Sentencia Penal 137/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Murcia nº 5, Rec. 11/2022 de 13 de junio del 2025

PRIMERO.-A la relación de hechos probados se ha llegado habiendo partido del principio de presunción de inocencia establecido en el art. 24 de la Constitución Española y su consiguiente necesidad de una actividad probatoria de cargo practicada en la vista oral con el respeto los principios de oralidad, concentración, contradicción y defensa, prueba valorada conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y habiéndose tenido en cuenta las garantías prescritas en la Constitución y LECrim, los arts. 10 y 11 de la Declaración de los Derechos Humanos y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Debemos partir de que no se discute que el acto sexual con penetración del acusado con la víctima, Ana, que él penetró vaginalmente a ésta; lo que, por otro lado, cuenta con una corroboración física muy relevante, cual es el informe pericial realizado por el Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (acontecimientos 52 y 98 de la causa) en el que, como también recoge el informe forense de fecha 21 de octubre de 2021 (acontecimiento 96), analizados los restos de semen en los hisopos vaginales, de introito, lavado vaginal y en braga de la víctima, se detecta un perfil genético de varón que coincide con el perfil genético de Lucas.

Y está probado que ese acto sexual con penetración fue sin el consentimiento de la víctima, que no estaba en condiciones de prestarlo, aprovechándose el acusado su especial vulnerabilidad, al encontrarse en un evidente estado de ebriedad. O, como se apunta en el relato de hechos probados, que el acusado, en las circunstancias señaladas, aprovechando que Ana estaba adormilada y sin capacidad de reacción por el consumo de alcohol, la llevó a su habitación y, con ánimo de satisfacer sus impulsos sexuales y sin contar con su consentimiento, le quitó los pantalones y las bragas y la penetró vaginalmente.

En efecto, las manifestaciones de Ana han sido en su esencia mantenidas en el curso del procedimiento. Ha expuesto con claridad lo que recordaba y en qué momentos tenía lagunas. Ha reiterado en el plenario que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas, que bebió mucho (cerveza y chupitos de aguardiente) hasta que se quedó dormida, no pudiendo precisar cuándo, pero sí que se había quedado dormida en el sofá (precisa que cuando perdió la conciencia estaba con sus amigos, que la dejaron en el sofá) y se despertó en la habitación; que solo fue consciente de que pudo haber tenido lugar el acto sexual cuando se despertó, con el pantalón bajado y sintiéndose "mojada".

Que Ana no estaba en condiciones de consentir también es avalado por los testimonios de otras personas presentes en la vivienda y en la "fiesta". Así, (i) la testigo Isabel asegura que Ana sí estaba borracha, que estaba "muy pasada", que cree que fue ella la que la tapó con la manta cuando quedó dormida en el sofá y que decidieron dejarla en la misma vivienda y no llevársela a casa por el estado de embriaguez en el que se encontraba, porque no podían ni cogerla; (ii) Romualdo confirma que Ana tomó aguardiente y "coronita" -cerveza-, que sí estaba borracha, hasta el punto de que, en un momento, le insistían para que bailase con su primero - Landelino- y ni siquiera se podía sostener, se caía al suelo, que Ana terminó dormida en el sofá, momento que, bromeando, aprovecharon para pintarle la cara sin que llegara a despertarse y la grabaron el vídeo, que en este momento estaba profundamente bebida y que Ana se quedó en la misma vivienda porque no se podía mantener en pie y no la podían llevar a su domicilio; y (iii) Adela, también asegura que bebieron cerveza y chupitos de aguardiente, que Ana sí se emborrachó, quedándose dormida, por lo que tuvieron que acostarla en el sofá, y que éste fue el motivo por el que se quedó en la misma vivienda.

No restan un ápice de credibilidad a los testimonios de la víctima y de aquellos tres testigos, contundentes y detallados, el que sean contradichos, en lo que se refiere al estado de embriaguez de Ana, por los de los testigos Paulina, Teodosio y Concepción -también presentes en la "fiesta" o reunión familiar-, en cuanto que dicen que Ana no estaba borracha y que, si se quedó en la vivienda fue por otros motivos, que, como veremos, a diferencia de aquéllos, sí que no merecen ninguna credibilidad. Efectivamente, (i) la propia Paulina dice que la mañana siguiente oyó una conversación en el aseo (la que mantienen Ana y Adela) en la que Ana dijo "mierda, he follado con Landelino", cuando en realidad quien había tenido relaciones sexuales con ella había sido el acusado; es decir, es claro que Ana ignoraba la identidad del hombre que la había penetrado vaginalmente, lo que concuerda con el estado de embriaguez descrito por ella (no olvidemos que ni siquiera fue consciente de que con ella se había mantenido relaciones sexuales hasta que despertó) y por los otros testigos; (ii) la testigo Adela corrobora lo anterior, refiriendo que Ana y ella entraron en el baño, que la notó preocupada y que le dijo que se encontraba rara, como si hubiera tenido relación con alguien (en su parte vaginal); (iii) la testigo Concepción, capaz de afirmar que Ana no estaba borracha, dice no saber cuánto bebió ésta porque no estaba pendiente y también deja claro que bebieron alcohol en cantidad "normal" -no concreta qué cantidad es para ella "normal"- y coincide con los otros testigos en que bebieron cervezas y chupitos de aguardiente; (iv) el propio acusado, también en el plenario, ratifica lo declarado anteriormente y, en su primera declaración prestada en el Juzgado de Instrucción (que también ratifica en la indagatoria tras el procesamiento), reconoce que todos, incluida Ana, bebieron cervezas y aguardiente y que Ana estaba muy borracha; (v) unos vídeos de la "fiesta" grabados con teléfono móvil, aportados en el Juzgado de Instrucción, fueron reproducidos en el plenario y en ellos se aprecia a la víctima en un momento en el que su comportamiento ya es carente de frenos inhibitorios (incluso la testigo Inés, pareja del acusado, Ana bailaba de forma alborotada), en un estado de embriaguez fácilmente apreciable; (vi) una relación sexual consentida por Ana no se corresponde con que ésta, sin motivo espurio apreciable, terminara formulando denuncia ante la policía, además señalando al acusado como el posible autor no porque lo supiera por la misma relación, sino porque había despertado en su habitación y porque el mismo había reconocido a su "hijastra" Isabel haber mantenido las relaciones sexuales (lo que en el plenario confirma la propia Isabel, con el matiz de que con quien habló Lucas, confesándole tal extremo, fue con su hermana, Paulina -lo que también confirma ésta-, que a su vez se lo habría contado a ella).

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de abuso sexual con penetración, previsto y penado en el artículo 181.1, 2 y 4 del Código Penal, en su redacción vigente en el momento de los hechos, por ser la ley más beneficiosa para el procesado, al establecer una pena de prisión comprendida entre los cuatro y los diez años, mientras que, para los mismos hechos, considerándolos agresión sexual, los artículos 178.1.2, y 179 en la redacción de estos preceptos en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, la pena de prisión estaría comprendida entre los cuatro y los doce años; mientras que en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, conforme al apartado 2 de ese artículo 179, la pena de prisión estaría comprendida entre los seis y los doce años.

El número 1 del citado artículo 181 establece: "El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses".

El número 2 del miso precepto establece que: "A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto".

Y su citado número 4 establece que: "En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años".

La sentencia del Tribunal Supremo 782/2023, de 19 de octubre, indica que no se precisa una ausencia total de consciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas en grado de intensidad suficiente para desconocer en lo que atañe a los impulsos sexuales trascendentes. Así, expresa que:

< STS 142/2013, de 26-2 , citada por la más reciente 129/2021, de 12-2 , el grado de afectación que debe tener una persona para que pueda entenderse que la acción sobre ella se ha producido "anulando su voluntad". Para que haya abuso sexual no se precisa "una ausencia total de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañen los impulsos sexuales trascendentes. En este sentido la sentencia de esta Sala de 28.10.91 , establece que si bien es cierto que la referencia legal se centra en la privación de sentido, no se quiere decir con ello que la víctima se encuentre totalmente inconsciente, pues dentro de esta expresión del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios; y la de 15.2.94, precisa que la correcta interpretación del término "privada de sentido" exige contemplar también aquellos supuestos en que la pérdida de conciencia no es total pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad... los estados de aletargamiento pueden originar una momentánea perdida de los frenos inhibitorios que, en el caso presente, y tal como afirma el relato de hechos probados desemboca en una anulación de sus facultades intelectuales y volitivas y de sus frenos inhibitorias, quedando sin capacidad de decisión y de obrar según su voluntad, esto es privada de cualquier capacidad de reacción frente al abuso sexual.

En igual sentido la STS. 680/2008 precisó que la jurisprudencia ha considerado reiteradamente incluible en el art. 181.2 CP el caso en el que la víctima se encuentra en una situación de pérdida de la capacidad para autodeterminarse en la esfera sexual, por padecer una situación de profunda alteración de las facultades perceptivas, que no le permite acomodar su actuación conforme al conocimiento de la realidad de los hechos, cabiendo encuadrar en tal situación a personas desmayadas, anestesiadas o narcotizadas, o, en suma, sometidas a los efectos de una droga o del alcohol, aun no exigiéndose una pérdida total de conciencia, bastando con que el sujeto tenga anulados de forma suficiente sus frenos inhibitorios, resultando no estar en situación de oponerse al acceso sexual, o no expresar una resistencia clara y precisa al mismo">>.

Y, en este caso, como en el contemplado por esa sentencia, la víctima había perdido la conciencia de sus propios actos, lo que equivale a una intensa disminución de sus facultades mentales, incompatible con una prestación libre de consentimiento; y acusado se aprovechó de ese estado y falta de conciencia de la víctima para penetrarla vaginalmente. Como hemos dicho en el primer fundamento, ese acto sexual con penetración fue sin el consentimiento de la víctima, que no estaba en condiciones de prestarlo, aprovechándose el acusado su especial vulnerabilidad, al encontrarse en un evidente estado de ebriedad. O, como se dice en el relato de hechos probados, que el acusado, aprovechando que Ana estaba adormilada y sin capacidad de reacción por el consumo de alcohol, la llevó a su habitación y con ánimo de satisfacer sus impulsos sexuales y sin contar con su consentimiento, le quitó los pantalones y las bragas y la penetró vaginalmente.

TERCERO.-Procede declarar responsable en concepto de autor al acusado, Lucas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de dicho Código Penal, por su participación directa y voluntaria en la comisión de los hechos que se han declarado probados.

CUARTO.-No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTO.-En cuanto a las consecuencias penológicas, teniendo en cuenta que, como hemos señalado, la pena de prisión prevista está comprendida entre los cuatro y los diez años y pudiendo recorrerse tal pena en toda su extensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.1.6ª del Código Penal, la Sala considera que, en atención a las circunstancias concurrentes, es procedente la de seis años de prisión, habida cuenta la gravedad de los hechos y el entorno en que se producen, como es la vivienda del propio acusado en la que la víctima, invitada, participaba en la "reunión familiar" o "fiesta" en un entorno que a priori le debía garantizar protección, seguridad y confianza; lo que fue traicionado por el acusado, que se aprovechó tanto de ello como de la especial vulnerabilidad de la víctima, al encontrarse en un evidente estado de ebriedad; acusado que, por otro lado, ha sido condenado, además de por los delitos de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, resistencia o desobediencia a la autoridad, agentes o personal de seguridad privada, quebrantamiento de condena o medida cautelar y abandono de familia, por delito de violencia doméstica y de género, siendo tres las condenas por este delito. Dicha pena de prisión conlleva, como accesoria, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56.1.2º del Código Penal) .

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Penal, habida cuenta las circunstancias del caso y la relación entre acusado y víctima, cuanto menos conocidos, procede imponer la prohibición al acusado de aproximarse a menos de 500 metros a Ana, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que la misma frecuente o se encuentre y de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento, informático, telemático, escrito, verbal o visual, por un período de cinco años superior a la pena de prisión, por cuanto que, por imperativo legal, tiene que ser entre uno y diez años superior a tal pena.

Finalmente, el artículo 192.1 del Código Penal establece que los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en el Título VIII, relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, donde se integra el aquí considerado, se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y cuya duración será de 5 a 10 años si alguno de ellos fuera grave, como sucede en este supuesto (cfr. art. 13 del Código Penal en relación con el art. 33 .1.b del mismo texto legal). Por ello, resulta necesario imponer al acusado dicha medida, que, una vez más atendidas las circunstancias del caso y particularmente a la relación acusado-víctima, se fija en siete años. El contenido de la medida se determinará de conformidad a lo establecido en el artículo 106 del Código Penal, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad y a propuesta elevada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98 del repetido Código y sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 97.

SEXTO.-Al amparo del artículo 89 del Código Penal, el Ministerio Fiscal interesó la ejecución de una parte de la pena, no superior a los dos tercios de su extensión, y sustituir el resto por la expulsión, cuya sustitución, en todo caso, tenga lugar transcurridas las tres cuartas partes de la condena o alcanzado el tercer grado penitenciario.

Dicho artículo 89 establece en su redacción vigente, tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que:

"1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

3. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada".

Como vemos, el precepto concibe la expulsión en clave imperativa para penas superiores al año de prisión, con la única excepción de que tal medida resulte desproporcionada, de acuerdo con las circunstancias del hecho y del autor y se prevé como regla general la resolución de la cuestión en la sentencia, salvo que no sea posible.

En este caso, no se ha acreditado que concurran situaciones excepcionales que impidan la expulsión; y ello pese a que también el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, ante su petición de aplicación del artículo 89, señalaba que "a los efectos de que puedan ser oportunamente valoradas y debatidas en plenario las circunstancias de arraigo del acusado en España y la pertinencia de la expulsión, el Ministerio Fiscal interesa que por el órgano jurisdiccional de enjuiciamiento se comunique esta circunstancia expresamente al acusado a fin de posibilitar que, a través de su defensa y representación, aporte a la causa o presente en el acto de juicio oral la totalidad de los documentos y demás medios de prueba que estime adecuados para justificar la oposición a la expulsión, para el caso de que no esté conforme con la misma".

Como se deduce de sus antecedentes penales, su primera condena es de noviembre de 2006 por delito cometido ese mismo mes, por lo que en esa fecha ya estaba en España; pero, de acuerdo con lo manifestado por el acusado en el acto del juicio, está casado con una mujer que no es su actual pareja - Inés- y, preguntado sobre su trabajo, se limitó a decir que es albañil, pero sin que nada se haya acreditado al respecto ni, en definitiva, sobre sus medios de vida lícitos. Y, si ya hemos visto que el acusado ha sido condenado por, entre otros, tres delitos de violencia doméstica y de género y por otro de abandono de familia, consta que tiene una orden de expulsión por un periodo de cinco años, por estancia irregular, acordada por resolución de 8 de julio de 2021 de la Delegación de Gobierno de la Región de Murcia (acontecimiento 30 del Rollo de la Sala), en cuya virtud, al amparo del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se recibió en este Tribunal solicitud de autorización para ejecución de esa resolución administrativa de expulsión hubo que ser denegada por auto de fecha 18 de julio de 2023 (acontecimiento 43 del Rollo de la Sala) porque, como en él se dice, "nos encontraríamos con que Lucas está procesado y acusado por un delito de abusos sexuales con penetración del artículo 181.4 del Código Penal , en su redacción vigente en la fecha de los hechos, castigado con pena privativa de libertad que supera los seis años, concretamente la de prisión de cuatro a diez años, cuyo límite de seis años también se supera tanto si se aplica el Código Penal en sus redacciones posteriores dadas por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre ( art. 179 CP ), y por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril ( art. 179.1 CP )".

Así, procede estimar la pretensión del Ministerio Fiscal y, por tanto, acordar la sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional por el plazo de siete años, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado (apartado 5 del artículo 89), y ello, para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, una vez que cumpla los dos tercios de la pena, acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

SÉPTIMO.-Que los responsables criminalmente de un delito lo son también civilmente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del Código Penal, previendo el artículo 110 que tal responsabilidad comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios sufridos.

El Ministerio Fiscal solicita que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 10.000 euros por el daño moral sufrido.

Aunque es difícil cuantificar o reducir a dinero la indemnización por daños y perjuicios morales en casos como el que nos ocupa, dada la falta de parámetros objetivos que orienten dicha cuantificación, estima la Sala que esa traducción en dinero del daño moral es proporcionada.

El daño moral fluye de manera directa y natural del relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento en la víctima, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria. Deriva de la significación espiritual que el delito tiene con relación a la víctima y solo puede ser establecido mediante un juicio global, atendiendo a la naturaleza del delito y a su gravedad atemperando la demanda de las víctimas a la realidad social y económica de cada momento histórico (cfr. SSTS núm. 105/2005, de 29 de enero; 264/2009, de 12 de marzo; 915/2010 y 106/2018, del 2 de marzo). Y en el caso que nos ocupa, la Sala, en base a dichos criterios (naturaleza y gravedad del delito y, además, la edad de la víctima en el momento de los hechos -26 años- y el entorno en que los mismos se producen) ha estimado procedente fijar tal indemnización en esos 10.000 euros.

OCTAVO.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede imponer al acusado el pago de las costas del procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey: