Sentencia Penal 87/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Cádiz nº 8, Rec. 47/2023 de 09 de abril del 2025

PRIMERO.- CUESTIÓN PREVIA.

La defensa del acusado Remedios ha planteado como cuestión previa que el hecho delictivo de la estafa no está recogido en la descripción de hechos del auto de procedimiento abreviado, de fecha 3 de mayo de 2018, dictado por el Juzgado Instructor ni en el auto dictado por este Tribunal en la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el mismo, de fecha 22 de octubre de 2018. Alega que la acusación ha de verse constreñida por dicha descripción de hechos. Añade que a lo largo de la fase de instrucción nada se dijo de este delito, por lo que no ha podido defenderse. Concluye que las acusaciones no pueden incluir en sus respectivos escritos de acusación hechos cuyos elementos no están definidos en el auto de incoación del procedimiento abreviado.

La defensa del acusado Carlos Jesús se ha adherido a dicha cuestión previa. Añade que en el auto de incoación de procedimiento abreviado que se dicta para incluir a Carlos Jesús no se incluye los hechos que configuran el delito de estafa.

En el auto de este Tribunal, de fecha 22 de abril de 2019, se acoge y mantiene la descripción del hecho punible contenido en el auto de incoación de procedimiento abreviado, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal. No era el momento procesal oportuno para efectuar calificaciones jurídicas de los hechos objeto de investigación. Solo procedía constatar la concurrencia de indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo comprendido en el ámbito de enjuiciamiento del procedimiento abreviado. De la conducta descrita se podía deducir la intención del acusado de no restituir la subvención recibidas y la disposición de la misma para fines propios. Consideró el Tribunal que no era necesaria la adición solicitada por el Ministerio Fiscal, todo ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que pudiera darse a dichos hechos.

SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA.

La defensa del acusado Carlos Jesús ha alegado como cuestión previa la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por infracción del art. 324 de la LECRIM. Alega que se tomó declaración a Carlos Jesús, en fecha 26 de junio de 2019, cuando ya había transcurrido el plazo de instrucción de 18 meses, el cual no fue prorrogado.

Del examen del proceso se advierte que la causa fue declarada compleja en el auto de incoación de diligencias previas de fecha 25 de septiembre de 2017. Tras practicar una serie de diligencias de investigación fue dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado en fecha 3 de mayo de 2018. Habían transcurrido solo ocho meses del plazo de instrucción acordado. El citado auto fue recurrido en reforma y subsidiario de apelación por el Ministerio Fiscal y la defensa de Remedios. Los dos recursos interpuestos fueron resueltos por autos de este Tribunal de fecha 29 de abril de 2019 y 22 de abril de 2019.

El Tribunal considera que el tiempo invertido en la resolución de los recursos interpuestos, algo mas de once meses, no puede computarse como plazo de instrucción, pues los trámites y resoluciones dictadas para resolver los recursos no constituyen diligencias de instrucción a que se refiere el art. 324 de la LECRIM. Por tanto, reanudado el referido plazo, restaba aún diez meses para la práctica de diligencias de instrucción, entre ellas, recibir declaración en calidad de investigado a Carlos Jesús. Puede afirmarse que dicha declaración, practicada el día 20 de septiembre de 2019, se realizó dentro dentro del plazo de instrucción acordado.

Los razonamientos expuestos nos llevan al rechazo de la cuestión previa planteada.

TERCERO.- PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES.

La defensa del acusado Remedios ha alegado la prescripción del delito de fraude de subvenciones. Alega que el plazo de prescripción de dicho delito, fijado en cinco años, ha transcurrido desde su comisión hasta incoación de las diligencias previas.

En cuanto a la prescripción de los delitos, conforme a una muy reiterada y sobradamente conocida doctrina jurisprudencial, la prescripción presenta naturaleza sustantiva, de legalidad ordinaria y responde a principios de orden público y de interés general, pudiendo incluso ser proclamada de oficio en cualquier estado del proceso en que se manifiesten con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan.

La prescripción penal, como recuerda la STC nº 63/2005, es una institución de larga tradición histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamento en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal, a lo que se añade que dicho instituto en general encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica, si bien, por tratarse de una una institución de libre configuración legal, no cabe concluir que su establecimiento suponga una merma del derecho de acción de los acusadores ( STEDH de 22/10/1996), ni que las peculiaridades del régimen jurídico que el legislador decida adoptar -delitos a los que se refiere, plazos de prescripción, momento inicial de cómputo o causas de interrupción del mismo- afecten, en sí mismas consideradas, a derecho fundamental alguno de los acusados. En definitiva, como afirma con reiteración el TC, lo que la existencia de la prescripción del delito supone es que éste tiene un plazo de vida, pasado el cual se extingue toda posibilidad de exigir responsabilidades por razón de su comisión. Pero también obedece a la propia esencia de la amenaza penal, que requiere ser actuada en forma seria, rápida y eficaz, a fin de lograr satisfacer las finalidades de prevención general y prevención especial que se le atribuyen.-

El delito de fraude de subvenciones, tipificado en el art. 308.2 en su redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio ,preveía pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe de la subvención o ayuda pública concedida y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Siendo ello así, es claro que el art. 132.1 C.P .,los términos de la prescripción se computan desde el día en que se haya cometido la infracción punible y, tal como dice la STS 156/2021, de 24 de febrero de 2021 ,el "dies a quo" del cómputo de la prescripción debe ser el día de la expiración del plazo del que se disponía para poder cumplir las condiciones de la ayuda, momento en que se consideraría consumado el delito, todo ello coincidente con la fecha señalada por la Administración Pública para justificar el destino de la ayuda o dicho de otra manera será el día en que finalizan los plazos concedidos para destinar la ayuda a los fines para los que fue otorgada. Así, en el presente caso, tenemos la Resolución del Ministerio de Industria, de fecha 14 de junio de 2011, en la que se efectuaba requerimiento de presentación de cuenta justificativa, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que aportara documentación, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, se procedería al reintegro de las cantidades percibidas, mas intereses de demora. Por tanto, una vez transcurridos los quince días hábiles y dado que no se había procedido a justificar la inversión, se dictó la resolución administrativa acordando iniciar el expediente de reintegro de la subvención, en fecha 8 de de julio de 2011. Es en esta fecha cuando debemos situar el dies a quo del plazo de prescripción.

Para la determinación del "dies ad quem", hay que partir de que el art. 132 C.P .establece que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito y que se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. No obstante, lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales de imputación mencionadas, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. A los efectos del art. 132 C.P .,la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho. En este orden de cosas, conviene recordar que la STC 32/2013 de 11 de febrero ,entre otras declara que "cuando el artículo 132.2 del Código Penal dispone que la prescripción se interrumpirá quedando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, debe entenderse en el sentido de que la querella o denuncia de un tercero es una solicitud de iniciación del procedimiento ( SSTC 63/2005 FJ 8 y 29/2008 FJ 10) pero no un procedimiento ya iniciado ( STC 29/2008 ) razón por la cual la querella o denuncia no tienen por sí solas eficacia interruptiva del cómputo del plazo de prescripción sino que es necesario un acto de interposición judicial ( STC 29/2008 FJ 12) o de dirección procesal del procedimiento contra el culpable ( STC 63/2005 FJ 5) y más recientemente ( SSTC 95/2010 de 15 de noviembre FJ 5 y 133/2011 de Julio 18 FJ 2)".

Del examen del proceso observamos que, en fecha 21 de septiembre de 2017, fue presentada la querella por el Abogado del Estado en representación de la AEAT. Por auto de fecha 25 de septiembre de 2017, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez de la Fra incoó las correspondientes diligencias previas, que fueron registradas como DP nº 983/2017, en el que se declaró compleja la causa, fijando el plazo de dieciocho meses, practicándose las diligencias de investigación que se consideraron pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos y de sus responsables. Entre ellas, se tomó declaración como investigado a Remedios, en su propio nombre y como representante legal de la entidad mercantil Bahía San Kristóbal S.L. el día 18 de enero de 2018.

Es evidente que, cuando el proceso se dirigió contra el investigado, hoy acusado Remedios, el delito de fraude de subvenciones se encontraba prescrito, ya que desde el dies a quo, 8 de julio de 2011, hasta el 21 de septiembre de 2017 había transcurrido el plazo de cinco años. Por tanto, es procedente decretar la prescripción del delito de fraude de subvenciones del art. 308.2 del C. Penal y por tanto, acordar la libre absolución del acusado Remedios por este concreto delito de fraude de subvenciones objeto de acusación.

La defensa del acusado Carlos Jesús se ha adherido a la petición de prescripción del delito de fraude de subvenciones objeto de acusación.

Del examen del proceso se desprende que el proceso penal se dirigió contra Carlos Jesús el día 26 de junio de 2019, fecha en que fue informado de los hechos objeto de investigación y de los derechos que le asistían, siendo citado para la toma de declaración en fecha 11 de julio de 2019.

Es evidente que desde el dies a quo, 8 de julio de 2011 hasta 26 de junio de 2019 había transcurrido con exceso el plazo de prescripción de cinco años y por tanto, el delito de fraude de subvenciones de que es acusado Carlos Jesús ha de considerarse prescrito, siendo procedente decretar su libre absolución.

CUARTO.- DELITO DE ESTAFA. Principio acusatorio.

Sostienen las defensas de los acusados Remedios y Carlos Jesús que es imposible la condena de los acusados por el citado delito, dado que el mismo no aparecía en la descripción del hecho punible contenida en el auto de incoación de procedimiento abreviado ni en los autos dictados por este Tribunal en la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el citado de incoación de procedimiento abreviado. Añade que no se recogía en ninguno de ellos los elementos del delito de estafa, en concreto, el engaño previo y suficiente.

Los autos dictados contenían una descripción del hecho punible y una determinación de la persona investigada, sin calificación jurídica alguna. Simplemente bastaba que el hecho delictivo estuviera comprendido en el ámbito de enjuiciamiento del procedimiento abreviado. Dicha relación de hechos podía indiciariamente dar lugar a la acusación por delito de estafa formulada por las acusaciones.

En segundo lugar, alegan las defensas que los escritos de acusación no relatan los elementos necesarios para la configuración del delito de estafa; no relatan el engaño previo.

El examen del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en el mismo se expresa que "En todo momento, la intención de los acusados, que actuaban de forma concertada desde el inicio de los hechos, fue que la cantidad de 4.000.000 de euros obtenida a través del préstamo referido, destinarla a fines propios, realizando con dicho importe recibido unas inversiones en productos financieros, ajenos a las bases y condiciones para las que se concedieron estas ayudas por el Ministerio de Industria, consiguiendo un ilícito enriquecimiento con la trama urdida, ...." El Tribunal considera que el citado escrito de acusación puede dar viabilidad a sostener una acusación por la comisión de un delito de estafa. No apreciamos pues, vulneración alguna del principio acusatorio.

QUINTO.- DELITO DE ESTAFA.

El Ministerio Fiscal y la sra. Abogada del Estado han dirigido la acusación contra Carlos Jesús y Remedios de la comisión de un delito de estafa previsto y penado en los arts. 248, 249 y 250.1.5 del C. Penal. Ambas acusaciones sostienen que en los acusados nunca existió la intención de desarrollar el proyecto. Consiguieron la subvención pero desde un principio tenían intención de no devolverla y sí tenían intención de aplicarla a fines propios. Afirman que DTS no ha ha tenido actividad económica alguna, ni medios para llevar a cabo proyecto subvencionado.

Como es sabido, en el delito de estafa, con la defraudación o perjuicio patrimonial como fin, concurre el elemento característico de este tipo de infracciones punibles, que es el engaño y que consiste en el empleo de artificios o maniobras, en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, constituyendo dicho engaño el núcleo fundamental de la estafa. La conducta del sujeto activo se erige así en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude, prevaliéndose de la confianza y buena fe del que realiza los actos de disposición patrimonial. Cuando en un determinado contrato u otro negocio jurídico, una de las partes disimula su verdadero propósito de no cumplir las obligaciones a que venía obligado, y como consecuencia de ello la otra parte, que desconocía tal propósito, cumple lo pactado realizando un acto de disposición del que se lucra el otro, la conducta del primero es constitutiva de un delito de estafa, en el que el engaño consistirá en el empleo de artificios o maniobras por uno de los contratantes, para hacer creer al otro en ciertas cualidades aparentes en la prestación realizada, que son inexistentes, o en las condiciones personales del contratante que cumpliría la prestación futura a que se había comprometido.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tradicionalmente ha venido exigiendo que lo ordinario es que en el sujeto activo concurra desde el primer momento el propósito de no cumplir aquellas prestaciones u obligaciones a que por el contrato o negocio jurídico se obliga; esto es, que el propósito defraudatorio surja antes o en el momento de celebrarlo y mueva por ello la voluntad de la otra parte.

Como tiene declarado la STS nº 439/2020, de 10 de septiembre, por lo que respecta al fraude se subvenciones, la STS 1030/2013, de 28 de noviembre, marcó la pauta hermenéutica, que hoy podemos entender consolidada jurisprudencialmente en cuanto refrendada por ulteriores pronunciamientos (entre otras, SSTS 316/2017, de 3 de mayo; 146/2018, de 22 de marzo; 234/2019 de 8 de mayo; 355/2020, 26 de junio), sobre la relación concursal que se suscita entre los delitos de estafa del artículo 248 y ss CP y el fraude de subvenciones del artículo 308 CP: "Relación que discurre por senderos propios del concurso de normas, en el que emerge como principal la estafa en los casos en que la ilicitud no radica tanto en falsear u ocultar las condiciones para la consecución de la subvención, ayuda o disfrute de la desgravación, sino en provocar el desplazamiento patrimonial estando totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. Entrará sin embargo en juego el delito de fraude de subvenciones, con su consiguiente condición de punibilidad vinculada a la cuantía, cuando la finalidad del agente sea la de destinar los fondos al motivo para el que fueron otorgados, aunque no se tenga reparo en falsear u ocultar las condiciones requeridas para su consecución ( artículo 308.1 CP) , o surja a posteriori la idea de desviar su importe ( artículo 308.2 CP) . El artículo 308 CP, que a diferencia de la estafa no requiere como elemento de tipicidad el engaño previo, no abarca el desvalor de la conducta en casos, como el que ahora nos ocupa, en el que se ha desplegado toda una estrategia engañosa, que incluyó una ficticia actividad empresarial, con el propósito previo de obtener subvenciones de las que apropiarse. La existencia de engaño determinante del acto de disposición que efectuó la Administración autonómica concernida sobre el propósito predefinido."

La prueba de esa intención inicial de incumplir las condiciones de la subvención y de aplicar la subvención a fines propios ha de acreditarse a través de prueba indiciaria. La prueba indiciaria se ha admitido por el TC (SS. 174/85, 229/88, 107/89, 384/93, 206/94, 24/97, 189/98 y 85/99, entre otras ) y por el TS (SS. 7.10.86, 10.1.92, 31.5.93, 4.10.94, 19.4.95, 21.5.96, 11.6.97, 23.9.97, 20.11.98, 10.6.99 y 15.11.01 entre otras) como medio válido para enervar la presunción de inocencia, siempre que:

1º) Consten unos hechos básicos o indicios que han de estar completamente acreditados, es decir justificados por otras pruebas, hechos que deben hacerse constar en la narración histórica de la sentencia.

2º) Que los indicios sean plurales, admitiéndose excepcionalmente un indicio único, si es de una singular potencia acreditativa.

3º) Que haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre tales hechos y las conclusiones fácticas incriminatorias para los acusados, que de aquellos se infieren.

4º) Que se expresen los razonamientos en virtud de los cuales el Tribunal llegó a tales inferencias.

El testigo sr. Luis María, funcionario del Ministerio de Industria, declaró en juicio que el proyecto presentado cumplía las condiciones de elegibilidad y la empresa debía cumplir las bases de la convocatoria. Afirmó que en la provincia de Cádiz se presentaron 192 solicitudes, entiende que el proyecto de DTS debió de cumplir los requisitos y obtuvo la puntuación que le permitió obtener la ayuda. A preguntas de la sra. Abogada del Estado manifestó que el solicitante tiene obligación de declarar cosas ciertas en su solicitud. Los datos de la solicitud se toman como válidos, no se ponen en cuestión dichos datos. Este testimonio pone de manifiesto que no podemos poner en duda la fiabilidad de los datos reflejados en la solicitud deducida por DTS. De hecho no se ha acusado por falsear o aparentar la concurrencia de los requisitos necesarios para la obtención de la subvención.

Los testimonios de los testigos Raimundo e Juan Miguel han venido a dar solidez y credibilidad al proyecto presentado por DTS. El sr. Juan Miguel atribuyó al cambio normativo la desaparición del mercado de las energías renovables y en consecuencia, que el proyecto de DTS perdiera su sentido y fuera inviable. No podemos deducir de dichos testimonios que los acusados simularan dedicarse al desarrollo de la actividad subvencionada y que no pensaran dedicar la subvención al proyecto.

El testimonio de Dª Julieta junto con el expediente administrativo incoado permiten considerar acreditado que el préstamo subvencionado no fue destinado a la finalidad para la que se concedió. Este hecho por sí solo no nos puede llevar a concluir que los acusados no tenían intención de incumplir, desde el inicio, las condiciones y aplicar el importe a fines propios. DTS solicitó la subvención y se presentó ante el Ministerio de Industria tal y como era, una entidad mercantil recién constituida con un capital social de 3.000 euros y un proyecto que desarrollar. El Ministerio de Industria debía saber que no había desarrollado actividad económica alguna con anterioridad y también conocía el importe de su capital social. Reconoció la testigo Julieta que el proyecto era sólido, suficiente para obtener la subvención.

Dichos testimonios no constituyen prueba de cargo para acreditar dicha intención inicial de desviar la subvención del destino para el que estaba previsto y aplicarla a fines propios. Consideramos que la conducta de quien, como en este caso ocurre, solicita y obtiene una subvención y destina la totalidad de lo recibido a su personal enriquecimiento sin emplearla a los fines para los que fue concedida, cumple todos los requisitos del delito de fraude de subvenciones previsto en el art. 308.2 del C. Penal y no el delito de estafa por el que también se acusa.

En la solicitud y documentos que a la misma se acompañaron se puso de manifiesto que DTS era una sociedad constituida recientemente, sin tiempo para haber desarrollado actividad económica alguna y con un capital social de 3.000 euros. Los acusados no ocultaron información sobre dichos extremos al Ministerio. Éste dio por buenos dichos datos, los cuales no constituyeron obstáculo alguno para la concesión de la subvención. Se concedió la subvención pese a constarle dichas circunstancias. El testigo sr. Luis María al ser interrogado por la defensa del acusado sr. Remedios, sobre si era normal la concesión de ayudas por importe de 4.000.000 de euros a empresas con capital social de 3.000 euros, declaró que sí, que se producía y que en la actualidad ya se ha corregido y adoptado criterios mas restrictivos, añadiendo que en ayudas mas recientes el análisis se centra tanto en la empresa como en el proyecto. Es evidente que el Ministerio de Industria asumió un elevado riesgo al conceder la subvención a DTS. Por ello, cuando se produce el resultado fallido y se comprueba que la subvención no se ha destinado a la finalidad prevista, no puede hablarse de que los acusados cometieron un delito de estafa, en tanto simularon un propósito serio de cumplir las condiciones de la subvención cuando no podían hacerlo. Las circunstancia que ahora se esgrime como impedimento para desarrollar el proyecto de inversión eran las mismas que ya se plasmaron en la solicitud y demás documentos aportados junto a la misma. Se constata el proceder poco diligente del Ministerio de Industria al conceder la subvención a una empresa de esas características. A ello hemos de añadir un cambio normativo en materia de energías renovables que acabó con el mercado de las energías renovables y que hacía inviable el desarrollo del proyecto para el cual se había otorgado la subvención.

Los razonamientos expuestos nos llevan a dictar un pronunciamiento absolutorio para los acusados Carlos Jesús y Remedios respecto del delito de estafa objeto de acusación, dado que no se ha practicado prueba de cargo de entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que les asiste en este proceso penal, art. 24 de la Constitución.

SEXTO.- DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES E INSOLVENCIA PUNIBLE.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Sra. Abogada del Estado han dirigido la acusación por el delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible previstos y penados en el art. 257.1, 2, 3 y 4 del C. Penal contra ambos acusados.

La STS 385/2014, de 23.4, concluye que cuando los bienes objeto de alzamiento son precisamente los obtenidos fraudulentamente a través de la estafa, nos encontraríamos ante supuestos de agotamiento del delito. También a la STS 331/2014, de 15.4, que afirma que dados los hechos declarados probados, donde el acusado desde el mismo momento en que se celebra el "negocio jurídico criminalizado" ya inicia actividades de alzamiento, para procurar la efectiva disposición de los bienes fraudulentamente obtenidos, considera que la estafa absorbe el alzamiento. En definitiva sostiene la doctrina jurisprudencial que cuando los bienes objeto de alzamiento son precisamente los obtenidos fraudulentamente a través de la estafa, no estamos ante un concurso de delitos, sino ante supuestos de agotamiento del delito. Y, en sentido opuesto, se afirma que la conducta debe ser sancionada como concurso real cuando el objeto alzado no es el ilícitamente obtenido con la defraudación, pues sancionar exclusivamente con las penas del alzamiento de bienes o de la estafa a quien ha maquinado un ardid para lograr engañar a otro impulsándole a un acto de disposición en su beneficio, y luego extrae fraudulentamente de su patrimonio bienes para dificultar el debido resarcimiento, supondría ignorar una relevante porción del injusto.

El relato de hechos probados pone de manifiesto que los cuatro millones de euros obtenidos en concepto de préstamo subvencionado fueron aplicados a fines propios y no al destino para el que fueron concedidos. La constitución de una imposición a plazo fijo y de un contrato financiero con los cuatro millones de euros obtenidos en concepto de préstamo y principalmente su posterior pignoración para garantizar la devolución del crédito concedido por BBVA, cuyo importe fue transferido a BSK son actos de agotamiento del delito de fraude de subvenciones, en su modalidad de aplicar la subvención obtenida a fines propios, distintos para aquellos para los que la subvención fue concedida. No se ha constatado que, ademas de dichas operaciones financieras, los acusados realizaren actos de disposición de otros bienes propiedad de DTS con finalidad de eludir sus responsabilidades respecto de su acreedor el Ministerio de Industria.

Como dice la SAP nº 391/2020 de Granada, de fecha 28 de diciembre de 2020, "tampoco se advierte la existencia del elemento dinámico del delito en cuanto que no consta acreditado un solo acto de disposición que hubiera podido dificultar las posibilidades de reintegro de la Administración, más allá y con independencia de la propia disposición de la cantidad obtenida de ésta por medio de la subvención que, conforme a lo que se acaba de expresar, se mostraría insuficiente para la configuración del referido ilícito penal en tanto que mera actuación encuadrable en el ámbito del agotamiento del delito de fraude de subvenciones y que, en consecuencia, una vez desaparece así la base concursal sobre la que se asentaba la aplicación conjunta de ambos tipos delictivos, nos ha de retrotraer a la operatividad ya analizada de la prescripción de aquél en idéntica medida de lo que ya fuera afirmado respecto de los Sres. Gabriel y Pedro Francisco, procediendo por ende el dictado de una sentencia absolutoria como la que de inmediato se dirá."

SÉPTIMO.-Como conclusión de los razonamientos expuestos, dado que entendemos que los acusados no han cometido el delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible objeto de acusación y el delito de fraude de subvenciones se ha declarado prescrito y no disponemos de prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia que es asiste respecto del delito de estafa objeto de acusación, es procedente decretar la absolución de ambos acusados respecto de todos los delitos objeto de acusación.

OCTAVO.-De conformidad a lo dispuesto en el art. 240 de la LECRIM es procedente declarar las costas de oficio.