de solicitarse la ayuda del FEGA no existía ninguna otra subvención en trámite o concedida que pudiera considerarse incompatible. La posterior solicitud de una ayuda adicional, con independencia de su eventual incompatibilidad administrativa, no transforma en delictiva una conducta anterior que fue legal y transparente en su génesis. De ahí que la eventual consecuencia jurídica -si es que se acredita un doble financiamiento- deberá encauzarse, en su caso, a través de los mecanismos de reintegro del artículo 37.1 c) LGS , nunca a través del Derecho Penal".

En consecuencia, según su argumentación, el engaño u ocultación solo pudo tener lugar en el momento de producirse la solicitud de ambas ayudas, momentos en los que el recurrente no desempeñaba papel alguno por no haber adquirido aún la entidad beneficiaria de las mismas

Y como consecuencia de ello considera asimismo atípica la acción imputada a su patrocinado ya que el art. 308.1 CP pueda considerarse, a salvo de alguna cuestión sobre tipo subjetivo, una suerte de delito mutilado de dos actos, en que el delito queda consumado con la aprobación de la subvención a favor del sujeto activo, reservándose el efectivo desplazamiento patrimonial para la fase de agotamiento del delito, y por ello se desprende que el momento consumativo del ilícito se habría producido el 9 de agosto de 2018 o, en su caso, el 18 de diciembre de 2018, momento en que las respectivas administraciones concedieron las subvenciones solicitadas. Sin embargo, la única conducta que se atribuye a nuestro defendido tiene lugar el 9 de septiembre de 2019, momento en que el Sr. Pascual, nuevo administrador de INDULLEIDA, solicita el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA.

De lo anterior se colige, necesariamente, que la intervención de nuestro representado tiene lugar una vez consumado el delito del art. 308.1 CP y, por lo tanto, quedaría extramuros de la jurisdicción penal.

Tanto el apelante como los Fiscales Delegados en su escrito de impugnación, hacen referencia al Auto núm. 20.424/2022 de fecha 9 de junio de 2020, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en una cuestión de competencia entre un Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Europea.

Dicha resolución sienta un criterio claro al respecto "Sí parece, sin embargo, que no podemos de manera alguna desdeñar la última fecha -6 de febrero de 2008-. Sea cual sea la fórmula defraudatoria (obtención indebida o desvío de lo asignado del objeto para el que se reclamó), la percepción efectiva de los fondos forma parte del tipo de defraudación (ya hablemos del art. 306 -si es que no se le considera tácitamente derogado a partir de la reforma de 2019-; ya nos situemos en el ámbito del art. 308 CP , como parece más correcto, en principio y sin voluntad de prejuzgar). No aporta nada a los efectos que aquí interesan plantearnos si la cuantía es elemento del tipo -resultado- o condición objetiva de punibilidad. Tampoco es necesario anticipar un debate sobre la forma de calcular la cuantía -periodos o actividades- en lo que ha incidido la reforma de 2019 y podría surgir alguna discrepancia según manejemos el art. 306 o el art. 308. (...) Podemos hablar de hechos sucedidos después del 17 de noviembre de 2017: no puede negarse la competencia de la Fiscalía Europea para investigarlos, aunque ello atraiga conductas acaecidas anteriormente, pero inescindibles. Las normas transitorias ( art. 120.2 del Reglamento y Disposición Transitoria Única de la Ley Nacional ) están formuladas en sentido afirmativo. No excluyen de la competencia de la FE los delitos cometidos antes del 20 de noviembre de 2017; sino que le atribuyen competencia para conocer de los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor. El presunto delito aquí analizado ha sido cometido, en parte, después de su entrada en vigor. Si la Ley se refiriese a los delitos íntegramente cometidos después de esa fecha; o excluyese tajantemente los delitos cometidos con anterioridad, sería distinto. El matiz es sutil -muy sutil, si se quiere- pero no desdeñable. Se ha optado no por excluir los delitos anteriores, sino por incluir los posteriores. La consecuencia será atribuir la competencia a la Fiscalía Europea".

Aplicando tal criterio al supuesto objeto de examen, no puede sino afirmarse que la actuación llevada a cabo por el apelante, la solicitud del pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA, ocultando, no manifestando la existencia de la previa subvención a que hemos hecho referencia, forma parte del iter delictivo, por lo que las alegaciones expuestas en tal sentido por el apelante no van a ser estimadas.

C) Pretendi da atipicidad de la conducta. INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF (Motivo SEXTO).

A lo largo del presente motivo, el recurrente analiza el artículo 7 del Real Decreto 1010/2015, en redacción modificativa introducida por el Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, e incide en cual habría de ser la calificación jurídica del préstamo del ICF.

La interpretación correcta del art 2.4 h LGS es la que distinguiría entre el préstamo con el interés subsistente no subvencionado (préstamo oneroso), y el interés parcialmente bonificado (subvención). Por tanto sólo sería subvención el interés parcialmente subvencionado, pero no el préstamo con interés parcialmente vigente ( EURIBOR más 0,95%), que seguiría siendo un préstamo oneroso al que, eso sí, se le incrusta un interés subvencionado.

De ello procede a analizar si la subvención del FEGA y el préstamo con interés parcialmente subvencionado, tienen "la misma "finalidad y objeto", en cuyo caso ex art 7 del RD 1010/2015 serían incompatibles. Nótese que el precepto reglamentario exige identidad, -"la misma"-, finalidad y objeto. No basta con la similitud, se requiere identidad, máxime para integrar un elemento normativo del tipo penal del art 308.1 CP, siempre con la ineludible certeza y taxatividad exigida por la necesaria predeterminación típica de la conducta punible ( art 25.1 CE) . Y concluye que El objeto de la subvención del FEGA, es decir, "aquello en lo que se materializa el desplazamiento patrimonial", es un proyecto de ampliación y mejora de instalaciones y un proyecto de transformados de frutas y vegetales. Por el contrario, el objeto en el que se materializa la subvención de la Dirección General de Industria es una parte del interés asociado al préstamo concedido por el ICF.

En definitiva, y a modo de conclusión, ambas subvenciones tienen una diversa finalidad y objeto , la acusación no ha acreditado esa "misma" finalidad y objeto aun en el caso de que el préstamo, y no sólo el interés parcialmente subvencionado, sea calificado también como subvención.

La presente alegación discute el relato fáctico contenido en la sentencia impugnada, en la cual se explicita cual fue el fundamento y finalidad de ambas ayudas solicitadas.

Tal y como se recoge en el relato factico "El objetivo del proyecto de "Ampliación y Mejora de Instalaciones" subvencionado con fondos europeos consistía en actuaciones para la mejora de las instalaciones, con la finalidad de obtener productos innovadores, de mayor calidad, que satisficiesen las demandas del consumidor y con mayor valor añadido. De este modo, se añadía valor a las frutas y verduras de segundas calidades mediante transformación industrial. La subvención concedida a INDULLEIDA SA en este proyecto fue de 3.683.029,26 euros, distribuida en dos anualidades. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado para las dos anualidades fue de 3.641.753,46 euros.

La finalidad del proyecto "Transformados de Frutas y Vegetales", igualmente subvencionado con fondos europeos, consistía en la ampliación del parque logístico para captación de fruta, y la instalación de una lavadora de palots, dando servicio a los agricultores y entidades cooperativas. La subvención concedida en este proyecto a la empresa INDULLEIDA SA fue de 199.066,08 euros. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado fue de 190.649,01 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 350.023,91 euros.

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.

En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo.

En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF

(...) Así se reconoce de forma expresa en el escrito de conclusiones de la defensa de acusado Adrian, en el que textualmente se lee que el día 26 de marzo de 2018 el Sr. Adrian, en su calidad de representante legal de la empresa, presentó ante el FEGA una solicitud de subvención para dos proyectos de inversión: uno para la ampliación y mejora de las instalaciones y el otro para transformados de frutas y vegetales. Y se sigue diciendo que de forma coincidente en el tiempo, el Sr. Adrian, junto con el departamento de administración de la empresa, gestionó la obtención de un préstamo bancario para financiar el proyecto".

El fundamento de la alegación consiste en la artificiosa separación entre el préstamo solicitado y concedido y la bonificación del interés del mismo, considerando en consecuencia que dicha modificación del interés en base a la subvención obtenida, afecta a la materialidad del préstamo, y que ello en consecuencia no supone una identidad con la subvención solicitada respecto del FEGA en los términos interesados.

Tal argumentación no puede ser estimada, puesto que, conforme se relata en los hechos probados consignados, el préstamo solicitado tenía igual finalidad que la ayuda solicitada del FEGA, por lo que la bonificación del interés estaba afectado por la misma finalidad, el proyecto de mejora de las instalaciones de la empresa.

Así se hace constar en el escrito de impugnación de la Fiscalía Europea al señalar que la certeza de la incompatibilidad de ambas subvenciones y en la consideración del préstamo y la bonificación de los intereses como un único instrumento financiero.

Señala la Fiscalía que "La ayuda del FEGA tiene su origen en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales. Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2015, prevé, en su apartado 5.1.6 que el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) incluya «un conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa, cuyos beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley 13/2013, de 2 de agosto». En el punto 5.1.12 del Marco Nacional se recomendaba la introducción en los programas de desarrollo rural de mecanismos que garantizaran la complementariedad y sinergias del FEADER con otros fondos disponibles de la UE, garantizando que en ningún caso se produjera una doble financiación de los gastos. Así pues, ya desde la aprobación del Marco Nacional se preveía la implantación de medidas que aseguraran la no acumulación de ayudas."

Con relación al citado artículo 7.1 del Real Decreto 1010/2015, que se expresa en los siguientes términos: "Incompatibilidad con otras ayudas. 1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales".

Así pues, asiste la razón al Juzgador de la Instancia al establecer la inescindibilidad de la bonificación de intereses con el objeto del préstamo, puesto que tal bonificación tiene lugar precisamente por cual fuera el objeto del préstamo solicitado, y no por cualquier otro motivo.

El hecho de que INDULLEIDA, S.A. operase en el sector de la transformación de productos agrarios le permitió acceder a ambas líneas de subvención por su doble naturaleza agroalimentaria e industrial. En cuanto al objeto de la subvención y de la ayuda, se centran en la realización de inversiones encaminadas a reforzar la capacidad productiva de las empresas.

Respecto a la segunda ayuda, nos encontramos, como señala el apelado Fiscalía Europea "... ante un préstamo otorgado por ICF cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Esta ayuda se puede identificar con la figura que contempla la Ley General de Subvenciones en la letra 2.4.h), que califica como subvenciones los supuestos en que la Administración pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Como consecuencia de todo lo cual, el motivo debe asimismo decaer.

Sexto.-El cuarto de los bloques de alegaciones, como se ha apuntado, señala en distintos apartados la queja por el denunciado error en la valoración de la pruebasufrido por el Juzgados de la Instancia.

En relación con el error en la valoración de la prueba,el Tribunal Supremo ha señalado que la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 de la CE se caracteriza por incluir dos extremos fácticos como son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho. Asimismo, el respeto de la presunción de inocencia exige para su enervación prueba de cargo

a) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio;

b) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales;

c) "lícita", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y

d) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena.

En otras palabras, "no basta con que exista un principio de actividad probatoria, sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria".

Conviene igualmente recordar la reiterada doctrina jurisprudencial en virtud de la cual cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la LECrim y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem",quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

No obstante, los órganos de apelación han de entrar en la valoración de la prueba practicada cuando se trata de sentencia condenatorias. Así, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 125/25 de 13 de febrero, señala que "cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena, el tribunal que conoce del recurso dispone de plenas facultades revisoras. El efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia...este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia"

.Doctrina que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024 de 3 de junio. En definitiva, si lo que se pretende mediante el recurso ante la segunda instancia es proteger más y mejor el derecho a la presunción de inocencia, debe reconocerse la competencia del tribunal de apelación no solo para controlar la razonabilidad de los argumentos de justificación probatoria que ofrece el tribunal de instancia, sino también para valorar la información probatoria producida en la instancia aunque no haya podido percibir de manera directa los gestos empleados por los testigos y peritos". Como se puede observar, el Tribunal de apelación debe analizar toda la prueba practicada con plena jurisdicción, dando efectivo cumplimiento al principio devolutivo y haciendo efectiva la doble instancia penal, revisando la valoración de la prueba realizada por el Juez de lo Penal.

En el presente supuesto, la Sala debe partir de que la resolución impugnada:

1º) Dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente),

2º) Esta prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita): la prueba se ha llevado a cabo en el acto de juicio oral y por tanto ha sido sometida a inmediación y contradicción sin que el recurrente haya mostrado ninguna censura al respecto.

3º) Tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

Con cita de la SENTENCIA N.º 49/2026 SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de trece de abril de dos mil veintiséis "Por centrar convenientemente la cuestión debemos reiterar la doctrina elaborada en torno a esta figura que reproducimos en muchas de nuestras resoluciones, a las que ahora nos remitimos, y que condensan la naturaleza del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido ya en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 , para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

Y recordar que, tal y como la configura la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, se trata de una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Baste decir que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se debe verificar si la prueba de cargo con base en la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, debiéndose analizar por tanto:

-en primer lugar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible; y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen la contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

-en segundo lugar, "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y,

-en tercer lugar, "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Todo ello con el único límite que supone la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba que haya sido practicada en el juicio oral.

B) A lo anterior debemos añadir, de acuerdo con una consolidada doctrina -por todas, SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre - que, aunque la prueba en la que se base la solución condenatoria fuere indiciaria al faltar cualquier prueba directa acerca de la comisión de los hechos delictivos, la misma sería suficiente al efecto de enervar la presunción que ahora se dice quebrantada.

Y ello es así siempre que: a) el hecho o los hechos base (indicios) estén plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento resulte asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

C) Nuestro papel en torno a este particular debe limitarse a comprobar tres concretos aspectos en relación con la denunciada quiebra de la presunción de inocencia, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Tribunal de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 152/2016, de 25 de febrero , 741/2015, de 10 de noviembre , 448/2011, de 19 de mayo y 25/2008, de 29 de enero , entre otras)".

Habida cuenta lo cual, pasamos a examinar las alegaciones que sobre este particular plantea el apelante:

A) ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO- (Alegación SEPTIMA DEL recurso)

A lo largo de dicha alegación, que se desarrolla en los folios 57 a 82 del recurso, el apelante alega que:

-Como censurábamos en nuestro primer motivo de apelación, pese a ser uno de los principales argumentos de defensa articulados por esta parte tanto en el escrito de defensa como en el plenario, el relato de hechos probados nada dice respecto de si nuestro defendido tenía conocimiento, o no, de la existencia de la subvención de la DGI o si era conocedor de la incompatibilidad de esta con la del FEGA. Esta falta de acreditación en los hechos probados del elemento subjetivo del tipo debería llevar, por sí misma, a que la Ilma. Sala decretase la libre absolución de nuestro defendido (vid. Primer motivo de apelación).

- Para el negado caso en que, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se permitiese heterointegrar en contra de reo el relato de hechos probados con los fundamentos jurídicos, en las páginas 26 y 27 de la Sentencia se contienen las únicas referencias respecto de si nuestro defendido era conocedor de la existencia de la subvención de la DGI sobre los intereses del préstamo del ICF.

- En contra de lo que se refiere en la Sentencia, además de la propia declaración del acusado, en el plenario se practicaron hasta siete declaraciones testificales a instancias de esta defensa, además de sendas pruebas documentales, que acreditan, precisamente, este extremo controvertido, a saber: el desconocimiento por parte no solo del Sr. Pascual sino del personal de INDULLEIDA que presta sus servicios para la compañía después de su toma de control por NUFRI acaecida en enero 2019, respecto de la existencia de una subvención concedida por la DGI sobre parte de los intereses del préstamo del ICF. Por lo tanto, no es cierto que "más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento". Se aportaron siete testigos y varios documentos que acreditan fehacientemente dicha realidad.

- Pues bien, estas ocho declaraciones testificales, junto con la declaración del acusado y los correos electrónicos aportados como DOC. nº 27 a nuestro escrito de defensa, acreditan sin género de dudas que (a) al momento de solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA, única conducta que se imputa a nuestro defendido, este desconocía completamente la existencia de la bonificación de la DGI de parte del interés del préstamo del ICF y, (b) que los actuales responsables de INDULLEIDA, tras la adquisición de la compañía en enero de 2019, tomaron conocimiento por primera vez de la existencia de la subvención otorgada por la DGI en el mes de septiembre de 2021, con ocasión del control financiero de la Intervención Territorial de Lleida.

En el desarrollo de la alegación y para acreditar los fundamentos de su tesis, analiza, desde su particular perspectiva, los siguientes datos:

- 1.El Sr. Pascual se vincula con INDULLEIDA con posterioridad a la solicitud y concesión tanto de la subvención del FEGA como del préstamo del ICF con interés subvencionado por la DGI.

- 2.En el proceso de compraventa no se informa sobre la existencia de las subvenciones del FEGA y de la DGI.

3.En la compraventa de participaciones, NUFRI únicamente tiene acceso a las cuentas anuales auditadas de INDULLEIDA

- 4.En las cuentas anuales auditadas únicamente aparece el total agregado de las subvenciones que tiene concedidas la entidad.

- 5.Cambio del personal de INDULLEIDA entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

- 6.La contabilidad de INDULLEIDA no reflejaba la existencia de la bonificación de los intereses del préstamo.

- 7.En INDULLEIDA no se encontró un expediente físico o digital del préstamo del ICF o de la subvención de la DGI.

- 8.Cuando la Intervención solicita la documentación relativa a la bonificación de los intereses por la DGI los trabajadores de INDULLEIDA creían que se trataba de un error.

- 9.Consta documentado que se tuvo que solicitar al ICF la documentación relativa al préstamo y confirmar con la DGI si verdaderamente existía una subvención parcial del interés.

- 10.Los propios testigos sitúan la toma de conocimiento de la existencia de la subvención del interés del préstamo en noviembre de 2021, con ocasión del correo remitido por el ICF y la DGI.

"COMO CONCLJUSIÓN DE TODO ELLO Lo anterior conlleva que deba tenerse por debidamente acreditado que, al momento de efectuar la solicitud de pago de la segunda anualidad del FEGA, el Sr. Pascual desconocía la existencia de la bonificación parcial de la DGI sobre el préstamo del ICF y, por ende, su posible incompatibilidad con la del FEGA. O, cuanto menos, no existe prueba del conocimiento de dichas circunstancias por parte de nuestro defendido, ya que toda la practicada apunta en dirección contraria. Lo anterior supone que no concurra en la conducta del Sr. Pascual el necesario dolo que exige el art. 308.1 CP , deviniendo la misma atípica desde esta perspectiva. Por todo ello, habiéndose acreditado cumplidamente la ausencia de conocimiento del Sr. Pascual respecto de la bonificación de la DGI en el momento de solicitar la segunda anualidad del FEGA, esta parte interesa que, con estimación del presente motivo de apelación, se revoque la Sentencia y, a superior imperio, se dicte otra por la que se absuelva a nuestro defendido, al no concurrir el elemento subjetivo del tipo exigido por el delito que se le imputa".

Hemos de decir al respecto que la sentencia motiva de forma adecuada y suficiente el por qué descarta ese supuesto desconocimiento por parte del apelante de la existencia de la subvención del interés del préstamos concedido en el momento de solicitar el pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA.

Al respecto, consta en la fundamentación jurídica de la resolución, lo siguiente:

"Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo por la Dirección General d'Indústria. Con respecto a esta cuestión debe recordarse con la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1171/1997, de 29 de septiembre que: a) Queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho ( Sentencia de 29 noviembre 1994 ), de la misma manera y en otras palabras ( Sentencia de 16 marzo 1994 ), que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder incorrecto. b) No es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente. En este sentido recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2025 (ROJ:ATS 3170/2025-ECLI:ES:TS:2025:3170A) que el error de tipo, excluye el dolo y su prueba corresponde al que lo alega ( STS 478/2019, de 1 de octubre ). En todo caso, cabe reiterar que la Jurisprudencia viene sosteniendo que para excluir el error resulta suficiente con que pueda racionalmente inferirse que el sujeto agente tenía conciencia de una alta probabilidad de que concurriese el elemento típico. De modo que, para excluir el error de tipo, no se requiere la plena seguridad sobre la concurrencia de un hecho constitutivo de la infracción, sino que basta con que se tenga conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurra y pese a todo se opte consciente y voluntariamente por realizar la acción típica ( STS 310/2017, de 3 de mayo ). El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: STS de 2 de junio de 2015 : la sospecha de ilicitud excluye el error (vid igualmente STS 684/2018, de 20 de diciembre ). El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. Una actitud de indiferencia o desprecio frente a la alta probabilidad de la antijuricidad de la conducta no sería error ( STS 204/2021, de 4 de marzo ).

A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses."

De lo anterior se deduce que se han tomado en consideración por el Juzgador de la Instancia las alegaciones en tal sentido formuladas por la defensa acerca de la pretendida inexistencia en la documentación de la empresa de dato alguno respecto a la solicitud y obtención de la referida bonificación de los intereses del préstamo. Y la respuesta a tal alegación es negativa, en los términos que hemos consignado.

No resulta creíble la tesis exculpatoria basada en el desconocimiento de la existencia de tal bonificación de intereses, más aún de la existencia de subvención alguna, aun cuando en el número 4 de los ordinales expuestos, se hace referencia a la existencia de información contable acerca de las subvenciones que tenía concedida la compañía adquirida, señalando que sólo figuraba el importa global, y no desglosado, Ello lleva a considerar que lógicamente, al solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA el recurrente conocía la existencia de subvenciones, y es más, el importe de lo que habría de solicitar, lo que implica que hubo de examinarse la documentación correspondiente.

Resulta increíble el desconocimiento del importe de un préstamo que habían de estar amortizando los adquirentes de la mercantil, y que por ello, la documentación pertinente, y la rebaja de los intereses, tenía una causa, que debía ser conocida, por los gestores y empleados y fundamentalmente por el acusado que ostentaba la representación de la entidad.

A lo largo de todo el alegato se insiste por el recurrente en la inexistencia de expediente físico o digital en la entidad que acreditase la existencia de la bonificación del interés.

Tal argumento, pese a los esfuerzos del recurrente no puede ser estimado, puesto que, como señala el Juzgador de la Instancia, se trata de la adquisición de las acciones de una mercantil, por lo que toda la documentación relativa a la contratación previa al acto de la compraventa hubo de ser conocida por las partes contratantes, y así lo manifestó incluso el coimputado en su declaración, como se recoge en la sentencia "... de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria."

B) INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL (ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.(Motivo NOVENO del recurso)

Continua el apelante con idéntico argumentario a lo largo de este motivo , enfocando ahora su queja en la pretendida concurrencia del error de tipo del artículo 14 del Código Penal, que transformaría en impune la conducta de su patrocinado, fundando su alegato en que su representado habría incurrido en error en un elemento integrante de la infracción penal, como es el concepto de subvención y la eventual incompatibilidad del préstamo y de la subvención del FEGA.

A continuación se extiende sobre el objeto y finalidad de ambas subvenciones, el carácter de Crédito oficial del concedido por el ICF, y sobre el objeto subvencionado, aportando explicaciones acerca de las circunstancias tan llamativas, tal y como se recogen en la sentencia, en las que se verificó la operación y que por esta vía justifica el apelante, mencionando el interés comercial en la adquisición de la entidad, y en la motivación del escaso control ejercitado sobre la contabilidad de la entidad, que justifica por la minoración del precio a cambio de la asunción por el comprador de los riesgos.

De todo lo cual concluye la inexistencia de una deliberada falta de diligencia por parte de su patrocinado en el momento de la adquisición de la mercantil, no existiendo dato alguno que a su entender pudiera acreditar que el mismo tuviera una sospecha sobre la existencia del préstamo.

La cuestión ya ha sido tratada con anterioridad, e incide sobre puntos ya debatidos, sin que este bloque de alegaciones heterogéneo y aportando explicaciones extemporáneas sobre las incidencias de la contratación, conduzca a la estimación de error en la valoración de la prueba por el Juzgador de la Instancia.

C) INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE . INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

Sobre este particular, en estrecha relación con lo hasta ahora expuesto, debe ponerse el acento en el dato de que el Juzgador de la instancia hace referencia a la ignorancia deliberada en los términos a los que ya nos hemos referido y hemos transcrito en anteriores apartados, dando respuesta a la alegación planteada por la defensa del hoy apelante sobre la concurrencia del error de tipo que conduciría a su absolución.

El Juzgador descarta la existencia de tal error y es en dicha argumentación donde afirma que "Del indicado delito es igualmente responsable en conceto de autor el acusado Pascual, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución, al reconocer expresamente en el acto del plenario como, en su condición de Consejero Delegado de INDULLEIDA, realizo el 6 de septiembre la solicitud de pago de la subvención concedida por el FEGA, lo que igualmente se ve contrastado por la propia solicitud que se encuentra en el acontecimiento 251. Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses d'Indústria.....".

Y más adelante se razona que " A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. .... En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberadade lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses....".

En definitiva, como hemos analizado, la estrategia defensiva del apelante tiene su fundamento en el desconocimiento de la existencia de la subvención de los intereses del préstamo otorgado por Institut Català de Finances cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña.

La lectura de la resolución recurrida revela que existe en la misma un raciocinio lógico y conforme a las máximas de la experiencia a la hora de establecer los hechos declarados probados. El juzgador de la instancia realiza una minuciosa descripción de la prueba de cargo valorándola con acierto, por lo que el recurso no puede prosperar. Frente a la acertada argumentación que contiene la sentencia, la parte recurrente pretende sustituir sin más su propia versión, lógicamente interesada en el legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, por la del juzgador de instancia que desde la posición privilegiada que le otorga la inmediación proporciona no sólo acertadas sino suficientes explicaciones de la prueba de cargo de suficiencia incuestionable para enervar el principio de presunción de inocencia.

La Sala no atisba rasgos de arbitrariedad, irracionalidad, error manifiesto o capricho en dicha inferencia, ajustándose la misma a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y por ello, tal y como hemos anticipado, la Sala entiende ajustada a Derecho la conclusión condenatoria y por ello, el motivo del recurso desestimado.

Séptimo.-Por último, en las alegaciones décimo primera y décimo segunda del recurso, hace referencia a dos cuestiones que alega, con carácter subsidiario a las anteriores.

A) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP . NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

A lo largo de dicha alegación afirma el apelante que la atribución de la totalidad del citado perjuicio tanto al Sr. Adrian como al Sr. Pascual es el resultado forzoso de haber aplicado, aunque no se diga expresamente en la resolución, el principio de imputación recíproca propio de la coautoría, según el cual en todos los delitos -y, en particular, en los delitos patrimoniales- todos los coautores responden por la totalidad del perjuicio causado aun cuando personalmente no haya ocasionado dicho daño patrimonial en su totalidad.

Por tanto, no hubo tampoco una ejecución acordada del hecho, sino que cada uno tomó las correspondientes decisiones por iniciativa propia y sin consensuarlas con el anterior o posterior administrador de la compañía.

Debe, por tanto, quebrarse la aplicación del principio de imputación recíproca, de tal modo que cada acusado responda única y exclusivamente por la parte defraudada durante su etapa al frente de INDULLEIDA. De ello se desprende que, en el peor de los casos, el Sr. Adrian debería responder por la cantidad máxima de 970.927,6 euros y, por su parte, el Sr. Pascual por la cifra máxima de 1.143.218,47 euros, siendo cada uno de ellos responsable de su propio delito y no coautores de un delito conjunto. Ciertamente en ambos casos nos seguimos moviendo en cuantías penalmente relevantes, por lo que la ruptura de la coautoría no supondría la irrelevancia penal de los hechos (en el improbable supuesto de no prosperar ninguno de los anteriores motivos de recurso). Sin embargo, la anterior conclusión tiene importantes efectos en otros puntos de la sentencia. Concretamente: A) Debe comportar una radical reducción de la pena de multa impuesta, que deberá bajar de los tres millones de euros acordados a cifras muchos más próximas a los citados 970.927,6 euros en el caso del Sr. Adrian y 1.143.218,47 euros en el caso del Sr. Pascual. B) Debe suponer asimismo una radical reducción de las responsabilidades civiles impuestas a cada acusado, no procediendo aplicar la regla de solidaridad entre coautores prevista en el art. 116.2 del Código Penal. De tal modo que el Sr. Adrian deberá responder solo por la cuantía de 970.927,6 euros y el Sr. Pascual por la cifra de 1.143.218,47 euros, sin perjuicio de que en ambos casos INDULLEIDA siga siendo responsable civil subsidiaria ex art. 120.4 CP.

Tal argumentación carece de sustento.

En el fundamento de la sentencia dedicado al análisis de la autoría, se analiza el fundamento de cada uno de los condenados, y en concreto debemos señalar que se razona que: "...la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica".

En tal sentido es claro el contenido del artículo 31 y 31 bis.1 y 310 bis del Código Penal en cuanto a la penalidad,

En el segundo de estos se dispone que "1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

Y en el artículo 31 se dispone que : ." El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre".

De la simple lectura de ambos preceptos se deduce tanto la responsabilidad de la entidad INDULLEIDA como de las personas que han actuado como administradores de la misma, el aquí apelante y el anterior administrador, y ambos son responsables en concepto de autores, en el sentido del artículo 28 del mismo texto legal, del delito que sea objeto de imputación. No es de recibo el fraccionamiento de la responsabilidad que se propugna, puesto que ambas actuaciones lo son en nombre y beneficio de la sociedad y por las personas, los acusados, autorizadas para ello, por lo que la responsabilidad es única, derivada de un único delito imputable a la sociedad y a sus administradores en cuanto tales.

B) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP , 9.3 , 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Alega el recurrente que, en orden a la determinación de la pena, en el caso de la prisión y de la imposibilidad de gozar de subvenciones el Juzgador a quo ha optado por imponer la pena mínima posible, que ha concretado, respectivamente, en un año de prisión y tres de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Sin embargo, en el caso de la multa se ha producido un sensible apartamiento del mínimo imponible, que en este caso era la cantidad equivalente a la cuantía defraudada (2.114.146,27 euros), es decir, "el tanto" en palabras del art. 308 CP.

Ha aumentado la concreta pena hasta prácticamente la mitad de dicho marco, alcanzando los tres millones de euros, sin ofrecer una sola razón para no seguir el mismo criterio de imponer el castigo mínimo aplicado en las otras dos penalidades, más allá de afirmar que esta pena "se estiman [sic] ponderada a los hechos denunciados, al no apreciarse circunstancias que aconsejen imponer otra superior", una afirmación que, con los debidos respetos, está completamente vacía del más mínimo contenido referido al caso concreto enjuiciado. Y considera que ello , la ausencia de motivación en relación con la extensión concreta de la pena de multa, vulnera el art. 120.3 de la Constitución, así como el art. 9.3 CE, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos., y se le ha privado del derecho a conocer -y, eventualmente a impugnar- las razones de este severo castigo ( art. 24.1 CE)

Dicho motivo tampoco puede prosperar.

Las penas se han impuesto en su grado mínimo, y el apartamiento del mínimo estricto en la imposición de la pena de multa sí se ha motivado, en contra de lo sostenido por el apelante, en consideración a que se considera ponderada a la gravedad de los hechos denunciados.

No es exigible la imposición del mínimo estricto en la pena de multa, que se ha mantenido en la cuantía cercana al mínimo, puesto que, como ya hemos visto la pena imponible sería de hasta el séxtuplo de la cuantía objeto de la defraudación, siendo así que la multa impuesta está lejos siquiera del duplo de la cuantía, y que la cantidad defraudada es muy superior a la señalada como mínimo por el precepto legal de 100.000 euros.

SEGUNDO.- RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Juzgados y Tribunales, actuando en nombre y representación de INDULLEIDA, S.A.

Primero.- Admisibilidad del recurso.

En primer lugar debemos pasar a analizar la -alegación de la Abogacía del Estado, que estima que no procede la admisión a trámite del recurso interpuesto por dicha condenada, por estar el mismo interpuesto fuera del plazo legal. Así razona que: "La interposición del recurso de apelación contra la Sentencia ha de efectuarse en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habiéndose notificado el auto de aclaración de la Sentencia 9/2025, de 30 de junio, el 15 de julio de 2025, según consta en la Diligencia de Ordenación dictada por el Juzgado Central de lo Penal de 17 de septiembre de 2025, que refiere a la Diligencia de Remisión obrante en el acontecimiento 293, el último día del plazo para presentar el escrito de interposición de recurso de apelación vencía el 31 de julio de 2025. En la medida en que el escrito de interposición de recurso se presenta vía sistema Lexnet el 2 de septiembre de 2025, se considera que se ha presentado fuera del plazo."

Al respecto hemos de decir, en primer lugar, que el recurso ya fue admitido por el Juez Central de lo Penal, como así consta en la Providencia de fecha 2 de septiembre de 2025, "interpuestos por el Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación del acusado Pascual, por Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación de INDULLEIDA SA, y por la Procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro en nombre y representación de Adrian, y apreciándose que reúnen los requisitos establecidos en el art. 790. 2 y 3 de la LECR, se acuerda la ADMISIÓN a trámite de todos los recursos de apelación interpuestos. " Dicha resolución es firme al no haber sido la misma objeto de recurso.

Y ello a tenor del contenido de la Diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de dos mil veinticinco que señalaba las fechas de notificación de la sentencia a los acusados INDULLEIDA SA y Pascual, les fue notificada personalmente la sentencia en fecha 15/07/2025 y al acusado Adrian se le notificó en fecha 18/07/2025.

La fecha que debe computarse para el inicio del cómputo es la de la última notificación, en este caso 18 de julio de 2025 (El acuerdo de unificación de criterios del orden penal de 26 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, relativo al inicio del cómputo del plazo del recurso de apelación contra sentencias dictadas en el procedimiento abreviado y en el juicio por delitos leves, señala que el mismo debe comenzar a correr desde la última notificación realizada a las partes), por lo que la presentación del recurso en fecha 2 de septiembre debe considerarse dentro del Plazo legal.

Segundo.- Motivos del recurso:

Las alegaciones que componen el recurso son las siguientes:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. LOS HECHOS DECLARADOS JUDICIALMENTE COMO PROBADOS POR SENTENCIA, TAL Y COMO ALLÍ CONSTAN NO RESULTAN LITEROSUFICIENTES, BASTANTES NI POSIBILITAN EL JUICIO DE SUBSUNCIÓN /TIPICIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES OBJETO DE CONDENA RESPECTO DE NINGUNO DE LOS SUJETOS AQUÍ ACUSADOS. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DECLARADA PROBADA. IMPOSIBLE HETEROINTEGRACIÓN Y/O SUBSANACIÓN EN SEDE DE RECURSO Y PERJUICIO DE REO. DECLARACIÓN DE LIBRE ABSOLUCIÓN.

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. INEXISTENCIA DE CONDICIÓN IMPEDITIVA ALGUNA Y DE ACTUACIÓN DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR EL FEGA. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

TERCERO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

QUINTO.- INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN EN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

SEXTO.- CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Tercero.-En cuanto al primero de los motivos del recurso que se han expuesto, alega el recurrente la necesidad y procedencia en Derecho de revocar la sentencia de condena dictada en instancia por el Juzgador a quo y decretar la libre absolución de mi representada (y otros) con todos los pronunciamientos favorables para ella, al no contener ni derivarse, natural ni necesariamente, del judicial relato de hechos declarado por Sentencia los hechos, datos y circunstancias que integrarían los requeridos elementos (objetivos y subjetivos) conformadores de los tipos /injustos de los referidos delitos de fraude de subvenciones, posibilitarían su subsunción.

El motivo largamente desarrollado coincide en lo esencial con el primero de los motivos expuestos en el recurso formulado por el coimputado Pascual, remitiéndonos a los argumentos expuestos por la Sala para desestimar el mismo, ya que pese a su extensa redacción y a las exigencias que considera imprescindibles para considerar que el relato fáctico pueda considerarse completo a los efectos interesados, la Sala considera que dicho relato sí contiene los elementos configuradoras de la conducta delictiva que se atribuye a los acusados, remitiéndonos a la fundamentación expuesta en la respuesta a la alegación primra del recurso precedente.

Cuarto.-Respecto del segundo de los motivospor INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL y tercero,POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF.

Alega el recurrente que en el caso que nos ocupa, tal y como se establece en hechos probados de la Sentencia y no resulta un hecho controvertido para ninguna de las aquí partes, la concesión de la subvención por el FEGA a Indulleida tiene lugar el 9 de agosto de 2018, tanto para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones, como para el programa de transformación de frutas y vegetales. Si ello es así, debemos también afirmar que con anterioridad a dicha fecha no existiría ni concurriría condición alguna que hubiera impedido la concesión de dicha subvención del FEGA, puesto que ello, a juicio de las acusaciones y propia sentencia, no aparecería /surgiría / concurriría, sino posterior y sobrevenidamente, con la concesión de bonificación parcial de intereses al préstamo por parte de la DGI, que tiene lugar, como también consta como hecho probado y no es controvertido para las partes, el 19 de diciembre de 2018.

Y ello, ya lo sea (aceptando toda posible pretensión acusatoria tan solo a efectos meramente dialecticos y discursivos por cuanto tampoco resulta aceptada /admitida la incompatibilidad por identidad de finalidad y objeto entre subvención del FEGA y la parcial bonificación de intereses de la DGI, ni tampoco la naturaleza de subvención /ayuda pública del préstamo contratado con el ICF) porque dicha concesión de bonificación parcial de intereses de la DGI resulte en sí misma la subvención / ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA o, en su caso, también porque dicha concesión de bonificación parcial de la DGI convierta en dicho momento, no antes, al crédito contratado con el ICF en subvención /ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA, siendo que hasta dicho momento y circunstancia el crédito suscrito no resultaría de incompatibilidad alguna en tesis acusatorias y de la sentencia cuestionada, como tampoco lo resultaría (y ni tan siquiera por las acusaciones ello se defiende ni habría defendido o pretendido nunca) si la parcial bonificación de intereses del mismo no hubiera sido posterior y finalmente concedida por la DGI.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, en la alegación tercera, manifiesta el recurrente que "Por compartir /suscribir íntegramente el mismo y por su claridad, acierto y profundidad técnica haremos aquí expresamente nuestro el motivo también obrante al recurso de apelación formulado por el Sr. Pascual, reproduciéndolo en su literalidad, previa obtención de autorización expresa para ello", no obstante lo cual se extiende en una larga alegación que abarca las páginas 12 a 29 del recurso, incidiendo en la regulación legal de la materia relativa a la subvención pública, sus características y limitaciones, con abundante cita de opiniones doctrinales que estima apoyan sus argumentaciones.

Al respecto hemos de decir que dichas alegaciones han sido ya analizadas al dar respuesta a las alegaciones del recurso formulado por Pascual y que son analizados en los Apartados B y C del ordinal tercero en el análisis del recurso interpuesto por el coimputado.

Quinto.-El cuarto de los motivosse formula por INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

Tras tan poco claro encabezamiento, en el desarrollo del motivo el apelante se refiere a dos conclusiones que considera esenciales:

1) En primer lugar, que para condenar penalmente a una persona jurídica no basta con que alguno de sus representantes, directivos o empleados haya cometido puntualmente un delito por una deficiente falta de vigilancia o control, sino que es necesario que la comisión de dicho delito sea el resultado de una falta de "cultura de cumplimiento" o ausencia de "cultura de respeto al Derecho" en el seno de la persona jurídica;

2) En segundo término, que a quien corresponde probar esta falta de cultura es a la acusación y no a la defensa.

Dicho lo cual, y tras referirse a los mecanismos de control establecidos en la entidad y al exquisito control de todo género de actividades de la misma concluye que en la sentencia no se afirma rotundamente que INDULLEIDA no contara con un modelo de prevención de delitos, sino que simplemente se expresan dudas al respecto, manifestándose literalmente en la parte final del fundamento jurídico segundo que existen "serias dudas" sobre la real existencia de un programa de cumplimiento en INDULLEIDA, pero sin llegar a afirmar de manera tajante y categórica que tal programa no existiera en absoluto, como parece que habría requerido, cuando menos, la citada ausencia de cultura de respeto al Derecho exigida para el Tribunal Supremo. Un requisito este último que, por cierto, ni tan siquiera es mencionado en el texto de la resolución ahora recurrida. Ante semejantes omisiones -tanto probatorias como sustantivas- resulta evidente la incompatibilidad de la condena de Indulleida con los arts. 24 y 25.1 CE.

Por todo ello, se entiende, justifica y alega que el art. 31 bis CP ha sido incorrectamente aplicado al caso que nos ocupa y que, en tal circunstancia, debió haberse acordado y peticiona aquí la libre absolución de la mercantil INDULLEIDA pues, aun cuando fuera cierto que algunos de sus representantes o directivos hubieran cometido un delito de fraude de subvenciones, ello no sería el resultado de una ausencia de cultura o interés en respetar el ordenamiento jurídico vigente por parte de la mercantil, que sí existiría, concurriría y obraría acreditado con su plasmación en organización, gestión, supervisión y control; tampoco habría sido esta ausencia de cultura de cumplimiento o medidas la causante o facilitadora de la comisión del concreto delito que pudiera haberse cometido o, finalmente y en su caso, éste sería la consecuencia de un puntual déficit de control.

Pero es que, en último lugar, defendiendo que no nos encontraríamos aquí ante conducta típica sino algo de ello alejado; a saber, una final controversia sobrevenida, de carácter complejo, técnico, profundo y jurídico (que se conoce, defiende y ventila, aún con carácter no firme, en la jurisdicción contencioso administrativa), las medidas y controles que, ex ante, vistas las circunstancias entonces concurrentes, pudieran resultar idóneas, suficientes y bastantes para evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos, nunca podrán impedir o evitar totalmente aquella discrepancia. Siendo el vencimiento jurídico judicialmente declarado firme, el que pondrá fin a ésta.

La alegación no va a ser estimada.

En la sentencia se recoge, en el relato fáctico, la acción que se imputa a la sociedad condenada: "En la fecha de los hechos INDULLEIDA SA carecía de un plan de cumplimiento normativo que incluyese medidas de control para prevenir los hechos descritos."

En la fundamentación jurídica, al razonar la autoría de los hechos por parte de la sociedad apelante, se especifica de forma clara cuál es el motivo de la condena, y las pruebas en que la misma se sustenta, así como los motivos por los que no se estima la verosimilitud de los argumentos defensivos esgrimidos por su defensa:

"Finalmente, la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, quienes como pone de manifiesto el acusado Adrian puso en conocimiento del Consejo de administración de la sociedad la petición y obtención de las dos subvenciones que resultan incompatibles entre sí, sin que este órgano de administración hubiera adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Se aporta en el acto del plenario una fotocopia de un programa de cumplimiento (due diligence) fechado en el año 2017, del que en ningún momento se hizo referencia por ninguno de los acusados a lo largo de toda la instrucción, ni se hace mención alguna de su existencia en el escrito de conclusiones provisionales de INDULLEIDA, y es únicamente en el acto del plenario cuando como cuestión previa se hace referencia a él por primera vez se presenta forma sorpresiva la fotocopia. Ello hace sentar serias dudas sobre su real existencia, pues en esa anómala actuación de la defensa no puede otorgarse validez probatoria a lo que es una simple fotocopia no autenticada, y cuando del tenor del mismo solo se contemplan generalidades y en ningún caso se contempla un control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma."

A la vista de tal completo razonamiento, se desestima este motivo de apelación por no considerar cometido el error que denuncia el apelante en cuanto al comportamiento de la entidad en la función de vigilancia por ley le corresponde.

Así dispone expresamente el artículo 31 bis del Código Penal:

"1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios".

Es pues responsabilidad de la entidad la adopción de las garantías precisas para asegurar el comportamiento conforme a derecho de los directivos de la entidad, y claramente en el presente caso, dicha función de prevención y control no se ha acreditado.

La presentación, como afirma el Juzgador de la Instancia, de una simple fotocopia sin adveración alguna el mismo día del inicio de las sesiones del juicio oral, sin que su existencia hubiera sido mencionada en ningún momento anterior, ni conocida por las personas que depusieron en el plenario, que no hicieron referencia a la misma, no constituye prueba bastante, apta para conducir a la pretendida absolución del apelante.

Damos por reproducida la Jurisprudencia del a Sala Segunda del Tribunal Supremo citada por el apelante y los apelados, jurisprudencia que apunta en la misma dirección, la necesidad de establecer mecanismos de control, cuya ausencia determina la existencia de la responsabilidad aquí declarada.

Resulta oportuna la cita de la reciente STS, Penal sección 1 del 14 de octubre de 2025, que contiene un detallado estudio del artículo 31 bis del Código Penal:

"Esta Sala en su jurisprudencia ha ido perfilando la naturaleza y fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde la Sentencia de Pleno 154/2016, de 29 de febrero , que diseñó el modelo, al tiempo que expresaba la necesidad de instaurar una "cultura de respeto al derecho", posteriormente entendido como "delito corporativo", ( STS 221/2016, de 16 de marzo ).

La Sentencia de Pleno señaló: "(...) lo que no admite duda, visto el texto legal ( art. 31 bis CP , especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis. 1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a ) y 2 CP , tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica". (...)

Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o "modelos de cumplimiento "exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o .menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar. No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de Enero, al margen de otras consideraciones cuestionables, hace repetida y expresa mención a la "cultura ética empresarial" o "cultura corporativa de respeto a la Ley" (pág. 39), "cultura de cumplimiento" (pág. 63), etc., informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión de delitos en su seno, como dato determinante a la hora de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la que alude el apartado 2 del actual artículo 31 bis CP .

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida "cultura de cumplimiento " que la norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese como obligación ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal ya que ello equivaldría a que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para rechazarlos, fijando uno de los principales objetivos de la reforma la aclaración de este extremo (...).

De lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es esencial para concluir en su condena y, por si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión".

(...)

Según la Circular 1/2016 de Ja Fiscalía General del Estado, partiendo de un planteamiento diferente acerca de esa tipicidad, la eximente habría de situarse más bien en las proximidades de una "excusa absolutoria " vinculada a la punibilidad, pág. 56, afirmación discutible si tenemos en cuenta que una "excusa absolutoria" ha de partir, por su propia esencia, de la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.

Circunstancia de exención de responsabilidad que, en definitiva, lo que persigue esencialmente no es otra cosa que posibilitar la pronta exoneración de esa responsabilidad de la persona jurídica, en evitación de mayores daños reputacionales para la entidad, pero que en cualquier caso no debe confundirse con el núcleo básico de la responsabilidad de la persona jurídica, cuya acreditación por ello habrá de corresponder a la acusación, en caso de no tomar la iniciativa la propia persona jurídica de la búsqueda inmediata de la exención corriendo con la carga de su acreditación como tal eximente".

En el mismo sentido la STS 221/2016, de 16 de marzo "Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP , pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito cometido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica, de forma mucho más precisa, a partir de la reforma de 2015.

La Sala no puede identificarse -insistimos, con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica- con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y para alcanzar esa conclusión no es necesario abrazar el criterio de que el fundamento de la responsabilidad corporativa no puede explicarse desde la acción individual de otro.

Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado".

"(...) sea cual fuere el criterio doctrinal mediante el que pretenda explicarse la responsabilidad de los entes colectivos, ésta no puede afirmarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física. La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan "...incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso". Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes colectivos. La pregunta es obvia: ¿puede sostenerse que el desafío probatorio que asume el Fiscal no incluye la acreditación de que ese incumplimiento de los deberes de supervisión es grave?

En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad".

(...)

En otras sentencias hemos destacado aspectos relacionados con esa responsabilidad. Así en la STS 668/2017, de 11 de octubre , destacamos la responsabilidad por el hecho propio y diferenciando de las personas físicas: "Así lo afirmábamos en la STS 154/2016, 29 de febrero : "... el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización". Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina "... la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos"."

En el mismo sentido la STS 123/2019 de 8 de marzo : ""(...) La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho. Para que sea condenada, es precisa la comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de las personas en dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por ese delito. Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su comisión".

"(...) Por lo tanto, a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física, en el cual, generalmente, participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos. No se trata, pues, de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica. A ésta le concierne, pues, no solo lo relativo a si su organización contiene medidas o planes de cumplimiento normativo, integrantes o no de un plan completo, establecidas con la finalidad de prevenir delitos o de reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También le afecta todo lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las personas físicas, con todas las circunstancias que pudieran influir en la evitabilidad del delito concreto imputado, así como a la calificación jurídica de la conducta "

La STS 165/2020, de 19 de mayo , excluye un modelo de responsabilidad objetiva: "(...) esta Sala Casacional ya ha formado un cuerpo de doctrina desde la STS 514/2015, de 2 de septiembre , que anuncia el principio de culpabilidad en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, siguiendo por la STS 154/2016, de 29 de febrero , con Sala formada en Pleno, que analiza los contornos de este tipo de responsabilidad, en donde ya se declara que no es posible un régimen de responsabilidad objetiva, y que su fundamento se residencia en la falta de control y de vigilancia. La STS 221/2016, de 16 de marzo , que proclama el delito corporativo, pasando por las siguientes Sentencias: STS 516/2016, de 13 de junio , con su Auto de aclaración (28-6-2016); STS 827/2016, de 3 de noviembre ; STS 121/2017, de 23 de febrero ; STS 583/2017, de 19 de julio ; STS 260/2017, de 6 de abril ; STS 455/2017, de 21 de junio de 2017 ; y STS 668/2017, de 11 de octubre de 2017 , entre otras. "

Igualmente, la STS 949/2022, de 13 de diciembre de diciembre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo puede ser declarada cuando concurran los presupuestos típicos establecidos en la ley y cuando todos y cada uno de ellos sean objeto de debate y prueba y declarados probados en el juicio histórico.

(...)

También respecto al modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas, la STS 298/2024, de 8 de abril : "La responsabilidad penal de una persona jurídica además de un elemento nuclear positivo (comisión de un delito por quien actúa como directivo o empleado del ente) (i), otro normativo (que se trate de uno de los delitos en que está prevista esa posible responsabilidad) (ii) y otro negativo (que no esté implantado un plan de cumplimiento eficaz que haya tenido que ser burlado para la actuación delictiva del agente) (iii), reclama un elemento accesorio que es pieza imprescindible: el delito, objetivamente considerado y con independencia del móvil del agente, ha de redundar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica."

Esta relación jurisprudencial, además de perfilar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reitera el principio de autorresponsabilidad y la necesidad de que en el hecho probado se refleje el comportamiento de la persona jurídica que pueda ser subsumible en el tipo penal, sobre el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento para el control de riesgos de las actividades de la persona jurídica."

A la luz de dicha doctrina, y tal y como se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, se ha establecido como hecho probado la ausencia de "...control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma".

Sexto.-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

En tal sentido, cabe señalar y así consta que por INDULLEIDA se ha procedido a asegurar y garantizar de manera idónea, suficiente y bastante en Derecho (sea en el procedimiento administrativo paralelo o, lo sea con el complemento por intereses efectuado en este procedimiento y sede, declarándose en ambos lugares como idónea y suficiente la garantía prestada) las totales cuantías reclamadas por las acusaciones en concepto de principal y/o intereses y, por lo tanto, el FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA tiene absolutamente asegurado el correspondiente cobro en caso de confirmarse la procedencia y corrección del reintegro y su cuantía. La atenuante de reparación es un precepto que resulta beneficioso para el acusado y que, por tanto, admite interpretaciones extensivas favorables al reo e incluso analogía in bonam partem. En este sentido, conviene señalar también que la aplicación de dicha atenuante no exige la reparación completa del daño causado, sino que basta con que se observe una disminución de dicho perjuicio. Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros. Por tanto, teniendo garantizado plenamente el cobro el organismo público reclamante en caso de que se confirme su legitimidad, es evidente que INDULLEIDA merecía que se le aplicara la citada atenuación por el esfuerzo económico realizado. También, porque dicho íntegro y total aseguramiento que garantiza, con anterioridad al Juicio Oral, la total y plena reparación económica del FEGA, si esta procediera, supone minimizar o, como mínimo, disminuir el posible daño causado, al eliminar todo y cualquier posible sufrimiento o incertidumbre de impago.

No procede estimar este motivo de recurso. Efectivamente, tal y como recoge el Magistrado en su sentencia, no se ha producido una acción significativa de "c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito",tal y como se contempla en el artículo 31 quarter del Código Penal. El propio recurrente especifica los motivos y la forma en la que ha prestado la caución en el Procedimiento administrativo, explicando que "Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros".

No es este el sentido y finalidad del concepto de reparación del daño que se prevé en el citado precepto, puesto que no existe en ningún momento intención de reparar o disminuir el daño. Así lo explica el Magistrado en su sentencia:

"En el presente caso no puede estimarse que concurra la atenuante prevista en el nº 1-c del artículo 31 quater c) del Código penal en cuanto este apartado exige "haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito", lo que en ningún momento se ha realizado por INDULLEIDA, que se ha limitado a prestar caución en el procedimiento administrativo de reintegro para posibilitar el recurso contra la resolución del juzgado contencioso administrativo contraria a sus intereses, con la evidente voluntad de retirarla si obtiene una resolución favorable. Mas ello no implica la reparación del daño que exige el pago del principal debido y de sus intereses, o en los términos del artículo 308-6 CP "se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió".

Séptimo.-CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Sobre este motivo, idéntico al planteado por la defensa de Pascual, lo desestimamos con remisión a la fundamentación expuesta en el apartado Quinto B) del análisis del recurso formulado por dicho acusado.

TERCERO.- RECURSO INTERPUESTO POR Dª María José Rodríguez Teijeiro, procuradora de los tribunales, actuando en representación de Adrian

Primero.- Motivos del recurso:

Los motivos del recurso interpuesto por dicha representación son los siguientes:

Segunda - Error en la valoración de las pruebas: inexistencia de doble petición de préstamo al Institut Català de Finances y de subvención de intereses a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

Tercera - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo

Cuarta - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención

Quinta - Infracción del artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito

Segundo.-Análisis del motivo segundo, realmente el primero de los planteados en su escrito.

La naturaleza del motivo es la del pretendido error en la valoración de la prueba sufrido por el Juzgador de la Instancia al considerar que, dada la equivocada redacción del relato fáctico de la sentencia, el Juzgador concluye que el recurrente tenía conocimiento de la concesión de una subvención relativa a los intereses del préstamo concedido por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y ocultó dicha circunstancia al solicitar la ayuda del FEGA.

Por ello considera necesario ordenar el relato cronológico recogido en los hechos probados de la sentencia, en el sentido que se explica en el motivo:

"El redactado cronológico de los hechos pone de relieve dos de ellos, que han sido debidamente destacados. Por un lado, que el Sr. Adrian se jubiló y cesó definitivamente como director general de Indulleida el 27 de noviembre de 2018, siendo relevado en el cargo por otro director general.

(...) 8. La fecha del cese se indica en el primer párrafo de los hechos probados, aunque sin contextualización ni conexión cronológica con el resto del relato fáctico a pesar de ser un elemento de trascendencia capital. La existencia de un director general entre ambos acusados ni siquiera se menciona, cuando es un dato que, además de ser demostrativo de la nula conexión entre éstos últimos, resulta clave porque fue durante el mandato de ese director general cuando se recibió la resolución de la DGI concediendo la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo formalizado con el ICF.

(...) 9. La afirmación fáctica que se reputa errónea y que justifica el presente motivo de revisión por error en la apreciación de la prueba es la relativa a la actuación del Sr. Adrian para la solicitud del préstamo al ICF.

(...) La sentencia, por lo tanto, afirma una doble solicitud efectuada por el Sr. Adrian: por un lado, la del préstamo al ICF de fecha 18 de abril de 2018 y, por el otro, la de la bonificación de intereses de dicho préstamo, que se dice hecha el día 25 del mismo mes.

(...) La demostración definitiva de que el acontecimiento 245 no es una solicitud se encuentra en la única solicitud efectivamente presentada al ICF. Así, el documento número 1 del expediente remitido por el ICF (archivo 245 de Cloud Justicia) es la "solicitud de préstamo al ICF y bonificación de intereses del Departament d'Empresa i Coneixement", presentada el 18 de abril de 2018.

(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

(...) La documentación detallada concuerda plenamente con la tesis sostenida por el Sr. Adrian, que además fue avalada por la declaración testifical de la Sra. Marí Juana, directora financiera de Indulleida hasta el 17 de enero de 2019, en el sentido de que se desconocía, y no se pudo conocer, que con la solicitud de préstamo al ICF la empresa se postulaba para la obtención de una subvención.

(...) en dicha fecha, el 18 de diciembre de 2018, cuando se dicta la resolución de la DGI que otorga la "subvención en forma de bonificación de intereses", el Sr. Adrian ya no era director general de la em presa puesto que, como ya se ha indicado, había cesado por jubilación el 27 de noviembre de ese mismo año, siendo definitivamente relevado en el cargo por un nuevo director general, el Sr. Primitivo, que había sido nombrado como tal en la reunión del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2018 (folio 78 de las actas) para que durante los meses siguientes compartiera cargo y se llevara a cabo una adecuada transición en la empresa.

(...) De ello se desprende que el Sr. Adrian no tuvo conocimiento de la concesión de la bonificación de los intereses (recordemos que, desde la fecha de aprobación del préstamo, el 14 de junio de 2018, hasta el momento de su cese, los intereses no estuvieron bonificados), que tampoco tuvo conocimiento de que se tratara de "una subvención en forma de bonificación de intereses" y, finalmente, que no pudo llevar a cabo, más allá de la obviedad de que no le correspondía hacerlo por no ostentar cargo alguno en la empresa, ninguna actuación en relación con esa segunda subvención.

(...) En realidad, cabe ir más allá y afirmar que el Sr. Adrian no cesa dejando una bonificación de los intereses pendiente de resolver, sino que lo hace con una petición que puede entenderse desestimada por efectos del silencio administrativo al haber transcurrido el plazo normativamente previsto para resolverla.

(...) Considerando que la solicitud de préstamo y bonificación de intereses se presentó el 18 de abril de 2018, que el préstamo se concedió el 14 de junio de ese mismo año y que ni el 18 de octubre, fecha en que se cumplían los seis meses desde la solicitud, ni en ningún momento posterior hasta el 27 de noviembre, fecha de cese del Sr. Adrian, se dictó y notificó la resolución sobre la concesión de la bonificación de los intereses, puede concluirse que la marcha de la empresa del Sr. Adrian se produce con esa petición de bonificación de intereses rechazada."

Las alegaciones expuestas por el recurrente no son suficientes para considerar la existencia del error alegado.

Ciertamente, examinado el documento presentado por la Abogacía del Estado y obrante al acontecimiento 245, es lo cierto que consta la solicitud firmada por el apelante dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, y aun cuando así no fuera, como es de ver en el propio alegato el apelante se refiere a la solicitud del préstamo y a la solicitud de la bonificación del interés, alegando que ambas solicitudes se realizaba en unidad de acto.

El documento referido sin embargo, es un Anexo, tal y como figura en el mismo, a dicha solicitud, y está fechado como lo indica la resolución apelada.

Por ello el alegato en cuanto a la diferente secuencia cronológica que propone el recurrente resulta intrascendente, puesto que ello no obsta al reconocimiento de la solicitud de bonificación de los intereses del préstamo, lo que en ningún momento ha negado, así como tampoco haber realizado las declaraciones a que se refiere el relato fáctico, acerca de la inexistencia de cualquier otra solicitud de subvención para el mismo objeto.

Por lo que esta parte de la alegación no se estima como apta para sustentar el error en la valoración imputado.

Por otra parte, sostiene que, en el momento de cesar en el cargo por jubilación, no había recibido noticia acerca de la concesión de dicha solicitud de bonificación, que efectivamente se produce días después de que cesara en su cargo.

Sin embargo ello no obsta a la conclusión condenatoria alcanzada en la resolución impugnada, puesto que como consta claramente en la resolución, con remisión a la normativa que disciplina la materia, "Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250);Esto es se realiza la solicitud de pago después de haber solicitado la subvención de parte de los intereses del préstamo, y antes de que se produzca el cese en sus funciones.

De ahí concluye el Magistrado que:

"Sin embargo esa notificación como obligación de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo deviene de forma clara en la Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Que bajo el epígrafe 2 de Solicitud de ayuda y documentación establece que Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", acompañadas de la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: a. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo III, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible; - no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa comunitaria; - no tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto; ay - no encontrarse inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones".

Y por último, no resulta relevante que la concesión de esta segunda ayuda, la del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya se comunicara a la entidad con posterioridad al cese del acusado en sus funciones, ni que la tardanza en la resolución administrativa le pudiera conducir a pensar que la subvención parcial de los intereses del préstamo se había denegado, puesto que, en todo caso, la había solicitado, y lo había ocultado en la solicitud de pago, por lo que, tal y como se explica reiteradamente en la sentencia, supone el cumplimiento de los elementos del tipo.

Tercero.-En el tercero de los motivos denuncia el apelante la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo.

En el motivo, desarrollado a lo largo de los epígrafes 40 a 54, analiza el apelante cual sea el elemento objetivo del delito objeto de imputación y condena, considerando que uno de los elementos objetivos del delito de fraude de subvenciones, que le confiere su naturaleza de delito de resultado: la obtención de subvenciones o ayudas. Sin obtención de subvención no existe delito, la acción típica es obtener, no solicitar.

Considera que la sentencia no afirma la existencia de ningún concierto entre los acusados para la realización de los hechos que declara probados, lo exigible es que la concurrencia de los elementos objetivos del delito se dé con referencia a cada uno de ellos.

Argumenta que procede examinar si, de acuerdo con los hechos que la sentencia declara probados, el juicio de subsunción de los mismos en la norma penal permite afirmar que al Sr. Adrian obtuvo una subvención (la bonificación de intereses por parte de la DGI) que resultara incompatible con la del FEGA, y concluye que la respuesta es claramente que no, que mientras el Sr. Adrian ejerció como director general no recibió subvención alguna en forma de bonificación de los intereses del préstamo porque, estando vigente su mandato, lo cierto es que solo obtuvo la subvención del FEGA y un préstamo bancario sin ningún tipo de bonificación de intereses.

Cuando el 13 de septiembre de 2018 solicita al FEGA el pago de las dos primeras justificaciones, no existe bonificación de intereses que comunicar ya que la resolución de la DGI es de fecha 18 de diciembre de 2018. el 13 de septiembre de 2018 solo se podría haber comunicado al FEGA que se había obtenido un préstamo bancario con unos intereses, no bonificados, del Euribor más un 2,95%.

Alega además un matiz que resulta altamente relevante, y es que una atenta lectura de los hechos probados de la sentencia pone de manifiesto que, en realidad, no se reprocha al Sr. Adrian haber solicitado el pago de la subvención del FEGA sin comunicarle la concesión de la bonificación de los intereses. Parece que dicha imputación queda reservada al otro acusado, el Sr. Pascual.

La extensa y confusa argumentación, en la que se mezclan cuestiones de diferente naturaleza y se altera el orden de los hechos reconocidos por el propio acusado, no puede estimarse en este alzada, en el sentido pretendido de negar la naturaleza delictiva a la acción desarrollada por el acusado.

En cuanto a la naturaleza del delito, el momento de consumación y las cuestiones referidas a la autoría, nos remitimos a las razones expuestas al analizar el recurso interpuesto por los otros imputados.

En cuanto a la falta de obtención de la bonificación de intereses solicitadas, es un hecho cierto, tal y como hemos analizado en el precedente apartado, que el recurrente había solicitado tal bonificación, y consta en la causa, y no es negado por el recurrente, que no manifestó la existencia de tal solicitud al solicitar el pago de las certificaciones en fecha 13 de septiembre, cuando continuaba al frente de INDULLEIDA.

En el relato fáctico de la sentencia, en contra de lo que afirma el recurrente, sí se contempla tal acción, la reclamación del pago de la subvención concedida por el FEGA correspondiente a la primera anualidad:

"A la primera anualidad correspondían 1.161.474,62 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 2.114.832,44 euros. A la segunda anualidad correspondían 2.480.278,84 euros, importe que representaba el 50,74% de la inversión total a justificar, que ascendía a 5.219.699,10 euros . La mercantil INDULLEIDA SA presentó las justificaciones los siguientes días:

- El 13 de septiembre de 2018 para la Ayuda a transformados frutas y vegetales (existiendo un requerimiento posterior de subsanación el 8 de octubre de ese mismo año, que se atiende en plazo el 16 de octubre).

- El 13 de septiembre de 2018 para la primera anualidad de la ayuda a la ampliación y mejora de instalaciones (con posterior requerimiento de subsanación el 10 de octubre, que se atiende en plazo el 23 de octubre).

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros. - En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada."

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se señala, al analizar la prueba practicada, y la fundamentación jurídica de la conclusión condenatoria alcanzada:

"... Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250):

(...) Muy al contrario de las declaraciones de los acusados en el acto del plenario poniendo de manifiesto de forma expresa que entienden que no debían notificarla, pues para ellos dicha bonificación de intereses no era una subvención ni una ayuda pública, ha de tenerse plenamente acreditado que ni al tiempo de solicitar la subvención al FEGA ni en las posteriores solicitudes de pago parciales de la misma pusieron en conocimiento la existencia de dicha bonificación de intereses del préstamo. Máxime cuando Adrian declara en juicio que no le comunico al FEGA la petición del préstamo con bonificación de intereses.

(...) Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (...) Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto;

REAL DECRETO 1010/2015, DE 6 DE NOVIEMBRE(...) Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas. 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los gastos financiados por las ayudas previstas en este real decreto no pueden recibir ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación pública. Del mismo modo, los gastos sufragados por cualquier otra financiación pública no podrán percibir las subvenciones previstas en este real decreto. (...) 4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración responsable de no haber recibido ayudas incompatibles. Igualmente, en caso de haber solicitado ayuda para los mismos gastos en otros regímenes de ayuda en convocatorias aún no resueltas, lo hará constar en dicha declaración. acompañada Disponiendo en su Artículo 11. Documentación que acompañe a la solicitud. La solicitud deberá ir de la documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria anual: 2. Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.".

En consecuencia, de las pruebas practicadas se deduce con claridad y el propio acusado lo reconoce, que en el momento de la solicitud de pago de la ayuda, el apelante, en nombre de la entidad a la que representaba, había solicitado otra subvención, con la misma finalidad y objeto, y no lo comunicó en la declaración responsable, conforme se indica en la sentencia.

Cuarto.-En la misma línea del anterior motivo, se alega por el recurrente la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención.

Considera que en el relato fáctico no se hace referencia a tal circunstancia por lo que ello bastaría para no estimar procedente la condena del recurrente, añadiendo que el agotamiento del derecho a la defensa de esta parte debe permitir la respuesta a cualquier ejercicio de heterointegración de los hechos probados con los datos fácticos que aparezcan desperdigados en los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Concluye que debe quedar definitivamente asentado que, en contra de lo que la sentencia afirma en su fundamentación jurídica, no tenía ninguna obligación de comunicar al FEGA ni la intención de solicitar ni la propia solicitud de préstamo con intereses bonificados.

Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el precedente apartado, sin que considere a -Sala que el relato fáctico resulte insuficiente, a la vista de los párrafos del mismo que se han extractado en dicho precedente ordinal, y a los razonamientos contenidos en la sentencia, relativos a las conductas manifestadas por el propio recurrente, acerca de la falta de información acerca de la solicitud de bonificación a la que nos venimos refiriendo.

Quinto.-El último motivo del recurso hace referencia al elemento subjetivo: infraccióndel artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito.

En el también extenso y reiterativo desarrollo del motivo, haciendo referencia a muchas de las cuestiones ya tratadas en los anteriores motivos del recurso, argumenta el recurrente que:

".... el sujeto debe actuar con voluntad y conocimiento de obtener una subvención y con voluntad y conocimiento de que lo consigue ocultando extremos que lo habrían impedido.

Es en el segundo fundamento de derecho donde parece llevarse a cabo el ejercicio de subsunción respecto al elemento subjetivo del delito.

(...) Desde la perspectiva del elemento intencional, el Sr. Adrian siempre ha mantenido con vehemencia que actuó en todo momento con el pleno convencimiento de que, a diferencia de la ayuda del FEGA, la bonificación de los intereses del préstamo solicitado al ICF no era una subvención y mucho menos de que ello pudiera llegar a conferir esa cualidad a la totalidad de dicho préstamo.

(...) Se insiste nuevamente en que el Sr. Adrian "nunca notifica al FEGA esta solicitud de bonificación que realiza a un organismo público". Si bien dicha afirmación es cierta, ya se ha dicho que no existía obligación de hacer ninguna otra comunicación que no fuera la de concesión de una segunda subvención ( artículo 14.1.d) de la ley general de subvenciones) y, además, como se expondrá, el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo.

(...) La analogía o íntima vinculación conceptual que con tanta facilidad traza la sentencia entre bonificación y subvención debe ser rechazada ya que se trata de conceptos extremadamente alejados. Así, el término bonificación, sinónimo de mejora, descuento, rebaja o deducción, es totalmente ajeno al ámbito de las subvenciones. De hecho, la ley general de subvenciones no contiene el término.

(...) A ello hay que añadir que en la documental aportada por el ICF no aparece en ningún momento nada relacionado, directa o indirectamente, con una subvención o algo que se le asemeje. Al menos, como ya se ha dicho de forma reiterada, (...) No es hasta la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018 (documento 40 del expediente del ICF) donde, por primera vez, aparece un dato claramente indicativo de que se estaba ante la obtención de una segunda subvención "en forma de bonificación de intereses"; momento en el cual, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, el Sr. Adrian no estaba vinculado a la empresa y, por lo tanto, no tuvo ni siquiera ocasión de reaccionar frente a esa resolución y actuar con forme a su contenido explícito.

(...) De ello puede sacarse una primera conclusión útil en el caso que no ocupa, y es que el préstamo no es subvención desde el mismo momento en que se solicita sino que se transmuta en subvención de forma sobrevenida, en el momento y solo para el caso en que sus intereses, en todo o en parte, sean bonificados. Se refuerza así la idea de que sólo cabe hablar de subvención a partir del momento en que la DGI dicta la resolución bonificando los intereses.

(...) Lo necesario y determinante, cuando se trata de analizar la concurrencia del elemento subjetivo del delito en forma de dolo, es si existen elementos que permitan afirmar la voluntad y el conocimiento de un actuar antijurídico por parte del Sr. Adrian, abarcando esa intención de defraudar al conocimiento de que cuando se solicitaba el préstamo se podía acabar obteniendo una subvención si se concedía la bonificación de los intereses. La respuesta negativa a esta cuestión hace irrelevante preguntarse si concurría también un conocimiento sobre el segundo elemento objetivo del delito (la ocultación), dado que resultaría absurdo sostener que se están ocultando datos sobre algo que no se es consciente de estar haciendo (solicitar una subvención)".,

De la anterior exposición, resumida, del contenido del motivo que analizamos, es fácil observar que el mismo supone una reiteración de los argumentos expuestos con anterioridad, para concluir que que el apelante ignoraba que le fuera a ser concedida una subvención en forma de bonificación del interés pactado del préstamos, y que por ello, según afirma, "...el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo".

Hemos de apuntar que la argumentación construida quiebra desde el momento en que el propio apelante, en el primero de los motivos de su recurso incidió en el error cronológico en que a su juicio incurría la resolución impugnada, ya que, según afirma en dicha alegación "(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

Así pues, el mismo afirma que solicitó ambos instrumentos, préstamo y bonificación de intereses, insiste que en la misma fecha, lo cual es irrelevante, pero sí pone de manifiesto su indudable voluntad de obtener el beneficio que suponía la bonificación de intereses, que según se recoge en Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, Artículo 2 en su nº 4 apartado h deja patente que no tienen carácter de subvenciones "El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Así razona la Sentencia que dicho precepto "...es claro y que interpretado a sensu contrario deja de forma clara y meridiana que es subvención el crédito oficial en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de operación de crédito, que es lo que acaece con INDULLEIDA".

En definitiva, el que no viera motivo, según afirma, para comunicar la existencia de la solicitud formulada de bonificación de intereses, cuyo significado ya hemos explicado, y que por su condición empresarial no podía ser desconocido por el apelante, no equivale a la alegada falta del elemento subjetivo del injusto que invoca en la alegación, que va a ser por ello desestimada.

CUARTO.- RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO D. EDUARDO SÁNCHEZ CANOYRA, en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

Primero.- Motivos del recurso

MOTIVO ÚNICO. - Por quebrantamiento de forma y omisión en la apreciación de la prueba sobre documentos literosuficientes que obran en autos, para el caso de que la Sala a las que nos honra dirigirnos estimara alguno de los motivos del recurso de apelación formalizado por D. Adrian.

Tal y como solicitó el recurrente adhesivo: "Nuestro recurso de apelación tiene carácter preventivo pues sólo la eventual estimación de cualquiera de los motivos de recurso de apelación formalizado de contrario comportaría la aparición o surgimiento de un gravamen que nos legitimaría para recurrir. La "adhesión ad cautelam" es siempre una especial forma de adhesión a la apelación que se caracteriza por fundarse no en un perjuicio o gravamen directo, sino en uno que pudiera llegar a ser posible. No ejercer esta posibilidad procesal tendría por posible último efecto la firmeza de una sentencia -la absolutoria de la Sala- que, por el principio de la proscripción de la reformatio in peius que enseñorea el recurso del apelante principal, no podría restaurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex artículo 24 CE que entendemos vulnerado en la instancia ante una omisión probatoria ( STS 178/2011, de 23 de febrero ). Es decir, sólo el dictado de una sentencia absolutoria por la Sala de Apelación nos permitiría constatar y censurar la vulneración del citado derecho que se deriva de la omisión probatoria en que incurre el Juzgado a quo."

No procede el análisis de dicho motivo al no haber estimado la Sala ninguno de los motivos del recurso interpuesto por el referido acusado Adrian.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

La sentencia se va a estructurar en cuatro apartados correspondientes a los tres recursos de apelación interpuestos por los condenados, y el cuarto correspondiente al RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO interpuesto por el Abogado del Estado en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) .

PRIMERO: RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Tribunales y obrando en nombre y representación de Don Pascual

Primero.- Motivos del recurso.

Se alza el recurrente contra la indicada sentencia alegando los siguientes motivos:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR, NI EN TÉRMINOS LITERALES NI CONTEXTUALES, LA PRESENCIA DE TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

SEGUNDO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. INEXISTENCIA DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN.

TERCERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DEL SR. Pascual. PARTICIPACIÓN UNA VEZ PRODUCIDA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE. INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA ( ART. 24.2 CE) POR INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. EL SR. Pascual FUE ACUSADO POR LA MODALIDAD TRADICIONAL DE DOLO Y, EN CAMBIO, HA SIDO CONDENADO DE MANERA SORPRESIVA POR IGNORANCIA DELIBERADA.

SEXTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

SÉPTIMO.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO-

OCTAVO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. FALTA DE MOTIVACIÓN. LA SENTENCIA NO VALORA LA PRUEBA DE DESCARGO PRACTICADA EN EL ACTO DE JUICIO ORAL.

NOVENO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL ( ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

DÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A DEFENSA. CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. MUTACIÓN SUSTANCIAL EN SENTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN.

UNDÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP. NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

DUODÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Dado traslado a las demás partes, el recurso fue impugnado por la Abogacia del Estado y LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS.

Se ha adherido al recurso la representación de la entidad mercantil INDULLEIDA ,S.A.

Segundo.-En el extenso escrito de recurso, más de 100 folios, hace referencia el recurrente a diversas cuestiones que se plantean de forma desordenada y reiterativa, por lo que la respuesta del Tribunal no va a seguir el orden establecido en el recurso, sino que se van a aglutinar en cuatro bloques:

El primero referido a la pretendida falta de motivación de la sentencia,en cuanto a la valoración, que dice inexistente, de la prueba de descargo presentada en el acto del juicio por el hoy apelante.

El segundo, relativo a la pretendida vulneración del principio acusatorio,con vulneración del derecho de defensa del apelante por haber sido condenado, de manera sorpresiva, afirma, por ignorancia deliberada.

En tercer lugar , y de forma más extensa, por infracción de ley,al discutir el apelante la interpretación del precepto en el que se funda la condena de su patrocinado.

En cuarto lugar, por error en la valoración de la prueba,en cuanto a la consideración de la falta de concurrencia en la conducta del apelante de los elementos constitutivos del tipo, así como la falta del elemento subjetivo legalmente exigible como presupuesto de la condena que se impugna.

Y por último, en quinto lugar, las peticiones formuladascon carácter subsidiario.

Tercero.-En cuanto a la queja por la denunciada falta de motivaciónde la resolución impugnada, (motivo OCTAVO), a la que anuda la solicitud de nulidad de la sentencia por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, la misma no puede ser estimada.

Articula el motivo el apelante, refiriéndose a la falta de toma en consideración en la sentencia de las declaraciones testificales y documentales presentados por la parte en orden a acreditar la falta de conocimiento por parte del condenado apelante de la existencia del préstamo al Instituto Catalán de finanzas y subvención de intereses a la Dirección General de Industria de la Generalidad, cuando se solicita el segundo pago de la subvención concedida por el FEGA por el señor Pascual en representación de la sociedad Indulleida.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Pues bien, en el presente caso, examinada por la Sala la resolución impugnada, puede comprobarse que la misma manifiesta el motivo por el que se considera acreditado el conocimiento por parte del apelante de la circunstancia indicada, lo cual supone que deshecha los testimonios y documentos que estaban orientados a descartar tal hecho. No es preciso, no es exigible, como apunta la Jurisprudencia indicada un relato referido a todos y cada uno de los extremos alegados en la cuestión a dilucidar, ni que exista una especial referencia todos y cada uno de los testimonios. La obligación del Juzgador es la de expresar el motivo de su juicio, de una manera clara y fundamentada en el material probatorio del que se ha dispuesto, y que ello quede reflejado en la resolución de forma que sea comprensible para el destinatario de la misma, y en su caso, como es el presente, al Tribunal que haya de examinar la resolución al ser esta impugnada.

Así las cosas es claro, por tanto, que a través de esta motivación, el órgano judicial justifica la existencia de la conducta constitutiva de infracción criminal, dando así cumplimiento suficiente al requisito de la fundamentación.

Cuestión absolutamente ajena a la existencia de tal valoración es que el recurrente esté o no de acuerdo con ella, más tal discrepancia no implica la ausencia de motivación

Cuarto.-El segundo bloque se refiere, como hemos adelantado, a la pretendida vulneración del principio acusatorio.(Motivo QUINTO)

Tal alegación tampoco puede ser estimada.

Como es de ver en la fundamentación de la sentencia, la referencia a la ignorancia deliberada lo es al analizar la concurrencia o no del error que fue alegado por la parte, en tal sentido se razona en la sentencia que :

"A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses".

Tal argumentación en modo alguno supone vulneración del principio acusatorio ni causa indefensión a la defensa del apelante, toda vez que se trata del análisis de la conducta del acusado, a tenor de los datos obrantes en la causa y de las objeciones por él mismo planteadas. No supone el planteamiento de cuestión nueva alguna que fuera ajena a los hechos y la calificación postulada por las acusaciones.

Para resolver esta cuestión puede resultar ilustrativa la STS, Penal sección 1 del 19 de noviembre de 2019 ( ROJ: STS 3723/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3723 ), que, aunque se refiere a la supuesta vulneración del principio acusatorio, para resolver estudia la homogeneidad o heterogeneidad de las modalidades de comisión dolosa o culposa de un mismo delito, en ese caso el de lesiones:

El principio acusatorio, tal como la jurisprudencia ha precisado ( SSTS. 609/2002 de 10 de octubre , 368/2007 de 9 de mayo y 279/2007 de 11 de abril , exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia.

La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación"( SSTC 134/86 y 43/97 ).

En definitiva, el respeto al principio acusatorio que informa el proceso penal exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo que, consiguientemente, no pudo desplegarse la oportuna estrategia de defensa.

De ahí que la acusación haya de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia deba de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse. Por ello los hechos deben estar perfectamente delimitados ya que, como dicen las SSTS de 8 de febrero de 1993 , 5 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1995 , constituyen elementos substanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa,

En suma, como recuerda la STS 212/2026, de 11 de marzo , con mención de la STS de 26 de febrero de 1994 , es evidente: "a) que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".

Lo que el principio acusatorio trata de impedir es que nadie pueda llegar a ser condenado en el proceso penal por una acusación de la que no haya tenido conocimiento suficiente y, por tanto, que no reciba un trato de desigualdad frente al acusador que le ocasione indefensión ( SSTC 54/85 de 18 abril y 17/89 de 30 de enero ); constituyendo, asimismo, el primer elemento del derecho de defensa, que condiciona todos los demás, pues mal puede defenderse de algo que no se sabe en concreto.

Ahora bien, el respeto al mencionado principio exige el acatamiento del relato fáctico en sus líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes, y así como la narración que sostenga la acusación deba de ser completa y específica -debe contener todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas-, no tiene por qué ser exhaustiva, esto es, no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decirlo pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad( SSTS de 4 de marzo de 1999 y 212/2026, de 11 de marzo ). (Sentencia de la SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de fecha trece de abril de dos mil veintiséis).

Incide en la queja respecto de la pretendida infracción del principio acusatorioen el Motivo DECIMO del recurso.

En este caso el recurrente sostiene que la sentencia ha realizado una mutación radical de los hechos objeto del proceso, según los escritos de conclusiones de las acusaciones, introduciendo un elemento nuevo que, a su entender, transforma los términos de la imputación.

Así formula su queja en los siguientes términos:

"Según es de ver en la página 22 de la Sentencia, en la misma se contiene una cita al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y, posteriormente, se efectúa la siguiente afirmación:

"Este último precepto deja de forma meridiana que el delito se comete al ocultar al FEGA que se va a solicitar la bonificación de los intereses a la Direcció General d?Industria, pero sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal nonificación de intereses".·

El texto subrayado es el que contempla el hecho que, introducido ex novo en Sentencia, nunca ha sido objeto de acusación y supone una alteración sustancial del mismo. Y es que lo que se dice es que el delito se cometería al ocultar al FEGA que se va a solicitar la subvención de la DGI, esto es, que quien se postula para la obtención de la ayuda del FEGA ya tendría en mente solicitar la de la DGI, pero oculta tal circunstancia al FEGA. De esta forma, por parte del Juzgador a quo, se está construyendo la conducta penalmente relevante como si de una suerte de dolo antecedente prototípico de la estafa se tratase. Es decir, el sujeto activo tendría conocimiento de que va a solicitar la subvención de la DGI y, aun así, solicita también la del FEGA.

Lo anterior supone una modificación sustancial de lo que fue el relato contenido en la conclusión primera de los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Europea, así como de lo que fue objeto de debate en el acto de plenario".

Atendidas las consideraciones expuestas, tal motivo tampoco puede ser estimado, ya que el propio texto extractado por el recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia recoge la acción imputada "... sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal Bonificación de intereses...",acción que es conforme con los hechos relatados en el relato fáctico que hemos transcrito en los antecedentes de la presente resolución, y en la que se plasma el devenir delictivo, en el que consta la sucesiva petición de subvenciones y la percepción de las mismas según el cronograma que se recoge.

No existe pues la introducción de hecho nuevo o distinto del planteado por las acusaciones, sin que el principio acusatorio pueda inferir el desarrollo por el Tribunal de los razonamientos que tenga por convenientes en la fundamentación de su resolución.

Quinto.-El tercer bloque de alegaciones hace referencia a la infracción de leyen que incurre la sentencia apelada en distintos de sus puntos que serán analizados a continuación

Dicho lo cual, y contestando a las alegaciones relativas a dicho particular, señalamos que:

A) En cuanto a la insuficiencia de los hechos probados.(Motivo PRIMERO)

En contra de lo argumentado por el recurrente, los hechos probados recogen la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo delictivo objeto de la imputación, por lo que la alegación carece de fundamento.

El tipo penal, en su redacción vigente a la fecha de los hechos disponía que:" "1.- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado, con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2.- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".

Redacción que se ha mantenido tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, con la única salvedad de incluir en el texto actualmente vigente a las subvenciones otorgadas de la Unión Europea.

Así pues, el tipo del artículo 308 del Código Penal contempla como elemento básico el falseamiento de las condiciones para la obtención de la subvención, u ocultación de las que la hubiesen impedido, lo que en el presente caso se concreta en la existencia de otra subvención, o préstamo, en este caso, con interés subvencionado.

En tal sentido, en la sentencia, en sus hechos probados, discutidos por el recurrente, se consigna que:

"Por resolución del FEGA de fecha 9 de agosto de 2018, le fueron concedidas a la compañía INDULLEIDA, S.A. subvenciones que ascendieron a un total de 3.882.095,34 euros, para la realización, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019, de los programas conforme al siguiente detalle: - Para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones la cantidad de 3.683.029,26 €. - Para el programa de Transformados Frutas y Vegetales la cantidad de 199.066,08 €.

En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF.

(...) El 9 de septiembre de 2019 el acusado Pascual, en beneficio de INDULLEIDA SA presentó la justificación y solicitud de pago ante el FEGA de la 2ª anualidad de la ayuda de ampliación y mejora de las instalaciones declarando que no habían solicitado ni recibido ninguna otra ayuda incompatible para la misma finalidad y objeto pese a que constaba que habían solicitado y recibido la ayuda del Instituto Catalán de Finanzas."

En consecuencia, sí se recoge, en contra de lo argumentado, la conducta que se considera constitutiva de delito.

B) Pretendida atipicidad de la conducta por dos motivos: por la inexistencia de ocultación preordenada a la obtención de una subvención, y por producirse la participación del recurrente una vez producida la consumación del delito.(Motivos SEGUNDO Y TERCERO del recurso).

Aunque el motivo se denomina por infracción de ley, en realidad, en el desarrollo del mismo el apelante desarrolla la argumentación relativa a su interpretación del precepto por el que se dicta la sentencia de condena que se impugna, considerando que la participación del recurrente habría de considerarse impune.

Considera que el delito se comete al solicitarse la subvención, que es cuando se produce la ocultación a la que se refiere el precepto legal, por lo que, en el momento de producirse la intervención del acusado ya no puede hablarse de una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

Según razona el recurrente: "... cuando la incompatibilidad entre subvenciones se produce con posterioridad a la solicitud de la ayuda pública -como acontece en el presente caso-, la conducta no puede subsumirse en el tipo penal del artículo 308.1 CP . No existe aquí una ocultación preordenada a inducir a error a la Administración, pues al momento de solicitarse la ayuda del FEGA no existía ninguna otra subvención en trámite o concedida que pudiera considerarse incompatible. La posterior solicitud de una ayuda adicional, con independencia de su eventual incompatibilidad administrativa, no transforma en delictiva una conducta anterior que fue legal y transparente en su génesis. De ahí que la eventual consecuencia jurídica -si es que se acredita un doble financiamiento- deberá encauzarse, en su caso, a través de los mecanismos de reintegro del artículo 37.1 c) LGS , nunca a través del Derecho Penal".

En consecuencia, según su argumentación, el engaño u ocultación solo pudo tener lugar en el momento de producirse la solicitud de ambas ayudas, momentos en los que el recurrente no desempeñaba papel alguno por no haber adquirido aún la entidad beneficiaria de las mismas

Y como consecuencia de ello considera asimismo atípica la acción imputada a su patrocinado ya que el art. 308.1 CP pueda considerarse, a salvo de alguna cuestión sobre tipo subjetivo, una suerte de delito mutilado de dos actos, en que el delito queda consumado con la aprobación de la subvención a favor del sujeto activo, reservándose el efectivo desplazamiento patrimonial para la fase de agotamiento del delito, y por ello se desprende que el momento consumativo del ilícito se habría producido el 9 de agosto de 2018 o, en su caso, el 18 de diciembre de 2018, momento en que las respectivas administraciones concedieron las subvenciones solicitadas. Sin embargo, la única conducta que se atribuye a nuestro defendido tiene lugar el 9 de septiembre de 2019, momento en que el Sr. Pascual, nuevo administrador de INDULLEIDA, solicita el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA.

De lo anterior se colige, necesariamente, que la intervención de nuestro representado tiene lugar una vez consumado el delito del art. 308.1 CP y, por lo tanto, quedaría extramuros de la jurisdicción penal.

Tanto el apelante como los Fiscales Delegados en su escrito de impugnación, hacen referencia al Auto núm. 20.424/2022 de fecha 9 de junio de 2020, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en una cuestión de competencia entre un Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Europea.

Dicha resolución sienta un criterio claro al respecto "Sí parece, sin embargo, que no podemos de manera alguna desdeñar la última fecha -6 de febrero de 2008-. Sea cual sea la fórmula defraudatoria (obtención indebida o desvío de lo asignado del objeto para el que se reclamó), la percepción efectiva de los fondos forma parte del tipo de defraudación (ya hablemos del art. 306 -si es que no se le considera tácitamente derogado a partir de la reforma de 2019-; ya nos situemos en el ámbito del art. 308 CP , como parece más correcto, en principio y sin voluntad de prejuzgar). No aporta nada a los efectos que aquí interesan plantearnos si la cuantía es elemento del tipo -resultado- o condición objetiva de punibilidad. Tampoco es necesario anticipar un debate sobre la forma de calcular la cuantía -periodos o actividades- en lo que ha incidido la reforma de 2019 y podría surgir alguna discrepancia según manejemos el art. 306 o el art. 308. (...) Podemos hablar de hechos sucedidos después del 17 de noviembre de 2017: no puede negarse la competencia de la Fiscalía Europea para investigarlos, aunque ello atraiga conductas acaecidas anteriormente, pero inescindibles. Las normas transitorias ( art. 120.2 del Reglamento y Disposición Transitoria Única de la Ley Nacional ) están formuladas en sentido afirmativo. No excluyen de la competencia de la FE los delitos cometidos antes del 20 de noviembre de 2017; sino que le atribuyen competencia para conocer de los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor. El presunto delito aquí analizado ha sido cometido, en parte, después de su entrada en vigor. Si la Ley se refiriese a los delitos íntegramente cometidos después de esa fecha; o excluyese tajantemente los delitos cometidos con anterioridad, sería distinto. El matiz es sutil -muy sutil, si se quiere- pero no desdeñable. Se ha optado no por excluir los delitos anteriores, sino por incluir los posteriores. La consecuencia será atribuir la competencia a la Fiscalía Europea".

Aplicando tal criterio al supuesto objeto de examen, no puede sino afirmarse que la actuación llevada a cabo por el apelante, la solicitud del pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA, ocultando, no manifestando la existencia de la previa subvención a que hemos hecho referencia, forma parte del iter delictivo, por lo que las alegaciones expuestas en tal sentido por el apelante no van a ser estimadas.

C) Pretendi da atipicidad de la conducta. INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF (Motivo SEXTO).

A lo largo del presente motivo, el recurrente analiza el artículo 7 del Real Decreto 1010/2015, en redacción modificativa introducida por el Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, e incide en cual habría de ser la calificación jurídica del préstamo del ICF.

La interpretación correcta del art 2.4 h LGS es la que distinguiría entre el préstamo con el interés subsistente no subvencionado (préstamo oneroso), y el interés parcialmente bonificado (subvención). Por tanto sólo sería subvención el interés parcialmente subvencionado, pero no el préstamo con interés parcialmente vigente ( EURIBOR más 0,95%), que seguiría siendo un préstamo oneroso al que, eso sí, se le incrusta un interés subvencionado.

De ello procede a analizar si la subvención del FEGA y el préstamo con interés parcialmente subvencionado, tienen "la misma "finalidad y objeto", en cuyo caso ex art 7 del RD 1010/2015 serían incompatibles. Nótese que el precepto reglamentario exige identidad, -"la misma"-, finalidad y objeto. No basta con la similitud, se requiere identidad, máxime para integrar un elemento normativo del tipo penal del art 308.1 CP, siempre con la ineludible certeza y taxatividad exigida por la necesaria predeterminación típica de la conducta punible ( art 25.1 CE) . Y concluye que El objeto de la subvención del FEGA, es decir, "aquello en lo que se materializa el desplazamiento patrimonial", es un proyecto de ampliación y mejora de instalaciones y un proyecto de transformados de frutas y vegetales. Por el contrario, el objeto en el que se materializa la subvención de la Dirección General de Industria es una parte del interés asociado al préstamo concedido por el ICF.

En definitiva, y a modo de conclusión, ambas subvenciones tienen una diversa finalidad y objeto , la acusación no ha acreditado esa "misma" finalidad y objeto aun en el caso de que el préstamo, y no sólo el interés parcialmente subvencionado, sea calificado también como subvención.

La presente alegación discute el relato fáctico contenido en la sentencia impugnada, en la cual se explicita cual fue el fundamento y finalidad de ambas ayudas solicitadas.

Tal y como se recoge en el relato factico "El objetivo del proyecto de "Ampliación y Mejora de Instalaciones" subvencionado con fondos europeos consistía en actuaciones para la mejora de las instalaciones, con la finalidad de obtener productos innovadores, de mayor calidad, que satisficiesen las demandas del consumidor y con mayor valor añadido. De este modo, se añadía valor a las frutas y verduras de segundas calidades mediante transformación industrial. La subvención concedida a INDULLEIDA SA en este proyecto fue de 3.683.029,26 euros, distribuida en dos anualidades. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado para las dos anualidades fue de 3.641.753,46 euros.

La finalidad del proyecto "Transformados de Frutas y Vegetales", igualmente subvencionado con fondos europeos, consistía en la ampliación del parque logístico para captación de fruta, y la instalación de una lavadora de palots, dando servicio a los agricultores y entidades cooperativas. La subvención concedida en este proyecto a la empresa INDULLEIDA SA fue de 199.066,08 euros. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado fue de 190.649,01 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 350.023,91 euros.

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.

En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo.

En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF

(...) Así se reconoce de forma expresa en el escrito de conclusiones de la defensa de acusado Adrian, en el que textualmente se lee que el día 26 de marzo de 2018 el Sr. Adrian, en su calidad de representante legal de la empresa, presentó ante el FEGA una solicitud de subvención para dos proyectos de inversión: uno para la ampliación y mejora de las instalaciones y el otro para transformados de frutas y vegetales. Y se sigue diciendo que de forma coincidente en el tiempo, el Sr. Adrian, junto con el departamento de administración de la empresa, gestionó la obtención de un préstamo bancario para financiar el proyecto".

El fundamento de la alegación consiste en la artificiosa separación entre el préstamo solicitado y concedido y la bonificación del interés del mismo, considerando en consecuencia que dicha modificación del interés en base a la subvención obtenida, afecta a la materialidad del préstamo, y que ello en consecuencia no supone una identidad con la subvención solicitada respecto del FEGA en los términos interesados.

Tal argumentación no puede ser estimada, puesto que, conforme se relata en los hechos probados consignados, el préstamo solicitado tenía igual finalidad que la ayuda solicitada del FEGA, por lo que la bonificación del interés estaba afectado por la misma finalidad, el proyecto de mejora de las instalaciones de la empresa.

Así se hace constar en el escrito de impugnación de la Fiscalía Europea al señalar que la certeza de la incompatibilidad de ambas subvenciones y en la consideración del préstamo y la bonificación de los intereses como un único instrumento financiero.

Señala la Fiscalía que "La ayuda del FEGA tiene su origen en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales. Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2015, prevé, en su apartado 5.1.6 que el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) incluya «un conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa, cuyos beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley 13/2013, de 2 de agosto». En el punto 5.1.12 del Marco Nacional se recomendaba la introducción en los programas de desarrollo rural de mecanismos que garantizaran la complementariedad y sinergias del FEADER con otros fondos disponibles de la UE, garantizando que en ningún caso se produjera una doble financiación de los gastos. Así pues, ya desde la aprobación del Marco Nacional se preveía la implantación de medidas que aseguraran la no acumulación de ayudas."

Con relación al citado artículo 7.1 del Real Decreto 1010/2015, que se expresa en los siguientes términos: "Incompatibilidad con otras ayudas. 1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales".

Así pues, asiste la razón al Juzgador de la Instancia al establecer la inescindibilidad de la bonificación de intereses con el objeto del préstamo, puesto que tal bonificación tiene lugar precisamente por cual fuera el objeto del préstamo solicitado, y no por cualquier otro motivo.

El hecho de que INDULLEIDA, S.A. operase en el sector de la transformación de productos agrarios le permitió acceder a ambas líneas de subvención por su doble naturaleza agroalimentaria e industrial. En cuanto al objeto de la subvención y de la ayuda, se centran en la realización de inversiones encaminadas a reforzar la capacidad productiva de las empresas.

Respecto a la segunda ayuda, nos encontramos, como señala el apelado Fiscalía Europea "... ante un préstamo otorgado por ICF cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Esta ayuda se puede identificar con la figura que contempla la Ley General de Subvenciones en la letra 2.4.h), que califica como subvenciones los supuestos en que la Administración pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Como consecuencia de todo lo cual, el motivo debe asimismo decaer.

Sexto.-El cuarto de los bloques de alegaciones, como se ha apuntado, señala en distintos apartados la queja por el denunciado error en la valoración de la pruebasufrido por el Juzgados de la Instancia.

En relación con el error en la valoración de la prueba,el Tribunal Supremo ha señalado que la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 de la CE se caracteriza por incluir dos extremos fácticos como son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho. Asimismo, el respeto de la presunción de inocencia exige para su enervación prueba de cargo

a) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio;

b) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales;

c) "lícita", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y

d) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena.

En otras palabras, "no basta con que exista un principio de actividad probatoria, sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria".

Conviene igualmente recordar la reiterada doctrina jurisprudencial en virtud de la cual cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la LECrim y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem",quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

No obstante, los órganos de apelación han de entrar en la valoración de la prueba practicada cuando se trata de sentencia condenatorias. Así, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 125/25 de 13 de febrero, señala que "cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena, el tribunal que conoce del recurso dispone de plenas facultades revisoras. El efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia...este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia"

.Doctrina que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024 de 3 de junio. En definitiva, si lo que se pretende mediante el recurso ante la segunda instancia es proteger más y mejor el derecho a la presunción de inocencia, debe reconocerse la competencia del tribunal de apelación no solo para controlar la razonabilidad de los argumentos de justificación probatoria que ofrece el tribunal de instancia, sino también para valorar la información probatoria producida en la instancia aunque no haya podido percibir de manera directa los gestos empleados por los testigos y peritos". Como se puede observar, el Tribunal de apelación debe analizar toda la prueba practicada con plena jurisdicción, dando efectivo cumplimiento al principio devolutivo y haciendo efectiva la doble instancia penal, revisando la valoración de la prueba realizada por el Juez de lo Penal.

En el presente supuesto, la Sala debe partir de que la resolución impugnada:

1º) Dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente),

2º) Esta prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita): la prueba se ha llevado a cabo en el acto de juicio oral y por tanto ha sido sometida a inmediación y contradicción sin que el recurrente haya mostrado ninguna censura al respecto.

3º) Tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

Con cita de la SENTENCIA N.º 49/2026 SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de trece de abril de dos mil veintiséis "Por centrar convenientemente la cuestión debemos reiterar la doctrina elaborada en torno a esta figura que reproducimos en muchas de nuestras resoluciones, a las que ahora nos remitimos, y que condensan la naturaleza del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido ya en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 , para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

Y recordar que, tal y como la configura la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, se trata de una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Baste decir que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se debe verificar si la prueba de cargo con base en la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, debiéndose analizar por tanto:

-en primer lugar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible; y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen la contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

-en segundo lugar, "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y,

-en tercer lugar, "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Todo ello con el único límite que supone la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba que haya sido practicada en el juicio oral.

B) A lo anterior debemos añadir, de acuerdo con una consolidada doctrina -por todas, SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre - que, aunque la prueba en la que se base la solución condenatoria fuere indiciaria al faltar cualquier prueba directa acerca de la comisión de los hechos delictivos, la misma sería suficiente al efecto de enervar la presunción que ahora se dice quebrantada.

Y ello es así siempre que: a) el hecho o los hechos base (indicios) estén plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento resulte asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

C) Nuestro papel en torno a este particular debe limitarse a comprobar tres concretos aspectos en relación con la denunciada quiebra de la presunción de inocencia, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Tribunal de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 152/2016, de 25 de febrero , 741/2015, de 10 de noviembre , 448/2011, de 19 de mayo y 25/2008, de 29 de enero , entre otras)".

Habida cuenta lo cual, pasamos a examinar las alegaciones que sobre este particular plantea el apelante:

A) ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO- (Alegación SEPTIMA DEL recurso)

A lo largo de dicha alegación, que se desarrolla en los folios 57 a 82 del recurso, el apelante alega que:

-Como censurábamos en nuestro primer motivo de apelación, pese a ser uno de los principales argumentos de defensa articulados por esta parte tanto en el escrito de defensa como en el plenario, el relato de hechos probados nada dice respecto de si nuestro defendido tenía conocimiento, o no, de la existencia de la subvención de la DGI o si era conocedor de la incompatibilidad de esta con la del FEGA. Esta falta de acreditación en los hechos probados del elemento subjetivo del tipo debería llevar, por sí misma, a que la Ilma. Sala decretase la libre absolución de nuestro defendido (vid. Primer motivo de apelación).

- Para el negado caso en que, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se permitiese heterointegrar en contra de reo el relato de hechos probados con los fundamentos jurídicos, en las páginas 26 y 27 de la Sentencia se contienen las únicas referencias respecto de si nuestro defendido era conocedor de la existencia de la subvención de la DGI sobre los intereses del préstamo del ICF.

- En contra de lo que se refiere en la Sentencia, además de la propia declaración del acusado, en el plenario se practicaron hasta siete declaraciones testificales a instancias de esta defensa, además de sendas pruebas documentales, que acreditan, precisamente, este extremo controvertido, a saber: el desconocimiento por parte no solo del Sr. Pascual sino del personal de INDULLEIDA que presta sus servicios para la compañía después de su toma de control por NUFRI acaecida en enero 2019, respecto de la existencia de una subvención concedida por la DGI sobre parte de los intereses del préstamo del ICF. Por lo tanto, no es cierto que "más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento". Se aportaron siete testigos y varios documentos que acreditan fehacientemente dicha realidad.

- Pues bien, estas ocho declaraciones testificales, junto con la declaración del acusado y los correos electrónicos aportados como DOC. nº 27 a nuestro escrito de defensa, acreditan sin género de dudas que (a) al momento de solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA, única conducta que se imputa a nuestro defendido, este desconocía completamente la existencia de la bonificación de la DGI de parte del interés del préstamo del ICF y, (b) que los actuales responsables de INDULLEIDA, tras la adquisición de la compañía en enero de 2019, tomaron conocimiento por primera vez de la existencia de la subvención otorgada por la DGI en el mes de septiembre de 2021, con ocasión del control financiero de la Intervención Territorial de Lleida.

En el desarrollo de la alegación y para acreditar los fundamentos de su tesis, analiza, desde su particular perspectiva, los siguientes datos:

- 1.El Sr. Pascual se vincula con INDULLEIDA con posterioridad a la solicitud y concesión tanto de la subvención del FEGA como del préstamo del ICF con interés subvencionado por la DGI.

- 2.En el proceso de compraventa no se informa sobre la existencia de las subvenciones del FEGA y de la DGI.

3.En la compraventa de participaciones, NUFRI únicamente tiene acceso a las cuentas anuales auditadas de INDULLEIDA

- 4.En las cuentas anuales auditadas únicamente aparece el total agregado de las subvenciones que tiene concedidas la entidad.

- 5.Cambio del personal de INDULLEIDA entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

- 6.La contabilidad de INDULLEIDA no reflejaba la existencia de la bonificación de los intereses del préstamo.

- 7.En INDULLEIDA no se encontró un expediente físico o digital del préstamo del ICF o de la subvención de la DGI.

- 8.Cuando la Intervención solicita la documentación relativa a la bonificación de los intereses por la DGI los trabajadores de INDULLEIDA creían que se trataba de un error.

- 9.Consta documentado que se tuvo que solicitar al ICF la documentación relativa al préstamo y confirmar con la DGI si verdaderamente existía una subvención parcial del interés.

- 10.Los propios testigos sitúan la toma de conocimiento de la existencia de la subvención del interés del préstamo en noviembre de 2021, con ocasión del correo remitido por el ICF y la DGI.

"COMO CONCLJUSIÓN DE TODO ELLO Lo anterior conlleva que deba tenerse por debidamente acreditado que, al momento de efectuar la solicitud de pago de la segunda anualidad del FEGA, el Sr. Pascual desconocía la existencia de la bonificación parcial de la DGI sobre el préstamo del ICF y, por ende, su posible incompatibilidad con la del FEGA. O, cuanto menos, no existe prueba del conocimiento de dichas circunstancias por parte de nuestro defendido, ya que toda la practicada apunta en dirección contraria. Lo anterior supone que no concurra en la conducta del Sr. Pascual el necesario dolo que exige el art. 308.1 CP , deviniendo la misma atípica desde esta perspectiva. Por todo ello, habiéndose acreditado cumplidamente la ausencia de conocimiento del Sr. Pascual respecto de la bonificación de la DGI en el momento de solicitar la segunda anualidad del FEGA, esta parte interesa que, con estimación del presente motivo de apelación, se revoque la Sentencia y, a superior imperio, se dicte otra por la que se absuelva a nuestro defendido, al no concurrir el elemento subjetivo del tipo exigido por el delito que se le imputa".

Hemos de decir al respecto que la sentencia motiva de forma adecuada y suficiente el por qué descarta ese supuesto desconocimiento por parte del apelante de la existencia de la subvención del interés del préstamos concedido en el momento de solicitar el pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA.

Al respecto, consta en la fundamentación jurídica de la resolución, lo siguiente:

"Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo por la Dirección General d'Indústria. Con respecto a esta cuestión debe recordarse con la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1171/1997, de 29 de septiembre que: a) Queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho ( Sentencia de 29 noviembre 1994 ), de la misma manera y en otras palabras ( Sentencia de 16 marzo 1994 ), que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder incorrecto. b) No es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente. En este sentido recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2025 (ROJ:ATS 3170/2025-ECLI:ES:TS:2025:3170A) que el error de tipo, excluye el dolo y su prueba corresponde al que lo alega ( STS 478/2019, de 1 de octubre ). En todo caso, cabe reiterar que la Jurisprudencia viene sosteniendo que para excluir el error resulta suficiente con que pueda racionalmente inferirse que el sujeto agente tenía conciencia de una alta probabilidad de que concurriese el elemento típico. De modo que, para excluir el error de tipo, no se requiere la plena seguridad sobre la concurrencia de un hecho constitutivo de la infracción, sino que basta con que se tenga conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurra y pese a todo se opte consciente y voluntariamente por realizar la acción típica ( STS 310/2017, de 3 de mayo ). El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: STS de 2 de junio de 2015 : la sospecha de ilicitud excluye el error (vid igualmente STS 684/2018, de 20 de diciembre ). El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. Una actitud de indiferencia o desprecio frente a la alta probabilidad de la antijuricidad de la conducta no sería error ( STS 204/2021, de 4 de marzo ).

A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses."

De lo anterior se deduce que se han tomado en consideración por el Juzgador de la Instancia las alegaciones en tal sentido formuladas por la defensa acerca de la pretendida inexistencia en la documentación de la empresa de dato alguno respecto a la solicitud y obtención de la referida bonificación de los intereses del préstamo. Y la respuesta a tal alegación es negativa, en los términos que hemos consignado.

No resulta creíble la tesis exculpatoria basada en el desconocimiento de la existencia de tal bonificación de intereses, más aún de la existencia de subvención alguna, aun cuando en el número 4 de los ordinales expuestos, se hace referencia a la existencia de información contable acerca de las subvenciones que tenía concedida la compañía adquirida, señalando que sólo figuraba el importa global, y no desglosado, Ello lleva a considerar que lógicamente, al solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA el recurrente conocía la existencia de subvenciones, y es más, el importe de lo que habría de solicitar, lo que implica que hubo de examinarse la documentación correspondiente.

Resulta increíble el desconocimiento del importe de un préstamo que habían de estar amortizando los adquirentes de la mercantil, y que por ello, la documentación pertinente, y la rebaja de los intereses, tenía una causa, que debía ser conocida, por los gestores y empleados y fundamentalmente por el acusado que ostentaba la representación de la entidad.

A lo largo de todo el alegato se insiste por el recurrente en la inexistencia de expediente físico o digital en la entidad que acreditase la existencia de la bonificación del interés.

Tal argumento, pese a los esfuerzos del recurrente no puede ser estimado, puesto que, como señala el Juzgador de la Instancia, se trata de la adquisición de las acciones de una mercantil, por lo que toda la documentación relativa a la contratación previa al acto de la compraventa hubo de ser conocida por las partes contratantes, y así lo manifestó incluso el coimputado en su declaración, como se recoge en la sentencia "... de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria."

B) INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL (ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.(Motivo NOVENO del recurso)

Continua el apelante con idéntico argumentario a lo largo de este motivo , enfocando ahora su queja en la pretendida concurrencia del error de tipo del artículo 14 del Código Penal, que transformaría en impune la conducta de su patrocinado, fundando su alegato en que su representado habría incurrido en error en un elemento integrante de la infracción penal, como es el concepto de subvención y la eventual incompatibilidad del préstamo y de la subvención del FEGA.

A continuación se extiende sobre el objeto y finalidad de ambas subvenciones, el carácter de Crédito oficial del concedido por el ICF, y sobre el objeto subvencionado, aportando explicaciones acerca de las circunstancias tan llamativas, tal y como se recogen en la sentencia, en las que se verificó la operación y que por esta vía justifica el apelante, mencionando el interés comercial en la adquisición de la entidad, y en la motivación del escaso control ejercitado sobre la contabilidad de la entidad, que justifica por la minoración del precio a cambio de la asunción por el comprador de los riesgos.

De todo lo cual concluye la inexistencia de una deliberada falta de diligencia por parte de su patrocinado en el momento de la adquisición de la mercantil, no existiendo dato alguno que a su entender pudiera acreditar que el mismo tuviera una sospecha sobre la existencia del préstamo.

La cuestión ya ha sido tratada con anterioridad, e incide sobre puntos ya debatidos, sin que este bloque de alegaciones heterogéneo y aportando explicaciones extemporáneas sobre las incidencias de la contratación, conduzca a la estimación de error en la valoración de la prueba por el Juzgador de la Instancia.

C) INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE . INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

Sobre este particular, en estrecha relación con lo hasta ahora expuesto, debe ponerse el acento en el dato de que el Juzgador de la instancia hace referencia a la ignorancia deliberada en los términos a los que ya nos hemos referido y hemos transcrito en anteriores apartados, dando respuesta a la alegación planteada por la defensa del hoy apelante sobre la concurrencia del error de tipo que conduciría a su absolución.

El Juzgador descarta la existencia de tal error y es en dicha argumentación donde afirma que "Del indicado delito es igualmente responsable en conceto de autor el acusado Pascual, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución, al reconocer expresamente en el acto del plenario como, en su condición de Consejero Delegado de INDULLEIDA, realizo el 6 de septiembre la solicitud de pago de la subvención concedida por el FEGA, lo que igualmente se ve contrastado por la propia solicitud que se encuentra en el acontecimiento 251. Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses d'Indústria.....".

Y más adelante se razona que " A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. .... En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberadade lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses....".

En definitiva, como hemos analizado, la estrategia defensiva del apelante tiene su fundamento en el desconocimiento de la existencia de la subvención de los intereses del préstamo otorgado por Institut Català de Finances cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña.

La lectura de la resolución recurrida revela que existe en la misma un raciocinio lógico y conforme a las máximas de la experiencia a la hora de establecer los hechos declarados probados. El juzgador de la instancia realiza una minuciosa descripción de la prueba de cargo valorándola con acierto, por lo que el recurso no puede prosperar. Frente a la acertada argumentación que contiene la sentencia, la parte recurrente pretende sustituir sin más su propia versión, lógicamente interesada en el legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, por la del juzgador de instancia que desde la posición privilegiada que le otorga la inmediación proporciona no sólo acertadas sino suficientes explicaciones de la prueba de cargo de suficiencia incuestionable para enervar el principio de presunción de inocencia.

La Sala no atisba rasgos de arbitrariedad, irracionalidad, error manifiesto o capricho en dicha inferencia, ajustándose la misma a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y por ello, tal y como hemos anticipado, la Sala entiende ajustada a Derecho la conclusión condenatoria y por ello, el motivo del recurso desestimado.

Séptimo.-Por último, en las alegaciones décimo primera y décimo segunda del recurso, hace referencia a dos cuestiones que alega, con carácter subsidiario a las anteriores.

A) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP . NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

A lo largo de dicha alegación afirma el apelante que la atribución de la totalidad del citado perjuicio tanto al Sr. Adrian como al Sr. Pascual es el resultado forzoso de haber aplicado, aunque no se diga expresamente en la resolución, el principio de imputación recíproca propio de la coautoría, según el cual en todos los delitos -y, en particular, en los delitos patrimoniales- todos los coautores responden por la totalidad del perjuicio causado aun cuando personalmente no haya ocasionado dicho daño patrimonial en su totalidad.

Por tanto, no hubo tampoco una ejecución acordada del hecho, sino que cada uno tomó las correspondientes decisiones por iniciativa propia y sin consensuarlas con el anterior o posterior administrador de la compañía.

Debe, por tanto, quebrarse la aplicación del principio de imputación recíproca, de tal modo que cada acusado responda única y exclusivamente por la parte defraudada durante su etapa al frente de INDULLEIDA. De ello se desprende que, en el peor de los casos, el Sr. Adrian debería responder por la cantidad máxima de 970.927,6 euros y, por su parte, el Sr. Pascual por la cifra máxima de 1.143.218,47 euros, siendo cada uno de ellos responsable de su propio delito y no coautores de un delito conjunto. Ciertamente en ambos casos nos seguimos moviendo en cuantías penalmente relevantes, por lo que la ruptura de la coautoría no supondría la irrelevancia penal de los hechos (en el improbable supuesto de no prosperar ninguno de los anteriores motivos de recurso). Sin embargo, la anterior conclusión tiene importantes efectos en otros puntos de la sentencia. Concretamente: A) Debe comportar una radical reducción de la pena de multa impuesta, que deberá bajar de los tres millones de euros acordados a cifras muchos más próximas a los citados 970.927,6 euros en el caso del Sr. Adrian y 1.143.218,47 euros en el caso del Sr. Pascual. B) Debe suponer asimismo una radical reducción de las responsabilidades civiles impuestas a cada acusado, no procediendo aplicar la regla de solidaridad entre coautores prevista en el art. 116.2 del Código Penal. De tal modo que el Sr. Adrian deberá responder solo por la cuantía de 970.927,6 euros y el Sr. Pascual por la cifra de 1.143.218,47 euros, sin perjuicio de que en ambos casos INDULLEIDA siga siendo responsable civil subsidiaria ex art. 120.4 CP.

Tal argumentación carece de sustento.

En el fundamento de la sentencia dedicado al análisis de la autoría, se analiza el fundamento de cada uno de los condenados, y en concreto debemos señalar que se razona que: "...la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica".

En tal sentido es claro el contenido del artículo 31 y 31 bis.1 y 310 bis del Código Penal en cuanto a la penalidad,

En el segundo de estos se dispone que "1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

Y en el artículo 31 se dispone que : ." El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre".

De la simple lectura de ambos preceptos se deduce tanto la responsabilidad de la entidad INDULLEIDA como de las personas que han actuado como administradores de la misma, el aquí apelante y el anterior administrador, y ambos son responsables en concepto de autores, en el sentido del artículo 28 del mismo texto legal, del delito que sea objeto de imputación. No es de recibo el fraccionamiento de la responsabilidad que se propugna, puesto que ambas actuaciones lo son en nombre y beneficio de la sociedad y por las personas, los acusados, autorizadas para ello, por lo que la responsabilidad es única, derivada de un único delito imputable a la sociedad y a sus administradores en cuanto tales.

B) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP , 9.3 , 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Alega el recurrente que, en orden a la determinación de la pena, en el caso de la prisión y de la imposibilidad de gozar de subvenciones el Juzgador a quo ha optado por imponer la pena mínima posible, que ha concretado, respectivamente, en un año de prisión y tres de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Sin embargo, en el caso de la multa se ha producido un sensible apartamiento del mínimo imponible, que en este caso era la cantidad equivalente a la cuantía defraudada (2.114.146,27 euros), es decir, "el tanto" en palabras del art. 308 CP.

Ha aumentado la concreta pena hasta prácticamente la mitad de dicho marco, alcanzando los tres millones de euros, sin ofrecer una sola razón para no seguir el mismo criterio de imponer el castigo mínimo aplicado en las otras dos penalidades, más allá de afirmar que esta pena "se estiman [sic] ponderada a los hechos denunciados, al no apreciarse circunstancias que aconsejen imponer otra superior", una afirmación que, con los debidos respetos, está completamente vacía del más mínimo contenido referido al caso concreto enjuiciado. Y considera que ello , la ausencia de motivación en relación con la extensión concreta de la pena de multa, vulnera el art. 120.3 de la Constitución, así como el art. 9.3 CE, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos., y se le ha privado del derecho a conocer -y, eventualmente a impugnar- las razones de este severo castigo ( art. 24.1 CE)

Dicho motivo tampoco puede prosperar.

Las penas se han impuesto en su grado mínimo, y el apartamiento del mínimo estricto en la imposición de la pena de multa sí se ha motivado, en contra de lo sostenido por el apelante, en consideración a que se considera ponderada a la gravedad de los hechos denunciados.

No es exigible la imposición del mínimo estricto en la pena de multa, que se ha mantenido en la cuantía cercana al mínimo, puesto que, como ya hemos visto la pena imponible sería de hasta el séxtuplo de la cuantía objeto de la defraudación, siendo así que la multa impuesta está lejos siquiera del duplo de la cuantía, y que la cantidad defraudada es muy superior a la señalada como mínimo por el precepto legal de 100.000 euros.

SEGUNDO.- RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Juzgados y Tribunales, actuando en nombre y representación de INDULLEIDA, S.A.

Primero.- Admisibilidad del recurso.

En primer lugar debemos pasar a analizar la -alegación de la Abogacía del Estado, que estima que no procede la admisión a trámite del recurso interpuesto por dicha condenada, por estar el mismo interpuesto fuera del plazo legal. Así razona que: "La interposición del recurso de apelación contra la Sentencia ha de efectuarse en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habiéndose notificado el auto de aclaración de la Sentencia 9/2025, de 30 de junio, el 15 de julio de 2025, según consta en la Diligencia de Ordenación dictada por el Juzgado Central de lo Penal de 17 de septiembre de 2025, que refiere a la Diligencia de Remisión obrante en el acontecimiento 293, el último día del plazo para presentar el escrito de interposición de recurso de apelación vencía el 31 de julio de 2025. En la medida en que el escrito de interposición de recurso se presenta vía sistema Lexnet el 2 de septiembre de 2025, se considera que se ha presentado fuera del plazo."

Al respecto hemos de decir, en primer lugar, que el recurso ya fue admitido por el Juez Central de lo Penal, como así consta en la Providencia de fecha 2 de septiembre de 2025, "interpuestos por el Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación del acusado Pascual, por Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación de INDULLEIDA SA, y por la Procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro en nombre y representación de Adrian, y apreciándose que reúnen los requisitos establecidos en el art. 790. 2 y 3 de la LECR, se acuerda la ADMISIÓN a trámite de todos los recursos de apelación interpuestos. " Dicha resolución es firme al no haber sido la misma objeto de recurso.

Y ello a tenor del contenido de la Diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de dos mil veinticinco que señalaba las fechas de notificación de la sentencia a los acusados INDULLEIDA SA y Pascual, les fue notificada personalmente la sentencia en fecha 15/07/2025 y al acusado Adrian se le notificó en fecha 18/07/2025.

La fecha que debe computarse para el inicio del cómputo es la de la última notificación, en este caso 18 de julio de 2025 (El acuerdo de unificación de criterios del orden penal de 26 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, relativo al inicio del cómputo del plazo del recurso de apelación contra sentencias dictadas en el procedimiento abreviado y en el juicio por delitos leves, señala que el mismo debe comenzar a correr desde la última notificación realizada a las partes), por lo que la presentación del recurso en fecha 2 de septiembre debe considerarse dentro del Plazo legal.

Segundo.- Motivos del recurso:

Las alegaciones que componen el recurso son las siguientes:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. LOS HECHOS DECLARADOS JUDICIALMENTE COMO PROBADOS POR SENTENCIA, TAL Y COMO ALLÍ CONSTAN NO RESULTAN LITEROSUFICIENTES, BASTANTES NI POSIBILITAN EL JUICIO DE SUBSUNCIÓN /TIPICIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES OBJETO DE CONDENA RESPECTO DE NINGUNO DE LOS SUJETOS AQUÍ ACUSADOS. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DECLARADA PROBADA. IMPOSIBLE HETEROINTEGRACIÓN Y/O SUBSANACIÓN EN SEDE DE RECURSO Y PERJUICIO DE REO. DECLARACIÓN DE LIBRE ABSOLUCIÓN.

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. INEXISTENCIA DE CONDICIÓN IMPEDITIVA ALGUNA Y DE ACTUACIÓN DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR EL FEGA. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

TERCERO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

QUINTO.- INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN EN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

SEXTO.- CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Tercero.-En cuanto al primero de los motivos del recurso que se han expuesto, alega el recurrente la necesidad y procedencia en Derecho de revocar la sentencia de condena dictada en instancia por el Juzgador a quo y decretar la libre absolución de mi representada (y otros) con todos los pronunciamientos favorables para ella, al no contener ni derivarse, natural ni necesariamente, del judicial relato de hechos declarado por Sentencia los hechos, datos y circunstancias que integrarían los requeridos elementos (objetivos y subjetivos) conformadores de los tipos /injustos de los referidos delitos de fraude de subvenciones, posibilitarían su subsunción.

El motivo largamente desarrollado coincide en lo esencial con el primero de los motivos expuestos en el recurso formulado por el coimputado Pascual, remitiéndonos a los argumentos expuestos por la Sala para desestimar el mismo, ya que pese a su extensa redacción y a las exigencias que considera imprescindibles para considerar que el relato fáctico pueda considerarse completo a los efectos interesados, la Sala considera que dicho relato sí contiene los elementos configuradoras de la conducta delictiva que se atribuye a los acusados, remitiéndonos a la fundamentación expuesta en la respuesta a la alegación primra del recurso precedente.

Cuarto.-Respecto del segundo de los motivospor INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL y tercero,POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF.

Alega el recurrente que en el caso que nos ocupa, tal y como se establece en hechos probados de la Sentencia y no resulta un hecho controvertido para ninguna de las aquí partes, la concesión de la subvención por el FEGA a Indulleida tiene lugar el 9 de agosto de 2018, tanto para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones, como para el programa de transformación de frutas y vegetales. Si ello es así, debemos también afirmar que con anterioridad a dicha fecha no existiría ni concurriría condición alguna que hubiera impedido la concesión de dicha subvención del FEGA, puesto que ello, a juicio de las acusaciones y propia sentencia, no aparecería /surgiría / concurriría, sino posterior y sobrevenidamente, con la concesión de bonificación parcial de intereses al préstamo por parte de la DGI, que tiene lugar, como también consta como hecho probado y no es controvertido para las partes, el 19 de diciembre de 2018.

Y ello, ya lo sea (aceptando toda posible pretensión acusatoria tan solo a efectos meramente dialecticos y discursivos por cuanto tampoco resulta aceptada /admitida la incompatibilidad por identidad de finalidad y objeto entre subvención del FEGA y la parcial bonificación de intereses de la DGI, ni tampoco la naturaleza de subvención /ayuda pública del préstamo contratado con el ICF) porque dicha concesión de bonificación parcial de intereses de la DGI resulte en sí misma la subvención / ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA o, en su caso, también porque dicha concesión de bonificación parcial de la DGI convierta en dicho momento, no antes, al crédito contratado con el ICF en subvención /ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA, siendo que hasta dicho momento y circunstancia el crédito suscrito no resultaría de incompatibilidad alguna en tesis acusatorias y de la sentencia cuestionada, como tampoco lo resultaría (y ni tan siquiera por las acusaciones ello se defiende ni habría defendido o pretendido nunca) si la parcial bonificación de intereses del mismo no hubiera sido posterior y finalmente concedida por la DGI.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, en la alegación tercera, manifiesta el recurrente que "Por compartir /suscribir íntegramente el mismo y por su claridad, acierto y profundidad técnica haremos aquí expresamente nuestro el motivo también obrante al recurso de apelación formulado por el Sr. Pascual, reproduciéndolo en su literalidad, previa obtención de autorización expresa para ello", no obstante lo cual se extiende en una larga alegación que abarca las páginas 12 a 29 del recurso, incidiendo en la regulación legal de la materia relativa a la subvención pública, sus características y limitaciones, con abundante cita de opiniones doctrinales que estima apoyan sus argumentaciones.

Al respecto hemos de decir que dichas alegaciones han sido ya analizadas al dar respuesta a las alegaciones del recurso formulado por Pascual y que son analizados en los Apartados B y C del ordinal tercero en el análisis del recurso interpuesto por el coimputado.

Quinto.-El cuarto de los motivosse formula por INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

Tras tan poco claro encabezamiento, en el desarrollo del motivo el apelante se refiere a dos conclusiones que considera esenciales:

1) En primer lugar, que para condenar penalmente a una persona jurídica no basta con que alguno de sus representantes, directivos o empleados haya cometido puntualmente un delito por una deficiente falta de vigilancia o control, sino que es necesario que la comisión de dicho delito sea el resultado de una falta de "cultura de cumplimiento" o ausencia de "cultura de respeto al Derecho" en el seno de la persona jurídica;

2) En segundo término, que a quien corresponde probar esta falta de cultura es a la acusación y no a la defensa.

Dicho lo cual, y tras referirse a los mecanismos de control establecidos en la entidad y al exquisito control de todo género de actividades de la misma concluye que en la sentencia no se afirma rotundamente que INDULLEIDA no contara con un modelo de prevención de delitos, sino que simplemente se expresan dudas al respecto, manifestándose literalmente en la parte final del fundamento jurídico segundo que existen "serias dudas" sobre la real existencia de un programa de cumplimiento en INDULLEIDA, pero sin llegar a afirmar de manera tajante y categórica que tal programa no existiera en absoluto, como parece que habría requerido, cuando menos, la citada ausencia de cultura de respeto al Derecho exigida para el Tribunal Supremo. Un requisito este último que, por cierto, ni tan siquiera es mencionado en el texto de la resolución ahora recurrida. Ante semejantes omisiones -tanto probatorias como sustantivas- resulta evidente la incompatibilidad de la condena de Indulleida con los arts. 24 y 25.1 CE.

Por todo ello, se entiende, justifica y alega que el art. 31 bis CP ha sido incorrectamente aplicado al caso que nos ocupa y que, en tal circunstancia, debió haberse acordado y peticiona aquí la libre absolución de la mercantil INDULLEIDA pues, aun cuando fuera cierto que algunos de sus representantes o directivos hubieran cometido un delito de fraude de subvenciones, ello no sería el resultado de una ausencia de cultura o interés en respetar el ordenamiento jurídico vigente por parte de la mercantil, que sí existiría, concurriría y obraría acreditado con su plasmación en organización, gestión, supervisión y control; tampoco habría sido esta ausencia de cultura de cumplimiento o medidas la causante o facilitadora de la comisión del concreto delito que pudiera haberse cometido o, finalmente y en su caso, éste sería la consecuencia de un puntual déficit de control.

Pero es que, en último lugar, defendiendo que no nos encontraríamos aquí ante conducta típica sino algo de ello alejado; a saber, una final controversia sobrevenida, de carácter complejo, técnico, profundo y jurídico (que se conoce, defiende y ventila, aún con carácter no firme, en la jurisdicción contencioso administrativa), las medidas y controles que, ex ante, vistas las circunstancias entonces concurrentes, pudieran resultar idóneas, suficientes y bastantes para evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos, nunca podrán impedir o evitar totalmente aquella discrepancia. Siendo el vencimiento jurídico judicialmente declarado firme, el que pondrá fin a ésta.

La alegación no va a ser estimada.

En la sentencia se recoge, en el relato fáctico, la acción que se imputa a la sociedad condenada: "En la fecha de los hechos INDULLEIDA SA carecía de un plan de cumplimiento normativo que incluyese medidas de control para prevenir los hechos descritos."

En la fundamentación jurídica, al razonar la autoría de los hechos por parte de la sociedad apelante, se especifica de forma clara cuál es el motivo de la condena, y las pruebas en que la misma se sustenta, así como los motivos por los que no se estima la verosimilitud de los argumentos defensivos esgrimidos por su defensa:

"Finalmente, la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, quienes como pone de manifiesto el acusado Adrian puso en conocimiento del Consejo de administración de la sociedad la petición y obtención de las dos subvenciones que resultan incompatibles entre sí, sin que este órgano de administración hubiera adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Se aporta en el acto del plenario una fotocopia de un programa de cumplimiento (due diligence) fechado en el año 2017, del que en ningún momento se hizo referencia por ninguno de los acusados a lo largo de toda la instrucción, ni se hace mención alguna de su existencia en el escrito de conclusiones provisionales de INDULLEIDA, y es únicamente en el acto del plenario cuando como cuestión previa se hace referencia a él por primera vez se presenta forma sorpresiva la fotocopia. Ello hace sentar serias dudas sobre su real existencia, pues en esa anómala actuación de la defensa no puede otorgarse validez probatoria a lo que es una simple fotocopia no autenticada, y cuando del tenor del mismo solo se contemplan generalidades y en ningún caso se contempla un control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma."

A la vista de tal completo razonamiento, se desestima este motivo de apelación por no considerar cometido el error que denuncia el apelante en cuanto al comportamiento de la entidad en la función de vigilancia por ley le corresponde.

Así dispone expresamente el artículo 31 bis del Código Penal:

"1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios".

Es pues responsabilidad de la entidad la adopción de las garantías precisas para asegurar el comportamiento conforme a derecho de los directivos de la entidad, y claramente en el presente caso, dicha función de prevención y control no se ha acreditado.

La presentación, como afirma el Juzgador de la Instancia, de una simple fotocopia sin adveración alguna el mismo día del inicio de las sesiones del juicio oral, sin que su existencia hubiera sido mencionada en ningún momento anterior, ni conocida por las personas que depusieron en el plenario, que no hicieron referencia a la misma, no constituye prueba bastante, apta para conducir a la pretendida absolución del apelante.

Damos por reproducida la Jurisprudencia del a Sala Segunda del Tribunal Supremo citada por el apelante y los apelados, jurisprudencia que apunta en la misma dirección, la necesidad de establecer mecanismos de control, cuya ausencia determina la existencia de la responsabilidad aquí declarada.

Resulta oportuna la cita de la reciente STS, Penal sección 1 del 14 de octubre de 2025, que contiene un detallado estudio del artículo 31 bis del Código Penal:

"Esta Sala en su jurisprudencia ha ido perfilando la naturaleza y fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde la Sentencia de Pleno 154/2016, de 29 de febrero , que diseñó el modelo, al tiempo que expresaba la necesidad de instaurar una "cultura de respeto al derecho", posteriormente entendido como "delito corporativo", ( STS 221/2016, de 16 de marzo ).

La Sentencia de Pleno señaló: "(...) lo que no admite duda, visto el texto legal ( art. 31 bis CP , especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis. 1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a ) y 2 CP , tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica". (...)

Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o "modelos de cumplimiento "exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o .menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar. No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de Enero, al margen de otras consideraciones cuestionables, hace repetida y expresa mención a la "cultura ética empresarial" o "cultura corporativa de respeto a la Ley" (pág. 39), "cultura de cumplimiento" (pág. 63), etc., informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión de delitos en su seno, como dato determinante a la hora de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la que alude el apartado 2 del actual artículo 31 bis CP .

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida "cultura de cumplimiento " que la norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese como obligación ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal ya que ello equivaldría a que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para rechazarlos, fijando uno de los principales objetivos de la reforma la aclaración de este extremo (...).

De lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es esencial para concluir en su condena y, por si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión".

(...)

Según la Circular 1/2016 de Ja Fiscalía General del Estado, partiendo de un planteamiento diferente acerca de esa tipicidad, la eximente habría de situarse más bien en las proximidades de una "excusa absolutoria " vinculada a la punibilidad, pág. 56, afirmación discutible si tenemos en cuenta que una "excusa absolutoria" ha de partir, por su propia esencia, de la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.

Circunstancia de exención de responsabilidad que, en definitiva, lo que persigue esencialmente no es otra cosa que posibilitar la pronta exoneración de esa responsabilidad de la persona jurídica, en evitación de mayores daños reputacionales para la entidad, pero que en cualquier caso no debe confundirse con el núcleo básico de la responsabilidad de la persona jurídica, cuya acreditación por ello habrá de corresponder a la acusación, en caso de no tomar la iniciativa la propia persona jurídica de la búsqueda inmediata de la exención corriendo con la carga de su acreditación como tal eximente".

En el mismo sentido la STS 221/2016, de 16 de marzo "Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP , pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito cometido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica, de forma mucho más precisa, a partir de la reforma de 2015.

La Sala no puede identificarse -insistimos, con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica- con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y para alcanzar esa conclusión no es necesario abrazar el criterio de que el fundamento de la responsabilidad corporativa no puede explicarse desde la acción individual de otro.

Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado".

"(...) sea cual fuere el criterio doctrinal mediante el que pretenda explicarse la responsabilidad de los entes colectivos, ésta no puede afirmarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física. La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan "...incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso". Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes colectivos. La pregunta es obvia: ¿puede sostenerse que el desafío probatorio que asume el Fiscal no incluye la acreditación de que ese incumplimiento de los deberes de supervisión es grave?

En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad".

(...)

En otras sentencias hemos destacado aspectos relacionados con esa responsabilidad. Así en la STS 668/2017, de 11 de octubre , destacamos la responsabilidad por el hecho propio y diferenciando de las personas físicas: "Así lo afirmábamos en la STS 154/2016, 29 de febrero : "... el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización". Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina "... la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos"."

En el mismo sentido la STS 123/2019 de 8 de marzo : ""(...) La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho. Para que sea condenada, es precisa la comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de las personas en dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por ese delito. Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su comisión".

"(...) Por lo tanto, a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física, en el cual, generalmente, participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos. No se trata, pues, de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica. A ésta le concierne, pues, no solo lo relativo a si su organización contiene medidas o planes de cumplimiento normativo, integrantes o no de un plan completo, establecidas con la finalidad de prevenir delitos o de reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También le afecta todo lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las personas físicas, con todas las circunstancias que pudieran influir en la evitabilidad del delito concreto imputado, así como a la calificación jurídica de la conducta "

La STS 165/2020, de 19 de mayo , excluye un modelo de responsabilidad objetiva: "(...) esta Sala Casacional ya ha formado un cuerpo de doctrina desde la STS 514/2015, de 2 de septiembre , que anuncia el principio de culpabilidad en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, siguiendo por la STS 154/2016, de 29 de febrero , con Sala formada en Pleno, que analiza los contornos de este tipo de responsabilidad, en donde ya se declara que no es posible un régimen de responsabilidad objetiva, y que su fundamento se residencia en la falta de control y de vigilancia. La STS 221/2016, de 16 de marzo , que proclama el delito corporativo, pasando por las siguientes Sentencias: STS 516/2016, de 13 de junio , con su Auto de aclaración (28-6-2016); STS 827/2016, de 3 de noviembre ; STS 121/2017, de 23 de febrero ; STS 583/2017, de 19 de julio ; STS 260/2017, de 6 de abril ; STS 455/2017, de 21 de junio de 2017 ; y STS 668/2017, de 11 de octubre de 2017 , entre otras. "

Igualmente, la STS 949/2022, de 13 de diciembre de diciembre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo puede ser declarada cuando concurran los presupuestos típicos establecidos en la ley y cuando todos y cada uno de ellos sean objeto de debate y prueba y declarados probados en el juicio histórico.

(...)

También respecto al modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas, la STS 298/2024, de 8 de abril : "La responsabilidad penal de una persona jurídica además de un elemento nuclear positivo (comisión de un delito por quien actúa como directivo o empleado del ente) (i), otro normativo (que se trate de uno de los delitos en que está prevista esa posible responsabilidad) (ii) y otro negativo (que no esté implantado un plan de cumplimiento eficaz que haya tenido que ser burlado para la actuación delictiva del agente) (iii), reclama un elemento accesorio que es pieza imprescindible: el delito, objetivamente considerado y con independencia del móvil del agente, ha de redundar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica."

Esta relación jurisprudencial, además de perfilar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reitera el principio de autorresponsabilidad y la necesidad de que en el hecho probado se refleje el comportamiento de la persona jurídica que pueda ser subsumible en el tipo penal, sobre el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento para el control de riesgos de las actividades de la persona jurídica."

A la luz de dicha doctrina, y tal y como se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, se ha establecido como hecho probado la ausencia de "...control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma".

Sexto.-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

En tal sentido, cabe señalar y así consta que por INDULLEIDA se ha procedido a asegurar y garantizar de manera idónea, suficiente y bastante en Derecho (sea en el procedimiento administrativo paralelo o, lo sea con el complemento por intereses efectuado en este procedimiento y sede, declarándose en ambos lugares como idónea y suficiente la garantía prestada) las totales cuantías reclamadas por las acusaciones en concepto de principal y/o intereses y, por lo tanto, el FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA tiene absolutamente asegurado el correspondiente cobro en caso de confirmarse la procedencia y corrección del reintegro y su cuantía. La atenuante de reparación es un precepto que resulta beneficioso para el acusado y que, por tanto, admite interpretaciones extensivas favorables al reo e incluso analogía in bonam partem. En este sentido, conviene señalar también que la aplicación de dicha atenuante no exige la reparación completa del daño causado, sino que basta con que se observe una disminución de dicho perjuicio. Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros. Por tanto, teniendo garantizado plenamente el cobro el organismo público reclamante en caso de que se confirme su legitimidad, es evidente que INDULLEIDA merecía que se le aplicara la citada atenuación por el esfuerzo económico realizado. También, porque dicho íntegro y total aseguramiento que garantiza, con anterioridad al Juicio Oral, la total y plena reparación económica del FEGA, si esta procediera, supone minimizar o, como mínimo, disminuir el posible daño causado, al eliminar todo y cualquier posible sufrimiento o incertidumbre de impago.

No procede estimar este motivo de recurso. Efectivamente, tal y como recoge el Magistrado en su sentencia, no se ha producido una acción significativa de "c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito",tal y como se contempla en el artículo 31 quarter del Código Penal. El propio recurrente especifica los motivos y la forma en la que ha prestado la caución en el Procedimiento administrativo, explicando que "Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros".

No es este el sentido y finalidad del concepto de reparación del daño que se prevé en el citado precepto, puesto que no existe en ningún momento intención de reparar o disminuir el daño. Así lo explica el Magistrado en su sentencia:

"En el presente caso no puede estimarse que concurra la atenuante prevista en el nº 1-c del artículo 31 quater c) del Código penal en cuanto este apartado exige "haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito", lo que en ningún momento se ha realizado por INDULLEIDA, que se ha limitado a prestar caución en el procedimiento administrativo de reintegro para posibilitar el recurso contra la resolución del juzgado contencioso administrativo contraria a sus intereses, con la evidente voluntad de retirarla si obtiene una resolución favorable. Mas ello no implica la reparación del daño que exige el pago del principal debido y de sus intereses, o en los términos del artículo 308-6 CP "se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió".

Séptimo.-CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Sobre este motivo, idéntico al planteado por la defensa de Pascual, lo desestimamos con remisión a la fundamentación expuesta en el apartado Quinto B) del análisis del recurso formulado por dicho acusado.

TERCERO.- RECURSO INTERPUESTO POR Dª María José Rodríguez Teijeiro, procuradora de los tribunales, actuando en representación de Adrian

Primero.- Motivos del recurso:

Los motivos del recurso interpuesto por dicha representación son los siguientes:

Segunda - Error en la valoración de las pruebas: inexistencia de doble petición de préstamo al Institut Català de Finances y de subvención de intereses a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

Tercera - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo

Cuarta - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención

Quinta - Infracción del artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito

Segundo.-Análisis del motivo segundo, realmente el primero de los planteados en su escrito.

La naturaleza del motivo es la del pretendido error en la valoración de la prueba sufrido por el Juzgador de la Instancia al considerar que, dada la equivocada redacción del relato fáctico de la sentencia, el Juzgador concluye que el recurrente tenía conocimiento de la concesión de una subvención relativa a los intereses del préstamo concedido por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y ocultó dicha circunstancia al solicitar la ayuda del FEGA.

Por ello considera necesario ordenar el relato cronológico recogido en los hechos probados de la sentencia, en el sentido que se explica en el motivo:

"El redactado cronológico de los hechos pone de relieve dos de ellos, que han sido debidamente destacados. Por un lado, que el Sr. Adrian se jubiló y cesó definitivamente como director general de Indulleida el 27 de noviembre de 2018, siendo relevado en el cargo por otro director general.

(...) 8. La fecha del cese se indica en el primer párrafo de los hechos probados, aunque sin contextualización ni conexión cronológica con el resto del relato fáctico a pesar de ser un elemento de trascendencia capital. La existencia de un director general entre ambos acusados ni siquiera se menciona, cuando es un dato que, además de ser demostrativo de la nula conexión entre éstos últimos, resulta clave porque fue durante el mandato de ese director general cuando se recibió la resolución de la DGI concediendo la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo formalizado con el ICF.

(...) 9. La afirmación fáctica que se reputa errónea y que justifica el presente motivo de revisión por error en la apreciación de la prueba es la relativa a la actuación del Sr. Adrian para la solicitud del préstamo al ICF.

(...) La sentencia, por lo tanto, afirma una doble solicitud efectuada por el Sr. Adrian: por un lado, la del préstamo al ICF de fecha 18 de abril de 2018 y, por el otro, la de la bonificación de intereses de dicho préstamo, que se dice hecha el día 25 del mismo mes.

(...) La demostración definitiva de que el acontecimiento 245 no es una solicitud se encuentra en la única solicitud efectivamente presentada al ICF. Así, el documento número 1 del expediente remitido por el ICF (archivo 245 de Cloud Justicia) es la "solicitud de préstamo al ICF y bonificación de intereses del Departament d'Empresa i Coneixement", presentada el 18 de abril de 2018.

(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

(...) La documentación detallada concuerda plenamente con la tesis sostenida por el Sr. Adrian, que además fue avalada por la declaración testifical de la Sra. Marí Juana, directora financiera de Indulleida hasta el 17 de enero de 2019, en el sentido de que se desconocía, y no se pudo conocer, que con la solicitud de préstamo al ICF la empresa se postulaba para la obtención de una subvención.

(...) en dicha fecha, el 18 de diciembre de 2018, cuando se dicta la resolución de la DGI que otorga la "subvención en forma de bonificación de intereses", el Sr. Adrian ya no era director general de la em presa puesto que, como ya se ha indicado, había cesado por jubilación el 27 de noviembre de ese mismo año, siendo definitivamente relevado en el cargo por un nuevo director general, el Sr. Primitivo, que había sido nombrado como tal en la reunión del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2018 (folio 78 de las actas) para que durante los meses siguientes compartiera cargo y se llevara a cabo una adecuada transición en la empresa.

(...) De ello se desprende que el Sr. Adrian no tuvo conocimiento de la concesión de la bonificación de los intereses (recordemos que, desde la fecha de aprobación del préstamo, el 14 de junio de 2018, hasta el momento de su cese, los intereses no estuvieron bonificados), que tampoco tuvo conocimiento de que se tratara de "una subvención en forma de bonificación de intereses" y, finalmente, que no pudo llevar a cabo, más allá de la obviedad de que no le correspondía hacerlo por no ostentar cargo alguno en la empresa, ninguna actuación en relación con esa segunda subvención.

(...) En realidad, cabe ir más allá y afirmar que el Sr. Adrian no cesa dejando una bonificación de los intereses pendiente de resolver, sino que lo hace con una petición que puede entenderse desestimada por efectos del silencio administrativo al haber transcurrido el plazo normativamente previsto para resolverla.

(...) Considerando que la solicitud de préstamo y bonificación de intereses se presentó el 18 de abril de 2018, que el préstamo se concedió el 14 de junio de ese mismo año y que ni el 18 de octubre, fecha en que se cumplían los seis meses desde la solicitud, ni en ningún momento posterior hasta el 27 de noviembre, fecha de cese del Sr. Adrian, se dictó y notificó la resolución sobre la concesión de la bonificación de los intereses, puede concluirse que la marcha de la empresa del Sr. Adrian se produce con esa petición de bonificación de intereses rechazada."

Las alegaciones expuestas por el recurrente no son suficientes para considerar la existencia del error alegado.

Ciertamente, examinado el documento presentado por la Abogacía del Estado y obrante al acontecimiento 245, es lo cierto que consta la solicitud firmada por el apelante dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, y aun cuando así no fuera, como es de ver en el propio alegato el apelante se refiere a la solicitud del préstamo y a la solicitud de la bonificación del interés, alegando que ambas solicitudes se realizaba en unidad de acto.

El documento referido sin embargo, es un Anexo, tal y como figura en el mismo, a dicha solicitud, y está fechado como lo indica la resolución apelada.

Por ello el alegato en cuanto a la diferente secuencia cronológica que propone el recurrente resulta intrascendente, puesto que ello no obsta al reconocimiento de la solicitud de bonificación de los intereses del préstamo, lo que en ningún momento ha negado, así como tampoco haber realizado las declaraciones a que se refiere el relato fáctico, acerca de la inexistencia de cualquier otra solicitud de subvención para el mismo objeto.

Por lo que esta parte de la alegación no se estima como apta para sustentar el error en la valoración imputado.

Por otra parte, sostiene que, en el momento de cesar en el cargo por jubilación, no había recibido noticia acerca de la concesión de dicha solicitud de bonificación, que efectivamente se produce días después de que cesara en su cargo.

Sin embargo ello no obsta a la conclusión condenatoria alcanzada en la resolución impugnada, puesto que como consta claramente en la resolución, con remisión a la normativa que disciplina la materia, "Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250);Esto es se realiza la solicitud de pago después de haber solicitado la subvención de parte de los intereses del préstamo, y antes de que se produzca el cese en sus funciones.

De ahí concluye el Magistrado que:

"Sin embargo esa notificación como obligación de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo deviene de forma clara en la Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Que bajo el epígrafe 2 de Solicitud de ayuda y documentación establece que Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", acompañadas de la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: a. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo III, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible; - no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa comunitaria; - no tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto; ay - no encontrarse inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones".

Y por último, no resulta relevante que la concesión de esta segunda ayuda, la del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya se comunicara a la entidad con posterioridad al cese del acusado en sus funciones, ni que la tardanza en la resolución administrativa le pudiera conducir a pensar que la subvención parcial de los intereses del préstamo se había denegado, puesto que, en todo caso, la había solicitado, y lo había ocultado en la solicitud de pago, por lo que, tal y como se explica reiteradamente en la sentencia, supone el cumplimiento de los elementos del tipo.

Tercero.-En el tercero de los motivos denuncia el apelante la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo.

En el motivo, desarrollado a lo largo de los epígrafes 40 a 54, analiza el apelante cual sea el elemento objetivo del delito objeto de imputación y condena, considerando que uno de los elementos objetivos del delito de fraude de subvenciones, que le confiere su naturaleza de delito de resultado: la obtención de subvenciones o ayudas. Sin obtención de subvención no existe delito, la acción típica es obtener, no solicitar.

Considera que la sentencia no afirma la existencia de ningún concierto entre los acusados para la realización de los hechos que declara probados, lo exigible es que la concurrencia de los elementos objetivos del delito se dé con referencia a cada uno de ellos.

Argumenta que procede examinar si, de acuerdo con los hechos que la sentencia declara probados, el juicio de subsunción de los mismos en la norma penal permite afirmar que al Sr. Adrian obtuvo una subvención (la bonificación de intereses por parte de la DGI) que resultara incompatible con la del FEGA, y concluye que la respuesta es claramente que no, que mientras el Sr. Adrian ejerció como director general no recibió subvención alguna en forma de bonificación de los intereses del préstamo porque, estando vigente su mandato, lo cierto es que solo obtuvo la subvención del FEGA y un préstamo bancario sin ningún tipo de bonificación de intereses.

Cuando el 13 de septiembre de 2018 solicita al FEGA el pago de las dos primeras justificaciones, no existe bonificación de intereses que comunicar ya que la resolución de la DGI es de fecha 18 de diciembre de 2018. el 13 de septiembre de 2018 solo se podría haber comunicado al FEGA que se había obtenido un préstamo bancario con unos intereses, no bonificados, del Euribor más un 2,95%.

Alega además un matiz que resulta altamente relevante, y es que una atenta lectura de los hechos probados de la sentencia pone de manifiesto que, en realidad, no se reprocha al Sr. Adrian haber solicitado el pago de la subvención del FEGA sin comunicarle la concesión de la bonificación de los intereses. Parece que dicha imputación queda reservada al otro acusado, el Sr. Pascual.

La extensa y confusa argumentación, en la que se mezclan cuestiones de diferente naturaleza y se altera el orden de los hechos reconocidos por el propio acusado, no puede estimarse en este alzada, en el sentido pretendido de negar la naturaleza delictiva a la acción desarrollada por el acusado.

En cuanto a la naturaleza del delito, el momento de consumación y las cuestiones referidas a la autoría, nos remitimos a las razones expuestas al analizar el recurso interpuesto por los otros imputados.

En cuanto a la falta de obtención de la bonificación de intereses solicitadas, es un hecho cierto, tal y como hemos analizado en el precedente apartado, que el recurrente había solicitado tal bonificación, y consta en la causa, y no es negado por el recurrente, que no manifestó la existencia de tal solicitud al solicitar el pago de las certificaciones en fecha 13 de septiembre, cuando continuaba al frente de INDULLEIDA.

En el relato fáctico de la sentencia, en contra de lo que afirma el recurrente, sí se contempla tal acción, la reclamación del pago de la subvención concedida por el FEGA correspondiente a la primera anualidad:

"A la primera anualidad correspondían 1.161.474,62 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 2.114.832,44 euros. A la segunda anualidad correspondían 2.480.278,84 euros, importe que representaba el 50,74% de la inversión total a justificar, que ascendía a 5.219.699,10 euros . La mercantil INDULLEIDA SA presentó las justificaciones los siguientes días:

- El 13 de septiembre de 2018 para la Ayuda a transformados frutas y vegetales (existiendo un requerimiento posterior de subsanación el 8 de octubre de ese mismo año, que se atiende en plazo el 16 de octubre).

- El 13 de septiembre de 2018 para la primera anualidad de la ayuda a la ampliación y mejora de instalaciones (con posterior requerimiento de subsanación el 10 de octubre, que se atiende en plazo el 23 de octubre).

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros. - En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada."

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se señala, al analizar la prueba practicada, y la fundamentación jurídica de la conclusión condenatoria alcanzada:

"... Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250):

(...) Muy al contrario de las declaraciones de los acusados en el acto del plenario poniendo de manifiesto de forma expresa que entienden que no debían notificarla, pues para ellos dicha bonificación de intereses no era una subvención ni una ayuda pública, ha de tenerse plenamente acreditado que ni al tiempo de solicitar la subvención al FEGA ni en las posteriores solicitudes de pago parciales de la misma pusieron en conocimiento la existencia de dicha bonificación de intereses del préstamo. Máxime cuando Adrian declara en juicio que no le comunico al FEGA la petición del préstamo con bonificación de intereses.

(...) Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (...) Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto;

REAL DECRETO 1010/2015, DE 6 DE NOVIEMBRE(...) Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas. 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los gastos financiados por las ayudas previstas en este real decreto no pueden recibir ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación pública. Del mismo modo, los gastos sufragados por cualquier otra financiación pública no podrán percibir las subvenciones previstas en este real decreto. (...) 4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración responsable de no haber recibido ayudas incompatibles. Igualmente, en caso de haber solicitado ayuda para los mismos gastos en otros regímenes de ayuda en convocatorias aún no resueltas, lo hará constar en dicha declaración. acompañada Disponiendo en su Artículo 11. Documentación que acompañe a la solicitud. La solicitud deberá ir de la documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria anual: 2. Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.".

En consecuencia, de las pruebas practicadas se deduce con claridad y el propio acusado lo reconoce, que en el momento de la solicitud de pago de la ayuda, el apelante, en nombre de la entidad a la que representaba, había solicitado otra subvención, con la misma finalidad y objeto, y no lo comunicó en la declaración responsable, conforme se indica en la sentencia.

Cuarto.-En la misma línea del anterior motivo, se alega por el recurrente la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención.

Considera que en el relato fáctico no se hace referencia a tal circunstancia por lo que ello bastaría para no estimar procedente la condena del recurrente, añadiendo que el agotamiento del derecho a la defensa de esta parte debe permitir la respuesta a cualquier ejercicio de heterointegración de los hechos probados con los datos fácticos que aparezcan desperdigados en los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Concluye que debe quedar definitivamente asentado que, en contra de lo que la sentencia afirma en su fundamentación jurídica, no tenía ninguna obligación de comunicar al FEGA ni la intención de solicitar ni la propia solicitud de préstamo con intereses bonificados.

Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el precedente apartado, sin que considere a -Sala que el relato fáctico resulte insuficiente, a la vista de los párrafos del mismo que se han extractado en dicho precedente ordinal, y a los razonamientos contenidos en la sentencia, relativos a las conductas manifestadas por el propio recurrente, acerca de la falta de información acerca de la solicitud de bonificación a la que nos venimos refiriendo.

Quinto.-El último motivo del recurso hace referencia al elemento subjetivo: infraccióndel artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito.

En el también extenso y reiterativo desarrollo del motivo, haciendo referencia a muchas de las cuestiones ya tratadas en los anteriores motivos del recurso, argumenta el recurrente que:

".... el sujeto debe actuar con voluntad y conocimiento de obtener una subvención y con voluntad y conocimiento de que lo consigue ocultando extremos que lo habrían impedido.

Es en el segundo fundamento de derecho donde parece llevarse a cabo el ejercicio de subsunción respecto al elemento subjetivo del delito.

(...) Desde la perspectiva del elemento intencional, el Sr. Adrian siempre ha mantenido con vehemencia que actuó en todo momento con el pleno convencimiento de que, a diferencia de la ayuda del FEGA, la bonificación de los intereses del préstamo solicitado al ICF no era una subvención y mucho menos de que ello pudiera llegar a conferir esa cualidad a la totalidad de dicho préstamo.

(...) Se insiste nuevamente en que el Sr. Adrian "nunca notifica al FEGA esta solicitud de bonificación que realiza a un organismo público". Si bien dicha afirmación es cierta, ya se ha dicho que no existía obligación de hacer ninguna otra comunicación que no fuera la de concesión de una segunda subvención ( artículo 14.1.d) de la ley general de subvenciones) y, además, como se expondrá, el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo.

(...) La analogía o íntima vinculación conceptual que con tanta facilidad traza la sentencia entre bonificación y subvención debe ser rechazada ya que se trata de conceptos extremadamente alejados. Así, el término bonificación, sinónimo de mejora, descuento, rebaja o deducción, es totalmente ajeno al ámbito de las subvenciones. De hecho, la ley general de subvenciones no contiene el término.

(...) A ello hay que añadir que en la documental aportada por el ICF no aparece en ningún momento nada relacionado, directa o indirectamente, con una subvención o algo que se le asemeje. Al menos, como ya se ha dicho de forma reiterada, (...) No es hasta la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018 (documento 40 del expediente del ICF) donde, por primera vez, aparece un dato claramente indicativo de que se estaba ante la obtención de una segunda subvención "en forma de bonificación de intereses"; momento en el cual, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, el Sr. Adrian no estaba vinculado a la empresa y, por lo tanto, no tuvo ni siquiera ocasión de reaccionar frente a esa resolución y actuar con forme a su contenido explícito.

(...) De ello puede sacarse una primera conclusión útil en el caso que no ocupa, y es que el préstamo no es subvención desde el mismo momento en que se solicita sino que se transmuta en subvención de forma sobrevenida, en el momento y solo para el caso en que sus intereses, en todo o en parte, sean bonificados. Se refuerza así la idea de que sólo cabe hablar de subvención a partir del momento en que la DGI dicta la resolución bonificando los intereses.

(...) Lo necesario y determinante, cuando se trata de analizar la concurrencia del elemento subjetivo del delito en forma de dolo, es si existen elementos que permitan afirmar la voluntad y el conocimiento de un actuar antijurídico por parte del Sr. Adrian, abarcando esa intención de defraudar al conocimiento de que cuando se solicitaba el préstamo se podía acabar obteniendo una subvención si se concedía la bonificación de los intereses. La respuesta negativa a esta cuestión hace irrelevante preguntarse si concurría también un conocimiento sobre el segundo elemento objetivo del delito (la ocultación), dado que resultaría absurdo sostener que se están ocultando datos sobre algo que no se es consciente de estar haciendo (solicitar una subvención)".,

De la anterior exposición, resumida, del contenido del motivo que analizamos, es fácil observar que el mismo supone una reiteración de los argumentos expuestos con anterioridad, para concluir que que el apelante ignoraba que le fuera a ser concedida una subvención en forma de bonificación del interés pactado del préstamos, y que por ello, según afirma, "...el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo".

Hemos de apuntar que la argumentación construida quiebra desde el momento en que el propio apelante, en el primero de los motivos de su recurso incidió en el error cronológico en que a su juicio incurría la resolución impugnada, ya que, según afirma en dicha alegación "(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

Así pues, el mismo afirma que solicitó ambos instrumentos, préstamo y bonificación de intereses, insiste que en la misma fecha, lo cual es irrelevante, pero sí pone de manifiesto su indudable voluntad de obtener el beneficio que suponía la bonificación de intereses, que según se recoge en Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, Artículo 2 en su nº 4 apartado h deja patente que no tienen carácter de subvenciones "El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Así razona la Sentencia que dicho precepto "...es claro y que interpretado a sensu contrario deja de forma clara y meridiana que es subvención el crédito oficial en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de operación de crédito, que es lo que acaece con INDULLEIDA".

En definitiva, el que no viera motivo, según afirma, para comunicar la existencia de la solicitud formulada de bonificación de intereses, cuyo significado ya hemos explicado, y que por su condición empresarial no podía ser desconocido por el apelante, no equivale a la alegada falta del elemento subjetivo del injusto que invoca en la alegación, que va a ser por ello desestimada.

CUARTO.- RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO D. EDUARDO SÁNCHEZ CANOYRA, en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

Primero.- Motivos del recurso

MOTIVO ÚNICO. - Por quebrantamiento de forma y omisión en la apreciación de la prueba sobre documentos literosuficientes que obran en autos, para el caso de que la Sala a las que nos honra dirigirnos estimara alguno de los motivos del recurso de apelación formalizado por D. Adrian.

Tal y como solicitó el recurrente adhesivo: "Nuestro recurso de apelación tiene carácter preventivo pues sólo la eventual estimación de cualquiera de los motivos de recurso de apelación formalizado de contrario comportaría la aparición o surgimiento de un gravamen que nos legitimaría para recurrir. La "adhesión ad cautelam" es siempre una especial forma de adhesión a la apelación que se caracteriza por fundarse no en un perjuicio o gravamen directo, sino en uno que pudiera llegar a ser posible. No ejercer esta posibilidad procesal tendría por posible último efecto la firmeza de una sentencia -la absolutoria de la Sala- que, por el principio de la proscripción de la reformatio in peius que enseñorea el recurso del apelante principal, no podría restaurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex artículo 24 CE que entendemos vulnerado en la instancia ante una omisión probatoria ( STS 178/2011, de 23 de febrero ). Es decir, sólo el dictado de una sentencia absolutoria por la Sala de Apelación nos permitiría constatar y censurar la vulneración del citado derecho que se deriva de la omisión probatoria en que incurre el Juzgado a quo."

No procede el análisis de dicho motivo al no haber estimado la Sala ninguno de los motivos del recurso interpuesto por el referido acusado Adrian.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

La sentencia se va a estructurar en cuatro apartados correspondientes a los tres recursos de apelación interpuestos por los condenados, y el cuarto correspondiente al RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO interpuesto por el Abogado del Estado en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) .

PRIMERO: RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Tribunales y obrando en nombre y representación de Don Pascual

Primero.- Motivos del recurso.

Se alza el recurrente contra la indicada sentencia alegando los siguientes motivos:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR, NI EN TÉRMINOS LITERALES NI CONTEXTUALES, LA PRESENCIA DE TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

SEGUNDO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. INEXISTENCIA DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN.

TERCERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DEL SR. Pascual. PARTICIPACIÓN UNA VEZ PRODUCIDA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE. INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA ( ART. 24.2 CE) POR INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. EL SR. Pascual FUE ACUSADO POR LA MODALIDAD TRADICIONAL DE DOLO Y, EN CAMBIO, HA SIDO CONDENADO DE MANERA SORPRESIVA POR IGNORANCIA DELIBERADA.

SEXTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

SÉPTIMO.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO-

OCTAVO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. FALTA DE MOTIVACIÓN. LA SENTENCIA NO VALORA LA PRUEBA DE DESCARGO PRACTICADA EN EL ACTO DE JUICIO ORAL.

NOVENO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL ( ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

DÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A DEFENSA. CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. MUTACIÓN SUSTANCIAL EN SENTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN.

UNDÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP. NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

DUODÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Dado traslado a las demás partes, el recurso fue impugnado por la Abogacia del Estado y LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS.

Se ha adherido al recurso la representación de la entidad mercantil INDULLEIDA ,S.A.

Segundo.-En el extenso escrito de recurso, más de 100 folios, hace referencia el recurrente a diversas cuestiones que se plantean de forma desordenada y reiterativa, por lo que la respuesta del Tribunal no va a seguir el orden establecido en el recurso, sino que se van a aglutinar en cuatro bloques:

El primero referido a la pretendida falta de motivación de la sentencia,en cuanto a la valoración, que dice inexistente, de la prueba de descargo presentada en el acto del juicio por el hoy apelante.

El segundo, relativo a la pretendida vulneración del principio acusatorio,con vulneración del derecho de defensa del apelante por haber sido condenado, de manera sorpresiva, afirma, por ignorancia deliberada.

En tercer lugar , y de forma más extensa, por infracción de ley,al discutir el apelante la interpretación del precepto en el que se funda la condena de su patrocinado.

En cuarto lugar, por error en la valoración de la prueba,en cuanto a la consideración de la falta de concurrencia en la conducta del apelante de los elementos constitutivos del tipo, así como la falta del elemento subjetivo legalmente exigible como presupuesto de la condena que se impugna.

Y por último, en quinto lugar, las peticiones formuladascon carácter subsidiario.

Tercero.-En cuanto a la queja por la denunciada falta de motivaciónde la resolución impugnada, (motivo OCTAVO), a la que anuda la solicitud de nulidad de la sentencia por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, la misma no puede ser estimada.

Articula el motivo el apelante, refiriéndose a la falta de toma en consideración en la sentencia de las declaraciones testificales y documentales presentados por la parte en orden a acreditar la falta de conocimiento por parte del condenado apelante de la existencia del préstamo al Instituto Catalán de finanzas y subvención de intereses a la Dirección General de Industria de la Generalidad, cuando se solicita el segundo pago de la subvención concedida por el FEGA por el señor Pascual en representación de la sociedad Indulleida.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Pues bien, en el presente caso, examinada por la Sala la resolución impugnada, puede comprobarse que la misma manifiesta el motivo por el que se considera acreditado el conocimiento por parte del apelante de la circunstancia indicada, lo cual supone que deshecha los testimonios y documentos que estaban orientados a descartar tal hecho. No es preciso, no es exigible, como apunta la Jurisprudencia indicada un relato referido a todos y cada uno de los extremos alegados en la cuestión a dilucidar, ni que exista una especial referencia todos y cada uno de los testimonios. La obligación del Juzgador es la de expresar el motivo de su juicio, de una manera clara y fundamentada en el material probatorio del que se ha dispuesto, y que ello quede reflejado en la resolución de forma que sea comprensible para el destinatario de la misma, y en su caso, como es el presente, al Tribunal que haya de examinar la resolución al ser esta impugnada.

Así las cosas es claro, por tanto, que a través de esta motivación, el órgano judicial justifica la existencia de la conducta constitutiva de infracción criminal, dando así cumplimiento suficiente al requisito de la fundamentación.

Cuestión absolutamente ajena a la existencia de tal valoración es que el recurrente esté o no de acuerdo con ella, más tal discrepancia no implica la ausencia de motivación

Cuarto.-El segundo bloque se refiere, como hemos adelantado, a la pretendida vulneración del principio acusatorio.(Motivo QUINTO)

Tal alegación tampoco puede ser estimada.

Como es de ver en la fundamentación de la sentencia, la referencia a la ignorancia deliberada lo es al analizar la concurrencia o no del error que fue alegado por la parte, en tal sentido se razona en la sentencia que :

"A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses".

Tal argumentación en modo alguno supone vulneración del principio acusatorio ni causa indefensión a la defensa del apelante, toda vez que se trata del análisis de la conducta del acusado, a tenor de los datos obrantes en la causa y de las objeciones por él mismo planteadas. No supone el planteamiento de cuestión nueva alguna que fuera ajena a los hechos y la calificación postulada por las acusaciones.

Para resolver esta cuestión puede resultar ilustrativa la STS, Penal sección 1 del 19 de noviembre de 2019 ( ROJ: STS 3723/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3723 ), que, aunque se refiere a la supuesta vulneración del principio acusatorio, para resolver estudia la homogeneidad o heterogeneidad de las modalidades de comisión dolosa o culposa de un mismo delito, en ese caso el de lesiones:

El principio acusatorio, tal como la jurisprudencia ha precisado ( SSTS. 609/2002 de 10 de octubre , 368/2007 de 9 de mayo y 279/2007 de 11 de abril , exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia.

La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación"( SSTC 134/86 y 43/97 ).

En definitiva, el respeto al principio acusatorio que informa el proceso penal exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo que, consiguientemente, no pudo desplegarse la oportuna estrategia de defensa.

De ahí que la acusación haya de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia deba de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse. Por ello los hechos deben estar perfectamente delimitados ya que, como dicen las SSTS de 8 de febrero de 1993 , 5 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1995 , constituyen elementos substanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa,

En suma, como recuerda la STS 212/2026, de 11 de marzo , con mención de la STS de 26 de febrero de 1994 , es evidente: "a) que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".

Lo que el principio acusatorio trata de impedir es que nadie pueda llegar a ser condenado en el proceso penal por una acusación de la que no haya tenido conocimiento suficiente y, por tanto, que no reciba un trato de desigualdad frente al acusador que le ocasione indefensión ( SSTC 54/85 de 18 abril y 17/89 de 30 de enero ); constituyendo, asimismo, el primer elemento del derecho de defensa, que condiciona todos los demás, pues mal puede defenderse de algo que no se sabe en concreto.

Ahora bien, el respeto al mencionado principio exige el acatamiento del relato fáctico en sus líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes, y así como la narración que sostenga la acusación deba de ser completa y específica -debe contener todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas-, no tiene por qué ser exhaustiva, esto es, no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decirlo pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad( SSTS de 4 de marzo de 1999 y 212/2026, de 11 de marzo ). (Sentencia de la SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de fecha trece de abril de dos mil veintiséis).

Incide en la queja respecto de la pretendida infracción del principio acusatorioen el Motivo DECIMO del recurso.

En este caso el recurrente sostiene que la sentencia ha realizado una mutación radical de los hechos objeto del proceso, según los escritos de conclusiones de las acusaciones, introduciendo un elemento nuevo que, a su entender, transforma los términos de la imputación.

Así formula su queja en los siguientes términos:

"Según es de ver en la página 22 de la Sentencia, en la misma se contiene una cita al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y, posteriormente, se efectúa la siguiente afirmación:

"Este último precepto deja de forma meridiana que el delito se comete al ocultar al FEGA que se va a solicitar la bonificación de los intereses a la Direcció General d?Industria, pero sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal nonificación de intereses".·

El texto subrayado es el que contempla el hecho que, introducido ex novo en Sentencia, nunca ha sido objeto de acusación y supone una alteración sustancial del mismo. Y es que lo que se dice es que el delito se cometería al ocultar al FEGA que se va a solicitar la subvención de la DGI, esto es, que quien se postula para la obtención de la ayuda del FEGA ya tendría en mente solicitar la de la DGI, pero oculta tal circunstancia al FEGA. De esta forma, por parte del Juzgador a quo, se está construyendo la conducta penalmente relevante como si de una suerte de dolo antecedente prototípico de la estafa se tratase. Es decir, el sujeto activo tendría conocimiento de que va a solicitar la subvención de la DGI y, aun así, solicita también la del FEGA.

Lo anterior supone una modificación sustancial de lo que fue el relato contenido en la conclusión primera de los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Europea, así como de lo que fue objeto de debate en el acto de plenario".

Atendidas las consideraciones expuestas, tal motivo tampoco puede ser estimado, ya que el propio texto extractado por el recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia recoge la acción imputada "... sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal Bonificación de intereses...",acción que es conforme con los hechos relatados en el relato fáctico que hemos transcrito en los antecedentes de la presente resolución, y en la que se plasma el devenir delictivo, en el que consta la sucesiva petición de subvenciones y la percepción de las mismas según el cronograma que se recoge.

No existe pues la introducción de hecho nuevo o distinto del planteado por las acusaciones, sin que el principio acusatorio pueda inferir el desarrollo por el Tribunal de los razonamientos que tenga por convenientes en la fundamentación de su resolución.

Quinto.-El tercer bloque de alegaciones hace referencia a la infracción de leyen que incurre la sentencia apelada en distintos de sus puntos que serán analizados a continuación

Dicho lo cual, y contestando a las alegaciones relativas a dicho particular, señalamos que:

A) En cuanto a la insuficiencia de los hechos probados.(Motivo PRIMERO)

En contra de lo argumentado por el recurrente, los hechos probados recogen la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo delictivo objeto de la imputación, por lo que la alegación carece de fundamento.

El tipo penal, en su redacción vigente a la fecha de los hechos disponía que:" "1.- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado, con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2.- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".

Redacción que se ha mantenido tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, con la única salvedad de incluir en el texto actualmente vigente a las subvenciones otorgadas de la Unión Europea.

Así pues, el tipo del artículo 308 del Código Penal contempla como elemento básico el falseamiento de las condiciones para la obtención de la subvención, u ocultación de las que la hubiesen impedido, lo que en el presente caso se concreta en la existencia de otra subvención, o préstamo, en este caso, con interés subvencionado.

En tal sentido, en la sentencia, en sus hechos probados, discutidos por el recurrente, se consigna que:

"Por resolución del FEGA de fecha 9 de agosto de 2018, le fueron concedidas a la compañía INDULLEIDA, S.A. subvenciones que ascendieron a un total de 3.882.095,34 euros, para la realización, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019, de los programas conforme al siguiente detalle: - Para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones la cantidad de 3.683.029,26 €. - Para el programa de Transformados Frutas y Vegetales la cantidad de 199.066,08 €.

En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF.

(...) El 9 de septiembre de 2019 el acusado Pascual, en beneficio de INDULLEIDA SA presentó la justificación y solicitud de pago ante el FEGA de la 2ª anualidad de la ayuda de ampliación y mejora de las instalaciones declarando que no habían solicitado ni recibido ninguna otra ayuda incompatible para la misma finalidad y objeto pese a que constaba que habían solicitado y recibido la ayuda del Instituto Catalán de Finanzas."

En consecuencia, sí se recoge, en contra de lo argumentado, la conducta que se considera constitutiva de delito.

B) Pretendida atipicidad de la conducta por dos motivos: por la inexistencia de ocultación preordenada a la obtención de una subvención, y por producirse la participación del recurrente una vez producida la consumación del delito.(Motivos SEGUNDO Y TERCERO del recurso).

Aunque el motivo se denomina por infracción de ley, en realidad, en el desarrollo del mismo el apelante desarrolla la argumentación relativa a su interpretación del precepto por el que se dicta la sentencia de condena que se impugna, considerando que la participación del recurrente habría de considerarse impune.

Considera que el delito se comete al solicitarse la subvención, que es cuando se produce la ocultación a la que se refiere el precepto legal, por lo que, en el momento de producirse la intervención del acusado ya no puede hablarse de una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

Según razona el recurrente: "... cuando la incompatibilidad entre subvenciones se produce con posterioridad a la solicitud de la ayuda pública -como acontece en el presente caso-, la conducta no puede subsumirse en el tipo penal del artículo 308.1 CP . No existe aquí una ocultación preordenada a inducir a error a la Administración, pues al momento de solicitarse la ayuda del FEGA no existía ninguna otra subvención en trámite o concedida que pudiera considerarse incompatible. La posterior solicitud de una ayuda adicional, con independencia de su eventual incompatibilidad administrativa, no transforma en delictiva una conducta anterior que fue legal y transparente en su génesis. De ahí que la eventual consecuencia jurídica -si es que se acredita un doble financiamiento- deberá encauzarse, en su caso, a través de los mecanismos de reintegro del artículo 37.1 c) LGS , nunca a través del Derecho Penal".

En consecuencia, según su argumentación, el engaño u ocultación solo pudo tener lugar en el momento de producirse la solicitud de ambas ayudas, momentos en los que el recurrente no desempeñaba papel alguno por no haber adquirido aún la entidad beneficiaria de las mismas

Y como consecuencia de ello considera asimismo atípica la acción imputada a su patrocinado ya que el art. 308.1 CP pueda considerarse, a salvo de alguna cuestión sobre tipo subjetivo, una suerte de delito mutilado de dos actos, en que el delito queda consumado con la aprobación de la subvención a favor del sujeto activo, reservándose el efectivo desplazamiento patrimonial para la fase de agotamiento del delito, y por ello se desprende que el momento consumativo del ilícito se habría producido el 9 de agosto de 2018 o, en su caso, el 18 de diciembre de 2018, momento en que las respectivas administraciones concedieron las subvenciones solicitadas. Sin embargo, la única conducta que se atribuye a nuestro defendido tiene lugar el 9 de septiembre de 2019, momento en que el Sr. Pascual, nuevo administrador de INDULLEIDA, solicita el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA.

De lo anterior se colige, necesariamente, que la intervención de nuestro representado tiene lugar una vez consumado el delito del art. 308.1 CP y, por lo tanto, quedaría extramuros de la jurisdicción penal.

Tanto el apelante como los Fiscales Delegados en su escrito de impugnación, hacen referencia al Auto núm. 20.424/2022 de fecha 9 de junio de 2020, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en una cuestión de competencia entre un Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Europea.

Dicha resolución sienta un criterio claro al respecto "Sí parece, sin embargo, que no podemos de manera alguna desdeñar la última fecha -6 de febrero de 2008-. Sea cual sea la fórmula defraudatoria (obtención indebida o desvío de lo asignado del objeto para el que se reclamó), la percepción efectiva de los fondos forma parte del tipo de defraudación (ya hablemos del art. 306 -si es que no se le considera tácitamente derogado a partir de la reforma de 2019-; ya nos situemos en el ámbito del art. 308 CP , como parece más correcto, en principio y sin voluntad de prejuzgar). No aporta nada a los efectos que aquí interesan plantearnos si la cuantía es elemento del tipo -resultado- o condición objetiva de punibilidad. Tampoco es necesario anticipar un debate sobre la forma de calcular la cuantía -periodos o actividades- en lo que ha incidido la reforma de 2019 y podría surgir alguna discrepancia según manejemos el art. 306 o el art. 308. (...) Podemos hablar de hechos sucedidos después del 17 de noviembre de 2017: no puede negarse la competencia de la Fiscalía Europea para investigarlos, aunque ello atraiga conductas acaecidas anteriormente, pero inescindibles. Las normas transitorias ( art. 120.2 del Reglamento y Disposición Transitoria Única de la Ley Nacional ) están formuladas en sentido afirmativo. No excluyen de la competencia de la FE los delitos cometidos antes del 20 de noviembre de 2017; sino que le atribuyen competencia para conocer de los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor. El presunto delito aquí analizado ha sido cometido, en parte, después de su entrada en vigor. Si la Ley se refiriese a los delitos íntegramente cometidos después de esa fecha; o excluyese tajantemente los delitos cometidos con anterioridad, sería distinto. El matiz es sutil -muy sutil, si se quiere- pero no desdeñable. Se ha optado no por excluir los delitos anteriores, sino por incluir los posteriores. La consecuencia será atribuir la competencia a la Fiscalía Europea".

Aplicando tal criterio al supuesto objeto de examen, no puede sino afirmarse que la actuación llevada a cabo por el apelante, la solicitud del pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA, ocultando, no manifestando la existencia de la previa subvención a que hemos hecho referencia, forma parte del iter delictivo, por lo que las alegaciones expuestas en tal sentido por el apelante no van a ser estimadas.

C) Pretendi da atipicidad de la conducta. INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF (Motivo SEXTO).

A lo largo del presente motivo, el recurrente analiza el artículo 7 del Real Decreto 1010/2015, en redacción modificativa introducida por el Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, e incide en cual habría de ser la calificación jurídica del préstamo del ICF.

La interpretación correcta del art 2.4 h LGS es la que distinguiría entre el préstamo con el interés subsistente no subvencionado (préstamo oneroso), y el interés parcialmente bonificado (subvención). Por tanto sólo sería subvención el interés parcialmente subvencionado, pero no el préstamo con interés parcialmente vigente ( EURIBOR más 0,95%), que seguiría siendo un préstamo oneroso al que, eso sí, se le incrusta un interés subvencionado.

De ello procede a analizar si la subvención del FEGA y el préstamo con interés parcialmente subvencionado, tienen "la misma "finalidad y objeto", en cuyo caso ex art 7 del RD 1010/2015 serían incompatibles. Nótese que el precepto reglamentario exige identidad, -"la misma"-, finalidad y objeto. No basta con la similitud, se requiere identidad, máxime para integrar un elemento normativo del tipo penal del art 308.1 CP, siempre con la ineludible certeza y taxatividad exigida por la necesaria predeterminación típica de la conducta punible ( art 25.1 CE) . Y concluye que El objeto de la subvención del FEGA, es decir, "aquello en lo que se materializa el desplazamiento patrimonial", es un proyecto de ampliación y mejora de instalaciones y un proyecto de transformados de frutas y vegetales. Por el contrario, el objeto en el que se materializa la subvención de la Dirección General de Industria es una parte del interés asociado al préstamo concedido por el ICF.

En definitiva, y a modo de conclusión, ambas subvenciones tienen una diversa finalidad y objeto , la acusación no ha acreditado esa "misma" finalidad y objeto aun en el caso de que el préstamo, y no sólo el interés parcialmente subvencionado, sea calificado también como subvención.

La presente alegación discute el relato fáctico contenido en la sentencia impugnada, en la cual se explicita cual fue el fundamento y finalidad de ambas ayudas solicitadas.

Tal y como se recoge en el relato factico "El objetivo del proyecto de "Ampliación y Mejora de Instalaciones" subvencionado con fondos europeos consistía en actuaciones para la mejora de las instalaciones, con la finalidad de obtener productos innovadores, de mayor calidad, que satisficiesen las demandas del consumidor y con mayor valor añadido. De este modo, se añadía valor a las frutas y verduras de segundas calidades mediante transformación industrial. La subvención concedida a INDULLEIDA SA en este proyecto fue de 3.683.029,26 euros, distribuida en dos anualidades. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado para las dos anualidades fue de 3.641.753,46 euros.

La finalidad del proyecto "Transformados de Frutas y Vegetales", igualmente subvencionado con fondos europeos, consistía en la ampliación del parque logístico para captación de fruta, y la instalación de una lavadora de palots, dando servicio a los agricultores y entidades cooperativas. La subvención concedida en este proyecto a la empresa INDULLEIDA SA fue de 199.066,08 euros. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado fue de 190.649,01 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 350.023,91 euros.

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.

En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo.

En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF

(...) Así se reconoce de forma expresa en el escrito de conclusiones de la defensa de acusado Adrian, en el que textualmente se lee que el día 26 de marzo de 2018 el Sr. Adrian, en su calidad de representante legal de la empresa, presentó ante el FEGA una solicitud de subvención para dos proyectos de inversión: uno para la ampliación y mejora de las instalaciones y el otro para transformados de frutas y vegetales. Y se sigue diciendo que de forma coincidente en el tiempo, el Sr. Adrian, junto con el departamento de administración de la empresa, gestionó la obtención de un préstamo bancario para financiar el proyecto".

El fundamento de la alegación consiste en la artificiosa separación entre el préstamo solicitado y concedido y la bonificación del interés del mismo, considerando en consecuencia que dicha modificación del interés en base a la subvención obtenida, afecta a la materialidad del préstamo, y que ello en consecuencia no supone una identidad con la subvención solicitada respecto del FEGA en los términos interesados.

Tal argumentación no puede ser estimada, puesto que, conforme se relata en los hechos probados consignados, el préstamo solicitado tenía igual finalidad que la ayuda solicitada del FEGA, por lo que la bonificación del interés estaba afectado por la misma finalidad, el proyecto de mejora de las instalaciones de la empresa.

Así se hace constar en el escrito de impugnación de la Fiscalía Europea al señalar que la certeza de la incompatibilidad de ambas subvenciones y en la consideración del préstamo y la bonificación de los intereses como un único instrumento financiero.

Señala la Fiscalía que "La ayuda del FEGA tiene su origen en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales. Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2015, prevé, en su apartado 5.1.6 que el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) incluya «un conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa, cuyos beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley 13/2013, de 2 de agosto». En el punto 5.1.12 del Marco Nacional se recomendaba la introducción en los programas de desarrollo rural de mecanismos que garantizaran la complementariedad y sinergias del FEADER con otros fondos disponibles de la UE, garantizando que en ningún caso se produjera una doble financiación de los gastos. Así pues, ya desde la aprobación del Marco Nacional se preveía la implantación de medidas que aseguraran la no acumulación de ayudas."

Con relación al citado artículo 7.1 del Real Decreto 1010/2015, que se expresa en los siguientes términos: "Incompatibilidad con otras ayudas. 1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales".

Así pues, asiste la razón al Juzgador de la Instancia al establecer la inescindibilidad de la bonificación de intereses con el objeto del préstamo, puesto que tal bonificación tiene lugar precisamente por cual fuera el objeto del préstamo solicitado, y no por cualquier otro motivo.

El hecho de que INDULLEIDA, S.A. operase en el sector de la transformación de productos agrarios le permitió acceder a ambas líneas de subvención por su doble naturaleza agroalimentaria e industrial. En cuanto al objeto de la subvención y de la ayuda, se centran en la realización de inversiones encaminadas a reforzar la capacidad productiva de las empresas.

Respecto a la segunda ayuda, nos encontramos, como señala el apelado Fiscalía Europea "... ante un préstamo otorgado por ICF cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Esta ayuda se puede identificar con la figura que contempla la Ley General de Subvenciones en la letra 2.4.h), que califica como subvenciones los supuestos en que la Administración pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Como consecuencia de todo lo cual, el motivo debe asimismo decaer.

Sexto.-El cuarto de los bloques de alegaciones, como se ha apuntado, señala en distintos apartados la queja por el denunciado error en la valoración de la pruebasufrido por el Juzgados de la Instancia.

En relación con el error en la valoración de la prueba,el Tribunal Supremo ha señalado que la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 de la CE se caracteriza por incluir dos extremos fácticos como son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho. Asimismo, el respeto de la presunción de inocencia exige para su enervación prueba de cargo

a) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio;

b) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales;

c) "lícita", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y

d) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena.

En otras palabras, "no basta con que exista un principio de actividad probatoria, sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria".

Conviene igualmente recordar la reiterada doctrina jurisprudencial en virtud de la cual cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la LECrim y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem",quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

No obstante, los órganos de apelación han de entrar en la valoración de la prueba practicada cuando se trata de sentencia condenatorias. Así, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 125/25 de 13 de febrero, señala que "cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena, el tribunal que conoce del recurso dispone de plenas facultades revisoras. El efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia...este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia"

.Doctrina que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024 de 3 de junio. En definitiva, si lo que se pretende mediante el recurso ante la segunda instancia es proteger más y mejor el derecho a la presunción de inocencia, debe reconocerse la competencia del tribunal de apelación no solo para controlar la razonabilidad de los argumentos de justificación probatoria que ofrece el tribunal de instancia, sino también para valorar la información probatoria producida en la instancia aunque no haya podido percibir de manera directa los gestos empleados por los testigos y peritos". Como se puede observar, el Tribunal de apelación debe analizar toda la prueba practicada con plena jurisdicción, dando efectivo cumplimiento al principio devolutivo y haciendo efectiva la doble instancia penal, revisando la valoración de la prueba realizada por el Juez de lo Penal.

En el presente supuesto, la Sala debe partir de que la resolución impugnada:

1º) Dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente),

2º) Esta prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita): la prueba se ha llevado a cabo en el acto de juicio oral y por tanto ha sido sometida a inmediación y contradicción sin que el recurrente haya mostrado ninguna censura al respecto.

3º) Tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

Con cita de la SENTENCIA N.º 49/2026 SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de trece de abril de dos mil veintiséis "Por centrar convenientemente la cuestión debemos reiterar la doctrina elaborada en torno a esta figura que reproducimos en muchas de nuestras resoluciones, a las que ahora nos remitimos, y que condensan la naturaleza del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido ya en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 , para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

Y recordar que, tal y como la configura la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, se trata de una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Baste decir que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se debe verificar si la prueba de cargo con base en la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, debiéndose analizar por tanto:

-en primer lugar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible; y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen la contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

-en segundo lugar, "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y,

-en tercer lugar, "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Todo ello con el único límite que supone la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba que haya sido practicada en el juicio oral.

B) A lo anterior debemos añadir, de acuerdo con una consolidada doctrina -por todas, SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre - que, aunque la prueba en la que se base la solución condenatoria fuere indiciaria al faltar cualquier prueba directa acerca de la comisión de los hechos delictivos, la misma sería suficiente al efecto de enervar la presunción que ahora se dice quebrantada.

Y ello es así siempre que: a) el hecho o los hechos base (indicios) estén plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento resulte asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

C) Nuestro papel en torno a este particular debe limitarse a comprobar tres concretos aspectos en relación con la denunciada quiebra de la presunción de inocencia, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Tribunal de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 152/2016, de 25 de febrero , 741/2015, de 10 de noviembre , 448/2011, de 19 de mayo y 25/2008, de 29 de enero , entre otras)".

Habida cuenta lo cual, pasamos a examinar las alegaciones que sobre este particular plantea el apelante:

A) ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO- (Alegación SEPTIMA DEL recurso)

A lo largo de dicha alegación, que se desarrolla en los folios 57 a 82 del recurso, el apelante alega que:

-Como censurábamos en nuestro primer motivo de apelación, pese a ser uno de los principales argumentos de defensa articulados por esta parte tanto en el escrito de defensa como en el plenario, el relato de hechos probados nada dice respecto de si nuestro defendido tenía conocimiento, o no, de la existencia de la subvención de la DGI o si era conocedor de la incompatibilidad de esta con la del FEGA. Esta falta de acreditación en los hechos probados del elemento subjetivo del tipo debería llevar, por sí misma, a que la Ilma. Sala decretase la libre absolución de nuestro defendido (vid. Primer motivo de apelación).

- Para el negado caso en que, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se permitiese heterointegrar en contra de reo el relato de hechos probados con los fundamentos jurídicos, en las páginas 26 y 27 de la Sentencia se contienen las únicas referencias respecto de si nuestro defendido era conocedor de la existencia de la subvención de la DGI sobre los intereses del préstamo del ICF.

- En contra de lo que se refiere en la Sentencia, además de la propia declaración del acusado, en el plenario se practicaron hasta siete declaraciones testificales a instancias de esta defensa, además de sendas pruebas documentales, que acreditan, precisamente, este extremo controvertido, a saber: el desconocimiento por parte no solo del Sr. Pascual sino del personal de INDULLEIDA que presta sus servicios para la compañía después de su toma de control por NUFRI acaecida en enero 2019, respecto de la existencia de una subvención concedida por la DGI sobre parte de los intereses del préstamo del ICF. Por lo tanto, no es cierto que "más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento". Se aportaron siete testigos y varios documentos que acreditan fehacientemente dicha realidad.

- Pues bien, estas ocho declaraciones testificales, junto con la declaración del acusado y los correos electrónicos aportados como DOC. nº 27 a nuestro escrito de defensa, acreditan sin género de dudas que (a) al momento de solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA, única conducta que se imputa a nuestro defendido, este desconocía completamente la existencia de la bonificación de la DGI de parte del interés del préstamo del ICF y, (b) que los actuales responsables de INDULLEIDA, tras la adquisición de la compañía en enero de 2019, tomaron conocimiento por primera vez de la existencia de la subvención otorgada por la DGI en el mes de septiembre de 2021, con ocasión del control financiero de la Intervención Territorial de Lleida.

En el desarrollo de la alegación y para acreditar los fundamentos de su tesis, analiza, desde su particular perspectiva, los siguientes datos:

- 1.El Sr. Pascual se vincula con INDULLEIDA con posterioridad a la solicitud y concesión tanto de la subvención del FEGA como del préstamo del ICF con interés subvencionado por la DGI.

- 2.En el proceso de compraventa no se informa sobre la existencia de las subvenciones del FEGA y de la DGI.

3.En la compraventa de participaciones, NUFRI únicamente tiene acceso a las cuentas anuales auditadas de INDULLEIDA

- 4.En las cuentas anuales auditadas únicamente aparece el total agregado de las subvenciones que tiene concedidas la entidad.

- 5.Cambio del personal de INDULLEIDA entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

- 6.La contabilidad de INDULLEIDA no reflejaba la existencia de la bonificación de los intereses del préstamo.

- 7.En INDULLEIDA no se encontró un expediente físico o digital del préstamo del ICF o de la subvención de la DGI.

- 8.Cuando la Intervención solicita la documentación relativa a la bonificación de los intereses por la DGI los trabajadores de INDULLEIDA creían que se trataba de un error.

- 9.Consta documentado que se tuvo que solicitar al ICF la documentación relativa al préstamo y confirmar con la DGI si verdaderamente existía una subvención parcial del interés.

- 10.Los propios testigos sitúan la toma de conocimiento de la existencia de la subvención del interés del préstamo en noviembre de 2021, con ocasión del correo remitido por el ICF y la DGI.

"COMO CONCLJUSIÓN DE TODO ELLO Lo anterior conlleva que deba tenerse por debidamente acreditado que, al momento de efectuar la solicitud de pago de la segunda anualidad del FEGA, el Sr. Pascual desconocía la existencia de la bonificación parcial de la DGI sobre el préstamo del ICF y, por ende, su posible incompatibilidad con la del FEGA. O, cuanto menos, no existe prueba del conocimiento de dichas circunstancias por parte de nuestro defendido, ya que toda la practicada apunta en dirección contraria. Lo anterior supone que no concurra en la conducta del Sr. Pascual el necesario dolo que exige el art. 308.1 CP , deviniendo la misma atípica desde esta perspectiva. Por todo ello, habiéndose acreditado cumplidamente la ausencia de conocimiento del Sr. Pascual respecto de la bonificación de la DGI en el momento de solicitar la segunda anualidad del FEGA, esta parte interesa que, con estimación del presente motivo de apelación, se revoque la Sentencia y, a superior imperio, se dicte otra por la que se absuelva a nuestro defendido, al no concurrir el elemento subjetivo del tipo exigido por el delito que se le imputa".

Hemos de decir al respecto que la sentencia motiva de forma adecuada y suficiente el por qué descarta ese supuesto desconocimiento por parte del apelante de la existencia de la subvención del interés del préstamos concedido en el momento de solicitar el pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA.

Al respecto, consta en la fundamentación jurídica de la resolución, lo siguiente:

"Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo por la Dirección General d'Indústria. Con respecto a esta cuestión debe recordarse con la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1171/1997, de 29 de septiembre que: a) Queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho ( Sentencia de 29 noviembre 1994 ), de la misma manera y en otras palabras ( Sentencia de 16 marzo 1994 ), que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder incorrecto. b) No es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente. En este sentido recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2025 (ROJ:ATS 3170/2025-ECLI:ES:TS:2025:3170A) que el error de tipo, excluye el dolo y su prueba corresponde al que lo alega ( STS 478/2019, de 1 de octubre ). En todo caso, cabe reiterar que la Jurisprudencia viene sosteniendo que para excluir el error resulta suficiente con que pueda racionalmente inferirse que el sujeto agente tenía conciencia de una alta probabilidad de que concurriese el elemento típico. De modo que, para excluir el error de tipo, no se requiere la plena seguridad sobre la concurrencia de un hecho constitutivo de la infracción, sino que basta con que se tenga conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurra y pese a todo se opte consciente y voluntariamente por realizar la acción típica ( STS 310/2017, de 3 de mayo ). El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: STS de 2 de junio de 2015 : la sospecha de ilicitud excluye el error (vid igualmente STS 684/2018, de 20 de diciembre ). El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. Una actitud de indiferencia o desprecio frente a la alta probabilidad de la antijuricidad de la conducta no sería error ( STS 204/2021, de 4 de marzo ).

A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses."

De lo anterior se deduce que se han tomado en consideración por el Juzgador de la Instancia las alegaciones en tal sentido formuladas por la defensa acerca de la pretendida inexistencia en la documentación de la empresa de dato alguno respecto a la solicitud y obtención de la referida bonificación de los intereses del préstamo. Y la respuesta a tal alegación es negativa, en los términos que hemos consignado.

No resulta creíble la tesis exculpatoria basada en el desconocimiento de la existencia de tal bonificación de intereses, más aún de la existencia de subvención alguna, aun cuando en el número 4 de los ordinales expuestos, se hace referencia a la existencia de información contable acerca de las subvenciones que tenía concedida la compañía adquirida, señalando que sólo figuraba el importa global, y no desglosado, Ello lleva a considerar que lógicamente, al solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA el recurrente conocía la existencia de subvenciones, y es más, el importe de lo que habría de solicitar, lo que implica que hubo de examinarse la documentación correspondiente.

Resulta increíble el desconocimiento del importe de un préstamo que habían de estar amortizando los adquirentes de la mercantil, y que por ello, la documentación pertinente, y la rebaja de los intereses, tenía una causa, que debía ser conocida, por los gestores y empleados y fundamentalmente por el acusado que ostentaba la representación de la entidad.

A lo largo de todo el alegato se insiste por el recurrente en la inexistencia de expediente físico o digital en la entidad que acreditase la existencia de la bonificación del interés.

Tal argumento, pese a los esfuerzos del recurrente no puede ser estimado, puesto que, como señala el Juzgador de la Instancia, se trata de la adquisición de las acciones de una mercantil, por lo que toda la documentación relativa a la contratación previa al acto de la compraventa hubo de ser conocida por las partes contratantes, y así lo manifestó incluso el coimputado en su declaración, como se recoge en la sentencia "... de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria."

B) INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL (ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.(Motivo NOVENO del recurso)

Continua el apelante con idéntico argumentario a lo largo de este motivo , enfocando ahora su queja en la pretendida concurrencia del error de tipo del artículo 14 del Código Penal, que transformaría en impune la conducta de su patrocinado, fundando su alegato en que su representado habría incurrido en error en un elemento integrante de la infracción penal, como es el concepto de subvención y la eventual incompatibilidad del préstamo y de la subvención del FEGA.

A continuación se extiende sobre el objeto y finalidad de ambas subvenciones, el carácter de Crédito oficial del concedido por el ICF, y sobre el objeto subvencionado, aportando explicaciones acerca de las circunstancias tan llamativas, tal y como se recogen en la sentencia, en las que se verificó la operación y que por esta vía justifica el apelante, mencionando el interés comercial en la adquisición de la entidad, y en la motivación del escaso control ejercitado sobre la contabilidad de la entidad, que justifica por la minoración del precio a cambio de la asunción por el comprador de los riesgos.

De todo lo cual concluye la inexistencia de una deliberada falta de diligencia por parte de su patrocinado en el momento de la adquisición de la mercantil, no existiendo dato alguno que a su entender pudiera acreditar que el mismo tuviera una sospecha sobre la existencia del préstamo.

La cuestión ya ha sido tratada con anterioridad, e incide sobre puntos ya debatidos, sin que este bloque de alegaciones heterogéneo y aportando explicaciones extemporáneas sobre las incidencias de la contratación, conduzca a la estimación de error en la valoración de la prueba por el Juzgador de la Instancia.

C) INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE . INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

Sobre este particular, en estrecha relación con lo hasta ahora expuesto, debe ponerse el acento en el dato de que el Juzgador de la instancia hace referencia a la ignorancia deliberada en los términos a los que ya nos hemos referido y hemos transcrito en anteriores apartados, dando respuesta a la alegación planteada por la defensa del hoy apelante sobre la concurrencia del error de tipo que conduciría a su absolución.

El Juzgador descarta la existencia de tal error y es en dicha argumentación donde afirma que "Del indicado delito es igualmente responsable en conceto de autor el acusado Pascual, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución, al reconocer expresamente en el acto del plenario como, en su condición de Consejero Delegado de INDULLEIDA, realizo el 6 de septiembre la solicitud de pago de la subvención concedida por el FEGA, lo que igualmente se ve contrastado por la propia solicitud que se encuentra en el acontecimiento 251. Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses d'Indústria.....".

Y más adelante se razona que " A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. .... En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberadade lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses....".

En definitiva, como hemos analizado, la estrategia defensiva del apelante tiene su fundamento en el desconocimiento de la existencia de la subvención de los intereses del préstamo otorgado por Institut Català de Finances cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña.

La lectura de la resolución recurrida revela que existe en la misma un raciocinio lógico y conforme a las máximas de la experiencia a la hora de establecer los hechos declarados probados. El juzgador de la instancia realiza una minuciosa descripción de la prueba de cargo valorándola con acierto, por lo que el recurso no puede prosperar. Frente a la acertada argumentación que contiene la sentencia, la parte recurrente pretende sustituir sin más su propia versión, lógicamente interesada en el legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, por la del juzgador de instancia que desde la posición privilegiada que le otorga la inmediación proporciona no sólo acertadas sino suficientes explicaciones de la prueba de cargo de suficiencia incuestionable para enervar el principio de presunción de inocencia.

La Sala no atisba rasgos de arbitrariedad, irracionalidad, error manifiesto o capricho en dicha inferencia, ajustándose la misma a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y por ello, tal y como hemos anticipado, la Sala entiende ajustada a Derecho la conclusión condenatoria y por ello, el motivo del recurso desestimado.

Séptimo.-Por último, en las alegaciones décimo primera y décimo segunda del recurso, hace referencia a dos cuestiones que alega, con carácter subsidiario a las anteriores.

A) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP . NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

A lo largo de dicha alegación afirma el apelante que la atribución de la totalidad del citado perjuicio tanto al Sr. Adrian como al Sr. Pascual es el resultado forzoso de haber aplicado, aunque no se diga expresamente en la resolución, el principio de imputación recíproca propio de la coautoría, según el cual en todos los delitos -y, en particular, en los delitos patrimoniales- todos los coautores responden por la totalidad del perjuicio causado aun cuando personalmente no haya ocasionado dicho daño patrimonial en su totalidad.

Por tanto, no hubo tampoco una ejecución acordada del hecho, sino que cada uno tomó las correspondientes decisiones por iniciativa propia y sin consensuarlas con el anterior o posterior administrador de la compañía.

Debe, por tanto, quebrarse la aplicación del principio de imputación recíproca, de tal modo que cada acusado responda única y exclusivamente por la parte defraudada durante su etapa al frente de INDULLEIDA. De ello se desprende que, en el peor de los casos, el Sr. Adrian debería responder por la cantidad máxima de 970.927,6 euros y, por su parte, el Sr. Pascual por la cifra máxima de 1.143.218,47 euros, siendo cada uno de ellos responsable de su propio delito y no coautores de un delito conjunto. Ciertamente en ambos casos nos seguimos moviendo en cuantías penalmente relevantes, por lo que la ruptura de la coautoría no supondría la irrelevancia penal de los hechos (en el improbable supuesto de no prosperar ninguno de los anteriores motivos de recurso). Sin embargo, la anterior conclusión tiene importantes efectos en otros puntos de la sentencia. Concretamente: A) Debe comportar una radical reducción de la pena de multa impuesta, que deberá bajar de los tres millones de euros acordados a cifras muchos más próximas a los citados 970.927,6 euros en el caso del Sr. Adrian y 1.143.218,47 euros en el caso del Sr. Pascual. B) Debe suponer asimismo una radical reducción de las responsabilidades civiles impuestas a cada acusado, no procediendo aplicar la regla de solidaridad entre coautores prevista en el art. 116.2 del Código Penal. De tal modo que el Sr. Adrian deberá responder solo por la cuantía de 970.927,6 euros y el Sr. Pascual por la cifra de 1.143.218,47 euros, sin perjuicio de que en ambos casos INDULLEIDA siga siendo responsable civil subsidiaria ex art. 120.4 CP.

Tal argumentación carece de sustento.

En el fundamento de la sentencia dedicado al análisis de la autoría, se analiza el fundamento de cada uno de los condenados, y en concreto debemos señalar que se razona que: "...la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica".

En tal sentido es claro el contenido del artículo 31 y 31 bis.1 y 310 bis del Código Penal en cuanto a la penalidad,

En el segundo de estos se dispone que "1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

Y en el artículo 31 se dispone que : ." El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre".

De la simple lectura de ambos preceptos se deduce tanto la responsabilidad de la entidad INDULLEIDA como de las personas que han actuado como administradores de la misma, el aquí apelante y el anterior administrador, y ambos son responsables en concepto de autores, en el sentido del artículo 28 del mismo texto legal, del delito que sea objeto de imputación. No es de recibo el fraccionamiento de la responsabilidad que se propugna, puesto que ambas actuaciones lo son en nombre y beneficio de la sociedad y por las personas, los acusados, autorizadas para ello, por lo que la responsabilidad es única, derivada de un único delito imputable a la sociedad y a sus administradores en cuanto tales.

B) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP , 9.3 , 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Alega el recurrente que, en orden a la determinación de la pena, en el caso de la prisión y de la imposibilidad de gozar de subvenciones el Juzgador a quo ha optado por imponer la pena mínima posible, que ha concretado, respectivamente, en un año de prisión y tres de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Sin embargo, en el caso de la multa se ha producido un sensible apartamiento del mínimo imponible, que en este caso era la cantidad equivalente a la cuantía defraudada (2.114.146,27 euros), es decir, "el tanto" en palabras del art. 308 CP.

Ha aumentado la concreta pena hasta prácticamente la mitad de dicho marco, alcanzando los tres millones de euros, sin ofrecer una sola razón para no seguir el mismo criterio de imponer el castigo mínimo aplicado en las otras dos penalidades, más allá de afirmar que esta pena "se estiman [sic] ponderada a los hechos denunciados, al no apreciarse circunstancias que aconsejen imponer otra superior", una afirmación que, con los debidos respetos, está completamente vacía del más mínimo contenido referido al caso concreto enjuiciado. Y considera que ello , la ausencia de motivación en relación con la extensión concreta de la pena de multa, vulnera el art. 120.3 de la Constitución, así como el art. 9.3 CE, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos., y se le ha privado del derecho a conocer -y, eventualmente a impugnar- las razones de este severo castigo ( art. 24.1 CE)

Dicho motivo tampoco puede prosperar.

Las penas se han impuesto en su grado mínimo, y el apartamiento del mínimo estricto en la imposición de la pena de multa sí se ha motivado, en contra de lo sostenido por el apelante, en consideración a que se considera ponderada a la gravedad de los hechos denunciados.

No es exigible la imposición del mínimo estricto en la pena de multa, que se ha mantenido en la cuantía cercana al mínimo, puesto que, como ya hemos visto la pena imponible sería de hasta el séxtuplo de la cuantía objeto de la defraudación, siendo así que la multa impuesta está lejos siquiera del duplo de la cuantía, y que la cantidad defraudada es muy superior a la señalada como mínimo por el precepto legal de 100.000 euros.

SEGUNDO.- RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Juzgados y Tribunales, actuando en nombre y representación de INDULLEIDA, S.A.

Primero.- Admisibilidad del recurso.

En primer lugar debemos pasar a analizar la -alegación de la Abogacía del Estado, que estima que no procede la admisión a trámite del recurso interpuesto por dicha condenada, por estar el mismo interpuesto fuera del plazo legal. Así razona que: "La interposición del recurso de apelación contra la Sentencia ha de efectuarse en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habiéndose notificado el auto de aclaración de la Sentencia 9/2025, de 30 de junio, el 15 de julio de 2025, según consta en la Diligencia de Ordenación dictada por el Juzgado Central de lo Penal de 17 de septiembre de 2025, que refiere a la Diligencia de Remisión obrante en el acontecimiento 293, el último día del plazo para presentar el escrito de interposición de recurso de apelación vencía el 31 de julio de 2025. En la medida en que el escrito de interposición de recurso se presenta vía sistema Lexnet el 2 de septiembre de 2025, se considera que se ha presentado fuera del plazo."

Al respecto hemos de decir, en primer lugar, que el recurso ya fue admitido por el Juez Central de lo Penal, como así consta en la Providencia de fecha 2 de septiembre de 2025, "interpuestos por el Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación del acusado Pascual, por Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación de INDULLEIDA SA, y por la Procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro en nombre y representación de Adrian, y apreciándose que reúnen los requisitos establecidos en el art. 790. 2 y 3 de la LECR, se acuerda la ADMISIÓN a trámite de todos los recursos de apelación interpuestos. " Dicha resolución es firme al no haber sido la misma objeto de recurso.

Y ello a tenor del contenido de la Diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de dos mil veinticinco que señalaba las fechas de notificación de la sentencia a los acusados INDULLEIDA SA y Pascual, les fue notificada personalmente la sentencia en fecha 15/07/2025 y al acusado Adrian se le notificó en fecha 18/07/2025.

La fecha que debe computarse para el inicio del cómputo es la de la última notificación, en este caso 18 de julio de 2025 (El acuerdo de unificación de criterios del orden penal de 26 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, relativo al inicio del cómputo del plazo del recurso de apelación contra sentencias dictadas en el procedimiento abreviado y en el juicio por delitos leves, señala que el mismo debe comenzar a correr desde la última notificación realizada a las partes), por lo que la presentación del recurso en fecha 2 de septiembre debe considerarse dentro del Plazo legal.

Segundo.- Motivos del recurso:

Las alegaciones que componen el recurso son las siguientes:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. LOS HECHOS DECLARADOS JUDICIALMENTE COMO PROBADOS POR SENTENCIA, TAL Y COMO ALLÍ CONSTAN NO RESULTAN LITEROSUFICIENTES, BASTANTES NI POSIBILITAN EL JUICIO DE SUBSUNCIÓN /TIPICIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES OBJETO DE CONDENA RESPECTO DE NINGUNO DE LOS SUJETOS AQUÍ ACUSADOS. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DECLARADA PROBADA. IMPOSIBLE HETEROINTEGRACIÓN Y/O SUBSANACIÓN EN SEDE DE RECURSO Y PERJUICIO DE REO. DECLARACIÓN DE LIBRE ABSOLUCIÓN.

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. INEXISTENCIA DE CONDICIÓN IMPEDITIVA ALGUNA Y DE ACTUACIÓN DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR EL FEGA. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

TERCERO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

QUINTO.- INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN EN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

SEXTO.- CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Tercero.-En cuanto al primero de los motivos del recurso que se han expuesto, alega el recurrente la necesidad y procedencia en Derecho de revocar la sentencia de condena dictada en instancia por el Juzgador a quo y decretar la libre absolución de mi representada (y otros) con todos los pronunciamientos favorables para ella, al no contener ni derivarse, natural ni necesariamente, del judicial relato de hechos declarado por Sentencia los hechos, datos y circunstancias que integrarían los requeridos elementos (objetivos y subjetivos) conformadores de los tipos /injustos de los referidos delitos de fraude de subvenciones, posibilitarían su subsunción.

El motivo largamente desarrollado coincide en lo esencial con el primero de los motivos expuestos en el recurso formulado por el coimputado Pascual, remitiéndonos a los argumentos expuestos por la Sala para desestimar el mismo, ya que pese a su extensa redacción y a las exigencias que considera imprescindibles para considerar que el relato fáctico pueda considerarse completo a los efectos interesados, la Sala considera que dicho relato sí contiene los elementos configuradoras de la conducta delictiva que se atribuye a los acusados, remitiéndonos a la fundamentación expuesta en la respuesta a la alegación primra del recurso precedente.

Cuarto.-Respecto del segundo de los motivospor INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL y tercero,POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF.

Alega el recurrente que en el caso que nos ocupa, tal y como se establece en hechos probados de la Sentencia y no resulta un hecho controvertido para ninguna de las aquí partes, la concesión de la subvención por el FEGA a Indulleida tiene lugar el 9 de agosto de 2018, tanto para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones, como para el programa de transformación de frutas y vegetales. Si ello es así, debemos también afirmar que con anterioridad a dicha fecha no existiría ni concurriría condición alguna que hubiera impedido la concesión de dicha subvención del FEGA, puesto que ello, a juicio de las acusaciones y propia sentencia, no aparecería /surgiría / concurriría, sino posterior y sobrevenidamente, con la concesión de bonificación parcial de intereses al préstamo por parte de la DGI, que tiene lugar, como también consta como hecho probado y no es controvertido para las partes, el 19 de diciembre de 2018.

Y ello, ya lo sea (aceptando toda posible pretensión acusatoria tan solo a efectos meramente dialecticos y discursivos por cuanto tampoco resulta aceptada /admitida la incompatibilidad por identidad de finalidad y objeto entre subvención del FEGA y la parcial bonificación de intereses de la DGI, ni tampoco la naturaleza de subvención /ayuda pública del préstamo contratado con el ICF) porque dicha concesión de bonificación parcial de intereses de la DGI resulte en sí misma la subvención / ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA o, en su caso, también porque dicha concesión de bonificación parcial de la DGI convierta en dicho momento, no antes, al crédito contratado con el ICF en subvención /ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA, siendo que hasta dicho momento y circunstancia el crédito suscrito no resultaría de incompatibilidad alguna en tesis acusatorias y de la sentencia cuestionada, como tampoco lo resultaría (y ni tan siquiera por las acusaciones ello se defiende ni habría defendido o pretendido nunca) si la parcial bonificación de intereses del mismo no hubiera sido posterior y finalmente concedida por la DGI.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, en la alegación tercera, manifiesta el recurrente que "Por compartir /suscribir íntegramente el mismo y por su claridad, acierto y profundidad técnica haremos aquí expresamente nuestro el motivo también obrante al recurso de apelación formulado por el Sr. Pascual, reproduciéndolo en su literalidad, previa obtención de autorización expresa para ello", no obstante lo cual se extiende en una larga alegación que abarca las páginas 12 a 29 del recurso, incidiendo en la regulación legal de la materia relativa a la subvención pública, sus características y limitaciones, con abundante cita de opiniones doctrinales que estima apoyan sus argumentaciones.

Al respecto hemos de decir que dichas alegaciones han sido ya analizadas al dar respuesta a las alegaciones del recurso formulado por Pascual y que son analizados en los Apartados B y C del ordinal tercero en el análisis del recurso interpuesto por el coimputado.

Quinto.-El cuarto de los motivosse formula por INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

Tras tan poco claro encabezamiento, en el desarrollo del motivo el apelante se refiere a dos conclusiones que considera esenciales:

1) En primer lugar, que para condenar penalmente a una persona jurídica no basta con que alguno de sus representantes, directivos o empleados haya cometido puntualmente un delito por una deficiente falta de vigilancia o control, sino que es necesario que la comisión de dicho delito sea el resultado de una falta de "cultura de cumplimiento" o ausencia de "cultura de respeto al Derecho" en el seno de la persona jurídica;

2) En segundo término, que a quien corresponde probar esta falta de cultura es a la acusación y no a la defensa.

Dicho lo cual, y tras referirse a los mecanismos de control establecidos en la entidad y al exquisito control de todo género de actividades de la misma concluye que en la sentencia no se afirma rotundamente que INDULLEIDA no contara con un modelo de prevención de delitos, sino que simplemente se expresan dudas al respecto, manifestándose literalmente en la parte final del fundamento jurídico segundo que existen "serias dudas" sobre la real existencia de un programa de cumplimiento en INDULLEIDA, pero sin llegar a afirmar de manera tajante y categórica que tal programa no existiera en absoluto, como parece que habría requerido, cuando menos, la citada ausencia de cultura de respeto al Derecho exigida para el Tribunal Supremo. Un requisito este último que, por cierto, ni tan siquiera es mencionado en el texto de la resolución ahora recurrida. Ante semejantes omisiones -tanto probatorias como sustantivas- resulta evidente la incompatibilidad de la condena de Indulleida con los arts. 24 y 25.1 CE.

Por todo ello, se entiende, justifica y alega que el art. 31 bis CP ha sido incorrectamente aplicado al caso que nos ocupa y que, en tal circunstancia, debió haberse acordado y peticiona aquí la libre absolución de la mercantil INDULLEIDA pues, aun cuando fuera cierto que algunos de sus representantes o directivos hubieran cometido un delito de fraude de subvenciones, ello no sería el resultado de una ausencia de cultura o interés en respetar el ordenamiento jurídico vigente por parte de la mercantil, que sí existiría, concurriría y obraría acreditado con su plasmación en organización, gestión, supervisión y control; tampoco habría sido esta ausencia de cultura de cumplimiento o medidas la causante o facilitadora de la comisión del concreto delito que pudiera haberse cometido o, finalmente y en su caso, éste sería la consecuencia de un puntual déficit de control.

Pero es que, en último lugar, defendiendo que no nos encontraríamos aquí ante conducta típica sino algo de ello alejado; a saber, una final controversia sobrevenida, de carácter complejo, técnico, profundo y jurídico (que se conoce, defiende y ventila, aún con carácter no firme, en la jurisdicción contencioso administrativa), las medidas y controles que, ex ante, vistas las circunstancias entonces concurrentes, pudieran resultar idóneas, suficientes y bastantes para evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos, nunca podrán impedir o evitar totalmente aquella discrepancia. Siendo el vencimiento jurídico judicialmente declarado firme, el que pondrá fin a ésta.

La alegación no va a ser estimada.

En la sentencia se recoge, en el relato fáctico, la acción que se imputa a la sociedad condenada: "En la fecha de los hechos INDULLEIDA SA carecía de un plan de cumplimiento normativo que incluyese medidas de control para prevenir los hechos descritos."

En la fundamentación jurídica, al razonar la autoría de los hechos por parte de la sociedad apelante, se especifica de forma clara cuál es el motivo de la condena, y las pruebas en que la misma se sustenta, así como los motivos por los que no se estima la verosimilitud de los argumentos defensivos esgrimidos por su defensa:

"Finalmente, la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, quienes como pone de manifiesto el acusado Adrian puso en conocimiento del Consejo de administración de la sociedad la petición y obtención de las dos subvenciones que resultan incompatibles entre sí, sin que este órgano de administración hubiera adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Se aporta en el acto del plenario una fotocopia de un programa de cumplimiento (due diligence) fechado en el año 2017, del que en ningún momento se hizo referencia por ninguno de los acusados a lo largo de toda la instrucción, ni se hace mención alguna de su existencia en el escrito de conclusiones provisionales de INDULLEIDA, y es únicamente en el acto del plenario cuando como cuestión previa se hace referencia a él por primera vez se presenta forma sorpresiva la fotocopia. Ello hace sentar serias dudas sobre su real existencia, pues en esa anómala actuación de la defensa no puede otorgarse validez probatoria a lo que es una simple fotocopia no autenticada, y cuando del tenor del mismo solo se contemplan generalidades y en ningún caso se contempla un control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma."

A la vista de tal completo razonamiento, se desestima este motivo de apelación por no considerar cometido el error que denuncia el apelante en cuanto al comportamiento de la entidad en la función de vigilancia por ley le corresponde.

Así dispone expresamente el artículo 31 bis del Código Penal:

"1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios".

Es pues responsabilidad de la entidad la adopción de las garantías precisas para asegurar el comportamiento conforme a derecho de los directivos de la entidad, y claramente en el presente caso, dicha función de prevención y control no se ha acreditado.

La presentación, como afirma el Juzgador de la Instancia, de una simple fotocopia sin adveración alguna el mismo día del inicio de las sesiones del juicio oral, sin que su existencia hubiera sido mencionada en ningún momento anterior, ni conocida por las personas que depusieron en el plenario, que no hicieron referencia a la misma, no constituye prueba bastante, apta para conducir a la pretendida absolución del apelante.

Damos por reproducida la Jurisprudencia del a Sala Segunda del Tribunal Supremo citada por el apelante y los apelados, jurisprudencia que apunta en la misma dirección, la necesidad de establecer mecanismos de control, cuya ausencia determina la existencia de la responsabilidad aquí declarada.

Resulta oportuna la cita de la reciente STS, Penal sección 1 del 14 de octubre de 2025, que contiene un detallado estudio del artículo 31 bis del Código Penal:

"Esta Sala en su jurisprudencia ha ido perfilando la naturaleza y fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde la Sentencia de Pleno 154/2016, de 29 de febrero , que diseñó el modelo, al tiempo que expresaba la necesidad de instaurar una "cultura de respeto al derecho", posteriormente entendido como "delito corporativo", ( STS 221/2016, de 16 de marzo ).

La Sentencia de Pleno señaló: "(...) lo que no admite duda, visto el texto legal ( art. 31 bis CP , especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis. 1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a ) y 2 CP , tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica". (...)

Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o "modelos de cumplimiento "exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o .menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar. No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de Enero, al margen de otras consideraciones cuestionables, hace repetida y expresa mención a la "cultura ética empresarial" o "cultura corporativa de respeto a la Ley" (pág. 39), "cultura de cumplimiento" (pág. 63), etc., informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión de delitos en su seno, como dato determinante a la hora de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la que alude el apartado 2 del actual artículo 31 bis CP .

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida "cultura de cumplimiento " que la norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese como obligación ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal ya que ello equivaldría a que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para rechazarlos, fijando uno de los principales objetivos de la reforma la aclaración de este extremo (...).

De lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es esencial para concluir en su condena y, por si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión".

(...)

Según la Circular 1/2016 de Ja Fiscalía General del Estado, partiendo de un planteamiento diferente acerca de esa tipicidad, la eximente habría de situarse más bien en las proximidades de una "excusa absolutoria " vinculada a la punibilidad, pág. 56, afirmación discutible si tenemos en cuenta que una "excusa absolutoria" ha de partir, por su propia esencia, de la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.

Circunstancia de exención de responsabilidad que, en definitiva, lo que persigue esencialmente no es otra cosa que posibilitar la pronta exoneración de esa responsabilidad de la persona jurídica, en evitación de mayores daños reputacionales para la entidad, pero que en cualquier caso no debe confundirse con el núcleo básico de la responsabilidad de la persona jurídica, cuya acreditación por ello habrá de corresponder a la acusación, en caso de no tomar la iniciativa la propia persona jurídica de la búsqueda inmediata de la exención corriendo con la carga de su acreditación como tal eximente".

En el mismo sentido la STS 221/2016, de 16 de marzo "Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP , pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito cometido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica, de forma mucho más precisa, a partir de la reforma de 2015.

La Sala no puede identificarse -insistimos, con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica- con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y para alcanzar esa conclusión no es necesario abrazar el criterio de que el fundamento de la responsabilidad corporativa no puede explicarse desde la acción individual de otro.

Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado".

"(...) sea cual fuere el criterio doctrinal mediante el que pretenda explicarse la responsabilidad de los entes colectivos, ésta no puede afirmarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física. La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan "...incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso". Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes colectivos. La pregunta es obvia: ¿puede sostenerse que el desafío probatorio que asume el Fiscal no incluye la acreditación de que ese incumplimiento de los deberes de supervisión es grave?

En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad".

(...)

En otras sentencias hemos destacado aspectos relacionados con esa responsabilidad. Así en la STS 668/2017, de 11 de octubre , destacamos la responsabilidad por el hecho propio y diferenciando de las personas físicas: "Así lo afirmábamos en la STS 154/2016, 29 de febrero : "... el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización". Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina "... la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos"."

En el mismo sentido la STS 123/2019 de 8 de marzo : ""(...) La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho. Para que sea condenada, es precisa la comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de las personas en dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por ese delito. Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su comisión".

"(...) Por lo tanto, a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física, en el cual, generalmente, participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos. No se trata, pues, de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica. A ésta le concierne, pues, no solo lo relativo a si su organización contiene medidas o planes de cumplimiento normativo, integrantes o no de un plan completo, establecidas con la finalidad de prevenir delitos o de reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También le afecta todo lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las personas físicas, con todas las circunstancias que pudieran influir en la evitabilidad del delito concreto imputado, así como a la calificación jurídica de la conducta "

La STS 165/2020, de 19 de mayo , excluye un modelo de responsabilidad objetiva: "(...) esta Sala Casacional ya ha formado un cuerpo de doctrina desde la STS 514/2015, de 2 de septiembre , que anuncia el principio de culpabilidad en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, siguiendo por la STS 154/2016, de 29 de febrero , con Sala formada en Pleno, que analiza los contornos de este tipo de responsabilidad, en donde ya se declara que no es posible un régimen de responsabilidad objetiva, y que su fundamento se residencia en la falta de control y de vigilancia. La STS 221/2016, de 16 de marzo , que proclama el delito corporativo, pasando por las siguientes Sentencias: STS 516/2016, de 13 de junio , con su Auto de aclaración (28-6-2016); STS 827/2016, de 3 de noviembre ; STS 121/2017, de 23 de febrero ; STS 583/2017, de 19 de julio ; STS 260/2017, de 6 de abril ; STS 455/2017, de 21 de junio de 2017 ; y STS 668/2017, de 11 de octubre de 2017 , entre otras. "

Igualmente, la STS 949/2022, de 13 de diciembre de diciembre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo puede ser declarada cuando concurran los presupuestos típicos establecidos en la ley y cuando todos y cada uno de ellos sean objeto de debate y prueba y declarados probados en el juicio histórico.

(...)

También respecto al modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas, la STS 298/2024, de 8 de abril : "La responsabilidad penal de una persona jurídica además de un elemento nuclear positivo (comisión de un delito por quien actúa como directivo o empleado del ente) (i), otro normativo (que se trate de uno de los delitos en que está prevista esa posible responsabilidad) (ii) y otro negativo (que no esté implantado un plan de cumplimiento eficaz que haya tenido que ser burlado para la actuación delictiva del agente) (iii), reclama un elemento accesorio que es pieza imprescindible: el delito, objetivamente considerado y con independencia del móvil del agente, ha de redundar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica."

Esta relación jurisprudencial, además de perfilar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reitera el principio de autorresponsabilidad y la necesidad de que en el hecho probado se refleje el comportamiento de la persona jurídica que pueda ser subsumible en el tipo penal, sobre el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento para el control de riesgos de las actividades de la persona jurídica."

A la luz de dicha doctrina, y tal y como se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, se ha establecido como hecho probado la ausencia de "...control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma".

Sexto.-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

En tal sentido, cabe señalar y así consta que por INDULLEIDA se ha procedido a asegurar y garantizar de manera idónea, suficiente y bastante en Derecho (sea en el procedimiento administrativo paralelo o, lo sea con el complemento por intereses efectuado en este procedimiento y sede, declarándose en ambos lugares como idónea y suficiente la garantía prestada) las totales cuantías reclamadas por las acusaciones en concepto de principal y/o intereses y, por lo tanto, el FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA tiene absolutamente asegurado el correspondiente cobro en caso de confirmarse la procedencia y corrección del reintegro y su cuantía. La atenuante de reparación es un precepto que resulta beneficioso para el acusado y que, por tanto, admite interpretaciones extensivas favorables al reo e incluso analogía in bonam partem. En este sentido, conviene señalar también que la aplicación de dicha atenuante no exige la reparación completa del daño causado, sino que basta con que se observe una disminución de dicho perjuicio. Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros. Por tanto, teniendo garantizado plenamente el cobro el organismo público reclamante en caso de que se confirme su legitimidad, es evidente que INDULLEIDA merecía que se le aplicara la citada atenuación por el esfuerzo económico realizado. También, porque dicho íntegro y total aseguramiento que garantiza, con anterioridad al Juicio Oral, la total y plena reparación económica del FEGA, si esta procediera, supone minimizar o, como mínimo, disminuir el posible daño causado, al eliminar todo y cualquier posible sufrimiento o incertidumbre de impago.

No procede estimar este motivo de recurso. Efectivamente, tal y como recoge el Magistrado en su sentencia, no se ha producido una acción significativa de "c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito",tal y como se contempla en el artículo 31 quarter del Código Penal. El propio recurrente especifica los motivos y la forma en la que ha prestado la caución en el Procedimiento administrativo, explicando que "Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros".

No es este el sentido y finalidad del concepto de reparación del daño que se prevé en el citado precepto, puesto que no existe en ningún momento intención de reparar o disminuir el daño. Así lo explica el Magistrado en su sentencia:

"En el presente caso no puede estimarse que concurra la atenuante prevista en el nº 1-c del artículo 31 quater c) del Código penal en cuanto este apartado exige "haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito", lo que en ningún momento se ha realizado por INDULLEIDA, que se ha limitado a prestar caución en el procedimiento administrativo de reintegro para posibilitar el recurso contra la resolución del juzgado contencioso administrativo contraria a sus intereses, con la evidente voluntad de retirarla si obtiene una resolución favorable. Mas ello no implica la reparación del daño que exige el pago del principal debido y de sus intereses, o en los términos del artículo 308-6 CP "se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió".

Séptimo.-CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Sobre este motivo, idéntico al planteado por la defensa de Pascual, lo desestimamos con remisión a la fundamentación expuesta en el apartado Quinto B) del análisis del recurso formulado por dicho acusado.

TERCERO.- RECURSO INTERPUESTO POR Dª María José Rodríguez Teijeiro, procuradora de los tribunales, actuando en representación de Adrian

Primero.- Motivos del recurso:

Los motivos del recurso interpuesto por dicha representación son los siguientes:

Segunda - Error en la valoración de las pruebas: inexistencia de doble petición de préstamo al Institut Català de Finances y de subvención de intereses a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

Tercera - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo

Cuarta - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención

Quinta - Infracción del artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito

Segundo.-Análisis del motivo segundo, realmente el primero de los planteados en su escrito.

La naturaleza del motivo es la del pretendido error en la valoración de la prueba sufrido por el Juzgador de la Instancia al considerar que, dada la equivocada redacción del relato fáctico de la sentencia, el Juzgador concluye que el recurrente tenía conocimiento de la concesión de una subvención relativa a los intereses del préstamo concedido por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y ocultó dicha circunstancia al solicitar la ayuda del FEGA.

Por ello considera necesario ordenar el relato cronológico recogido en los hechos probados de la sentencia, en el sentido que se explica en el motivo:

"El redactado cronológico de los hechos pone de relieve dos de ellos, que han sido debidamente destacados. Por un lado, que el Sr. Adrian se jubiló y cesó definitivamente como director general de Indulleida el 27 de noviembre de 2018, siendo relevado en el cargo por otro director general.

(...) 8. La fecha del cese se indica en el primer párrafo de los hechos probados, aunque sin contextualización ni conexión cronológica con el resto del relato fáctico a pesar de ser un elemento de trascendencia capital. La existencia de un director general entre ambos acusados ni siquiera se menciona, cuando es un dato que, además de ser demostrativo de la nula conexión entre éstos últimos, resulta clave porque fue durante el mandato de ese director general cuando se recibió la resolución de la DGI concediendo la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo formalizado con el ICF.

(...) 9. La afirmación fáctica que se reputa errónea y que justifica el presente motivo de revisión por error en la apreciación de la prueba es la relativa a la actuación del Sr. Adrian para la solicitud del préstamo al ICF.

(...) La sentencia, por lo tanto, afirma una doble solicitud efectuada por el Sr. Adrian: por un lado, la del préstamo al ICF de fecha 18 de abril de 2018 y, por el otro, la de la bonificación de intereses de dicho préstamo, que se dice hecha el día 25 del mismo mes.

(...) La demostración definitiva de que el acontecimiento 245 no es una solicitud se encuentra en la única solicitud efectivamente presentada al ICF. Así, el documento número 1 del expediente remitido por el ICF (archivo 245 de Cloud Justicia) es la "solicitud de préstamo al ICF y bonificación de intereses del Departament d'Empresa i Coneixement", presentada el 18 de abril de 2018.

(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

(...) La documentación detallada concuerda plenamente con la tesis sostenida por el Sr. Adrian, que además fue avalada por la declaración testifical de la Sra. Marí Juana, directora financiera de Indulleida hasta el 17 de enero de 2019, en el sentido de que se desconocía, y no se pudo conocer, que con la solicitud de préstamo al ICF la empresa se postulaba para la obtención de una subvención.

(...) en dicha fecha, el 18 de diciembre de 2018, cuando se dicta la resolución de la DGI que otorga la "subvención en forma de bonificación de intereses", el Sr. Adrian ya no era director general de la em presa puesto que, como ya se ha indicado, había cesado por jubilación el 27 de noviembre de ese mismo año, siendo definitivamente relevado en el cargo por un nuevo director general, el Sr. Primitivo, que había sido nombrado como tal en la reunión del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2018 (folio 78 de las actas) para que durante los meses siguientes compartiera cargo y se llevara a cabo una adecuada transición en la empresa.

(...) De ello se desprende que el Sr. Adrian no tuvo conocimiento de la concesión de la bonificación de los intereses (recordemos que, desde la fecha de aprobación del préstamo, el 14 de junio de 2018, hasta el momento de su cese, los intereses no estuvieron bonificados), que tampoco tuvo conocimiento de que se tratara de "una subvención en forma de bonificación de intereses" y, finalmente, que no pudo llevar a cabo, más allá de la obviedad de que no le correspondía hacerlo por no ostentar cargo alguno en la empresa, ninguna actuación en relación con esa segunda subvención.

(...) En realidad, cabe ir más allá y afirmar que el Sr. Adrian no cesa dejando una bonificación de los intereses pendiente de resolver, sino que lo hace con una petición que puede entenderse desestimada por efectos del silencio administrativo al haber transcurrido el plazo normativamente previsto para resolverla.

(...) Considerando que la solicitud de préstamo y bonificación de intereses se presentó el 18 de abril de 2018, que el préstamo se concedió el 14 de junio de ese mismo año y que ni el 18 de octubre, fecha en que se cumplían los seis meses desde la solicitud, ni en ningún momento posterior hasta el 27 de noviembre, fecha de cese del Sr. Adrian, se dictó y notificó la resolución sobre la concesión de la bonificación de los intereses, puede concluirse que la marcha de la empresa del Sr. Adrian se produce con esa petición de bonificación de intereses rechazada."

Las alegaciones expuestas por el recurrente no son suficientes para considerar la existencia del error alegado.

Ciertamente, examinado el documento presentado por la Abogacía del Estado y obrante al acontecimiento 245, es lo cierto que consta la solicitud firmada por el apelante dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, y aun cuando así no fuera, como es de ver en el propio alegato el apelante se refiere a la solicitud del préstamo y a la solicitud de la bonificación del interés, alegando que ambas solicitudes se realizaba en unidad de acto.

El documento referido sin embargo, es un Anexo, tal y como figura en el mismo, a dicha solicitud, y está fechado como lo indica la resolución apelada.

Por ello el alegato en cuanto a la diferente secuencia cronológica que propone el recurrente resulta intrascendente, puesto que ello no obsta al reconocimiento de la solicitud de bonificación de los intereses del préstamo, lo que en ningún momento ha negado, así como tampoco haber realizado las declaraciones a que se refiere el relato fáctico, acerca de la inexistencia de cualquier otra solicitud de subvención para el mismo objeto.

Por lo que esta parte de la alegación no se estima como apta para sustentar el error en la valoración imputado.

Por otra parte, sostiene que, en el momento de cesar en el cargo por jubilación, no había recibido noticia acerca de la concesión de dicha solicitud de bonificación, que efectivamente se produce días después de que cesara en su cargo.

Sin embargo ello no obsta a la conclusión condenatoria alcanzada en la resolución impugnada, puesto que como consta claramente en la resolución, con remisión a la normativa que disciplina la materia, "Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250);Esto es se realiza la solicitud de pago después de haber solicitado la subvención de parte de los intereses del préstamo, y antes de que se produzca el cese en sus funciones.

De ahí concluye el Magistrado que:

"Sin embargo esa notificación como obligación de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo deviene de forma clara en la Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Que bajo el epígrafe 2 de Solicitud de ayuda y documentación establece que Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", acompañadas de la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: a. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo III, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible; - no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa comunitaria; - no tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto; ay - no encontrarse inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones".

Y por último, no resulta relevante que la concesión de esta segunda ayuda, la del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya se comunicara a la entidad con posterioridad al cese del acusado en sus funciones, ni que la tardanza en la resolución administrativa le pudiera conducir a pensar que la subvención parcial de los intereses del préstamo se había denegado, puesto que, en todo caso, la había solicitado, y lo había ocultado en la solicitud de pago, por lo que, tal y como se explica reiteradamente en la sentencia, supone el cumplimiento de los elementos del tipo.

Tercero.-En el tercero de los motivos denuncia el apelante la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo.

En el motivo, desarrollado a lo largo de los epígrafes 40 a 54, analiza el apelante cual sea el elemento objetivo del delito objeto de imputación y condena, considerando que uno de los elementos objetivos del delito de fraude de subvenciones, que le confiere su naturaleza de delito de resultado: la obtención de subvenciones o ayudas. Sin obtención de subvención no existe delito, la acción típica es obtener, no solicitar.

Considera que la sentencia no afirma la existencia de ningún concierto entre los acusados para la realización de los hechos que declara probados, lo exigible es que la concurrencia de los elementos objetivos del delito se dé con referencia a cada uno de ellos.

Argumenta que procede examinar si, de acuerdo con los hechos que la sentencia declara probados, el juicio de subsunción de los mismos en la norma penal permite afirmar que al Sr. Adrian obtuvo una subvención (la bonificación de intereses por parte de la DGI) que resultara incompatible con la del FEGA, y concluye que la respuesta es claramente que no, que mientras el Sr. Adrian ejerció como director general no recibió subvención alguna en forma de bonificación de los intereses del préstamo porque, estando vigente su mandato, lo cierto es que solo obtuvo la subvención del FEGA y un préstamo bancario sin ningún tipo de bonificación de intereses.

Cuando el 13 de septiembre de 2018 solicita al FEGA el pago de las dos primeras justificaciones, no existe bonificación de intereses que comunicar ya que la resolución de la DGI es de fecha 18 de diciembre de 2018. el 13 de septiembre de 2018 solo se podría haber comunicado al FEGA que se había obtenido un préstamo bancario con unos intereses, no bonificados, del Euribor más un 2,95%.

Alega además un matiz que resulta altamente relevante, y es que una atenta lectura de los hechos probados de la sentencia pone de manifiesto que, en realidad, no se reprocha al Sr. Adrian haber solicitado el pago de la subvención del FEGA sin comunicarle la concesión de la bonificación de los intereses. Parece que dicha imputación queda reservada al otro acusado, el Sr. Pascual.

La extensa y confusa argumentación, en la que se mezclan cuestiones de diferente naturaleza y se altera el orden de los hechos reconocidos por el propio acusado, no puede estimarse en este alzada, en el sentido pretendido de negar la naturaleza delictiva a la acción desarrollada por el acusado.

En cuanto a la naturaleza del delito, el momento de consumación y las cuestiones referidas a la autoría, nos remitimos a las razones expuestas al analizar el recurso interpuesto por los otros imputados.

En cuanto a la falta de obtención de la bonificación de intereses solicitadas, es un hecho cierto, tal y como hemos analizado en el precedente apartado, que el recurrente había solicitado tal bonificación, y consta en la causa, y no es negado por el recurrente, que no manifestó la existencia de tal solicitud al solicitar el pago de las certificaciones en fecha 13 de septiembre, cuando continuaba al frente de INDULLEIDA.

En el relato fáctico de la sentencia, en contra de lo que afirma el recurrente, sí se contempla tal acción, la reclamación del pago de la subvención concedida por el FEGA correspondiente a la primera anualidad:

"A la primera anualidad correspondían 1.161.474,62 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 2.114.832,44 euros. A la segunda anualidad correspondían 2.480.278,84 euros, importe que representaba el 50,74% de la inversión total a justificar, que ascendía a 5.219.699,10 euros . La mercantil INDULLEIDA SA presentó las justificaciones los siguientes días:

- El 13 de septiembre de 2018 para la Ayuda a transformados frutas y vegetales (existiendo un requerimiento posterior de subsanación el 8 de octubre de ese mismo año, que se atiende en plazo el 16 de octubre).

- El 13 de septiembre de 2018 para la primera anualidad de la ayuda a la ampliación y mejora de instalaciones (con posterior requerimiento de subsanación el 10 de octubre, que se atiende en plazo el 23 de octubre).

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros. - En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada."

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se señala, al analizar la prueba practicada, y la fundamentación jurídica de la conclusión condenatoria alcanzada:

"... Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250):

(...) Muy al contrario de las declaraciones de los acusados en el acto del plenario poniendo de manifiesto de forma expresa que entienden que no debían notificarla, pues para ellos dicha bonificación de intereses no era una subvención ni una ayuda pública, ha de tenerse plenamente acreditado que ni al tiempo de solicitar la subvención al FEGA ni en las posteriores solicitudes de pago parciales de la misma pusieron en conocimiento la existencia de dicha bonificación de intereses del préstamo. Máxime cuando Adrian declara en juicio que no le comunico al FEGA la petición del préstamo con bonificación de intereses.

(...) Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (...) Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto;

REAL DECRETO 1010/2015, DE 6 DE NOVIEMBRE(...) Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas. 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los gastos financiados por las ayudas previstas en este real decreto no pueden recibir ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación pública. Del mismo modo, los gastos sufragados por cualquier otra financiación pública no podrán percibir las subvenciones previstas en este real decreto. (...) 4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración responsable de no haber recibido ayudas incompatibles. Igualmente, en caso de haber solicitado ayuda para los mismos gastos en otros regímenes de ayuda en convocatorias aún no resueltas, lo hará constar en dicha declaración. acompañada Disponiendo en su Artículo 11. Documentación que acompañe a la solicitud. La solicitud deberá ir de la documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria anual: 2. Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.".

En consecuencia, de las pruebas practicadas se deduce con claridad y el propio acusado lo reconoce, que en el momento de la solicitud de pago de la ayuda, el apelante, en nombre de la entidad a la que representaba, había solicitado otra subvención, con la misma finalidad y objeto, y no lo comunicó en la declaración responsable, conforme se indica en la sentencia.

Cuarto.-En la misma línea del anterior motivo, se alega por el recurrente la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención.

Considera que en el relato fáctico no se hace referencia a tal circunstancia por lo que ello bastaría para no estimar procedente la condena del recurrente, añadiendo que el agotamiento del derecho a la defensa de esta parte debe permitir la respuesta a cualquier ejercicio de heterointegración de los hechos probados con los datos fácticos que aparezcan desperdigados en los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Concluye que debe quedar definitivamente asentado que, en contra de lo que la sentencia afirma en su fundamentación jurídica, no tenía ninguna obligación de comunicar al FEGA ni la intención de solicitar ni la propia solicitud de préstamo con intereses bonificados.

Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el precedente apartado, sin que considere a -Sala que el relato fáctico resulte insuficiente, a la vista de los párrafos del mismo que se han extractado en dicho precedente ordinal, y a los razonamientos contenidos en la sentencia, relativos a las conductas manifestadas por el propio recurrente, acerca de la falta de información acerca de la solicitud de bonificación a la que nos venimos refiriendo.

Quinto.-El último motivo del recurso hace referencia al elemento subjetivo: infraccióndel artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito.

En el también extenso y reiterativo desarrollo del motivo, haciendo referencia a muchas de las cuestiones ya tratadas en los anteriores motivos del recurso, argumenta el recurrente que:

".... el sujeto debe actuar con voluntad y conocimiento de obtener una subvención y con voluntad y conocimiento de que lo consigue ocultando extremos que lo habrían impedido.

Es en el segundo fundamento de derecho donde parece llevarse a cabo el ejercicio de subsunción respecto al elemento subjetivo del delito.

(...) Desde la perspectiva del elemento intencional, el Sr. Adrian siempre ha mantenido con vehemencia que actuó en todo momento con el pleno convencimiento de que, a diferencia de la ayuda del FEGA, la bonificación de los intereses del préstamo solicitado al ICF no era una subvención y mucho menos de que ello pudiera llegar a conferir esa cualidad a la totalidad de dicho préstamo.

(...) Se insiste nuevamente en que el Sr. Adrian "nunca notifica al FEGA esta solicitud de bonificación que realiza a un organismo público". Si bien dicha afirmación es cierta, ya se ha dicho que no existía obligación de hacer ninguna otra comunicación que no fuera la de concesión de una segunda subvención ( artículo 14.1.d) de la ley general de subvenciones) y, además, como se expondrá, el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo.

(...) La analogía o íntima vinculación conceptual que con tanta facilidad traza la sentencia entre bonificación y subvención debe ser rechazada ya que se trata de conceptos extremadamente alejados. Así, el término bonificación, sinónimo de mejora, descuento, rebaja o deducción, es totalmente ajeno al ámbito de las subvenciones. De hecho, la ley general de subvenciones no contiene el término.

(...) A ello hay que añadir que en la documental aportada por el ICF no aparece en ningún momento nada relacionado, directa o indirectamente, con una subvención o algo que se le asemeje. Al menos, como ya se ha dicho de forma reiterada, (...) No es hasta la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018 (documento 40 del expediente del ICF) donde, por primera vez, aparece un dato claramente indicativo de que se estaba ante la obtención de una segunda subvención "en forma de bonificación de intereses"; momento en el cual, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, el Sr. Adrian no estaba vinculado a la empresa y, por lo tanto, no tuvo ni siquiera ocasión de reaccionar frente a esa resolución y actuar con forme a su contenido explícito.

(...) De ello puede sacarse una primera conclusión útil en el caso que no ocupa, y es que el préstamo no es subvención desde el mismo momento en que se solicita sino que se transmuta en subvención de forma sobrevenida, en el momento y solo para el caso en que sus intereses, en todo o en parte, sean bonificados. Se refuerza así la idea de que sólo cabe hablar de subvención a partir del momento en que la DGI dicta la resolución bonificando los intereses.

(...) Lo necesario y determinante, cuando se trata de analizar la concurrencia del elemento subjetivo del delito en forma de dolo, es si existen elementos que permitan afirmar la voluntad y el conocimiento de un actuar antijurídico por parte del Sr. Adrian, abarcando esa intención de defraudar al conocimiento de que cuando se solicitaba el préstamo se podía acabar obteniendo una subvención si se concedía la bonificación de los intereses. La respuesta negativa a esta cuestión hace irrelevante preguntarse si concurría también un conocimiento sobre el segundo elemento objetivo del delito (la ocultación), dado que resultaría absurdo sostener que se están ocultando datos sobre algo que no se es consciente de estar haciendo (solicitar una subvención)".,

De la anterior exposición, resumida, del contenido del motivo que analizamos, es fácil observar que el mismo supone una reiteración de los argumentos expuestos con anterioridad, para concluir que que el apelante ignoraba que le fuera a ser concedida una subvención en forma de bonificación del interés pactado del préstamos, y que por ello, según afirma, "...el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo".

Hemos de apuntar que la argumentación construida quiebra desde el momento en que el propio apelante, en el primero de los motivos de su recurso incidió en el error cronológico en que a su juicio incurría la resolución impugnada, ya que, según afirma en dicha alegación "(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

Así pues, el mismo afirma que solicitó ambos instrumentos, préstamo y bonificación de intereses, insiste que en la misma fecha, lo cual es irrelevante, pero sí pone de manifiesto su indudable voluntad de obtener el beneficio que suponía la bonificación de intereses, que según se recoge en Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, Artículo 2 en su nº 4 apartado h deja patente que no tienen carácter de subvenciones "El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Así razona la Sentencia que dicho precepto "...es claro y que interpretado a sensu contrario deja de forma clara y meridiana que es subvención el crédito oficial en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de operación de crédito, que es lo que acaece con INDULLEIDA".

En definitiva, el que no viera motivo, según afirma, para comunicar la existencia de la solicitud formulada de bonificación de intereses, cuyo significado ya hemos explicado, y que por su condición empresarial no podía ser desconocido por el apelante, no equivale a la alegada falta del elemento subjetivo del injusto que invoca en la alegación, que va a ser por ello desestimada.

CUARTO.- RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO D. EDUARDO SÁNCHEZ CANOYRA, en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

Primero.- Motivos del recurso

MOTIVO ÚNICO. - Por quebrantamiento de forma y omisión en la apreciación de la prueba sobre documentos literosuficientes que obran en autos, para el caso de que la Sala a las que nos honra dirigirnos estimara alguno de los motivos del recurso de apelación formalizado por D. Adrian.

Tal y como solicitó el recurrente adhesivo: "Nuestro recurso de apelación tiene carácter preventivo pues sólo la eventual estimación de cualquiera de los motivos de recurso de apelación formalizado de contrario comportaría la aparición o surgimiento de un gravamen que nos legitimaría para recurrir. La "adhesión ad cautelam" es siempre una especial forma de adhesión a la apelación que se caracteriza por fundarse no en un perjuicio o gravamen directo, sino en uno que pudiera llegar a ser posible. No ejercer esta posibilidad procesal tendría por posible último efecto la firmeza de una sentencia -la absolutoria de la Sala- que, por el principio de la proscripción de la reformatio in peius que enseñorea el recurso del apelante principal, no podría restaurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex artículo 24 CE que entendemos vulnerado en la instancia ante una omisión probatoria ( STS 178/2011, de 23 de febrero ). Es decir, sólo el dictado de una sentencia absolutoria por la Sala de Apelación nos permitiría constatar y censurar la vulneración del citado derecho que se deriva de la omisión probatoria en que incurre el Juzgado a quo."

No procede el análisis de dicho motivo al no haber estimado la Sala ninguno de los motivos del recurso interpuesto por el referido acusado Adrian.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

La sentencia se va a estructurar en cuatro apartados correspondientes a los tres recursos de apelación interpuestos por los condenados, y el cuarto correspondiente al RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO interpuesto por el Abogado del Estado en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) .

PRIMERO: RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Tribunales y obrando en nombre y representación de Don Pascual

Primero.- Motivos del recurso.

Se alza el recurrente contra la indicada sentencia alegando los siguientes motivos:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS NO PERMITEN IDENTIFICAR, NI EN TÉRMINOS LITERALES NI CONTEXTUALES, LA PRESENCIA DE TODOS LOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

SEGUNDO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. INEXISTENCIA DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA OBTENCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN.

TERCERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 308.1 CP. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DEL SR. Pascual. PARTICIPACIÓN UNA VEZ PRODUCIDA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE. INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA ( ART. 24.2 CE) POR INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. EL SR. Pascual FUE ACUSADO POR LA MODALIDAD TRADICIONAL DE DOLO Y, EN CAMBIO, HA SIDO CONDENADO DE MANERA SORPRESIVA POR IGNORANCIA DELIBERADA.

SEXTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

SÉPTIMO.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO-

OCTAVO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. FALTA DE MOTIVACIÓN. LA SENTENCIA NO VALORA LA PRUEBA DE DESCARGO PRACTICADA EN EL ACTO DE JUICIO ORAL.

NOVENO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL ( ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

DÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A DEFENSA. CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. MUTACIÓN SUSTANCIAL EN SENTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN.

UNDÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP. NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

DUODÉCIMO.- SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Dado traslado a las demás partes, el recurso fue impugnado por la Abogacia del Estado y LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS.

Se ha adherido al recurso la representación de la entidad mercantil INDULLEIDA ,S.A.

Segundo.-En el extenso escrito de recurso, más de 100 folios, hace referencia el recurrente a diversas cuestiones que se plantean de forma desordenada y reiterativa, por lo que la respuesta del Tribunal no va a seguir el orden establecido en el recurso, sino que se van a aglutinar en cuatro bloques:

El primero referido a la pretendida falta de motivación de la sentencia,en cuanto a la valoración, que dice inexistente, de la prueba de descargo presentada en el acto del juicio por el hoy apelante.

El segundo, relativo a la pretendida vulneración del principio acusatorio,con vulneración del derecho de defensa del apelante por haber sido condenado, de manera sorpresiva, afirma, por ignorancia deliberada.

En tercer lugar , y de forma más extensa, por infracción de ley,al discutir el apelante la interpretación del precepto en el que se funda la condena de su patrocinado.

En cuarto lugar, por error en la valoración de la prueba,en cuanto a la consideración de la falta de concurrencia en la conducta del apelante de los elementos constitutivos del tipo, así como la falta del elemento subjetivo legalmente exigible como presupuesto de la condena que se impugna.

Y por último, en quinto lugar, las peticiones formuladascon carácter subsidiario.

Tercero.-En cuanto a la queja por la denunciada falta de motivaciónde la resolución impugnada, (motivo OCTAVO), a la que anuda la solicitud de nulidad de la sentencia por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, la misma no puede ser estimada.

Articula el motivo el apelante, refiriéndose a la falta de toma en consideración en la sentencia de las declaraciones testificales y documentales presentados por la parte en orden a acreditar la falta de conocimiento por parte del condenado apelante de la existencia del préstamo al Instituto Catalán de finanzas y subvención de intereses a la Dirección General de Industria de la Generalidad, cuando se solicita el segundo pago de la subvención concedida por el FEGA por el señor Pascual en representación de la sociedad Indulleida.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Pues bien, en el presente caso, examinada por la Sala la resolución impugnada, puede comprobarse que la misma manifiesta el motivo por el que se considera acreditado el conocimiento por parte del apelante de la circunstancia indicada, lo cual supone que deshecha los testimonios y documentos que estaban orientados a descartar tal hecho. No es preciso, no es exigible, como apunta la Jurisprudencia indicada un relato referido a todos y cada uno de los extremos alegados en la cuestión a dilucidar, ni que exista una especial referencia todos y cada uno de los testimonios. La obligación del Juzgador es la de expresar el motivo de su juicio, de una manera clara y fundamentada en el material probatorio del que se ha dispuesto, y que ello quede reflejado en la resolución de forma que sea comprensible para el destinatario de la misma, y en su caso, como es el presente, al Tribunal que haya de examinar la resolución al ser esta impugnada.

Así las cosas es claro, por tanto, que a través de esta motivación, el órgano judicial justifica la existencia de la conducta constitutiva de infracción criminal, dando así cumplimiento suficiente al requisito de la fundamentación.

Cuestión absolutamente ajena a la existencia de tal valoración es que el recurrente esté o no de acuerdo con ella, más tal discrepancia no implica la ausencia de motivación

Cuarto.-El segundo bloque se refiere, como hemos adelantado, a la pretendida vulneración del principio acusatorio.(Motivo QUINTO)

Tal alegación tampoco puede ser estimada.

Como es de ver en la fundamentación de la sentencia, la referencia a la ignorancia deliberada lo es al analizar la concurrencia o no del error que fue alegado por la parte, en tal sentido se razona en la sentencia que :

"A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses".

Tal argumentación en modo alguno supone vulneración del principio acusatorio ni causa indefensión a la defensa del apelante, toda vez que se trata del análisis de la conducta del acusado, a tenor de los datos obrantes en la causa y de las objeciones por él mismo planteadas. No supone el planteamiento de cuestión nueva alguna que fuera ajena a los hechos y la calificación postulada por las acusaciones.

Para resolver esta cuestión puede resultar ilustrativa la STS, Penal sección 1 del 19 de noviembre de 2019 ( ROJ: STS 3723/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3723 ), que, aunque se refiere a la supuesta vulneración del principio acusatorio, para resolver estudia la homogeneidad o heterogeneidad de las modalidades de comisión dolosa o culposa de un mismo delito, en ese caso el de lesiones:

El principio acusatorio, tal como la jurisprudencia ha precisado ( SSTS. 609/2002 de 10 de octubre , 368/2007 de 9 de mayo y 279/2007 de 11 de abril , exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia.

La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación"( SSTC 134/86 y 43/97 ).

En definitiva, el respeto al principio acusatorio que informa el proceso penal exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo que, consiguientemente, no pudo desplegarse la oportuna estrategia de defensa.

De ahí que la acusación haya de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia deba de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse. Por ello los hechos deben estar perfectamente delimitados ya que, como dicen las SSTS de 8 de febrero de 1993 , 5 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1995 , constituyen elementos substanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa,

En suma, como recuerda la STS 212/2026, de 11 de marzo , con mención de la STS de 26 de febrero de 1994 , es evidente: "a) que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".

Lo que el principio acusatorio trata de impedir es que nadie pueda llegar a ser condenado en el proceso penal por una acusación de la que no haya tenido conocimiento suficiente y, por tanto, que no reciba un trato de desigualdad frente al acusador que le ocasione indefensión ( SSTC 54/85 de 18 abril y 17/89 de 30 de enero ); constituyendo, asimismo, el primer elemento del derecho de defensa, que condiciona todos los demás, pues mal puede defenderse de algo que no se sabe en concreto.

Ahora bien, el respeto al mencionado principio exige el acatamiento del relato fáctico en sus líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes, y así como la narración que sostenga la acusación deba de ser completa y específica -debe contener todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado y debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas-, no tiene por qué ser exhaustiva, esto es, no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decirlo pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad( SSTS de 4 de marzo de 1999 y 212/2026, de 11 de marzo ). (Sentencia de la SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de fecha trece de abril de dos mil veintiséis).

Incide en la queja respecto de la pretendida infracción del principio acusatorioen el Motivo DECIMO del recurso.

En este caso el recurrente sostiene que la sentencia ha realizado una mutación radical de los hechos objeto del proceso, según los escritos de conclusiones de las acusaciones, introduciendo un elemento nuevo que, a su entender, transforma los términos de la imputación.

Así formula su queja en los siguientes términos:

"Según es de ver en la página 22 de la Sentencia, en la misma se contiene una cita al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y, posteriormente, se efectúa la siguiente afirmación:

"Este último precepto deja de forma meridiana que el delito se comete al ocultar al FEGA que se va a solicitar la bonificación de los intereses a la Direcció General d?Industria, pero sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal nonificación de intereses".·

El texto subrayado es el que contempla el hecho que, introducido ex novo en Sentencia, nunca ha sido objeto de acusación y supone una alteración sustancial del mismo. Y es que lo que se dice es que el delito se cometería al ocultar al FEGA que se va a solicitar la subvención de la DGI, esto es, que quien se postula para la obtención de la ayuda del FEGA ya tendría en mente solicitar la de la DGI, pero oculta tal circunstancia al FEGA. De esta forma, por parte del Juzgador a quo, se está construyendo la conducta penalmente relevante como si de una suerte de dolo antecedente prototípico de la estafa se tratase. Es decir, el sujeto activo tendría conocimiento de que va a solicitar la subvención de la DGI y, aun así, solicita también la del FEGA.

Lo anterior supone una modificación sustancial de lo que fue el relato contenido en la conclusión primera de los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Europea, así como de lo que fue objeto de debate en el acto de plenario".

Atendidas las consideraciones expuestas, tal motivo tampoco puede ser estimado, ya que el propio texto extractado por el recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia recoge la acción imputada "... sobre todo y fundamentalmente al solicitar y obtener los pagos parciales de la subvención sin comunicar al FEGA que le ha sido concedida por la Direcció General d?Industria tal Bonificación de intereses...",acción que es conforme con los hechos relatados en el relato fáctico que hemos transcrito en los antecedentes de la presente resolución, y en la que se plasma el devenir delictivo, en el que consta la sucesiva petición de subvenciones y la percepción de las mismas según el cronograma que se recoge.

No existe pues la introducción de hecho nuevo o distinto del planteado por las acusaciones, sin que el principio acusatorio pueda inferir el desarrollo por el Tribunal de los razonamientos que tenga por convenientes en la fundamentación de su resolución.

Quinto.-El tercer bloque de alegaciones hace referencia a la infracción de leyen que incurre la sentencia apelada en distintos de sus puntos que serán analizados a continuación

Dicho lo cual, y contestando a las alegaciones relativas a dicho particular, señalamos que:

A) En cuanto a la insuficiencia de los hechos probados.(Motivo PRIMERO)

En contra de lo argumentado por el recurrente, los hechos probados recogen la existencia de todos los elementos constitutivos del tipo delictivo objeto de la imputación, por lo que la alegación carece de fundamento.

El tipo penal, en su redacción vigente a la fecha de los hechos disponía que:" "1.- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado, con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2.- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".

Redacción que se ha mantenido tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, con la única salvedad de incluir en el texto actualmente vigente a las subvenciones otorgadas de la Unión Europea.

Así pues, el tipo del artículo 308 del Código Penal contempla como elemento básico el falseamiento de las condiciones para la obtención de la subvención, u ocultación de las que la hubiesen impedido, lo que en el presente caso se concreta en la existencia de otra subvención, o préstamo, en este caso, con interés subvencionado.

En tal sentido, en la sentencia, en sus hechos probados, discutidos por el recurrente, se consigna que:

"Por resolución del FEGA de fecha 9 de agosto de 2018, le fueron concedidas a la compañía INDULLEIDA, S.A. subvenciones que ascendieron a un total de 3.882.095,34 euros, para la realización, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019, de los programas conforme al siguiente detalle: - Para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones la cantidad de 3.683.029,26 €. - Para el programa de Transformados Frutas y Vegetales la cantidad de 199.066,08 €.

En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF.

(...) El 9 de septiembre de 2019 el acusado Pascual, en beneficio de INDULLEIDA SA presentó la justificación y solicitud de pago ante el FEGA de la 2ª anualidad de la ayuda de ampliación y mejora de las instalaciones declarando que no habían solicitado ni recibido ninguna otra ayuda incompatible para la misma finalidad y objeto pese a que constaba que habían solicitado y recibido la ayuda del Instituto Catalán de Finanzas."

En consecuencia, sí se recoge, en contra de lo argumentado, la conducta que se considera constitutiva de delito.

B) Pretendida atipicidad de la conducta por dos motivos: por la inexistencia de ocultación preordenada a la obtención de una subvención, y por producirse la participación del recurrente una vez producida la consumación del delito.(Motivos SEGUNDO Y TERCERO del recurso).

Aunque el motivo se denomina por infracción de ley, en realidad, en el desarrollo del mismo el apelante desarrolla la argumentación relativa a su interpretación del precepto por el que se dicta la sentencia de condena que se impugna, considerando que la participación del recurrente habría de considerarse impune.

Considera que el delito se comete al solicitarse la subvención, que es cuando se produce la ocultación a la que se refiere el precepto legal, por lo que, en el momento de producirse la intervención del acusado ya no puede hablarse de una actuación contraria al ordenamiento jurídico.

Según razona el recurrente: "... cuando la incompatibilidad entre subvenciones se produce con posterioridad a la solicitud de la ayuda pública -como acontece en el presente caso-, la conducta no puede subsumirse en el tipo penal del artículo 308.1 CP . No existe aquí una ocultación preordenada a inducir a error a la Administración, pues al momento de solicitarse la ayuda del FEGA no existía ninguna otra subvención en trámite o concedida que pudiera considerarse incompatible. La posterior solicitud de una ayuda adicional, con independencia de su eventual incompatibilidad administrativa, no transforma en delictiva una conducta anterior que fue legal y transparente en su génesis. De ahí que la eventual consecuencia jurídica -si es que se acredita un doble financiamiento- deberá encauzarse, en su caso, a través de los mecanismos de reintegro del artículo 37.1 c) LGS , nunca a través del Derecho Penal".

En consecuencia, según su argumentación, el engaño u ocultación solo pudo tener lugar en el momento de producirse la solicitud de ambas ayudas, momentos en los que el recurrente no desempeñaba papel alguno por no haber adquirido aún la entidad beneficiaria de las mismas

Y como consecuencia de ello considera asimismo atípica la acción imputada a su patrocinado ya que el art. 308.1 CP pueda considerarse, a salvo de alguna cuestión sobre tipo subjetivo, una suerte de delito mutilado de dos actos, en que el delito queda consumado con la aprobación de la subvención a favor del sujeto activo, reservándose el efectivo desplazamiento patrimonial para la fase de agotamiento del delito, y por ello se desprende que el momento consumativo del ilícito se habría producido el 9 de agosto de 2018 o, en su caso, el 18 de diciembre de 2018, momento en que las respectivas administraciones concedieron las subvenciones solicitadas. Sin embargo, la única conducta que se atribuye a nuestro defendido tiene lugar el 9 de septiembre de 2019, momento en que el Sr. Pascual, nuevo administrador de INDULLEIDA, solicita el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA.

De lo anterior se colige, necesariamente, que la intervención de nuestro representado tiene lugar una vez consumado el delito del art. 308.1 CP y, por lo tanto, quedaría extramuros de la jurisdicción penal.

Tanto el apelante como los Fiscales Delegados en su escrito de impugnación, hacen referencia al Auto núm. 20.424/2022 de fecha 9 de junio de 2020, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en una cuestión de competencia entre un Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Europea.

Dicha resolución sienta un criterio claro al respecto "Sí parece, sin embargo, que no podemos de manera alguna desdeñar la última fecha -6 de febrero de 2008-. Sea cual sea la fórmula defraudatoria (obtención indebida o desvío de lo asignado del objeto para el que se reclamó), la percepción efectiva de los fondos forma parte del tipo de defraudación (ya hablemos del art. 306 -si es que no se le considera tácitamente derogado a partir de la reforma de 2019-; ya nos situemos en el ámbito del art. 308 CP , como parece más correcto, en principio y sin voluntad de prejuzgar). No aporta nada a los efectos que aquí interesan plantearnos si la cuantía es elemento del tipo -resultado- o condición objetiva de punibilidad. Tampoco es necesario anticipar un debate sobre la forma de calcular la cuantía -periodos o actividades- en lo que ha incidido la reforma de 2019 y podría surgir alguna discrepancia según manejemos el art. 306 o el art. 308. (...) Podemos hablar de hechos sucedidos después del 17 de noviembre de 2017: no puede negarse la competencia de la Fiscalía Europea para investigarlos, aunque ello atraiga conductas acaecidas anteriormente, pero inescindibles. Las normas transitorias ( art. 120.2 del Reglamento y Disposición Transitoria Única de la Ley Nacional ) están formuladas en sentido afirmativo. No excluyen de la competencia de la FE los delitos cometidos antes del 20 de noviembre de 2017; sino que le atribuyen competencia para conocer de los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor. El presunto delito aquí analizado ha sido cometido, en parte, después de su entrada en vigor. Si la Ley se refiriese a los delitos íntegramente cometidos después de esa fecha; o excluyese tajantemente los delitos cometidos con anterioridad, sería distinto. El matiz es sutil -muy sutil, si se quiere- pero no desdeñable. Se ha optado no por excluir los delitos anteriores, sino por incluir los posteriores. La consecuencia será atribuir la competencia a la Fiscalía Europea".

Aplicando tal criterio al supuesto objeto de examen, no puede sino afirmarse que la actuación llevada a cabo por el apelante, la solicitud del pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA, ocultando, no manifestando la existencia de la previa subvención a que hemos hecho referencia, forma parte del iter delictivo, por lo que las alegaciones expuestas en tal sentido por el apelante no van a ser estimadas.

C) Pretendi da atipicidad de la conducta. INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF (Motivo SEXTO).

A lo largo del presente motivo, el recurrente analiza el artículo 7 del Real Decreto 1010/2015, en redacción modificativa introducida por el Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, e incide en cual habría de ser la calificación jurídica del préstamo del ICF.

La interpretación correcta del art 2.4 h LGS es la que distinguiría entre el préstamo con el interés subsistente no subvencionado (préstamo oneroso), y el interés parcialmente bonificado (subvención). Por tanto sólo sería subvención el interés parcialmente subvencionado, pero no el préstamo con interés parcialmente vigente ( EURIBOR más 0,95%), que seguiría siendo un préstamo oneroso al que, eso sí, se le incrusta un interés subvencionado.

De ello procede a analizar si la subvención del FEGA y el préstamo con interés parcialmente subvencionado, tienen "la misma "finalidad y objeto", en cuyo caso ex art 7 del RD 1010/2015 serían incompatibles. Nótese que el precepto reglamentario exige identidad, -"la misma"-, finalidad y objeto. No basta con la similitud, se requiere identidad, máxime para integrar un elemento normativo del tipo penal del art 308.1 CP, siempre con la ineludible certeza y taxatividad exigida por la necesaria predeterminación típica de la conducta punible ( art 25.1 CE) . Y concluye que El objeto de la subvención del FEGA, es decir, "aquello en lo que se materializa el desplazamiento patrimonial", es un proyecto de ampliación y mejora de instalaciones y un proyecto de transformados de frutas y vegetales. Por el contrario, el objeto en el que se materializa la subvención de la Dirección General de Industria es una parte del interés asociado al préstamo concedido por el ICF.

En definitiva, y a modo de conclusión, ambas subvenciones tienen una diversa finalidad y objeto , la acusación no ha acreditado esa "misma" finalidad y objeto aun en el caso de que el préstamo, y no sólo el interés parcialmente subvencionado, sea calificado también como subvención.

La presente alegación discute el relato fáctico contenido en la sentencia impugnada, en la cual se explicita cual fue el fundamento y finalidad de ambas ayudas solicitadas.

Tal y como se recoge en el relato factico "El objetivo del proyecto de "Ampliación y Mejora de Instalaciones" subvencionado con fondos europeos consistía en actuaciones para la mejora de las instalaciones, con la finalidad de obtener productos innovadores, de mayor calidad, que satisficiesen las demandas del consumidor y con mayor valor añadido. De este modo, se añadía valor a las frutas y verduras de segundas calidades mediante transformación industrial. La subvención concedida a INDULLEIDA SA en este proyecto fue de 3.683.029,26 euros, distribuida en dos anualidades. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado para las dos anualidades fue de 3.641.753,46 euros.

La finalidad del proyecto "Transformados de Frutas y Vegetales", igualmente subvencionado con fondos europeos, consistía en la ampliación del parque logístico para captación de fruta, y la instalación de una lavadora de palots, dando servicio a los agricultores y entidades cooperativas. La subvención concedida en este proyecto a la empresa INDULLEIDA SA fue de 199.066,08 euros. Una vez descartados los gastos no realizados y considerados no subvencionables, el importe total efectivamente pagado fue de 190.649,01 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 350.023,91 euros.

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.

En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo.

En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros.

- En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada por INDULLEIDA relativa a la bonificación del 2% del interés del préstamo formalizado con el ICF

(...) Así se reconoce de forma expresa en el escrito de conclusiones de la defensa de acusado Adrian, en el que textualmente se lee que el día 26 de marzo de 2018 el Sr. Adrian, en su calidad de representante legal de la empresa, presentó ante el FEGA una solicitud de subvención para dos proyectos de inversión: uno para la ampliación y mejora de las instalaciones y el otro para transformados de frutas y vegetales. Y se sigue diciendo que de forma coincidente en el tiempo, el Sr. Adrian, junto con el departamento de administración de la empresa, gestionó la obtención de un préstamo bancario para financiar el proyecto".

El fundamento de la alegación consiste en la artificiosa separación entre el préstamo solicitado y concedido y la bonificación del interés del mismo, considerando en consecuencia que dicha modificación del interés en base a la subvención obtenida, afecta a la materialidad del préstamo, y que ello en consecuencia no supone una identidad con la subvención solicitada respecto del FEGA en los términos interesados.

Tal argumentación no puede ser estimada, puesto que, conforme se relata en los hechos probados consignados, el préstamo solicitado tenía igual finalidad que la ayuda solicitada del FEGA, por lo que la bonificación del interés estaba afectado por la misma finalidad, el proyecto de mejora de las instalaciones de la empresa.

Así se hace constar en el escrito de impugnación de la Fiscalía Europea al señalar que la certeza de la incompatibilidad de ambas subvenciones y en la consideración del préstamo y la bonificación de los intereses como un único instrumento financiero.

Señala la Fiscalía que "La ayuda del FEGA tiene su origen en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento permite, como novedad respecto al periodo 2007-2013, que los Estados miembros presenten un Programa Nacional y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre las estrategias nacional y regionales. Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea que estableció las grandes líneas estratégicas para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Marco Nacional para la Programación de Desarrollo Rural, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 13 de febrero de 2015, prevé, en su apartado 5.1.6 que el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) incluya «un conjunto de medidas destinadas a apoyar los procesos de integración cooperativa, cuyos beneficiarios serán entidades asociativas clasificadas como prioritarias al amparo de la Ley 13/2013, de 2 de agosto». En el punto 5.1.12 del Marco Nacional se recomendaba la introducción en los programas de desarrollo rural de mecanismos que garantizaran la complementariedad y sinergias del FEADER con otros fondos disponibles de la UE, garantizando que en ningún caso se produjera una doble financiación de los gastos. Así pues, ya desde la aprobación del Marco Nacional se preveía la implantación de medidas que aseguraran la no acumulación de ayudas."

Con relación al citado artículo 7.1 del Real Decreto 1010/2015, que se expresa en los siguientes términos: "Incompatibilidad con otras ayudas. 1. La percepción de las subvenciones previstas en este real decreto será incompatible con la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales".

Así pues, asiste la razón al Juzgador de la Instancia al establecer la inescindibilidad de la bonificación de intereses con el objeto del préstamo, puesto que tal bonificación tiene lugar precisamente por cual fuera el objeto del préstamo solicitado, y no por cualquier otro motivo.

El hecho de que INDULLEIDA, S.A. operase en el sector de la transformación de productos agrarios le permitió acceder a ambas líneas de subvención por su doble naturaleza agroalimentaria e industrial. En cuanto al objeto de la subvención y de la ayuda, se centran en la realización de inversiones encaminadas a reforzar la capacidad productiva de las empresas.

Respecto a la segunda ayuda, nos encontramos, como señala el apelado Fiscalía Europea "... ante un préstamo otorgado por ICF cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Esta ayuda se puede identificar con la figura que contempla la Ley General de Subvenciones en la letra 2.4.h), que califica como subvenciones los supuestos en que la Administración pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Como consecuencia de todo lo cual, el motivo debe asimismo decaer.

Sexto.-El cuarto de los bloques de alegaciones, como se ha apuntado, señala en distintos apartados la queja por el denunciado error en la valoración de la pruebasufrido por el Juzgados de la Instancia.

En relación con el error en la valoración de la prueba,el Tribunal Supremo ha señalado que la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 de la CE se caracteriza por incluir dos extremos fácticos como son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho. Asimismo, el respeto de la presunción de inocencia exige para su enervación prueba de cargo

a) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio;

b) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales;

c) "lícita", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y

d) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena.

En otras palabras, "no basta con que exista un principio de actividad probatoria, sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria".

Conviene igualmente recordar la reiterada doctrina jurisprudencial en virtud de la cual cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la LECrim y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem",quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

No obstante, los órganos de apelación han de entrar en la valoración de la prueba practicada cuando se trata de sentencia condenatorias. Así, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 125/25 de 13 de febrero, señala que "cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena, el tribunal que conoce del recurso dispone de plenas facultades revisoras. El efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia...este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia"

.Doctrina que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024 de 3 de junio. En definitiva, si lo que se pretende mediante el recurso ante la segunda instancia es proteger más y mejor el derecho a la presunción de inocencia, debe reconocerse la competencia del tribunal de apelación no solo para controlar la razonabilidad de los argumentos de justificación probatoria que ofrece el tribunal de instancia, sino también para valorar la información probatoria producida en la instancia aunque no haya podido percibir de manera directa los gestos empleados por los testigos y peritos". Como se puede observar, el Tribunal de apelación debe analizar toda la prueba practicada con plena jurisdicción, dando efectivo cumplimiento al principio devolutivo y haciendo efectiva la doble instancia penal, revisando la valoración de la prueba realizada por el Juez de lo Penal.

En el presente supuesto, la Sala debe partir de que la resolución impugnada:

1º) Dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente),

2º) Esta prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita): la prueba se ha llevado a cabo en el acto de juicio oral y por tanto ha sido sometida a inmediación y contradicción sin que el recurrente haya mostrado ninguna censura al respecto.

3º) Tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

Con cita de la SENTENCIA N.º 49/2026 SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. BURGOS de trece de abril de dos mil veintiséis "Por centrar convenientemente la cuestión debemos reiterar la doctrina elaborada en torno a esta figura que reproducimos en muchas de nuestras resoluciones, a las que ahora nos remitimos, y que condensan la naturaleza del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido ya en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , 6.2 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 , para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

Y recordar que, tal y como la configura la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, se trata de una garantía por la que se viene a presumir la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Baste decir que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se debe verificar si la prueba de cargo con base en la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, debiéndose analizar por tanto:

-en primer lugar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible; y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen la contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

-en segundo lugar, "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y,

-en tercer lugar, "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Todo ello con el único límite que supone la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba que haya sido practicada en el juicio oral.

B) A lo anterior debemos añadir, de acuerdo con una consolidada doctrina -por todas, SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre - que, aunque la prueba en la que se base la solución condenatoria fuere indiciaria al faltar cualquier prueba directa acerca de la comisión de los hechos delictivos, la misma sería suficiente al efecto de enervar la presunción que ahora se dice quebrantada.

Y ello es así siempre que: a) el hecho o los hechos base (indicios) estén plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento resulte asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

C) Nuestro papel en torno a este particular debe limitarse a comprobar tres concretos aspectos en relación con la denunciada quiebra de la presunción de inocencia, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso en realidad de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Tribunal de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 152/2016, de 25 de febrero , 741/2015, de 10 de noviembre , 448/2011, de 19 de mayo y 25/2008, de 29 de enero , entre otras)".

Habida cuenta lo cual, pasamos a examinar las alegaciones que sobre este particular plantea el apelante:

A) ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL SR. Pascual DE LA EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN DE LA DGI. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA. FALTA DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO- (Alegación SEPTIMA DEL recurso)

A lo largo de dicha alegación, que se desarrolla en los folios 57 a 82 del recurso, el apelante alega que:

-Como censurábamos en nuestro primer motivo de apelación, pese a ser uno de los principales argumentos de defensa articulados por esta parte tanto en el escrito de defensa como en el plenario, el relato de hechos probados nada dice respecto de si nuestro defendido tenía conocimiento, o no, de la existencia de la subvención de la DGI o si era conocedor de la incompatibilidad de esta con la del FEGA. Esta falta de acreditación en los hechos probados del elemento subjetivo del tipo debería llevar, por sí misma, a que la Ilma. Sala decretase la libre absolución de nuestro defendido (vid. Primer motivo de apelación).

- Para el negado caso en que, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se permitiese heterointegrar en contra de reo el relato de hechos probados con los fundamentos jurídicos, en las páginas 26 y 27 de la Sentencia se contienen las únicas referencias respecto de si nuestro defendido era conocedor de la existencia de la subvención de la DGI sobre los intereses del préstamo del ICF.

- En contra de lo que se refiere en la Sentencia, además de la propia declaración del acusado, en el plenario se practicaron hasta siete declaraciones testificales a instancias de esta defensa, además de sendas pruebas documentales, que acreditan, precisamente, este extremo controvertido, a saber: el desconocimiento por parte no solo del Sr. Pascual sino del personal de INDULLEIDA que presta sus servicios para la compañía después de su toma de control por NUFRI acaecida en enero 2019, respecto de la existencia de una subvención concedida por la DGI sobre parte de los intereses del préstamo del ICF. Por lo tanto, no es cierto que "más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento". Se aportaron siete testigos y varios documentos que acreditan fehacientemente dicha realidad.

- Pues bien, estas ocho declaraciones testificales, junto con la declaración del acusado y los correos electrónicos aportados como DOC. nº 27 a nuestro escrito de defensa, acreditan sin género de dudas que (a) al momento de solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA, única conducta que se imputa a nuestro defendido, este desconocía completamente la existencia de la bonificación de la DGI de parte del interés del préstamo del ICF y, (b) que los actuales responsables de INDULLEIDA, tras la adquisición de la compañía en enero de 2019, tomaron conocimiento por primera vez de la existencia de la subvención otorgada por la DGI en el mes de septiembre de 2021, con ocasión del control financiero de la Intervención Territorial de Lleida.

En el desarrollo de la alegación y para acreditar los fundamentos de su tesis, analiza, desde su particular perspectiva, los siguientes datos:

- 1.El Sr. Pascual se vincula con INDULLEIDA con posterioridad a la solicitud y concesión tanto de la subvención del FEGA como del préstamo del ICF con interés subvencionado por la DGI.

- 2.En el proceso de compraventa no se informa sobre la existencia de las subvenciones del FEGA y de la DGI.

3.En la compraventa de participaciones, NUFRI únicamente tiene acceso a las cuentas anuales auditadas de INDULLEIDA

- 4.En las cuentas anuales auditadas únicamente aparece el total agregado de las subvenciones que tiene concedidas la entidad.

- 5.Cambio del personal de INDULLEIDA entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

- 6.La contabilidad de INDULLEIDA no reflejaba la existencia de la bonificación de los intereses del préstamo.

- 7.En INDULLEIDA no se encontró un expediente físico o digital del préstamo del ICF o de la subvención de la DGI.

- 8.Cuando la Intervención solicita la documentación relativa a la bonificación de los intereses por la DGI los trabajadores de INDULLEIDA creían que se trataba de un error.

- 9.Consta documentado que se tuvo que solicitar al ICF la documentación relativa al préstamo y confirmar con la DGI si verdaderamente existía una subvención parcial del interés.

- 10.Los propios testigos sitúan la toma de conocimiento de la existencia de la subvención del interés del préstamo en noviembre de 2021, con ocasión del correo remitido por el ICF y la DGI.

"COMO CONCLJUSIÓN DE TODO ELLO Lo anterior conlleva que deba tenerse por debidamente acreditado que, al momento de efectuar la solicitud de pago de la segunda anualidad del FEGA, el Sr. Pascual desconocía la existencia de la bonificación parcial de la DGI sobre el préstamo del ICF y, por ende, su posible incompatibilidad con la del FEGA. O, cuanto menos, no existe prueba del conocimiento de dichas circunstancias por parte de nuestro defendido, ya que toda la practicada apunta en dirección contraria. Lo anterior supone que no concurra en la conducta del Sr. Pascual el necesario dolo que exige el art. 308.1 CP , deviniendo la misma atípica desde esta perspectiva. Por todo ello, habiéndose acreditado cumplidamente la ausencia de conocimiento del Sr. Pascual respecto de la bonificación de la DGI en el momento de solicitar la segunda anualidad del FEGA, esta parte interesa que, con estimación del presente motivo de apelación, se revoque la Sentencia y, a superior imperio, se dicte otra por la que se absuelva a nuestro defendido, al no concurrir el elemento subjetivo del tipo exigido por el delito que se le imputa".

Hemos de decir al respecto que la sentencia motiva de forma adecuada y suficiente el por qué descarta ese supuesto desconocimiento por parte del apelante de la existencia de la subvención del interés del préstamos concedido en el momento de solicitar el pago del segundo plazo de la subvención concedida por el FEGA.

Al respecto, consta en la fundamentación jurídica de la resolución, lo siguiente:

"Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo por la Dirección General d'Indústria. Con respecto a esta cuestión debe recordarse con la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1171/1997, de 29 de septiembre que: a) Queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho ( Sentencia de 29 noviembre 1994 ), de la misma manera y en otras palabras ( Sentencia de 16 marzo 1994 ), que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder incorrecto. b) No es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente. En este sentido recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2025 (ROJ:ATS 3170/2025-ECLI:ES:TS:2025:3170A) que el error de tipo, excluye el dolo y su prueba corresponde al que lo alega ( STS 478/2019, de 1 de octubre ). En todo caso, cabe reiterar que la Jurisprudencia viene sosteniendo que para excluir el error resulta suficiente con que pueda racionalmente inferirse que el sujeto agente tenía conciencia de una alta probabilidad de que concurriese el elemento típico. De modo que, para excluir el error de tipo, no se requiere la plena seguridad sobre la concurrencia de un hecho constitutivo de la infracción, sino que basta con que se tenga conciencia de la alta probabilidad de que dicho elemento concurra y pese a todo se opte consciente y voluntariamente por realizar la acción típica ( STS 310/2017, de 3 de mayo ). El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: STS de 2 de junio de 2015 : la sospecha de ilicitud excluye el error (vid igualmente STS 684/2018, de 20 de diciembre ). El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. Una actitud de indiferencia o desprecio frente a la alta probabilidad de la antijuricidad de la conducta no sería error ( STS 204/2021, de 4 de marzo ).

A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. En primer lugar, porque más allá de las meras manifestaciones del acusado sobre su desconocimiento del préstamo y de la subvención, no se aporta medio de prueba alguno que acredite tal desconocimiento. Muy al contrario de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria. Esta documentación según Pascual no es encontrada en la empresa en el año 2021, cuando en el expediente de constatación de las subvenciones es requerida la sociedad para su entrega, resultando harto peculiar que según manifiesta este acusado, esta era la única documentación que no se encontraba en la empresa. Tampoco puede desconocerse que es este acusado quien, en representación de NUFRI, concurre el 11 de enero de 2019 a la formalización de escrituras de compraventa de adquisición de la mayoría de las acciones de INDULLEIDA SA, y que es el personalmente quien lleva en representación de NUFRI en la negociación con INDULLEIDA. Negociación que es descrita por el acusado en el acto del juicio, como realizada en escasamente dos horas y en la que no se quiso saber nada del estado de la sociedad INDULLEIDA, ni se pidió realizar un estudio de su situación, desistiendo de la exigencia de una due dililgence, y exonerando de cualquier responsabilidad a los administradores cesantes, nombrándose un nuevo consejo de administración por escritura pública de 12 de abril de 2019 en el que fue nombrado consejero delegado. En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberada de lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses."

De lo anterior se deduce que se han tomado en consideración por el Juzgador de la Instancia las alegaciones en tal sentido formuladas por la defensa acerca de la pretendida inexistencia en la documentación de la empresa de dato alguno respecto a la solicitud y obtención de la referida bonificación de los intereses del préstamo. Y la respuesta a tal alegación es negativa, en los términos que hemos consignado.

No resulta creíble la tesis exculpatoria basada en el desconocimiento de la existencia de tal bonificación de intereses, más aún de la existencia de subvención alguna, aun cuando en el número 4 de los ordinales expuestos, se hace referencia a la existencia de información contable acerca de las subvenciones que tenía concedida la compañía adquirida, señalando que sólo figuraba el importa global, y no desglosado, Ello lleva a considerar que lógicamente, al solicitar el pago de la segunda anualidad de la subvención del FEGA el recurrente conocía la existencia de subvenciones, y es más, el importe de lo que habría de solicitar, lo que implica que hubo de examinarse la documentación correspondiente.

Resulta increíble el desconocimiento del importe de un préstamo que habían de estar amortizando los adquirentes de la mercantil, y que por ello, la documentación pertinente, y la rebaja de los intereses, tenía una causa, que debía ser conocida, por los gestores y empleados y fundamentalmente por el acusado que ostentaba la representación de la entidad.

A lo largo de todo el alegato se insiste por el recurrente en la inexistencia de expediente físico o digital en la entidad que acreditase la existencia de la bonificación del interés.

Tal argumento, pese a los esfuerzos del recurrente no puede ser estimado, puesto que, como señala el Juzgador de la Instancia, se trata de la adquisición de las acciones de una mercantil, por lo que toda la documentación relativa a la contratación previa al acto de la compraventa hubo de ser conocida por las partes contratantes, y así lo manifestó incluso el coimputado en su declaración, como se recoge en la sentencia "... de las declaraciones que en el acto del juicio vierte el acusado Adrian queda constancia que se archivó debidamente en INDULLEIDA toda la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses por parte de Dirección General d'Indústria."

B) INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART 14 DEL CODIGO PENAL (ERROR DE TIPO). ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.(Motivo NOVENO del recurso)

Continua el apelante con idéntico argumentario a lo largo de este motivo , enfocando ahora su queja en la pretendida concurrencia del error de tipo del artículo 14 del Código Penal, que transformaría en impune la conducta de su patrocinado, fundando su alegato en que su representado habría incurrido en error en un elemento integrante de la infracción penal, como es el concepto de subvención y la eventual incompatibilidad del préstamo y de la subvención del FEGA.

A continuación se extiende sobre el objeto y finalidad de ambas subvenciones, el carácter de Crédito oficial del concedido por el ICF, y sobre el objeto subvencionado, aportando explicaciones acerca de las circunstancias tan llamativas, tal y como se recogen en la sentencia, en las que se verificó la operación y que por esta vía justifica el apelante, mencionando el interés comercial en la adquisición de la entidad, y en la motivación del escaso control ejercitado sobre la contabilidad de la entidad, que justifica por la minoración del precio a cambio de la asunción por el comprador de los riesgos.

De todo lo cual concluye la inexistencia de una deliberada falta de diligencia por parte de su patrocinado en el momento de la adquisición de la mercantil, no existiendo dato alguno que a su entender pudiera acreditar que el mismo tuviera una sospecha sobre la existencia del préstamo.

La cuestión ya ha sido tratada con anterioridad, e incide sobre puntos ya debatidos, sin que este bloque de alegaciones heterogéneo y aportando explicaciones extemporáneas sobre las incidencias de la contratación, conduzca a la estimación de error en la valoración de la prueba por el Juzgador de la Instancia.

C) INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART. 5 Y 308 CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 24 Y 25.1 CE . INDEBIDA APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA COMO MODALIDAD DE DOLO

Sobre este particular, en estrecha relación con lo hasta ahora expuesto, debe ponerse el acento en el dato de que el Juzgador de la instancia hace referencia a la ignorancia deliberada en los términos a los que ya nos hemos referido y hemos transcrito en anteriores apartados, dando respuesta a la alegación planteada por la defensa del hoy apelante sobre la concurrencia del error de tipo que conduciría a su absolución.

El Juzgador descarta la existencia de tal error y es en dicha argumentación donde afirma que "Del indicado delito es igualmente responsable en conceto de autor el acusado Pascual, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en su ejecución, al reconocer expresamente en el acto del plenario como, en su condición de Consejero Delegado de INDULLEIDA, realizo el 6 de septiembre la solicitud de pago de la subvención concedida por el FEGA, lo que igualmente se ve contrastado por la propia solicitud que se encuentra en el acontecimiento 251. Frente a tal dato objetivo se alega por la defensa que concurre un error de tipo en este acusado que desconocía la existencia de la concesión de la bonificación de los intereses d'Indústria.....".

Y más adelante se razona que " A tenor de la referida doctrina jurisprudencial no puede tenerse como acreditado que concurra en Pascual el error de tipo pretendido. .... En otros términos no existe constancia que en aquellas fechas de 11 de enero y 12 de abril de 2019 la documentación concerniente al préstamo y a la bonificación de intereses no se encontrara en el seno de la empresa, y en todo caso se revela una clara intención del acusado de no querer informarse y de no saber lo que como consejero delegado tenía obligación de conocer y de informarse, por lo que, en la mejor de las interpretaciones para este acusado, se situó en una ignorancia deliberadade lo que como consejero delegado de INDULLEIDA tenía la obligación de conocer. Igualmente ha de estarse con la Fiscalía Europea a que resulta increíble que en los asientos contables del préstamo no levante sospechas la forma del pago de los intereses....".

En definitiva, como hemos analizado, la estrategia defensiva del apelante tiene su fundamento en el desconocimiento de la existencia de la subvención de los intereses del préstamo otorgado por Institut Català de Finances cuyos intereses fueron subvencionados con cargo al Fondo Industria 4.0 de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña.

La lectura de la resolución recurrida revela que existe en la misma un raciocinio lógico y conforme a las máximas de la experiencia a la hora de establecer los hechos declarados probados. El juzgador de la instancia realiza una minuciosa descripción de la prueba de cargo valorándola con acierto, por lo que el recurso no puede prosperar. Frente a la acertada argumentación que contiene la sentencia, la parte recurrente pretende sustituir sin más su propia versión, lógicamente interesada en el legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, por la del juzgador de instancia que desde la posición privilegiada que le otorga la inmediación proporciona no sólo acertadas sino suficientes explicaciones de la prueba de cargo de suficiencia incuestionable para enervar el principio de presunción de inocencia.

La Sala no atisba rasgos de arbitrariedad, irracionalidad, error manifiesto o capricho en dicha inferencia, ajustándose la misma a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Y por ello, tal y como hemos anticipado, la Sala entiende ajustada a Derecho la conclusión condenatoria y por ello, el motivo del recurso desestimado.

Séptimo.-Por último, en las alegaciones décimo primera y décimo segunda del recurso, hace referencia a dos cuestiones que alega, con carácter subsidiario a las anteriores.

A) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 28 CP . NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA COAUTORÍA.

A lo largo de dicha alegación afirma el apelante que la atribución de la totalidad del citado perjuicio tanto al Sr. Adrian como al Sr. Pascual es el resultado forzoso de haber aplicado, aunque no se diga expresamente en la resolución, el principio de imputación recíproca propio de la coautoría, según el cual en todos los delitos -y, en particular, en los delitos patrimoniales- todos los coautores responden por la totalidad del perjuicio causado aun cuando personalmente no haya ocasionado dicho daño patrimonial en su totalidad.

Por tanto, no hubo tampoco una ejecución acordada del hecho, sino que cada uno tomó las correspondientes decisiones por iniciativa propia y sin consensuarlas con el anterior o posterior administrador de la compañía.

Debe, por tanto, quebrarse la aplicación del principio de imputación recíproca, de tal modo que cada acusado responda única y exclusivamente por la parte defraudada durante su etapa al frente de INDULLEIDA. De ello se desprende que, en el peor de los casos, el Sr. Adrian debería responder por la cantidad máxima de 970.927,6 euros y, por su parte, el Sr. Pascual por la cifra máxima de 1.143.218,47 euros, siendo cada uno de ellos responsable de su propio delito y no coautores de un delito conjunto. Ciertamente en ambos casos nos seguimos moviendo en cuantías penalmente relevantes, por lo que la ruptura de la coautoría no supondría la irrelevancia penal de los hechos (en el improbable supuesto de no prosperar ninguno de los anteriores motivos de recurso). Sin embargo, la anterior conclusión tiene importantes efectos en otros puntos de la sentencia. Concretamente: A) Debe comportar una radical reducción de la pena de multa impuesta, que deberá bajar de los tres millones de euros acordados a cifras muchos más próximas a los citados 970.927,6 euros en el caso del Sr. Adrian y 1.143.218,47 euros en el caso del Sr. Pascual. B) Debe suponer asimismo una radical reducción de las responsabilidades civiles impuestas a cada acusado, no procediendo aplicar la regla de solidaridad entre coautores prevista en el art. 116.2 del Código Penal. De tal modo que el Sr. Adrian deberá responder solo por la cuantía de 970.927,6 euros y el Sr. Pascual por la cifra de 1.143.218,47 euros, sin perjuicio de que en ambos casos INDULLEIDA siga siendo responsable civil subsidiaria ex art. 120.4 CP.

Tal argumentación carece de sustento.

En el fundamento de la sentencia dedicado al análisis de la autoría, se analiza el fundamento de cada uno de los condenados, y en concreto debemos señalar que se razona que: "...la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica".

En tal sentido es claro el contenido del artículo 31 y 31 bis.1 y 310 bis del Código Penal en cuanto a la penalidad,

En el segundo de estos se dispone que "1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

Y en el artículo 31 se dispone que : ." El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre".

De la simple lectura de ambos preceptos se deduce tanto la responsabilidad de la entidad INDULLEIDA como de las personas que han actuado como administradores de la misma, el aquí apelante y el anterior administrador, y ambos son responsables en concepto de autores, en el sentido del artículo 28 del mismo texto legal, del delito que sea objeto de imputación. No es de recibo el fraccionamiento de la responsabilidad que se propugna, puesto que ambas actuaciones lo son en nombre y beneficio de la sociedad y por las personas, los acusados, autorizadas para ello, por lo que la responsabilidad es única, derivada de un único delito imputable a la sociedad y a sus administradores en cuanto tales.

B) SUBSIDIARIAMENTE: INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 66.1.6.ª CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 72, CP , 9.3 , 24.1 Y 120.3 CE EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MULTA.

Alega el recurrente que, en orden a la determinación de la pena, en el caso de la prisión y de la imposibilidad de gozar de subvenciones el Juzgador a quo ha optado por imponer la pena mínima posible, que ha concretado, respectivamente, en un año de prisión y tres de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Sin embargo, en el caso de la multa se ha producido un sensible apartamiento del mínimo imponible, que en este caso era la cantidad equivalente a la cuantía defraudada (2.114.146,27 euros), es decir, "el tanto" en palabras del art. 308 CP.

Ha aumentado la concreta pena hasta prácticamente la mitad de dicho marco, alcanzando los tres millones de euros, sin ofrecer una sola razón para no seguir el mismo criterio de imponer el castigo mínimo aplicado en las otras dos penalidades, más allá de afirmar que esta pena "se estiman [sic] ponderada a los hechos denunciados, al no apreciarse circunstancias que aconsejen imponer otra superior", una afirmación que, con los debidos respetos, está completamente vacía del más mínimo contenido referido al caso concreto enjuiciado. Y considera que ello , la ausencia de motivación en relación con la extensión concreta de la pena de multa, vulnera el art. 120.3 de la Constitución, así como el art. 9.3 CE, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos., y se le ha privado del derecho a conocer -y, eventualmente a impugnar- las razones de este severo castigo ( art. 24.1 CE)

Dicho motivo tampoco puede prosperar.

Las penas se han impuesto en su grado mínimo, y el apartamiento del mínimo estricto en la imposición de la pena de multa sí se ha motivado, en contra de lo sostenido por el apelante, en consideración a que se considera ponderada a la gravedad de los hechos denunciados.

No es exigible la imposición del mínimo estricto en la pena de multa, que se ha mantenido en la cuantía cercana al mínimo, puesto que, como ya hemos visto la pena imponible sería de hasta el séxtuplo de la cuantía objeto de la defraudación, siendo así que la multa impuesta está lejos siquiera del duplo de la cuantía, y que la cantidad defraudada es muy superior a la señalada como mínimo por el precepto legal de 100.000 euros.

SEGUNDO.- RECURSO INTERPUESTO POR Don LUIS DE VILLANUEVA FERRER, Procurador de los Juzgados y Tribunales, actuando en nombre y representación de INDULLEIDA, S.A.

Primero.- Admisibilidad del recurso.

En primer lugar debemos pasar a analizar la -alegación de la Abogacía del Estado, que estima que no procede la admisión a trámite del recurso interpuesto por dicha condenada, por estar el mismo interpuesto fuera del plazo legal. Así razona que: "La interposición del recurso de apelación contra la Sentencia ha de efectuarse en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habiéndose notificado el auto de aclaración de la Sentencia 9/2025, de 30 de junio, el 15 de julio de 2025, según consta en la Diligencia de Ordenación dictada por el Juzgado Central de lo Penal de 17 de septiembre de 2025, que refiere a la Diligencia de Remisión obrante en el acontecimiento 293, el último día del plazo para presentar el escrito de interposición de recurso de apelación vencía el 31 de julio de 2025. En la medida en que el escrito de interposición de recurso se presenta vía sistema Lexnet el 2 de septiembre de 2025, se considera que se ha presentado fuera del plazo."

Al respecto hemos de decir, en primer lugar, que el recurso ya fue admitido por el Juez Central de lo Penal, como así consta en la Providencia de fecha 2 de septiembre de 2025, "interpuestos por el Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación del acusado Pascual, por Procurador Sr. Villanueva Ferrer, en nombre y representación de INDULLEIDA SA, y por la Procuradora Sra. Rodríguez Teijeiro en nombre y representación de Adrian, y apreciándose que reúnen los requisitos establecidos en el art. 790. 2 y 3 de la LECR, se acuerda la ADMISIÓN a trámite de todos los recursos de apelación interpuestos. " Dicha resolución es firme al no haber sido la misma objeto de recurso.

Y ello a tenor del contenido de la Diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de dos mil veinticinco que señalaba las fechas de notificación de la sentencia a los acusados INDULLEIDA SA y Pascual, les fue notificada personalmente la sentencia en fecha 15/07/2025 y al acusado Adrian se le notificó en fecha 18/07/2025.

La fecha que debe computarse para el inicio del cómputo es la de la última notificación, en este caso 18 de julio de 2025 (El acuerdo de unificación de criterios del orden penal de 26 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, relativo al inicio del cómputo del plazo del recurso de apelación contra sentencias dictadas en el procedimiento abreviado y en el juicio por delitos leves, señala que el mismo debe comenzar a correr desde la última notificación realizada a las partes), por lo que la presentación del recurso en fecha 2 de septiembre debe considerarse dentro del Plazo legal.

Segundo.- Motivos del recurso:

Las alegaciones que componen el recurso son las siguientes:

PRIMERO. - INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. LOS HECHOS DECLARADOS JUDICIALMENTE COMO PROBADOS POR SENTENCIA, TAL Y COMO ALLÍ CONSTAN NO RESULTAN LITEROSUFICIENTES, BASTANTES NI POSIBILITAN EL JUICIO DE SUBSUNCIÓN /TIPICIDAD PARA LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES OBJETO DE CONDENA RESPECTO DE NINGUNO DE LOS SUJETOS AQUÍ ACUSADOS. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA DECLARADA PROBADA. IMPOSIBLE HETEROINTEGRACIÓN Y/O SUBSANACIÓN EN SEDE DE RECURSO Y PERJUICIO DE REO. DECLARACIÓN DE LIBRE ABSOLUCIÓN.

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL. INEXISTENCIA DE CONDICIÓN IMPEDITIVA ALGUNA Y DE ACTUACIÓN DE OCULTACIÓN PREORDENADA A LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR EL FEGA. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA.

TERCERO.- INFRACCIÓN DE LEY POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF: ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENJUICIADA Y ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

CUARTO.- INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

QUINTO.- INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN EN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

SEXTO.- CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Tercero.-En cuanto al primero de los motivos del recurso que se han expuesto, alega el recurrente la necesidad y procedencia en Derecho de revocar la sentencia de condena dictada en instancia por el Juzgador a quo y decretar la libre absolución de mi representada (y otros) con todos los pronunciamientos favorables para ella, al no contener ni derivarse, natural ni necesariamente, del judicial relato de hechos declarado por Sentencia los hechos, datos y circunstancias que integrarían los requeridos elementos (objetivos y subjetivos) conformadores de los tipos /injustos de los referidos delitos de fraude de subvenciones, posibilitarían su subsunción.

El motivo largamente desarrollado coincide en lo esencial con el primero de los motivos expuestos en el recurso formulado por el coimputado Pascual, remitiéndonos a los argumentos expuestos por la Sala para desestimar el mismo, ya que pese a su extensa redacción y a las exigencias que considera imprescindibles para considerar que el relato fáctico pueda considerarse completo a los efectos interesados, la Sala considera que dicho relato sí contiene los elementos configuradoras de la conducta delictiva que se atribuye a los acusados, remitiéndonos a la fundamentación expuesta en la respuesta a la alegación primra del recurso precedente.

Cuarto.-Respecto del segundo de los motivospor INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL y tercero,POR VULNERACIÓN DEL ART 2.1 y 2.4 h) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ART 4 DEL REGLAMENTO Y DEL ART 7 DEL RD: INEXISTENCIA DE LA "MISMA FINALIDAD Y OBJETO" ENTRE LA SUBVENCIÓN DEL FEGA Y EL PRÉSTAMO DEL ICF.

Alega el recurrente que en el caso que nos ocupa, tal y como se establece en hechos probados de la Sentencia y no resulta un hecho controvertido para ninguna de las aquí partes, la concesión de la subvención por el FEGA a Indulleida tiene lugar el 9 de agosto de 2018, tanto para el programa de ampliación y mejora de las instalaciones, como para el programa de transformación de frutas y vegetales. Si ello es así, debemos también afirmar que con anterioridad a dicha fecha no existiría ni concurriría condición alguna que hubiera impedido la concesión de dicha subvención del FEGA, puesto que ello, a juicio de las acusaciones y propia sentencia, no aparecería /surgiría / concurriría, sino posterior y sobrevenidamente, con la concesión de bonificación parcial de intereses al préstamo por parte de la DGI, que tiene lugar, como también consta como hecho probado y no es controvertido para las partes, el 19 de diciembre de 2018.

Y ello, ya lo sea (aceptando toda posible pretensión acusatoria tan solo a efectos meramente dialecticos y discursivos por cuanto tampoco resulta aceptada /admitida la incompatibilidad por identidad de finalidad y objeto entre subvención del FEGA y la parcial bonificación de intereses de la DGI, ni tampoco la naturaleza de subvención /ayuda pública del préstamo contratado con el ICF) porque dicha concesión de bonificación parcial de intereses de la DGI resulte en sí misma la subvención / ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA o, en su caso, también porque dicha concesión de bonificación parcial de la DGI convierta en dicho momento, no antes, al crédito contratado con el ICF en subvención /ayuda incompatible para con la concedida por el FEGA, siendo que hasta dicho momento y circunstancia el crédito suscrito no resultaría de incompatibilidad alguna en tesis acusatorias y de la sentencia cuestionada, como tampoco lo resultaría (y ni tan siquiera por las acusaciones ello se defiende ni habría defendido o pretendido nunca) si la parcial bonificación de intereses del mismo no hubiera sido posterior y finalmente concedida por la DGI.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, en la alegación tercera, manifiesta el recurrente que "Por compartir /suscribir íntegramente el mismo y por su claridad, acierto y profundidad técnica haremos aquí expresamente nuestro el motivo también obrante al recurso de apelación formulado por el Sr. Pascual, reproduciéndolo en su literalidad, previa obtención de autorización expresa para ello", no obstante lo cual se extiende en una larga alegación que abarca las páginas 12 a 29 del recurso, incidiendo en la regulación legal de la materia relativa a la subvención pública, sus características y limitaciones, con abundante cita de opiniones doctrinales que estima apoyan sus argumentaciones.

Al respecto hemos de decir que dichas alegaciones han sido ya analizadas al dar respuesta a las alegaciones del recurso formulado por Pascual y que son analizados en los Apartados B y C del ordinal tercero en el análisis del recurso interpuesto por el coimputado.

Quinto.-El cuarto de los motivosse formula por INFRACCIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 310.BIS, 308.1 Y 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL, AL NO DETERMINARSE LAS RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE IMPERA EN INDULLEIDA UNA CULTURA DE AUSENCIA DE RESPETO AL DERECHO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA RESPECTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPETO AL DERECHO PRESENTE EXISTENTE EN INDULLEIDA.

Tras tan poco claro encabezamiento, en el desarrollo del motivo el apelante se refiere a dos conclusiones que considera esenciales:

1) En primer lugar, que para condenar penalmente a una persona jurídica no basta con que alguno de sus representantes, directivos o empleados haya cometido puntualmente un delito por una deficiente falta de vigilancia o control, sino que es necesario que la comisión de dicho delito sea el resultado de una falta de "cultura de cumplimiento" o ausencia de "cultura de respeto al Derecho" en el seno de la persona jurídica;

2) En segundo término, que a quien corresponde probar esta falta de cultura es a la acusación y no a la defensa.

Dicho lo cual, y tras referirse a los mecanismos de control establecidos en la entidad y al exquisito control de todo género de actividades de la misma concluye que en la sentencia no se afirma rotundamente que INDULLEIDA no contara con un modelo de prevención de delitos, sino que simplemente se expresan dudas al respecto, manifestándose literalmente en la parte final del fundamento jurídico segundo que existen "serias dudas" sobre la real existencia de un programa de cumplimiento en INDULLEIDA, pero sin llegar a afirmar de manera tajante y categórica que tal programa no existiera en absoluto, como parece que habría requerido, cuando menos, la citada ausencia de cultura de respeto al Derecho exigida para el Tribunal Supremo. Un requisito este último que, por cierto, ni tan siquiera es mencionado en el texto de la resolución ahora recurrida. Ante semejantes omisiones -tanto probatorias como sustantivas- resulta evidente la incompatibilidad de la condena de Indulleida con los arts. 24 y 25.1 CE.

Por todo ello, se entiende, justifica y alega que el art. 31 bis CP ha sido incorrectamente aplicado al caso que nos ocupa y que, en tal circunstancia, debió haberse acordado y peticiona aquí la libre absolución de la mercantil INDULLEIDA pues, aun cuando fuera cierto que algunos de sus representantes o directivos hubieran cometido un delito de fraude de subvenciones, ello no sería el resultado de una ausencia de cultura o interés en respetar el ordenamiento jurídico vigente por parte de la mercantil, que sí existiría, concurriría y obraría acreditado con su plasmación en organización, gestión, supervisión y control; tampoco habría sido esta ausencia de cultura de cumplimiento o medidas la causante o facilitadora de la comisión del concreto delito que pudiera haberse cometido o, finalmente y en su caso, éste sería la consecuencia de un puntual déficit de control.

Pero es que, en último lugar, defendiendo que no nos encontraríamos aquí ante conducta típica sino algo de ello alejado; a saber, una final controversia sobrevenida, de carácter complejo, técnico, profundo y jurídico (que se conoce, defiende y ventila, aún con carácter no firme, en la jurisdicción contencioso administrativa), las medidas y controles que, ex ante, vistas las circunstancias entonces concurrentes, pudieran resultar idóneas, suficientes y bastantes para evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos, nunca podrán impedir o evitar totalmente aquella discrepancia. Siendo el vencimiento jurídico judicialmente declarado firme, el que pondrá fin a ésta.

La alegación no va a ser estimada.

En la sentencia se recoge, en el relato fáctico, la acción que se imputa a la sociedad condenada: "En la fecha de los hechos INDULLEIDA SA carecía de un plan de cumplimiento normativo que incluyese medidas de control para prevenir los hechos descritos."

En la fundamentación jurídica, al razonar la autoría de los hechos por parte de la sociedad apelante, se especifica de forma clara cuál es el motivo de la condena, y las pruebas en que la misma se sustenta, así como los motivos por los que no se estima la verosimilitud de los argumentos defensivos esgrimidos por su defensa:

"Finalmente, la sociedad INDULLIEDA es criminalmente responsable del delito de fraude de subvenciones del artículo 310.bis con relación al 308.1 del CP en la redacción dada por la LO 1/2019, de 20 de febrero al ser más favorable para los acusados y en el art. 31 bis del Código Penal . En tanto el delito de defraudación en la subvención es cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo, por sus representantes legales que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, quienes como pone de manifiesto el acusado Adrian puso en conocimiento del Consejo de administración de la sociedad la petición y obtención de las dos subvenciones que resultan incompatibles entre sí, sin que este órgano de administración hubiera adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Se aporta en el acto del plenario una fotocopia de un programa de cumplimiento (due diligence) fechado en el año 2017, del que en ningún momento se hizo referencia por ninguno de los acusados a lo largo de toda la instrucción, ni se hace mención alguna de su existencia en el escrito de conclusiones provisionales de INDULLEIDA, y es únicamente en el acto del plenario cuando como cuestión previa se hace referencia a él por primera vez se presenta forma sorpresiva la fotocopia. Ello hace sentar serias dudas sobre su real existencia, pues en esa anómala actuación de la defensa no puede otorgarse validez probatoria a lo que es una simple fotocopia no autenticada, y cuando del tenor del mismo solo se contemplan generalidades y en ningún caso se contempla un control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma."

A la vista de tal completo razonamiento, se desestima este motivo de apelación por no considerar cometido el error que denuncia el apelante en cuanto al comportamiento de la entidad en la función de vigilancia por ley le corresponde.

Así dispone expresamente el artículo 31 bis del Código Penal:

"1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios".

Es pues responsabilidad de la entidad la adopción de las garantías precisas para asegurar el comportamiento conforme a derecho de los directivos de la entidad, y claramente en el presente caso, dicha función de prevención y control no se ha acreditado.

La presentación, como afirma el Juzgador de la Instancia, de una simple fotocopia sin adveración alguna el mismo día del inicio de las sesiones del juicio oral, sin que su existencia hubiera sido mencionada en ningún momento anterior, ni conocida por las personas que depusieron en el plenario, que no hicieron referencia a la misma, no constituye prueba bastante, apta para conducir a la pretendida absolución del apelante.

Damos por reproducida la Jurisprudencia del a Sala Segunda del Tribunal Supremo citada por el apelante y los apelados, jurisprudencia que apunta en la misma dirección, la necesidad de establecer mecanismos de control, cuya ausencia determina la existencia de la responsabilidad aquí declarada.

Resulta oportuna la cita de la reciente STS, Penal sección 1 del 14 de octubre de 2025, que contiene un detallado estudio del artículo 31 bis del Código Penal:

"Esta Sala en su jurisprudencia ha ido perfilando la naturaleza y fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde la Sentencia de Pleno 154/2016, de 29 de febrero , que diseñó el modelo, al tiempo que expresaba la necesidad de instaurar una "cultura de respeto al derecho", posteriormente entendido como "delito corporativo", ( STS 221/2016, de 16 de marzo ).

La Sentencia de Pleno señaló: "(...) lo que no admite duda, visto el texto legal ( art. 31 bis CP , especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis. 1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a ) y 2 CP , tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica". (...)

Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o "modelos de cumplimiento "exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o .menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar. No en vano se advierte cómo la recientísima Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de Enero, al margen de otras consideraciones cuestionables, hace repetida y expresa mención a la "cultura ética empresarial" o "cultura corporativa de respeto a la Ley" (pág. 39), "cultura de cumplimiento" (pág. 63), etc., informadoras de los mecanismos de prevención de la comisión de delitos en su seno, como dato determinante a la hora de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, independientemente incluso del cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Código Penal de cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad a la que alude el apartado 2 del actual artículo 31 bis CP .

Y si bien es cierto que, en la práctica, será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida "cultura de cumplimiento " que la norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese como obligación ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal ya que ello equivaldría a que, en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en claro peligro planteamientos propios de una hetero responsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, a los que expresamente se refiere el mismo Legislador, en el Preámbulo de la Ley 1/2015 para rechazarlos, fijando uno de los principales objetivos de la reforma la aclaración de este extremo (...).

De lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es esencial para concluir en su condena y, por si la acusación se ha de ver lógicamente obligada, para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión".

(...)

Según la Circular 1/2016 de Ja Fiscalía General del Estado, partiendo de un planteamiento diferente acerca de esa tipicidad, la eximente habría de situarse más bien en las proximidades de una "excusa absolutoria " vinculada a la punibilidad, pág. 56, afirmación discutible si tenemos en cuenta que una "excusa absolutoria" ha de partir, por su propia esencia, de la previa afirmación de la existencia de la responsabilidad, cuya punición se excluye, mientras que a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.

Circunstancia de exención de responsabilidad que, en definitiva, lo que persigue esencialmente no es otra cosa que posibilitar la pronta exoneración de esa responsabilidad de la persona jurídica, en evitación de mayores daños reputacionales para la entidad, pero que en cualquier caso no debe confundirse con el núcleo básico de la responsabilidad de la persona jurídica, cuya acreditación por ello habrá de corresponder a la acusación, en caso de no tomar la iniciativa la propia persona jurídica de la búsqueda inmediata de la exención corriendo con la carga de su acreditación como tal eximente".

En el mismo sentido la STS 221/2016, de 16 de marzo "Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP , pero el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito cometido por la persona física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica, de forma mucho más precisa, a partir de la reforma de 2015.

La Sala no puede identificarse -insistimos, con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica- con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y para alcanzar esa conclusión no es necesario abrazar el criterio de que el fundamento de la responsabilidad corporativa no puede explicarse desde la acción individual de otro.

Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado".

"(...) sea cual fuere el criterio doctrinal mediante el que pretenda explicarse la responsabilidad de los entes colectivos, ésta no puede afirmarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física. La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan "...incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso". Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes colectivos. La pregunta es obvia: ¿puede sostenerse que el desafío probatorio que asume el Fiscal no incluye la acreditación de que ese incumplimiento de los deberes de supervisión es grave?

En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad".

(...)

En otras sentencias hemos destacado aspectos relacionados con esa responsabilidad. Así en la STS 668/2017, de 11 de octubre , destacamos la responsabilidad por el hecho propio y diferenciando de las personas físicas: "Así lo afirmábamos en la STS 154/2016, 29 de febrero : "... el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización". Añadíamos que la responsabilidad de los entes colectivos aparece, por tanto, ligada a lo que la sentencia denomina "... la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos"."

En el mismo sentido la STS 123/2019 de 8 de marzo : ""(...) La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho. Para que sea condenada, es precisa la comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de las personas en dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por ese delito. Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su comisión".

"(...) Por lo tanto, a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física, en el cual, generalmente, participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos. No se trata, pues, de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica. A ésta le concierne, pues, no solo lo relativo a si su organización contiene medidas o planes de cumplimiento normativo, integrantes o no de un plan completo, establecidas con la finalidad de prevenir delitos o de reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También le afecta todo lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las personas físicas, con todas las circunstancias que pudieran influir en la evitabilidad del delito concreto imputado, así como a la calificación jurídica de la conducta "

La STS 165/2020, de 19 de mayo , excluye un modelo de responsabilidad objetiva: "(...) esta Sala Casacional ya ha formado un cuerpo de doctrina desde la STS 514/2015, de 2 de septiembre , que anuncia el principio de culpabilidad en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, siguiendo por la STS 154/2016, de 29 de febrero , con Sala formada en Pleno, que analiza los contornos de este tipo de responsabilidad, en donde ya se declara que no es posible un régimen de responsabilidad objetiva, y que su fundamento se residencia en la falta de control y de vigilancia. La STS 221/2016, de 16 de marzo , que proclama el delito corporativo, pasando por las siguientes Sentencias: STS 516/2016, de 13 de junio , con su Auto de aclaración (28-6-2016); STS 827/2016, de 3 de noviembre ; STS 121/2017, de 23 de febrero ; STS 583/2017, de 19 de julio ; STS 260/2017, de 6 de abril ; STS 455/2017, de 21 de junio de 2017 ; y STS 668/2017, de 11 de octubre de 2017 , entre otras. "

Igualmente, la STS 949/2022, de 13 de diciembre de diciembre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo puede ser declarada cuando concurran los presupuestos típicos establecidos en la ley y cuando todos y cada uno de ellos sean objeto de debate y prueba y declarados probados en el juicio histórico.

(...)

También respecto al modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas, la STS 298/2024, de 8 de abril : "La responsabilidad penal de una persona jurídica además de un elemento nuclear positivo (comisión de un delito por quien actúa como directivo o empleado del ente) (i), otro normativo (que se trate de uno de los delitos en que está prevista esa posible responsabilidad) (ii) y otro negativo (que no esté implantado un plan de cumplimiento eficaz que haya tenido que ser burlado para la actuación delictiva del agente) (iii), reclama un elemento accesorio que es pieza imprescindible: el delito, objetivamente considerado y con independencia del móvil del agente, ha de redundar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica."

Esta relación jurisprudencial, además de perfilar el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, reitera el principio de autorresponsabilidad y la necesidad de que en el hecho probado se refleje el comportamiento de la persona jurídica que pueda ser subsumible en el tipo penal, sobre el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento para el control de riesgos de las actividades de la persona jurídica."

A la luz de dicha doctrina, y tal y como se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, se ha establecido como hecho probado la ausencia de "...control cierto y real de la gestión y documentación de la empresa encaminada directamente a evitar fraudes en las subvenciones como el que es objeto de la presente causa, ni de cualquier otro delito contra la hacienda pública, como no se identifica que persona u órgano se va a encargar de la fiscalización, y como se prevé la realización de la misma".

Sexto.-INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 31 QUATER C) Y 31. BIS POR INDEBIDA INAPLICACIÓN DE LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO A INDULLEIDA S.A., O MINORACIÓN DE PENALIDAD POR CAUSA DE NO ACREDITACIÓN TOTAL ME MEDIDAS Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE SUPONGAN CUMPLIMINETO NORMATIVO Y HABILITEN SU CASO LA EXENCIÓN PENAL.

En tal sentido, cabe señalar y así consta que por INDULLEIDA se ha procedido a asegurar y garantizar de manera idónea, suficiente y bastante en Derecho (sea en el procedimiento administrativo paralelo o, lo sea con el complemento por intereses efectuado en este procedimiento y sede, declarándose en ambos lugares como idónea y suficiente la garantía prestada) las totales cuantías reclamadas por las acusaciones en concepto de principal y/o intereses y, por lo tanto, el FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA tiene absolutamente asegurado el correspondiente cobro en caso de confirmarse la procedencia y corrección del reintegro y su cuantía. La atenuante de reparación es un precepto que resulta beneficioso para el acusado y que, por tanto, admite interpretaciones extensivas favorables al reo e incluso analogía in bonam partem. En este sentido, conviene señalar también que la aplicación de dicha atenuante no exige la reparación completa del daño causado, sino que basta con que se observe una disminución de dicho perjuicio. Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros. Por tanto, teniendo garantizado plenamente el cobro el organismo público reclamante en caso de que se confirme su legitimidad, es evidente que INDULLEIDA merecía que se le aplicara la citada atenuación por el esfuerzo económico realizado. También, porque dicho íntegro y total aseguramiento que garantiza, con anterioridad al Juicio Oral, la total y plena reparación económica del FEGA, si esta procediera, supone minimizar o, como mínimo, disminuir el posible daño causado, al eliminar todo y cualquier posible sufrimiento o incertidumbre de impago.

No procede estimar este motivo de recurso. Efectivamente, tal y como recoge el Magistrado en su sentencia, no se ha producido una acción significativa de "c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito",tal y como se contempla en el artículo 31 quarter del Código Penal. El propio recurrente especifica los motivos y la forma en la que ha prestado la caución en el Procedimiento administrativo, explicando que "Tal disminución -y la correspondiente íntegra reparación- están absolutamente garantizadas en caso de que en el procedimiento contencioso se confirme la cuantía reclamada y, en el supuesto de que ello no suceda, es evidente que el FEGA carecerá de título legítimo para reclamar los citados 2.114.146,27 euros".

No es este el sentido y finalidad del concepto de reparación del daño que se prevé en el citado precepto, puesto que no existe en ningún momento intención de reparar o disminuir el daño. Así lo explica el Magistrado en su sentencia:

"En el presente caso no puede estimarse que concurra la atenuante prevista en el nº 1-c del artículo 31 quater c) del Código penal en cuanto este apartado exige "haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito", lo que en ningún momento se ha realizado por INDULLEIDA, que se ha limitado a prestar caución en el procedimiento administrativo de reintegro para posibilitar el recurso contra la resolución del juzgado contencioso administrativo contraria a sus intereses, con la evidente voluntad de retirarla si obtiene una resolución favorable. Mas ello no implica la reparación del daño que exige el pago del principal debido y de sus intereses, o en los términos del artículo 308-6 CP "se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió".

Séptimo.-CON CARÁCTER SUBSIDIARIO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEGAL POR VULNERACIÓN DEL ART. 66 BIS CP EN RELACIÓN CON LOS ARTS. 31. BIS, 66.1 CP, 72 CP, 9.3, 24.1 Y 120.3 CE EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE MULTA IMPUESTA A INDULLEIDA S.A.

Sobre este motivo, idéntico al planteado por la defensa de Pascual, lo desestimamos con remisión a la fundamentación expuesta en el apartado Quinto B) del análisis del recurso formulado por dicho acusado.

TERCERO.- RECURSO INTERPUESTO POR Dª María José Rodríguez Teijeiro, procuradora de los tribunales, actuando en representación de Adrian

Primero.- Motivos del recurso:

Los motivos del recurso interpuesto por dicha representación son los siguientes:

Segunda - Error en la valoración de las pruebas: inexistencia de doble petición de préstamo al Institut Català de Finances y de subvención de intereses a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

Tercera - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo

Cuarta - Infracción del artículo 308.1 del código penal: ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención

Quinta - Infracción del artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito

Segundo.-Análisis del motivo segundo, realmente el primero de los planteados en su escrito.

La naturaleza del motivo es la del pretendido error en la valoración de la prueba sufrido por el Juzgador de la Instancia al considerar que, dada la equivocada redacción del relato fáctico de la sentencia, el Juzgador concluye que el recurrente tenía conocimiento de la concesión de una subvención relativa a los intereses del préstamo concedido por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y ocultó dicha circunstancia al solicitar la ayuda del FEGA.

Por ello considera necesario ordenar el relato cronológico recogido en los hechos probados de la sentencia, en el sentido que se explica en el motivo:

"El redactado cronológico de los hechos pone de relieve dos de ellos, que han sido debidamente destacados. Por un lado, que el Sr. Adrian se jubiló y cesó definitivamente como director general de Indulleida el 27 de noviembre de 2018, siendo relevado en el cargo por otro director general.

(...) 8. La fecha del cese se indica en el primer párrafo de los hechos probados, aunque sin contextualización ni conexión cronológica con el resto del relato fáctico a pesar de ser un elemento de trascendencia capital. La existencia de un director general entre ambos acusados ni siquiera se menciona, cuando es un dato que, además de ser demostrativo de la nula conexión entre éstos últimos, resulta clave porque fue durante el mandato de ese director general cuando se recibió la resolución de la DGI concediendo la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo formalizado con el ICF.

(...) 9. La afirmación fáctica que se reputa errónea y que justifica el presente motivo de revisión por error en la apreciación de la prueba es la relativa a la actuación del Sr. Adrian para la solicitud del préstamo al ICF.

(...) La sentencia, por lo tanto, afirma una doble solicitud efectuada por el Sr. Adrian: por un lado, la del préstamo al ICF de fecha 18 de abril de 2018 y, por el otro, la de la bonificación de intereses de dicho préstamo, que se dice hecha el día 25 del mismo mes.

(...) La demostración definitiva de que el acontecimiento 245 no es una solicitud se encuentra en la única solicitud efectivamente presentada al ICF. Así, el documento número 1 del expediente remitido por el ICF (archivo 245 de Cloud Justicia) es la "solicitud de préstamo al ICF y bonificación de intereses del Departament d'Empresa i Coneixement", presentada el 18 de abril de 2018.

(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

(...) La documentación detallada concuerda plenamente con la tesis sostenida por el Sr. Adrian, que además fue avalada por la declaración testifical de la Sra. Marí Juana, directora financiera de Indulleida hasta el 17 de enero de 2019, en el sentido de que se desconocía, y no se pudo conocer, que con la solicitud de préstamo al ICF la empresa se postulaba para la obtención de una subvención.

(...) en dicha fecha, el 18 de diciembre de 2018, cuando se dicta la resolución de la DGI que otorga la "subvención en forma de bonificación de intereses", el Sr. Adrian ya no era director general de la em presa puesto que, como ya se ha indicado, había cesado por jubilación el 27 de noviembre de ese mismo año, siendo definitivamente relevado en el cargo por un nuevo director general, el Sr. Primitivo, que había sido nombrado como tal en la reunión del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2018 (folio 78 de las actas) para que durante los meses siguientes compartiera cargo y se llevara a cabo una adecuada transición en la empresa.

(...) De ello se desprende que el Sr. Adrian no tuvo conocimiento de la concesión de la bonificación de los intereses (recordemos que, desde la fecha de aprobación del préstamo, el 14 de junio de 2018, hasta el momento de su cese, los intereses no estuvieron bonificados), que tampoco tuvo conocimiento de que se tratara de "una subvención en forma de bonificación de intereses" y, finalmente, que no pudo llevar a cabo, más allá de la obviedad de que no le correspondía hacerlo por no ostentar cargo alguno en la empresa, ninguna actuación en relación con esa segunda subvención.

(...) En realidad, cabe ir más allá y afirmar que el Sr. Adrian no cesa dejando una bonificación de los intereses pendiente de resolver, sino que lo hace con una petición que puede entenderse desestimada por efectos del silencio administrativo al haber transcurrido el plazo normativamente previsto para resolverla.

(...) Considerando que la solicitud de préstamo y bonificación de intereses se presentó el 18 de abril de 2018, que el préstamo se concedió el 14 de junio de ese mismo año y que ni el 18 de octubre, fecha en que se cumplían los seis meses desde la solicitud, ni en ningún momento posterior hasta el 27 de noviembre, fecha de cese del Sr. Adrian, se dictó y notificó la resolución sobre la concesión de la bonificación de los intereses, puede concluirse que la marcha de la empresa del Sr. Adrian se produce con esa petición de bonificación de intereses rechazada."

Las alegaciones expuestas por el recurrente no son suficientes para considerar la existencia del error alegado.

Ciertamente, examinado el documento presentado por la Abogacía del Estado y obrante al acontecimiento 245, es lo cierto que consta la solicitud firmada por el apelante dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, y aun cuando así no fuera, como es de ver en el propio alegato el apelante se refiere a la solicitud del préstamo y a la solicitud de la bonificación del interés, alegando que ambas solicitudes se realizaba en unidad de acto.

El documento referido sin embargo, es un Anexo, tal y como figura en el mismo, a dicha solicitud, y está fechado como lo indica la resolución apelada.

Por ello el alegato en cuanto a la diferente secuencia cronológica que propone el recurrente resulta intrascendente, puesto que ello no obsta al reconocimiento de la solicitud de bonificación de los intereses del préstamo, lo que en ningún momento ha negado, así como tampoco haber realizado las declaraciones a que se refiere el relato fáctico, acerca de la inexistencia de cualquier otra solicitud de subvención para el mismo objeto.

Por lo que esta parte de la alegación no se estima como apta para sustentar el error en la valoración imputado.

Por otra parte, sostiene que, en el momento de cesar en el cargo por jubilación, no había recibido noticia acerca de la concesión de dicha solicitud de bonificación, que efectivamente se produce días después de que cesara en su cargo.

Sin embargo ello no obsta a la conclusión condenatoria alcanzada en la resolución impugnada, puesto que como consta claramente en la resolución, con remisión a la normativa que disciplina la materia, "Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250);Esto es se realiza la solicitud de pago después de haber solicitado la subvención de parte de los intereses del préstamo, y antes de que se produzca el cese en sus funciones.

De ahí concluye el Magistrado que:

"Sin embargo esa notificación como obligación de la concesión de la bonificación de los intereses del préstamo deviene de forma clara en la Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Que bajo el epígrafe 2 de Solicitud de ayuda y documentación establece que Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", acompañadas de la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: a. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo III, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible; - no encontrarse en situación de crisis conforme a la normativa comunitaria; - no tener pendiente de recuperación ninguna ayuda financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto; ay - no encontrarse inmersa en un proceso de reintegro de subvenciones".

Y por último, no resulta relevante que la concesión de esta segunda ayuda, la del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya se comunicara a la entidad con posterioridad al cese del acusado en sus funciones, ni que la tardanza en la resolución administrativa le pudiera conducir a pensar que la subvención parcial de los intereses del préstamo se había denegado, puesto que, en todo caso, la había solicitado, y lo había ocultado en la solicitud de pago, por lo que, tal y como se explica reiteradamente en la sentencia, supone el cumplimiento de los elementos del tipo.

Tercero.-En el tercero de los motivos denuncia el apelante la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la obtención, durante el mandato del Sr. Adrian, de la subvención en forma de bonificación de los intereses del préstamo.

En el motivo, desarrollado a lo largo de los epígrafes 40 a 54, analiza el apelante cual sea el elemento objetivo del delito objeto de imputación y condena, considerando que uno de los elementos objetivos del delito de fraude de subvenciones, que le confiere su naturaleza de delito de resultado: la obtención de subvenciones o ayudas. Sin obtención de subvención no existe delito, la acción típica es obtener, no solicitar.

Considera que la sentencia no afirma la existencia de ningún concierto entre los acusados para la realización de los hechos que declara probados, lo exigible es que la concurrencia de los elementos objetivos del delito se dé con referencia a cada uno de ellos.

Argumenta que procede examinar si, de acuerdo con los hechos que la sentencia declara probados, el juicio de subsunción de los mismos en la norma penal permite afirmar que al Sr. Adrian obtuvo una subvención (la bonificación de intereses por parte de la DGI) que resultara incompatible con la del FEGA, y concluye que la respuesta es claramente que no, que mientras el Sr. Adrian ejerció como director general no recibió subvención alguna en forma de bonificación de los intereses del préstamo porque, estando vigente su mandato, lo cierto es que solo obtuvo la subvención del FEGA y un préstamo bancario sin ningún tipo de bonificación de intereses.

Cuando el 13 de septiembre de 2018 solicita al FEGA el pago de las dos primeras justificaciones, no existe bonificación de intereses que comunicar ya que la resolución de la DGI es de fecha 18 de diciembre de 2018. el 13 de septiembre de 2018 solo se podría haber comunicado al FEGA que se había obtenido un préstamo bancario con unos intereses, no bonificados, del Euribor más un 2,95%.

Alega además un matiz que resulta altamente relevante, y es que una atenta lectura de los hechos probados de la sentencia pone de manifiesto que, en realidad, no se reprocha al Sr. Adrian haber solicitado el pago de la subvención del FEGA sin comunicarle la concesión de la bonificación de los intereses. Parece que dicha imputación queda reservada al otro acusado, el Sr. Pascual.

La extensa y confusa argumentación, en la que se mezclan cuestiones de diferente naturaleza y se altera el orden de los hechos reconocidos por el propio acusado, no puede estimarse en este alzada, en el sentido pretendido de negar la naturaleza delictiva a la acción desarrollada por el acusado.

En cuanto a la naturaleza del delito, el momento de consumación y las cuestiones referidas a la autoría, nos remitimos a las razones expuestas al analizar el recurso interpuesto por los otros imputados.

En cuanto a la falta de obtención de la bonificación de intereses solicitadas, es un hecho cierto, tal y como hemos analizado en el precedente apartado, que el recurrente había solicitado tal bonificación, y consta en la causa, y no es negado por el recurrente, que no manifestó la existencia de tal solicitud al solicitar el pago de las certificaciones en fecha 13 de septiembre, cuando continuaba al frente de INDULLEIDA.

En el relato fáctico de la sentencia, en contra de lo que afirma el recurrente, sí se contempla tal acción, la reclamación del pago de la subvención concedida por el FEGA correspondiente a la primera anualidad:

"A la primera anualidad correspondían 1.161.474,62 euros, importe que representaba el 56,87% de la inversión total a justificar, que ascendía a 2.114.832,44 euros. A la segunda anualidad correspondían 2.480.278,84 euros, importe que representaba el 50,74% de la inversión total a justificar, que ascendía a 5.219.699,10 euros . La mercantil INDULLEIDA SA presentó las justificaciones los siguientes días:

- El 13 de septiembre de 2018 para la Ayuda a transformados frutas y vegetales (existiendo un requerimiento posterior de subsanación el 8 de octubre de ese mismo año, que se atiende en plazo el 16 de octubre).

- El 13 de septiembre de 2018 para la primera anualidad de la ayuda a la ampliación y mejora de instalaciones (con posterior requerimiento de subsanación el 10 de octubre, que se atiende en plazo el 23 de octubre).

(...) En fecha 18 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito un préstamo al Institut Català de Finances (en adelante, ICF) en el marco de la Orden EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. En fecha de 25 de abril de 2018 Adrian, en representación de INDULLEIDA, solicito de la Direcció General d'Indústria la bonificación de los intereses del referido préstamo. En fecha de 14 de junio de 2018, el ICF concedió a INDULLEIDA el préstamo por importe de 6 millones de euros. - En fecha 19 de diciembre de 2018, la Direcció General d'Indústria concedió la bonificación de intereses solicitada."

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se señala, al analizar la prueba practicada, y la fundamentación jurídica de la conclusión condenatoria alcanzada:

"... Constando de la documental aportada y no discutida por las partes: la solicitud de pago realizada el 15 de octubre de 2018 por el acusado Adrian como consejero Delegado de INDULLEIDA, en la que expresamente se hace constar que no incurre en ninguno de los supuestos del art. 132 y 133 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (acontecimiento 250):

(...) Muy al contrario de las declaraciones de los acusados en el acto del plenario poniendo de manifiesto de forma expresa que entienden que no debían notificarla, pues para ellos dicha bonificación de intereses no era una subvención ni una ayuda pública, ha de tenerse plenamente acreditado que ni al tiempo de solicitar la subvención al FEGA ni en las posteriores solicitudes de pago parciales de la misma pusieron en conocimiento la existencia de dicha bonificación de intereses del préstamo. Máxime cuando Adrian declara en juicio que no le comunico al FEGA la petición del préstamo con bonificación de intereses.

(...) Resolución de 20 de febrero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (...) Y en su apartado noveno bajo el epígrafe de Solicitud de pago y documentación establece "3. Las solicitudes de pago se acompañarán con la documentación que se indica a continuación, utilizando los modelos que figuran en los anexos de la presente resolución, en su caso: f. Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV, de: - no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; - no haber solicitado ni recibido incompatibles para la misma finalidad y objeto;

REAL DECRETO 1010/2015, DE 6 DE NOVIEMBRE(...) Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas. 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los gastos financiados por las ayudas previstas en este real decreto no pueden recibir ninguna otra financiación con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación pública. Del mismo modo, los gastos sufragados por cualquier otra financiación pública no podrán percibir las subvenciones previstas en este real decreto. (...) 4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una declaración responsable de no haber recibido ayudas incompatibles. Igualmente, en caso de haber solicitado ayuda para los mismos gastos en otros regímenes de ayuda en convocatorias aún no resueltas, lo hará constar en dicha declaración. acompañada Disponiendo en su Artículo 11. Documentación que acompañe a la solicitud. La solicitud deberá ir de la documentación que se indica a continuación, sin perjuicio de documentación adicional que pueda exigirse en cada convocatoria anual: 2. Declaración responsable de no haber solicitado ni recibido ninguna ayuda incompatible, según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.".

En consecuencia, de las pruebas practicadas se deduce con claridad y el propio acusado lo reconoce, que en el momento de la solicitud de pago de la ayuda, el apelante, en nombre de la entidad a la que representaba, había solicitado otra subvención, con la misma finalidad y objeto, y no lo comunicó en la declaración responsable, conforme se indica en la sentencia.

Cuarto.-En la misma línea del anterior motivo, se alega por el recurrente la ausencia del elemento objetivo del delito relativo a la ocultación de las condiciones que hubieran impedido la concesión de la subvención.

Considera que en el relato fáctico no se hace referencia a tal circunstancia por lo que ello bastaría para no estimar procedente la condena del recurrente, añadiendo que el agotamiento del derecho a la defensa de esta parte debe permitir la respuesta a cualquier ejercicio de heterointegración de los hechos probados con los datos fácticos que aparezcan desperdigados en los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Concluye que debe quedar definitivamente asentado que, en contra de lo que la sentencia afirma en su fundamentación jurídica, no tenía ninguna obligación de comunicar al FEGA ni la intención de solicitar ni la propia solicitud de préstamo con intereses bonificados.

Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el precedente apartado, sin que considere a -Sala que el relato fáctico resulte insuficiente, a la vista de los párrafos del mismo que se han extractado en dicho precedente ordinal, y a los razonamientos contenidos en la sentencia, relativos a las conductas manifestadas por el propio recurrente, acerca de la falta de información acerca de la solicitud de bonificación a la que nos venimos refiriendo.

Quinto.-El último motivo del recurso hace referencia al elemento subjetivo: infraccióndel artículo 308.1, en relación con el 5 y el 12, del código penal: ausencia de dolo como elemento subjetivo del delito.

En el también extenso y reiterativo desarrollo del motivo, haciendo referencia a muchas de las cuestiones ya tratadas en los anteriores motivos del recurso, argumenta el recurrente que:

".... el sujeto debe actuar con voluntad y conocimiento de obtener una subvención y con voluntad y conocimiento de que lo consigue ocultando extremos que lo habrían impedido.

Es en el segundo fundamento de derecho donde parece llevarse a cabo el ejercicio de subsunción respecto al elemento subjetivo del delito.

(...) Desde la perspectiva del elemento intencional, el Sr. Adrian siempre ha mantenido con vehemencia que actuó en todo momento con el pleno convencimiento de que, a diferencia de la ayuda del FEGA, la bonificación de los intereses del préstamo solicitado al ICF no era una subvención y mucho menos de que ello pudiera llegar a conferir esa cualidad a la totalidad de dicho préstamo.

(...) Se insiste nuevamente en que el Sr. Adrian "nunca notifica al FEGA esta solicitud de bonificación que realiza a un organismo público". Si bien dicha afirmación es cierta, ya se ha dicho que no existía obligación de hacer ninguna otra comunicación que no fuera la de concesión de una segunda subvención ( artículo 14.1.d) de la ley general de subvenciones) y, además, como se expondrá, el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo.

(...) La analogía o íntima vinculación conceptual que con tanta facilidad traza la sentencia entre bonificación y subvención debe ser rechazada ya que se trata de conceptos extremadamente alejados. Así, el término bonificación, sinónimo de mejora, descuento, rebaja o deducción, es totalmente ajeno al ámbito de las subvenciones. De hecho, la ley general de subvenciones no contiene el término.

(...) A ello hay que añadir que en la documental aportada por el ICF no aparece en ningún momento nada relacionado, directa o indirectamente, con una subvención o algo que se le asemeje. Al menos, como ya se ha dicho de forma reiterada, (...) No es hasta la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018 (documento 40 del expediente del ICF) donde, por primera vez, aparece un dato claramente indicativo de que se estaba ante la obtención de una segunda subvención "en forma de bonificación de intereses"; momento en el cual, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, el Sr. Adrian no estaba vinculado a la empresa y, por lo tanto, no tuvo ni siquiera ocasión de reaccionar frente a esa resolución y actuar con forme a su contenido explícito.

(...) De ello puede sacarse una primera conclusión útil en el caso que no ocupa, y es que el préstamo no es subvención desde el mismo momento en que se solicita sino que se transmuta en subvención de forma sobrevenida, en el momento y solo para el caso en que sus intereses, en todo o en parte, sean bonificados. Se refuerza así la idea de que sólo cabe hablar de subvención a partir del momento en que la DGI dicta la resolución bonificando los intereses.

(...) Lo necesario y determinante, cuando se trata de analizar la concurrencia del elemento subjetivo del delito en forma de dolo, es si existen elementos que permitan afirmar la voluntad y el conocimiento de un actuar antijurídico por parte del Sr. Adrian, abarcando esa intención de defraudar al conocimiento de que cuando se solicitaba el préstamo se podía acabar obteniendo una subvención si se concedía la bonificación de los intereses. La respuesta negativa a esta cuestión hace irrelevante preguntarse si concurría también un conocimiento sobre el segundo elemento objetivo del delito (la ocultación), dado que resultaría absurdo sostener que se están ocultando datos sobre algo que no se es consciente de estar haciendo (solicitar una subvención)".,

De la anterior exposición, resumida, del contenido del motivo que analizamos, es fácil observar que el mismo supone una reiteración de los argumentos expuestos con anterioridad, para concluir que que el apelante ignoraba que le fuera a ser concedida una subvención en forma de bonificación del interés pactado del préstamos, y que por ello, según afirma, "...el Sr. Adrian nunca vio motivo para, a su juicio, comunicar al FEGA la solicitud de préstamo".

Hemos de apuntar que la argumentación construida quiebra desde el momento en que el propio apelante, en el primero de los motivos de su recurso incidió en el error cronológico en que a su juicio incurría la resolución impugnada, ya que, según afirma en dicha alegación "(...) Como es de ver, se trata de una solicitud única por la que se pide un préstamo con intereses bonificados, dirigida al ICF. No estamos, pues, ante una solicitud de préstamo presentada al ICF y otra solicitud de bonificación de intereses presenta da a la DGI. 21. La peculiaridad reside en que dicha solicitud única genera dos resoluciones dictadas por órganos distintos, de contenido distinto y en fechas distintas: por un lado, la resolución del ICF de 14 de junio de 2018, aprobando el préstamo (documento 25 del expediente del ICF2), y, por el otro, la resolución de la DGI de 18 de diciembre de 2018, concediendo la bonificación de parte de los intereses de dicho préstamo (documento 40 del expediente del ICF3). Esta segunda resolución confirma que hubo una única solicitud porque, como es de ver en su contenido, hace expresa referencia a "la solicitud de ayuda presentada en fecha 18 de abril de 2018, ante la Direcció General d'Indústria, a través del Institut Català de Finan ces".

Así pues, el mismo afirma que solicitó ambos instrumentos, préstamo y bonificación de intereses, insiste que en la misma fecha, lo cual es irrelevante, pero sí pone de manifiesto su indudable voluntad de obtener el beneficio que suponía la bonificación de intereses, que según se recoge en Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, Artículo 2 en su nº 4 apartado h deja patente que no tienen carácter de subvenciones "El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".

Así razona la Sentencia que dicho precepto "...es claro y que interpretado a sensu contrario deja de forma clara y meridiana que es subvención el crédito oficial en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de operación de crédito, que es lo que acaece con INDULLEIDA".

En definitiva, el que no viera motivo, según afirma, para comunicar la existencia de la solicitud formulada de bonificación de intereses, cuyo significado ya hemos explicado, y que por su condición empresarial no podía ser desconocido por el apelante, no equivale a la alegada falta del elemento subjetivo del injusto que invoca en la alegación, que va a ser por ello desestimada.

CUARTO.- RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVO Y PREVENTIVO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO D. EDUARDO SÁNCHEZ CANOYRA, en la representación y defensa que por ministerio de la Ley ostenta del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

Primero.- Motivos del recurso

MOTIVO ÚNICO. - Por quebrantamiento de forma y omisión en la apreciación de la prueba sobre documentos literosuficientes que obran en autos, para el caso de que la Sala a las que nos honra dirigirnos estimara alguno de los motivos del recurso de apelación formalizado por D. Adrian.

Tal y como solicitó el recurrente adhesivo: "Nuestro recurso de apelación tiene carácter preventivo pues sólo la eventual estimación de cualquiera de los motivos de recurso de apelación formalizado de contrario comportaría la aparición o surgimiento de un gravamen que nos legitimaría para recurrir. La "adhesión ad cautelam" es siempre una especial forma de adhesión a la apelación que se caracteriza por fundarse no en un perjuicio o gravamen directo, sino en uno que pudiera llegar a ser posible. No ejercer esta posibilidad procesal tendría por posible último efecto la firmeza de una sentencia -la absolutoria de la Sala- que, por el principio de la proscripción de la reformatio in peius que enseñorea el recurso del apelante principal, no podría restaurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex artículo 24 CE que entendemos vulnerado en la instancia ante una omisión probatoria ( STS 178/2011, de 23 de febrero ). Es decir, sólo el dictado de una sentencia absolutoria por la Sala de Apelación nos permitiría constatar y censurar la vulneración del citado derecho que se deriva de la omisión probatoria en que incurre el Juzgado a quo."

No procede el análisis de dicho motivo al no haber estimado la Sala ninguno de los motivos del recurso interpuesto por el referido acusado Adrian.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,