Sentencia Penal 337/2024 Audiencia Provincial Penal de A Coruña nº 1, Rec. 713/2024 de 10 de septiembre del 2024

PRIMERO. -La Defensa de Everardo solicita en apelación ante esta alzada su absolución de los dos delitos continuados de calumnias con publicidad de los artículos 205 y 206 del C.P., por los que ha sido condenado en la instancia en concepto de autor y, subsidiariamente, la rebaja de la duración y cuantía de la condena, y se considere, en todo caso, la existencia de dos delitos de injurias y, en todos supuestos, se suprima la indemnización a favor de los perjudicados. La Acusación Privada, en representación de Manuela y Victoriano, solicita la elevación de la cuota/día en las penas por ambos delitos de calumnias, y de las indemnizaciones por responsabilidad civil, a 12.000 y 3.000 euros, respectivamente.

Se analizarán separadamente los motivos de apelación divergentes de la Defensa, y conjuntamente los convergentes de ambas partes.

SEGUNDO. -El motivo repetido por la Defensa en los tres primeros apartados de su recurso versa sobre el error en la valoración de la prueba efectuada en la instancia. Como resume la sentencia del Tribunal Supremo de 26-03-2019, la Sala de apelación debe comprobar varias cuestiones que desgajamos en las siguientes:

1.- Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real).

2.- Si estas pruebas son de contenido incriminatorio.

3.- Si la prueba ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si accedió lícitamente al juicio oral.

4.- Si ha sido practicada con regularidad procesal.

5.- Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y finalmente

6.- Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador.

Las cinco primeras exigencias en orden a la obtención y práctica de la prueba deben ser tenidas en cuenta por el juez o tribunal penal para luego proceder éste al juego de la valoración de la prueba consistente en la debida motivación de la sentencia, que es la sede en donde radica la función del juez para explicitar de forma razonada por qué opta por una determinada conclusión y cuál es la base probatoria sobre la que descansa esta elección. Además, en la resolución debe dejarse patente una suficiente motivación que evidencie que esta no es arbitraria o adoptada sin las exigencias de explicación suficiente acerca de por qué se llega a una determinada conclusión.

Po rque la función revisora del recurso de apelación no consiste en una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia sino en la valoración de la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal de instancia.

Revisada la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, observamos el trazo de un panorama delictivo bastante claro, correctamente descrito en los hechos probados.

El honor, hoy como ayer, es un bien jurídico de gran importancia, en cuanto que íntimamente conectado con la personalidad de cada individuo. Pero está influenciado por los criterios valorativos culturales y sociales imperantes en cada momento, por lo que es complicado formular un concepto totalizador de sus matices y manifestaciones; lo que, de paso, dificulta la determinación de cuáles sean los límites de su protección jurídica en una sociedad democrática.

Desde el punto de vista de su regulación positiva en España, la STS de 25 de enero de 2024 recuerda que "hemos venido diciendo ( STS núm. 745/2021, de 1 de marzo) que "lo que exige el tipo contemplado en el artículo 205 del Código Penal no es propiamente la imputación de un delito sino la atribución de un hecho delictivo que ha de realizarse a una persona o personas concretas o, al menos, bien identificables; que ha de contener los elementos propios de una infracción delictiva, aunque no sea preciso que el autor la califique según el Código Penal; y que, desde el tipo subjetivo se requiere el dolo directo (con conocimiento de su falsedad), o bien el dolo eventual (con temerario desprecio hacia la verdad)". En esa misma sentencia (núm. 745/2021) expresábamos que "La jurisprudencia constitucional ha subrayado repetidamente la "peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión", en cuanto garantía para "la formación y existencia de una opinión pública libre", que la convierte en "uno de los pilares de una sociedad libre y democrática" ( SSTC 6/1981, 12/1982, 41/2001 y 50/2010). Ha señalado también que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica "aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática" ( SSTC 174/2006)".

Ahora bien, el Tribunal Constitucional cuando sitúa "...fuera del ámbito de protección de dicho derecho las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1.a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 174/2006, 5 de junio; 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4), quiere expresar que de la protección constitucional que brinda el art. 20.1.a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones de que se trate" ( STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4 y, STC 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4, y 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 5).

Las SSTS de 25 de mayo de 2022 y 174/2019, de 2 de abril de 2019 precisan que la calumnia es la imputación no de un tipo delictivo, sino de un hecho que presente caracteres delictivos como conducta típica. En cuanto al elemento subjetivo, no es necesario un ánimo especial dirigido a la difamación del sujeto pasivo. La descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma de dolo directo -conocimiento de la falsedad de la imputación- o en la modalidad de dolo eventual -temerario desprecio hacia la verdad-, agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un redoblado animus difamandique necesariamente está abarcado ya por el dolo ( STS 1023/2012, de 12 de diciembre).

En el caso enjuiciado, hemos de confirmar, primeramente, que no hay dato alguno que permita sostener que los denunciantes mintieron en el juicio oral de referencia. Sin perjuicio de que, como no se exige ya en la configuración típica de este delito la falsedad objetiva, el juego de la exceptio veritatisdel artículo 207 del CP es limitado, pues sólo eximirá de pena al acusado que haya realizado una imputación inveraz que, finalmente resulte ser verdadera, demostrando, durante el proceso por calumnia, que lo imputado falsamente en realidad llegó a ocurrir. Pero aquí no ha sucedido tal. La sentencia de instancia lo explica perfectamente. Por un lado, las declaraciones testificales de los querellantes en el procedimiento que dio lugar a su condena no se refirieron, propiamente, a hechos nucleares del objeto del proceso, y ni en el análisis de la prueba de la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº6 de nuestra ciudad de fecha 22-04-2019, ni en el de la sentencia de esta misma Sección de la Audiencia Provincial de fecha 10-10-2019, que la confirmó, se mencionan sus testimonios, que se desenvolvieron en términos más bien de lo que en los Estados Unidos de América se conoce por character evidence,que en los de una testifical stricto sensu,por versar más sobre opiniones e impresiones que sobre la realidad de unos hechos concretos y determinados. Por el otro, tras esas declaraciones, el apelante interpuso denuncia frente a Manuela y Victoriano por falso testimonio, que fue archivada. La alegación del íntimo convencimiento del apelante de la falsedad de esos testimonios vale tanto, en términos lógicos, como pretender rizar un rizo. Una cosa es que el apelante se considere personalmente agraviado por unos testimonios desfavorables, otra cosa es que pueda insultar a los querellantes. Véanse algunas de las expresiones usadas por el apelante en sus correos: "tu padre es un delincuente perjuro", "La mejor solución es que los delincuentes Manuela y Victoriano confiesen la verdad ante la fiscalía", "Quien comete este tipo de delitos no puede estar en contacto con alumnos y los colegios privados tienen que ser consecuentes con sus políticas de principios éticos", "La delincuente Manuela y su marido han declarado todo tipo de falsedades y el Juez no les ha creído, mentir para encarcelar a un padre cuatro años y medio es repugnante", "delincuente perjura, falsa, mentirosa y mala amiga, la delincuente y su marido han sido mis padrinos de boda", etc.Es claro que, en todo caso, esas expresiones constituirían un delito de injurias. Como esos insultos contienen una imputación expresa de hechos delictivos bien delimitados, estamos ante un delito de calumnias. En consonancia con lo que arriba dijimos, la STS de 23 de junio de 2022 recuerda que "En la misma línea, aunque de forma implícita, otras resoluciones excluyen en el análisis del tipo subjetivo la exigencia de ese especial propósito de difamar al ofendido (cfr. STS 192/2001, 14 de febrero)". Lo cierto es que el apelante quería ofender a los querellantes, y los ofendió, con imputaciones falaces de delitos y con comentarios a todas luces inaceptables. Por eso el hecho es doloso.

En sede concursal, la calumnia es de aplicación preferente sobre la injuria, por virtud del principio de especialidad, cuando una imputación de hechos se acomode a la descripción típica de ambas figuras. También es posible la apreciación del delito continuado, como se ha pronunciado la sentencia de instancia, por no contrariarse la redacción del artículo 74 del Código Penal, que excepciona a los delitos contra el honor de la prohibición de su aplicación a las ofensas a bienes eminentemente personales.

En el caso, la valoración de la prueba en la instancia se constituye como un ejercicio de racionalidad, no de arbitrariedad, que esta Sala, tras revisar las actuaciones, confirma, descartándose la ausencia de prueba o el error en su valoración, ya que el factumy la prueba, no dejan margen de duda que permita entrar en juego el principio pro reo( SS.TS 8-10-2010, 29-06-2010, 7-07-2009, entre otras). Porque, como recuerda la STS de 02 de diciembre de 2021, "si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21-5; 1667/2002, de 16-10; 1060/2003, de 25-6)".

Sobre el cuestionamiento de la publicidad de las calumnias, debemos atenernos a este respecto a la redacción de los hechos probados, que recoge que estas fueron vertidas a medio de mensajes en Facebook,y en correos electrónicos remitidos a la Secretaría del Centro de Estudios Superiores de Galicia, DIRECCION001, Secretaría del DIRECCION001, Jpérez del DIRECCION001, IES DIRECCION002, Secretaría del DIRECCION001, a la "A/A del Comité Ejecutivo", a Victoriano, a Manuela y, otra vez, a la Secretaría del DIRECCION001. Toda esta pluralidad de comunicaciones, dirigidas, en su mayor parte, a destinatarios abiertos pero pertenecientes a la comunidad educativa de nuestra provincia, constituyen un medio expansivo de la ofensa a la honorabilidad de los querellantes. Es obvia la energía criminal demostrada por el apelante, y la mayor potencialidad lesiva. Es ilustrativa, a este respecto, la descripción que hicieron ambos querellantes de lo sucedido: una continua campaña de desprestigio. Por eso las calumnias se reputan, justificadamente, como vertidas con publicidad, lo que conlleva la penalidad fijada por la instancia, en atención también a la continuidad delictiva, y que no hay margen para rebajar al resultar la mínima legalmente posible.

Los motivos de recurso singularmente esgrimidos por la Defensa se desestiman.

TERCERO. -Sobre los motivos de recurso coincidentes de las partes, bien que en sentido contrario, se adelanta ya su desestimación.

No hay exceso ni defecto en la determinación de la cuota diaria de la multa, de seis euros. A este respecto, dice la STS de 15 de noviembre de 2023: "Hemosseñalado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 712/2021 de 22 Sep. 2021, Rec. 4228/2019 que: "Respecto a la extensión y cuantía de la multa, esta Sala consciente de la frecuente penuria de datos en las causas, en evitación de que resulte inaplicable el art. 50.5 del CP, ha ensayado una interpretación flexible del precepto, de tal modo que la fijación de la multa podrá fundamentarse ( SSTS 125/2009, de 2-12; 774/2013, de 21-10) en los siguiente extremos: a) la acreditada situación económica concreta del sancionado, con apoyo expreso en la correspondiente pieza de responsabilidad civil; b) alguna circunstancia específicamente reveladora de una determinada capacidad económica (propiedad de un automóvil o de la vivienda que ocupa, por ejemplo); c) cuando menos, algún dato que el juzgador de instancia, desde la apreciación que le permite su inmediación en juicio, ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la motivación de su decisión al respecto; d) en todo caso, incluso la posibilidad de que el Tribunal ad quemvislumbre, con los datos que se ofrezcan en el procedimiento, que la cuantía aplicada no aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con proximidad al límite legal mínimo, siempre que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de ingresos ( SSTS 232/2014, de 25-3; 434/2014, de 3-6; 441/2014, de 5-6; 318/2016, de 15-4; 407/2020, de 20-7). No podemos olvidar en este sentido que si bien algunas resoluciones de esta Sala se muestran radicalmente exigentes en otros aspectos, aplicando sin paliativos, la cuantía mínima legal de la cuota diaria, en ausencia de investigación sobre la capacidad económica del acusado, otras más recientes por el contrario, admiten que dada la amplitud de los límites cuantitativos previstos en la ley, de dos a 400 euros, y la imposición de una cuota diaria en la "zona baja" de esa previsión, no requiere de expreso fundamento, puesto que una cifra menor habría que considerarla insuficientemente reparadora y disuasoria, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva. En efecto, el art. 50.5 CP señala que los tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias "teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. Pero con ello no se requiere significar que los tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que puedan afectar a las disponibilidades económicas del acusado, que resulta imposible y es además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse ( SSTS 201/2014, de 14-3; 434/2014, de 3-6; 572/2019, de 25-11)."

La cuota diaria de seis euros está señalada en la zona baja de la barrera prevista legalmente y, salvo la exteriorización del deseo ferviente y contrapuesto de las partes de su elevación o reducción, no hay ningún dato concreto y demostrado que nos mueva a revisarla.

Sobre la cuantificación de la responsabilidad civil ex delictopor daño moral, que se cuestiona en los mismos términos por las partes, la procedencia de establecer un pronunciamiento indemnizatorio civil responde a la necesidad de reparación de la integridad de los perjuicios materiales y morales derivados del ilícito penal cometido. La jurisprudencia destaca que la exigencia de identificar las bases indemnizatorias puede resultar insuperable cuando se trata de indemnizar por el concepto de daño moral ante la falta de datos que permitan cuantificarlo. No es preciso que se concreten con alteraciones patológicas o psicológicas, de ahí que en muchos casos no se especifiquen en el factum,bastando con que fluya naturalmente del mismo, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital, sin más parámetros para la evaluación de su alcance en los casos de falta de alteraciones médicamente apreciables que la gravedad de la acción que lesionó al perjudicado, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima. El daño moral solamente puede ser establecido mediante un juicio global, atendiendo a la naturaleza del delito y a su gravedad, atemperando la demanda de la víctima a la realidad social y económica del momento. Pero ello no se puede traducir en una cuantificación arbitraria o ajena al efectivo contenido de lo probado. Aunque su concreción resulte difícil, apreciar su existencia no lo es, ya que radica en la existencia de un daño más acentuado o especial en el que el sufrimiento, el pesar, la amargura o la tristeza propia de la condición de víctima de cualquier hecho delictivo supongan un incremento del dolor que le haga gozar de una entidad autónoma y por ello susceptible de un resarcimiento diferenciado ( SSTS de 07-02-2019, sentencia número 741-2019; de 20-02-2019, sentencia número 749-2019; de 15-07-2019).

Sentados estos parámetros decisorios, consideramos ajustadas las cantidades determinadas por la instancia, y proporcionales a la gravedad del daño causado a la honra de los querellantes, además públicamente. Creemos que no hay margen para elevarlas pero, por lo demás, tampoco lo hay para minorarlas: la justicia no puede ser cicatera a la hora de restablecer patrimonialmente la honra del ofendido por hechos de gravedad, como el presente, por lo que las indemnizaciones fijadas se reputan como justificadas y ponderadas y se mantienen en esta alzada.

Los motivos restantes de recurso de la Defensa, y los de la Acusación Privada, se desestiman.

CUARTO. -Por lo expuesto, los recursos se desestiman íntegramente, declarando de oficio las costas procesales en esta alzada, por no apreciarse temeridad o mala fe en los apelantes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación,