Sentencia Penal 50/2024 Audiencia Provincial de Salamanca Civil-penal Única, Rec. 18/2024 de 28 de octubre del 2024

PRIMERO.-Los anteriores hechos declarados probados son legalmente constitutivos de las siguientes infracciones penales, según vigente redacción del Código Penal al tiempo de los hechos:

1º Un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad agravada por la cuantía de la cuota defraudada y por el empleo de personas jurídicas interpuestas, previsto y penado en el artículo 305 número 1 y artículo 305 bis número 1 a) y c) del Código Penal según redacción dada por Ley Orgánica 7 barra 12 de 27 de diciembre con entrada en vigor el 17 de enero de 2013.

2º Un delito contra la Hacienda Pública cometido por persona jurídica, previsto y penado en el artículo 310 bis del vigente Código Penal según redacción dada por Ley Orgánica 712 de 27 de diciembre que entró en vigor el 17 de enero de 2013.

3º Un delito continuado de falsedad en documento mercantil por la creación y simulación de documentos mercantiles falsos, a tenor del artículo 392 número 1 en relación con el artículo 390 números 1 y 2 y artículo 74 del Código Penal según redacción por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio publicado el 23 de junio de 2010 y en vigor a partir del 23 de diciembre del 2010, en concurso ideal medial con los dos delitos anteriores, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código Penal según redacción del texto original publicado el 24 de noviembre de 1995 en vigor el 24 de mayo de 1996 y anterior a la reforma operada por Ley Orgánica 1 barra de 2015 de 13 de marzo publicada el 31 de marzo de 2015 y en vigor a partir del 1 de julio de 2015.

Ha llegado la sala a tal conclusión condenatoria sobre la base de una sin duda tan abundante como completa prueba practicada en el juicio oral, que ha consistido no solo en la declaración auto inculpatoria de uno de los imputados, sino también y sobre todo en la declaración pericial del inspector y agente de la Agencia Tributaria estatal que "levantaron", si se permite la expresión, el presente proceso, inicialmente en una etapa meramente administrativa, que posteriormente, de la mano de una también sin duda ardua y completa querella del Ministerio Fiscal se transformó en el presente proceso penal.

Como es sabido- cfr. STS, Penal sección 1 del 09 de junio de 2016 ( ROJ: STS 2589/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2589 ), Sentencia: 499/2016 Recurso: 1753/2015 , Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA-el artículo 305 del Código Penal , en cuanto a la modalidad de conducta que nos ocupa, castiga a quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 120.000 euros.

En algunas sentencias, como la STS nº 1505/2005, de 25 de noviembre , se ha precisado que lo que penalmente se sanciona no es la omisión de la declaración por sí misma, formalmente considerada, aislada de cualquier valoración. Ni tampoco el impago, entendido como omisión del ingreso material del dinero, si ha mediado una declaración veraz. Pues el tipo exige una conducta defraudatoria y no el mero incumplimiento de deberes tributarios. De esta forma, la omisión de la declaración solo será típica si supone una ocultación de la realidad tributariamente relevante.

En el mismo sentido, en la STS nº 737/2006, de 20 de junio , se afirmaba que de acuerdo con el Ministerio Fiscal al apoyar el motivo, para que se produzca la conducta tipificada en el artículo 305 del Código Penal , no basta el mero impagode las cuotas, en cuanto el delito de defraudación tributaria ( STS 28/6/1991 , 20/11/1991 , 31 de mayo 1993 ) requiere, además, un elemento de mendacidad,ya que el simple impago no acompañado de una maniobra mendazpodrá constituir una infracción tributaria, pero no un delito. La responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la ocultaciónde bases tributarias o la ficciónde beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes.

En relación con estas afirmaciones, se entiende que quien omite la declaración que legalmente estaba obligadoa hacer estáen realidad ocultandola existencia de la base imponible, de manera que no existen dificultades para considerar tal conducta incluida en la descripción típica, ya que actúa con engaño quien presenta como realidad algo que no lo es.En el caso, la inexistencia de base imponible.

Elemento fundamental es que la cuota defraudada exceda, a la fecha de los hechos, de 120.000 euros.Se discute si estamos ante un elemento del tipo, que debería estar abarcado por el dolo del autor o bien ante una condición objetiva de punibilidad( STS nº 13/2006), calificación esta última por la que se inclina mayoritariamente la jurisprudencia, aunque la distinción pierda relevancia en tanto se admite que el dolo puede ser eventual.

En cualquier caso, no existirá delito, o, al menos, no habrá punibilidad, si no se acredita debidamente que la cuota defraudada excede de la mencionada cifra, aspecto que cumple demostrar a la acusación.

En anteriores precedentes, entre otras en la STS nº 267/2014, de 3 de abril , o en la STS nº 456/2014, de 5 de junio , esta Sala ha afirmado que el cálculode la cuota es responsabilidad y competencia del Tribunal penal y que, por lo tanto, debe hacerse en el proceso penal.No existe una especie de prejudicialidad administrativa tributaria, de forma que haya de partirse de la liquidación efectuada por las autoridades o funcionarios de la Agencia Tributaria, o que ésta sea necesaria para la causa penal ( STS nº 267/2014 , de 3 de abril). Pero de esta afirmación de principio no puede extraerse que haya que prescindir de la normativa tributaria, ni tampoco que resulte absolutamente desechable la eventual liquidación que pudieran realizar los funcionarios de la Administración tributaria.

En cuanto al primer aspecto, las normas tributarias deben ser atendidas al determinar en sede penal la cuota que se considera defraudada ( STS nº 832/2013, de 24 de octubre). Pero es necesario precisar que, de un lado, aunque puede acudirse a la prueba de indicios en relación a los hechos que constituyen la base fáctica del delito fiscal, las presunciones que en ocasiones contiene la legislación tributaria no resultan trasladables directamente al ámbito penal, en el que no puede prescindirse de la presunción de inocencia y de sus efectos, teniendo en cuenta que el acusado no está obligado a demostrar su inocenciasiendo suficiente para la absolución con la constatación de la existencia de una duda razonable. Así, en la STS nº 1807/2001, de 30 de octubre, se razonaba que en la medida que tales presunciones legales coinciden con la técnica probatoria que los Tribunales utilizan para la construcción racional de la prueba indiciaria pueden ser aplicadas para obtener su convicción, no como tales presunciones legales, sino como reglas de experiencia y racionalidad inferencial a título probatorio. En la STS nº 2486/2001, de 21 de diciembre, se afirmaba que en lo que se refiere a las cuestiones de hecho, o probatorias, el Tribunal penal debe atenerse al sistema probatorio propio del proceso penal,pues el principio constitucional de presunción de inocencia determina condicionamientos específicos que, por su rango constitucional, no pueden ser derogados por el legislador ordinario. En el proceso penal la prueba de la culpabilidad del acusado incumbe en todo caso a la acusación, incluyendo en la culpabilidad los elementos objetivos y subjetivos integradores del delito, no siendo admisibles presunciones legales contra reo ni tampoco la inversión de la carga de la prueba. Sí es admisible, sin embargo, la prueba de indicios,pero en todo caso cumpliendo las condiciones de fiabilidad necesarias para estimar que la culpabilidad ha sido acreditada "fuera de toda duda razonable".En caso de duda, el principio "in dubio pro reo" impone la absolución, ( sentencia núm. 274/1996, de 20 de mayo) . Y en la STS nº 774/2005, de 2 de junio , se recordaba, citando otras anteriores, que en la medida en que tales presunciones legales coinciden con la técnica probatoria que los Tribunales utilizan para la construcción racional de la prueba indiciaria pueden ser aplicadas para obtener su convicción, no como tales presunciones legales, sino como reglas de experiencia y racionalidad inferencial a título probatorio . Y, de otro lado, con carácter previo han de ser aplicadas las normas contenidas en la normativa penal, por razones obvias. Concretamente, en el apartado 2 del artículo 305 del Código Penal se contienen normas destinadas a la determinación de la cuantía de la cuota defraudada.

Y en lo que se refiere al segundo aspecto, aunque no exista vinculación alguna del Tribunal con las conclusiones alcanzadas por la Administración tributaria en cuanto a la cuota defraudada, nada impide valorarlas en contraste con el resto de los elementos sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional, pues las razones que las sustentan no dejan de ser atendibles por su procedencia. En este sentido, en la STS nº 31/2012, de 19 de enero , se decía que el que la Sala de instancia haya aceptado los datos de la administración sobre las cuotas defraudadas implica que los considera acertados y asume la conclusión que aquella obtuvo sin que ello suponga dejación o abdicación de su obligación.

"El citado precepto", dice, en fin, la STS, Penal sección 1 del 03 de junio de 2024 ( ROJ: STS 3218/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3218 ), Sentencia: 523/2024 Recurso: 1947/2022, Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA, " precisa para su aplicación de los siguientes presupuestos típicos: a) Un autor caracterizado por ser deudor tributario. Se trata de un "delito especial" que solamente puede cometer quien tiene esa condición. Lo que no exige que el autor lleve a cabo el comportamiento típico por su propia mano; b) un aspecto "esencialmente omisivo" en cuanto que supone la infracción del deber de contribuir, que la doctrina clasifica dentro de los "mandatos de determinación", que llevan a clasificar el delito dentro de la categoría de "en blanco"; c) pero que no se limita a la mera pasividad, por lo que, asume cualquiera de las modalidades de acción u omisión que el precepto citado prevé, lo que no basta es la mera elusión de la presentación de la preceptiva declaración y liquidación, o la inexactitud de ésta, ya que el desvalor de la acción exige el despliegue de "una cierta conducta o artificio engañoso", que lleva a incluir este delito dentro de la categoría de los de "medios determinados" funcionales para mantener oculta a la Hacienda la existencia del hecho imponible; d) que requiere un resultado constituido por el "perjuicio económico para la Hacienda" que será típico si alcanza la cantidad fijada en la norma penal; e) que este perjuicio derive de aquella actuación engañosa, lo que excluye de la tipicidad los casos en que el comportamiento del sujeto no impide u obstaculiza de manera relevante la actuación de comprobación por la Hacienda para la efectividad de la recaudación, diferenciándose por ello de la mera infracción sancionada administrativamente".

Y en lo que al elemento subjetivo se refiere, en el sexto, añade que "lo que el sujeto debe saber es: a) que está constituido como sujeto pasivo del tributo, y b) que aquellos actos que se le atribuyen tienen por finalidad eludir el cumplimiento de ese deber, con la importancia económica que exige el artículo 305 del Código Penal. Y lo que debe querer es precisamente lograr como resultado de sus actos impedir la efectividad recaudadora de Hacienda y la evitación del pago a que venía obligado", con lo cual, lo que se viene a decir es que basta la conciencia y voluntad defraudadora, para incurrir en el delito".

Todos estos presupuestos se cumplen en el caso que nos ocupa. Porque los acusados se concertaron para montar un artificio a partir de la realización de unas operaciones que no son reales, valiéndose de sociedades instrumentales, conscientes de que con ello hubieran evitado el pago de una importante cantidad por el concepto de IVA, pero que no consiguen porque la Agencia Tributaria descubrió el fraude; es decir, con su proceder cubren cuantos elementos objetivos y subjetivos nuestra Jurisprudencia exige para apreciar el delito del art. 305 CP de modo que fueran cuales fueran las intenciones de los acusados, éstos eran conscientes de que estaban defraudando al fisco y tuvieron voluntad de hacerlo.

En efecto, una valoración conjunta y ponderada de todas las pruebas practicadas incluidas las periciales o testificales periciales emitidas en el acto del juicio oral permite y aún exige llegar a tal conclusión condenatoria. Valoración que pasamos a hacer a continuación:

En primer lugar, hemos de partir de la declaración auto inculpatoria del coimputado Fidel. Prueba respecto de la cual, antes de nada, hemos de indicar que nuestro TS Sala 2ª, en su sentencia de 3-2-2003, nº 112/2003 señala que " las declaraciones de los coimputados constituyen, en principio, pruebas de cargo hábiles para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, pues están fundadas ordinariamente en un conocimiento extraprocesal y directo de los hechos. La circunstancia de la coparticipación delictiva no las invalida, constituyendo únicamente un dato a tener en cuenta por el Tribunal sentenciador a la hora de ponderar su credibilidaden función de los particulares factores, subjetivos y objetivos, concurrentes en las mismas ( sentencias de 12 y 13 de mayo, 17 de junio, 4 y 28 de junio de 1991, 25 de marzo de 1994, 1 de diciembre de 1995, 23 de mayo de 1996, 3 de octubre de 1998, 3 de febrero, 26 de julio, 17 de septiembre y 1 de diciembre de 1999, 30 de marzo y 5 de diciembre de 2000, núm. 1.866/2000, 16 de julio de 2001; núm. 1.095/2001, entre otras).

Uno de los requisitos exigibles para que la prueba de cargo practicada sea hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, como ya se ha señalado, es que su valoración sea razonable.

De manera que, dada la peculiaridad de la prueba consistente en la declaración del coimputado, que no se presta bajo juramento de decir verdad y que puede estar afectada en su veracidad por el ejercicio del derecho a no auto incriminarse, tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional han estimado que la razonabilidad de una condena fundada en dicha declaración debe incluir la constatación de la concurrencia de elementos de corroboración objetivos y la ausencia de elementos de incredibilidad subjetivos ( SSTS de 13 de julio 75 y 27 de noviembre de 1998, 14 de mayo o 26 de julio de 1999, etc, SSTC 153/97, de 29 de septiembre , 49/1998, de 2 de marzo, 115/98, de 1 de junio, 63/2001, 68/2001, 69/2001, y 70/2001, de 17 de marzo, 72/2001, de 26 de marzo, 182/2001, de 17 de septiembre, 2/2002, de 14 de enero, 57/2002, de 11 de marzo, 68/2002, de 21 de marzo, 70/2002, de 3 de abril, 125/2002, de 20 de mayo, 155/2002, de 22 de junio, 181/2002, de 14 de octubre y 207/2002, de 11 de noviembre).

La credibilidad objetiva de la declaración del coimputado precisa el análisis de la concurrencia de hechos o indicios externos o periféricos que la doten de verosimilitud bastante para hacer razonable su valoración favorable".

En igual sentido la STS, Penal sección 1 del 01 de junio de 2016 ( ROJ: STS 2605/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2605 ), Sentencia: 472/2016 | Recurso: 1245/2015 | Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR,señala que " esta Sala (STS 849/2015, de 1 de diciembre , entre otras muchas), en recepción de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha afirmado igualmente de manera reiterada que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad ( SSTS 1290/2009 de 23 de diciembre ; 84/2010 de 18 de febrero ; 60/2012 de 8 de febrero ; 129/2014 de 26 de febrero ó 622/2015 de 23 de octubre por citar alguna de las más recientes).

Sin embargo, ambos Tribunales hemos llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo cual no está obligado legalmente a declarar, pudiendo callar total o parcialmente. Precisamente en atención a esas reticencias se ha afirmado que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada. Es la existencia de alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de esa declaración como prueba de cargo.

En definitiva, nos encontramos ante una prueba peculiar que exige un plus: unas condiciones externas, verificables desde fuera, más allá de que el proceso racional por el que un Tribunal llega a conferirles credibilidad esté fuertemente asentado y sea convincente.

En orden a superar las reticencias que derivan de la especial posición del coimputado, esta Sala ha establecido una serie de pautas de valoración que se mueven en cánones paralelos a los elaborados para las declaraciones de la víctima aunque, en palabras, entre otras, de la STS 513/2015, de 9 de septiembre , en este caso suponen algo más que simples orientaciones. Entre ellas y de manera especial la existencia de motivaciones espurias, lo que enlaza con las ventajas derivadas de la heteroimputación.

Como recuerda la STS 145/2015, de 8 de mayo , existe toda una tradición doctrinal que contempla con recelo el otorgamiento de beneficios por la delación. Ahora bien, no es extraña a esa política nuestra legislación: admitida por la ley esa mecánica, el intérprete no puede sustraerse a ella por la vía indirecta del ámbito procesal. Varios artículos del Código Penal de los que el 376 es un paradigma, así como la interpretación jurisprudencial de la atenuante analógica en relación con la confesión, acreditan que en nuestro derecho está admitida e incluso alentada en algunas parcelas esa forma de acreditamiento.

El hecho de que se deriven beneficios de la delación ha de ser sopesado pero no lleva ineludiblemente a negar valorprobatorio a la declaración del coimputado. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el testimonio obtenido mediante promesa de reducción de pena no comporta una desnaturalización que suponga en sí misma la lesión de derecho fundamental alguno. Igualmente ha expresado que la búsqueda de un trato de favor no excluye el valor de la declaración del coimputado, aunque en esos casos exista una mayor obligación de graduar la credibilidad (por todas STS 279/2000, de 3 de marzo ). La Decisión de inadmisión del TEDH de 25 de mayo de 2004 , recaída en el asunto CORNEILS v. Holanda abunda en esas ideas.

En la STC 233/2002, de 9 de diciembre, se reitera el criterio de que la exigencia de corroboración se concreta en dos ideas: que la corroboración no ha de ser plena, ya que ello exigiría entrar a valorar la prueba, posibilidad que está vedada tanto al Tribunal Constitucional como a esta propia Sala Casacional, sino mínima; y que no cabe establecer qué ha de entenderse por corroboración en términos generales, más allá de la idea obvia de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejar al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no.

Resume dicha resolución la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre esta materia, señalando que los rasgos que la definen son: a) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; b) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; c) la aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; d) se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración; y d) la valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso".

En igual sentido, en fin,la STS, Penal sección 1 del 11 de abril de 2024 ( ROJ: STS 2037/2024 - ECLI:ES:TS:2024:2037 ), Sentencia: 314/2024 Recurso: 11066/2023 Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO,ha declarado que "conforme a reiterada doctrina constitucional sobre la aptitud o suficiencia de las declaraciones de los coimputados para enervar la presunción de inocencia, aunque la valoración de tales declaraciones es legítima desde la perspectiva constitucional, carecen, sin embargo, de consistencia plena como prueba de cargo, cuando siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas.

En efecto, el Tribunal Constitucional y esta Sala Segunda han señalado, como ya hemos indicado, que la declaración de un coimputado es una prueba "sospechosa" cuando se trata de la única prueba de cargo, en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene la obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, reconocidos en el art. 24.2 CE, que son garantías instrumentales del más amplio derecho de defensa.

Dicha exigencia de corroboración se concreta en dos ideas: por una parte, que no ha de ser necesariamente plena, sino que basta con que al menos sea mínima; y, por otra parte, que no cabe establecer su alcance en términos generales, más allá de la idea obvia de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa".

La corroboración mínima exigible en relación con la participación del o de los imputados en los hechos punibles que este órgano judicial considera probados, no puede, pues, venir sin más de la mano los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el mantenimiento o no de la declaración o su coherencia interna-; sino que lo verdaderamente relevante como factor o factores externos de corroboración exige fundamentalmente valorar a estos efectos exclusivamente los que aparezcan expresados como fundamentos probatorios de la condena (por todas, SSTC 17/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 30/2005, de 14 de febrero, FJ 4; 55/2005, de 14 de marzo, FJ 1; 165/2005, de 20 de junio, FJ 14).

Hechas estas precisiones podemos ya indicar que el citado coimputado Fidel administrador único de la sociedad coacusada, ha reconocido plena y ampliamente los hechos, ha insistido que se trataba de compras en blanco que tenían proveedores y que a algunos les compraba en negro mientras que a otros en blanco, por lo que se encontraron en la sociedad por él administrada ante un problema con el IVA soportado por falta de IVA declarado, por lo que acudió como solución a la emisión de facturas para cubrir las que faltaban; eran facturas sobre productos no recibidos en realidad. Manifestó que fue con el coimputado Abel con el que hizo esta gestión. A Abel, dijo, lo conoció por internet. Fue una relación de favor, que él me hizo, me cubrió así el déficit del IVA soportado con facturas casi todas ellas falsas, en el sentido de que eran facturas en las que figuraban las sociedades a las que se menciona en los hechos declarados probados, sociedades que él no sabía de quién eran, entendí, dijo, que eran sociedades de Abel, pero no pregunté; con esta dinámica estuvieron 5 o 6 meses; yo, dijo, no conocía a los administradores de esas sociedades; igualmente manifestó que los datos contenidos en la abundante documentación obrante en autos y aportada por la Hacienda Pública son ciertos; como consecuencia de esta relación de favor indicó el coimputado Fidel que pagó un dinero a Abel por medio de las transferencias que obran en autos; en esos pagos se incluía también el aceite que me había servido y otros bienes; tales facturas fueron pagadas por transferencia a través de DeuchBank; igualmente indicó que no sabía si Abel era agente comercial o solo transportista de residuos; que no se acordaba tampoco del vehículo que utilizaba porque había mucho movimiento de camiones; que tuvo contactos con los inspectores de Hacienda a través de su representante, el cual representante reconoció la falsedad de la totalidad de las facturas como consta en la llamada diligencia 21 de 20 de enero de 2020, que se le exhibió en el acto del juicio oral; igualmente se le exhibió un email que enviaron a la sociedad metalúrgica de la que él era administrador único, y manifestó que S.A.N.D.R.A. creó el documento, su administrador era Octavio, también aparece como interviniente Abel, que es el aquí coacusado, aunque también manifestó Fidel que él no sabía qué pintaba Abel en esa reunión, que él creía que no pintaba nada; asimismo indicó que ese documento no se cumplió; y que se ratificaba en los acuerdos con Hacienda y en lo que declaró ante la Guardia Civil y también se ratifica en los pagos que ya ha hecho a la Hacienda del Estado; manifestó que no sabía la relación que tenía Abel con los demás, que él trataba con Abel, pero no sabía si tenía o no tenía relación con ACRA y con las otras sociedades; que no se acordaba si las facturas respondían a los residuos o a su transporte; que los pagos eran por medio del Banco, no sé en qué concepto se abonaron los 60.000 €; que los depósitos de poliéster no se pudo acreditar si existían o no, me imagino que no había contratos de suministro y eran facturas falsas, por eso no se pudo acreditar la entrega real de sus productos, y sobre Abel insistía en que solo sabe que le suministraba las facturas.

Pues bien, lo manifestado por el coimputado no ha sido mínima, sino plena y tan abrumadora como abundantemente corroborado por la ingente prueba documental unida a las actuaciones, así como por la amplia declaración de los agentes de la Agencia Tributaria inspector y agente tributario, que declararon en el juicio oral tanto para ratificar como para explicar desde un principio toda su intervención en el presente caso.

En relación con el valor de la declaración de los agentes de la Agencia Tributaria Inspector y Agente Tributario, hemos de indicar que, como se señala en la STS, Penal sección 1 del 03 de junio de 2024 ( ROJ: STS 3218/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3218 ), Sentencia: 523/2024 Recurso: 1947/2022 , Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA,que "es cierto que las resoluciones de esta Sala no tienen una línea uniforme sobre la condición procesal que tienen esta clase de profesionales que, de un lado, intervienen en las diligencias de inspección y, de otro, comparecen en juicio.

En algunas resoluciones se ha cuestionado su condición de peritos. Valga como la sentencia de 20 de enero, en la que se recuerda que "los funcionarios de la Agencia Tributaria no pueden ser considerados peritos y sus declaraciones, en todo caso, sólo pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de ratificar y ampliar, si corresponde, los hechos constatados en las actas de la Inspección. La constatación de los hechos basados en una comprobación de circunstancias fácticas, inclusive las contablemente documentadas, no requieren, en principio, especiales conocimientos científicos o artísticos en el sentido del art. 456 LECrim y por tal razón es erróneo considerar a los funcionarios de la Agencia Tributaria como peritos. Por otra parte, cuando estos conocimientos sean necesarios, por ir más allá de la mera constatación, la designación de peritos contables deberá recaer en personas que no estén afectadas por las causas de recusación previstas en el art. 468 LECrim". En esa misma dirección, en la más reciente STS 951/2023, de 21 de diciembre, sostiene que incluso los informes que se reclaman por los órganos judiciales a este tipo de funcionarios carecen de la consideración de peritos, "tratándose sólo del dictamen de un funcionario de la Agencia Tributaria, que no es sino una declaración de conocimiento sobre un fenómeno jurídico, es decir, una opinión ( STS de 27 de junio de 2008, Recurso número 4235/2004). Incluso en los casos en los que los Inspectores de Hacienda se manifiestan "sobre los resultados de su propia actuación como funcionarios", hemos dicho que "es erróneo considerar a los funcionarios de la Agencia Tributaria como peritos" ( STS 13/2006, de 20 de enero) y, por lo mismo se opone a que se le otorgue el carácter de prueba pericial a la que no es sino una declaración testifical de funcionarios de la Agencia Tributaria".

Sin embargo, no faltan resoluciones en las que se atribuye la naturaleza de prueba pericial a este tipo de informes, ratificados a presencia judicial (Vid. SSTS 354/2024, de 3 de abril). En la STS 833/2023, de 15 de noviembre, con apoyo en la STS 212/2021, de 10 de marzo, se precisa, en esa dirección, que estos profesionales pueden intervenir en el juicio como testigos, cuando haya realizado actuaciones de comprobación o inspección y su declaración se limite a informar sobre tales actuaciones; testigo -perito, cuando declare sobre hechos conocidos personalmente en el desarrollo de esas actuaciones y, además emita opiniones especializadas de carácter técnico para la apreciación de los hechos y, por último, como perito, cuando sin realizar actuaciones materiales de comprobación o investigación, sea llamado por el órgano judicial para desempeñar un servicio pericial aportando información de carácter técnico para el mejor conocimiento de los hechos.

En este supuesto el Inspector que compareció a juicio se limitó a explicar al Tribunal el contenido de la investigación previamente realizada por lo que su condición procesal era la propia del testigo. En cualquier caso, nada obsta a que el Tribunal haya valorado su testimonio para apreciar la información contenida en la prueba documental aportada. Desde esta perspectiva resulta escasamente relevante si su declaración puede ser valorada o no como la propia del testigo-perito. Lo cierto es que fue apreciada con inmediación y nada obsta a que sea valorada junto con el resto del acervo probatorio".

De modo que, como consta en el acta del juicio oral, tales peritos o testigos peritos explicaron y asimismo insistieron que comprobaron que había en la sociedad ahora acusada menos facturas que entrega de bienes, pues había muchas entregas en lo que ellos llaman en "B", es decir, en negro de Reciclados De Jaén Unidos S.L., Akra Recuperaciones S.L. y Servinter Baix Vinalopó S.L. comprobaron que había abundantes indicios de que se hacían más entregas que facturación. Así mismo comprobaron que Servinter Baix Vinalopó SL no se llegó a constituir como sociedad, de suerte que no fueron capaces de localizar a los representantes de dicha sociedad. Asimismo respecto de Akra Recuperaciones S.L. encontraron a un representante con poder solo para pedir el alta y solicitar el aplazamiento de la sociedad, de modo que desde el año 2014 al año 2018 fue solo eso exclusivamente lo que hizo. Y, en fin, de Reciclados De Jaén Unidos S.L. solo logramos encontrar un inmueble deshabitado.

Ninguna de las sociedades contestó a nuestras notificaciones ni aportó en absoluto la documentación que se les requería. Ni siquiera encontramos respecto de las dos primeras físicamente los edificios de dichas sociedades. Los pagos insistieron en que se hacían en efectivo o mediante transferencias, pero no había entregas de mercancías y por eso las facturas eran falsas. El obligado tributario al que ellos investigaban, la entidad Metalurllical Corporation S.L.. era una sociedad real cuyo representante y administrador era el aquí imputado, Fidel, como él así nos lo reconoció y así consta en el expediente tributario. Era una sociedad mercantil real y efectiva, como comprobaron con la documentación del representante de dicha sociedad y de S.A.N.D.R.A. y sobre todo del principal cliente Sevillana de Residuos de Alicante, que aunque tardó en contestar finalmente a partir de 2020 aportó la documentación que se le requería y acreditaba como reales las entregas de Metalurllical a S.A.N.D.R.A., entregas que eran mucho más que las facturas repercutidas. El objeto social de Metalurllical consta y comprobaron que era la compraventa de aceite usado para reciclaje. Dicha sociedad comprobaron los peritos que tenía compraventas con facturas y compraventas sin factura. De ahí viene el déficit de IVA repercutido y de IVA soportado, por lo que surgió la necesidad de hacer cuadrar ambos "IVAS" con las facturas de esas empresas S.A.N.D.R.A .etcétera. Por supuesto el coimputado Fidel ni la sociedad que representa pidieron en modo alguno devolución del IVA, lo cual, explicaron a esta sala citados peritos, constituye una práctica normal en cuanto habitual que obedece a un puro sentido común, toda vez que es sabido que si se solicita a Hacienda la devolución del IVA se provoca que la Hacienda Pública lleve a cabo muchos más controles, por lo que no solicitaron ninguna devolución para evitar tales controles y a la postre evitar que se descubriese el desfase entre IVA repercutido y soportado.

Añadieron los peritos que Servinter Baix Vinalopó SL como tal sociedad no se llegó ni siquiera a constituir; hay 22 facturas de la misma sobre depósitos de poliéster en el libro diario, constan las facturas pero faltan documentos de transportes, etcétera para acreditar la realidad de las entregas; se les exhibieron las facturas que corroboran todo el entramado; AKRA no contestó a la Agencia Tributaria nada sobre los requerimientos hechos respecto a las facturas ni sobre las entregas, los pagos se realizaron en efectivo por más de 1.000.0000 de euros cuando la ley solo permite que se realicen pagos efectivos hasta un máximo de 2500 €. Básicamente corroboraron los peritos que entre de 80 a 90% dicha sociedad facturaba a la obligada tributaria aquí coimputada Metalurllical; dicha sociedad no consta que tuviese trabajadores.

Finalmente, Reciclados De Jaén Unidos S.L. indicaron los peritos que tampoco es una sociedad real y efectiva, como se ve a través de las facturas en las que no se especifica ni cuantía ni precio por cada unidad de producto servido etcétera, de modo que es también una sociedad ficticia. Sí que consta su registro, pero no contestó a ninguno de los requerimientos; se constituyó pero duró muy poco tiempo. De hecho Metalurllical tenía muchas facturas de ella, que tampoco están detalladas en cuantías, unidades vendidas, etcétera; no tenía tampoco ni trabajadores ni clientes ni declaraciones de IVA etc. Casi todas sus actividades se refieren a Metalurllical, y solo su administrador estaba de alta en la sociedad.

Se les exhibieron otras facturas del coimputado Abel e indicaron los peritos que algunas son de antes de su constitución social; dicho señor comprobaron los peritos que compró un camión pero más tarde de la fecha de las operaciones de transporte que reflejan tales facturas; de modo que de abril a agosto de 2014 hay varias expediciones sin que hayamos podido constatar la existencia de medios de transportes del citado Abel propios ni alquilados, lo cual fue tomado como indicio serio de fraude por dichos peritos; también la cuenta corriente se abrió después de las primeras actuaciones; no aportaron ni consta en los autos ningún albarán de los transportes hechos; se le pagaron 60.000 € de más según las facturas, sin que les diese Abel ni nadie ninguna explicación sobre esa cantidad recibida de más. Constataron los peritos que Abel se dio de alta como transportista según la información de la Agencia Tributaria y que trabajó para Biomasa y luego con Metalurllical. Nada más se ha acreditado. Nosotros, explicaron los peritos, le considerábamos lo que en nuestro argot llamamos "módulolero" que es el contribuyente que tributa por módulos o sistema de estimación objetiva, y no por el sistema de estimación directa, que es menos propicio que el anterior para colaborar en este tipo de fraudes del IVA. Comprobaron que Abel se relacionaba con AKRA y con reciclados.

No podemos por menos de recordar aquí que en los supuestos como el presente nos hallamos ante una actuación que, como hemos visto más arriba, aunque legalmente no constituya un elemento del tipo penal, sí suele, en todo caso, ir acompañado de un elemento de mendacidad, es decir, de una maniobra mendaz a través de la cual se pretende eludir, en definitiva, el cumplimiento de importantes obligaciones fiscales, en este caso relativas al pago del IVA, incumplimiento que la ley penal exige que a la fecha de los hechos supere la cantidad de 120000 € nada menos. Ahora bien, en tanto en cuanto nos hallamos ante una actuación fraudulenta o mendaz no podemos pretender, sería ingenuidad, llegar a la acreditación de la misma mediante pruebas directas, sino que dicha acreditación y blanqueo superador de la presunción de inocencia y respetuoso con los derechos fundamentales debe inevitablemente venir de la mano fundamentalmente de las llamadas pruebas indirectas o prueba de indicios. Ahora bien, - cfr. STS, Penal sección 1 del 15 de febrero de 2017 ( ROJ: STS 566/2017 - ECLI:ES:TS:2017:566 ), Sentencia: 91/2017 -Recurso: 10291/2016 , Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA-en los casos apoyados en las llamadas pruebas indirectas no hay que olvidar que la fortaleza del cuadro probatorio en que funda la convicción el órgano judicial no es lícito ni honesto en términos de lógica jurídica que, como se ha pretendido por una de las defensas en legítimo ejercicio de su derecho, se cuestione por medio del expediente, tan usual como poco fértil, de fragmentar el resultado probatorio, en lugar de contemplarlo en su conjunto como debe hacerse, especialmente en la técnica de la prueba indiciaria. Contamos en el caso, con una prueba directa, las declaraciones de un coimputado, vertidas en la instrucción y en el juicio oral, rodeadas de todas las garantías inherentes a ese mecanismo probatorio. Prueba directa que, como hemos visto, es válida, no si es única, sino si, como es el caso, se ve reforzada por un cuadro indiciario de enorme potencial acreditativo. Compuesto tanto por la ingente documental aportada a los autos, como por la declaración de los peritos de Hacienda, así como también, no podemos olvidarlo, por la declaración en el juicio oral del agente de la Guardia Civil que ratificó también el correspondiente atestado e insistió en que ello, la guardia civil, fueron a comprobar físicamente la existencia de las sociedades por las que se le preguntaba y solo se encontraron edificios vacíos, desocupados desde hacía años, sin ninguna huella ni vestigio de que allí se realizase ninguna actividad económica; edificios uno de los cuales, como consta en los hechos probados, limita pared con pared con el domicilio familiar del coacusado Abel.

Cada indicio aisladamente separado podría ciertamente ser insuficiente para fundar por sí solo una condena (facturas emitidas por sociedades que no constan inscritas en el Registro Mercantil; o facturas que son genéricas y que no acreditan ni especifican las unidades de productos suministrados ni el precio por unidad; sociedades que carecen de trabajadores; o sociedades cuya sede social se corresponde con un edificio deshabitado desde hace años y sin ninguna huella ni vestigio de que allí se realizase ninguna actividad económica; facturas que eran el único medio de acreditación de la efectividad de la recepción de mercancías, pero acompañadas de la carecía de contratos, albaranes, documentos de trazabilidad del producto, medios de cobro, cartas de porte, documentos de transportes y cualquier otro documento acreditativo de la realidad del suministro expresado en las indicadas facturas, de modo que no se puede constatar que se haya producido en ningún momento la venta real de "depósitos poliéster" ni de ninguna maquinaria o producto; o sociedades carentes de cuentas corrientes en entidades de crédito, ni actividad notarial, ni trabajadores, ni inscripción registral como empresario en el sistema de Seguridad Social, ni código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de Seguridad Social; o que del importe que consta como pagado, 1.974.963,75 euros, la cantidad de 1.553.400,43 euros lo fueron en efectivo según contabilidad, pero se carece de cualquier acreditación de la realidad de tales pagos ; o que figurase en la sociedad como apoderado en Hacienda Valeriano, y tal empresa contratase sus servicios para solicitar un certificado de estar al corriente en la AEAT y presentase una declaración trimestral de IVA con solicitud de fraccionamiento, pero después no consta que se le realizaran más servicios y consta que no podido dicho apoderado localizar a la sociedad para que le desapoderara; sin olvidar por lo demás que dicho domicilio está situado junto al domicilio familiar de Abel, sito en DIRECCION001 Elche (Alicante), sin que tampoco conste trabajador alguno a su cargo ni compras que permitan realizar las ventas imputadasšo , en fin, se trate de una sociedad igualmente sin actividad notarial, sin domicilio de actividad declarado en Hacienda y cuyo domicilio fiscal en realidad de verdad se corresponde con un inmueble deshabitado desde hace mucho tiempo, que no era sino una residencia familiar en la que no consta que se haya desarrollado ninguna actividad empresarial.etc etc).

Ahora bien, interrelacionados tales indicios entre sí y combinados con la testifical, pericial e interrogatorio citados conforman final y globalmente una base probatoria más que sobrada para soportar la convicción plasmada por este órgano judicial en la presente sentencia. Una única hipótesis es capaz de dar explicación a toda esa amalgama de elementos que apuntan en idéntica dirección: la propuesta como cierta y ampliamente explicada en los hechos declarados probados.

Tampoco este Tribunal pretende llevar a cabo una aceptación mecánica y acrítica del criterio de la Administración Tributaria, sino que ante la prueba pericial practicada, corroborada y explicada en el juicio oral, con exhibición en dicho juicio de la documental unida a los autos y a preguntas de las partes del proceso, conforme a las reglas de la sana crítica y del racional criterio humano con que dicha prueba debe ser valorada, como se desprende de los artículos 717.2 y 741 LECr, que manda valorar en conciencia las pruebas practicadas ante el tribunal en el juicio oral, siendo como es sabido que dicha expresión legal "en conciencia" no se refiere sino a la conciencia racional propia de todo ser humano, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica o máximas de experiencia; ante la prueba pericial practicada, decimos, corroborada y explicada en el juicio oral, con la exhibición de la documental unida a los autos y a preguntas de las partes del proceso, conforme a las reglas de la sana crítica y del racional criterio humano con que dicha prueba debe ser valorada, no cabe sino concluir que tanto la cualificación profesional y técnica de tales peritos, como la magnitud cuantitativa, clase e importancia o dimensión cualitativa de los datos recabados y observados por los mismos, así como las operaciones realizadas y medios técnicos empleados, y, en particular, el detalle, exactitud, conexión y resolución de los argumentos que soportaron su exposición, así como la solidez de las deducciones, permiten y aún obligan a concluir que el fraude del IVA objeto de juicio ha sido suficiente y contundentemente acreditado en autos.

Por lo demás, añadir que frente a tan abundante material probatorio aportado por la acusación y que venimos analizando, la defensa del coimputado Abel se ha limitado a oponerse fragmentariamente a los indicios acreditados, oposición fragmentaria que , como ya hemos argumentado más arriba, es tan usual como poco fértil. Argumentó que se puede comprar un camión y no darle de alta en tráfico o que el email explicado por los peritos no consta que se enviase a nadie; que ninguna ventaja ha obtenido su defendido por los favores que dice el coimputado que le hizo; y, en definitiva, que la acusación es quien tiene que acreditar tales extremos y no los ha acreditado ;y, en fin, asimismo ha pretendido desprestigiar y vaciar de valor la declaración del coimputado por existir, dijo "un lío de faldas" que hace no creíble por motivos espurios dicha declaración. Pues bien, conviene tener en cuenta a este respecto que como señala la STS, Penal sección 1 del 27 de septiembre de 2016 ( ROJ: STS 4175/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4175 ), Sentencia: 719/2016 Recurso: 10063/2016 , Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, " en SSTS. 573/2010 de 2.10 , 615/2016 , hemos recordado que con respecto a la cuestión de los contraindicios el TC nº 24/97 de 11-12 , ha precisado que la versión que de los hechos ofrece el acusado constituye un dato que el Juzgado ha de tener en cuenta, pero ni aquél tiene que demostrar su inocencia, ni el hecho de que su versión de lo ocurrido no resulta convincente o resulta contradicha por la prueba, debe servir para considerarlo culpable, pero su versión constituye un dato que el Juzgador deberá aceptar o rechazar razonadamente ( STC 221/88 y 174/85 ).Y en la STC 136/1999, de 20 de julio, se argumenta que "en lo concierne a las alegaciones, excusas o coartadas afirmadas por los acusados, importa recordar los siguientes extremos:

a)La versión que de los hechos ofrezca el acusado deberá ser aceptada o rechazada por el juzgador de modo razonado ( SSTC 174/1985, 24/1997 y 45/1997 ).

b) Los denominados contraindicios -como, vgr., las coartadas poco convincentes-, no deben servir para considerar al acusado culpable ( SSTC 229/1998 y 24/19997), aunque si pueden ser idóneos para corroborar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o indiciaria, que se sumen a la falsedad o falta de credibilidad de las explicaciones dadas por el acusado (v.dr. SSTC 76/1990 y 220/1998 ).

c) La coartada o excusa ofrecida por el acusado no tiene que ser forzosamente desvirtuada por la acusación, ya que la presunción de inocencia exige partir de la inocencia del acusado respecto de los hechos delictivos que se le imputan, pero en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones (v.gr. SSTC 197/1995 , 36/1996 y 49/19998, y ATC 110/19990). En otras palabras: la carga de la prueba de los hechos exculpatorios recae sobre la defensa".

Por su parte, esta Sala tiene establecido que "las declaraciones del acusado tenidas por el Tribunal como carentes de crédito, y como excusas de escasa consistencia, es verdad que no tienen ciertamente valor como prueba de cargo, porque no es al acusado a quien compete probar su inocencia sino a la acusación desvirtuar la presunción de ella. Por lo tanto, el escaso crédito de las explicaciones del acusado no incrementa el valor de la prueba de cargo, cuya capacidad como tal depende exclusivamente de su propio valor y eficacia. No hay más prueba de cargo porque sea menor el crédito de la de descargo. Pero ésta última cuando no es creíble mantiene íntegra la eficacia demostrativa de aquélla en cuanto que su valor probatorio como prueba de cargo no se ve contradicha eficazmente, en tal caso, por otra prueba de signo y resultado opuesto". ( SSTS 97/2009, de 9-2 ; 309/20009, de 17-3; y 1140/2009, de 23-10 ).

Por su parte en STS 528/2008 de 19-6 hemos dicho que "nada se opone desde la lógica a que la desarticulación positiva de una coartada, porque exista una fuente probatoria que permite sostener un hecho incompatible con la misma, resta fuerza argumental a la conclusión final, sino que la refuerza en la medida que se añade al indicio principal la inveracidad del contraindicio que deja sin fuerza la versión de quien lo sustenta".

En efecto se debe insistir en que la valoración de la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica invertir la carga de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes de cargo. Se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino por el contrario las manifestaciones del acusado, que en total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente deducida de la prueba practicada ( STS 29.10.2001 )".

Y sin duda alguno en el presente caso se ha constatado que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino que, por el contrario, las manifestaciones del coacusado en total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente deducida de la prueba practicada. Puede acogerse dicho acusado, como así hizo, a su derecho fundamental de no declarar y escoger libre y soberanamente la estrategia que tenga por conveniente, si bien las consecuencias de dicha estrategia no han de ser sino las que se deriven de lo establecido legalmente. Que no es sino que si se alega por primera vez en el juicio oral, de manera sorpresiva, sin haberlo mencionado antes, que el coimputado ha declarado en tu contra por un lío de faldas que no se quiere explicar para evitar perjuicio a terceras personas, se deja al tribunal sin poder valorar si es el lío de faldas es como mínimo lógico y creíble. Sin olvidar que tampoco se ha aportado ningún indicio a los autos que permita acreditar que además es real.

En todo caso debemos volver al principio e insistir que no es la declaración del coimputado la que determina la realidad de los hechos punibles objeto de juicio; sino sobre todo la declaración pericial de los agentes tributarios, en relación con la declaración testifical del agente de la Guardia Civil y en relación con la abundante documental unida a los autos. De modo que hemos de insistir en que, por supuesto, que es posible circular con un camión que no se ha dado aún de alta en tráfico; o no inscribir en el registro mercantil ni dar de alta en la seguridad social una sociedad que gira de hecho en el tráfico mercantil; o que una sociedad no tenga empleados declarados, etcétera, etcétera. Pero, como también hemos dicho y recordamos no es un único indicio el que determina la existencia de la mendicidad que nos ocupa cometida para defraudar a la Hacienda Pública en el cobro y pago del impuesto indirecto conocido por sus siglas en español como "IVA", sino que es el conjunto de todos los indicios ya analizados y valorados de forma global e interrelacionada, indicios acreditados y corroborados además en juicio por el agente de la Guardia Civil interviniente en el atestado, que constató la inexistencia de las sociedades en su sede formalmente declarada.

De modo que no puede decirse que el coacusado Abel no puede ser condenado porque se carece de una prueba suficiente sobre su intervención en los hechos. Pues de las pruebas documental, pericial de Hacienda y testifical de la Guardia Civil que venimos analizando se desprende en conjunto que no se ha acreditado la efectividad del servicio de porte prestado por el coacusado, más allá de la factura, pues no existen albaranes de salida, tickets de pesado, carta de porte, hoja de ruta, documento de control, contrato de transporte o liquidación de los transportes efectuados. Consta, sí, la adquisición por Abel del vehículo NISSAN, del tipo Camión Caja, con matrícula NUM017, en fecha 27-08-2014, con posterioridad, pues, a la fecha de la facturación de los portes. Vehículo con un más que amplio historial de transferencias:

Fecha Transferencia Titular anterior Jefatura Sucursal 27/08/2014 NUM018 Alicante

-14/08/2013 B04720488 Murcia

-27/01/2012 B79270450 Madrid Alcorcón

-18/03/1996 NUM019 Madrid

Item más: CCC NUM006 en la contabilidad de Metalurllical SL de Abel fue abierta el 7 de abril de 2014 y en la misma existen abonos por importe de 31.440,00 euros, importe correspondiente a las 9 facturas recibidas de Abel (IVA incluido y descontada la retención del 1%), y, cargos por pagos efectuados por el obligado por importe de 94.300,00 €, lo que provoca que la cuenta tenga un saldo final deudor por importe de 62.860,00 euros, que fueron abonados y no facturados.

De manera, pues, que nos encontramos ante una persona, Abel, del que no consta que tuviera ningún oficio ni beneficio compraba vendía y vehículos y se mantenía tenía un tren de vida como el más arriba descrito, por lo que no es necesario reiterar. Al que no se le ha condenado como defraudador del IVA por cuantía de 26.000 €, pues tal cuantía no podría ser objeto de ningún proceso penal, sino como cooperador necesario para la elaboración de unas facturas falsas que permitieron al otro coacusado lograr que en la sociedad que esté administraba coincidiese el IVA soportado con el IVA declarado para así eludir las consecuencias del fraude fiscal cometido. Facturas que, como hemos analizado, ya se emitieron por sociedades inexistentes, una de ellas, pared con pared nada menos que con el domicilio familiar del aquí acusado.

Todos esos indicios permiten llegar a la conclusión tanto de la realidad del fraude cometido como de la autoría del mismo por parte de los coacusados Fidel y Abel y de la persona jurídica Metallurgical.

TERCERO.-Del delito contra la Hacienda Pública agravado por la cuota defraudada y por empleo de personas jurídicas interpuestas previsto y penado en el artículo 305 número 1 a y c del vigente Código Penal antes indicado es autor de conformidad con el artículo 27, artículo 8 párrafo primero y artículo 31 del Código Penal antes citado el acusado Fidel.

Del delito contra la Hacienda Pública agravado por la cuantía de la cuota defraudada y por empleo de personas jurídicas interpuestas previsto y penado en el artículo 305 número 1 a del vigente Código Penal expresado es autor por cooperación necesaria el acusado Abel a tenor del artículo 27 y artículo 28 párrafo segundo b del Código Penal indicado.

Del delito contra la Hacienda Pública cometido por persona jurídica previsto y penado en el artículo 310 bis del vigente Código Penal es responsable penal la persona jurídica conforme al artículo 31 bis del código penal citado la entidad Metalurllical Corporation S.L.,

Del delito continuado de falsedad en documento mercantil son penalmente responsables como coautores del artículo 27 y artículo 28 número 1 del Código Penal citado los acusados Fidel y Abel solar.

Como así se desprende de la prueba directa y de la prueba indiciaria obrante en autos y que antes hemos examinado y valorado, sin que sea necesario, pues, reiterar tal ponderación y valoración ponderación y valoración probatoria.

CUARTO.-Concurre en el acusado Fidel respecto del delito contra la Hacienda Pública la atenuante de reparación del daño prevista en el artículo 21 número 5 y la atenuante analógica de confesión prevista en el artículo 21 número 7 en relación con el artículo 21 número cuatro y el artículo 661 segundo todos ellos del Código Penal, y respecto del delito continuado de falsedad en documento mercantil la atenuante analógica de confesión prevista en el artículo 21 número 7 en relación con el artículo 21 número cuatro del indicado Código Penal. Como así se ha solicitado por el propio Ministerio Fiscal y consta acreditado en los autos mediante la prueba documental antes vista y analizada en relación con la pericial de Hacienda también analizada.

Concurre en la acusada persona jurídica Metallurgical Corporation SL, el atenuante de confesión prevista en el artículo 31 quarter a la teniente de reparación del daño prevista en el artículo 30 y 1 4 c la atenuante de aportación de pruebas previstas en el artículo 31 cuatro BY la atenuante de aportación de medidas de prevención de delitos prevista en el artículo 31 4 k d todos ellos del indicado Código Penal y con la aplicación retroactiva de la redacción dada por la Ley Orgánica 1 2015 de 30 de marzo.

Concurre igualmente en el acusado Fidel, así como en el acusado Abel la atenuante ordinaria de dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del Código Penal.

Se señala por las defensas que el proceso ha durado en total 4 años, computando a tal fin el tiempo transcurrido desde la admisión a trámite de la querella (17/06/14), y 10 años si se computa el tiempo que duró el previo procedimiento inspector en la Agencia Tributaria. Y se alega que el procedimiento no tuvo complejidad alguna porque la instrucción se limitó a la toma de declaración de los investigados y de tres testigos, lo que no explica la extraordinaria duración de la fase de investigación.

Como se indica en la ya citada STS, Penal sección 1 del 03 de junio de 2024 ( ROJ: STS 3218/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3218 ), Sentencia: 523/2024 Recurso: 1947/2022, Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA, "el artículo 24.2 de la Constitución, en sintonía con los Convenios Internacionales sobre derechos humanos ratificados por España ( artículo 6.1 del Convenio de Roma, entre otros), reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Este derecho, según jurisprudencia reiterada, no es identificable con el cumplimiento de los plazos procesales, y lo que proscribe es que la respuesta judicial no se produzca en un tiempo razonable, que es un concepto diferente.

La "dilación indebida" es un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan).

Los parámetros fundamentales para apreciar o no la atenuante son: La existencia de paralizaciones no imputables al investigado durante la tramitación del proceso, su duración total y su complejidad.

El tiempo de tramitación debe ponerse en relación con la complejidad de la causa y de ahí, medida la correlación funcional entre las actuaciones practicadas, las necesarias, el tiempo empleado para producirlas y la diligencia en su ejecución se puede obtener una suerte de cociente. El tiempo total de duración del proceso es un dato significativo, pero no suficiente pues, insistimos, debe "medirse" en términos funcionales. Ha de evaluarse su correlación para el adecuado desarrollo de las actuaciones seguidas, a partir del número y necesidad de las diligencias practicadas a la luz del objeto del proceso, la conducta procesal de la parte y, sin duda, la propia regularidad en el impulso y la dirección procesal. De tal modo, la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o carente de justificación teleológica o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación. Y siempre y cuando, además, ninguno de estos factores pueda ser imputado a la conducta procesal de la parte que sufre el transcurso excesivo del tiempo".

En este caso se afirma que el proceso ha durado 4 años y que, si bien, no se han producido dilaciones especialmente largas, la tramitación en su conjunto ha sido deficiente y lenta, dando lugar a ese periodo de tiempo que no se corresponde con la escasa complejidad del asunto, al haberse practicado únicamente como diligencias de investigación 4 declaraciones.

En realidad, el periodo de cómputo debe iniciarse con alguna actuación por la que el proceso se dirija contra el culpable, que es el auto de admisión de querella de 23/10/14, por lo que la duración total hasta la sentencia de instancia ha sido de 4 años.

La duración del proceso ha sido, pues excesiva, por cuanto recibidas las actuaciones administrativas de la Hacienda Tributaria, el Ministerio Fiscal presentó una completa querella cuya instrucción se limitó a ratificar mediante la testifical pericial de los funcionarios de Hacienda y de la Guardia Civil el contenido de la documental que se acompañaba y la declaración de los coimputados. Sin que podamos considerar que la búsqueda de los llamados testaferros o de las sociedades creadas para el fraude cometido haya motivado una mayor duración de la causa cuando dichas personas simplemente fueron citadas como testigos y se renunció a su testimonio una vez que no comparecieron, sin más búsquedas, y en cuanto a las personas jurídicas en modo alguno se ha solicitado su intervención en este proceso como coautores de los hechos ni como responsables civiles subsidiarios. Ahora bien, tal dilación no puede considerarse como suficientemente grave como para apreciar la atenuación como muy cualificada. La atenuante ordinaria precisa que se haya producido una dilación extraordinaria por lo que la atenuante privilegiada precisa que esa dilación vaya más allá de lo extraordinario, sea singularmente extensa y desproporcionada, lejos de toda posible justificación, y en este caso no se dan tales características.

La apreciación de la atenuante como ordinaria se ajusta a las pautas vistas que el Tribunal supremos viene estableciendo.

Concurre, en fin, respecto del delito contra la Hacienda Pública y en el delito continuado de falsedad en el acusado Abel la agravante de precio prevista en el artículo 22 tercera del indicado Código Penal. Pues como hemos visto, se ha acreditado de forma indubitada documental y testificalmente que dicho acusado ha recibido una cantidad de 60.000 € por su cooperación con el otro coacusado CCC NUM006 en la contabilidad de Metalurllical SL de Abel fue abierta el 7 de abril de 2014 y en la misma existen abonos por importe de 31.440,00 euros, importe correspondiente a las 9 facturas recibidas de Abel (IVA incluido y descontada la retención del 1%), y, cargos por pagos efectuados por el obligado por importe de 94.300,00 €, lo que provoca que la cuenta tenga un saldo final deudor por importe de, nada menos que 62.860,00 euros, que fueron abonados y no facturados.

QUINTO.-Por las referidas infracciones penales procede imponer las siguientes penas:

-Al acusado Fidel: por el delito contra la Hacienda Pública antes descrito en concurso ideal medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, la pena de 1 año y 3 meses 1 año de prisión y 3 meses con accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio por el tiempo de la condena y multa de 284.665,25 €, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un mes con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de 2 años.

-A la acusada persona jurídica Metallurgical Corporation SL por el delito contra la Hacienda Pública cometidos por persona jurídica la pena de multa de 284.665,25 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 1 año.

-Y al acusado Abel por el delito contra la Hacienda Pública expresado, en concurso ideal medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, las penas de prisión de 3 años de prisión, con accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de 227.7321,98 € con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses, con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 6 años. Toda vez que, como hemos dicho, en el mismo concurre la agravante de precio prevista en el artículo 22 tercera del indicado Código Penal, y asimismo la atenuante de dilaciones indebidas, -no así el resto de atenuantes subjetivas( reparación del daño y confesión aplicadas al otro coacusado cuya comunicabilidad no es posible ex art. 65.1 CP) . De suerte que lo procedente en su caso, ex artículo.66.7ª es que el tribunal valore y compense racionalmente tales atenuante y agravante para la individualización de la pena. Y a tal efecto se constata por el tribunal que no persiste un fundamento cualificado de atenuación, pues la atenuante de dilaciones indebidas ha sido admitida solo como ordinaria y no como cualificada, por lo que no cabe aplicar en este caso la pena inferior en grado. Del mismo modo tampoco en este caso se mantiene un fundamento y cualificado de agravación, pues en un fraude de las altas dimensiones del que nos ocupa, que ha superado el millón de euros, tan solo se ha acreditado como recibida por este en pago de su cooperación necesaria la cantidad de poco más 60000 €, pues como hemos dicho en la CCC NUM006 en la contabilidad de Metalurllical SL de Abel fue abierta el 7 de abril de 2014 y en la misma existen abonos por importe de 31.440,00 euros, importe correspondiente a las 9 facturas recibidas de Abel (IVA incluido y descontada la retención del 1%), y, cargos por pagos efectuados por el obligado por importe de 94.300,00 €, lo que provoca que la cuenta tenga un saldo final deudor por importe de 62.860,00 euros, que fueron abonados y no facturados. Por todo ello considera esta sala que la compensación racional de tales circunstancia permite individualizar la pena de dicho coacusado en los 3 años de prisión indicados.

SEXTO.-Conforme con lo previsto en el artículo 129 en relación con el artículo 33, 7, c) a g), del vigente Código Penal, procede acordar la prohibición definitiva de realizar cualquier actividad a las sociedades instrumentales: Servinter Baix Vinalopó S.L., Akra Recuperaciones S.L. y Reciclados De Jaén Unidos S.L.

La STS, Penal sección 1 del 08 de marzo de 2019 ( ROJ: STS 757/2019 - ECLI:ES:TS:2019:757 ), Sentencia: 123/2019 Recurso: 1763/2018, Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA señaló:

" Decíamos en la STS núm. 514/15, de 2 de Septiembre, que "ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heteroresponsabilidad parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal". Este ha de ser el punto de partida en el análisis de las cuestiones que afectan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo que los derechos esenciales reconocidos al acusado en el marco del proceso penal, sea material o procesal su contenido, deben ser igualmente reconocidos a las personas jurídicas".

Ahora bien, tal situación irregular procesal se habría producido de haberse exigido por la acusación la aplicación del artículo 305 bis 2. párrafo segundo CP, a las sociedades Sevinter B Vinalopó SL, AKRA recuperaciones SL Y Reciclados de Jaen Unidos SL. Pero lo que el Ministerio fiscal ha solicitado es la aplicación del artículo 129 en relación con el artículo 33, 7, c) a g) CP para las sociedades citadas, en tanto en cuanto se trata, en efecto, como ha quedado acreditado a través de las pruebas antes ampliamente analizadas, de sociedades "creadas" como instrumento para cometer los delitos objeto de este juicio, pero que, por carecer de personalidad jurídica, al tratarse de sociedades totalmente ficticias e inexistentes, no están comprendidas en el artículo 31 bis del Código Penal. De modo que procede, en efecto, imponer a las mismas la consecuencia accesoria solicitada por el Ministerio fiscal de prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. Se trata de sociedades ficticias creadas artificialmente para materializar el fraude de IVA objeto de juicio, cuya existencia en la realidad no ha sido tal y por tanto carecen de toda personalidad jurídica en el tráfico mercantil. De manera que, contrariamente a lo manifestado por la defensa, no nos hallamos ante la condena de una persona jurídica sin ser oída, sino simple y llanamente ante la aplicación del artículo 129.1 último inciso, del Código Penal en relación con el artículo 33, 7, c) a g) del mismo cuerpo legal.

SÉPTIMO.-Por aplicación de los arts. 116 y ss CP los acusados Fidel, Abel y la entidad Metallurgical Corporation SL indemnizarán de manera conjunta y solidaria a la agencia estatal de la Administración Tributaria en la cantidad de 113.8660,99 €, más los intereses de demora devengados de conformidad con el artículo 26 y el artículo 58.2 de la Ley General tributaria, desde la consumación de los delitos en el último día de presentación voluntaria de la declaración fiscal del IVA del año 2014, es decir, el 31 de enero de 2014, hasta el 6 de junio 6 de agosto de 2020, fecha de conclusión de la actuación inspectora, en el importe de 242.070,94 €, y los que se generen posteriormente hasta el completo abono de la cuota defraudada, más los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil desde la fecha de la sentencia, con expresa deducción de las cantidades ya abonadas con el concepto de fraude de IVA 2014 del obligado tributario Metallurgical Corporation SL en el importe que se acredite por la propia Agencia Tributaria.

Al haberse practicado liquidación vinculada a delito por fraude de IVA en el año 2014 de la entidad Metallurgical Corporation SL procede acordar igualmente de manera expresa su confirmación, y expresar que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 305.5 del Código Penal y artículos 250 a 259 de la Ley General Tributaria.

Del mismo modo remítase testimonio de la sentencia firme a la AEAT a los efectos procedentes en relación con lo dispuesto en los artículos 257 y 258 LGT 197 sexies RD 1065/2007 de 27 de julio y 999 de la Ley de Enjuiciamiento criminal con expresa deducción de lo ya abonado.

OCTAVO.-Por aplicación de los arts. 123 CP y 239 y 240 LECrim, procede imponer las costas de este proceso a los acusados.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,