Sentencia Penal 169/2025 Audiencia Provincial Penal de Burgos nº 1, Rec. 160/2024 de 22 de mayo del 2025

PRIMERO.- Recaída sentencia con los pronunciamientos recogidos en los antecedentes de hecho de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por Genaro alegando, en primer lugar, nulidad de la sentencia por error en la valoración de la prueba respecto los pronunciamientos absolutorios de Juan María Remigio, Héctor y Eleuterio.

Se alega, en segundo lugar, error en la valoración de la prueba con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro-reo por la condena por el delito de lesiones del artículo 147.1 del CP.

SEGUNDO.- El art. 790.1 de la LECr. , introducido por la Ley 41/2015, ha dispuesto el régimen de apelación de las sentencias absolutorias previendo no la repetición del juicio ni la audiencia en segunda instancia del acusado, sino la posibilidad de articular una causa de nulidad: "Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria (...) será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada " Y el art. 792.2 dispone que: " La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa."

Como señala la SAP OU 272/2025 de 18 de marzo "para que la sentencia absolutoria pueda ser anulada en apelación ha de estar incursa en alguno de los motivos del párrafo tercero del art. 790.2, es decir, la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada. Estos graves defectos motivacionales tasados por el legislador en el transcrito art. 790.2 párrafo tercero van más allá del clásico error en la apreciación de la prueba. A su vez la anulación ha de venir determinada por los propios razonamientos de la sentencia apelada, y no por hipótesis alternativas de razonabilidad. De manera que, si la sentencia ofrece unos argumentos factibles de razonabilidad analizando los medios de prueba practicados en el juicio, no cabe la anulación."

La STS nº 701/2017, de 25 de octubre nos dice que "cuando de sentencias absolutorias se trata, ese control de la valoración, si no se da aquel componente de arbitrariedad, no puede amparar el reclamo de que se apadrinen conclusiones de valoración como fundamento de una condena pretendida pero no recaída, pretensión que se asemeja más a la denuncia de vulneración de una inaceptable presunción de inocencia invertida. Y es que no existe el derecho a la condena, como sí existe el derecho de libertad que implica la absolución, cuando el resultado probatorio lleva al espacio de la duda, incluso siendo razonable la conclusión pretendida por la parte que insta la condena."

Por su parte, el Pleno del Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia nº 72/2024 de 7 de mayo dice literalmente: "En conclusión, para desarrollar la tarea de control de la racionalidad y suficiencia de la decisión absolutoria al amparo de una causa de recurso que permita controvertir el juicio fáctico de la instancia en que se basa la absolución, el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas: el vicio de justificación que posibilita la anulación de la sentencia absolutoria con fundamento en una eventual vulneración de la interdicción de la arbitrariedad como garantía constitucional esencial de las acusaciones reconocida en el art. 24.1 CE , debe emerger del texto de la decisión, confrontado con el desarrollo del juicio y la prueba documental que a él ha accedido, que siempre puede ser tomada en consideración a estos efectos ( STC 120/2009, de 18 de mayo , FJ 4). Todo ello sin perjuicio de que las omisiones valorativas probatoriamente relevantes denunciadas por la acusación sean verificadas por el órgano revisor, en todo caso, sin prejuzgar el resultado de un nuevo enjuiciamiento. El control que es posible en apelación para controvertir el juicio fáctico de una sentencia absolutoria no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado."

Vista la doctrina y jurisprudencia expuesta no nos corresponde revaluar las pruebas sino examinar la corrección de la motivación de la sentencia en orden a esa apreciación de la prueba y concluimos que el recurso interpuesto no puede prosperar, ya que sentencia recurrida, en su fundamento de derecho segundo hace un examen detenido de las pruebas practicadas en la vista oral y de la documental obrante en las actuaciones y no apreciamos un apartamiento irrazonable y arbitrario en la valoración de la prueba practicada que justifique pueda anular dicha resolución y nos encontramos en ninguno de los supuestos que taxativamente señala el artículo 790.2 de la L.E.Cr., pues sus conclusiones pueden ser o no compartidas, pero no pueden ser tachadas de ilógicas, irracionales o que se aparten de las máximas de la experiencia.

Recoge la SAP CC 343/2025 de 17 de marzo que "el canon de razonabilidad en la valoración de la prueba tiene un margen de amplitud difícil de precisar, pero, en cualquier caso, y dado el carácter excepcional que se atribuye a la nulidad, parece necesario partir de la premisa de que no comprende la simple discrepancia valorativa. Supuestos de irracionalidad en la valoración de la prueba aptos para anular una sentencia absolutoria son aquellos en los que la falta de lógica del razonamiento «adquiera entidad para vulnerar la tutela judicial efectiva de quien reivindica la condena», siendo distintos los parámetros para determinar una supuesta arbitrariedad en los casos de absolución que ante una sentencia condenatoria dada la asimetría que existe a la hora de valorar en segunda instancia esa arbitrariedad en la valoración de la prueba, pues lo contrario supondría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia probatoria, en sentido objetivo, como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable ( STS n.º 397/2015, de 29 de mayo o 865/2015 de 14 de enero de 2016 )."

El Juzgador de Instancia razona y fundamenta porqué llega a la conclusión de que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de Juan María ni de Héctor, Remigio ni de Eleuterio. Sin ser un hecho controvertido que Genaro sufrió lesiones, considera el Juzgador que las declaraciones de los coacusados, de los Agentes de Policía Local intervinientes afirmado que no hizo referencia ante la fuerza policial que Juan María fuera el autor de sus lesiones así como el reconocimiento por parte de Genaro de que fue agredido también por otras personas, sin identificar qué personas fueron, generan dudas sobre la autoría de las mismas, dudas que deben de resolverse en favor de Juan María, de Héctor, Remigio y de Eleuterio.

No encontramos razones que permitan a este Tribunal modificar la valoración de la prueba practicada, pues tal valoración no aparece carente de soporte ni tampoco se aprecia en ella ningún error claro y diáfano y debe respetarse la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad.

Señala el recurrente que se omiten por el Juzgador las declaraciones de Don Teofilo y de Aurelio, testigos que no tienen relación de amistad con las partes, ni la de Vicenta, sin embargo, de la resolución recurrida resulta que se han valorado todas y cada una de las pruebas practicadas en el plenario, exponiendo el resultado y valoración en relación con el resto del material probatorio.

Es importante tener en cuenta que este motivo de nulidad no ha de identificarse con el de un razonamiento insuficiente o inadecuado sobre una prueba practicada si no que debe tratarse de una ausencia total de razonamiento. Aun cuando no se hace referencia expresa a dichos testigos, el análisis de la prueba testifical, mencionado expresamente a otros testigos y refiriéndose a "diferentes testimonios"implica que se ha llevado a cabo una valoración conjunta de toda la prueba testifical, señalando incluso el magistrado de instancia que no existen otras pruebas testificales que le permitan llegar a una conclusión distinta de la absolutoria.

Como hemos indicado, la sentencia impugnada efectúa un pormenorizado análisis de la prueba personal practicada, confrontando las diversas versiones mantenidas por los testigos y acusados y con la prueba documental y concluye esta Sala que la valoración judicial de instancia no es arbitraria, ilógica, irrazonable ni absurda, ni es un análisis valorativo injustificado o que no atienda a la prueba desarrollada. Es por ello que debemos desestimar del recurso de apelación interpuesto en cuanto al pronunciamiento absolutorio.

TERCERO.-Por lo que respeta a la alegación de error en la valoración de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia e in dubio pro pero por el pronunciamiento condenatorio, hay que tener en cuenta que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 C.E., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, según recoge el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial. En consecuencia, "el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular, pues de aquellos Tratados Internaciones no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo, suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal."

Procede, pues, analizar: A).- Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente. B).- Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y a cada medio de prueba (prueba lícita) y C).- Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente). Además, esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba, ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" a favor del acusado ( STS 97/2012, de 24/02, y más recientemente en las STS de 9 y 11/03/2020 y 681/2019 de 28/01).

Respecto al error en la valoración de la prueba, como tiene reiteradamente expresada la jurisprudencia, "cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de instancia, en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se haya celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos, ventajas de las que, por el contrario, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y plenamente compatible con los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, imponiéndose una especial prudencia y moderación en el uso de esta facultad revisora.

La sentencia recurrida considera que existe prueba de cago suficiente para considerar a Genaro autor de las lesiones sufridas por Juan María y para ello se basa en la prueba personal de la declaración del lesionado, en el atestado instruido, en la documental médica e informe médico forense y en la declaración de los coacusados y de los testigos Cipriano, Margarita y Demetrio.

Visto lo actuado, esta sala no encuentra razones para modificar la valoración de la prueba practicada, ya que no está carente de soporte ni observamos error alguno, debiendo respetarse la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio.

Es sabido que la fijación de los hechos llevada a cabo por la sentencia recurrida ha de servir de punto de partida para el órgano de apelación y solo podrá rectificarse en los siguientes casos: 1º) Por inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba. 2º) Porque el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio. 3º) Porque resulte desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia. Más concretamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de la prueba que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia o que haya existido en la valoración de la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo ( STS 2/2/94) y este error debe resultar del contenido de los documentos analizados o de la incorrecta valoración de las declaraciones. Tampoco debe obviarse que, la valoración de la prueba personal corresponde al tribunal de instancia que, con vigencia de los principios que rigen la celebración del juicio y la práctica de la prueba, oye lo que los testigos disponen sobre los hechos percibidos sensorialmente y también aprecia su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que trasmite, en definitiva todo lo que rodea una declaración y que la hace creíble, o no, para formar la convicción judicial.

Como declara de manera retirada la jurisprudencia, la inmediación es el presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del juez o tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él, no puede ser sustituida por la de otro tribunal que no las haya presenciado, salvo casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida ( STS 644/2018, de 13 de diciembre; y 462/2017, de 21 de junio).

Por todo lo expuesto, no apreciándose por esta Sala ningún error en la valoración probatoria, deben desestimarse los motivos de apelación esgrimidos.

TERCERO.-Ante la desestimación en su totalidad del recurso de apelación interpuesto por Genaro confirmándose en su integridad la sentencia recurrida, de conformidad con lo preceptuado en el art. 239 de la L.E.Cr. "en los autos o sentencias que pongan término a la causa o cualquiera de los incidentes deberán resolverse sobre el pago de las costas procesales"; procede la imposición por ello al recurrente de las costas causadas en esta alzada, conforme preceptúa el art. 901 de la L.E.Cr., aplicado analógicamente, al haberse desestimado el recurso de Apelación entablado.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.