Sentencia Penal 404/2024 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 1, Rec. 172/2024 de 16 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Mediante el recurso que ahora se examina, la parte apelante interesa en esta alzada que se dicte sentencia por la que, en definitiva, revocando la de primer grado jurisdiccional, absuelva a su patrocinado del delito de estafa por el que ha sido inicialmente condenado.

Articula su recurso a través de un único motivo, como es la indebida aplicación del tipo penal del art. 248 del Código, al considerar la apelante que la conducta de su patrocinado es atípica. Y es que considera que no se ha acreditado el engaño bastante y previo que requiere el mencionado tipo penal.

Considera la apelante que la mención que la Juzgadora hace del elemento del engaño en la sentencia no incluye ninguna referencia al dolo antecedente o in contrahendo que constituye el requisito fundamental de los negocios jurídicos criminalizados. Es decir, no se alude a la primigenia voluntad de su patrocinado de incumplir lo acordado.

Afirma que no es suficiente, como hace la sentencia, con que el engaño se inicie "al otorgamiento del contrato de arrendamiento", sino que éste debe producirse con anterioridad y materializarse con la voluntad previa del autor de no dar cumplimiento a lo acordado. Dice que el engaño bastante que tiene en cuenta la Juzgadora radica en la simulación por parte del acusado, de un poder de disposición sobre la finca alquilada a los denunciantes. Y este engaño considera el apelante que es insuficiente a los efectos del art. 248.

Añade que en ningún momento concurrió en su patrocinado el ánimo inicial de no cumplir con lo pactado con los denunciantes. Dice que su patrocinado actuó conforme a sus posibilidades con el fin de que los arrendatarios de la finca pudieran tener el uso y disfrute de la misma conforme a lo acordado.

Tras relatar como se produjo la génesis del contrato y las condiciones del mismo, dice que el objeto del contrato -el uso y disfrute de la finca- se mantuvo hasta el día 31-7-2020, es decir, hasta seis meses antes de que finalizara el plazo contractual. Fue en esa fecha cuando los denunciantes fueron desahuciados por parte del propietario de la finca, aunque dice que tras ese lanzamiento los arrendatarios contactaron con dicho propietario para suscribir un nuevo contrato por un periodo de cinco años y con una renta anual inferior a la que abonaban al acusado.

Explica que existe una contradicción en lo referido a cuándo los denunciantes tuvieron conocimiento de que la sociedad del acusado no era la propietaria de la finca arrendada. En el relato fáctico de la sentencia se dice que fue en agosto de 2019, mientras que en la fundamentación jurídica aparece, y el propio denunciante lo dice, que ese conocimiento tuvo lugar en 2018. Añade que es revelador el hecho de que, pese a ese conocimiento del supuesto "engaño" los denunciantes no exteriorizaran su intención de resolver el contrato. Al contrario, los denunciantes siguieron haciendo uso del inmueble sin ningún tipo de problemas.

Contrariamente a lo que se dice en la sentencia, respecto a que el acusado no estaba autorizado para comprometer un contrato de arrendamiento por un plazo de tres años, sino solo por periodos de once meses, dice el apelante que su patrocinado, con la clara voluntad de dar cumplimiento a lo pactado con los denunciantes, procurándoles seguir con el disfrute de la vivienda, fue concatenando dos nuevos contratos de arrendamiento con los propietarios del inmueble. Esto, según la apelante, no se compadece con una inicial voluntad de incumplir el contrato por parte del acusado.

Es más, alude el apelante a que en el contrato de arrendamiento con los denunciantes el acusado asumía otras obligaciones con los arrendatarios -como la realización de diferentes reformas en la vivienda- que también fueron cumplidas por su patrocinado.

Dice que lo que generó el lanzamiento de los denunciantes de la vivienda arrendada fue el posterior impago de las rentas por parte del acusado a los propietarios de la vivienda, algo que no fue algo caprichoso sino consecuencia de la difícil situación financiera que atravesó la sociedad de que era administrador el acusado por la falta de ingresos.

Como conclusión dice que su patrocinado asumió una operación inmobiliaria arrendaticia arriesgada, por cuanto el disfrute de la finca por parte de los denunciantes dependía de que se mantuviera el contrato de arrendamiento entre la propiedad y el acusado, lo que éste siempre procuró. No hubo, por tanto, una inicial voluntad por su parte de incumplir el contrato.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal se ha adherido al recurso diciendo "acogemos los argumentos dados por el recurrente.

Ya en trámite de calificación, esta parte interesó el sobreseimiento provisional por entender que no había quedado acreditado un engaño bastante más allá de que se excediese en la duración del tiempo de arrendamiento pactado ni la voluntad de conseguir un desplazamiento patrimonial ilícito por cuanto los arrendatarios disfrutaron de la vivienda gran parte del periodo del contrato.

Tras la práctica de la prueba en el plenario, esta parte entiende que existe error en valoración de la prueba porque no se ha acreditado dicho engaño bastante y previo y ese ánimo de perjudicar a los arrendatarios.

En primer lugar, porque solo se hace referencia a que contrató con los señores Juan Francisco Enriqueta sin haber informado que era el propietario y por un periodo superior al de 11 meses. La cuestión que se plantea es si esos datos forman parte de un engaño bastante que colmara el elemento subjetivo del tipo y esta parte entiende que la respuesta debe ser negativa, teniendo en cuenta que los señores Juan Francisco Enriqueta estuvieron viviendo ahí 30 meses de los 36 que habían firmado el contrato.

Igualmente se alega en la sentencia que el acusado "es plenamente consciente de que el contrato suscrito el 1 de abril de 2017 con el hijo de la propietaria solo tiene 11 meses de duración (...) transcurrido los 11 meses puede no querer prorrogar el contrato de arrendamiento que la une con su empresa",no obstante se obvia que ya se había prorrogado durante 3 años en las mismas condiciones, que además el acusado explotaba otros locales y viviendas del acusado y que les unía una relación de amistad con el hijo de la propietaria de la misma, es decir, que obraba en la confianza de lo que se estaba haciendo en los años anteriores, siendo así que cumpliendo las obligaciones contractuales, no se suscitó ningún tipo de problema y se desarrolló de manera normal.

Del mismo modo, se hace referencia a la renta que pagaron por adelantado, sin embargo, se obvia, como dice el recurrente, la obligación de la realización de las obras de reforma y mantenimientos de la vivienda, es decir, que las rentas no percibidas con anterioridad se tenían que invertir en el mantenimiento de la vivienda, es por ello, que tampoco podemos hablar de un enriquecimiento ilícito que no ha quedado debidamente acreditado.

Por último, hay que señalar que el derecho Penal es ultima ratio cuando no se puede restablecer el derecho por otras vías y en el supuesto de hecho, es una cuestión que se podía haber resuelto por vía civil, habida cuenta de que nos encontramos con incumplimientos contractuales sin que se haya producido engaño bastante, puesto que el hecho de que no arrendara como empresa explotadora y que fuera por un periodo más largo, no es de suficiente entidad cuando se ha podido desarrollar el contrato con normalidad hasta los últimos 6 meses.".

Por ello solicita que se revoque la sentencia y se absuelva al acusado.

TERCERO.- La representación de los denunciantes ha impugnado el recurso. Considera que la sentencia está debidamente motivada y fundamentada, habiéndose practicado las pruebas de cargo y de descargo que las partes consideraron oportunas.

Dice que la Juzgadora contó con abundante prueba de cargo de naturaleza eminentemente personal, por lo que la valoración probatoria de la Juzgadora no se puede alterar salvo que haya habido un razonamiento manifiestamente ilógico caprichoso o absurdo, lo que no sucede en el presente caso. La Juez a quo se atiene a los parámetros valorativos, y en base a ellos ha formado su convicción, confrontando la prueba de cargo y de descargo y explicando por qué otorga más credibilidad a la prueba de cargo.

Dice que lo que pretende el apelante es hacer valer su interesada valoración probatoria sobre la realizada por la Juzgadora.

Alega que el acusado se limitó a negar los hechos, no aportando ninguna prueba documental o testifical en apoyo de su tesis. No aportó prueba de su supuesta situación de crisis que le impidió abonar la renta a la propiedad de la vivienda.

Considera que concurre el elemento del engaño, que se centra en dos circunstancias: en el hecho de haber simulado el acusado ser el propietario de la finca; y en el hecho de haber suscrito un contrato de arrendamiento por un tiempo superior al que tenía autorizado por el propietario.

Como consecuencia de ello sus patrocinados sufrieron un perjuicio patrimonial por importe de 19.900,00 euros, no pudiendo tampoco disfrutar del uso y disfrute de la vivienda por el tiempo pactado contractualmente. Añade que el acusado no ha negado estos hechos, pero los justifica atribuyendo la responsabilidad a los denunciantes y al propietario de la vivienda, cuando nada tuvieron que ver en ello.

Sostiene que sus patrocinados pagaron la totalidad de la renta por adelantado, conforme a lo estipulado en el contrato, pero que el acusado no hizo efectivo el pago de la renta a la propietaria de la vivienda, todo ello con el falso pretexto de que hizo reformas en la vivienda con la conformidad de la propietaria. Ahora bien, señala la representación de los denunciantes que no hay ninguna prueba de ello; como tampoco aportó prueba, insiste, de esos supuestos problemas financieros que atravesó su empresa.

Dice que fue en el año 2019 cuando sus patrocinados se enteraron de quién era realmente el verdadero propietario de la vivienda, y así se lo comunicaron al acusado, quien echó balones fuera. En ese momento tampoco les dijo que no estaba pagando la renta, siendo que en fecha 23 de enero de 2019 ya se sabía la existencia del procedimiento de desahucio (COMPROBAR)

CUARTO.- Expuestos los términos del recurso, y una vez revisadas las actuaciones, consideramos que las alegaciones de la parte recurrente merecen ser acogidas.

La impugnación de la sentencia que se hace al amparo de la alegada infracción del ordenamiento jurídico por indebida aplicación del art. 248 del Código, tiene como verdadero motivo el error que se atribuye a la Juzgadora a la hora de valorar la prueba.

Como dice la representación de la acusación particular al impugnar el recurso, en relación a la errónea valoración de la prueba hay que recordar, como ha dicho de forma reiterada esta Sección, que aunque el Tribunal de apelación pueda resolver tanto cuestiones de hecho como de derecho, es el Juzgador de instancia quien goza de un papel predominante, al haberse practicado ante él las pruebas en el acto del juicio oral, conforme a los principios de inmediación, oralidad, publicidad, contradicción e igualdad de armas procesales; y al haber apreciado de forma directa todas las circunstancias que se desarrollan en el juicio tales como las propias respuestas a las preguntas, las omisiones, la falta de aclaración de algunos extremos, las dudas, etc...

En efecto, el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Este carácter de novum iudicium, junto con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el órgano ad quem asume la plena jurisdicción sobre el caso en idéntica situación que el Juzgador a quo, no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo.

Ahora bien, las limitaciones derivadas del principio de inmediación que sólo tiene lugar ante el órgano judicial de instancia y su extraordinaria importancia en la ponderación de las pruebas personales sobre las que, como decimos, sólo tiene la percepción directa el Juez a quo, obliga a ajustar el control de esta alzada a las pautas interpretativas que han sido establecidas por el Tribunal Supremo con relación al recurso de casación, si bien con el mayor margen de flexibilidad que corresponde a la segunda instancia. De ahí que, en definitiva, tratándose de pruebas de carácter personal, debamos examinar, en cuanto a su origen, la validez y regularidad procesal, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas, legitimando la decisión adoptada en la instancia si, en efecto, se verifica la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas.

Así mismo, cabrá rectificar las desviaciones que eventualmente puedan derivarse de la infracción de los derechos constitucionales a la presunción de inocencia o al principio in dubio pro reo.

En suma, el Tribunal de apelación debe limitarse a examinar si el juzgador de instancia ha incurrido en un razonamiento arbitrario, ilógico o carente de sentido.

Así, la STS nº 62/2013, de 29 de enero, con cita textual de la STS nº 813/2012, de 17 de octubre, en lo relativo a la valoración de las pruebas personales, hace referencia a la reiterada doctrina jurisprudencial de que "en la ponderación de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigos) se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos".

Esta estructura racional del discurso valorativo puede ser revisada en apelación, no aceptando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( SSTS 901/2009, de 24-9; 960/2009, de 16-10; y 398/2010, de 19 de abril, entre otras); aunque, como se matiza en la referida STS nº 62/2013, de 29 de enero, cabe "revisar la racionalidad con la que el Tribunal de instancia ha reconocido credibilidad a quien ha prestado declaración a su presencia", pudiendo, por tanto, el Tribunal que efectúa la revisión "excluir de lo probado aquellos hechos respecto de los que considere que la prueba personal, tal como ha sido valorado su resultado, se muestra inconsistente", ya que el juez que dicta la sentencia objeto de la apelación "debe dar cuenta de la clase de uso que ha hecho de la inmediación y no ampararse en su mera concurrencia para privar a las partes y, eventualmente, a otra instancia en vía de recurso, de la posibilidad de saber qué fue lo ocurrido en el juicio y por qué se ha decidido de la manera que consta" ( SSTS 1579/2003, de 21-11 ; y 677/2009, de 16-6 ). Y en la misma dirección, también se ha advertido que la inmediación no puede confundirse con la valoración de la prueba ni menos aún con la justificación de la misma, ya que la inmediación no blinda a la resolución judicial contra el control cognitivo por parte del Tribunal superior (STS 716/2009, de 2-7; 398/2010, de 19.4; y 411/2011, de 10-5).

Por otra parte, según una consolidada doctrina constitucional ( STC Pleno nº 53/2013, de 28 de febrero , que cita la STC 68/2010, de 18 de octubre ), "la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena en su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido. El derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) exige que la valoración de un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practique y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad.

Junto a la lesión de ese derecho, cuya declaración se impone cuando haya tenido una incidencia material en la condena, se producirá también, como hemos dicho, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia siempre que la eliminación de la prueba irregularmente valorada deje sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del acusado. Esto sucederá, por supuesto, cuando la prueba personal eliminada sea la única tomada en cuenta por la resolución impugnada, pero asimismo cuando, a partir de su propia motivación, se constate que dicha prueba era esencial para llegar a la conclusión fáctica incriminatoria, de modo que con su exclusión la inferencia de dicha conclusión devenga ilógica o no concluyente ( STC 207/2007, de 24 de septiembre , y entre las más recientes, STC 144/2012, de 2 de julio , o la reiterada STC 68/2010 ...). Sin embargo y de existir otras pruebas de cargo válidas e independientes, la presunción de inocencia no resultará infringida (por ejemplo, STC 81/1998, de 2 de abril , FJ 3, o 167/2002, de 18 de septiembre , FJ 6, ambas del Pleno de este Tribunal)..."

En suma, consecuentemente con lo manifestado, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de Instancia en los siguientes casos:

a) Cuando aquella apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador. En definitiva, cuando las pruebas no tengan carácter exclusivamente personal.

b) Cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia.

c) Cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación, esta última, que será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quemno debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quoen la valoración de la misma, pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

QUINTO.- A partir de esta doctrina consideramos que la conclusión condenatoria alcanzada por la Juzgadora a partir de la apreciación en la conducta del acusado de los elementos propios del delito de estafa, no es congruente con la actividad probatoria y con el relato fáctico que la propia sentencia declara probado.

5.1La sentencia considera que la conducta del acusado al haber suscrito en fecha 11-12-2017 con los denunciantes un contrato de arrendamiento sobre la finca DIRECCION000 haciéndose pasar por propietario de dicha finca, y suscribiendo el contrato por un periodo de tres años, a sabiendas de que no estaba autorizado por la propietaria para arrendarla por un plazo de más de once meses, es constitutiva de delito.

Es en estas dos circunstancias en las que la Juzgadora residencia el engaño típico de la estafa.

Como recuerda el ATS 17-1-2019, los elementos configuradores del delito de estafa son "1°) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear de la estafa , fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno; 2°) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias; 3°) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; 4°) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, sea producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño; 5°) Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6°) Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria ( STS 755/2016, de 13 de octubre , entre otras muchas).".

La importancia del elemento del engaño es destacado también por STS 758/2021, de 7 de octubre, al decir "5. Como es bien sabido, el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por un previo engaño por parte del sujeto activo. La preexistencia del engaño y su cualificada eficacia causal para la obtención del desplazamiento patrimonial constituyen exigencias de tipicidad inexcusables. La ausencia de una u otra desplaza la intervención penal y obliga a acudir a las reglas civiles para la reparación del daño o del perjuicio causado.

La frontera entre el ilícito penal y el civil se sitúa, precisamente, en las exigencias de estricta tipicidad que concurren en el primero. No todo incumplimiento, por tanto, de las obligaciones civiles deviene delito de estafa si no se acredita, cumplidamente, la preexistencia de un plan incumplidor y la puesta en escena engañosa como factor causal del desplazamiento patrimonial. La criminalización del negocio exige identificar que, en efecto, se concibió en términos finales y causales como el singular instrumento engañoso, de tal modo que en su propio otorgamiento pueda ya excluirse la existencia de causa negocial, en los términos exigidos en el artículo 1275 CC , en cuanto el defraudador contemplaba desde ese mismo momento el incumplimiento de las obligaciones que contraía.

En puridad, en estos tipos de contratos criminalizados el sinalagma contractual pactado, aun de forma tácita, actúa como una suerte de pantalla obligacional para el que defrauda. La lesión del sinalagma, entendido como conjunto de deberes prestacionales principales y accesorios, no es, por tanto, consecuencia del incumplimiento del contrato sino simple y llanamente de la previa maniobra engañosa que antecedió al propio desplazamiento por parte del sujeto pasivo.

6. Lo anterior sirve como regla fundamental para marcar la línea de separación entre los ilícitos civiles-patrimoniales y los penales. De tal modo, aun cuando se produzca una grave lesión patrimonial por incumplimiento culpable o mendaz del obligado a satisfacer la contraprestación o, incluso, cuando en la propia conducta incumplidora se individualice la presencia de elementos engañosos si no se acredita, al tiempo, que la disposición patrimonial fue consecuencia directa y exclusiva del engaño previo, la lesión del sinalagma adquiere una exclusiva trascendencia civil.

Por ello, el traspaso de dicha frontera normativa debe venir claramente descrito en el hecho que se declara probado, precisando todas las circunstancias de producción del marco negocial fraudulento que sirve como instrumento de engaño. El hecho debe permitir identificar con nitidez los presupuestos fácticos de la tipicidad sobre los que debe realizarse la valoración normativa.".

5.2Pues bien, consideramos, una vez revisadas las actuaciones, que, como se dice en el recurso, no se ha justificado que la voluntad del acusado a la hora de suscribir el contrato de arrendamiento sobre la vivienda de autos fuera, desde ese primer momento negocial, la de incumplir el contrato de arrendamiento suscrito en su día.

Está acreditado que el acusado atribuyó a la sociedad de la que él era administrador y que cedía en arrendamiento la vivienda a los denunciantes, facultades dispositivas de las que carecía. No era la sociedad IBIZA4YOU la propietaria del inmueble, sino que lo era la madre de Eulalio. En este sentido es claro que el acusado incurrió en un engaño omisivo.

Ahora bien, es cierto también que, como igualmente se acreditó en el juicio, el acusado tenía facultades dispositivas sobre la vivienda, precisamente en virtud del contrato de arrendamiento de temporada de fecha 1-4-2017 firmado en relación con dicha finca DIRECCION000, y suscrito por el acusado y el Sr. Eulalio en representación de la propietaria de la finca, su madre. En virtud de ese contrato, el acusado podía ceder en arrendamiento esa vivienda, algo de lo que la propiedad de la vivienda era conocedora, como así manifestó el Sr. Eulalio en el juicio como ha constatado la Sala mediante el visionado de la grabación del juicio.

Como se dice en el recurso, y consta en la sentencia, el propio arrendatario denunciante tuvo conocimiento de que ni el acusado ni la sociedad administrada por éste eran los propietarios de la vivienda que él ocupaba como arrendatario, circunstancia que no consta que le generara trastorno o consecuencia alguna negativa desde el punto de vista del uso y disfrute de la vivienda cuya posesión tenía. Es cierto que la sentencia incurre en un error a la hora de indicar que el Sr. Juan Francisco tuvo conocimiento de esa circunstancia en el año 2019, cuando lo cierto es que dicho testigo manifestó durante el juicio que fue en 2018 cuando conoció, con ocasión de acudir al Ayuntamiento porque quería comprar un coche, que el acusado no era el propietario de la finca. Por eso el relato fáctico debe ser corregido en este sentido.

Fue en el año 2020 cuando el denunciante, según él mismo dijo, conoció al Sr. Marisol, al propietario. No se descarta que fuera en ese año, o incluso en 2019, cuando tuvo conocimiento de que el Sr. Eulalio tenía relación con la propiedad de la casa, pero fue en 2018 cuando supo que no era propietario de la misma quien en el contrato aparecía como tal. Y, pese a ello, ninguna acción llevó a cabo el denunciante contra el acusado, ni ninguna perturbación tuvo el denunciante en el disfrute de la vivienda por parte del verdadero propietario.

En cualquier caso, y aunque el acusado ocultara a los denunciantes que la empresa IBZA4YOU no era la verdadera propietaria de la vivienda, lo cierto es que de ese dato no se puede inferir que la voluntad del acusado a la hora de suscribir el contrato con los Sres. Juan Francisco Enriqueta fuera la de incumplir el contrato, es decir, la de aprovecharse del cumplimiento de sus prestaciones por parte del Sr. Juan Francisco, sabedor desde un principio de que él no iba a cumplir con las suyas. Y es que, como luego veremos, el acusado, tras haber recibido el importe por adelantado de las rentas correspondientes a los tres años que debía durar inicialmente el contrato, estuvo cumpliendo con las obligaciones contractuales que, por su parte, le vinculaban con la propiedad de la vivienda y que, a su vez, posibilitaban el que los denunciantes arrendatarios pudieran seguir teniendo el uso y disfrute de la vivienda.

Consta en el relato fáctico de la sentencia que el contrato de los Sres. Juan Francisco Enriqueta con el acusado se suscribió en diciembre de 2017; que sus efectos comenzaron en fecha 1-2-2018, y que el acusado estuvo pagando a los propietarios de la vivienda la renta estipulada conforme al contrato de arrendamiento de temporada de 1-4-2017, hasta abril de 2019 inclusive. Esto quiere decir que el acusado estuvo cumpliendo hasta esa fecha con sus obligaciones contractuales con los propietarios y, consiguientemente, con los arrendatarios denunciantes -que le habían abonado ya las rentas por adelantado. Es decir estuvo pagando la renta a la propietaria de la vivienda hasta un poco menos de la mitad del periodo contractual de tres años pactado con los denunciantes.

5.3Tampoco se puede negar el hecho de que el acusado engañó omisivamente a los denunciantes al comprometerse a mantener el arrendamiento durante un periodo de tres años, cuando el contrato que ligaba a IBIZA4YOU con la propiedad de la vivienda cedida en arrendamiento, y en virtud del cual esta sociedad podía disponer de la vivienda, tenía solo una duración de once meses.

Es cierto lo que dice la Juzgadora respecto de que en el momento de la firma de ese contrato de arrendamiento con los denunciantes, el acusado desconocía cuáles podían ser las intenciones de los propietarios del inmueble, y si el contrato se prorrogaría o no. Ahora bien, consideramos que tampoco esa circunstancia constituye un dato suficiente para inferir que la voluntad inicial del acusado al suscribir el contrato con los Sres. Juan Francisco Enriqueta fuera la de incumplir desde un principio con el contrato en perjuicio de los denunciantes.

Hay que tener en cuenta, es cierto, que el acusado cobró por adelantado la renta del contrato trianual. Ahora bien, es también cierto, como hemos dicho, que el acusado estuvo pagando a la propietaria de la vivienda hasta el mes de abril de 2019, fecha en la que se firmó la segunda prórroga del contrato de arrendamiento de temporada suscrito entre el acusado, en representación de la entidad IBIZA4YOU, y el Sr. Eulalio, en representación de la propietaria de la vivienda. De igual forma, esas dos prórrogas por sendos periodos de once meses daban cobertura temporal -por solapamientos de plazo- al contrato de arrendamiento que el acusado suscribió con los Sres. Juan Francisco Enriqueta; y que el hecho de que finalmente se procediera al desahucio de éstos de la vivienda sita en la finca DIRECCION000 no fue porque se hubiese pactado una duración contractual excediéndose el acusado de los términos contractuales concertados con la propietaria de la vivienda, sino porque el acusado no pagó la renta convenida contractualmente con dicha propietaria a cambio de que la sociedad del acusado pudiera seguir explotando la vivienda como arrendamiento de temporada. Teniendo en cuenta la dinámica de vigencia del contrato desde el día 1 de abril de 2017, es muy probable que el acusado y la propietaria de la vivienda hubieran suscrito una tercera prórroga de ese contrato en abril de 2020, de tal manera que los denunciantes podrían haber tenido el uso y disfrute de la casa durante el plazo contractualmente convenido como justa compensación por el pago de la renta completado ya en febrero de 2018.

El hecho de que el acusado hubiera estado abonando a la propietaria de la casa la renta convenida durante catorce o quince meses desde la firma del contrato con los Sres. Juan Francisco Enriqueta, y que el contrato inicial de arrendamiento de temporada con la propiedad se hubiera prorrogado en dos ocasiones desde que los denunciantes adquirieron el uso y disfrute de la vivienda, hace difícil concluir, más allá de toda duda razonable, que el acusado ya tenía planeado en diciembre de 2017 que en abril de 2019 dejaría de cumplir con sus obligaciones contractuales para con los denunciantes, y que se aprovecharía del dinero entregado por éstos. Precisamente, pese a haber recibido el dinero en febrero de 2018, concertó con la propietaria de la vivienda sendas prórrogas en abril de 2018 y en abril de 2019 para amparar definitivamente la estancia de los denunciantes en la vivienda, lo que encaja dudosamente en una voluntad incumplidora inicial por parte del acusado propia y necesaria en los delitos civiles criminalizados.

Si su voluntad inicial hubiera sido la de incumplir el contrato suscrito con los denunciantes y quedarse con el dinero entregado por éstos, es lógico pensar que el acusado habría dejado de pagar, a su vez, la renta debida a la propietaria inmediatamente o muy poco tiempo después de la firma del contrato con los denunciantes. Sin embargo, reiteramos, el acusado estuvo pagando durante poco menos de la mitad de la duración contractual del acuerdo vigente con los denunciantes.

El acusado explica que dejó de pagar la renta a la propietaria de la casa por problemas económicos en su empresa que, como se dice en el escrito impugnatorio de la representación de los denunciantes, no constan acreditados. Sí que consta que el incumplimiento de la empresa del acusado para con la propietaria de la vivienda alquilada posteriormente a los denunciantes fue generalizado en relación a todos los inmuebles cuya gestión arrendaticia la madre del Sr. Eulalio encomendó al acusado, como manifestó Eulalio en el juicio. Y aunque la conducta del acusado es censurable, esa censura no puede llegar al extremo de considerar que actuó con un dolo penal inicial incumplidor a la hora de suscribir el contrato con los Sres. Juan Francisco Enriqueta. No se ha justificado suficientemente que dicho contrato fuera consecuencia de un ardid urdido por el acusado con la intención inicial desde la firma de dicho contrato, de engañar a los denunciantes haciendo que éstos cumplieran con sus obligaciones contractuales, sabiendo el acusado que él no cumpliría con las suyas.

La falta de acreditación del elemento del engaño a partir de los hechos expuestos en el relato fáctico de la sentencia es lo que justifica el error valorativo en que incurrió la Juzgadora al inferir de esa prueba la concurrencia de ese elemento típico. En consecuencia, procede la estimación del recurso y la consiguiente revocación de la sentencia absolviendo al acusado del delito de estafa de que venía acusado, sin perjuicio de las acciones civiles que la parte perjudicada pudiera ejercer frente a aquél.

SEXTO.- Procede declarar de oficio las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general, obligada y pertinente aplicación.

Fallo