Sentencia Penal 15/2025 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 47/2024 de 30 de abril del 2025

PRIMERO.-La acusación particular formula acusación contra D. Jesús Ángel, como autor de un delito de abuso sexual del artículo 183.1.4 d) del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, solicitando la imposición de la pena de cinco años de prisión, accesorias y costas, solicitando asimismo conforme a los artículos 57 y 192 la prohibición de aproximación y comunicación con la menor, y libertad vigilada, así como inhabilitación para profesión u oficio, sea no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad conforme al artículo 192.3, todos ellos del Código Penal.

Con carácter previo, debemos comenzar por detallar que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 CE, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS núm. 251/2004). Y en idéntico sentido, las SSTS núm. 625/2020, de 19/11 y de 18/12/2020.

Procede, por ello, analizar: 1.- Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente); 2.- Si dicha prueba de cargo ha sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales, y de las normas aplicables en cada caso, y en cada medio de prueba (prueba lícita); 3.- Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado, según afirma reiteradamente la doctrina (por todas, la STS núm. 758/2018, de 9/04/2019).

Debe incidirse especialmente en que no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que, además, es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal"( STS de 2/12/2003, y más recientemente las STS núm. 635/2018, de 12/12, núm. 470/2018, de 16/10, núm. 77/2019, de 12/02, y de 9/09/2020).

Según también ha afirmado la doctrina constitucional (entre otras, STC núm. 137/1988 de 7/07) "la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el Juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales, y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad".

Debemos recordar asimismo que es jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que un único testimonio practicado con plenas garantías, incluso si proviene de la presunta víctima del delito "puede ser tenido como prueba capaz, por sí misma, de enervar la presunción de inocencia, incluso cuando sea la única prueba disponible" ( STS 351/2021). Situación que se plantea con frecuencia en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que el autor busca la soledad como medio favorecedor de sus designios. Como recuerda la STS 758/2018 de 9 de abril de 2019 se trata de tipologías delictivas en las que "debido al componente personalista que presentan y los espacios de intimidad en que se suelen perpetrar, no es fácil que exista posibilidad de contar con otras pruebas personales distintas para acreditar el núcleo del hecho delictivo".

Obviamente, esto no significa que una vez oída la declaración de quien comparece como víctima el Tribunal haya de quedarse en una asunción acrítica de su relato, trasladando al acusado la carga de probar su inocencia. Por reprochables que resulten los hechos objeto de enjuiciamiento, el estándar de garantías que incorpora la jurisdicción penal no puede rebajarse en ningún caso. En palabras de la STS 7 de febrero de 2019 "la existencia de postulados que, aunque más o menos difundidos, son más emotivos que racionales, como lo es atribuir a la víctima, por serlo, la condición de oráculo incuestionable de lo verdadero, no pueden erigirse en criterio de decisión de la sentencia penal".

En tal sentido, se ha consolidado en la praxis jurisprudencial -de la que son expresión las SSTS 172/22 de 24 de febrero y 809/2022 de 7 de octubre- un "triple test" -en expresión de la STS 734/2015- integrado por una serie de pautas con el que objetivar en la medida de lo posible la solvencia del testimonio de la presunta víctima. Son éstas la persistencia con que se mantenga la incriminación, la credibilidad subjetiva del testigo, y la verosimilitud de su versión. La persistencia se centra en el grado de solidez de sus manifestaciones, que habrán de ser concretas, plurales y sin cambios esenciales de unas a otras. La credibilidad subjetiva atiende a la posible existencia de móviles de enemistad, resentimiento, venganza o cualquier otro susceptible de propiciar una imputación espuria. Y la verosimilitud supone analizar tanto la coherencia intrínseca del relato como la presencia de otros elementos probatorios concomitantes y relacionados que corroboren y robustezcan lo dicho por el testigo (coherencia externa). Bien entendido que se trata "criterios orientativos que permiten exteriorizar el razonamiento judicial y que hacen posible que la credibilidad que se otorgue al testimonio de la víctima no descanse en un puro subjetivismo, ajeno a todo control externo, sino en criterios lógicos y racionales" ( STS 809/2022 de 7 de octubre), o, en suma, "pautas orientativas sin vocación excluyente de otras" según la STS 717/2018 de 17 de enero de 2019, que añade que "incluso en el caso de que alguno de estos tres elementos no fuere, en todo o en parte, favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima, puede el órgano judicial concederle validez como prueba de cargo siempre, eso sí, que motive suficientemente las razones de su proceder".

Citaremos en este punto, las consideraciones de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 2022 en materia de la valoración de la prueba testifical de la víctima, en la que se establece: "La narración ofrecida por el testigo en el proceso es, simplemente, información probatoria resultante de un procedimiento probatorio. No es, desde luego, la prueba del hecho. Esta es el resultado de una compleja operación de atribución de valor a las informaciones probatorias que el juez debe realizar sin prescindir de reglas tanto epistémicas -y, entre estas, las específicamente procesales que atienden a quién debe probar y cómo debe probarse el hecho acusado- como axiológicas -entre las que ocupa un lugar prioritario, la de presunción de inocencia-.

11. Proceso de validación que resulta absolutamente incompatible con supuestas máximas de experiencia que se apoyan en elementos prevalorativos que han quedado fuera del debate probatorio -al modo, " todos los niños dicen la verdad" o " la víctima, por su condición, debe gozar de un estatuto privilegiado o reforzado"-.

Partir, como condición metodológica de atribución de valor, de prejuicios valorativos de credibilidad derivados de una firme presunción de que quien narra haber sufrido el hecho victimizador ya es la víctima y que, por tanto, su testimonio es más valioso, cuando lo que se discute en juicio es, precisamente, la existencia del hecho victimizador, supone una profunda alteración de las reglas del juego.

En muchas ocasiones, la condición de víctima que se establece en la sentencia es precisamente una decisión de atribución final -un posterius cognitivo-, resultado del proceso de valoración probatoria. Su anticipo supone crear una realidad mediante el simple uso del lenguaje, con un alcance performartivo poco compatible con las reglas del proceso penal justo y equitativo.

Tanto la atribución de la condición de culpable como de víctima del hecho delictivo no pueden basarse en una simple categoría lingüística ni en apriorismos basados en presunciones.

La realidad que se declara probada en el proceso penal no puede conformarse solo con el uso de significantes. Reclama un razonamiento probatorio que debe construirse tomando en cuenta todas las informaciones probatorias resultantes de un procedimiento de producción ajustado a la ley y que, en caso de condena, debe arrojar un resultado altísimamente concluyente en términos fenomenológicos.

Cuando se hace depender, de forma esencial, la pretensión de condena de la narración ofrecida por el testigo que afirma haber sido víctima del delito -como acontece en este caso-, lo que se exige es poder ofrecer un conjunto de razones que hagan patente que la decisión del tribunal no se basa en un juicio voluntarista que se limita a otorgar credibilidad al testigo sino en una valoración que justifica de forma adecuada que la información suministrada por este es altamente fiable.

12. Y creemos que la diferencia no es retórica. La atribución de valor probatorio reconstructivo a la información testifical no debe venir determinada solo por lo creíble que resulte el testigo sino por lo fiable que resulte aquella.

En términos epistémicos resulta mucho más consecuente con las exigencias cognitivo-materiales derivadas del principio de presunción de inocencia poner el acento en la fiabilidad de la información trasmitida que en la credibilidad del testigo, como juicio de valor personal - STC 75/2013, de 8 de abril -.

Lo fiable de la información hace referencia a las condiciones fenomenológicas de producción probable de lo relatado mientras que lo creíble atiende más a un plano subjetivo, a que el testigo no ha mentido. Por lo tanto, más abierto a valoraciones y prejuicios de tipo culturalistas e intuitivistas. Lo primero -lo fiable- exige mayores cargas de justificación al juez que atribuye valor a la información. Lo segundo -lo creíble- favorece la utilización de fórmulas de justificación con menores cargas cognitivo-materiales.

13. La fiabilidad, como elemento para otorgar valor reconstructivo a la información suministrada por un testigo, se nutre, en muy buena medida, del grado de compatibilidad de dicha información con el resultado que arrojan el resto de las pruebas que integran el cuadro probatorio plenario y las demás circunstancias contextuales que han quedado acreditadas. Entre estas, desde luego, también aparece la credibilidad personal del testigo que no puede ser, por tanto, un elemento ajeno a la valoración de la información suministrada. Pero, insistimos, no la agota.

De ahí que no quepa aplicar soluciones estandarizadas que obliguen a excluir la información testifical por la simple identificación de impersistencias o incoherencias actitudinales o tachas de credibilidad subjetiva en el testigo que la aporta. Algunas de estas tachas, en efecto, pueden ser de tanta entidad que neutralicen todo atisbo de credibilidad comprometiendo, también, la fiabilidad de la información trasmitida hasta límites irreductibles. Otras, por contra, aun afectándola no neutralizan los rendimientos reconstructivos si al tiempo puede identificarse, y justificarse, un grado de compatibilidad corroborativa razonable con los resultados que arroja el cuadro de prueba observado y valorado en su conjunto.

Precisamente, la idea de cuadro, la necesidad de atender a un esquema en red de las aportaciones probatorias que se derivan de los diferentes medios plenarios practicados es lo que permite extraer valoraciones materiales y razones justificativas comunicables de tipo cognitivo.

Toda reconstrucción probatoria arroja sombras de dudas, espacios fácticos que resultan de imposible reproducción. Pero la cuestión esencial reside en determinar si dichas incertezas impiden a los jueces justificar de forma cognitiva la hipótesis acusatoria, ya sea por ausencia de prueba sobre elementos fácticos esenciales sobre los que aquella se apoya, porque los medios utilizados para ello vienen afectados de un racional déficit de habilidad reconstructiva, porque se acredite que lo relatado es subjetivamente inverosímil, porque, a la luz de las otras pruebas, resulta fenomenológicamente imposible o poco probable o porque susciten una duda razonable."

SEGUNDO.-Expuesta dicha doctrina jurisprudencial, procede analizar si hay prueba de cargo suficiente en el presente caso para un pronunciamiento de condena.

La menor ha relatado que, estando en la casa de sus abuelos, y encontrándose en la habitación de su padre, tumbada en la cama de matrimonio y tapada con una manta, hablando por wasap con una amiga, entró su abuelo, y se metió en la cama con ella diciendo que tenía frío, y le tocó en la zona de la ingle, por encima de la ropa, y también, bajándole el cuello de la camiseta, la tocó entre los senos, sin llegar a tocarla en la zona íntima ni tampoco los pechos. Refiere la menor que le decía que se separara y parara, y que incluso llegó a poner una almohada entre ambos, yéndose a la cama de al lado, y quedándose el abuelo entre las dos camas, llamándoles la abuela para comer, y bajando ambos. Cuenta asimismo que ese día por la tarde se lesionó con un lápiz en el brazo, y que a su madre le dijo que lo hizo porque se veía gorda y tenía granos. El acusado por su parte niega rotundamente los hechos, y afirma que sí subió a la habitación a llamar su nieta para que bajara a ayudar a la abuela a poner la mesa, pero que no llegó a entrar en el dormitorio. La madre de la menor refiere que está separada del padre de la menor, y que cuando al padre le correspondía el régimen de visitas iban los menores a casa de los abuelos, que era donde el padre vivía. Refiere asimismo que la menor después del día 28 de noviembre, sí fue a casa de los abuelos, a comer el día ocho de diciembre, pero que acudió con su padre y su hermano. Relata que una amiga suya, Adelina, el lunes le comentó que vio a la menor triste y que le enseñó unas lesiones que se hizo el domingo, y al día siguiente Emilia se las enseñó a ella y le dijo que se lo había hecho porque tenía muchos granos y se veía gordita, y que estaba triste, y que esa semana estaba rara. Refiere también que cuando le tocaba volver con el padre era el cumple de un amiguito, y que la menor estando en casa de la amiga de su madre celebrando el cumpleaños, se lo contó a una amiga de Adelina, Marcelina, y que ella se encontraba en casa cuando la llamaron para que acudiera, y la menor le contó lo que había pasado, refiriendo que su hija presentaba como un ataque de ansiedad y que no quería ir a casa de los abuelos. La madre ha referido que tenía buena relación con el abuelo, y que el domingo en que acontecieron los hechos no la notó nada, y que el día ocho no se quejó porque acudió a casa de los abuelos con su padre y su hermano, y no iba a pasar la noche. La testigo Dª Marcelina, refiere que el día del cumpleaños al que acudió Emilia, la notó muy callada y le preguntó si se encontraba bien, y la menor le dijo que iba a venir a su padre y a llevarla a casa de sus abuelos, y que la llevó aparte y que la menor le refirió temblando, con ansiedad, que el abuelo sube y le toca sus partes, y que incluso la testigo llegó a preguntar a la menor si había habido penetración, y que le dijo que no, que solo le tocó sus partes. Reitera la testigo cuando se le pregunta por su declaración en instrucción, que lo que le dijo es que le tocaba sus partes, si bien, revisada la misma también refirió en ese momento la testigo que le tocó por el muslo hacia arriba hasta tocarle sus partes. El Agente de la Guardia civil que realizó la entrevista a la menor, se ratificó en la diligencia de la entrevista que figura en el atestado, manifestó que los hechos transcurrieron en dos minutos desde que el abuelo entró en la habitación, y le tocó entre las piernas en la zona de la ingle, y entre los pechos, y que la niña le apartó y se acabaron levantando porque les llamaron, y señala que preguntó a la niña en varias ocasiones sobre los hechos y no se desdijo, manteniéndose firme y fiel a su versión. La psicóloga que la atendió en el programa Revelas a la que fue derivada, señala que se trata de una menor muy desarrollada físicamente para su edad, que su estado corporal no era acorde con su estado cognitivo y de madurez, y que era una niña muy tímida, que tenía sintomatología ansiosa depresiva, estado de ánimo bajo, y miedo y temor a situaciones que antes no tenía, sobre todo encontrase con su abuelo, dificultad para concentrarse, irascibilidad y dificultades para conciliar el sueño, aunque tuvo una respuesta muy adaptativa. Refiere asimismo que los hechos que relata la menor tuvieron para ella una connotación sexual clara. Preguntada por la responsabilidad que refiere sentía la menor afirma que responde a las consecuencias después de haberlo contado, en especial, con respecto al padre que tuvo que salir de la casa de los abuelos. La médico que atendió a la menor refiere que notó a la menor nerviosa, y que las lesiones se las causó porque su abuelo la había tocado.

En el informe de las psicólogas forenses, en cuanto a la credibilidad del testimonio de la menor, se señala que la validez de la técnica SVA utilizada para valorar la credibilidad del testimonio se ve significativamente mermada al referir la menor un único episodio de muy breve duración y escasa complejidad, no disponiendo por tanto de un relato con la suficiente extensión y calidad, señalando asimismo que no se han seguido en las entrevistas anteriores las directrices necesarias para preservar su testimonio, lo que limita aún más la técnica, apreciando preguntas sugestivas y directivas que pueden contaminar el testimonio emitido. Concluyen en relación a la credibilidad del testimonio que la técnica SVA, no es aplicable en este caso, aunque señalan que las manifestaciones son coherentes y consistentes con lo ya declarado, y que no se aprecian intentos de agravar la situación denunciada ni motivación secundaria en relación a este procedimiento. En el acto del juicio han referido también esta imposibilidad de realizar un estudio de credibilidad por razón del relato al no ser extenso, y teniendo escasa complejidad, señalando que asimismo ya había sido objeto de preguntas directivas sin cumplimentar el método para poder obtener un relato libre. Refieren asimismo a preguntas del Ministerio Fiscal, que la menor le dio una clara connotación sexual a lo relatado, y que hizo referencias a otras conductas previas a las que daba también una connotación sexual, como que en alguna ocasión le había puesto sus manos entre sus pechos, y también le daba la misma connotación a un episodio de cosquillas, y que ella le daba a todos estos hechos una misma connotación. Señalan asimismo que las preguntas de la entrevista fueron cerradas sin permitir un relato libre, que pueden acotar respuestas y sugerir información sin pretender hacerlo, y pueden distorsionar el testimonio, y que la prueba no se preserva.

TERCERO.-Analizando la prueba practicada desde las consideraciones expuestas en el primer fundamento de derecho, la Sala no alcanza convicción suficiente en la realidad de los hechos objeto de acusación.

Como antes señalábamos, se ha consolidado una doctrina jurisprudencial según la cual la fuerza probatoria del testigo víctima debe ponderarse con arreglo a diversas pautas o criterios. Y una primera pauta a valorar será la persistencia de la incriminación, lo que exigirá verificar si el deponente se ha quedado en ambigüedades, generalidades o vaguedades, o si por el contrario ha sido concreto y preciso al narrar los hechos, contándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, así como si entre las sucesivas declaraciones prestadas se advierten contradicciones o discrepancias relevantes que pongan en entredicho su veracidad o si por el contrario el relato se ha mantenido con la necesaria conexión lógica a lo largo del procedimiento. En este punto no podemos dejar de señalar que el relato de la menor es muy escueto, sin apenas detalles que, además, no se relatan tampoco de forma espontánea, sin poder obviar tampoco las conclusiones alcanzadas en el informe pericial respecto a la posibilidad de que se haya podido distorsionar el relato al no haberse seguido las prevenciones necesarias en sus primeras declaraciones. Por otro lado, la testigo Marcelina, que fue la primera a la que se lo habría contado la menor, refiere que le manifestó con claridad que le había tocado sus partes, cuando la menor en las distintas declaraciones que ha prestado ha negado que le hubiere tocado los genitales o los pechos. Debemos señalar también, que en un momento dado de su declaración la menor parece referir que los tocamientos por el escote se habían producido en más ocasiones, y entrando también en la verosimilitud del testimonio (relativa a la coherencia interna para ver si guarda una estructura lógica, como a su coherencia externa, que consiste en la presencia de otros elementos probatorios concomitantes de carácter objetivo que corroboren y robustezcan lo dicho por el testigo), no podemos dejar tampoco de señalar, que las psicólogas habrían advertido que respecto a las cosquillas, la menor atribuía también a las mismas una connotación sexual, por lo que, en la línea que señalaba el Ministerio Fiscal, aun cuando pudiéremos entender que el abuelo entró en la habitación y se acercara a la menor diciendo que tenía frío, no podemos establecer que los actos que realizó tuvieran realmente un componente o significado sexual. Por otro lado, la versión de la menor se contrapone a la que la testigo manifiesta que fue una versión inicial, lo que al parecer llevó a la testigo a preguntar incluso sobre la penetración, y no parece compadecerse con el hecho de que la menor acudiera posteriormente a casa de los abuelos, el día ocho de diciembre, sin que nadie notara nada, por cuanto si bien puede explicarse porque acudía con su padre y su hermano, esta circunstancia por sí sola no excluía que pudiera temer encontrarse a solas con su abuelo, por cuanto, también en el episodio narrado estaba la abuela en el domicilio preparando la comida. La madre, además, ese día en el que se afirma acontecieron los hechos, refiere que no le notó nada, y tampoco parece que en ese momento le diere especial significación al hecho de que se hubiera autolesionado, lo que implica que a la madre le resultó en ese momento creíble la versión que facilitó la menor respecto a que no se encontraba muy contenta con su físico.

En tercer lugar habrá que comprobar la credibilidad subjetiva (o por mejor decir, la ausencia de incredibilidad subjetiva), lo que exige prestar atención a las anteriores relaciones del testigo con el sujeto contra el que dirige la imputación, y lo cierto es que en este extremo no se advierte en modo alguno que existiera un ánimo de animadversión hacia el abuelo, por cuanto únicamente se ha referido en el plenario, por el acusado, que era más estricto con los menores en su casa respecto a las series que veían, negando a la menor que viera una serie que al parecer podía ver cuando estaba con su madre, y que la niña se enfadaba, y que también el abuelo le decía que dejara el móvil, y ha resultado que el día que cuenta lo sucedido se encontraba en un cumpleaños y debía marcharse con su padre, lo que en principio se advierte de escasa entidad para afirmar un ánimo espurio en la declaración de la menor. No obstante, como hemos señalado, la Sala tiene dificultades para la elaboración del juicio de culpabilidad que reclama la acusación, y ello por cuanto el relato de la menor, que es muy corto y concreto, tampoco ofrece datos o detalles de forma espontánea, y como han señalado las psicólogas forenses, su testimonio además, aun cuando afirmen su coherencia y consistencia, no excluyen que haya podido quedar distorsionado y así lo hacen constar en su informe. Tampoco su declaración ha sido corroborada con otros datos objetivos ni está apoyada por otros elementos periféricos de naturaleza indiciaria, y lejos de ello, la primera persona a la que se lo contó ha mantenido -incluso solicitada aclaración por la acusación- una versión diferente a la de la menor. Y como decimos y debemos resaltar nuevamente, las peritos forenses han referido en el acto del juicio que la forma en que se realizó la primera exploración pudo distorsionar el testimonio de la menor que, además, parece que consideraba otros actos, como la realización de cosquillas, con una connotación sexual. Tampoco han realizado una valoración del estado psicológico de la menor para poder establecer una relación causal concluyente con los hechos. Por tanto, el informe psicológico no permite entender reforzado el testimonio de la menor.

Desde las consideraciones expuestas, el Tribunal considera que no hay prueba de cargo suficiente para destruir el principio de presunción de inocencia, debiendo dictarse una sentencia absolutoria. La información que trasmite la víctima no alcanza la suficiente tasa de fiabilidad objetiva para declarar probados los hechos sobre los que la acusación funda su pretensión de condena, sin que con ello pretendamos afirmar que estemos ante una causa mendaz, sino que no se alcanzan niveles de persistencia y corroboración suficientes que la conviertan en manifiestamente fiable y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, ofreciendo dudas que necesariamente han de llevar a la absolución en virtud del principio in dubio pro reo.

CUARTO.-La inexistencia de responsabilidad criminal comporta "ope legis" la absolución de toda responsabilidad civil, conforme a lo establecido en los arts. 109 del Código Penal y 270 de la Lecrim.

QUINTO.-Costas procesales. Las costas procesales devengadas en este procedimiento penal son declaradas de oficio, de conformidad con lo preceptuado en los arts. 123 del Código Penal, y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación,