Sentencia Penal 225/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 1, Rec. 109/2025 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO:La representación de Carlos interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia en base a los siguientes motivos: error en la valoración de la prueba, en la medida en que el Sr. Basilio manifestó que fue el único que golpeó al denunciante y no es compatible la levedad de las lesiones con que fueran tres los agresores; que el relato del denunciante sobre la sustraccióndel móvil no ha sido persistente ni existe suficiente prueba de que el Sr. Carlos se apoderara del móvil, puesto que el testimonio del Sr. Marcos no fue contundente en este aspecto, sin que se practicaran diligencias para localizar el móvil con posterioridad a los hechos ni para acreditar su titularidad por el perjudicado ni sus concretas características.

SEGUNDO:La defensa de Basilio interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia en base a los siguientes motivos: infracción del artículo 66 en relación con el artículo 50 CP por la aplicación de la pena de multa, puesto que no se razona la causa por la que se impone una pena de dos meses, dada la menor entidad de las lesiones, por lo que debe imponerse una pena de multa de un mes; que procede la imposición de una cuota de multa de dos euros, en lugar de los 8 impuestos; error en la valoración de la prueba respecto del delito de robo, puesto que Basilio no cogió el móvil ni ha quedado acreditado que tuviera intención de sustraer el móvil ni que existiera concierto entre los acusados para sustraer el móvil, existiendo contradicciones en el testimonio del Sr. Marcos sobre este extremo, como se evidencia en el hecho de que la sentencia no vincula la agresión con la sustracción del móvil.

TERCERO.-La representación de Luis Francisco interpuso recurso de apelación contra la sentencia de instancia en base a los siguientes motivos: error en la valoración de la prueba atinente al delito leve de lesiones, toda vez que Basilio manifestó en el juicio que sólo él agredió al denunciante; error en la valoración de la prueba respecto del delito de robo, puesto que debe considerarse que el perjudicado ha incurrido en contradicciones sobre el modo en que se le pudo sustraer el móvil, ya desde el momento en el que comparece ante la Policía para la elaboración del atestado, debiéndose también considerar el testimonio que prestó la testigo Sofía, que manifestó no haberse percatado de la sustracción del móvil.

El Ministerio Fiscal solicitó la desestimación de los recursos interpuestos.

CUARTO.-Procede analizar, en primer lugar, los motivos formulados en el recurso de apelación de Carlos.

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se establece que para enervar la presunción de inocencia es preciso, no solo la existencia de una mínima actividad probatoria legalmente obtenida, sino que su contenido tenga entidad suficiente para construir enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para sustentar el fallo condenatorio y la convicción a la que llega el órgano sentenciador. La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía que debe presidir todo proceso deductivo ( sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 1.990). Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el órgano de primera instancia en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento CriminalLegislación citadaLECRIM art. 741; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Marzo de 1.986 ), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo.

Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el Juicio Oral, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al órgano juzgador ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre y de 27 de octubre de 1995). Y como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución EspañolaLegislación citadaCE art. 24.2), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en los artículos 741 y 973 citados) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente ( sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1.987 y 2 de julio de 1.990, entre otras). Por ello, el juez de instancia únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

En lo que concierne a las lesiones padecidas por el denunciante, las mismas están corroboradas por la documentación médica obrante en las actuaciones, tanto la que está incorporada al atestado como el propio informe médico forense que obra en las actuaciones.

Asimismo, hemos de considerar que el testimonio del denunciante fue coherente y persistente, no apreciándose lagunas o inconsistencias en el mismo. Además, fue corroborado por los testigos que su defensa presentó, quienes pudieron comprobar la forma en la que los tres acusados agredían al perjudicado, llegando uno de tales testigos ( Amelia) a pormenorizar cómo vio la forma en la que Carlos se apoderaba del teléfono móvil del Sr. Leon.

Se ha de desestimar el recurso interpuesto, no entendiéndose óbice para imponer la condena al recurrente el hecho de que en la resolución apelada no se especifique el modelo o concretas características del teléfono del perjudicado, al existir prueba sólida y válida en derecho que permite acreditar la preexistencia del mismo y su sustracción por este apelante.

Se desestima el recurso de apelación, por lo expuesto, formulado por el Sr. Carlos.

QUINTO.-El recurso de apelación del Sr. Basilio se refiere, en uno de sus motivos, a la ausencia de prueba sobre su participación en el delito de robo del teléfono móvil.

La sentencia de instancia menciona tres datos fácticos de los que deduce la participación de los tres acusados en la sustracción del móvil: en primer lugar, reseña que los tres participaron activamente en las agresiones de que fue objeto el denunciante; en segundo lugar, concreta que Carlos procedió a apoderarse del móvil en el seno de la agresión; y, por último, refiere que los tres acusados abandonaron el lugar con el móvil.

En relación a esta cuestión, la participación en el delito de robo del apelante, Sr. Basilio, procede traer a colación el contenido de la STS de 24 de octubre de 2019, según la cual: "Para resolver la cuestión de las desviaciones en el curso de una acción conjunta hemos declarado que el acuerdo de voluntades, el condominio funcional del hecho, entre los varios intervinientes en el actuar delictivo, no precisa que sea previo y expreso, pues es posible la existencia de un acuerdo tácito y sobrevenido. La responsabilidad conjunta de los coautores se basa en que el dolo de cada uno de ellos abarca el resultado, el menos como dolo eventual, ejecutando su parte del hecho con conocimiento del peligro concreto que genera, junto con las aportaciones de los demás."

Igualmente la S.T.S. 434/2008 se ocupa del problema de la comunicabilidad de los medios comisivos a los partícipes que no emplearon directamente las armas o medios peligrosos, afirmando que, aunque el plan inicial se limitase al apoderamiento del dinero de la víctima mediante la acción intimidatoria, debe tenerse en cuenta la aplicación de la teoría de las desviaciones previsibles, reiteradamente aplicada por la Sala Segunda al analizar la cuestión de la comunicabilidad referida, de forma que "el previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia e intimidación que no excluye «a priori» todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo en cuya ocasión se causa una muerte o unas lesiones, aunque solo algunos de ellos sea ejecutores de semejantes resultados personales".Cada sujeto debe responder con dolo directo de las acciones realizadas por el mismo según el plan trazado, pero también con dolo directo o eventual de los hechos acaecidos que sean consecuencia de las desviaciones previsibles del proyecto delictivo que cada agente acepta y consiente, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de forma que el uso de armas u otros medios peligrosos integran un elemento de carácter objetivo comunicable a los demás partícipes que tengan conocimiento al tiempo de la acción, independientemente de quién porte el arma, de la misma forma que es indiferente quién haya suministrado la misma si todos ellos las tienen a su disposición y la posesión concreta de cada una está en función del papel asignado a cada partícipe (también S.S.T.S. 134/2010 , 84/2010, 690/2009, 434/2007 y 838/2004).

La aplicabilidad de la doctrina de las desviaciones previ sibles a los hechos constatados en el relato histórico de la sentencia impugnada ha de justificar la estimación de este motivo concreto del recurso de apelación. Y ello porque la sentencia impugnada no detalla, ni en la declaración de hechos probados, ni en su fundamentación jurídica, que Basilio y Luis Francisco hubieran tenido como objetivo apoderarse del móvil durante el desarrollo de la agresión de que fue objeto Leon o, al menos, que -conociendo que el móvil del denunciante había sido objeto de sustracción y apoderamiento por parte de Carlos- hubieran participado en la agresión a Leon. Ni se detallan tales extremos ni se determina, en consecuencia, las pruebas que pudieran acreditar los mismos. Y dicha constatación es esencial para atribuir responsabilidad por la posible comisión del delito de robo a estos dos acusados ( Basilio y Luis Francisco), puesto que únicamente si estos dos últimos acusados hubieran tenido conocimiento de la sustracción durante el acometimiento podría atribuírseles a los mismos responsabilidad por la comisión del robo.

Se ha de estimar, en consecuencia, este motivo del recurso, que ha de ser extensiva también a la apelación formulada por Luis Francisco.

SEXTO.-Por lo que concierne a la proporcionalidad de la multa impuesta, hemos de exponer las siguientes consideraciones. En relación con los delitos leves, la nueva redacción dada al artículo 66.2 del Código Penal por la LO 1/2015 establece que "en los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicaran las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior", es decir, en el apartado 1 del artículo 66 (delitos dolosos).

El principio de proporcionalidad supone la adecuación de la pena al hecho por el que se impuso, incumbiendo el juicio sobre tal principio en inicio al legislador y en el momento de la aplicación de la pena al caso concreto, al juzgador, quien no infringirá la proporcionalidad en la individualización de las penas, si éstas se atemperan a las reglas contenidas en el Código Penal.

La sentencia número 717/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre, recuerda que dicho tribunal reiteradamente ha señalado que la obligación constitucional de motivar las sentencias, expresada en el artículo 120.3 de la Constitución, comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72, concluye disponiendo que los jueces y tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.

Tal y como señala la sentencia 17/2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 20 de enero, en cuanto a la individualización de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la ley a aquellas circunstancias fácticas que el juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurídico afectado y la forma básica del ataque al mismo, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá:

En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto.

En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que, sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica.

En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta.

Y, en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Se trata, en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentalmente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la infracción de Ley.

En el presente supuesto, ponderando las circunstancias concretas de la infracción cometida, no se concluye que la duración de la pena de multa impuesta pueda ser desproporcionada, dado el intervalo previsto por nuestra legislación para la sanción del delito leve de lesiones y la conducta desplegada por el apelante, que fue coordinada y conjunta con el resto de acusados, como enfatiza la sentencia de instancia, circunstancia que implica una mayor gravedad en la conducta objeto de enjuiciamiento.

Se desestima este motivo.

SÉPTIMO.-En lo que se refiere a la cuantía de la multa,establece el artículo 50 del Código Penal: "1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria. 2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa. 3. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años. 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta. 5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. 6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes."

Asimismo, el artículo 66.2 del Código Penal establece que: " En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior."

Reiterada jurisprudencia señala que cantidades fijadas como cuota de multa alrededor de los 6 euros son usuales y módicas y reserva cantidades inferiores para supuestos de indigencia o miseria, que no cabe presumir.

En el presente caso el recurrente no ha probado una situación de indigencia en la primera instancia.

Dado que la pena impuesta se impone en la mitad inferior y en una cuantía reducida, 8 euros, atendiendo a su extensión posible, su rebaja supondría un riesgo claro de pérdida de la eficacia de los fines de la pena (tanto resocializadores como prevencionistas o retributivistas).

Además, existe la posibilidad de solicitar un fraccionamiento de su pago al amparo del art. 50. 6 del Código Penal, si se estima que concurre una causa justificada. Por lo expuesto, procede desestimar el motivo.

OCTAVO.-La representación de Luis Francisco interpone también recurso de apelación contra la sentencia de instancia fundamentándose en la existencia de un posible error en la valoración de la prueba, tanto en lo que respecta a la participación del apelante en la agresión sufrida por el denunciante como en lo atinente a la sustracción del teléfono móvil que portada el perjudicado.

En lo que concierne al delito leve de lesiones, partiendo de los parámetros jurídicos que, sobre la cuestión relativa a la valoración del acervo probatorio por el tribunal de apelación, han sido expuestos en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución, hemos de reiterar los argumentos que ya han sido expuestos de forma precedente respecto de los recursos de apelación también formulados ante este Tribunal por el resto de los acusados. Como ya se ha manifestado, se cuenta en este caso no sólo con el testimonio del perjudicado, al que no se le atribuye inconsistencia o incoherencia alguna, sino también con el de otras dos testigos que presenciaron el modo en el que el denunciante era agredido por los tres acusado. En suma, no ofrece duda a este tribunal la existencia de las agresiones sobre Leon ni la intervención de los tres acusados en la misma, ponderando la documentación médica existente y el testimonio conjunto de los dos testigos propuestos por la acusación, el perjudicado e, incluso, las manifestaciones de Basilio.

Ahora bien, en lo atinente al delito de robo, han de ratificarse las consideraciones ya expuestas en el fundamento quinto respecto de la apelación interpuesta por Basilio, debiendo estimarse el motivo del recurso formulado por Luis Francisco en lo atinente a su posible participación en el delito de robo.

Se ha de estimar, por lo expuesto, parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Luis Francisco.

En consecuencia, se estiman parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Basilio y Luis Francisco, absolviendo a ambos del delito de robo por el que han sido acusados.

NOVENO:Respecto a las costas de la primera instancia, las derivadas del delito de robo se impondrán exclusivamente a Carlos, si bien las generadas por la actuación de los otros dos acusados se declaran de oficio. Y las costas derivadas del delito de lesiones se impondrán a los tres condenados de forma mancomunada.

Sin imposición de costas en la segunda instancia.

Visto lo expuesto,