Sentencia Penal 154/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Badajoz nº 3, Rec. 11/2022 de 23 de diciembre del 2024

PRIMERO.-El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan la condena de D. Ángel, de D. Luis Andrés, de Dª. Pura y de D. Anselmo como autores de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1.5º del Código Penal, por afectar a un elevado número de personas.

Tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Abril de 2015, "conforme reiterada jurisprudencia (vd. por todas SSTS 133/2015, de 12 de marzo ; ó 38/2015, de 30 de enero) el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad."

El Tribunal Supremo en la sentencia núm. 465/2.012, de 1 de junio, se refiere a los elementos del delito de estafa en los siguientes términos: "Los elementos que estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia, son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto. 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero. 4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro. 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva)."

Respecto de los llamados negocios jurídicos criminalizados, el Tribunal Supremo ha venido delimitando el dolo civil del dolo penal, y así en su sentencia de 14 de octubre de 2014 afirma "En el segundo motivo denuncia el error de derecho del art. 849.1 de la Ley procesal, la indebida aplicación del art. 248 Cp , el delito de estafa.

Como se señala en SSTS. 483/2012, 987/2011, de 5-10 ; 909/2009 de 23-9 y 564/2007, de 25-6 , el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 y Sentencia de 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.

Por ello, como decíamos en la STS. 16.10.2007, procede en sede teórica recordar la distinción entre dolo civil y el dolo penal. La STS. 17.11.97, indica que: "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles..."

En definitiva, la tipicidad es la verdadera enseña y divisa de la antijuricidad penal, quedando extramuros de ella el resto de las ilicitudes para las que la "sanción" existe pero no es penal. Solo así se salvaguarda la función del derecho penal, como última ratio y el principio de mínima intervención que lo inspira.

Consecuentemente esta modalidad de estafa, aparece -vid STS. 1998/2001 de 29.10 - cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo ( SSTS. de 12 de mayo de 1.998 , 2 de marzo y 2 de noviembre de 2.000 , entre otras).

De otra manera, como dice la STS. 628/2005 de 13.5: "Por tanto, para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los mismos en términos que no se habrían dado de resultar conocida la real naturaleza de la operación.

Al respecto, existe abundantísima jurisprudencia que cifra el delito de estafa en la presencia de un engaño como factor antecedente y causal de las consecuencias de carácter económico a que acaba de aludirse (por todas SSTS 580/2000, de 19 de mayo y 1012/2000, de 5 de junio).

Por ello, esta Sala casacional ha declarado a estos efectos que si el dolo del autor ha surgido después del incumplimiento, estaríamos, en todo caso ante un "dolo subsequens" que, como es sabido, nunca puede fundamentar la tipicidad del delito de estafa. En efecto, el dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Por el contrario, el conocimiento posterior de las circunstancias de la acción, cuando ya se ha provocado, sin dolo del autor, el error y la disposición patrimonial del supuesto perjudicado, no puede fundamentar el carácter doloso del engaño, a excepción de los supuestos de omisión impropia. Es indudable, por lo tanto, que el dolo debe preceder en todo caso de los demás elementos del tipo de la estafa ( STS 8.5.96).

Añadiendo la jurisprudencia que si ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción, elemento fundamental en el delito de estafa, la apariencia, la simulación de un inexistente propósito y voluntad de cumplimiento contractual en una convención bilateral y recíproca supone al engaño bastante para producir el error en el otro contratante. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe -S. 1045/94 de 13.5-. Así la criminalización de los negocios civiles y mercantiles, se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del dolo "subsequens" del mero incumplimiento contractual ( sentencias por todas de 16.8.91, 24.3.92, 5.3.93 y 16.7.96).

Es decir, que debe exigirse un nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose este como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo "subsequens", sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate, aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlativo del error provocado y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.

En este caso aparentemente podríamos encontrarnos ante la modalidad de estafa conocida como "timo del nazareno" en el que propósito de no cumplir aparece a menudo enmascarado con el inicio parcial de un cumplimiento aparente destinado a crear una imagen de solvencia y convencer a la víctima de la intención de satisfacer las propias prestaciones; de esta manera se consiguen obtener bajo su cobertura sucesivas entregas de bienes que en realidad no se tiene intención de pagar, y que se transmiten rápidamente ( Sentencias de 19 de diciembre de 2005, 28 de febrero, 31 de marzo y 5 de abril de 2006, 1 de febrero y 15 de junio de 2007, 10 de octubre de 2008, 21 de enero de 2010, 5 de octubre de 2011 y 23 de diciembre de 2013).

Hay que partir de que la intención de incumplir desde el momento de concertarse las obligaciones contractuales asumidas ha de acreditarse a través de la prueba indiciaria, ante la inexistencia de prueba directa

SEGUNDO.-Es preciso, por tanto, examinar si existió por parte de los acusados una intención de incumplir sus obligaciones desde el momento de concertarse con la finalidad de apoderarse de la parte de la producción de aceitunas que les entregasen sin abonar la correspondiente contrapartida, y a tal efecto debemos analizar el resultado de la abundante prueba practicada para comprobar los indicios existentes:

En primer lugar, numerosos olivareros han afirmado en el juicio que en la reunión que convocaron en la Cooperativa el 23 de noviembre D. Ángel y sus acompañantes se presentaron ofreciéndoles las ventajas de la maquinaria y las instalaciones de la almazara Aceites Montalbán, presentándose como socios de la misma, manifestando algunos testigos qué los acusados explicaron que la forma de trabajar de la citada cooperativa les permitía ofrecer condiciones económicas más ventajosas, ahora bien, no se ha probado que se identificaran como representantes de dicha almazara, más bien parece que la mencionaron o incluso comentaron ser socios o trabajar habitualmente con la misma, reconociéndose en la propia denuncia que en la primera reunión se presentaron como la mercantil Esfuerzo y Constancia SA y aludiendo el testigo D. Basilio, entonces miembro de la directiva de la Cooperativa de La Coronada, que se mostraron como tal sociedad; además los acusados entregaron las aceitunas a la almazara Aceites Montalbán, como consta documentalmente (acontecimiento 211 de las DP) y ha ratificado en el acto del juicio el representante legal de aquella mercantil D. Edemiro. En ningún momento firmaron los justificantes de entrega de aceitunas que se facilitaban a los agricultores cuando les vendían el producto a nombre de Aceites Montalbán, haciéndolo en un primer momento a nombre de la Esfuerzo y Constancia, y posteriormente a nombre de Dª. Pura. Finalmente las aceitunas se vendieron a Aceites Montalbán, por lo que invocar el prestigio de dicha empresa no constituye propiamente un engaño.

Numerosos agricultores afirmaron que las condiciones que proponían los acusados eran mejores que las que ofrecían numerosos compradores de aceituna de la zona. En concreto el precio ofertado era de 0,42 euros el kilogramo más 0,03458 euros por punto de rendimiento graso bruto y kilogramo de aceituna, según resultara de los análisis. En el informe pericial constan los precios que ofrecía la Lonja de Extremadura durante la campaña de 2016 (anexo cuatro) y los precios oscilaban entre 0,43 y 0,49 euros por kilogramo con una media de 0,46 euros, por lo que tampoco resultaría tan ventajoso el precio que ofrecían sin considerar la cantidad en que podría incrementarse cuando se aplicara el porcentaje correspondiente a los puntos de rendimiento graso bruto tras el análisis de las aceitunas entregadas, sin que se haya acreditado el precio final que habrían alcanzado. Conforme a la declaración de alguno de los agricultores, resultaba muy atractivo que ofrecieran pagar un anticipo por las aceitunas entregadas, como efectivamente hicieron, y en este punto sí podemos afirmar que las condiciones que ofrecían resultaban muy ventajosas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han destacado como un indicio de la voluntad de engañar de los acusados la intervención de la mercantil Esfuerzo y Constancia, cuyo objeto social nada tendría que ver con la compraventa de aceitunas u otros productos agrícolas, pues constaría como tal "la producción, exhibición, edición, importación, exportación, distribución, compraventa y alquiler de todo tipo de productos cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros y otras publicaciones en soporte papel, electrónico, audio o video, encuadernaciones, composición y fotograbado". Ahora bien, el Registro Mercantil ha remitido a solicitud de este Tribunal el folio de esta sociedad (acontecimiento 85 del PA) y examinando sus estatutos nos encontramos con que su objeto social es amplísimo, y que el art. 2 b) incluye como parte del mismo "la importación y exportación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al por menor, la elaboración y manipulado de dichos productos, el envasado de conservas, la inspección, el control la certificación y la calificación de calidad y denominación de origen correspondiente a todo tipo de productos, la explotación agrícola, ganadera, avícola pecuaria, y de análoga naturaleza" por lo que operaciones de intermediación comprando cosechas de aceitunas para su venta a una almazara no serían en absoluto actividades ajenas a su objeto social.

En su declaración en el acto del juicio D. Ángel se limitó a afirmar que había comprado las participaciones de esta sociedad a su anterior titular, y efectivamente, consta que la citada mercantil tuvo su domicilio en la C./ Lagasca 95, de Madrid, y que posteriormente, en el año 2011, se produce el traslado del domicilio social a la c/. Antonio de Nebrija de esta ciudad de Mérida, se cesa como administrador único D. Gervasio y es nombrado administrador único D. Ángel.

Se ha afirmado que Esfuerzo y Constancia SL carecía de actividad, y es cierto que no presentaba sus cuentas sociales, pero, examinando la documentación remitida por la Agencia Tributaria a solicitud de este Tribunal (acontecimientos 325 a 329 del PA) apreciamos en sus declaraciones anuales de operaciones con terceros (modelo 347) que tuvo una intensa actividad durante 2016 y cierta actividad, aunque de menor volumen, durante el año 2017; así en el año 2016 declaró haber mantenido operaciones con Pantrea Alimentación SL por importe de 23.102 euros, con Aceitunas Padin SL por importe de 35.152 euros, con la Cooperativa del Campo La Unidad por importe de 109.787 euros, con Barroliva por importe de 33.702 euros con Aceitunas Tierra de Barros por importe de 3948 euros, con Aceites González Hidalgo por importe de 23.161 euros y con Aceites Montalban por importe de 27.986 euros, y durante el 2017 declaró operaciones con D. Rosendo por importe de 3147 euros o con Aceitunas Padín por importe de 100.255 euros, declarando operaciones con otras sociedades como Forma Impar o Movimientos y Áridos Guadalcanal, que, conforme a las escrituras aportadas en el acto del juicio, son sociedades que pudieran estar participadas por los acusados.

Tampoco se ha practicado una averiguación patrimonial que nos permita conocer la capacidad económica de Esfuerzo y Constancia SL en el 2016 y en el 2017, es decir, no consta que fuera insolvente.

En conclusión, ni la compraventa de aceitunas era ajena a su objeto social ni se trataba de una mercantil que careciera de actividad empresarial o que fuera creada con la finalidad de crear una apariencia de seriedad que en realidad no existía.

D. Ángel afirmó en su declaración que dejaron de pagar las cantidades que adeudaban porque los agricultores de la Coronada no les presentaron los análisis de las muestras, pero tanto los olivareros como el perito D. Anibal, propuesto por la acusación particular, coinciden en que correspondía a los acusados como compradores de las cosechas la realización de los análisis; el testigo D. Adriano, al que los acusados contrataron para recibir la mercancía y realizar el pesaje de la misma, afirmó en su declaración en el acto del juicio que introducía en bolsas muestras de aceitunas que entregaban y que los acusados se llevaban dichas bolsas, lo que también apunta a que les correspondía realizar los análisis de las aceitunas entregadas para determinar su calidad a la hora de liquidar el porcentaje de incremento.

Resulta de interés determinar qué cantidad de aceituna entregaron a Aceites Montalbán SA los acusados, así como qué precio percibieron por la misma, y la documentación obrante en autos resulta, desgraciadamente, confusa: del acontecimiento 79 de las DP resultaría que entre noviembre y diciembre de 2016 habrían entregado 426.743 kg; de la documentación remitida por Aceites Montalbán SA (acontecimiento 211 de las DP) resultaría que en diciembre entregaron 259.385 kg de aceitunas, y finalmente en la factura unida a esa documentación consta la entrega de 388.514 kg, por los que pagaron la cantidad de 260.860,97 euros, a razón de 0,56 y 0,57 euros el kilogramo. En fin, en el informe pericial se hizo constar que los agricultores entregaron 121.982 kg de aceitunas, por lo que, aplicando el precio de 0,57 euros por kilogramo, tomado de la factura emitida por los investigados a la almazara, llegamos al resultado de que los acusados habrían percibido 69.529,74 euros más IVA por las aceitunas de los perjudicados.

No resulta controvertido que, según afirma el informe pericial de D. Anibal, aportado por la acusación particular, habrían pagado a los perjudicados 41.143,27 euros y deberían, según la estimación del perito, 26.142,17 euros.

Resulta también muy interesante estudiar las fechas en que se entregaron las aceitunas por los agricultores perjudicados a los acusados y las fechas en que se realizaron los pagos por parte de los acusados a los agricultores: salvo en el caso de D. Lucio, que entregó aceitunas desde el 19 de octubre de 2016, las entregas comienzan el 28 de noviembre de 2016 y fundamentalmente se producen durante el mes de diciembre y la primera mitad del mes de enero, realizándose la última entrega el 17 de enero. Los pagos se comenzaron a hacer por los acusados desde el inicio y constan pagos hasta el mes de febrero, en fechas tan tardías como el 13 y el 20, es decir, que los acusados estuvieron haciendo pagos cuando ya había concluido la recepción de las cosechas. A modo de ejemplo y por citar los pagos más significativos, el día 19 de enero abonan 4.500 euros a don Lucio, el día 11 de enero pagan 882 euros a D. Candido, el día 10 de enero 781,20 euros a D. Ezequias y el día 6 de febrero 596,40 euros a D. Gabino, todo ello según las tablas incorporadas al informe pericial aportado.

Pues bien, valorando en conjunto la prueba practicada, consideramos que no existen indicios suficientes para considerar acreditado que los acusados actuaran con la intención de dejar de abonar las aceitunas que les entregasen, tratando de aparentar una solvencia que no tenían para inducir a los agricultores a un error desde que acudieron por primera vez a La Coronada para ofrecer la compra de aceitunas en la reunión del 23 de noviembre, y llegamos a tal conclusión teniendo en cuenta, en primer lugar, que Esfuerzo y Constancia SL no era una sociedad muerta, sino que venía desarrollando una actividad comercial de compraventa de cosechas de aceitunas, sin que tampoco se tratara de una sociedad constituida exclusivamente para defraudar a los olivareros de La Coronada; en segundo lugar valoramos especialmente que los acusados fueron realizado pagos a los agricultores mediante transferencias por un importe total de 41.143,27 euros, cantidad superior a la adeudada a los olivareros de 26.142,17 euros, y que resulta muy significativo que continuaran haciendo pagos a los agricultores, y de cantidades relativamente importantes, aun después de haber recibido todas las entregas de cosechas de aceitunas: continuar pagando cuando ya tenían en su poder todo el género no parece compatible con una voluntad de engañar y de lucrarse con las consecuencias del error, más bien esos pagos manifiestan que los acusados pretendían cumplir sus obligaciones. También se ha reconocido por los propios olivareros perjudicados que después de terminar la campaña, cuando se fueron acumulando los retrasos en la liquidación, celebraron una o incluso varias reuniones con los acusados para encontrar una solución, y el hecho de que D. Ángel acudiera a esas reuniones es también un indicio de que no actuaba con mala fe.

Es cierto que existen detalles en la forma de proceder de los acusados que resultan sospechosos, como es el hecho de que se dejaran de emitir los recibos de entrega a nombre de Esfuerzo y Constancia para pasar a firmarlos Dª. Pura, el hecho de que se lleven las muestras de aceitunas y no conste que las hayan analizado, el hecho de que, tras pagar un anticipo por las aceitunas ecológicas que entregó el Sr. Lucio, mezclaran dichas aceitunas con el resto; tampoco las explicaciones que ofrece D. Ángel para intentar justificar no haber liquidado el precio resultan aceptables, pero este Tribunal entiende que ni tales indicios ni la pobre justificación ofrecida por D. Ángel tienen fuerza suficiente para desvirtuar las consideraciones que antes exponíamos y considerar probado que nunca tuvieran la intención de cumplir con sus obligaciones.

Se han tratado de traer a este procedimiento hechos similares supuestamente protagonizados por D. Ángel y por su familia en otras localidades extremeñas, pero el objeto de este procedimiento son los hechos acaecidos en noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017 en La Coronada.

En un supuesto similar la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, en su sentencia de 16 de junio de 2020 manifestaba:

"2.- Ciertamente, se indica por las acusaciones que a ese engaño bastante coadyuvó de modo determinante el que se pagaran puntualmente los dos primeros envíos de los doce totales que se hicieron (comenzando los problemas con los pagos del tercer flete en adelante). Según se refiere en el plenario, el primer cargamento fue objeto de pago directo a los agricultores, a los suministradores en origen de la fruta, y ya el segundo de ellos (y en adelante) eran pagadero a 'GEVENOR, S.L.'.

Ahora bien, lo cierto es que se hicieron finalmente pagos totales por parte del cliente ruso de nada menos que 105.200 euros (de un total facturado de 297.228'80 euros): esto es un dato que se compagina poco con el llamado 'timo del nazareno', pues de ordinario si se paga algo es un primer envío, para luego ya dejar de pagar los sucesivos envíos absolutamente, y prácticamente desaparecer los supuestos timadores de la escena. Cuando nos hallamos ante un caso como el presente, en que se termina pagando algo más de una tercera parte de lo facturado, las posibilidades de que los impagos se deban a circunstancias ajenas a un dolo primigenio, preexistente, de sólo pagar uno o dos envíos, y luego dejar de pagar en absoluto de abonar nada(como pudiera ser deficiencias en el calibre o en la calidad de las frutas, u otras ajenas a las que se han manejado en el plenario, pero más dependientes de circunstancias ocurridas en el mercado ruso que de la voluntad del aquí acusado), se incrementan notablemente."

En conclusión, nos encontraríamos ante un incumplimiento contractual, sin que exista prueba suficiente para atribuir a los acusados la comisión de un delito de estafa, por lo que debemos absolverlos de la acusación formulada.

TERCERO.-Dispone el artículo 123 del Código Penal que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito, y el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos, por lo que procede declarar las costas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación: