Sentencia Penal 344/2025 Audiencia Provincial Penal de Burgos nº 1, Rec. 67/2023 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.La fijación de los hechos probados que antecede parte del derecho a la presunción de inocencia y de la exigencia de un mínimo de actividad probatoria de cargo que desvirtúe dicha presunción. Los hechos declarados probados derivan del material probatorio propuesto para el acto del juicio oral practicándose, en dicho acto, bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, siendo apreciado conjunta, ponderadamente y en conciencia y valorado con arreglo a lo establecido en el art. 741 de la LECrim.

La presunción de inocencia corresponde a todo acusado de una infracción punible y se configura como uno de los derechos fundamentales que sustentan la efectividad de la tutela judicial ( art. 24.1 y 2 C.E.) y como garantía esencial en el Convenio de Derechos Humanos de Roma.

El derecho a la presunción de inocencia consiste en la imposibilidad de condenar a nadie sin una prueba de cargo suficiente y que, desde una perspectiva exclusivamente procesal, desplaza la carga de la prueba "onus probandi", a quien acusa, sin que el imputado haya de probar su inocencia. Desde la primera sentencia del T.C. al respecto, se ha ido perfilando las características que lo definen, como derecho fundamental de aplicación inmediata y aquellas otras de que han de estar revestidos los elementos del juicio utilizables para destruir tal presunción. En primer lugar, ha de existir una actividad probatoria "mínima" o más bien "suficiente" y, cualitativamente, los medios de prueba han de tener un signo o sentido incriminador respecto de la participación del acusado en el hecho, siendo por tanto "de cargo" y han de merecer esa calificación por ser constitucionalmente legítimos. La actividad probatoria de cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, ha de producirse con las debidas garantías procesales, inmediación, oralidad, publicidad, contradicción e igualdad de armas, de modo que las únicas medidas probatorias en principio y con carácter válido y eficaces para enervar tal presunción son las obtenidas en el juicio oral y excepcionalmente las preconstituidas de imposible o muy difícil reconstrucción, siempre que en estos excepcionales casos se hayan observado las garantías acusatorias para la defensa.

También señala el Tribunal Constitucional señala que la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio opera, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías. Por lo tanto, este derecho garantiza que toda condena debe ir precedida de una actividad probatoria de cargo legítimamente realizada. En caso contrario, ante una falta absoluta de pruebas, se desenvuelve en toda su eficacia la aludida presunción de inocencia, como manifestación de un genuino "favor rei", debiendo dictar sentencia absolutoria.

SEGUNDO.Vista la calificación definitiva de los hechos realizada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, procede entrar a analizar la prueba practicada en el plenario y que llevará a esta Sala a considerar que la misma no ha logrado desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

A. DELITO DE COACCIONES / DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL

El Ministerio Fiscal formulaba acusación, en primer lugar, por un delito de coacciones y alternativamente delito de detención ilegal, e inversamente la acusación particular.

En este sentido, el artículo 163.1 del CP dispone que "el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años".

El tipo descrito en el artículo 163 CP es un delito que se caracteriza por la concurrencia de los siguientes elementos:

1º el elemento objetivo del tipo consistente en la privación de la libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente como deteniéndola, es decir, impidiendo su libertad de movimientos, sin que sea preciso entonces un físico "encierro".

2º el elemento subjetivo del tipo, el dolo penal, consiste en que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia.

Y en cuanto al elemento subjetivo, el dolo no puede confundirse con él móvil. El dolo es la conciencia y voluntad de privar al sujeto pasivo de su libertad de movimientos, de realizar el tipo objetivo que es, de acuerdo con el pretexto que lo define, encerrar o detener a otro, bastando con que el acusado tenga una idea clara de la ilicitud de su conducta.

Consecuentemente, comprobada la existencia del dolo, ningún propósito específico se requiere para completar el tipo subjetivo y, por lo tanto, la privación de libertad reúne todos los elementos del tipo, siendo irrelevante los móviles pues el tipo no hace referencia a propósitos ni a finalidades comisivas.

Entre otras las SSTS, Penal sección 1 del 28 de abril de 2022 (ROJ: STS 1737/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1737 / STS n.º 728/2008, de 18 de noviembre de 2008 ) establecen en la interpretación del precepto penal descrito que: " En el delito de detención ilegal se produce un grave ataque contra el sujeto pasivo, al que se le priva de uno de los más importantes derechos fundamentales, que junto con otros tres integran los valores superiores del ordenamiento jurídico, según nos recuerda nuestra Constitución (art. 1 º)." La afectación a uno de los valores y derechos fundamentales esenciales de la Constitución es lo que justifica la pena que se impone para este delito, según el artículo 163 del Código Penal , de hasta 6 años de prisión. Sin embargo, precisamente por ello; cualquier privación fugaz de libertad, que además vaya ligada a otros fines distintos a la misma vulneración de este derecho, no puede quedar dentro del ámbito de tipicidad del artículo 163 del Código Penal . "

Importa a este respecto recordar que el bien jurídico protegido del delito de detención ilegal resulta ser, en efecto, la libertad personal y, en particular, dentro de ésta como género, la libertad ambulatoria. Se trata, sí, de actos coactivos, en tanto se realizan contra la voluntad (o prescindiendo de la voluntad) de la persona encerrada o detenida. Dicha libertad ambulatoria aparece cercenada cuando se obliga a la víctima a permanecer en un determinado sitio cerrado (encerrar) o se le impide moverse en un espacio abierto (detener). Según sentencias números 49/2018, de 30 de enero ; STS 641/2021, de 15 de julio ; y últimamente 295/2022, de 24 de marzo : "Este delito se proyecta desde tres perspectivas. El sujeto activo que dolosamente limita la deambulación de otro, el sujeto pasivo que anímicamente se ve constreñido -o físicamente impedido- en contra de su voluntad, y por último el tiempo como factor determinante de esa privación de libertad, aunque sea evidente que la consumación se origina desde que la detención se produce".

Por su parte, el delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del CP castiga al "que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto".

En cuanto a los límites diferenciales del tipo penal de detenciones ilegales y las coacciones el TS los especifica en la sentencia de 18 de marzo de 2011 que nos indica:

a) Desde la perspectiva del bien jurídico protegido. La ofensa de la libertad de la víctima, es más genérica en la coacción y más específica en la detención ilegal. En este se refiere a la libertad de deambulación o traslado en el espacio, tanto si se obliga al sujeto a permanecer en un lugar como si le obliga a abandonarlo, trasladándose a otro. Sentencias de este Tribunal Supremo; 7/4/2006 ; 20/1/2009 ; 10/02/2009 y 27/10/2010 .

b) En cuanto al comportamiento tipificado se han subrayado diversas características en lo objetivo:

1ª.- la acción típica de la detención implica generalmente un acto material de encierro o internamiento, siquiera no de manera necesaria, pues también puede consistir en el impedimento para moverse en el espacio abierto, la detención por mera inmovilización ( Sentencia del TS de 01/10/2009 );

2ª.- para lo que no es ineludible el uso de fuerza o intimidación que debe concurrir en la coacción ( Sentencias del TS de 02/11/1992 y 22/12/2009 ). Pero lo ineludible es que el constreñimiento de la libertad del sujeto pasivo provenga de una acción del sujeto activo, de tal suerte que el comportamiento de éste sea la causa de aquél por estar objetivamente y, como luego veremos, también subjetivamente, ordenada a tal específico fin.

3ª.- Lo que se relaciona con el parámetro tiempo que, en la detención suele traducirse en una cierta persistencia de la privación de libertad, siendo más propio de la coacción su manifestación como actuación de efectos instantáneos. Siquiera aquél factor tampoco es ineludible en la detención ilegal, en cuanto se admite que es de consumación instantánea, diluyéndose entonces, en la práctica, la línea de separación entre ambas figuras delictivas ( Sentencias del TS 27/03/2006 y 22/12/2009 ). Por ello suele exigirse una duración que alcance el indeterminado canon de un mínimo relevante ( Sentencia del TS 08/10/2007 )

Valoración de la prueba

En el presente caso resulta probado que el día 31 de marzo de 2019 Joaquina, ya fallecida, fue internada por su sobrina Adelaida, fallecida en la actualidad, en la residencia "Fuente del Berro" sita en Calle Ambrós número 34 de Madrid, residencia propiedad del acusado Artemio, quien era a su vez el director de la misma. Se suscribió el correspondiente contrato de alojamiento y atención en dicha residencia (acontecimiento 542) de esa fecha 31 de marzo que fue firmado por Adelaida pero no por Joaquina, sosteniendo las acusaciones que Joaquina no quería estar en esa residencia a la que había sido llevada engañada por su sobrina Adelaida.

Pues bien, sobre la voluntad de Joaquina al respecto, sobre su negativa a permanecer en la residencia "Fuente del Berro", la propia Joaquina declaró en fase de instrucción (declaración que se practicó como prueba preconstituida y se visionó en juicio oral) que no quería estar en esa residencia. Dijo que la dejó en zulo. Había 6 o 7 que las estaban drogando como a ella. No podían ni hablar. Estaba como dormida. Decía que quería salir de allí. La decían que no. No quería irse de casa. En casa estaba muy contenta. Pensó que iba a Madrid como de excursión pero la engañó. Fue al hospital. En el hospital dijo que no quería volver a esa residencia. Es un zulo porque es bajo tierra. No se acuerda dónde dormía. Cree que les tenían sin dormir. Le quitaron el teléfono en la residencia. Le dijo a su amiga me han medido en una residencia engañada. A preguntas de la Letrada de la acusación dijo sobre la residencia que eran 7 u 8 en una habitación pequeñita. No tenía jardín. No la sacaban a la calle. No la hacían fisioterapia. En Burgos tenía una persona que la sacaba, que la llevaba a la peluquería.

Si bien la declaración de Joaquina practicada en fase de instrucción como prueba preconstituida adolece de una intervención de la Juez de instrucción "excesiva" en cuanto que su intervención debía ser excepcional y limitada como lo es la del Juzgador no se vulneró el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que de esa declaración válida resulta que Joaquina no quería estar en esa residencia. En cualquier caso, igualmente dijo Joaquina no querer estar en la citada residencia en el Procedimiento de Internamiento nº 686/2019, cuya declaración en la vista de ese procedimiento se visionó igualmente en el plenario.

También algunos familiares de Burgos y amigas de Joaquina de Burgos oyeron a Joaquina decir que no quería estar en esa residencia. Precisamente algunas sobrinas y una amiga en alguna ocasión (días 6, 16 y 30 de abril de 2019) acudieron a la residencia "Fuente del Berro", y aun encontrando dificultades para visitar a la misma, cuando pudieron verla les decía que no quería estar allí, que la habían dejado allí engañada.

Por un lado, la testigo Coral declaró en el plenario que la llamó otra sobrina, Agueda, y le dijo que la tía estaba en Madrid en una residencia llorando, que ella no quería estar allí. Cuando tenían fiesta fueron, las abrió la puerta una señorita con bata blanca. Entraron en una sala oscura, con las persianas bajadas. Eran cinco señoras. La tía estaba justo de frente, llorando, diciendo me quiero ir. Apareció el director y les dijo que allí no tenían que estar. Les llevó a su despacho. Se identificó con su DNI. Llamó a la policía y explicó lo que pasaba. Entran y cuando salen les dicen que hay un documento y que no se puede hacer nada. Volvieron las otras sobrinas otro día. La declarante volvió con la abogada y un notario. El día que fueron con el notario no les dejaron entrar. Ni al notario querían dejar. Cada vez que llamaba no la cogía. No sabe si tenía el teléfono la tía. No conocía a Adelaida. Sabía que existía. No les comunicó su intención de llevarla a una residencia. La residencia tenía una sala pequeña, una mesa, tres sillas, una señora solo miraba a la tele. Su tía estaba lamentable. No tenía los audífonos. Según les vio se echó a llorar. Yo me quiero ir, yo me quiero ir. Les llevó este señor a un cuartito y les dijo que no se la iban a llevar. No dio razón. No explicó cómo había sido el ingreso. Volvió a ver a su tía en una vista. Pudo ser el 22 de mayo de 2019. Su tía estaba atontadilla. La agarraba y decía me quiero ir. Como la tenían tanto tiempo con el pañal sin cambiar le dio la infección de orina. Cuando regresó a Burgos no quería ver a Adelaida. La tenía pánico. Su tía tenía recursos para muchísimo más que esa residencia. Era un zulo. A preguntas de la Letrada de la acusación particular explicó que piensa que el director oyó cuando decía la tía me quiero ir porque la tía estaba histérica. Las personas una estaba mirando la tele con la vista perdida, otra en su mundo y a su aire y otra todo el rato estaba diciendo mamá, mamá. El director estaba por teléfono. Dijo que solo entraba el notario. En Burgos salía todos los días, se peinaba. Ella bajaba al banco. A preguntas del Letrado de la defensa precisó que la primera vez que entraron en la residencia eran 3. Ellos grababan y la declarante hablaba con la tía. No pidieron permiso. Ella se ponía los audífonos cuando había algo especial. Para lo normal chillaba un poco. Lo que tenía Adelaida para ingresarla no lo sabe.

La testigo Raimunda declaró que era amiga de Joaquina en Burgos. Salían juntas. Se marchó a Madrid. La llevó su sobrina y no supo nada hasta que volvió. No sabía que fue a una residencia. Estuvo con ella en una terraza el día antes de que se marchara. No dijo nada de que se marchara. Estaba con una cuidadora. La sorprendió cuando supieron que estaba en Madrid. Alguna vez vio a Joaquina con Adelaida. Aparentemente estaba bien. Salían una vez al mes. Joaquina iba sola. Hubo una época en que llevaba muleta y pasado el tiempo silla pero de cabeza estaba bien. Ella salía a tomar el vermú todos los días con distintas personas. Cuando volvió la vio alguna vez en una residencia. La encontró bien, como siempre. La comentó que había estado mal pero ahora estaba bien. No le dijo por qué estaba mal. Llamó una vez a la residencia y no la pasaron. Le decían que no se podía poner, que estaba ocupada. A preguntas de la Letrada de la acusación particular manifestó que nunca le dijo Joaquina que quería irse a una residencia. Ella quería estar en su casa.

La testigo Agueda declaró que su tía vivía sola en casa. Tenía una chica, Rosana, un perro y una señora que sacaba al perro. Varias chicas tenía. Ella buscaba las chicas. Adelaida vino a raíz de que se murió el perro. Empezó a vivir con ella en septiembre de 2018. Su tía tenía móvil. Era muy social. Salía, echaba la partida, tenía reuniones. No sabía que la iban a llevar a una residencia. La llama Zaira y la dice que su tía está en Madrid en una residencia, que la habían abandonado, que la habían engañado. Venga a llamar e imposible. El teléfono sonaba pero no se podía contactar. Se enteraron dónde era la residencia. Fue Zaira al hablar con ella. La localizaron en Google y fueron un sábado con Coral y su hermano. Fue horrible. Te quedas impresionada, primero por la residencia. Entran y era un sitio muy pequeño con butacas y gente que estaba mal, una decía mamá. Su tía no parecía ella, como que le habían caído años: despeinada, llorando. Decía que se quería ir a Burgos. Llamaron a este señor. Su idea era traérsela. Aparece este señor y le dicen que eran sobrinos. Se identifican. Coral muestra su carné. Les llevó a un cuartito. Le dicen que querían llevársela. Les dice que no, que la señora no se movía. No les comunicó nada. Decía que no podía decir nada, que todo estaba judicializado, que fueran al Juzgado. Llamaron a la policía. Vino la policía. Le dijeron lo vivido. La policía entró. A continuación les dice que tenían que ir a un Juzgado, que la estaban tratando de inhabilitar. Fueron el 6 de abril. El 28 o 29 de junio se la trajo en coche. Estaba en un hospital. El Auto decía que tenía capacidad para decidir dónde quería vivir pero que no podía vivir sola. Su hermano y la declarante fueron al hospital. La mente la tenía mejor pero las manos las tenía agarrotadas. El director apareció. En la residencia este señor la ha echado varias veces. No ha podido ver a su tía. No podía hablar con ella porque tuvo una temporada que no tenía teléfono. Se lo quitó él. Fue al hospital. Apareció Adelaida y este señor. Le dice que se la lleva porque su deseo es ir a Burgos. Le dice que no. Finalmente dijo que tenía que firmar un papel. Llamó a Juana. Cuando vino él ya dijo te la puedes llevar pero tiene que ir a una residencia. En la habitación de ella en la residencia no había ropa. La trajo con un pañal y la bata de la residencia. En Burgos recuperó las manos y las piernas. Hizo fisio. A preguntas de la Letrada de la acusación particular señaló que el director no tenía una actitud normal de un director de residencia. El 16 de abril vuelven. Los primeros cinco minutos pueden acceder. Llevó a unas amigas suyas. De repente apareció este señor y les dijo que no podían estar. Dice que no podía recibir ninguna visita. Su tía dice que se quería marchar. Lo dice en alto. Él lo escucha. Su tía lo ha dicho varias veces delante de él. El 30 de abril nuevamente les echa. El dice lo mismo, que no podía recibir visitas. Llamaba al fijo también. No cogían. Insistió y le dijo que es que su tía recibía muchas llamadas. Le había quitado el teléfono. Una de las veces le dijo que esa residencia no es para su tía. Su tía estaba sin peinar, sin hacerse las uñas, la ropa. Deteriorada y sobre todo sentada siempre. En la residencia en Burgos ya fue al fisio, uñas. A preguntas del Letrado de la defensa reconoció que no sabía el estado psíquico de su tía en el momento del ingreso.

El testigo Apolonio, notario que acudió a la residencia para hacer un poder, declaró que estuvo hablando con la señora. Estaba capaz lo que pasa es que no estaba decidida a firmar el poder. Estuvo un cuarto de hora y como no la vio decidida no la iba a obligar a firmar el poder. La vio que estaba un poco presionada, como que tenía que dar la autorización algún pariente. Ella dijo que quería ir a su casa, a Burgos. A preguntas del Letrado de la defensa dijo que no sabía que tenía diagnosticado deterioro cognitivo. Si hubiese tenido un informe hubiese solicitado a alguien que le acompañase en el juicio de suficiencia.

La testigo Zaira declaró que acompañó a Agueda a Madrid. Se marchó a Francia. Cuando vino la llamó. No sabía que se la habían llevado a la residencia. Habló con una chica y le dijo que estaban dormidos. Preguntó si podía hablar con ella y dijo que sí, mañana. Joaquina la llamó al día siguiente por la mañana. Por la noche ya había llamado a la familia que no lo sabían. Ella dijo mi sobrina me traía a Madrid a su casa y me ha dejado en medio de la carretera, como diciendo, en la residencia. La primera vez llamaron a la puerta. Entraron y este señor les echó. Dijo que tenía un papel y la policía dijo que se tenían que marchar. Luego fue al hospital de la Princesa a traerla. Ella quería venir a Burgos y ellos la querían traer. Ella decía que quería venir a Burgos a su casa. Antes los sábados iban a comer, jugaban al parchís. Estaba bien. Ella tenía chicas que la ayudaba. Le gustaba salir a la peluquería, a misa. Joaquina decía que estaba en un zulo. Esa residencia no era para ella. No era adecuada para ella. Una decía papá, otra mamá, así estaban. Un cuarto pequeño con 10 butacones y la cocina al lado. Era comedor, cuarto de estar, todo. A preguntas de la Letrada de la acusación particular indicó que el señor las echó. Decía que tenía un papel. Y finalmente a preguntas del Letrado de la defensa admitió que no sabe el diagnóstico de deterioro cognitivo.

El agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM001, que acudió en una ocasión, recibido el aviso de los familiares de Burgos, declaró en juicio que se entrevistaron con la señora y les dijo, entre sollozos, que había sido engañada y que no quería estar allí.

En el mes junio, tras la estancia de Joaquina en el hospital de La Princesa, y en el momento del alta, la trabajadora social Africa oyó decir a Joaquina que no quería irse a la residencia de Madrid, que quería ir a una residencia de Burgos y es lo que registró en su informe al que se refirió en el plenario.

Sin embargo, el personal de la residencia no oyó esa manifestación a Joaquina.

La testigo Nicolasa declaró que no tenían orden pero la única persona que iba era su sobrina, una señora mayor. No recuerda si dijo en instrucción que tenían orden de dejar entrar solo a la familia de Madrid. La residencia era adecuada. Ella no caminaba. Luego tenía sus momentos que no coordinaba bien. No recuerda si dijo que era impropia para ella. Ella tenía sus momentos y las personas que estaban allí, de las 10, había 3 o 4 que no estaban seniles, que estaban bien de cabeza. Había fisio, una persona. No se acuerda del nombre. No había aparatos. Había una habitación con aparatos para hacer con las manos. También se tendía la ropa. Por la noche se tendía la ropa y en el día pues estaban bien esos aparatos. Si dijo que no se utilizaban es porque la declarante estaba de noche. A preguntas de la Letrada de la acusación particular señaló que fueron con la policía la familia de Burgos para pasar a la residencia. No les dejaron pasar. El director negó la entrada. Esto fue el 16 de abril de 2019. No oyó manifestar a Joaquina, decir que no quería estar allí, que había sido engañada. Ella no hablaba mucho. Estaba triste. La residencia no era para Joaquina porque en algunos momentos decía que quería irse a su casa. Estaba como apagada la señora. A peguntas del Letrado de la defensa explicó que hizo un curso sociosanitario. Le homologaba para trabajar en la residencia. Estuvo dos años. Había una persona que iba todos los días, su sobrina. La sacaba con la chica que estuvo ahí unos días trabajando, Aurelia. Como pesaba la señora iba en silla de ruedas. No se podía poner de pie. Los aspectos de la vida diaria los hacía ellas. Iba la sobrina, un hijo de la sobrina y un perrito. Ella no tenía muchas ganas de comer. A veces se la daba de comer porque no iba a estar sin comer. Ella tenía su móvil y lo utilizaba.

La testigo Aurelia declaró que llegó en silla. No podía andar. No llevaba muletas. Los familiares dieron patadas, puñetazos en las rejas, asustando a personas mayores que estaban dentro. Una conducta super agresiva a un establecimiento de la tercera edad que estaban bien colectivamente. Está con Joaquina y como ella está así no cree que lo mejor es que presencie eso y se queda en el parque. Lo primero que hizo la compañera es llamarla, que estaba en pánico. No es verdad que empezó a trabajar un mes y medio después. Ya era encargada. A preguntas del Ministerio Fiscal indicó que acudía al hospital a cuidar a Joaquina. No se acuerda de las fechas. Tenía turno de mañana y todo lo que tenía fuera lo cobraba como extra, los paseos, el hospital. Si en su jornada va a al parque no lo cobra, fuera de su jornada sí. Los acompañamientos al hospital normalmente era por la tarde. La persona que la había traído, su sobrina, tenía médicos. Se encontraba mal y ha llamado diciendo si se podía quedar la declarante. Había una doctora que acudía dos veces a la semana y que hacía una planificación de cada persona y además había un fisio que se pagaba a nivel privado pero esta persona tenía obesidad. Venía con obesidad que no podía moverse y no podía la fisio ni levantarla. Habló con Joaquina en el parque un montón de cosas. Le decía que la chica que la cuidaba en Burgos ya no estaban y por eso vino a Madrid. Lloraba a mares y le decía que no sabía qué hacer. Ella estaba coherente. Le contaba cómo conoció a su marido. A preguntas del Letrado de la defensa señaló que es Adelaida la persona que le dijo que se quedase en el hospital. Esta mujer salía con Adelaida, con los nietos, con la mujer del nieto, con la declarante y si no podía con otra compañera. Ella hablaba con normalidad pero había días que estaba con crisis de ansiedad porque si recibes 50 llamadas.

La testigo Casilda, médico en la residencia Fuente del Berro, declaró que trabajó allí 2 años, de 2018 a 2020. Realizó un informe en el que hacía constar depresión, ansiedad, agitación psicomotriz. Para hacer ese informe se guiaron de otros informes y en esos otros venían estos diagnósticos. El Risperdal es un antipsicótico y se prescribe para los que tienen agitación psicomotriz. Era dependiente para todas las actividades diarias: vestir, comer, aseo. Tuvo que haber dado en la escala Bartel un porcentaje bajito, 30 o 40. En el informe de la Princesa aparece deterioro cognitivo 4/5. Estaba en el inicio de moderado. Tenía años de ansiedad, depresión. La instaban a caminar y no quería caminar. Recuerda la inspección. Casualmente estaba en la residencia. Había 10 plazas, 5 eran autónomos y 5 dependientes. A preguntas del Ministerio Fiscal explicó que las pruebas Bartel se realizan cuando reciben un residente, en el primer mes, lo exige la ley. En ese certificado se ha guiado de los informes de Burgos. Recuerda que había un informe o dos de Burgos que salía deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. Fue un informe genérico -el suyo- pero se hizo para comunicar el internamiento. No tenía discapacidad intelectual. Presentaba deterioro cognitivo de leve a moderado. Había tenido un deterioro progresivo desde 2012 y en 2018 un episodio depresivo donde se le recetó Risperdal. El deterioro entiende que es de leve a moderado. La paciente hablaba muy bien. Estaba orientada en el espacio y el tiempo y con agitación psicomotriz. No tenía afectación del lenguaje o la comprensión ni neurológica. Que tengas buena expresión del lenguaje no significa que tengas otras patologías psicológicas. Añadió que el programa de intervención lo realizaba la declarante. La supervisión venía del director y las auxiliares tenían que colaborar. La declarante iba una o dos veces por semana y si se le requería más. Y comprobaba eso.

Interpretadas las anteriores declaraciones en conjunto, vistas en particular las declaraciones del agente del Cuerpo Nacional de Policía y la trabajadora social del hospital de La Princesa, testigos estos objetivos e imparciales, que corroboran lo que las sobrinas de Burgos y la amiga le oyeron a Joaquina en las ocasiones en que pudieron verla en la residencia, concluye la Sala que ciertamente Joaquina no quería estar en la residencia "Fuente del Berro".

Ahora bien, por un lado, no puede esta Sala llegar a la conclusión de que el acusado tuviera conocimiento de que Joaquina no quería estar en la residencia porque, por un lado, el acusado lo negó y así dijo en el plenario que no había oído a Joaquina decir que no quería estar en esa residencia. Por otro lado, ninguna de las empleadas de la residencia dijo que el acusado hubiera oído a Joaquina hacer esa manifestación. Además, se desconoce si el día 31 de marzo de 2019 en el momento del ingreso en la residencia Joaquina dijo al acusado que no quería ingresar en la residencia. Y en cuanto a los días que se personaron las sobrinas de Joaquina de Burgos, quienes accedieron a la residencia dos de los días y no el último, las versiones de las sobrinas y el acusado son contradictorias sobre lo ocurrido y sobre lo que el acusado oyó o pudo oír decir a Joaquina porque las sobrinas han expresado su imposibilidad de acceder y visitar a su tía, señalando que creían que el acusado oyó decir a Joaquina que quería irse de allí. Por el contrario, el 6 de abril cuando acudieron las sobrinas de Burgos el acusado que estaba en la residencia lo que oyó de Joaquina fue chillar que se vaya el pelirrojo, que venga Adelaida y se vaya el pelirrojo según manifestó. Y el 16 de abril, el día que acudió la policía, no oyó decir a Joaquina nada. Las personas que acudieron empezaron a increparle, a insultarle y el acusado les dijo que se tenían que marchar, que era la hora de la comida. El 30 de abril no estaba el acusado en la residencia pero le llamaron diciéndole que había unas personas dando patadas en la puerta. Llegó. Eran las 20 horas. Estaban sentados los residentes para cenar. Dados los acontecimientos si pasan le montan un lío.

Ha de tenerse en cuenta asimismo que en el momento del ingreso, la persona que ingresó a Joaquina fue su sobrina Adelaida que disponía de un poder notarial de 26 de junio de 2017 otorgado por Joaquina a su favor, poder amplio y extenso (acontecimiento 56) y que acompañó un informe médico del Hospital Universitario de Burgos de 20 de febrero de 2019 en el que se diagnosticaba a Joaquina deterioro cognitivo progresivo (acontecimiento 49). Con ello el acusado procedió al ingreso, suscribiéndose el contrato de alojamiento y atención que obra al acontecimiento 542. A la vista de dicho diagnóstico, el acusado el día 3 de abril de 2019 remitió un escrito al Juzgado solicitando autorización para el internamiento involuntario de Joaquina (acontecimiento 49). Correspondiendo el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid (Procedimiento de Internamiento nº 686/2019), por Providencia de 5 de abril de 2019 (acontecimiento 49) se hacía saber a la residencia que el internamiento requería autorización judicial previa al mismo, acordando a su vez de acuerdo con lo dispuesto en el art. 763 de la LEC incoar expediente para la concesión o denegación de la previa autorización necesaria para el internamiento. En ese procedimiento, y tras la correspondiente vista (acontecimiento 511) se dictó finalmente Auto de fecha 25 de junio de 2019 (acontecimientos 1 y 199) en el que se resolvía que teniendo Joaquina capacidad suficiente de discernimiento para decidir en qué residencia querer vivir se consideraba conveniente su internamiento en un recurso residencial adecuado donde pueda recibir la atención y cuidados socio sanitarios que necesita acordando el traslado y posterior internamiento no voluntario adecuado teniendo Joaquina capacidad para decidir en qué residencia. La decisión se basó en el informe forense emitido por la forense Violeta que concluía en los términos indicados, informe en el que se ratificó la forense en el plenario, afirmando que Joaquina no podía vivir sola, que necesitaba ayuda y que tenía capacidad para decidir dónde residir, estando ella de acuerdo en residir en un recurso residencial. Su deterioro era un deterioro cognitivo leve.

Pues bien, si el acusado el día 31 de marzo tuvo en su poder un informe médico de Joaquina con diagnóstico de deterioro cognitivo progresivo, si a la vista de ello solicitó un internamiento no voluntario el 3 de abril (no haciéndolo antes según dijo por no disponer del informe médico original de 20 de febrero de 2019), desconociéndose si entre los días 31 de marzo y 3 de abril Joaquina manifestó al acusado que no quería estar en esa residencia "Fuente del Berro", si después del 5 de abril de 2019, una vez que se acordó incoar el procedimiento (pese a que la autorización debía ser previa) el mismo continuó hasta el dictado del Auto de 25 de junio de 2019, no pudiéndose determinar, por lo dicho, si el acusado oyó decir a Joaquina que no quería estar en su residencia (más allá de oírselo decir a Joaquina en la vista, acontecimiento 511), no puede afirmarse que el acusado tuviera conciencia y voluntad de privar a Joaquina de su libertad de movimientos, de realizar el tipo objetivo de la detención ilegal, esto es, encerrar o detener a Joaquina privándola de esa libertad de movimientos, sucediendo además que las visitas de las sobrinas de Burgos de los días 6 y 16 de abril de 2019 no fueron limitadas por el acusado y si la del 30 de abril lo fue, el acusado actuó atendiendo a las circunstancias del momento, a la actitud de los familiares en ocasiones anteriores y en ese mismo día, según fue informado por el personal de la residencia. Joaquina además era visitada por su sobrina Adelaida y los hijos de esta y salía a pasear con ellos y con empleadas de la residencia, como han declarado.

Por las mismas razones esta Sala considera que de lo practicado en el plenario no se ha evidenciado que el acusado utilizando violencia, esto es, vis compulsiva o intimidatoria sobre Joaquina (cuyo uso no se constata), tuviera por finalidad atentar contra su libertad, visto que, como se decía, se ignora si conocía verdaderamente su deseo, siendo así que actuaba con el convencimiento de que Joaquina padecía un deterioro cognitivo progresivo a resultas del informe médico de 20 de febrero de 2019, deterioro que la médico de la residencia Fuente el Berro, Casilda, comprobó, por lo que solicitó al Juzgado autorización para internamiento no voluntario.

B. DELITO DE LESIONES

El Ministerio Fiscal y la acusación particular formulaban acusación también por un delito de lesiones del art. 147.1 del CP y, en el caso de la acusación particular, alternativamente por delito leve de lesiones del art. 147.2 del CP. A su vez, la acusación particular formulaba acusación por un delito de maltrato habitual del art. 173.2 del CP.

Comencemos por señalar que el art. 147.1 del CP castiga al que "por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental".

En este sentido, consistiendo la acción en causar una lesión (también para el caso del delito leve del art. 147.2 del CP) que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental (que ha de precisar tratamiento médico o quirúrgico en un caso y asistencia facultativa solamente en otro caso), sorprende a esta Sala el hecho de que no se especifican en los escritos de acusación cuáles son las lesiones que sufrió Joaquina en la residencia "Fuente del Berro".

Por un lado, la acusación particular se refería a la causación de "crueles daños y padecimientos por el abandono sufrido y deterioro de su salud", ello durante su estancia en la residencia.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal consideraba en su escrito que "a consecuencia de la estancia de Joaquina en la residencia se produjo un perjuicio para su estado físico con una disminución de su movilidad y también un perjuicio para su estado psíquico encontrándose deprimida por la situación vivida en la residencia de Madrid".

Si bien se habla de deterioro de salud de Joaquina o de perjuicio en su estado físico y psíquico, sin mayor concreción, resulta que no hay en la causa informe forense al respecto. Joaquina no fue explorada por Médico Forense a los efectos de determinar las concretas lesiones físicas o psíquicas que presentaba a consecuencia, en su caso, de su estancia en la residencia "Fuente del Berro".

Es cierto que, a tenor de las declaraciones de las sobrinas y amiga de Joaquina que han depuesto en el plenario, Joaquina se encontraba triste, deprimida -siempre según las manifestaciones de los testigos-, incluso demacrada, según aquellas, despeinada, sin arreglar las uñas. También es cierto que su movilidad se redujo, aun cuando lo cierto es que ingresó en la residencia ya en silla de ruedas. Su audición entonces también estaba limitada pues disponía de audífonos que, como dijo una sobrina, no siempre utilizaba con anterioridad al ingreso en la residencia "Fuente del Berro". Ahora bien, se desconoce si esa tristeza o depresión referida por las testigos o si ese deterioro físico en cuanto a movilidad de extremidades constituye lesión en los términos exigidos por el precepto penal y se desconoce si en caso de serlo esas lesiones fueron causadas por la acción directa de alguien o debidas a su estancia en la residencia por no haber recibido atención adecuada porque no existe informe forense que objetive lesiones y así lo constate.

Desde luego las fotografías obrantes en autos que se visionaron en el juicio (acontecimientos 128 a 133) y la mejora en el estado de Joaquina a raíz de su ingreso en las residencias Plaza Real y Clecevitam, lo que es incuestionable (a la vista de lo declarado por la testigo Celsa, fisioterapeuta en la residencia Plaza Real, que dijo que cuando llegó Joaquina venía en silla de ruedas, no era capaz de ponerse de pie, tenía un poco limitada la movilidad en brazos y la motricidad fina y después con rehabilitación tres días por semana acabó ganando bastante fuerza y andando en paralelas y con andador, aunque seguía yendo en silla; o por la testigo Rosario, directora de la residencia Plaza Real, que dijo que estaba muy desorientada y que cuando se marchó había mejorado a todos los niveles; o por la testigo Marisol, trabajadora social en la residencia Plaza Real, que dijo que Joaquina ingresó en silla de ruedas, no caminaba sola, que cuando ingresó estaba en Clece tenía un estado mejor, seguía en silla de ruedas pero se podía mantener una conversación coherente, con andador podía andar siempre con ayuda) no son suficientes para dar por probado que a raíz del ingreso en la residencia Joaquina sufrió unas lesiones objetivas ni si quiera por comparación con las fotografías obrantes al acontecimiento 95, que en absoluto acreditan lesiones objetivas. Y, por supuesto, no habiendo sido acreditadas lesiones sufridas en la residencia "Fuente del Berro", como se decía, no puede concluirse que esas lesiones fueran causadas por el acusado por sí o por inobservancia de su deber de cuidado o vigilancia en su condición de director de la residencia.

En el mismo sentido ha de concluirse respecto del delito del art. 173.2 del CP al no haberse acreditado el empleo habitual de violencia física o psíquica sobre Joaquina durante su estancia en la residencia "Fuente del Berro".

C. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

En este caso, la acusación particular formulaba acusación por un delito contra la integridad moral del art. 173.1 del CP.

El Tribunal Supremo con relación al mismo en su sentencia nº 227/2021, de 11 de marzo en el primer motivo del 7º de sus F.J:"...El delito contra la integridad moral del artículo 173.1 CP recoge una de las protecciones penales dentro de nuestro Derecho positivo, del derecho reconocido en el artículo 15 de la Constitución , cuando establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". El concepto de trato degradante proviene del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, que, a su vez, tiene como antecedente el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, preceptos que proscriben de manera absoluta los tratos degradantes, entendiendo éstos como aquellos que por su contenido vejatorio o humillante, atenten contra la dignidad de la persona o a su integridad física o moral. ( STS, Sala 5ª, de 20 de septiembre de 2002 ).

Requiere como resultado un grave menoscabo de la integridad moral causado a través de un trato degradante. Se entiende por tal, según la STS de 29 de septiembre de 1998 , " aquel que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso su resistencia física o moral".

La acción típica, pues, consiste en infligir a otra persona un trato degradante, de forma que se siga como resultado y en adecuada relación causal un menoscabo grave de su integridad moral. El núcleo de la descripción típica está integrado por la expresión "trato degradante" que, -en cierta opinión doctrinal- parece presuponer una cierta permanencia, o al menos repetición, del comportamiento degradante, pues en otro caso no habría "trato" sino simplemente ataque; no obstante ello, no debe encontrarse obstáculo, antes bien parece ajustarse más a la previsión típica, para estimar cometido el delito a partir de una conducta única y puntual, siempre que en ella se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el precepto; es decir, un solo acto, si se prueba brutal, cruel o humillante, puede ser calificado de degradante si tiene intensidad suficiente para ello.

Por lo que hace referencia al resultado, se precisará un menoscabo de la integridad moral, como bien jurídico protegido por la norma y que se configura como valor autónomo, independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad o al honor, radicando su esencia en la necesidad de proteger la inviolabilidad de la persona. Se trata de someter a la víctima, de forma intencionada, a una situación degradante de humillación e indigna para la persona humana. ( STS nº 1061/2009, de 26 de octubre y STS nº 86/2020, de 3 de marzo )".

Indicando en su sentencia n.º 1023/2021, de 17 de enero , la cual a su vez cita, entre otras, la nº 213/2005, de 22 de febrero: "...De acuerdo con lo expuesto la integridad moral estaría compuesta por vía negativa por elementos subjetivos, tales como los constituidos por la humillación o vejación sufrida por la víctima que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de su dignidad, pudiendo, además, concurrir la nota del dolor físico, y también por elementos objetivos en referencia a la forma y modo en que se produce el ataque.

Ciertamente la descripción típica está formulada en términos amplios que rozan por su imprecisión descriptiva con el principio de taxatividad penal.

En todo caso la nota que puede delimitar y situar la conducta dentro de la órbita penal radica, por paradójico que parezca, en un límite que es a su vez difuso, nos referimos a la nota de la gravedad "....menoscabando gravemente su integridad moral....", nos dice el art. 173 del Código Penal , esta exigencia de gravedad, deja claro que no todo trato degradante será típico conforme al art. 173, sino sólo los más lesivos, ello nos reenvía a la práctica jurisdiccional de los Tribunales Internacionales y de la Jurisdicción interna.

De ello se derivarían como elementos que conforman el concepto de atentado contra la integridad moral los siguientes - STS 294/2003 de 16 de abril -:

a) Un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo.

b) La concurrencia de un padecimiento físico o psíquico.

c) Que el comportamiento sea degradante o humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la persona-víctima".

Valoración de la prueba

Sentado lo anterior, analizada y valorada la prueba, la Sala ha de concluir que no ha sido probado un comportamiento humillante o vejatorio sobre Joaquina que menoscabase su dignidad.

Consta acreditado que la residencia "Fuente del Berro" era una residencia que contaba con 10 plazas y, esto ya implica por lógica que los servicios con los que contaba no podían ser los que luego encontró Joaquina en residencias como Plaza Real o Clecevitam. Ciertamente la residencia no contaba con gimnasio o sala para fisioterapia o actividades lúdicas. Disponía de una sala que era comedor y sala de estar y contaba con cinco habitaciones dobles y tres baños exteriores. Así resulta del informe derivado de la visita de inspección realizada por la Consejería de políticas sociales y familias e igualdad y natalidad de la Comunidad de Madrid de 18 de junio de 2019 (acontecimiento 71). El resultado de esa inspección fue un requerimiento de subsanación para garantizar una adecuada organización higiénico sanitaria de los útiles de aseo así como su identificación y la de la lencería de aseo personal de los usuarios, para garantizar el derecho de la persona usuaria a su máxima intimidad personal, para garantizar el mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones y se instaba a disponer de programación anual de actividades y personal cualificado para ello.

Aun con estas deficiencias, y pese a que la residencia podía no disponer de lo que Joaquina o sus familiares entendían como adecuado para ella teniendo en cuenta que tenía recursos económicos para otro tipo de residencia, lo relevante penalmente es si en la residencia recibió un trato degradante o humillante o vejatorio grave afectante a su dignidad. En este sentido, las sobrinas y amiga que acudieron a la residencia y que han depuesto en el plenario vieron a Joaquina en la residencia en tres ocasiones en el mes de abril. Cuando acudieron, Joaquina estaba en la sala de estar y en dicho lugar había otros residentes o usuarios, algunos de los cuales eran dependientes, incluso con deterioro cognitivo, lo que explica lo que han relatado. Es de entender que esto llamara su atención, les "impactara" como se ha llegado a decir. Pero esta circunstancia no constituye la conducta que el tipo penal exige. Y desde luego en esas ocasiones ninguno de ellos presenció un maltrato por parte del personal de la residencia hacia Joaquina o un comportamiento indigno. Tampoco consta que se produjera en otros momentos.

Igualmente es probable que Joaquina no recibiera servicio de peluquería, de uñas o podología y que ello llamara la atención de las sobrinas que la encontraron desaliñada pero ello no constituye trato denigrante.

Es probable que Joaquina no recibiera fisioterapia, pero Joaquina salía a pasear y lo hacía con Adelaida o sus hijos o con Aurelia, como esta declaró.

En definitiva, valorada la prueba practicada en el plenario, no resultan probados los elementos del delito contra la integridad moral contra la integridad moral como se decía.

D. DELITO DE ESTAFA

Por último, las acusaciones formulaban acusación por un delito de estafa de los art. 248, 249 y 250.1.6º del CP o alternativamente un delito de apropiación indebida del art. 253 del CP en relación con el art. 74 del CP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal ,cometen estafa, quiénes con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Por tanto, y según doctrina jurisprudencial, los elementos del delito de estafa son:

1º) un engaño precedente o concurrente, verdadero elemento nuclear del delito, que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error del sujeto pasivo;

2º) dicho engaño ha de ser bastante para la efectiva consumación del fin propuesto, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes, añadiendo la jurisprudencia que dicha maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia;

3º) la producción del error esencial en el sujeto pasivo, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial;

4º) el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, consecuencia del error señalado;

5º) el ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, es decir, el propósito por parte del sujeto pasivo de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente al perjuicio causado y

6º) la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

Entre cada uno de los requisitos establecidos ha de sustanciarse una adecuada relación de causalidad, de manera que el engaño sea causal al error y éste al desplazamiento económico y causal al perjuicio.

El delito de estafa exige que haya una verdadera acción engañosa, precedente o concurrente, que viene a constituir su ratio essendi, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro); que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo; que en virtud de ese error dicho sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero; y que por consiguiente exista relación de causalidad entre el engaño de una parte, y el acto dispositivo y perjuicio de otra.

Por lo que respecta al delito de apropiación indebida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 253 del Código Penal ,cometen apropiación indebida "los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para si o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o custodia, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o nieguen haberlos recibido".

Como recuerda la STS de 14/10/2005 : "Una reiterada doctrina jurisprudencial en relación al delito de apropiación indebida, exige que se den los siguientes requisitos:

a) Una posesión legítima inicial por parte del sujeto activo que recibe dinero u otra cosa mueble.

b) Que el título en cuya virtud ha adquirido ese dinero u objetos, conlleve la obligación de entregarlo o devolverlo a su legítimo titular.

c) Un acto de disposición del sujeto activo que torciendo el inicial destino de lo que había recibido, dispone de ello.

d) Y un elemento interno, subjetivo, constituido por el ánimo de lucro que se evidencia en la conciencia y voluntad del agente de disponer en su propio beneficio de tales efectos".

El Tribunal Supremo, en cuanto a las diferencias entre el delito de estafa y el delito de apropiación indebida, señala entre otras en las Sentencias 104/2012, de 23 de febrero y 236/2012 de 22 de marzo que, aun cuando el delito de apropiación indebida coincide con el de estafa en el resultado, o sea, en que hay un enriquecimiento a costa del perjuicio de un patrimonio ajeno, sin embargo hay entre ambos una diferencia sustancial respecto al dolo específico de los mismos, pues mientras en la estafa, consiste en el empleo de maquinaciones engañosas para sorprender la buena fe y la credibilidad del sujeto pasivo, en la apropiación indebida no es el engaño, sino el abuso de confianza que aquél deposito en el autor del delito.

Por tanto, el delito de apropiación indebida no requiere del engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva, sino que la intención lucrativa surge después de tener el sujeto activo del delito la cosa en su poder que en su día le entregó sin engaño de la otra parte, esto es, el propietario confía la posesión al receptor por su libre voluntad y consentimiento no viciado, o sea legítimamente, aunque después de recibirla el receptor quebrante la relación de confianza y el convenio establecido entre ambos por actos ilícitos unilaterales de propia autoridad, convirtiendo antijurídicamente tal posesión en propio y autónomo dominio o disponiendo de la misma como dueño para un destino distinto del pactado en provecho propio, o de otras personas, por lo que el engaño no puede reputarse como elemento constitutivo de este delito.

Valoración de la prueba

De la prueba documental obrante en autos consta que el importe mensual a abonar a la residencia, según contrato de 31 de marzo de 2019, era de 1.700 euros, debiendo abonarse aparte los servicios de acompañamiento y otros (contrato al acontecimiento 542). Efectivamente se realizaron transferencias desde la cuenta de Joaquina del Banco de Santander a la residencia el 22 de marzo de 2019 por importe de 2200 euros, los días 2 y 17 de mayo de 2019 por importe cada una de 1700 euros, el 3 de junio de 2019 por importe de 1700 euros y el 1 de julio de 2019 por importe de 1700 euros. Además se abonaron recibos el 29 de abril de 2019 por importe de 1768 euros, el 30 de mayo de 2019 por importes de 612 euros, 133,68 euros y 1901,13 euros, el 28 de junio de 2019 por importes de 143,13 euros, 360 euros y 3380 euros. Ello supone un total de 17.297,94 euros, si bien como se devolvieron diversos recibos (por importe de 8200 euros), el total percibido por la residencia fue de 9067,30 euros.

Así consta en la documental aportada por la acusación particular al acontecimiento 194.

Desde luego si Joaquina estuvo ingresada en la residencia "Fuente del Berro" el importe de la residencia debía abonarse conforme al contrato. Si los servicios extra se abonaban aparte y esos servicios se prestaron, esos servicios debían abonarse igualmente. En este sentido consta que Joaquina salía a pasear todos los días y que lo hacía acompañada en muchas ocasiones por Aurelia, quien a su vez acompañó a Joaquina durante toda su estancia en el Hospital de la Princesa desde el 15 de junio de 2019. El acusado explicó igualmente que salía a pasear acompañada por personal de la residencia, igual que estuvo acompañada en su estancia en el hospital de La Princesa.

Como quiera que el día 31 de marzo de 2019 Adelaida ingresó a Joaquina en la residencia "Fuente del Berro", suscribiéndose el correspondiente contrato (acontecimiento 542) con el acusado como director de la residencia y Joaquina permaneció en ella hasta el 27 de junio de 2019 no se colige la existencia de engaño previo o coetáneo por parte del acusado que indique su intención de no cumplir sus obligaciones, las cuales en cuanto a alojamiento y servicios derivados de ello se cumplieron. Tampoco se infiere ese engaño del hecho de girar recibos mensuales duplicados o por servicios extras no prestados. Por un lado, se desconoce si el acusado intervenía en la contabilidad personalmente girando los recibos como se desconoce si se giraron por indicación de Adelaida. Y por otro lado, no se ha probado que no se prestaran servicios de acompañamiento. No podemos afirmar, en consecuencia, que estemos más allá de lo que sería un mero incumplimiento de contrato.

En el mismo sentido ha de concluirse en relación con el delito de apropiación indebida al no quedar acreditado un ánimo de apropiación y lucro de cantidades percibidas por virtud del contrato de alojamiento y atención en la residencia que no fueran debidas en virtud de dicho contrato, más allá de lo que constituiría un incumplimiento de contrato, en su caso.

Desde luego no puede aducirse una connivencia del acusado con la sobrina de Joaquina, Adelaida, como se indicaba, porque no ha resultado ello de la prueba practicada en el plenario, no habiendo podido prestar declaración Adelaida, fallecida en la actualidad. Y declarada extinguida su responsabilidad criminal por fallecimiento, no es posible enjuiciar su actuación y/o participación en los hechos.

TERCERO.En virtud de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsable de todo delito o falta, debiendo en este caso, declararse de oficio dado el pronunciamiento absolutorio.

Conforme a los preceptos citados y a las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, administrando justicia en nombre del Rey.