Sentencia Penal 47/2026 Audiencia Provincial Penal de Burgos nº 1, Rec. 1/2025 de 17 de febrero del 2026

PRIMERO.Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, prevista y penada en el artículo 142 del Código Penal.

Para la aplicación de dicho precepto la Jurisprudencia viene exigiendo:

a) Una acción u omisión que produzca -de manera no intencional- un resultado dañoso para el bien jurídico penalmente protegido, a partir de una relación causal que responda a los principios de un análisis lógico.

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b) Que en esa conducta humana no intencional se aprecie una omisión de cuidado, bien por identificarse un actuar perezoso del sujeto activo que da lugar a esa falta de diligencia, bien por un defectuoso funcionamiento del intelecto. Consecuentemente el sujeto, sin querer ni aceptar un resultado que era evitable, no lo tiene en cuenta a pesar de que también era previsible (elemento de la culpabilidad).

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c) Que esa desatención infrinja o transgreda determinados deberes de precaución que vengan impuestos por las normas generales de la convivencia social o que estén exigidos por las regulaciones específicas que rigen determinadas actividades (elemento de la antijuridicidad).

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d) Por último, que la desatención, como desencadenante causal, justifique la imposición de una pena que se determinará según la entidad o grado de la culpa (elemento de punibilidad).

Bajo estas premisas, se ha considerado tradicionalmente que la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las medidas de precaución más elementales, básicas y obvias. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela o, como hemos dicho en alguna ocasión, con eliminación de la atención más absoluta, la no adopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad.

SEGUNDO.Que resulta responsable criminalmente el acusado Íñigo, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

TERCERO.En el presente procedimiento el Jurado ha sido soberano para determinar los hechos que han considerado probados, habiendo razonado en forma lógica y racional todas y cada una de las cuestiones objeto del veredicto que fueron sometidas a su consideración, en la forma que cualquier ciudadano pudiera realizar y como tiene declarado la Jurisprudencia, no se les puede exigir un razonamiento exhaustivo, como pudiera hacerlo un Tribunal, puesto que carecen de los conocimientos jurídicos para ello.

La Ley Orgánica del Tribunal del Juradoatribuye al Magistrado Presidente una función de control al objeto de que el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se dicte de conformidad con las reglas que se derivan del principio de presunción de inocencia, sin que ello suponga esencialmente una revisión del veredicto, disponiendo el artículo 70.2º de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, si el veredicto fuera de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Es función del Magistrado Presidente la redacción de la sentencia, no limitándose solamente a exponer los elementos probatorios que han sido tenidos en consideración por el Jurado a la hora de emitir su veredicto.

En este sentido y en relación con la exigencia de motivación en las sentencias dictadas en el ámbito de la presente Ley, y en cuanto a la íntima relación entre lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ,es explicita la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2012, al afirmar que:

"La especificidad de la motivación en las sentencias del Tribunal del Jurado, integrado por Magistrado Presidente y Jurado, deriva de la diversidad de funciones que a uno y otro confirió la ley reguladora, ejercitando la libertad de configuración que le atribuyó el artículo 125 de la Constitución al legislador. Esa especificidad, junto con la trascendencia que al respecto tiene el sentido condenatorio o absolutorio de la sentencia y la naturaleza -indiciaria o directa- de los medios de prueba considerados y, aún más, si cabe, la referencia a la función que cumple la exigencia de motivación, son los elementos a los que ha de estarse para concluir si en un caso concreto se ha dado o no el debido cumplimiento a la garantía constitucional que aquí se invoca.

La indicada diversificación de funciones, reflejada en el contenido de los artículos 3 y 4 de la ley orgánica del Tribunal del Jurado , tiene una de sus más trascendentes consecuencias en la imposición al Magistrado Presidente de la obligación que describe el artículo 70.2 de la ley reguladora. Se trata, adviértase, de una obligación circunscrita al caso de sentencia de condena. Y cuyo entendimiento exige recordar, a su vez, la otra obligación del Magistrado Presidente regulada en el artículo 49 de la misma ley . Así como, finalmente, que el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal del Jurado, cuando es condenatoria, no admite otro debate sobre la declaración de hechos probados que el relativo a si dicha declaración vulnera o no la garantía constitucional de presunción de inocencia. (art. 846 bis c) apartado e) "...porque atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta").

La Exposición de Motivos de la ley acerca de las funciones distribuidas respecto a la motivación de la decisión que enerva la presunción de inocencia: "Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto.

Así la ST del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013: "Es sin embargo loable que el Magistrado exponga tan correctamente "con qué elementos contó el jurado". Es decir que exponga los elementos de los que disponía para decidir, independientemente de la disposición que de ellos hiciera posteriormente. Y que, por su suficiencia legitimaban la posibilidad misma de tal decisión. Antes de entrar a deliberar, hacían legítima la decisión del Magistrado de someterle el correspondiente objeto del veredicto. Decisión que se hace preceder de los informes de las partes y de oír al acusado".

CUARTO.Partiendo de las anteriores premisas, debemos dejar sentado que en el supuesto objeto de enjuiciamiento, y tal como se desprende tanto de los escritos de acusación y defensa , cuyas conclusiones fueron elevadas a definitivas, existían determinados hechos que no resultaban controvertidos, al ser admitidos por todas las partes, viniendo referidos a los momentos previos a la producción de la agresión, la cual también fue admitida por el acusado, si bien no explicó el motivo de la misma.

De tal forma que el Jurado consideró probado, por unanimidad el encuentro del acusado y Teodulfo en el lugar conocido como "las Llanas", de Burgos, a la salida de un bar tras cerrar el mismo, habiendo estado el primero de celebración de cumpleaños y el otro de despedida de soltero, motivos que en principio deben ser considerados como lúdicos.

Asimismo consideraron probado que tanto Teodulfo como el acusado habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, basándose el Jurado en cuanto al primero en el resultado de la prueba analítica realizada, tras su fallecimiento, presentando una tasa de alcohol en sangre de 2,47 g/l, en orina de 2,65 g/l y en humor vítreo de 2,92 g/l, hecho que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En el informe Médico Forense, emitido por Loreto, Jenaro y el perito Sr. Virgilio, propuesto por la Defensa, se llegó a la conclusión que debido a las lesiones que presentaba región occipital derecha, por haberse golpeado contra el suelo y producirse un traumatismo en la región occipital, produciéndose un edema cerebral y micro -hemorragias a nivel de tronco encéfalo con signos de anoxia neuronal aguda, las cuales fueron observadas en el departamento de histopatología, ratificados sus informes en el acto del juicio oral (al cual se remitieron las muestras y mediante la utilización de microscopio), el grado de alcohol que presentaba el fallecido influyó en la producción del fallecimiento, y ello basado en la bibliografía de supuestos similares, lo que suele implicar que el organismo no puede utilizar los sistemas de defensa que tiene frente a dicha lesión.

Si bien no se puede afirmar en qué grado pudo haber influido, el Dr. Virgilio está conforme con el informe de autopsia, si bien achaca la causa determinante del fallecimiento a la ingesta alcohólica.

Por el Jurado se declaró probado que la ingesta alcohólica influyó en el resultado mortal, basándose en dichas pruebas periciales, aunque dicha concausa no puede ser utilizada para determinar el grado de culpabilidad del acusado, por lo cual no resulta relevante a tales efectos, sin que por la Defensa se hubiera planteado la posibilidad de una ruptura del nexo causal.

También se ha considerado acreditado que el acusado había consumido múltiples consumiciones de bebidas alcohólicas, fundamentando correctamente en las testificales practicadas, tales como el camarero del bar Madame Kalalu, llamado Tomás, el cual refirió que conocía a Íñigo y que estaba ebrio, habiéndole servido varias copas, manifestando su amigo Artemio que había consumido media botella de ron, sin embargo no consta en qué grado la ingesta de bebidas alcohólicas pudiera haber influido en su conciencia y voluntad, y si bien entendemos que lo frecuente es una afectación de sus facultades, no existen elementos probatorios para poder asegurar que ello le privase de su capacidad de decisión.

Por el acusado se admitió que propinó un puñetazo en el rostro a Teodulfo, sin dar razón de tal acción, negando que estuviese motivado por el hecho de que aquel fuese de Valladolid, y el Jurado tras el visionado del video grabado por una cámara de un local cercano, que en el acto del Plenario se visionó en dos ocasiones, y posteriormente el Jurado volvió a visionarlo, llegó a la conclusión de que con anterioridad a que el acusado tuviese conocimiento de la procedencia de Teodulfo, existió entre ambos una conversación, y el puñetazo no fue propinado acto seguido, sino unos minutos más tarde, por lo cual no pueden afirmar con total seguridad que el hecho de ser de Valladolid hubiera sido el desencadenante ni el motivo de la agresión.

Por el acusado se admitió que pertenecía un grupo o hinchada de futbol del Burgos C.F., y que portaba pegatinas del mismo en la riñonera en la que llevaba su documentación, cuando la presentó en la Comisaría de Policía, sin embargo negó que ello fuese el motivo de haber agredido a Teodulfo, y el Jurado por unanimidad declaró que no había sido probado que el hecho de ser de Valladolid , hubiera sido el motivo de la agresión, tal y como se desprende de las respuestas dadas a las preguntas tercera y cuarta del objeto de veredicto.

Entendemos que por el Jurado, tras el examen de todas las pruebas, video-gráficas, testificales y documentales, llegó a la conclusión de que la agresión no estuvo motivada por la procedencia de Teodulfo, cuando estuvieron conversando varios minutos, y no existen pruebas relativas al contenido de la conversación, por lo cual entendemos que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, puesto que fueron conscientes de que el objeto de enjuiciamiento eran unos hechos concretos, con independencia de las aficiones, del acusado.

De tal forma que el Jurado, desconociendo, el significado del denominado Derecho Penal de autor, no incurrió en el error de su aplicación.

Aquel se caracterizaba por no basarse la sanción en el acto cometido, sino en las características personales, el modo de vida o la "peligrosidad" del individuo.

A diferencia del derecho penal de acto (que castiga por lo que uno hace),el de autor castiga por lo que uno es.

Dicho derecho penal de autor, que en cierta medida, y en el uso legal para hacer valer sus conclusiones, fue utilizado indirectamente por las acusaciones, se caracteriza por enjuiciar la personalidad, el carácter, la trayectoria o la supuesta "antisocialidad" del sujeto para determinar la pena, lo cual trató de ser evitado por este ponente, y en aras a impedir la confusión de Jurado.

Otra de las cuestiones sometidas a consideración del Jurado fue la de si en la fuerza o intensidad del puñetazo, que le produjo la fractura de los huesos propios de la nariz , encontraba su origen en el conocimiento de un arte marcial denominada Muay Thai, contestando que no había influido en la mayor fuerza empleada, y tomando en consideración el testimonio prestado por el profesor de dicha técnica, Nicolas ,cuyo conocimiento era escaso, tal y como depuso en el Plenario, respondiendo a una pregunta formulada por uno de los miembros del Jurado, calificando su conocimiento entre dos o tres, siendo 10 el máximo y por no haber visto el golpe.

No cabe duda de que los Jurados se han basado , para llegar a dicha conclusión en lo que han visto y oído, observando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, cuando por las acusaciones se insistió en que el conocimiento de dicha arte marcial implicó una mayor fuerza en el puñetazo, habiéndose distinguido por el Jurado perfectamente entre las afirmaciones basadas en presunciones y conjeturas, y las pruebas practicadas.

Se ha considerado acreditado que el acusado consignó a favor de la familia del fallecido la cantidad de 20.000 € lo cual resulta de la documental obrante en las actuaciones, y no resulta negado por ninguna de las partes.

QUINTO.Una de las cuestiones objeto del veredicto, y la de mayor relevancia hace referencia a la finalidad, intencionalidad, o representación por el acusado del resultado producido, habiéndose propuesto al Jurado las tres alternativas que jurídicamente vienen referidas al dolo directo, eventual, o imprudencia, si bien en las preguntas 12 ,13 y 14, se evitó la referencia a conceptos jurídicos, no obstante por las acusaciones y defensa en sus conclusiones se trató de explicar la significación jurídica y penológica que implicaban las respuestas que debían dar a las mismas.

Tras la oportuna deliberación y análisis de todas las pruebas los jurados llegaron a la conclusión, por 8 votos a 1, de que el acusado era culpable de haber causado la muerte de Teodulfo, pero no se imaginaba que con el hecho de darle un puñetazo pudiera causar la misma, fundamentándolo en su propia declaración y en su estado de embriaguez.

Entendemos que la convicción alcanzada se encuentra suficientemente razonada, debiendo analizarse en conjunto con el resto de los motivos expuestos al responder las demás cuestiones que le fueron planteadas al Jurado, en concreto la ausencia de una reacción inmediata del acusado, manteniendo una conversación con Teodulfo durante varios minutos, que la causa del puñetazo no ha sido su procedencia, y que la intensidad de aquél no estuvo influenciada por el conocimiento de la técnica de Muay Thai.

Debemos mencionar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto de hechos similares, que si bien no era conocida por el Jurado, ha coincidido con la misma

Así en la STS 1579/2002, de 2 de octubre ,en un supuesto de un puñetazo a la cara que hizo caer de espaldas y golpearse en la caída en la cabeza, afirmó que Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de mata".

Igualmente la STS 706/2008 acogió idéntica solución en un supuesto en el que el penado le dio varios golpes a una mujer con la mano y "entre ellos uno intenso en la cabeza, en la parte media de la frente, región fronto-parieto-temporal derecha. Como consecuencia de ese traumatismo cráneo encefálico se produjo una hemorragia subdural que provocó la muerte por parada cardiorrespiratoria".El recurso del Fiscal fue rechazado al afirmar la sentencia que "no cabe deducir racionalmente que, al propinar el golpe con la mano -no un puñetazo- en la parte media de la frente de la víctima, se representara una seria probabilidad de matarla, asumiendo con el golpe esa eventualidad. En la sentencia que era objeto de recurso dictada en apelación por el TSJ de Aragón-, precisa en su fundamento jurídico quinto, que "en el presente caso el Jurado, por unanimidad, no considera probado que Calixto actuara con intención de causar la muerte y lo deduce "de la situación descrita" y de que "si alguien quiere matar a otra persona no lo hace sólo con un puñetazo".La misma argumentación es reproducida en la contestación a la pregunta 11ª: "Fue un acto impulsivo y ante la baja probabilidad de que una persona fallezca por un puñetazo, no pensamos que Calixto previese la muerte de Carlos Manuel". Así pues, los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual. Ciertamente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado,que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión."

Esta Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, Sentencia 230/2009 de 20 Oct. 2009, Rec. 22/2009, ha declarado:

Resolviendo un recurso de apelación interpuesto frente a una sentencia dictada por el Juzgado de Menores de Burgos , confirmando la condena por un delito de homicidio por imprudencia grave porque -según se argumenta-, "de tal forma deber ser calificada el puñetazo que originó que Amadeo perdiese el equilibrio y cayese a plomo sobre la calzada empedrada dónde se dio el fatal golpe. En palabras técnicas nos encontramos con el llamado homicidio preterintencional, el que va más allá de la intención del agente causador. Hay relación de causalidad entre la acción de Simón y la muerte de Amadeo , dicho en palabras llanas, la acción de Simón fue una de las causas de la muerte de Amadeo , pero ni quería causarla ni pensó en que la podía causar a la hora de actuar (nadie, o casi nadie, piensa que con un solo puñetazo se puede causar una muerte, ni siquiera se representa el riesgo de que pueda ocurrir)."

Simón ni quería consciente y deliberadamente matar (el animus necandi propio del dolo directo), y que ni siquiera se imaginó ni se pudo imaginar que a consecuencia de un solo puñetazo podría causar la muerte (dolo eventual), ni ello era probable (probabilidad real, porcentualmente importante, más allá del riesgo genérico que implica una pelea) y eso sí, si que actuó de forma despreocupada e inconsciente en la pelea (imprudencia grave), máxime a la vista de sus especiales características físicas -su especial corpulencia- y su uso descontrolado de la violencia, poniendo en juego actos que podían tener inciertos resultados". Se mencionan las razones dadas por el Juzgado , en concrtreto que "a) Simón e Amadeo no se conocían con anterioridad.

Tampoco que Simón propinara una paliza a Amadeo , ni que le golpeara repetidamente en centros vitales, sino que le propinó un solo puñetazo - el que le hizo perder el equilibrio-.

Que no existió entre Simón y Amadeo alguna disputa o discusión previa que animara al primero a querer agredir al segundo y causarle el mayor daño posible, incluso la muerte. Que Simón no tuvo conciencia del daño tan grave que había causado.

Igualmente el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 3/2016 de 19 Ene. 2016, Rec. 628/2015, ha declarado que el supuesto típico de puñetazo en el rostro, que provoca la caída que, a su vez, propicia el golpe en la cabeza contra el suelo que causa el traumatismo mortal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que condena a uno de los acusados por delito de lesiones dolosas en concurso ideal con homicidio imprudente y absuelve a los demás de homicidio imprudente.

Como puede observarse, el razonamiento transcrito se desliza hacia el grado de previsibilidad del resultado. Y a ello es precisamente a lo que hay que dar respuesta para proclamar -como hace la Audiencia- la autoría del homicidio imprudente finalmente imputado a Marcial . En el FJ 1º de la resolución cuestionada, los Jueces de instancia argumentan en los siguientes términos: "... la conducta imprudente de Marcial cabe deducirla de otras circunstancias que le hicieron prever al agresor que el impacto tan fuerte podía provocar la muerte aunque su intención fuera la de dañar, omitiendo elementales normas de prudencia. Tal circunstancia relevante en el supuesto examinado era el estado de embriaguez del agredido que hacía previsible que ante un golpe intenso pudiera pudiese caer al suelo sin control y dañarse severamente por la gravedad de un impacto a consecuencia de un desplome contra el suelo en que pueden resultar dañados órganos vitales como los situados en la cabeza que es lo que sucedió y este resultado que el acusado no tuvo intención de causar sí estaba obligado a preverlo, prevenirlo y evitarlo".

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, Sentencia 301/2018 de 27 Abr. 2018, Rec. 1324/2017:

En el curso de la discusión, el acusado golpeó a Conrado en el rostro, consecuencia del golpe Conrado cayó de espaldas al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente.

A continuación el acusado abandono el lugar de los hechos a bordo del mismo vehículo.

Como consecuencia de la agresión y de la caída al suelo, golpeándose la cabeza contra el mismo, Conrado sufrió herida abierta en región occipital, traumatismo encefálico severo (estallido craneal) y una hemorragia intracraneal, heridas que ocasionaron su fallecimiento datado a las 13,20 horas del mismo día.

Los hechos declarados probados en relación con la muerte de Conrado, son constitutivos de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal .

En el objeto del veredicto se sometieron a la consideración del jurado tres posibilidades en cuanto al título de imputación al investigado de la muerte de Conrado , el dolo eventual, la imprudencia grave y la leve, en atención a la desatención del nivel de cuidado, y el Jurado consideró por mayoría de siete de sus miembros, que la acción del acusado consistió en propinar un puñetazo a la víctima, sin que fuera su intención la de causarle la muerte.

Tal proposición se incluyó atendida la calificación postulada por la defensa, que consideraba que los hechos habrían de ser calificados con arreglo a lo prevenido en el artículo 142,2 y subsidiariamente 142.1 del Código Penal .

Son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales en supuestos semejantes al que hoy nos ocupa llegando a una conclusión igual a la que se alcanza en el presente caso, valorando las circunstancias de las personas y del tiempo y lugar y de las demás circunstancias exteriores para concluir la falta de ánimo de matar en la conducta del agente.

La STS de 27 de marzo de 2012 recoge pronunciamientos especialmente esclarecedores a los efectos que nos ocupan. Descendiendo al caso concreto que contempla, dice la sentencia que "el golpe directo al rostro, golpe de enorme fuerza y actitud desprevenida de la víctima, son elementos que sí tuvo en cuenta la Sala de instancia. Y es lógico y racional concluir, como lo hizo, que de un puñetazo no cabía esperar ese resultado mortal, que si alguien quiere matar no lo hace de un solo puñetazo, que el golpe fue un acto impulsivo y que con el mismo lo que se quería era dañar. De hecho, en la jurisprudencia son excepcionales los supuestos en que se aprecia dolo eventual de matar en acciones consistentes en dirigir con las manos desnudas puñetazos únicos al rostro y caída posterior y sí existen bastantes casos en que se ha acudido a la solución concursal que han acogido primero el Magistrado Presidente y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia".

Cita la mencionada sentencia de 2012 otra de 2 de octubre de 2002, también del Tribunal Supremo , que contemplaba un supuesto de un puñetazo en la cara que hizo caer de espaldas y golpearse con la caída en la cabeza, apreciándose la solución concursal de lesiones con homicidio imprudente. Concretamente la sentencia de 2002 referenciada por la de 2012, dice: "Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de matar".

Y, para cerrar el razonamiento en virtud del cual descarta la aplicación del dolo, continúa diciendo: "los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual.

Ciertam ente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión. "o resulta indiferente, sino relevante para ponderar la imputación subjetiva, que la muerte no se ha causado como fruto directo del impacto con el puño (e incluso en algún caso, lo hemos visto, aun siendo así, se ha calificado el resultado como imprudente), sino mediante el indirecto de la caída de la víctima como consecuencia del impacto. En este caso el puñetazo ni siquiera consta que causara la más mínima lesión externa en la cabeza de la víctima. En definitiva, la muerte se produjo por una conducta imprudente y no dolosa. Es muy distinto propinar un golpe directo en el rostro y generar la muerte, que el que ésta se produzca por una desviación azarosa del curso causal que acabe derivando en una mala caída y en un fatídico resultado, supuesto que tenía muy escasas posibilidades de producirse desde una perspectiva ex ante a tenor de las cifras estadísticas. No cabe entremezclar lo que es un curso causal que entra dentro de lo posible y que puede ser el fruto natural de una agresión, con lo que es un devenir que se aleja totalmente de ese fluir natural y que, entrando en la franja de lo escasamente previsible y de lo extrañamente factible, se acaba produciendo por un cúmulo de circunstancias en gran medida aleatorias muy difícil de pronosticar ex ante.

Son numerosos los supuestos, de características similares al presente, en los que se ha calificado como imprudente el resultado final de un puñetazo, empujón o acción dolosa inicial similar.

En las siguientes resoluciones recayó condena por un delito de homicidio imprudente y una falta de lesiones o de malos tratos: STS de 19 de septiembre de 1990 (caída al suelo en el curso de una pelea debido a un cabezazo, sufriendo la víctima un traumatismo craneoencefálico contra el pavimento que le causa la muerte); STS de 31 de octubre de 1991 (patada en el rostro que derribó al agredido al suelo y le ocasionó un traumatismo craneal que determinó su muerte); STS de 2 de diciembre de 1994 (sujeto que en el curso de una pelea con otra persona cae con su agresor al suelo, golpeándose la cabeza contra el pavimento, lo que determina que fallezca a los tres días por traumatismo craneoencefálico); STS de 21 de diciembre de 1997 (acusado que, en el curso de una disputa, propina un puñetazo al contrario, quien cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en el suelo, falleciendo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico dos días más tarde). La Sala también condenó en la STS de 10 de octubre de 1998 , a un acusado que dio "un fuerte puñetazo" a la víctima, que cayó de espaldas y falleció por traumatismo craneoencefálico. Se le impuso como autor de un delito de homicidio imprudente, con una atenuante de embriaguez, una pena de un año de prisión. En la STS de 2 de octubre de 2002 , fue condenado un acusado que propinó un puñetazo en la cara a su oponente, ocasionándole un hematoma en la boca. La agresión determinó que cayera de espaldas y se golpeara con la zona occipital de la cabeza contra el suelo, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico que determinó su fallecimiento unos días más tarde. Fue condenado como autor de un delito de homicidio imprudente y de una falta de lesiones del art. 617.1º, en concurso ideal, a la pena de tres años de prisión.

En la STS de 25 de noviembre de 2003 fue condenado un acusado por haber golpeado con un rodillazo a su oponente, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento de la calle. La Sala de casación avaló la condena por una falta de malos tratos y un delito de homicidio imprudente, en concurso ideal, con una cuantía punitiva de un año de prisión y diez días de multa. Otra sentencia dictada por la Sala sobre un supuesto de agresión que determina una caída con fatal desenlace para la víctima por golpearse la cabeza contra el suelo es la STS de 9 de julio de 2012 . El acusado acudió a casa de su abuela, de 91 años de edad, para sustraerle el dinero que tenía en una bolsa atada al cuello. A tales fines la zarandeó fuertemente, por lo que la víctima cayó al suelo, golpeándose en la cabeza y sufriendo un shock traumático con hemorragia subaracnoidea que le ocasionó la muerte. Después el autor se apoderó de 1500 euros. Este fue condenado por la Audiencia como autor de un delito de homicidio doloso, con la agravante de parentesco, a la pena de 12 años y seis meses de prisión. La Sala de casación anuló la condena y le condenó por un delito de homicidio imprudente, fijando la pena en tres años de prisión. En ese caso el argumento nuclear de la sentencia de casación para excluir el dolo eventual atribuible a la acción agresora fue, literalmente, que un fuerte zarandeo "no puede afirmarse de forma categórica (que genere) una elevada probabilidad de que se causase la muerte de la víctima como consecuencia del golpe en la cabeza padecido tras una caída. De esa realidad no puede darse el salto a inferir la indiferencia del procesado frente a ese resultado que presumiblemente no llegó a prever, aunque era previsible y evitable. Estas consideraciones conducen a la imputación de los hechos a título de imprudencia grave".

Como vemos, son numerosos los casos reales, muy semejantes al que nos ocupa, que nos permiten alejarnos de la intencionalidad en el resultado.

En la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha tratado también la cuestión relativa a la exacta definición de la intención del autor. Así Tiene declarado la Sala -cfr. SSTS 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre-, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril : a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado.

El segundo requisito exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la «autopuesta en peligro» o «principio de la propia responsabilidad». Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva".

Por todo ello se considera que las conclusiones sobre la intencionalidad del acusado al propinar un puñetazo a Teodulfo, se encuentran fundamentadas en los razonamientos expuestos al dar respuesta a los hechos objeto del veredicto, y coincidentes con la Doctrina Jurisprudencial al tratar hechos similares, y por ello se considera que la conclusión alcanzada es lógica y razonada.

SEXTO.Por lo que respecta a las circunstancias de agravación de la responsabilidad criminal alegadas por la acusación particular, no pueden ser acogidas, al desprenderse del veredicto del Jurado la falta de los elementos fácticos para ello.

Así respecto de la pretendida alevosía, por la actuación sorpresiva del acusado, que era utilizado para la calificación de los hechos como asesinato previsto en el artículo 139.1 del Código Penal , resulta evidente que no concurre, al no haberse probado el dolo directo ni el ataque sorpresivo, encontrándose las partes frente a frente, y conversando.

El abuso de superioridad por el conocimiento de la técnica Muay Thai, tampoco es de aplicación, puesto que por el Jurado se consideró que ello no había influido en la mayor intensidad del puñetazo.

En cuanto a la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, relativa a la comisión de los hechos por: motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta,no resulta de aplicación puesto que estaba basada en el hecho realizarse la agresión debido a la procedencia de la víctima, y ello no ha resultado acreditado para el Jurado, y en todo caso resulta de difícil encaje jurídico.

SEPTIMO.Respecto a la pena a imponer, procede dejar sentado que conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Penal . la pena a imponer se sitúa entre 1 y 4 años de prisión, y conforme al art. 66. 2 para su determinación no se ajustará, por tratarse a un delito imprudente, a las reglas sobre concurrencia de agravantes o atenuantes del párrafo 1º, procediendo los jueces y tribunales su imposición conforme al prudente arbitrio.

En el presente supuesto entendemos que en atención al mayor reproche penal que debe merecer una actuación violenta y agresiva, realizada contra una persona desconocida, y sin ningún motivo que pueda servir para justificarla, realizándose en una zona de ocio, donde debe prevalecer todo lo contrario, procede la imposición de la pena máxima prevista, de cuatro años de prisión y accesorias.

OCTAVO.Por lo que respecta a la responsabilidad civil, habida cuenta de la dificultad que siempre entraña el cuantificar el daño moral producido, que en el presente supuesto son los perjudicados los padres y hermana de Teodulfo, por la pérdida sufrida derivada de su fallecimiento, se considera que resulta adecuada una indemnización por cuantía de 100.000 € a cada uno de los padres, y de 50.000 € en favor de su hermana.

NOVENO.Conforme a lo preceptuado en el art. 123 del Código Penal procede la imposición al acusado de las costas procesales, incluidas las relativas a la acusación particular.

Vistos los preceptos citados, Jurisprudencia aplicable, veredicto del Jurado, administrando Justicia en nombre de SM. el Rey ,

PRIMERO.Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, prevista y penada en el artículo 142 del Código Penal.

Para la aplicación de dicho precepto la Jurisprudencia viene exigiendo:

a) Una acción u omisión que produzca -de manera no intencional- un resultado dañoso para el bien jurídico penalmente protegido, a partir de una relación causal que responda a los principios de un análisis lógico.

;

b) Que en esa conducta humana no intencional se aprecie una omisión de cuidado, bien por identificarse un actuar perezoso del sujeto activo que da lugar a esa falta de diligencia, bien por un defectuoso funcionamiento del intelecto. Consecuentemente el sujeto, sin querer ni aceptar un resultado que era evitable, no lo tiene en cuenta a pesar de que también era previsible (elemento de la culpabilidad).

;

c) Que esa desatención infrinja o transgreda determinados deberes de precaución que vengan impuestos por las normas generales de la convivencia social o que estén exigidos por las regulaciones específicas que rigen determinadas actividades (elemento de la antijuridicidad).

;

d) Por último, que la desatención, como desencadenante causal, justifique la imposición de una pena que se determinará según la entidad o grado de la culpa (elemento de punibilidad).

Bajo estas premisas, se ha considerado tradicionalmente que la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las medidas de precaución más elementales, básicas y obvias. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela o, como hemos dicho en alguna ocasión, con eliminación de la atención más absoluta, la no adopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad.

SEGUNDO.Que resulta responsable criminalmente el acusado Íñigo, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

TERCERO.En el presente procedimiento el Jurado ha sido soberano para determinar los hechos que han considerado probados, habiendo razonado en forma lógica y racional todas y cada una de las cuestiones objeto del veredicto que fueron sometidas a su consideración, en la forma que cualquier ciudadano pudiera realizar y como tiene declarado la Jurisprudencia, no se les puede exigir un razonamiento exhaustivo, como pudiera hacerlo un Tribunal, puesto que carecen de los conocimientos jurídicos para ello.

La Ley Orgánica del Tribunal del Juradoatribuye al Magistrado Presidente una función de control al objeto de que el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se dicte de conformidad con las reglas que se derivan del principio de presunción de inocencia, sin que ello suponga esencialmente una revisión del veredicto, disponiendo el artículo 70.2º de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, si el veredicto fuera de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Es función del Magistrado Presidente la redacción de la sentencia, no limitándose solamente a exponer los elementos probatorios que han sido tenidos en consideración por el Jurado a la hora de emitir su veredicto.

En este sentido y en relación con la exigencia de motivación en las sentencias dictadas en el ámbito de la presente Ley, y en cuanto a la íntima relación entre lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ,es explicita la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2012, al afirmar que:

"La especificidad de la motivación en las sentencias del Tribunal del Jurado, integrado por Magistrado Presidente y Jurado, deriva de la diversidad de funciones que a uno y otro confirió la ley reguladora, ejercitando la libertad de configuración que le atribuyó el artículo 125 de la Constitución al legislador. Esa especificidad, junto con la trascendencia que al respecto tiene el sentido condenatorio o absolutorio de la sentencia y la naturaleza -indiciaria o directa- de los medios de prueba considerados y, aún más, si cabe, la referencia a la función que cumple la exigencia de motivación, son los elementos a los que ha de estarse para concluir si en un caso concreto se ha dado o no el debido cumplimiento a la garantía constitucional que aquí se invoca.

La indicada diversificación de funciones, reflejada en el contenido de los artículos 3 y 4 de la ley orgánica del Tribunal del Jurado , tiene una de sus más trascendentes consecuencias en la imposición al Magistrado Presidente de la obligación que describe el artículo 70.2 de la ley reguladora. Se trata, adviértase, de una obligación circunscrita al caso de sentencia de condena. Y cuyo entendimiento exige recordar, a su vez, la otra obligación del Magistrado Presidente regulada en el artículo 49 de la misma ley . Así como, finalmente, que el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal del Jurado, cuando es condenatoria, no admite otro debate sobre la declaración de hechos probados que el relativo a si dicha declaración vulnera o no la garantía constitucional de presunción de inocencia. (art. 846 bis c) apartado e) "...porque atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta").

La Exposición de Motivos de la ley acerca de las funciones distribuidas respecto a la motivación de la decisión que enerva la presunción de inocencia: "Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto.

Así la ST del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013: "Es sin embargo loable que el Magistrado exponga tan correctamente "con qué elementos contó el jurado". Es decir que exponga los elementos de los que disponía para decidir, independientemente de la disposición que de ellos hiciera posteriormente. Y que, por su suficiencia legitimaban la posibilidad misma de tal decisión. Antes de entrar a deliberar, hacían legítima la decisión del Magistrado de someterle el correspondiente objeto del veredicto. Decisión que se hace preceder de los informes de las partes y de oír al acusado".

CUARTO.Partiendo de las anteriores premisas, debemos dejar sentado que en el supuesto objeto de enjuiciamiento, y tal como se desprende tanto de los escritos de acusación y defensa , cuyas conclusiones fueron elevadas a definitivas, existían determinados hechos que no resultaban controvertidos, al ser admitidos por todas las partes, viniendo referidos a los momentos previos a la producción de la agresión, la cual también fue admitida por el acusado, si bien no explicó el motivo de la misma.

De tal forma que el Jurado consideró probado, por unanimidad el encuentro del acusado y Teodulfo en el lugar conocido como "las Llanas", de Burgos, a la salida de un bar tras cerrar el mismo, habiendo estado el primero de celebración de cumpleaños y el otro de despedida de soltero, motivos que en principio deben ser considerados como lúdicos.

Asimismo consideraron probado que tanto Teodulfo como el acusado habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, basándose el Jurado en cuanto al primero en el resultado de la prueba analítica realizada, tras su fallecimiento, presentando una tasa de alcohol en sangre de 2,47 g/l, en orina de 2,65 g/l y en humor vítreo de 2,92 g/l, hecho que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En el informe Médico Forense, emitido por Loreto, Jenaro y el perito Sr. Virgilio, propuesto por la Defensa, se llegó a la conclusión que debido a las lesiones que presentaba región occipital derecha, por haberse golpeado contra el suelo y producirse un traumatismo en la región occipital, produciéndose un edema cerebral y micro -hemorragias a nivel de tronco encéfalo con signos de anoxia neuronal aguda, las cuales fueron observadas en el departamento de histopatología, ratificados sus informes en el acto del juicio oral (al cual se remitieron las muestras y mediante la utilización de microscopio), el grado de alcohol que presentaba el fallecido influyó en la producción del fallecimiento, y ello basado en la bibliografía de supuestos similares, lo que suele implicar que el organismo no puede utilizar los sistemas de defensa que tiene frente a dicha lesión.

Si bien no se puede afirmar en qué grado pudo haber influido, el Dr. Virgilio está conforme con el informe de autopsia, si bien achaca la causa determinante del fallecimiento a la ingesta alcohólica.

Por el Jurado se declaró probado que la ingesta alcohólica influyó en el resultado mortal, basándose en dichas pruebas periciales, aunque dicha concausa no puede ser utilizada para determinar el grado de culpabilidad del acusado, por lo cual no resulta relevante a tales efectos, sin que por la Defensa se hubiera planteado la posibilidad de una ruptura del nexo causal.

También se ha considerado acreditado que el acusado había consumido múltiples consumiciones de bebidas alcohólicas, fundamentando correctamente en las testificales practicadas, tales como el camarero del bar Madame Kalalu, llamado Tomás, el cual refirió que conocía a Íñigo y que estaba ebrio, habiéndole servido varias copas, manifestando su amigo Artemio que había consumido media botella de ron, sin embargo no consta en qué grado la ingesta de bebidas alcohólicas pudiera haber influido en su conciencia y voluntad, y si bien entendemos que lo frecuente es una afectación de sus facultades, no existen elementos probatorios para poder asegurar que ello le privase de su capacidad de decisión.

Por el acusado se admitió que propinó un puñetazo en el rostro a Teodulfo, sin dar razón de tal acción, negando que estuviese motivado por el hecho de que aquel fuese de Valladolid, y el Jurado tras el visionado del video grabado por una cámara de un local cercano, que en el acto del Plenario se visionó en dos ocasiones, y posteriormente el Jurado volvió a visionarlo, llegó a la conclusión de que con anterioridad a que el acusado tuviese conocimiento de la procedencia de Teodulfo, existió entre ambos una conversación, y el puñetazo no fue propinado acto seguido, sino unos minutos más tarde, por lo cual no pueden afirmar con total seguridad que el hecho de ser de Valladolid hubiera sido el desencadenante ni el motivo de la agresión.

Por el acusado se admitió que pertenecía un grupo o hinchada de futbol del Burgos C.F., y que portaba pegatinas del mismo en la riñonera en la que llevaba su documentación, cuando la presentó en la Comisaría de Policía, sin embargo negó que ello fuese el motivo de haber agredido a Teodulfo, y el Jurado por unanimidad declaró que no había sido probado que el hecho de ser de Valladolid , hubiera sido el motivo de la agresión, tal y como se desprende de las respuestas dadas a las preguntas tercera y cuarta del objeto de veredicto.

Entendemos que por el Jurado, tras el examen de todas las pruebas, video-gráficas, testificales y documentales, llegó a la conclusión de que la agresión no estuvo motivada por la procedencia de Teodulfo, cuando estuvieron conversando varios minutos, y no existen pruebas relativas al contenido de la conversación, por lo cual entendemos que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, puesto que fueron conscientes de que el objeto de enjuiciamiento eran unos hechos concretos, con independencia de las aficiones, del acusado.

De tal forma que el Jurado, desconociendo, el significado del denominado Derecho Penal de autor, no incurrió en el error de su aplicación.

Aquel se caracterizaba por no basarse la sanción en el acto cometido, sino en las características personales, el modo de vida o la "peligrosidad" del individuo.

A diferencia del derecho penal de acto (que castiga por lo que uno hace),el de autor castiga por lo que uno es.

Dicho derecho penal de autor, que en cierta medida, y en el uso legal para hacer valer sus conclusiones, fue utilizado indirectamente por las acusaciones, se caracteriza por enjuiciar la personalidad, el carácter, la trayectoria o la supuesta "antisocialidad" del sujeto para determinar la pena, lo cual trató de ser evitado por este ponente, y en aras a impedir la confusión de Jurado.

Otra de las cuestiones sometidas a consideración del Jurado fue la de si en la fuerza o intensidad del puñetazo, que le produjo la fractura de los huesos propios de la nariz , encontraba su origen en el conocimiento de un arte marcial denominada Muay Thai, contestando que no había influido en la mayor fuerza empleada, y tomando en consideración el testimonio prestado por el profesor de dicha técnica, Nicolas ,cuyo conocimiento era escaso, tal y como depuso en el Plenario, respondiendo a una pregunta formulada por uno de los miembros del Jurado, calificando su conocimiento entre dos o tres, siendo 10 el máximo y por no haber visto el golpe.

No cabe duda de que los Jurados se han basado , para llegar a dicha conclusión en lo que han visto y oído, observando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, cuando por las acusaciones se insistió en que el conocimiento de dicha arte marcial implicó una mayor fuerza en el puñetazo, habiéndose distinguido por el Jurado perfectamente entre las afirmaciones basadas en presunciones y conjeturas, y las pruebas practicadas.

Se ha considerado acreditado que el acusado consignó a favor de la familia del fallecido la cantidad de 20.000 € lo cual resulta de la documental obrante en las actuaciones, y no resulta negado por ninguna de las partes.

QUINTO.Una de las cuestiones objeto del veredicto, y la de mayor relevancia hace referencia a la finalidad, intencionalidad, o representación por el acusado del resultado producido, habiéndose propuesto al Jurado las tres alternativas que jurídicamente vienen referidas al dolo directo, eventual, o imprudencia, si bien en las preguntas 12 ,13 y 14, se evitó la referencia a conceptos jurídicos, no obstante por las acusaciones y defensa en sus conclusiones se trató de explicar la significación jurídica y penológica que implicaban las respuestas que debían dar a las mismas.

Tras la oportuna deliberación y análisis de todas las pruebas los jurados llegaron a la conclusión, por 8 votos a 1, de que el acusado era culpable de haber causado la muerte de Teodulfo, pero no se imaginaba que con el hecho de darle un puñetazo pudiera causar la misma, fundamentándolo en su propia declaración y en su estado de embriaguez.

Entendemos que la convicción alcanzada se encuentra suficientemente razonada, debiendo analizarse en conjunto con el resto de los motivos expuestos al responder las demás cuestiones que le fueron planteadas al Jurado, en concreto la ausencia de una reacción inmediata del acusado, manteniendo una conversación con Teodulfo durante varios minutos, que la causa del puñetazo no ha sido su procedencia, y que la intensidad de aquél no estuvo influenciada por el conocimiento de la técnica de Muay Thai.

Debemos mencionar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto de hechos similares, que si bien no era conocida por el Jurado, ha coincidido con la misma

Así en la STS 1579/2002, de 2 de octubre ,en un supuesto de un puñetazo a la cara que hizo caer de espaldas y golpearse en la caída en la cabeza, afirmó que Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de mata".

Igualmente la STS 706/2008 acogió idéntica solución en un supuesto en el que el penado le dio varios golpes a una mujer con la mano y "entre ellos uno intenso en la cabeza, en la parte media de la frente, región fronto-parieto-temporal derecha. Como consecuencia de ese traumatismo cráneo encefálico se produjo una hemorragia subdural que provocó la muerte por parada cardiorrespiratoria".El recurso del Fiscal fue rechazado al afirmar la sentencia que "no cabe deducir racionalmente que, al propinar el golpe con la mano -no un puñetazo- en la parte media de la frente de la víctima, se representara una seria probabilidad de matarla, asumiendo con el golpe esa eventualidad. En la sentencia que era objeto de recurso dictada en apelación por el TSJ de Aragón-, precisa en su fundamento jurídico quinto, que "en el presente caso el Jurado, por unanimidad, no considera probado que Calixto actuara con intención de causar la muerte y lo deduce "de la situación descrita" y de que "si alguien quiere matar a otra persona no lo hace sólo con un puñetazo".La misma argumentación es reproducida en la contestación a la pregunta 11ª: "Fue un acto impulsivo y ante la baja probabilidad de que una persona fallezca por un puñetazo, no pensamos que Calixto previese la muerte de Carlos Manuel". Así pues, los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual. Ciertamente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado,que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión."

Esta Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, Sentencia 230/2009 de 20 Oct. 2009, Rec. 22/2009, ha declarado:

Resolviendo un recurso de apelación interpuesto frente a una sentencia dictada por el Juzgado de Menores de Burgos , confirmando la condena por un delito de homicidio por imprudencia grave porque -según se argumenta-, "de tal forma deber ser calificada el puñetazo que originó que Amadeo perdiese el equilibrio y cayese a plomo sobre la calzada empedrada dónde se dio el fatal golpe. En palabras técnicas nos encontramos con el llamado homicidio preterintencional, el que va más allá de la intención del agente causador. Hay relación de causalidad entre la acción de Simón y la muerte de Amadeo , dicho en palabras llanas, la acción de Simón fue una de las causas de la muerte de Amadeo , pero ni quería causarla ni pensó en que la podía causar a la hora de actuar (nadie, o casi nadie, piensa que con un solo puñetazo se puede causar una muerte, ni siquiera se representa el riesgo de que pueda ocurrir)."

Simón ni quería consciente y deliberadamente matar (el animus necandi propio del dolo directo), y que ni siquiera se imaginó ni se pudo imaginar que a consecuencia de un solo puñetazo podría causar la muerte (dolo eventual), ni ello era probable (probabilidad real, porcentualmente importante, más allá del riesgo genérico que implica una pelea) y eso sí, si que actuó de forma despreocupada e inconsciente en la pelea (imprudencia grave), máxime a la vista de sus especiales características físicas -su especial corpulencia- y su uso descontrolado de la violencia, poniendo en juego actos que podían tener inciertos resultados". Se mencionan las razones dadas por el Juzgado , en concrtreto que "a) Simón e Amadeo no se conocían con anterioridad.

Tampoco que Simón propinara una paliza a Amadeo , ni que le golpeara repetidamente en centros vitales, sino que le propinó un solo puñetazo - el que le hizo perder el equilibrio-.

Que no existió entre Simón y Amadeo alguna disputa o discusión previa que animara al primero a querer agredir al segundo y causarle el mayor daño posible, incluso la muerte. Que Simón no tuvo conciencia del daño tan grave que había causado.

Igualmente el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 3/2016 de 19 Ene. 2016, Rec. 628/2015, ha declarado que el supuesto típico de puñetazo en el rostro, que provoca la caída que, a su vez, propicia el golpe en la cabeza contra el suelo que causa el traumatismo mortal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que condena a uno de los acusados por delito de lesiones dolosas en concurso ideal con homicidio imprudente y absuelve a los demás de homicidio imprudente.

Como puede observarse, el razonamiento transcrito se desliza hacia el grado de previsibilidad del resultado. Y a ello es precisamente a lo que hay que dar respuesta para proclamar -como hace la Audiencia- la autoría del homicidio imprudente finalmente imputado a Marcial . En el FJ 1º de la resolución cuestionada, los Jueces de instancia argumentan en los siguientes términos: "... la conducta imprudente de Marcial cabe deducirla de otras circunstancias que le hicieron prever al agresor que el impacto tan fuerte podía provocar la muerte aunque su intención fuera la de dañar, omitiendo elementales normas de prudencia. Tal circunstancia relevante en el supuesto examinado era el estado de embriaguez del agredido que hacía previsible que ante un golpe intenso pudiera pudiese caer al suelo sin control y dañarse severamente por la gravedad de un impacto a consecuencia de un desplome contra el suelo en que pueden resultar dañados órganos vitales como los situados en la cabeza que es lo que sucedió y este resultado que el acusado no tuvo intención de causar sí estaba obligado a preverlo, prevenirlo y evitarlo".

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, Sentencia 301/2018 de 27 Abr. 2018, Rec. 1324/2017:

En el curso de la discusión, el acusado golpeó a Conrado en el rostro, consecuencia del golpe Conrado cayó de espaldas al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente.

A continuación el acusado abandono el lugar de los hechos a bordo del mismo vehículo.

Como consecuencia de la agresión y de la caída al suelo, golpeándose la cabeza contra el mismo, Conrado sufrió herida abierta en región occipital, traumatismo encefálico severo (estallido craneal) y una hemorragia intracraneal, heridas que ocasionaron su fallecimiento datado a las 13,20 horas del mismo día.

Los hechos declarados probados en relación con la muerte de Conrado, son constitutivos de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal .

En el objeto del veredicto se sometieron a la consideración del jurado tres posibilidades en cuanto al título de imputación al investigado de la muerte de Conrado , el dolo eventual, la imprudencia grave y la leve, en atención a la desatención del nivel de cuidado, y el Jurado consideró por mayoría de siete de sus miembros, que la acción del acusado consistió en propinar un puñetazo a la víctima, sin que fuera su intención la de causarle la muerte.

Tal proposición se incluyó atendida la calificación postulada por la defensa, que consideraba que los hechos habrían de ser calificados con arreglo a lo prevenido en el artículo 142,2 y subsidiariamente 142.1 del Código Penal .

Son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales en supuestos semejantes al que hoy nos ocupa llegando a una conclusión igual a la que se alcanza en el presente caso, valorando las circunstancias de las personas y del tiempo y lugar y de las demás circunstancias exteriores para concluir la falta de ánimo de matar en la conducta del agente.

La STS de 27 de marzo de 2012 recoge pronunciamientos especialmente esclarecedores a los efectos que nos ocupan. Descendiendo al caso concreto que contempla, dice la sentencia que "el golpe directo al rostro, golpe de enorme fuerza y actitud desprevenida de la víctima, son elementos que sí tuvo en cuenta la Sala de instancia. Y es lógico y racional concluir, como lo hizo, que de un puñetazo no cabía esperar ese resultado mortal, que si alguien quiere matar no lo hace de un solo puñetazo, que el golpe fue un acto impulsivo y que con el mismo lo que se quería era dañar. De hecho, en la jurisprudencia son excepcionales los supuestos en que se aprecia dolo eventual de matar en acciones consistentes en dirigir con las manos desnudas puñetazos únicos al rostro y caída posterior y sí existen bastantes casos en que se ha acudido a la solución concursal que han acogido primero el Magistrado Presidente y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia".

Cita la mencionada sentencia de 2012 otra de 2 de octubre de 2002, también del Tribunal Supremo , que contemplaba un supuesto de un puñetazo en la cara que hizo caer de espaldas y golpearse con la caída en la cabeza, apreciándose la solución concursal de lesiones con homicidio imprudente. Concretamente la sentencia de 2002 referenciada por la de 2012, dice: "Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de matar".

Y, para cerrar el razonamiento en virtud del cual descarta la aplicación del dolo, continúa diciendo: "los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual.

Ciertam ente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión. "o resulta indiferente, sino relevante para ponderar la imputación subjetiva, que la muerte no se ha causado como fruto directo del impacto con el puño (e incluso en algún caso, lo hemos visto, aun siendo así, se ha calificado el resultado como imprudente), sino mediante el indirecto de la caída de la víctima como consecuencia del impacto. En este caso el puñetazo ni siquiera consta que causara la más mínima lesión externa en la cabeza de la víctima. En definitiva, la muerte se produjo por una conducta imprudente y no dolosa. Es muy distinto propinar un golpe directo en el rostro y generar la muerte, que el que ésta se produzca por una desviación azarosa del curso causal que acabe derivando en una mala caída y en un fatídico resultado, supuesto que tenía muy escasas posibilidades de producirse desde una perspectiva ex ante a tenor de las cifras estadísticas. No cabe entremezclar lo que es un curso causal que entra dentro de lo posible y que puede ser el fruto natural de una agresión, con lo que es un devenir que se aleja totalmente de ese fluir natural y que, entrando en la franja de lo escasamente previsible y de lo extrañamente factible, se acaba produciendo por un cúmulo de circunstancias en gran medida aleatorias muy difícil de pronosticar ex ante.

Son numerosos los supuestos, de características similares al presente, en los que se ha calificado como imprudente el resultado final de un puñetazo, empujón o acción dolosa inicial similar.

En las siguientes resoluciones recayó condena por un delito de homicidio imprudente y una falta de lesiones o de malos tratos: STS de 19 de septiembre de 1990 (caída al suelo en el curso de una pelea debido a un cabezazo, sufriendo la víctima un traumatismo craneoencefálico contra el pavimento que le causa la muerte); STS de 31 de octubre de 1991 (patada en el rostro que derribó al agredido al suelo y le ocasionó un traumatismo craneal que determinó su muerte); STS de 2 de diciembre de 1994 (sujeto que en el curso de una pelea con otra persona cae con su agresor al suelo, golpeándose la cabeza contra el pavimento, lo que determina que fallezca a los tres días por traumatismo craneoencefálico); STS de 21 de diciembre de 1997 (acusado que, en el curso de una disputa, propina un puñetazo al contrario, quien cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en el suelo, falleciendo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico dos días más tarde). La Sala también condenó en la STS de 10 de octubre de 1998 , a un acusado que dio "un fuerte puñetazo" a la víctima, que cayó de espaldas y falleció por traumatismo craneoencefálico. Se le impuso como autor de un delito de homicidio imprudente, con una atenuante de embriaguez, una pena de un año de prisión. En la STS de 2 de octubre de 2002 , fue condenado un acusado que propinó un puñetazo en la cara a su oponente, ocasionándole un hematoma en la boca. La agresión determinó que cayera de espaldas y se golpeara con la zona occipital de la cabeza contra el suelo, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico que determinó su fallecimiento unos días más tarde. Fue condenado como autor de un delito de homicidio imprudente y de una falta de lesiones del art. 617.1º, en concurso ideal, a la pena de tres años de prisión.

En la STS de 25 de noviembre de 2003 fue condenado un acusado por haber golpeado con un rodillazo a su oponente, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento de la calle. La Sala de casación avaló la condena por una falta de malos tratos y un delito de homicidio imprudente, en concurso ideal, con una cuantía punitiva de un año de prisión y diez días de multa. Otra sentencia dictada por la Sala sobre un supuesto de agresión que determina una caída con fatal desenlace para la víctima por golpearse la cabeza contra el suelo es la STS de 9 de julio de 2012 . El acusado acudió a casa de su abuela, de 91 años de edad, para sustraerle el dinero que tenía en una bolsa atada al cuello. A tales fines la zarandeó fuertemente, por lo que la víctima cayó al suelo, golpeándose en la cabeza y sufriendo un shock traumático con hemorragia subaracnoidea que le ocasionó la muerte. Después el autor se apoderó de 1500 euros. Este fue condenado por la Audiencia como autor de un delito de homicidio doloso, con la agravante de parentesco, a la pena de 12 años y seis meses de prisión. La Sala de casación anuló la condena y le condenó por un delito de homicidio imprudente, fijando la pena en tres años de prisión. En ese caso el argumento nuclear de la sentencia de casación para excluir el dolo eventual atribuible a la acción agresora fue, literalmente, que un fuerte zarandeo "no puede afirmarse de forma categórica (que genere) una elevada probabilidad de que se causase la muerte de la víctima como consecuencia del golpe en la cabeza padecido tras una caída. De esa realidad no puede darse el salto a inferir la indiferencia del procesado frente a ese resultado que presumiblemente no llegó a prever, aunque era previsible y evitable. Estas consideraciones conducen a la imputación de los hechos a título de imprudencia grave".

Como vemos, son numerosos los casos reales, muy semejantes al que nos ocupa, que nos permiten alejarnos de la intencionalidad en el resultado.

En la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha tratado también la cuestión relativa a la exacta definición de la intención del autor. Así Tiene declarado la Sala -cfr. SSTS 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre-, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril : a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado.

El segundo requisito exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la «autopuesta en peligro» o «principio de la propia responsabilidad». Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva".

Por todo ello se considera que las conclusiones sobre la intencionalidad del acusado al propinar un puñetazo a Teodulfo, se encuentran fundamentadas en los razonamientos expuestos al dar respuesta a los hechos objeto del veredicto, y coincidentes con la Doctrina Jurisprudencial al tratar hechos similares, y por ello se considera que la conclusión alcanzada es lógica y razonada.

SEXTO.Por lo que respecta a las circunstancias de agravación de la responsabilidad criminal alegadas por la acusación particular, no pueden ser acogidas, al desprenderse del veredicto del Jurado la falta de los elementos fácticos para ello.

Así respecto de la pretendida alevosía, por la actuación sorpresiva del acusado, que era utilizado para la calificación de los hechos como asesinato previsto en el artículo 139.1 del Código Penal , resulta evidente que no concurre, al no haberse probado el dolo directo ni el ataque sorpresivo, encontrándose las partes frente a frente, y conversando.

El abuso de superioridad por el conocimiento de la técnica Muay Thai, tampoco es de aplicación, puesto que por el Jurado se consideró que ello no había influido en la mayor intensidad del puñetazo.

En cuanto a la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, relativa a la comisión de los hechos por: motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta,no resulta de aplicación puesto que estaba basada en el hecho realizarse la agresión debido a la procedencia de la víctima, y ello no ha resultado acreditado para el Jurado, y en todo caso resulta de difícil encaje jurídico.

SEPTIMO.Respecto a la pena a imponer, procede dejar sentado que conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Penal . la pena a imponer se sitúa entre 1 y 4 años de prisión, y conforme al art. 66. 2 para su determinación no se ajustará, por tratarse a un delito imprudente, a las reglas sobre concurrencia de agravantes o atenuantes del párrafo 1º, procediendo los jueces y tribunales su imposición conforme al prudente arbitrio.

En el presente supuesto entendemos que en atención al mayor reproche penal que debe merecer una actuación violenta y agresiva, realizada contra una persona desconocida, y sin ningún motivo que pueda servir para justificarla, realizándose en una zona de ocio, donde debe prevalecer todo lo contrario, procede la imposición de la pena máxima prevista, de cuatro años de prisión y accesorias.

OCTAVO.Por lo que respecta a la responsabilidad civil, habida cuenta de la dificultad que siempre entraña el cuantificar el daño moral producido, que en el presente supuesto son los perjudicados los padres y hermana de Teodulfo, por la pérdida sufrida derivada de su fallecimiento, se considera que resulta adecuada una indemnización por cuantía de 100.000 € a cada uno de los padres, y de 50.000 € en favor de su hermana.

NOVENO.Conforme a lo preceptuado en el art. 123 del Código Penal procede la imposición al acusado de las costas procesales, incluidas las relativas a la acusación particular.

Vistos los preceptos citados, Jurisprudencia aplicable, veredicto del Jurado, administrando Justicia en nombre de SM. el Rey ,

PRIMERO.Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, prevista y penada en el artículo 142 del Código Penal.

Para la aplicación de dicho precepto la Jurisprudencia viene exigiendo:

a) Una acción u omisión que produzca -de manera no intencional- un resultado dañoso para el bien jurídico penalmente protegido, a partir de una relación causal que responda a los principios de un análisis lógico.

;

b) Que en esa conducta humana no intencional se aprecie una omisión de cuidado, bien por identificarse un actuar perezoso del sujeto activo que da lugar a esa falta de diligencia, bien por un defectuoso funcionamiento del intelecto. Consecuentemente el sujeto, sin querer ni aceptar un resultado que era evitable, no lo tiene en cuenta a pesar de que también era previsible (elemento de la culpabilidad).

;

c) Que esa desatención infrinja o transgreda determinados deberes de precaución que vengan impuestos por las normas generales de la convivencia social o que estén exigidos por las regulaciones específicas que rigen determinadas actividades (elemento de la antijuridicidad).

;

d) Por último, que la desatención, como desencadenante causal, justifique la imposición de una pena que se determinará según la entidad o grado de la culpa (elemento de punibilidad).

Bajo estas premisas, se ha considerado tradicionalmente que la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las medidas de precaución más elementales, básicas y obvias. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela o, como hemos dicho en alguna ocasión, con eliminación de la atención más absoluta, la no adopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad.

SEGUNDO.Que resulta responsable criminalmente el acusado Íñigo, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

TERCERO.En el presente procedimiento el Jurado ha sido soberano para determinar los hechos que han considerado probados, habiendo razonado en forma lógica y racional todas y cada una de las cuestiones objeto del veredicto que fueron sometidas a su consideración, en la forma que cualquier ciudadano pudiera realizar y como tiene declarado la Jurisprudencia, no se les puede exigir un razonamiento exhaustivo, como pudiera hacerlo un Tribunal, puesto que carecen de los conocimientos jurídicos para ello.

La Ley Orgánica del Tribunal del Juradoatribuye al Magistrado Presidente una función de control al objeto de que el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se dicte de conformidad con las reglas que se derivan del principio de presunción de inocencia, sin que ello suponga esencialmente una revisión del veredicto, disponiendo el artículo 70.2º de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, si el veredicto fuera de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Es función del Magistrado Presidente la redacción de la sentencia, no limitándose solamente a exponer los elementos probatorios que han sido tenidos en consideración por el Jurado a la hora de emitir su veredicto.

En este sentido y en relación con la exigencia de motivación en las sentencias dictadas en el ámbito de la presente Ley, y en cuanto a la íntima relación entre lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ,es explicita la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2012, al afirmar que:

"La especificidad de la motivación en las sentencias del Tribunal del Jurado, integrado por Magistrado Presidente y Jurado, deriva de la diversidad de funciones que a uno y otro confirió la ley reguladora, ejercitando la libertad de configuración que le atribuyó el artículo 125 de la Constitución al legislador. Esa especificidad, junto con la trascendencia que al respecto tiene el sentido condenatorio o absolutorio de la sentencia y la naturaleza -indiciaria o directa- de los medios de prueba considerados y, aún más, si cabe, la referencia a la función que cumple la exigencia de motivación, son los elementos a los que ha de estarse para concluir si en un caso concreto se ha dado o no el debido cumplimiento a la garantía constitucional que aquí se invoca.

La indicada diversificación de funciones, reflejada en el contenido de los artículos 3 y 4 de la ley orgánica del Tribunal del Jurado , tiene una de sus más trascendentes consecuencias en la imposición al Magistrado Presidente de la obligación que describe el artículo 70.2 de la ley reguladora. Se trata, adviértase, de una obligación circunscrita al caso de sentencia de condena. Y cuyo entendimiento exige recordar, a su vez, la otra obligación del Magistrado Presidente regulada en el artículo 49 de la misma ley . Así como, finalmente, que el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal del Jurado, cuando es condenatoria, no admite otro debate sobre la declaración de hechos probados que el relativo a si dicha declaración vulnera o no la garantía constitucional de presunción de inocencia. (art. 846 bis c) apartado e) "...porque atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta").

La Exposición de Motivos de la ley acerca de las funciones distribuidas respecto a la motivación de la decisión que enerva la presunción de inocencia: "Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto.

Así la ST del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013: "Es sin embargo loable que el Magistrado exponga tan correctamente "con qué elementos contó el jurado". Es decir que exponga los elementos de los que disponía para decidir, independientemente de la disposición que de ellos hiciera posteriormente. Y que, por su suficiencia legitimaban la posibilidad misma de tal decisión. Antes de entrar a deliberar, hacían legítima la decisión del Magistrado de someterle el correspondiente objeto del veredicto. Decisión que se hace preceder de los informes de las partes y de oír al acusado".

CUARTO.Partiendo de las anteriores premisas, debemos dejar sentado que en el supuesto objeto de enjuiciamiento, y tal como se desprende tanto de los escritos de acusación y defensa , cuyas conclusiones fueron elevadas a definitivas, existían determinados hechos que no resultaban controvertidos, al ser admitidos por todas las partes, viniendo referidos a los momentos previos a la producción de la agresión, la cual también fue admitida por el acusado, si bien no explicó el motivo de la misma.

De tal forma que el Jurado consideró probado, por unanimidad el encuentro del acusado y Teodulfo en el lugar conocido como "las Llanas", de Burgos, a la salida de un bar tras cerrar el mismo, habiendo estado el primero de celebración de cumpleaños y el otro de despedida de soltero, motivos que en principio deben ser considerados como lúdicos.

Asimismo consideraron probado que tanto Teodulfo como el acusado habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, basándose el Jurado en cuanto al primero en el resultado de la prueba analítica realizada, tras su fallecimiento, presentando una tasa de alcohol en sangre de 2,47 g/l, en orina de 2,65 g/l y en humor vítreo de 2,92 g/l, hecho que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En el informe Médico Forense, emitido por Loreto, Jenaro y el perito Sr. Virgilio, propuesto por la Defensa, se llegó a la conclusión que debido a las lesiones que presentaba región occipital derecha, por haberse golpeado contra el suelo y producirse un traumatismo en la región occipital, produciéndose un edema cerebral y micro -hemorragias a nivel de tronco encéfalo con signos de anoxia neuronal aguda, las cuales fueron observadas en el departamento de histopatología, ratificados sus informes en el acto del juicio oral (al cual se remitieron las muestras y mediante la utilización de microscopio), el grado de alcohol que presentaba el fallecido influyó en la producción del fallecimiento, y ello basado en la bibliografía de supuestos similares, lo que suele implicar que el organismo no puede utilizar los sistemas de defensa que tiene frente a dicha lesión.

Si bien no se puede afirmar en qué grado pudo haber influido, el Dr. Virgilio está conforme con el informe de autopsia, si bien achaca la causa determinante del fallecimiento a la ingesta alcohólica.

Por el Jurado se declaró probado que la ingesta alcohólica influyó en el resultado mortal, basándose en dichas pruebas periciales, aunque dicha concausa no puede ser utilizada para determinar el grado de culpabilidad del acusado, por lo cual no resulta relevante a tales efectos, sin que por la Defensa se hubiera planteado la posibilidad de una ruptura del nexo causal.

También se ha considerado acreditado que el acusado había consumido múltiples consumiciones de bebidas alcohólicas, fundamentando correctamente en las testificales practicadas, tales como el camarero del bar Madame Kalalu, llamado Tomás, el cual refirió que conocía a Íñigo y que estaba ebrio, habiéndole servido varias copas, manifestando su amigo Artemio que había consumido media botella de ron, sin embargo no consta en qué grado la ingesta de bebidas alcohólicas pudiera haber influido en su conciencia y voluntad, y si bien entendemos que lo frecuente es una afectación de sus facultades, no existen elementos probatorios para poder asegurar que ello le privase de su capacidad de decisión.

Por el acusado se admitió que propinó un puñetazo en el rostro a Teodulfo, sin dar razón de tal acción, negando que estuviese motivado por el hecho de que aquel fuese de Valladolid, y el Jurado tras el visionado del video grabado por una cámara de un local cercano, que en el acto del Plenario se visionó en dos ocasiones, y posteriormente el Jurado volvió a visionarlo, llegó a la conclusión de que con anterioridad a que el acusado tuviese conocimiento de la procedencia de Teodulfo, existió entre ambos una conversación, y el puñetazo no fue propinado acto seguido, sino unos minutos más tarde, por lo cual no pueden afirmar con total seguridad que el hecho de ser de Valladolid hubiera sido el desencadenante ni el motivo de la agresión.

Por el acusado se admitió que pertenecía un grupo o hinchada de futbol del Burgos C.F., y que portaba pegatinas del mismo en la riñonera en la que llevaba su documentación, cuando la presentó en la Comisaría de Policía, sin embargo negó que ello fuese el motivo de haber agredido a Teodulfo, y el Jurado por unanimidad declaró que no había sido probado que el hecho de ser de Valladolid , hubiera sido el motivo de la agresión, tal y como se desprende de las respuestas dadas a las preguntas tercera y cuarta del objeto de veredicto.

Entendemos que por el Jurado, tras el examen de todas las pruebas, video-gráficas, testificales y documentales, llegó a la conclusión de que la agresión no estuvo motivada por la procedencia de Teodulfo, cuando estuvieron conversando varios minutos, y no existen pruebas relativas al contenido de la conversación, por lo cual entendemos que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, puesto que fueron conscientes de que el objeto de enjuiciamiento eran unos hechos concretos, con independencia de las aficiones, del acusado.

De tal forma que el Jurado, desconociendo, el significado del denominado Derecho Penal de autor, no incurrió en el error de su aplicación.

Aquel se caracterizaba por no basarse la sanción en el acto cometido, sino en las características personales, el modo de vida o la "peligrosidad" del individuo.

A diferencia del derecho penal de acto (que castiga por lo que uno hace),el de autor castiga por lo que uno es.

Dicho derecho penal de autor, que en cierta medida, y en el uso legal para hacer valer sus conclusiones, fue utilizado indirectamente por las acusaciones, se caracteriza por enjuiciar la personalidad, el carácter, la trayectoria o la supuesta "antisocialidad" del sujeto para determinar la pena, lo cual trató de ser evitado por este ponente, y en aras a impedir la confusión de Jurado.

Otra de las cuestiones sometidas a consideración del Jurado fue la de si en la fuerza o intensidad del puñetazo, que le produjo la fractura de los huesos propios de la nariz , encontraba su origen en el conocimiento de un arte marcial denominada Muay Thai, contestando que no había influido en la mayor fuerza empleada, y tomando en consideración el testimonio prestado por el profesor de dicha técnica, Nicolas ,cuyo conocimiento era escaso, tal y como depuso en el Plenario, respondiendo a una pregunta formulada por uno de los miembros del Jurado, calificando su conocimiento entre dos o tres, siendo 10 el máximo y por no haber visto el golpe.

No cabe duda de que los Jurados se han basado , para llegar a dicha conclusión en lo que han visto y oído, observando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, cuando por las acusaciones se insistió en que el conocimiento de dicha arte marcial implicó una mayor fuerza en el puñetazo, habiéndose distinguido por el Jurado perfectamente entre las afirmaciones basadas en presunciones y conjeturas, y las pruebas practicadas.

Se ha considerado acreditado que el acusado consignó a favor de la familia del fallecido la cantidad de 20.000 € lo cual resulta de la documental obrante en las actuaciones, y no resulta negado por ninguna de las partes.

QUINTO.Una de las cuestiones objeto del veredicto, y la de mayor relevancia hace referencia a la finalidad, intencionalidad, o representación por el acusado del resultado producido, habiéndose propuesto al Jurado las tres alternativas que jurídicamente vienen referidas al dolo directo, eventual, o imprudencia, si bien en las preguntas 12 ,13 y 14, se evitó la referencia a conceptos jurídicos, no obstante por las acusaciones y defensa en sus conclusiones se trató de explicar la significación jurídica y penológica que implicaban las respuestas que debían dar a las mismas.

Tras la oportuna deliberación y análisis de todas las pruebas los jurados llegaron a la conclusión, por 8 votos a 1, de que el acusado era culpable de haber causado la muerte de Teodulfo, pero no se imaginaba que con el hecho de darle un puñetazo pudiera causar la misma, fundamentándolo en su propia declaración y en su estado de embriaguez.

Entendemos que la convicción alcanzada se encuentra suficientemente razonada, debiendo analizarse en conjunto con el resto de los motivos expuestos al responder las demás cuestiones que le fueron planteadas al Jurado, en concreto la ausencia de una reacción inmediata del acusado, manteniendo una conversación con Teodulfo durante varios minutos, que la causa del puñetazo no ha sido su procedencia, y que la intensidad de aquél no estuvo influenciada por el conocimiento de la técnica de Muay Thai.

Debemos mencionar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto de hechos similares, que si bien no era conocida por el Jurado, ha coincidido con la misma

Así en la STS 1579/2002, de 2 de octubre ,en un supuesto de un puñetazo a la cara que hizo caer de espaldas y golpearse en la caída en la cabeza, afirmó que Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de mata".

Igualmente la STS 706/2008 acogió idéntica solución en un supuesto en el que el penado le dio varios golpes a una mujer con la mano y "entre ellos uno intenso en la cabeza, en la parte media de la frente, región fronto-parieto-temporal derecha. Como consecuencia de ese traumatismo cráneo encefálico se produjo una hemorragia subdural que provocó la muerte por parada cardiorrespiratoria".El recurso del Fiscal fue rechazado al afirmar la sentencia que "no cabe deducir racionalmente que, al propinar el golpe con la mano -no un puñetazo- en la parte media de la frente de la víctima, se representara una seria probabilidad de matarla, asumiendo con el golpe esa eventualidad. En la sentencia que era objeto de recurso dictada en apelación por el TSJ de Aragón-, precisa en su fundamento jurídico quinto, que "en el presente caso el Jurado, por unanimidad, no considera probado que Calixto actuara con intención de causar la muerte y lo deduce "de la situación descrita" y de que "si alguien quiere matar a otra persona no lo hace sólo con un puñetazo".La misma argumentación es reproducida en la contestación a la pregunta 11ª: "Fue un acto impulsivo y ante la baja probabilidad de que una persona fallezca por un puñetazo, no pensamos que Calixto previese la muerte de Carlos Manuel". Así pues, los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual. Ciertamente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado,que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión."

Esta Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, Sentencia 230/2009 de 20 Oct. 2009, Rec. 22/2009, ha declarado:

Resolviendo un recurso de apelación interpuesto frente a una sentencia dictada por el Juzgado de Menores de Burgos , confirmando la condena por un delito de homicidio por imprudencia grave porque -según se argumenta-, "de tal forma deber ser calificada el puñetazo que originó que Amadeo perdiese el equilibrio y cayese a plomo sobre la calzada empedrada dónde se dio el fatal golpe. En palabras técnicas nos encontramos con el llamado homicidio preterintencional, el que va más allá de la intención del agente causador. Hay relación de causalidad entre la acción de Simón y la muerte de Amadeo , dicho en palabras llanas, la acción de Simón fue una de las causas de la muerte de Amadeo , pero ni quería causarla ni pensó en que la podía causar a la hora de actuar (nadie, o casi nadie, piensa que con un solo puñetazo se puede causar una muerte, ni siquiera se representa el riesgo de que pueda ocurrir)."

Simón ni quería consciente y deliberadamente matar (el animus necandi propio del dolo directo), y que ni siquiera se imaginó ni se pudo imaginar que a consecuencia de un solo puñetazo podría causar la muerte (dolo eventual), ni ello era probable (probabilidad real, porcentualmente importante, más allá del riesgo genérico que implica una pelea) y eso sí, si que actuó de forma despreocupada e inconsciente en la pelea (imprudencia grave), máxime a la vista de sus especiales características físicas -su especial corpulencia- y su uso descontrolado de la violencia, poniendo en juego actos que podían tener inciertos resultados". Se mencionan las razones dadas por el Juzgado , en concrtreto que "a) Simón e Amadeo no se conocían con anterioridad.

Tampoco que Simón propinara una paliza a Amadeo , ni que le golpeara repetidamente en centros vitales, sino que le propinó un solo puñetazo - el que le hizo perder el equilibrio-.

Que no existió entre Simón y Amadeo alguna disputa o discusión previa que animara al primero a querer agredir al segundo y causarle el mayor daño posible, incluso la muerte. Que Simón no tuvo conciencia del daño tan grave que había causado.

Igualmente el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 3/2016 de 19 Ene. 2016, Rec. 628/2015, ha declarado que el supuesto típico de puñetazo en el rostro, que provoca la caída que, a su vez, propicia el golpe en la cabeza contra el suelo que causa el traumatismo mortal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que condena a uno de los acusados por delito de lesiones dolosas en concurso ideal con homicidio imprudente y absuelve a los demás de homicidio imprudente.

Como puede observarse, el razonamiento transcrito se desliza hacia el grado de previsibilidad del resultado. Y a ello es precisamente a lo que hay que dar respuesta para proclamar -como hace la Audiencia- la autoría del homicidio imprudente finalmente imputado a Marcial . En el FJ 1º de la resolución cuestionada, los Jueces de instancia argumentan en los siguientes términos: "... la conducta imprudente de Marcial cabe deducirla de otras circunstancias que le hicieron prever al agresor que el impacto tan fuerte podía provocar la muerte aunque su intención fuera la de dañar, omitiendo elementales normas de prudencia. Tal circunstancia relevante en el supuesto examinado era el estado de embriaguez del agredido que hacía previsible que ante un golpe intenso pudiera pudiese caer al suelo sin control y dañarse severamente por la gravedad de un impacto a consecuencia de un desplome contra el suelo en que pueden resultar dañados órganos vitales como los situados en la cabeza que es lo que sucedió y este resultado que el acusado no tuvo intención de causar sí estaba obligado a preverlo, prevenirlo y evitarlo".

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, Sentencia 301/2018 de 27 Abr. 2018, Rec. 1324/2017:

En el curso de la discusión, el acusado golpeó a Conrado en el rostro, consecuencia del golpe Conrado cayó de espaldas al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente.

A continuación el acusado abandono el lugar de los hechos a bordo del mismo vehículo.

Como consecuencia de la agresión y de la caída al suelo, golpeándose la cabeza contra el mismo, Conrado sufrió herida abierta en región occipital, traumatismo encefálico severo (estallido craneal) y una hemorragia intracraneal, heridas que ocasionaron su fallecimiento datado a las 13,20 horas del mismo día.

Los hechos declarados probados en relación con la muerte de Conrado, son constitutivos de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal .

En el objeto del veredicto se sometieron a la consideración del jurado tres posibilidades en cuanto al título de imputación al investigado de la muerte de Conrado , el dolo eventual, la imprudencia grave y la leve, en atención a la desatención del nivel de cuidado, y el Jurado consideró por mayoría de siete de sus miembros, que la acción del acusado consistió en propinar un puñetazo a la víctima, sin que fuera su intención la de causarle la muerte.

Tal proposición se incluyó atendida la calificación postulada por la defensa, que consideraba que los hechos habrían de ser calificados con arreglo a lo prevenido en el artículo 142,2 y subsidiariamente 142.1 del Código Penal .

Son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales en supuestos semejantes al que hoy nos ocupa llegando a una conclusión igual a la que se alcanza en el presente caso, valorando las circunstancias de las personas y del tiempo y lugar y de las demás circunstancias exteriores para concluir la falta de ánimo de matar en la conducta del agente.

La STS de 27 de marzo de 2012 recoge pronunciamientos especialmente esclarecedores a los efectos que nos ocupan. Descendiendo al caso concreto que contempla, dice la sentencia que "el golpe directo al rostro, golpe de enorme fuerza y actitud desprevenida de la víctima, son elementos que sí tuvo en cuenta la Sala de instancia. Y es lógico y racional concluir, como lo hizo, que de un puñetazo no cabía esperar ese resultado mortal, que si alguien quiere matar no lo hace de un solo puñetazo, que el golpe fue un acto impulsivo y que con el mismo lo que se quería era dañar. De hecho, en la jurisprudencia son excepcionales los supuestos en que se aprecia dolo eventual de matar en acciones consistentes en dirigir con las manos desnudas puñetazos únicos al rostro y caída posterior y sí existen bastantes casos en que se ha acudido a la solución concursal que han acogido primero el Magistrado Presidente y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia".

Cita la mencionada sentencia de 2012 otra de 2 de octubre de 2002, también del Tribunal Supremo , que contemplaba un supuesto de un puñetazo en la cara que hizo caer de espaldas y golpearse con la caída en la cabeza, apreciándose la solución concursal de lesiones con homicidio imprudente. Concretamente la sentencia de 2002 referenciada por la de 2012, dice: "Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de matar".

Y, para cerrar el razonamiento en virtud del cual descarta la aplicación del dolo, continúa diciendo: "los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual.

Ciertam ente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión. "o resulta indiferente, sino relevante para ponderar la imputación subjetiva, que la muerte no se ha causado como fruto directo del impacto con el puño (e incluso en algún caso, lo hemos visto, aun siendo así, se ha calificado el resultado como imprudente), sino mediante el indirecto de la caída de la víctima como consecuencia del impacto. En este caso el puñetazo ni siquiera consta que causara la más mínima lesión externa en la cabeza de la víctima. En definitiva, la muerte se produjo por una conducta imprudente y no dolosa. Es muy distinto propinar un golpe directo en el rostro y generar la muerte, que el que ésta se produzca por una desviación azarosa del curso causal que acabe derivando en una mala caída y en un fatídico resultado, supuesto que tenía muy escasas posibilidades de producirse desde una perspectiva ex ante a tenor de las cifras estadísticas. No cabe entremezclar lo que es un curso causal que entra dentro de lo posible y que puede ser el fruto natural de una agresión, con lo que es un devenir que se aleja totalmente de ese fluir natural y que, entrando en la franja de lo escasamente previsible y de lo extrañamente factible, se acaba produciendo por un cúmulo de circunstancias en gran medida aleatorias muy difícil de pronosticar ex ante.

Son numerosos los supuestos, de características similares al presente, en los que se ha calificado como imprudente el resultado final de un puñetazo, empujón o acción dolosa inicial similar.

En las siguientes resoluciones recayó condena por un delito de homicidio imprudente y una falta de lesiones o de malos tratos: STS de 19 de septiembre de 1990 (caída al suelo en el curso de una pelea debido a un cabezazo, sufriendo la víctima un traumatismo craneoencefálico contra el pavimento que le causa la muerte); STS de 31 de octubre de 1991 (patada en el rostro que derribó al agredido al suelo y le ocasionó un traumatismo craneal que determinó su muerte); STS de 2 de diciembre de 1994 (sujeto que en el curso de una pelea con otra persona cae con su agresor al suelo, golpeándose la cabeza contra el pavimento, lo que determina que fallezca a los tres días por traumatismo craneoencefálico); STS de 21 de diciembre de 1997 (acusado que, en el curso de una disputa, propina un puñetazo al contrario, quien cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en el suelo, falleciendo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico dos días más tarde). La Sala también condenó en la STS de 10 de octubre de 1998 , a un acusado que dio "un fuerte puñetazo" a la víctima, que cayó de espaldas y falleció por traumatismo craneoencefálico. Se le impuso como autor de un delito de homicidio imprudente, con una atenuante de embriaguez, una pena de un año de prisión. En la STS de 2 de octubre de 2002 , fue condenado un acusado que propinó un puñetazo en la cara a su oponente, ocasionándole un hematoma en la boca. La agresión determinó que cayera de espaldas y se golpeara con la zona occipital de la cabeza contra el suelo, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico que determinó su fallecimiento unos días más tarde. Fue condenado como autor de un delito de homicidio imprudente y de una falta de lesiones del art. 617.1º, en concurso ideal, a la pena de tres años de prisión.

En la STS de 25 de noviembre de 2003 fue condenado un acusado por haber golpeado con un rodillazo a su oponente, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento de la calle. La Sala de casación avaló la condena por una falta de malos tratos y un delito de homicidio imprudente, en concurso ideal, con una cuantía punitiva de un año de prisión y diez días de multa. Otra sentencia dictada por la Sala sobre un supuesto de agresión que determina una caída con fatal desenlace para la víctima por golpearse la cabeza contra el suelo es la STS de 9 de julio de 2012 . El acusado acudió a casa de su abuela, de 91 años de edad, para sustraerle el dinero que tenía en una bolsa atada al cuello. A tales fines la zarandeó fuertemente, por lo que la víctima cayó al suelo, golpeándose en la cabeza y sufriendo un shock traumático con hemorragia subaracnoidea que le ocasionó la muerte. Después el autor se apoderó de 1500 euros. Este fue condenado por la Audiencia como autor de un delito de homicidio doloso, con la agravante de parentesco, a la pena de 12 años y seis meses de prisión. La Sala de casación anuló la condena y le condenó por un delito de homicidio imprudente, fijando la pena en tres años de prisión. En ese caso el argumento nuclear de la sentencia de casación para excluir el dolo eventual atribuible a la acción agresora fue, literalmente, que un fuerte zarandeo "no puede afirmarse de forma categórica (que genere) una elevada probabilidad de que se causase la muerte de la víctima como consecuencia del golpe en la cabeza padecido tras una caída. De esa realidad no puede darse el salto a inferir la indiferencia del procesado frente a ese resultado que presumiblemente no llegó a prever, aunque era previsible y evitable. Estas consideraciones conducen a la imputación de los hechos a título de imprudencia grave".

Como vemos, son numerosos los casos reales, muy semejantes al que nos ocupa, que nos permiten alejarnos de la intencionalidad en el resultado.

En la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha tratado también la cuestión relativa a la exacta definición de la intención del autor. Así Tiene declarado la Sala -cfr. SSTS 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre-, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril : a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado.

El segundo requisito exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la «autopuesta en peligro» o «principio de la propia responsabilidad». Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva".

Por todo ello se considera que las conclusiones sobre la intencionalidad del acusado al propinar un puñetazo a Teodulfo, se encuentran fundamentadas en los razonamientos expuestos al dar respuesta a los hechos objeto del veredicto, y coincidentes con la Doctrina Jurisprudencial al tratar hechos similares, y por ello se considera que la conclusión alcanzada es lógica y razonada.

SEXTO.Por lo que respecta a las circunstancias de agravación de la responsabilidad criminal alegadas por la acusación particular, no pueden ser acogidas, al desprenderse del veredicto del Jurado la falta de los elementos fácticos para ello.

Así respecto de la pretendida alevosía, por la actuación sorpresiva del acusado, que era utilizado para la calificación de los hechos como asesinato previsto en el artículo 139.1 del Código Penal , resulta evidente que no concurre, al no haberse probado el dolo directo ni el ataque sorpresivo, encontrándose las partes frente a frente, y conversando.

El abuso de superioridad por el conocimiento de la técnica Muay Thai, tampoco es de aplicación, puesto que por el Jurado se consideró que ello no había influido en la mayor intensidad del puñetazo.

En cuanto a la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, relativa a la comisión de los hechos por: motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta,no resulta de aplicación puesto que estaba basada en el hecho realizarse la agresión debido a la procedencia de la víctima, y ello no ha resultado acreditado para el Jurado, y en todo caso resulta de difícil encaje jurídico.

SEPTIMO.Respecto a la pena a imponer, procede dejar sentado que conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Penal . la pena a imponer se sitúa entre 1 y 4 años de prisión, y conforme al art. 66. 2 para su determinación no se ajustará, por tratarse a un delito imprudente, a las reglas sobre concurrencia de agravantes o atenuantes del párrafo 1º, procediendo los jueces y tribunales su imposición conforme al prudente arbitrio.

En el presente supuesto entendemos que en atención al mayor reproche penal que debe merecer una actuación violenta y agresiva, realizada contra una persona desconocida, y sin ningún motivo que pueda servir para justificarla, realizándose en una zona de ocio, donde debe prevalecer todo lo contrario, procede la imposición de la pena máxima prevista, de cuatro años de prisión y accesorias.

OCTAVO.Por lo que respecta a la responsabilidad civil, habida cuenta de la dificultad que siempre entraña el cuantificar el daño moral producido, que en el presente supuesto son los perjudicados los padres y hermana de Teodulfo, por la pérdida sufrida derivada de su fallecimiento, se considera que resulta adecuada una indemnización por cuantía de 100.000 € a cada uno de los padres, y de 50.000 € en favor de su hermana.

NOVENO.Conforme a lo preceptuado en el art. 123 del Código Penal procede la imposición al acusado de las costas procesales, incluidas las relativas a la acusación particular.

Vistos los preceptos citados, Jurisprudencia aplicable, veredicto del Jurado, administrando Justicia en nombre de SM. el Rey ,

PRIMERO.Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, prevista y penada en el artículo 142 del Código Penal.

Para la aplicación de dicho precepto la Jurisprudencia viene exigiendo:

a) Una acción u omisión que produzca -de manera no intencional- un resultado dañoso para el bien jurídico penalmente protegido, a partir de una relación causal que responda a los principios de un análisis lógico.

;

b) Que en esa conducta humana no intencional se aprecie una omisión de cuidado, bien por identificarse un actuar perezoso del sujeto activo que da lugar a esa falta de diligencia, bien por un defectuoso funcionamiento del intelecto. Consecuentemente el sujeto, sin querer ni aceptar un resultado que era evitable, no lo tiene en cuenta a pesar de que también era previsible (elemento de la culpabilidad).

;

c) Que esa desatención infrinja o transgreda determinados deberes de precaución que vengan impuestos por las normas generales de la convivencia social o que estén exigidos por las regulaciones específicas que rigen determinadas actividades (elemento de la antijuridicidad).

;

d) Por último, que la desatención, como desencadenante causal, justifique la imposición de una pena que se determinará según la entidad o grado de la culpa (elemento de punibilidad).

Bajo estas premisas, se ha considerado tradicionalmente que la imprudencia es grave cuando incorpora el olvido o la desatención de las medidas de precaución más elementales, básicas y obvias. Se trata de una negligencia superlativa o máxima, con omisión de toda cautela o, como hemos dicho en alguna ocasión, con eliminación de la atención más absoluta, la no adopción de los cuidados más elementales o rudimentarios exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad.

SEGUNDO.Que resulta responsable criminalmente el acusado Íñigo, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.

TERCERO.En el presente procedimiento el Jurado ha sido soberano para determinar los hechos que han considerado probados, habiendo razonado en forma lógica y racional todas y cada una de las cuestiones objeto del veredicto que fueron sometidas a su consideración, en la forma que cualquier ciudadano pudiera realizar y como tiene declarado la Jurisprudencia, no se les puede exigir un razonamiento exhaustivo, como pudiera hacerlo un Tribunal, puesto que carecen de los conocimientos jurídicos para ello.

La Ley Orgánica del Tribunal del Juradoatribuye al Magistrado Presidente una función de control al objeto de que el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se dicte de conformidad con las reglas que se derivan del principio de presunción de inocencia, sin que ello suponga esencialmente una revisión del veredicto, disponiendo el artículo 70.2º de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, si el veredicto fuera de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Es función del Magistrado Presidente la redacción de la sentencia, no limitándose solamente a exponer los elementos probatorios que han sido tenidos en consideración por el Jurado a la hora de emitir su veredicto.

En este sentido y en relación con la exigencia de motivación en las sentencias dictadas en el ámbito de la presente Ley, y en cuanto a la íntima relación entre lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ,es explicita la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2012, al afirmar que:

"La especificidad de la motivación en las sentencias del Tribunal del Jurado, integrado por Magistrado Presidente y Jurado, deriva de la diversidad de funciones que a uno y otro confirió la ley reguladora, ejercitando la libertad de configuración que le atribuyó el artículo 125 de la Constitución al legislador. Esa especificidad, junto con la trascendencia que al respecto tiene el sentido condenatorio o absolutorio de la sentencia y la naturaleza -indiciaria o directa- de los medios de prueba considerados y, aún más, si cabe, la referencia a la función que cumple la exigencia de motivación, son los elementos a los que ha de estarse para concluir si en un caso concreto se ha dado o no el debido cumplimiento a la garantía constitucional que aquí se invoca.

La indicada diversificación de funciones, reflejada en el contenido de los artículos 3 y 4 de la ley orgánica del Tribunal del Jurado , tiene una de sus más trascendentes consecuencias en la imposición al Magistrado Presidente de la obligación que describe el artículo 70.2 de la ley reguladora. Se trata, adviértase, de una obligación circunscrita al caso de sentencia de condena. Y cuyo entendimiento exige recordar, a su vez, la otra obligación del Magistrado Presidente regulada en el artículo 49 de la misma ley . Así como, finalmente, que el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal del Jurado, cuando es condenatoria, no admite otro debate sobre la declaración de hechos probados que el relativo a si dicha declaración vulnera o no la garantía constitucional de presunción de inocencia. (art. 846 bis c) apartado e) "...porque atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta").

La Exposición de Motivos de la ley acerca de las funciones distribuidas respecto a la motivación de la decisión que enerva la presunción de inocencia: "Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto.

Así la ST del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013: "Es sin embargo loable que el Magistrado exponga tan correctamente "con qué elementos contó el jurado". Es decir que exponga los elementos de los que disponía para decidir, independientemente de la disposición que de ellos hiciera posteriormente. Y que, por su suficiencia legitimaban la posibilidad misma de tal decisión. Antes de entrar a deliberar, hacían legítima la decisión del Magistrado de someterle el correspondiente objeto del veredicto. Decisión que se hace preceder de los informes de las partes y de oír al acusado".

CUARTO.Partiendo de las anteriores premisas, debemos dejar sentado que en el supuesto objeto de enjuiciamiento, y tal como se desprende tanto de los escritos de acusación y defensa , cuyas conclusiones fueron elevadas a definitivas, existían determinados hechos que no resultaban controvertidos, al ser admitidos por todas las partes, viniendo referidos a los momentos previos a la producción de la agresión, la cual también fue admitida por el acusado, si bien no explicó el motivo de la misma.

De tal forma que el Jurado consideró probado, por unanimidad el encuentro del acusado y Teodulfo en el lugar conocido como "las Llanas", de Burgos, a la salida de un bar tras cerrar el mismo, habiendo estado el primero de celebración de cumpleaños y el otro de despedida de soltero, motivos que en principio deben ser considerados como lúdicos.

Asimismo consideraron probado que tanto Teodulfo como el acusado habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, basándose el Jurado en cuanto al primero en el resultado de la prueba analítica realizada, tras su fallecimiento, presentando una tasa de alcohol en sangre de 2,47 g/l, en orina de 2,65 g/l y en humor vítreo de 2,92 g/l, hecho que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En el informe Médico Forense, emitido por Loreto, Jenaro y el perito Sr. Virgilio, propuesto por la Defensa, se llegó a la conclusión que debido a las lesiones que presentaba región occipital derecha, por haberse golpeado contra el suelo y producirse un traumatismo en la región occipital, produciéndose un edema cerebral y micro -hemorragias a nivel de tronco encéfalo con signos de anoxia neuronal aguda, las cuales fueron observadas en el departamento de histopatología, ratificados sus informes en el acto del juicio oral (al cual se remitieron las muestras y mediante la utilización de microscopio), el grado de alcohol que presentaba el fallecido influyó en la producción del fallecimiento, y ello basado en la bibliografía de supuestos similares, lo que suele implicar que el organismo no puede utilizar los sistemas de defensa que tiene frente a dicha lesión.

Si bien no se puede afirmar en qué grado pudo haber influido, el Dr. Virgilio está conforme con el informe de autopsia, si bien achaca la causa determinante del fallecimiento a la ingesta alcohólica.

Por el Jurado se declaró probado que la ingesta alcohólica influyó en el resultado mortal, basándose en dichas pruebas periciales, aunque dicha concausa no puede ser utilizada para determinar el grado de culpabilidad del acusado, por lo cual no resulta relevante a tales efectos, sin que por la Defensa se hubiera planteado la posibilidad de una ruptura del nexo causal.

También se ha considerado acreditado que el acusado había consumido múltiples consumiciones de bebidas alcohólicas, fundamentando correctamente en las testificales practicadas, tales como el camarero del bar Madame Kalalu, llamado Tomás, el cual refirió que conocía a Íñigo y que estaba ebrio, habiéndole servido varias copas, manifestando su amigo Artemio que había consumido media botella de ron, sin embargo no consta en qué grado la ingesta de bebidas alcohólicas pudiera haber influido en su conciencia y voluntad, y si bien entendemos que lo frecuente es una afectación de sus facultades, no existen elementos probatorios para poder asegurar que ello le privase de su capacidad de decisión.

Por el acusado se admitió que propinó un puñetazo en el rostro a Teodulfo, sin dar razón de tal acción, negando que estuviese motivado por el hecho de que aquel fuese de Valladolid, y el Jurado tras el visionado del video grabado por una cámara de un local cercano, que en el acto del Plenario se visionó en dos ocasiones, y posteriormente el Jurado volvió a visionarlo, llegó a la conclusión de que con anterioridad a que el acusado tuviese conocimiento de la procedencia de Teodulfo, existió entre ambos una conversación, y el puñetazo no fue propinado acto seguido, sino unos minutos más tarde, por lo cual no pueden afirmar con total seguridad que el hecho de ser de Valladolid hubiera sido el desencadenante ni el motivo de la agresión.

Por el acusado se admitió que pertenecía un grupo o hinchada de futbol del Burgos C.F., y que portaba pegatinas del mismo en la riñonera en la que llevaba su documentación, cuando la presentó en la Comisaría de Policía, sin embargo negó que ello fuese el motivo de haber agredido a Teodulfo, y el Jurado por unanimidad declaró que no había sido probado que el hecho de ser de Valladolid , hubiera sido el motivo de la agresión, tal y como se desprende de las respuestas dadas a las preguntas tercera y cuarta del objeto de veredicto.

Entendemos que por el Jurado, tras el examen de todas las pruebas, video-gráficas, testificales y documentales, llegó a la conclusión de que la agresión no estuvo motivada por la procedencia de Teodulfo, cuando estuvieron conversando varios minutos, y no existen pruebas relativas al contenido de la conversación, por lo cual entendemos que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, puesto que fueron conscientes de que el objeto de enjuiciamiento eran unos hechos concretos, con independencia de las aficiones, del acusado.

De tal forma que el Jurado, desconociendo, el significado del denominado Derecho Penal de autor, no incurrió en el error de su aplicación.

Aquel se caracterizaba por no basarse la sanción en el acto cometido, sino en las características personales, el modo de vida o la "peligrosidad" del individuo.

A diferencia del derecho penal de acto (que castiga por lo que uno hace),el de autor castiga por lo que uno es.

Dicho derecho penal de autor, que en cierta medida, y en el uso legal para hacer valer sus conclusiones, fue utilizado indirectamente por las acusaciones, se caracteriza por enjuiciar la personalidad, el carácter, la trayectoria o la supuesta "antisocialidad" del sujeto para determinar la pena, lo cual trató de ser evitado por este ponente, y en aras a impedir la confusión de Jurado.

Otra de las cuestiones sometidas a consideración del Jurado fue la de si en la fuerza o intensidad del puñetazo, que le produjo la fractura de los huesos propios de la nariz , encontraba su origen en el conocimiento de un arte marcial denominada Muay Thai, contestando que no había influido en la mayor fuerza empleada, y tomando en consideración el testimonio prestado por el profesor de dicha técnica, Nicolas ,cuyo conocimiento era escaso, tal y como depuso en el Plenario, respondiendo a una pregunta formulada por uno de los miembros del Jurado, calificando su conocimiento entre dos o tres, siendo 10 el máximo y por no haber visto el golpe.

No cabe duda de que los Jurados se han basado , para llegar a dicha conclusión en lo que han visto y oído, observando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, cuando por las acusaciones se insistió en que el conocimiento de dicha arte marcial implicó una mayor fuerza en el puñetazo, habiéndose distinguido por el Jurado perfectamente entre las afirmaciones basadas en presunciones y conjeturas, y las pruebas practicadas.

Se ha considerado acreditado que el acusado consignó a favor de la familia del fallecido la cantidad de 20.000 € lo cual resulta de la documental obrante en las actuaciones, y no resulta negado por ninguna de las partes.

QUINTO.Una de las cuestiones objeto del veredicto, y la de mayor relevancia hace referencia a la finalidad, intencionalidad, o representación por el acusado del resultado producido, habiéndose propuesto al Jurado las tres alternativas que jurídicamente vienen referidas al dolo directo, eventual, o imprudencia, si bien en las preguntas 12 ,13 y 14, se evitó la referencia a conceptos jurídicos, no obstante por las acusaciones y defensa en sus conclusiones se trató de explicar la significación jurídica y penológica que implicaban las respuestas que debían dar a las mismas.

Tras la oportuna deliberación y análisis de todas las pruebas los jurados llegaron a la conclusión, por 8 votos a 1, de que el acusado era culpable de haber causado la muerte de Teodulfo, pero no se imaginaba que con el hecho de darle un puñetazo pudiera causar la misma, fundamentándolo en su propia declaración y en su estado de embriaguez.

Entendemos que la convicción alcanzada se encuentra suficientemente razonada, debiendo analizarse en conjunto con el resto de los motivos expuestos al responder las demás cuestiones que le fueron planteadas al Jurado, en concreto la ausencia de una reacción inmediata del acusado, manteniendo una conversación con Teodulfo durante varios minutos, que la causa del puñetazo no ha sido su procedencia, y que la intensidad de aquél no estuvo influenciada por el conocimiento de la técnica de Muay Thai.

Debemos mencionar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto de hechos similares, que si bien no era conocida por el Jurado, ha coincidido con la misma

Así en la STS 1579/2002, de 2 de octubre ,en un supuesto de un puñetazo a la cara que hizo caer de espaldas y golpearse en la caída en la cabeza, afirmó que Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de mata".

Igualmente la STS 706/2008 acogió idéntica solución en un supuesto en el que el penado le dio varios golpes a una mujer con la mano y "entre ellos uno intenso en la cabeza, en la parte media de la frente, región fronto-parieto-temporal derecha. Como consecuencia de ese traumatismo cráneo encefálico se produjo una hemorragia subdural que provocó la muerte por parada cardiorrespiratoria".El recurso del Fiscal fue rechazado al afirmar la sentencia que "no cabe deducir racionalmente que, al propinar el golpe con la mano -no un puñetazo- en la parte media de la frente de la víctima, se representara una seria probabilidad de matarla, asumiendo con el golpe esa eventualidad. En la sentencia que era objeto de recurso dictada en apelación por el TSJ de Aragón-, precisa en su fundamento jurídico quinto, que "en el presente caso el Jurado, por unanimidad, no considera probado que Calixto actuara con intención de causar la muerte y lo deduce "de la situación descrita" y de que "si alguien quiere matar a otra persona no lo hace sólo con un puñetazo".La misma argumentación es reproducida en la contestación a la pregunta 11ª: "Fue un acto impulsivo y ante la baja probabilidad de que una persona fallezca por un puñetazo, no pensamos que Calixto previese la muerte de Carlos Manuel". Así pues, los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual. Ciertamente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado,que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión."

Esta Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, Sentencia 230/2009 de 20 Oct. 2009, Rec. 22/2009, ha declarado:

Resolviendo un recurso de apelación interpuesto frente a una sentencia dictada por el Juzgado de Menores de Burgos , confirmando la condena por un delito de homicidio por imprudencia grave porque -según se argumenta-, "de tal forma deber ser calificada el puñetazo que originó que Amadeo perdiese el equilibrio y cayese a plomo sobre la calzada empedrada dónde se dio el fatal golpe. En palabras técnicas nos encontramos con el llamado homicidio preterintencional, el que va más allá de la intención del agente causador. Hay relación de causalidad entre la acción de Simón y la muerte de Amadeo , dicho en palabras llanas, la acción de Simón fue una de las causas de la muerte de Amadeo , pero ni quería causarla ni pensó en que la podía causar a la hora de actuar (nadie, o casi nadie, piensa que con un solo puñetazo se puede causar una muerte, ni siquiera se representa el riesgo de que pueda ocurrir)."

Simón ni quería consciente y deliberadamente matar (el animus necandi propio del dolo directo), y que ni siquiera se imaginó ni se pudo imaginar que a consecuencia de un solo puñetazo podría causar la muerte (dolo eventual), ni ello era probable (probabilidad real, porcentualmente importante, más allá del riesgo genérico que implica una pelea) y eso sí, si que actuó de forma despreocupada e inconsciente en la pelea (imprudencia grave), máxime a la vista de sus especiales características físicas -su especial corpulencia- y su uso descontrolado de la violencia, poniendo en juego actos que podían tener inciertos resultados". Se mencionan las razones dadas por el Juzgado , en concrtreto que "a) Simón e Amadeo no se conocían con anterioridad.

Tampoco que Simón propinara una paliza a Amadeo , ni que le golpeara repetidamente en centros vitales, sino que le propinó un solo puñetazo - el que le hizo perder el equilibrio-.

Que no existió entre Simón y Amadeo alguna disputa o discusión previa que animara al primero a querer agredir al segundo y causarle el mayor daño posible, incluso la muerte. Que Simón no tuvo conciencia del daño tan grave que había causado.

Igualmente el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 3/2016 de 19 Ene. 2016, Rec. 628/2015, ha declarado que el supuesto típico de puñetazo en el rostro, que provoca la caída que, a su vez, propicia el golpe en la cabeza contra el suelo que causa el traumatismo mortal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que condena a uno de los acusados por delito de lesiones dolosas en concurso ideal con homicidio imprudente y absuelve a los demás de homicidio imprudente.

Como puede observarse, el razonamiento transcrito se desliza hacia el grado de previsibilidad del resultado. Y a ello es precisamente a lo que hay que dar respuesta para proclamar -como hace la Audiencia- la autoría del homicidio imprudente finalmente imputado a Marcial . En el FJ 1º de la resolución cuestionada, los Jueces de instancia argumentan en los siguientes términos: "... la conducta imprudente de Marcial cabe deducirla de otras circunstancias que le hicieron prever al agresor que el impacto tan fuerte podía provocar la muerte aunque su intención fuera la de dañar, omitiendo elementales normas de prudencia. Tal circunstancia relevante en el supuesto examinado era el estado de embriaguez del agredido que hacía previsible que ante un golpe intenso pudiera pudiese caer al suelo sin control y dañarse severamente por la gravedad de un impacto a consecuencia de un desplome contra el suelo en que pueden resultar dañados órganos vitales como los situados en la cabeza que es lo que sucedió y este resultado que el acusado no tuvo intención de causar sí estaba obligado a preverlo, prevenirlo y evitarlo".

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7ª, Sentencia 301/2018 de 27 Abr. 2018, Rec. 1324/2017:

En el curso de la discusión, el acusado golpeó a Conrado en el rostro, consecuencia del golpe Conrado cayó de espaldas al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente.

A continuación el acusado abandono el lugar de los hechos a bordo del mismo vehículo.

Como consecuencia de la agresión y de la caída al suelo, golpeándose la cabeza contra el mismo, Conrado sufrió herida abierta en región occipital, traumatismo encefálico severo (estallido craneal) y una hemorragia intracraneal, heridas que ocasionaron su fallecimiento datado a las 13,20 horas del mismo día.

Los hechos declarados probados en relación con la muerte de Conrado, son constitutivos de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA GRAVE, previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal .

En el objeto del veredicto se sometieron a la consideración del jurado tres posibilidades en cuanto al título de imputación al investigado de la muerte de Conrado , el dolo eventual, la imprudencia grave y la leve, en atención a la desatención del nivel de cuidado, y el Jurado consideró por mayoría de siete de sus miembros, que la acción del acusado consistió en propinar un puñetazo a la víctima, sin que fuera su intención la de causarle la muerte.

Tal proposición se incluyó atendida la calificación postulada por la defensa, que consideraba que los hechos habrían de ser calificados con arreglo a lo prevenido en el artículo 142,2 y subsidiariamente 142.1 del Código Penal .

Son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales en supuestos semejantes al que hoy nos ocupa llegando a una conclusión igual a la que se alcanza en el presente caso, valorando las circunstancias de las personas y del tiempo y lugar y de las demás circunstancias exteriores para concluir la falta de ánimo de matar en la conducta del agente.

La STS de 27 de marzo de 2012 recoge pronunciamientos especialmente esclarecedores a los efectos que nos ocupan. Descendiendo al caso concreto que contempla, dice la sentencia que "el golpe directo al rostro, golpe de enorme fuerza y actitud desprevenida de la víctima, son elementos que sí tuvo en cuenta la Sala de instancia. Y es lógico y racional concluir, como lo hizo, que de un puñetazo no cabía esperar ese resultado mortal, que si alguien quiere matar no lo hace de un solo puñetazo, que el golpe fue un acto impulsivo y que con el mismo lo que se quería era dañar. De hecho, en la jurisprudencia son excepcionales los supuestos en que se aprecia dolo eventual de matar en acciones consistentes en dirigir con las manos desnudas puñetazos únicos al rostro y caída posterior y sí existen bastantes casos en que se ha acudido a la solución concursal que han acogido primero el Magistrado Presidente y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia".

Cita la mencionada sentencia de 2012 otra de 2 de octubre de 2002, también del Tribunal Supremo , que contemplaba un supuesto de un puñetazo en la cara que hizo caer de espaldas y golpearse con la caída en la cabeza, apreciándose la solución concursal de lesiones con homicidio imprudente. Concretamente la sentencia de 2002 referenciada por la de 2012, dice: "Nadie duda que el puñetazo del acusado produjo causalmente la muerte. Sólo que eso no demuestra el dolo. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que un puñetazo en la boca tiene "una alta probabilidad" de producir la muerte. Está demostrado que no es imposible, pero que, por regla, un puñetazo de las características del probado en esta causa, no genera un peligro concreto de la producción de la muerte. Por lo tanto, en la medida en que el dolo consiste en el conocimiento de este peligro concreto, es evidente que de la consciencia de dar un puñetazo no se puede deducir que el autor obró con dolo de matar".

Y, para cerrar el razonamiento en virtud del cual descarta la aplicación del dolo, continúa diciendo: "los jurados consideran que la acción es impulsiva y que un puñetazo no es un medio del que se pueda deducir la intención de matar ni que fuera previsible para su autor, quedando así descartado el dolo directo y el dolo eventual.

Ciertam ente la intensidad del golpe reveló potencialidad suficiente para causar la muerte, en la apreciación de los jurados de que sólo el golpe y no necesariamente la concatenación del contragolpe por la caída provocó la muerte, a pesar de lo cual siguen manifestando, para medir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, que un puñetazo impulsivo dado en aquellas circunstancias no revelaba intención de matar. Frente a tales consideraciones deducir lo contrario, es decir la intención de matar, o la representación de tal probabilidad solo del puñetazo, es ir abiertamente contra lo apreciado por el Jurado que opina que tal intención no se extrae solo de la potencia del golpe aunque solo éste cause la muerte. Y, efectivamente, se trata de deducir la intención del agente y la previsibilidad del resultado, lo que en esta ocasión ha resultado evidente para los jurados, que no las han apreciado. Llegar a la conclusión contraria sólo por el resultado excede manifiestamente de la crítica del juicio de inferencia realizado por el juzgador con base en la apreciación de los hechos por parte de quienes tienen constitucionalmente señalada tal misión. "o resulta indiferente, sino relevante para ponderar la imputación subjetiva, que la muerte no se ha causado como fruto directo del impacto con el puño (e incluso en algún caso, lo hemos visto, aun siendo así, se ha calificado el resultado como imprudente), sino mediante el indirecto de la caída de la víctima como consecuencia del impacto. En este caso el puñetazo ni siquiera consta que causara la más mínima lesión externa en la cabeza de la víctima. En definitiva, la muerte se produjo por una conducta imprudente y no dolosa. Es muy distinto propinar un golpe directo en el rostro y generar la muerte, que el que ésta se produzca por una desviación azarosa del curso causal que acabe derivando en una mala caída y en un fatídico resultado, supuesto que tenía muy escasas posibilidades de producirse desde una perspectiva ex ante a tenor de las cifras estadísticas. No cabe entremezclar lo que es un curso causal que entra dentro de lo posible y que puede ser el fruto natural de una agresión, con lo que es un devenir que se aleja totalmente de ese fluir natural y que, entrando en la franja de lo escasamente previsible y de lo extrañamente factible, se acaba produciendo por un cúmulo de circunstancias en gran medida aleatorias muy difícil de pronosticar ex ante.

Son numerosos los supuestos, de características similares al presente, en los que se ha calificado como imprudente el resultado final de un puñetazo, empujón o acción dolosa inicial similar.

En las siguientes resoluciones recayó condena por un delito de homicidio imprudente y una falta de lesiones o de malos tratos: STS de 19 de septiembre de 1990 (caída al suelo en el curso de una pelea debido a un cabezazo, sufriendo la víctima un traumatismo craneoencefálico contra el pavimento que le causa la muerte); STS de 31 de octubre de 1991 (patada en el rostro que derribó al agredido al suelo y le ocasionó un traumatismo craneal que determinó su muerte); STS de 2 de diciembre de 1994 (sujeto que en el curso de una pelea con otra persona cae con su agresor al suelo, golpeándose la cabeza contra el pavimento, lo que determina que fallezca a los tres días por traumatismo craneoencefálico); STS de 21 de diciembre de 1997 (acusado que, en el curso de una disputa, propina un puñetazo al contrario, quien cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en el suelo, falleciendo a consecuencia del traumatismo craneoencefálico dos días más tarde). La Sala también condenó en la STS de 10 de octubre de 1998 , a un acusado que dio "un fuerte puñetazo" a la víctima, que cayó de espaldas y falleció por traumatismo craneoencefálico. Se le impuso como autor de un delito de homicidio imprudente, con una atenuante de embriaguez, una pena de un año de prisión. En la STS de 2 de octubre de 2002 , fue condenado un acusado que propinó un puñetazo en la cara a su oponente, ocasionándole un hematoma en la boca. La agresión determinó que cayera de espaldas y se golpeara con la zona occipital de la cabeza contra el suelo, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico que determinó su fallecimiento unos días más tarde. Fue condenado como autor de un delito de homicidio imprudente y de una falta de lesiones del art. 617.1º, en concurso ideal, a la pena de tres años de prisión.

En la STS de 25 de noviembre de 2003 fue condenado un acusado por haber golpeado con un rodillazo a su oponente, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento de la calle. La Sala de casación avaló la condena por una falta de malos tratos y un delito de homicidio imprudente, en concurso ideal, con una cuantía punitiva de un año de prisión y diez días de multa. Otra sentencia dictada por la Sala sobre un supuesto de agresión que determina una caída con fatal desenlace para la víctima por golpearse la cabeza contra el suelo es la STS de 9 de julio de 2012 . El acusado acudió a casa de su abuela, de 91 años de edad, para sustraerle el dinero que tenía en una bolsa atada al cuello. A tales fines la zarandeó fuertemente, por lo que la víctima cayó al suelo, golpeándose en la cabeza y sufriendo un shock traumático con hemorragia subaracnoidea que le ocasionó la muerte. Después el autor se apoderó de 1500 euros. Este fue condenado por la Audiencia como autor de un delito de homicidio doloso, con la agravante de parentesco, a la pena de 12 años y seis meses de prisión. La Sala de casación anuló la condena y le condenó por un delito de homicidio imprudente, fijando la pena en tres años de prisión. En ese caso el argumento nuclear de la sentencia de casación para excluir el dolo eventual atribuible a la acción agresora fue, literalmente, que un fuerte zarandeo "no puede afirmarse de forma categórica (que genere) una elevada probabilidad de que se causase la muerte de la víctima como consecuencia del golpe en la cabeza padecido tras una caída. De esa realidad no puede darse el salto a inferir la indiferencia del procesado frente a ese resultado que presumiblemente no llegó a prever, aunque era previsible y evitable. Estas consideraciones conducen a la imputación de los hechos a título de imprudencia grave".

Como vemos, son numerosos los casos reales, muy semejantes al que nos ocupa, que nos permiten alejarnos de la intencionalidad en el resultado.

En la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha tratado también la cuestión relativa a la exacta definición de la intención del autor. Así Tiene declarado la Sala -cfr. SSTS 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre-, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril : a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado.

El segundo requisito exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la «autopuesta en peligro» o «principio de la propia responsabilidad». Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva".

Por todo ello se considera que las conclusiones sobre la intencionalidad del acusado al propinar un puñetazo a Teodulfo, se encuentran fundamentadas en los razonamientos expuestos al dar respuesta a los hechos objeto del veredicto, y coincidentes con la Doctrina Jurisprudencial al tratar hechos similares, y por ello se considera que la conclusión alcanzada es lógica y razonada.

SEXTO.Por lo que respecta a las circunstancias de agravación de la responsabilidad criminal alegadas por la acusación particular, no pueden ser acogidas, al desprenderse del veredicto del Jurado la falta de los elementos fácticos para ello.

Así respecto de la pretendida alevosía, por la actuación sorpresiva del acusado, que era utilizado para la calificación de los hechos como asesinato previsto en el artículo 139.1 del Código Penal , resulta evidente que no concurre, al no haberse probado el dolo directo ni el ataque sorpresivo, encontrándose las partes frente a frente, y conversando.

El abuso de superioridad por el conocimiento de la técnica Muay Thai, tampoco es de aplicación, puesto que por el Jurado se consideró que ello no había influido en la mayor intensidad del puñetazo.

En cuanto a la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, relativa a la comisión de los hechos por: motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta,no resulta de aplicación puesto que estaba basada en el hecho realizarse la agresión debido a la procedencia de la víctima, y ello no ha resultado acreditado para el Jurado, y en todo caso resulta de difícil encaje jurídico.

SEPTIMO.Respecto a la pena a imponer, procede dejar sentado que conforme a lo preceptuado en el artículo 142 del Código Penal . la pena a imponer se sitúa entre 1 y 4 años de prisión, y conforme al art. 66. 2 para su determinación no se ajustará, por tratarse a un delito imprudente, a las reglas sobre concurrencia de agravantes o atenuantes del párrafo 1º, procediendo los jueces y tribunales su imposición conforme al prudente arbitrio.

En el presente supuesto entendemos que en atención al mayor reproche penal que debe merecer una actuación violenta y agresiva, realizada contra una persona desconocida, y sin ningún motivo que pueda servir para justificarla, realizándose en una zona de ocio, donde debe prevalecer todo lo contrario, procede la imposición de la pena máxima prevista, de cuatro años de prisión y accesorias.

OCTAVO.Por lo que respecta a la responsabilidad civil, habida cuenta de la dificultad que siempre entraña el cuantificar el daño moral producido, que en el presente supuesto son los perjudicados los padres y hermana de Teodulfo, por la pérdida sufrida derivada de su fallecimiento, se considera que resulta adecuada una indemnización por cuantía de 100.000 € a cada uno de los padres, y de 50.000 € en favor de su hermana.

NOVENO.Conforme a lo preceptuado en el art. 123 del Código Penal procede la imposición al acusado de las costas procesales, incluidas las relativas a la acusación particular.

Vistos los preceptos citados, Jurisprudencia aplicable, veredicto del Jurado, administrando Justicia en nombre de SM. el Rey ,