Sentencia Penal 54/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 1594/2024 de 24 de febrero del 2025

PRIMERO.- Comenzando por la apelación del acusado-condenado D. Alonso, impugna su defensa la sentencia de instancia por infracción de la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba, del principio in dubio pro reo, y por infracción del principio de legalidad penal considerando que los hechos serían a los sumo constitutivos de un delito leve de apropiación indebida.

Recuerda la STS 431/2020, de 9 de septiembre-, que "la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano "ad quem" no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero)."

La STS 338/2019, de 3 de julio recuerda asimismo que no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hace de toda la prueba practicada por la valoración que realiza cada parte recurrente, función que corresponde al juez a quo y no a las partes ( STS 7 de octubre de 1997 ), habida cuenta la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los órganos judiciales, por ser más objetiva que la de las partes en defensa de sus particulares intereses ( STS 1 de marzo de 1994 ). Se insiste, así, por la doctrina jurisprudencial que las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba ( STS 25 de enero de 1993 ) en valoración conjunta ( STS 30 de arzo de 1988 ), y con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia a efectos de cualquier recurso. El juzgador que recibe la prueba pueda valorarla de forma libre, aunque nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencias o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

Desde otro punto de vista también viene sosteniendo la jurisprudencia - STS 112/2019, de 5 de marzo, entre otras-, que el derecho a la presunción de inocencia se configura como una regla de juicio que impide una condena que no se apoye en pruebas de cargo válidas, rodeadas de las garantías esenciales y referidas a todos y cada uno de los elementos del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y la participación en ellos del acusado. Se vulnera tal derecho si se condena pese a la ausencia de pruebas de cargo válidas, motivadas, suficientes y concluyentes (entre muchas otras, SSTC 68/2010, de 18 de octubre - Fundamento Jurídico Cuarto -; 107/2011, de 20 de junio - Fundamento Jurídico Cuarto -, 111/2011, de 4 de julio - Fundamento Jurídico Sexto a )-, 126/2011, de 18 de julio - Fundamento Jurídico Vigésimo Primero a )- ó 16/2012, de 13 de febrero ).

Recordemos también - STS 561/2018, de 15 de noviembre-, como en materia de carga de la prueba tiene declarado este Tribunal (S. 28/01/1991) que "si bien como es obvio y se ha dicho reiteradamente la presunción de inocencia produce el efecto de desplazar la carga de la prueba de la culpabilidad hacia la parte acusadora, no menos cierto resulta que acreditado un comportamiento antijurídico corresponda a la parte que trata de justificar su inexistencia la correspondiente al hecho impeditivo introducido en el proceso como justificante de aquél".

Y como señala la STS de 23 de abril de 2013, "La carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos. Es cierto que una cosa es el hecho negativo y otra distinta el impeditivo, pues no es lo mismo la negación de los hechos que debe probar la acusación, que la introducción de un hecho, que aún acreditados aquellos impide los efectos punitivos, pues esto debe probarlo quien lo alega ya que el equilibrio procesal de las partes impone a cada una el onus probandi de aquello que pretende aportar al proceso, de modo que probados los hechos y la participación del acusado, que es la carga probatoria que recae sobre la acusación, dicha carga se traslada a aquel cuando sea él quien alegue hechos o extremos que eliminan la antijuricidad, la culpabilidad o cualquier otro elemento excluyente de la culpabilidad por los hechos típicos que se probasen por él cometidos".

SEGUNDO.- Dicho esto, ni se aprecia ningún error en la valoración de las pruebas ni la invocada infracción de la presunción de inocencia, ni el in dubio pro reo. Se cuenta con la declaración del perjudicado que sin motivo alguno para inventarse los hechos, denuncia haber sufrido una inopinada agresión de un individuo, hasta tal punto que llegó a perder la consciencia, echando en falta cuando logra recuperarse determinados efectos, habiendo quedado perfectamente acreditado a la vista de la investigación policial, que recabase cámaras de seguridad de determinados establecimientos, ratificándose en todo ello en el plenario los policías que la llevasen a cabo, la plena identificación del ahora apelante como el individuo que realizó determinadas compras utilizando la tarjeta del denunciante, y que éste denunciase como sustraída justamente tras la agresión, habiendo admitido dicho acusado su presencia en el lugar, que tuviese un enfrentamiento físico con el denunciante, así como que se llevase cuanto menos la tarjeta de crédito del mismo y que efectuase esas compras. El Juez de instancia valora en tal sentido una declaración persistente y sin contradicciones de la víctima que ningún interés advierte que tuviese en inventarse una denuncia falsa, que además presenta un resultado lesivo absolutamente congruente con la agresión que afirma haber sufrido, constando a folios 72 a 75 el correspondiente parte médico de asistencia emitido poco tiempo después a los hechos, sin que se constate en el mismo ningún tipo de intoxicación etílica. Y en el juicio analítico de la prueba, contrasta esas manifestaciones con la declaración natural y legítimamente exculpatoria del acusado, que negando el robo, admite que tuviese una pelea con el denunciante, al que le atribuye haber sido el origen de la misma por estar en estado de intoxicación etílica, reconociendo no obstante que encontrase una tarjeta de crédito en el suelo tras esa pelea, y se la llevase con su pareja Claudia, comprando esa noche con ella en diversos establecimientos. Por más que la presunción de inocencia confiera a todo acusado el derecho a no ser condenado si no se practica prueba de cargo suficiente para ello en un juicio contradictorio, ello no significa atribuir a ese derecho fundamental, que alcanza a no declarar si no quiere, e incluso a dar su versión de los hechos, una fuerza expansiva que destruya todo juicio racional sobre la prueba de cargo priorizando en todo caso la alternativa fáctica que expone el acusado.

Desde esta perspectiva, entre lo declarado por la víctima corroborado por los partes de asistencia médica, y la versión del acusado, carente de todo sentido racional en lo relativo a coger del suelo una tarjeta de crédito que necesariamente sabe que es ajena comprando en diversos establecimientos con ella, hemos de reconocer que la convicción del Juzgador de atribuir a las manifestaciones de la misma en ese escenario probatorio plena fuerza para desvirtuar la presunción de inocencia, no deja de ser un resultado razonable y razonado de un juicio ponderado de la función jurisdiccional.

Con todo, lo esencial es analizar si la prueba pretendidamente de cargo en la que ha sustentado la Juez a quo su convicción de condena es suficiente para ello, y si ha exteriorizado un razonamiento objetivamente aceptable desde la perspectiva de los principios que rigen la prueba en el proceso penal, procediendo tal razonamiento de quién ejerce una función constitucional con absoluta imparcialidad. No se trata tanto de considerar la convicción del juzgador de instancia como un dogma de fe, sino de analizar las explicaciones que haya dado para justificar su íntima convicción, de tal modo que su razonamiento se sustente en prueba practicada debidamente en el plenario, y se asiente en criterios de apreciación objetivamente aceptables.

Por todo lo anterior, la apreciación probatoria que realizara el Juez a quo, sobre la base de toda esa prueba ante él practicada con sujeción a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, inmediación de la que por otra parte carece esta Sala, se ajusta a parámetros objetivamente aceptables, y no apreciando razonamientos absurdos, arbitrarios ni manifiestamente erróneos, se ha de rechazar este motivo de recurso.

Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto del material probatorio practicado en el juicio oral, el Juez ha llegado a una conclusión lógica que expone, luego debe concluirse que ha existido prueba de cargo utilizada en la sentencia para condenar (prueba existente); tal prueba fue traída al proceso con observancia de las normas legales y constitucionales, y fue practicada en el plenario con las garantías propias de este acto solemne (prueba licita), y ha de considerarse bastante para justificar ese aspecto fáctico de la condena aquí recurrida, como se acaba de exponer a propósito de la prueba practicada sobre la forma en que ocurrieron los hechos (prueba razonablemente suficiente).

TERCERO.- Y en cuanto al principio in dubio pro reo - STS 607/2009, de 19 de mayo- no se vulnera cuando la parte recurrente considera, según su personal y lógicamente interesada valoración de las pruebas, que sus resultados son contradictorios y dudosos, sino cuando en la valoración de las pruebas por el Tribunal éste manifiesta sus dudas y las resuelve en contra del reo. El "dubio" que necesariamente ha de resolverse en sentido favorable al acusado es el del Tribunal que juzga, no el de la parte que recurre. En este caso el Tribunal en su razonamiento no manifiesta dudas valorativas y por consiguiente no ha infringido el principio "in dubio pro reo".

CUARTO.- Y en relación a que los hechos solo son constitutivos de un delito de apropiación indebida, la infracción del principio de legalidad penal impone que los hechos probados no se adecúen al delito o delitos apreciados por el Juzgador, sino que o sean atípicos o constitutivos de delito de otra naturaleza. Y en el caso presente, no es necesario realizar ningún esfuerzo argumentativo para hallar en los hechos probados por la sentencia recurrida, todos y cada uno de los elementos normativos de los apreciados delitos de robo con violencia, estafa y delito leve de lesiones, razón por la cuál carece de todo sentido este motivo de impugnación, rechazando íntegramente el recurso del Sr. Alonso.

QUINTO.- Menos fundamento si cabe tiene la apelación de Dña Claudia, que se sustancia en dos direcciones: la supuesta infracción del derecho de defensa porque no declarase ante la policía en presencia de Letrado; y de otro lado que los hechos que se le atribuyen solo son constitutivos de delito leve de estafa en función de la cuantía, que no rebasa los 400 €.

Respecto de lo primero, recuerda la STS 68/2022, de 27 de enero que "El Tribunal Constitucional tiene reiteradamente establecido en relación con el derecho fundamental a no padecer indefensión ( artículo 24.1 CE) , por un lado, que la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Y, por otro, que para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el artículo 24.1 CE, se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional (por todas, SSTC 12/201 de 28 de febrero y 127/2011 de 18 de julio).".

Por su parte, recuerda el Tribunal Constitucional en su sentencia 208/2007, de 24 de septiembre como "... la asistencia letrada sólo es constitucionalmente imprescindible en la detención y en la prueba sumarial anticipada (...) en los demás actos procesales y con independencia de que se le haya de proveer de Abogado al preso y de que el Abogado defensor pueda libremente participar en las diligencias sumariales, con las únicas limitaciones derivadas del secreto instructorio, la intervención del defensor no deviene obligatoria hasta el punto de que hayan de estimarse nulas, por infracción del derecho de defensa, tales diligencias por la sola circunstancia de la inasistencia del Abogado defensor ( SSTC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2 ; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 2 ; 38/2003, de 27 de febrero , FJ 5). Por otra parte, y desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la defensa consagrados en el art. 24.2 CE , las irregularidades en la declaración policial que se denuncian y, en concreto, la ausencia de lectura de derechos, asistencia letrada e intérprete, sólo podrán ser relevantes en la medida en que generen indefensión material (por todas, SSTC 94/1983, de 14 de noviembre, FJ 4 ; 70/2002, de 3 de abril , FJ 3)."

En el mismo sentido expone el auto del Tribunal Constitucional 337/2005, de 26 de septiembre, con cita de su sentencia núm. 38/2003, de 28 de febrero, que "si bien la Constitución garantiza la asistencia del Abogado (artículos 17.3 y 24 ) en todas las diligencias policiales y judiciales, de ello no se deriva "la necesaria e ineludible asistencia del defensor a todos y cada uno de los actos instructorios" ( SSTC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2 , y 229/1999, de 13 de diciembre , FJ 2). En particular este Tribunal ha reclamado dicha intervención sólo "en la detención ( SSTC 42/1982 , 47/1986 , 196/1987 y 66/1989 ) y en la prueba sumarial anticipada ( SSTC 150/1989 , 182/1989 , 217/1989 , 59/1991 y 80/1991 ), actos procesales en los que, bien sea por requerirlo así expresamente la Constitución, bien por la necesidad de dar cumplimiento efectivo a la presunción de inocencia, el ordenamiento procesal ha de garantizar la contradicción entre las partes" ( STC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2). En consecuencia, "en los demás actos procesales y con independencia de que se haya de proveer de Abogado al preso y de que el Abogado defensor pueda libremente participar en las diligencias sumariales, con las únicas limitaciones derivadas del secreto instructorio, la intervención del defensor no deviene obligatoria hasta el punto de que hayan de estimarse nulas, por infracción del derecho de defensa, tales diligencias por la sola circunstancia de la inasistencia del Abogado defensor" ( SSTC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2 , y 229/1999, de 13 de diciembre , FJ 2)."

Igualmente explica el Tribunal Constitucional en el auto 108/1999, de 28 de abril , que "la verificación de defectos procesales no genera de forma automática la lesión de derechos constitucionales si no ha producido indefensión material ( SSTC 155/1988 , fundamento jurídico 4º, 112/1989 , fundamento jurídico 2º, STC 121/1995 , fundamento jurídico 3º, 126/1991 , fundamento jurídico 5º, 62/1998, en su fundamento jurídico 3º)". De la misma forma en la STC Sala 1ª, S 21-04-1986, nº 47/1986, rec. 340/1985 ha entendido que "... si la irregularidad no se ha invocado en su momento, la falta de asistencia letrada en la declaración policial sólo podría ser relevante en la medida en que hubiese determinado la indefensión posterior".

En el caso presente, la ahora apelante no fue detenida, se le informó de sus derechos al ser citada de comparecencia, y no consta que solicitase Letrado para que le asistiese en una declaración en que inicialmente se le imputaba un delito leve (folios 28 y 29). Pero es que aun cuando luego es condenada por delito menos grave, y se pudiere considerar una irregularidad esa declaración, cuando declara a presencia judicial (folio 81), en tal caso en presencia de su abogado, aunque se acoge a su derecho a no declarar, libremente se ratifica en su declaración ante la policía, a lo que debe añadirse que no se ha valorado en ningún caso como prueba de cargo ese testimonio policial, más allá de ser recordada por lo que dijese ante la policía, y en que lejos de acogerse a su derecho a no responder a esa pregunta, da por bueno lo que manifestase entonces, de modo que carece de todo sentido razonable atribuir a esa eventual irregularidad, que ni siquiera apreciamos, de declarar sin Letrado ante la policía no estando detenida y atribuyéndosele un delito leve, previa información de sus derechos, una indefensión material que deba tener como consecuencia desactivar la prueba de cargo absolutamente desconectada de todo ello y que se ha practicado en el juicio oral con pleno sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación.

SEXTO.- Finalmente, cuestiona el juico de tipicidad alegando que por no sobrepasar los 400 € estaríamos ante un delito leve, más obvia la defensa la reforma en el CP por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, vigente en la fecha de los hechos, pues entró en vigor el 23 de enero de 2023, en el art. 249, y que castiga con pena de prisión de seis meses a tres años, con independencia de la cuantía defraudada, a "a) Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que, utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

2. Con la misma pena prevista en el apartado anterior serán castigados:

a) Los que fabricaren, importaren, obtuvieren, poseyeren, transportaren, comerciaren o de otro modo facilitaren a terceros dispositivos, instrumentos o datos o programas informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de las estafas previstas en este artículo.

b) Los que, para su utilización fraudulenta, sustraigan, se apropiaren o adquieran de forma ilícita tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo.

3. Se impondrá la pena en su mitad inferior a los que, para su utilización fraudulenta y sabiendo que fueron obtenidos ilícitamente, posean, adquieran, transfieran, distribuyan o pongan a disposición de terceros tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualesquiera otros instrumentos de pago materiales o inmateriales distintos del efectivo.".

Por tanto, los hechos probados se acomodan al delito menos grave de estafa apreciado y no son por ello constitutivos del delito leve de estafa pretendido.

Se rechaza por ello la apelación de la Sra. Claudia.

SÉPTIMO.- En materia de costas procesales, al desestimarse los recursos de apelación procede imponerlas los apelantes ( arts. 4, 394 y 398 de la LEC) .

Por lo anteriormente expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, esta Sala acuerda el siguiente