Sentencia Penal 288/2024 Audiencia Provincial Penal de Zaragoza nº 1, Rec. 865/2023 de 03 de septiembre del 2024

PRIMERO.-En primer lugar, respecto a la cuestión previa planteada por la defensa del acusado Urbano compartida por el resto de las defensas, referida a la concurrencia de prescripción de las actuaciones investigadas por la AEAT durante el año 2010 por entender que ha transcurrido sin judicialización de la investigación tributaria el plazo de cinco años previsto en el Art. 131.1 del CP para el delito de fraude fiscal del Art. 305 CP (no siendo aplicable al mismo el plazo de 10 años posteriormente establecido por la LO 7/2012 para los supuestos del nuevo Art. 305 bis), ya que consideran que dicho plazo se interrumpe cuando mediante Auto se dirige la investigación penal contra una persona concreta como su presunto autor/partícipe, lo que en este caso excedió aunque se incoaran diligencias con motivo de la denuncia de Fiscalía de los hechos informados por la AEAT presuntamente constitutivos del delito de defraudación tributaria por devolución indebida de cuotas del IVA, la imputación excedió del 30 de enero de 2016 (o en su caso la de 5 de marzo de 2016), fecha límite del plazo a contar desde el último día del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación/devolución del IVA a 30 de enero de 2011 (si bien consta que se solicitó la devolución el 5 de marzo de 2011), apoyando dicha tesis en el Auto dictado el 21/01/2022 por el propio Juzgado Instructor de Sobreseimiento Libre y Archivo de las actuaciones en cuanto al presunto delito fiscal -tras recibir informes respecto a la posible concurrencia de prescripción-, si bien acordando su continuación contra el investigado Sr. Urbano por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa, con deducción de testimonio respecto al resto de los investigados también por estos delitos, no por el delito fiscal.

Examinada la cuestión planteada, se determina en primer lugar que el plazo de prescripción previsto para el delito fiscal investigado previsto en el Art. 305 CP -aún no establecido el Art. 305 bis del CP por la LO 7/2012, en vigor a partir de enero de 2013- es el de cinco años, que afectaría en este caso a las actuaciones presuntamente defraudatorias que tuvieron lugar en el año 2010 y 2011, cuyo plazo de cómputo se iniciaría desde el momento de la consumación del ilícito fiscal, en este caso desde el último día del plazo para solicitar la devolución del impuesto -hasta el 30 de enero del año siguiente cuya devolución se interesa- hasta finalizar sin interrupción al término de los cinco años, sin que pueda considerarse interruptiva ni la investigación fiscal realizada por la AEAT ni la penal hasta que ésta se dirija contra el presunto autor y en el caso del delito fiscal por el tributo presuntamente defraudado y no por otro. Por tanto, este plazo sería aplicable en este caso a los periodos impositivos correspondientes a los años 2010 y 2011, pero no al resto de periodos impositivos objeto de investigación correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 (cuya comisión cabe inequívocamente en tentativa), que además de contar con diligencias abiertas y llamamiento a declarar a los investigados en tal condición, el plazo de prescripción que les afecta ya es el de 10 años previsto para los supuestos del nuevo Art. 305 bis por la LO 7/2012., de 27 de diciembre, publicada el 28/12/2012 y con entrada en vigor el 17/01/2013.

Por tanto, aún siendo cuestionable la concurrencia de prescripción de los ejercicios 2010 y 2011, ya que -como exponen las acusaciones- antes de la fecha límite de 30 de enero de 2016 (incluso 5 de marzo de 2016) ya había no sólo informes de judicialización remitidos por la AEAT a la Fiscalía, sino también denuncia de la Fiscalía ante el Juzgado, y Diligencias penales abiertas por el Juzgado de Instrucción de Alicante, en las que aparecían ya todos los hoy acusados como presuntos autores (bien que junto a otros muchos de ambas tramas y constando ilocalizables, situación que demoró su llamamiento para declarar en tal condición), lo cierto es que el impulso de las actuaciones de investigación tributaria remitiendo sus informes y la premura de la Fiscalía en su remisión al Juzgado incluso con advertencias de posible prescripción del primer ejercicio investigado por delito fiscal correspondiente a 2010, dio lugar a la apertura de Diligencias Previas de PA nº 41/2016 dentro de plazo según consta en Auto de 22 de enero de 2016 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante -constando personación en la causa de la Abogacía del Estado el 26 de enero de 2016-, pero con inmediato planteamiento de cuestión de competencia, sin práctica de diligencias de investigación, entre ellas la imputación y declaraciones de los investigados. La situación expuesta, por el conflicto competencial surgido, aunque con diligencias penales incoadas dentro del plazo de prescripción de cinco años aplicable a los años 2010 y 2011 -siendo que además en este último ejercicio no se alcanza la cuantía de los 120.000.- euros- demora la práctica de las primeras diligencias de investigación, entre ellas el llamamiento a los investigados para declarar en tal condición respecto a su participación en el delito de fraude fiscal por devoluciones indebidas de IVA, lo que en efecto ampara la pretensión de prescripción de la defensa, puesto que hasta ese momento los investigados, aunque estén perfectamente identificados en las diligencias abiertas, no conocen la existencia de la causa ni su posición ante los hechos, independientemente de que no facilite su localización ni posteriormente su colaboración.

Así pues, a la vista del inicio de las Diligencias Previas nº 41/2016 rozando el plazo de prescripción aún vigente en el año 2010, sin notificación a los investigados y práctica de diligencias de investigación hasta varios meses después de finalizado el plazo de prescripción, ya que se requieren informes complementarios de la AEAT e inicia el planteamiento de una cuestión de competencia, a pesar de constar identificados los presuntos copartícipes del delito de fraude fiscal a investigar -siendo éstos muy numerosos y pendientes de gestiones de localización-, esta Sala considera que ha prescrito el delito de fraude fiscal correspondiente al ejercicio 2010, no siendo perseguible este delito respecto al año 2011 por no alcanzar la cuantía punible, lo que no obstante deja la causa por este delito vigente y eficaz respecto a los delitos subsiguientes cometidos presuntamente por los investigados en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, sin que pueda compartirse en este caso la interpretación sostenida por las defensas de que en el Auto de 21/01/2022 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Zaragoza al acordar el Sobreseimiento Libre y Archivo de la causa por el delito de fraude fiscal se eliminara la persecución por este delito para todos los investigados y sólo pueda caber ahora su acusación y enjuiciamiento por los delitos de falsedad y estafa, y éllo tanto porque lo acordado en dicho Auto se revocó al estimar íntegramente el recurso interpuesto contra el mismo por la Abogacía del Estado, como porque al presentar las acusaciones sus correspondientes escritos la calificación de los hechos ha abarcado alternativamente tanto el delito de fraude fiscal como el delito continuado de estafa, con sus correspondientes consecuencias, poniendo de relieve respecto a dicho Auto que esencialmente lo que se plantea en el mismo es también una cuestión de competencia -al igual que tuvo lugar en el Juzgado de Alicante- asumiendo el enjuiciamiento de quien figura con domicilio fiscal en Zaragoza y deduciendo testimonio para reparto respecto de los demás investigados y sólo por una calificación eliminando indebidamente la alternativa, lo que no procede y de ahí la estimación íntegra del recurso de reforma interpuesto por la Abogacía del Estado.

Y finalmente advertir, que aún admitiendo la prescripción de los hechos correspondientes al ejercicio 2010 por fraude fiscal en la modalidad de devolución indebida de cuotas del IVA, no siendo tampoco constitutivo de este delito ni perseguible por razón de la cuantía el correspondiente al año 2011, pero sin prescribir los de los años 2012, 2013 y 2014; de seguirse la calificación alternativa de los hechos enjuiciados formulada por las acusaciones por delito continuado de falsedad y estafa, al tener éstos como inicio de cómputo del plazo de prescripción la fecha de comisión del último acto comprendido en dicha continuidad delictiva situado en el ejercicio de 2014, ninguno de ellos habría prescrito.

No obstante lo expuesto, basta con atender a la secuencia procesal y duración en la tramitación de este procedimiento, afectado por una problemática subyacente de competencia territorial y especial complejidad de la causa, según se ha expuesto en los Antecedentes de la presente Resolución, para apreciar una base de dilación excesiva no enteramente imputable a los investigados, que dará lugar -como se expondrá más adelante- al reconocimiento por esta Sala de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas invocadas por las defensas, a la que no se oponen las acusaciones.

SEGUNDO.-En cuanto a la acreditación de los hechos declarados probados, en atención a la prueba practicada en la vista oral celebrada con todas las garantías y respecto a los principios que la informan de orden penal y constitucional, siendo -frente a la negación de su participación por cada uno de los investigados, bien que diferenciada entre Urbano y el resto- toda la presentada por ambas acusaciones de carácter incriminatorio, en especial con todo detalle y contundencia en datos y conclusiones, la abundante Documental de los servicios jurídicos de la AEAT y la Pericial prestada, tanto por los Inspectores de Hacienda nº NUM014 y NUM015 que realizaron el primer informe de judicialización enviado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante y los subsiguientes complementarios y anexos adicionales -posteriormente testimoniados y remitidos a Zaragoza para la instrucción de esta causa (tomos I y VI de la causa- enteramente ratificados en audiencia, como por Dña. Encarna como Inspectora de la AEAT Regional de Aragón explicando y ratificando lo referido en su Informe de 29 de mayo de 2020 -obrante a Tomo Cuarto de la causa (AC. 50)-, no es posible sino estimar enteramente acreditada la dinámica de los hechos descrita, de la que se desprende inequívocamente que responde a un plan diseñado a través de pasos diferenciados pero vinculados y coordinados para presentar ante la Hacienda Pública una realidad empresarial radicalmente inexistente, que sirve de base para conseguir la finalidad a la que dicho plan va dirigido, la obtención de devolución de impuestos, concretamente el IVA que grava operaciones mercantiles, que no responden a ninguna actividad empresarial previa gravada por dicho impuesto ni por tanto soportado por quien ejerce posteriormente las gestiones encaminadas a la solicitud de devolución del mismo, en este caso siendo la sociedad puramente instrumental con mera apariencia formal pero sin ningún contenido ni actividad, su único socio y administrador, que recibe las cuantías por dicho concepto en las cuentas bancarias abiertas exclusivamente a estos efectos y de las que esa persona es la única autorizada para retirarlas, lo que así sucedía sistemáticamente hasta vaciarla, produciéndose el apoderamiento definitivo de lo ajeno con su correlativo perjuicio.

Y por lo que se refiere al nivel de participación de los acusados en esta causa, también ha quedado acreditada desde el inicio de la misma su intervención en la dinámica defraudatoria descrita de las cuotas impositivas devueltas indebidamente en los ejercicios tributarios examinados, siendo todos ellos los únicos responsables de la sociedad instrumental constituída, de su gestiones frente a Hacienda -con estrategias por lo demás de presentación de altas, autoliquidaciones y devoluciones de escasa cuantía, tendentes a eludir controles y comprobaciones que evidenciaran su total desajuste con la realidad- y de la cuenta bancaria de la que son titulares también abierta y mantenida exclusivamente para recibir el dinero público indebidamente obtenido.

No obstante, desde tal posición de todos ellos de implicación en funciones esenciales al fin último -no meras gestiones puntuales e irrelevantes- y de máxima responsabilidad en su particular conducta dentro del plan defraudatorio, tanto los datos aportados por las acusaciones, como el contenido de las declaraciones de cada uno de los acusados -primero ante el Juzgado Instructor y posteriormente en la vista oral celebrada-, proporcionan una visión de la situación que permite diferenciar entre ellos su nivel de conocimiento y participación dentro del plan. En este sentido, todos los acusados -a excepción del Sr. Urbano, que no declara- le atribuyen a éste la propuesta inicial, uno a uno (no a todos reunidos) y por razón de conocimiento previo con él, de constituir en días especiales de las últimas fechas del año (ej. 23, 29 o 30 de diciembre) un buen número de sociedades empresariales -ficticias, por carecer de todo lo esencial- en algunos casos acompañándolos incluso a las notarías para la firma, como socios y administradores únicos con la promesa de futuros beneficios económicos o trabajo, ya que todos ellos según su perfil fiscal -expuesto en el informe de la inspección de la AEAT de Aragón- tienen economías modestas o incluso atraviesan situaciones de escasez de recursos o trabajo, siguiendo siempre las instrucciones dadas por Urbano en su actuar, pero sin recibir de éste toda la información acerca del desarrollo completo del plan. Lo declarado por todos los acusados atribuyendo a Urbano el completo conocimiento del plan, así como la organización y dirección coordinada de sus actuaciones en todo momento poniendo de relieve en cada caso sus concretas circunstancias -de conocimiento previo y confianza en él-, se compadecen además con la posición de éste dentro de la trama a su inicio en el año 2010 con el mismo plan de actuación y obtención efectiva de devoluciones de IVA en cuantía relevante en su conjunto, siendo éste el nexo de unión en la trama del resto de coacusados con él.

Es consecuencia de estos elementos de prueba vertidos y actuados en la vista oral que las propias acusaciones distingan en su calificación, atribuyendo la condición de autor al acusado Urbano, bien de todos los delitos de fraude fiscal o bien de un delito continuado de estafa abarcando todos los ejercicios anuales, con la cooperación necesaria o complicidad del resto de coacusados (que se incorpora en sus conclusiones), diferencias que también se advierten por esta Sala, tal y como más adelante se expondrá optando por la alternativa en el nivel de participación -cooperadores necesarios o cómplices- por la más ajustada a su colaboración real consciente y voluntaria siendo también la más favorable a sus intereses, descartada la postura alegada por sus defensas de ser meros instrumentos al servicio de un plan ajeno por carecer de conocimientos y conciencia de realización de una actividad ilícita, postura que no se sostiene dada su objetiva participación destacada en el plan con actuaciones esenciales al mismo -no meras gestiones puntuales-, y formación aunque no sean de gran nivel estando todos en sus plenas facultades, actuaciones que no pueden en ningún caso ser consideradas como neutras o sin relevancia penal, ya que si bien constituir una sociedad o abrir una cuenta bancaria son por sí sólas actividades penalmente irrelevantes, pueden no serlo si favorecen y forman parte de un plan delictivo al que se adaptan o estrategia de engaño apta e indispensable al apoderamiento de lo ajeno. Por lo demás las vinculaciones puntuales apreciadas entre las empresas y administradores de toda la trama aquí enjuiciada que se destacan en los hechos probados, si bien por un lado evidencian que poseen en algunos casos un mayor nivel de conocimiento -ej. en el caso de presentaciones personales de modelos, o en el caso de realizar transferencias de dinero procedente de devoluciones entre sociedades de la trama-, no alteran la conclusión anterior de considerarlos colaboradores relevantes con el Sr. Urbano -no neutros o meros instrumentos- pero tampoco totalmente conocedores de todos los pasos del plan en su conjunto, ya que también aparecen contrataciones de servicios de gestión y presentación de documentos a través de despachos o gestorías, ya que de haberse acreditado que han realizado por sí mismos todos los pasos de la gestión del impuesto con presentación de todos los modelos e incluso el impreso devolución, o bien haberlo ordenado a terceros su colaboración alcanzaría la comprensión de la totalidad del plan siendo su nivel de participación el de cooperador necesario en el delito, que ya se ha adelantado se descarta reduciéndolo en este caso al de cómplices del autor, quien posee en todo momento la dirección y dominio del plan delictivo en su conjunto ordenado exclusivamente a percibir ingresos indebidos del erario público.

TERCERO.-Los hechos declarados probados aparecen como constitutivos de un delito continuado de estafa de los Arts. 248.1, 249 y 250 1.5º en relación al Art. 74 del Código Penal, del que es autor el acusado Urbano y partícipes el resto de los acusados en la condición de cómplices de dicho delito con el autor en los ejercicios fiscales en que consta su colaboración, de conformidad a lo previsto en el Art. 63 del Código Penal, adelantando ya que la falsedad en los documentos -delito por el que finalmente no se formula acusación- se trata de una falsedad ideológica prevista en el Art. 390.1.4º CP atípica en particulares, siendo no obstante su completa discordancia con la realidad "faltar a la verdad" parte y medio al servicio de la estrategia del engaño a la Administración Pública.

Al haberse planteado por las acusaciones -Abogacía del Estado y Ministerio Fiscal- una calificación alternativa de los hechos investigados, bien subsumidos en el delito fiscal como defraudación tributaria propia prevista en el Art. 305.1 y bis c) CP aplicable a cada ejercicio fiscal, o bien en el de estafa continuada agravada de los Arts. 248.1, 249 y 250.1.5º en relación con el 74 CP abarcando la totalidad de la conducta desplegada en todos los años subsumiendo incluso la tentativa, se ha de examinar la conducta delictiva de cada uno de los investigados y de todos en su conjunto, a fin de determinar si cumplen los requisitos de uno u otro delito, atendiendo tanto al principio de especialidad previsto en el Art. 8 CP como a la extensión del tipo genérico de la estafa en aquellos supuestos en los que no se cumplan todos los requisitos del delito específico en cada ejercicio -incluído el objetivo de punibilidad por razón de la cuantía y de perseguibilidad-, con atención también a las cuantías solicitadas y obtenidas en cada ejercicio.

En los estudios realizados al respecto posteriores a la inclusión en el CP del delito específico de fraude fiscal y su agravación en el 305 bis c) por utilización de personas interpuestas que dificultan el descubrimiento del fraude y la determinación de su cuantía (mayor nivel de antijuridicidad), se observa que en estos casos de creación de una estructura compleja o entramado societario interpuesto tendente a dificultar la identificación de los elementos del fraude y sus autores favoreciendo así la impunidad de las conductas, el engaño propio del delito base tendente al obtener el enriquecimiento patrimonial -con el correlativo perjuicio ajeno- y el dolo falsario van implícitos en este comportamiento, siendo suficiente que el sujeto se aproveche conscientemente de esta situación. La conducta propia del engaño es similar en uno y otro delito -fraude fiscal y estafa- ya que a consecuencia de la estrategia desplegada conforme al diseño del plan conducente desde su inicio al apoderamiento de lo ajeno, se constituyen formalmente sociedades con mera apariencia de realidad pero vacías de contenido económico sujeto a tributación, se presentan altas de actividad y liquidaciones ficticias y se solicitan devoluciones de tributos nunca devengados en operación alguna ni por tanto satisfechos, lo que supone incorporar cuantías del erario público al patrimonio personal del autor y sus partícipes percibidas a través de la sociedad pantalla en la que el administrador de la misma está detrás. El engaño de la estafa del autor a la víctima, según jurisprudencia ya consolidada del T.S., es equiparable al de la maniobra defraudatoria del autor del delito fiscal para con la Administración Tributaria, y éllo a pesar de la particularidad de poder realizar antes de proceder a la devolución a una comprobación de si la solicitud cumple o no los requisitos, ya que habitualmente se trata de una comprobación formal -más improbable aún si formalmente no levanta sospechas, no hay sede física real, ni actividad mercantil, ni nadie responde a una notificación-, sin que sea relevante a la consideración de la conducta como fraudulenta que el bien jurídico protegido sea público y general (el patrimonio público en sus vertientes de ingresos y gastos públicos) o particular, ya que en ambos casos se trataría de un engaño para perpetrar un apoderamiento patrimonial en beneficio propio y perjuicio ajeno, ni tampoco finalmente que exista como base una relación jurídico-tributaria entre el obligado y la Hacienda Pública cuando se simula por el pretendido obligado dicha relación sin haber realizado hecho imponible alguno -finge la condición de contribuyente- y con base en tal engaño/simulación obtiene indebidamente la devolución de un impuesto no devengado ni soportado. La diferencia esencial entre uno y otro delito, estriba en la dinámica del engaño que ha de ser bastante -de ahí la estrategia compleja- y en la cuantía defraudada legalmente establecida de 120.000 euros, que expresa una condición objetiva de punibilidad que necesariamente debe concurrir en el hecho para afirmar la concurrencia del delito fiscal en la conducta del sujeto investigado, es más no sólo es un requisito preciso para alcanzar la condena penal, sino que lo es también para el inicio de las actuaciones por tal delito, lo que supone que las conductas que no alcanzan dicha cuantía quedan al margen del delito específico pero no necesariamente del tipo genérico de la estafa, siempre que concurran en la conducta los elementos que la caracterizan: 1) La utilización de un engaño previo bastante con dolo y ánimo de lucro, 2) El error del sujeto pasivo de la acción, 3) La inducción a realizar un acto de disposición patrimonial, y 5) El correlativo perjuicio para la víctima. Y conforme a lo establecido en el Art. 248 del Código Penal con interpretación jurisprudencial consolidada (entre ellas las del T.S. de 31-11-1991; 24-3-1992; 16-6-1992; 16-10-1992; 2-4-1993; y 6-4-1990, y 12-11-1990) "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizare engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Por tanto, resulta esencial la concurrencia de un ardid, maniobra o maquinación que induzca o provoque error en la percepción del otro mediante una conducta que falte a la verdad, lo que aquí se da en la actuación de todos los acusados conforme a la estrategia defraudatoria del plan preconcebido tendente desde la primera actuación alterando objetivamente la verdad a conseguir ilícitamente fondos del erario público, siendo tales actuaciones en su conjunto aptas, idóneas y suficientes para para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, lo que en este caso así ha sucedido en numerosas ocasiones al recibir la Administración Tributaria solicitudes de devolución en apariencia correctas, pequeñas, abundantes, de última hora incluso fuera de plazo, y con grandes limitaciones de comprobación y descubrimiento de la maniobra fraudulenta, provocando la realización del acto de disposición o desplazamiento patrimonial en su perjuicio, y finalmente la necesaria relación causal entre el engaño y el precitado error que hace eficaz el apoderamiento patrimonial pretendido, lo que aquí resulta acreditado, siendo relevante en este caso la perfecta concatenación o secuencia coordinada de actuaciones de varias personas y en diferentes lugares conforme al diseño del plan trazado, siendo precisamente esta unidad de plan elaborado, complejo y necesitado de perfecta coordinación lo que lo dota de aptitud para generar el engaño y correlativo error a la Hacienda Pública, destacando que dicho plan es engañoso desde su inicio hasta su final mediante actuaciones precisas en tiempo y forma, todas ellas necesarias al fin pretendido, y realizadas de forma continuada sin contenido real alguno, que dan lugar a una apariencia ante el fisco enteramente ficticia, apta para obtener indebidamente del dinero público solicitado.

En definitiva, ante los hechos declarados probados según la prueba incriminatoria aportada al plenario, quedan acreditados todos los elementos que caracterizan la concurrencia en la conducta de los acusados de todos los elementos típicos de la estafa continuada, careciendo de valor exculpatorio -como ya se ha indicado las explicaciones de los acusados alegando desconocimiento de lo que hacían yendo a las notarías a constituir sociedades vacías de todo contenido y de lo que firmaban adquiriendo responsabilidades sin preguntar ni recibir información al respecto, negando también -en algunos casos con prueba contraria al respecto- haber intervenido en la recepción de las devoluciones obtenidas ingresadas en cuentas bancarias de las que eran únicos titulares autorizados y responsables.

En esta misma línea de opción por la calificación como delito continuado de estafa y no fraude fiscal, resulta necesario citar la reciente Sª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2024 dictada en casación resolviendo el recurso interpuesto frente a la Sentencia de 25 de febrero de 2022 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, que a su vez resolvía en apelación la dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante en el PA nº 64/2020, el que dio origen a la investigación sobre las dos tramas, siendo una la aquí enjuiciada con similar plan de actuación.

En dicha Sentencia se expone que sibien no es una cuestión pacífica delimitar conceptualmente cada una de las formas del concurso de normas, dado que en las relaciones de especialidad y subsidiariedad (fraude fiscal, estafa) no faltan puntos de coincidencia que en no pocas ocasiones han contribuído a oscurecer una respuesta jurisdiccional. La interpretación del principio de especialidad previsto en el Art. 8 CP es que la ley especial sólo deroga a la ley general cuando aquélla puede abarcar en su porción de injusto la totalidad de los elementos objetivos y subjetivos de la acción a calificar, y si no es así como sucede en el presente caso faltando o siendo cuestionable algún elemento típico, se impone un segundo juicio de tipicidad con arreglo a la ley general o tipo genérico, en este caso el delito continuado de estafa. La razón es que el tipo especial surge cuando conteniendo todos los elementos del genérico o general, añade a su estructura típica enriqueciéndola otros elementos propios, singulares o específicos que explican el tratamiento punitivo distinto, atenuado o agravado, existiendo jurisprudencia del TS., que opta por la aplicación del tipo general -delito de estafa- y no del específico -fraude de subvenciones, equiparable a estos efectos a la obtención indebida de devolución de impuestos-, cuando la actividad fraudulenta de una entidad colaboradora entre la empresa solicitante de subvención para impartición de cursos gratuitos de formación a trabajadores y la Administración, ya que estuvo ausente desde el principio la más mínima intención de desarrollar la actividad para la que solicitaba la subvención STS 1030/2013, de 28 de noviembre). También las STS nº 146/2018, de 22 de marzo, y 234/2019, de 8 de mayo, entendiendo que "habrá estafa cuando el agente utilice el mecanismo de las prestaciones como simple instrumento engañoso para llevar a cabo una defraudación, siendo su único propósito el de lucrarse con unos fondos, cuyo cobro no le corresponde. Y del mismo modo en Sª del TS. 355/2020, de 26 de junio; 42/2015, de 28 de enero; 425/2017, de 13 de junio; y 146/2018, de 22 de marzo, referidas a fraude de prestaciones de la Seguridad Social (Art. 307 ter) relacionando el tipo especial con el delito genérico de estafa.

En definitiva, que siguiendo dicha interpretación, cuando el autor despliegue una conducta fingida, sin cobertura real, animada por el exclusivo deseo de aparentar una actividad que no existe, que no tiene un veraz reflejo contable, la obtención de una ganancia inferior a la cuantía punible del tipo específico, o el simple intento de lograrla aunque no la obtenga, habrá de ser calificado como delito constitutivo de estafa, ya que carecería de toda lógica que una conducta netamente defraudatoria, capaz de provocar un acto dispositivo a favor de quien maquina el engaño que le permite obtener una cantidad de 119.999.- euros resultara impune porque la perjudicada es la Hacienda Pública y porque los fondos son el resultado de una liquidación que nunca debió haberse aceptado porque ni se había soportado ni había sido repercutido el IVA, todo era una estratégica ficción, reflejando toda la actuación desplegada descrita en los hechos probados una conducta engañosa conducente a detraer fondos del erario público, con obtención efectiva de los mismos total o parcial -consumación en un nivel cuantitativo superior o no a los 120.000 euros-, o sin ella -tentativa de lucro del patrimonio ajeno, en este caso público- que además se ha reiterado de manera idéntica año tras año con evidente continuidad delictiva, lo que permite que ante la consideración genérica, global y unitaria de la conducta delictiva desarrollada de manera continuada queden incluídos todos los partícipes en el tipo penal de los Arts. 248, 249, 250.1.5º y 74 CP del CP, englobándose en el mismo y en tal continuidad tanto los delitos consumados como los intentados, ya que responden a la misma mecánica y acción del autor y los partícipes bajo su dirección y control independientemente de cual sea su grado de ejecución ( SSTS entre otras, nº 300/2022, de 24 de marzo; 289/2014, de 8 de abril; 13/2005, de 20 de enero; 1179/1999, de 9 de julio; 889/2000, de 27 de mayo; 28 de abril de 1998 y 9 de julio de 1999).

Y en cuanto a la relación de dicho tipo penal con el continuado de falsedad documental, también se pronuncia dicha Sentencia del TS de 18 de marzo de 2024, en la que sí se formuló acusación por tal delito siendo los hechos idénticos a los presentes, descartando su subsunción en el 390.1.2º CP "simulación documental apta para inducir a error sobre su autenticidad", para encuadrarlo en la falsedad ideológica prevista en el nº 4 de dicho precepto "faltar a la verdad en la narración de los hechos" que considera el correcto, por entender que los documentos en sí mismos, los de creación de sociedades, presentación de alta de actividad, solicitud de devoluciones, apertura de cuentas bancarias, realizan comunicaciones sobre determinados hechos y circunstancias que no son reales, sin que se deriven efectos jurídicos de su presentación, ni se mute la función del documento, lo que se hace con ellos es faltar a la verdad en los hechos que comunica a la AEAT, son documentos mendaces ya que las sociedades aunque las escrituras fueran reales eran puramente instrumentales, carentes de toda actividad empresarial o comercial, siendo creadas con la única y exclusiva finalidad de obtener devoluciones indebidas del impuesto sobre el valor añadido, por lo que no comportando delito de falsedad documental en sí mismo no supone que sea un acto neutro sino que forma parte y es instrumento de la estructura del engaño propio del delito de estafa enjuiciado. Postura que ha sido la adoptada en el procedimiento aquí enjuiciado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado.

Finalmente advertir que frente al delito de fraude fiscal del Art. 305.1 y bis c) CP aplicable a cada ejercicio fiscal, o bien en el de estafa continuada agravada de los Arts. 248.1, 249 y 250.1.5º en relación con el 74 CP abarcando todos los ejercicios tributarios en unidad de acción y propósito englobando las tentativas, y sin pena específica por el delito continuado de falsedad documental, dado que la documentación mendaz sirve y apoya necesariamente a la estrategia de engaño a la Hacienda Pública, es la de estafa continuada la alternativa acusatoria inequívocamente más favorable a todos los acusados, autor y copartícipes, ya que basta con observar las peticiones penológicas que se derivan de la calificación de sus conductas como fraude fiscal al atribuir necesariamente un delito a cada uno de los ejercicios tributarios -consumados o en tentativa-.

CUARTO.-Del referido delito aparece como autor el acusado Urbano y partícipes el resto de los acusados en esta causa Aurora, Estrella, Trinidad, Íñigo, Adela y Esteban, en la condición de cómplices de dicho delito con el autor en los ejercicios fiscales en que consta su colaboración, de conformidad a lo previsto en el Art. 63 del Código Penal.

La comisión del delito por el acusado Urbano resulta típica e inequívoca, además continuada no sólo por la petición de devoluciones que en su conjunto en cada ejercicio superan con mucho los 50.000 euros, sino por la actuación continuada durante varios años de esta misma conducta de apoderamiento sobrepasando en cada uno dicha cuantía, que inicia él como administrador único en los ejercicios de 2010 y 2011 y continúa con posterioridad pero no en primera persona como socio administrador único de las sociedades instrumentales sino a través de otras persona a las que propone su participación en el plan defraudatorio desarrollando actuaciones oficiales mendaces a fin de obtener ingresos ilícitos ofreciéndoles, si sale bien, un beneficio o ventaja económica o laboral, plan y actuaciones de los ejercicios posteriores que éste dirige y coordina.

Se ha descartado por esta Sala respecto a los coacusados con el Sr. Urbano que su colaboración fuese meramente gestora y como puros testaferros formales carentes de conocimiento y conciencia de realización de una actividad ilícita, como alegan sus defensas, ya que este Tribunal considera que tuvieron participación activa, consciente y significativa -no neutra- en el desarrollo del plan defraudatorio concebido y diseñado por el autor, quien actúa como eje común de todos ellos ejerciendo la labor de dirección y control de sus actuaciones en una operativa de gestión idéntica y con las mismas notas de opacidad y dificultad respecto a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria, a la que iba dirigida la obtención indebida de ingresos públicos para su apoderamiento particular.

Ahora bien, a los efectos de determinar si su participación tiene las características propias de un cooperador necesario -como considera el Ministerio Fiscal- o las de un cómplice -posibilidad que deja abierta la Abogacía del Estado-, se valora por una parte las características de las actuaciones realizadas en relación a la estructura del plan encaminado a conseguir indebidamente dinero público -es decir, su condición de actividad/es esenciales o accesorias al mismo-, y por otra parte su nivel de conciencia y voluntad de colaborar eficazmente al desarrollo del plan previsto y organizado por el autor, y no por hacerle un favor personal sino a cambio de algún beneficio o propuesta ventajosa de éste.

Sus actuaciones -incluso al margen de la presentación de los modelos 036 del alta y los impresos de solicitud de devoluciones, que constan efectuados desde las mismas direcciones IP y en algunos casos con presentación personal del impreso por el investigado-, sólo con la creación en número importante casi al mismo tiempo de empresas sin contenido real alguno y la apertura y conservación de una cuenta bancaria que no tiene fondos propios provenientes de ninguna actividad ni movimiento alguno hasta tanto se reciben como únicos ingresos los provenientes de devoluciones de Hacienda, siendo el único administrador de la sociedad y el único titular autorizado de la cuenta, son actuaciones en sí mismas esenciales a la dinámica defraudatoria diseñada, ya que sin ellas -la existencia de una empresa pantalla totalmente ficticia que no factura ni soporta ningún impuesto, y una cuenta a la que puedan llegar los ingresos de las devoluciones no generadas e indebidamente solicitadas- no sería posible conseguir la finalidad defraudatoria pretendida, siendo estos actos previos de constitución de una sociedad (sin capital, actividad, medios materiales ni personales, ni operatividad en el mercado) así como la cuenta bancaria (sin cobros ni pagos relacionados con la actividad empresarial) en sí mismos falsos en su contenido por no ser coincidentes con la realidad, claros soportes de creación de una mera apariencia formal encaminada exclusivamente a que ésta sirva de base necesaria a la gestión/devolución del impuesto soportado durante el año en su actividad mercantil, a pesar de ser del todo inexistente desde el primer momento de su constitución. No es que hubiera una cierta actividad empresarial real, aunque fuera escasa, sobre la que se sobredimensionara la facturación que devenga el impuesto, generando mayor derecho a devolución del soportado realmente, es que en este caso no hay ninguna actividad ni operación ni facturación, la falsedad radica en ser enteramente ficticia, por lo que la preexistencia de una mínima realidad no puede dar lugar a confusión en quien colabora a propuesta de otro a constituir una entidad mercantil vacía de toda base material y contenido propio y por tanto radicalmente contraria a la realidad que representa, dado que se fija un domicilio social falso, carece de capital, de activos, de actividad con proveedores y clientes, de trabajadores, de facturación, etc. y por el contrario sin nada que contabilizar, abre inmediatamente una cuenta bancaria carente también de fondos ni movimiento alguno, cuyo único ingreso será el derivado de la devolución de impuestos y si no lo recibe queda sin uso. Resulta obvio que sin esa plataforma de apariencia societaria y sin la cuenta bancaria ad hoc la recepción y apoderamiento del dinero público al que va dirigida la operativa no tendría lugar, siendo por tanto estas actividades imprescindibles al funcionamiento del plan, en absoluto de mera gestión, ni tampoco accesorias, si bien ha de admitirse que el diseño del plan, que requiere posteriormente en las siguientes fases a la constitución de la sociedad, la realización eficaz de las gestiones tributarias adecuadas para acceder a las devoluciones del IVA de la forma y manera que ofrezcan menos rastro y posibilidades de control, son pasos técnicos que requieren conocimiento y planificación precisos, y asimismo que el apoderamiento definitivo de las cantidades devueltas en las cuentas creadas -con solicitudes de cuantías escasas para no llamar la atención-, también requiere conocimiento sobre como funciona la gestión del impuesto y sus organismos de control. Es decir, que siendo colaboraciones relevantes las desarrolladas por los partícipes coacusados, éstas forman parte de una cadena de actuaciones vinculadas de forma ordenada y precisa a la obtención del objetivo fraudulento, el apoderamiento de los fondos públicos, resultando difícil la comprensión de todo el esquema paso a paso, aunque se perciba que la actividad prestada no es lícita y que forma parte de un plan defraudatorio. No es preciso para éllo ser economista, licenciado en derecho o similar, ni tampoco empresario, basta con conocer que lo actuado es radicalmente contrario a la realidad y al final los ingresos de la cuenta provienen del erario público y no de ninguna otra actividad de una sociedad que fue desde su inicio totalmente ficticia.

En consecuencia, partiendo por lo expuesto de que la actuación de los partícipes es imprescindible al plan fraudulento, y que resulta evidente que ésta refleja una apariencia ante el mercado y la Agencia Tributaria totalmente contraria a la realidad, no es posible sino considerar la participación llevada a cabo por todos ellos como relevante, además de consciente y voluntaria, muy lejos de la mera gestión puntual por razón de amistad o favor sin percepción alguna de ilicitud en su conducta, pero también a criterio de esta Sala dentro de una visión reducida del esquema defraudatorio en su conjunto, con actuaciones englobadas en una dinámica más amplia y compleja cuyos pormenores y consecuencias de su ilicitud desconocen, dado que en efecto no poseen por su formación dichos conocimientos, ni consta que estuvieran asesorados o previamente concertados con el Sr. Urbano en el desarrollo de la completa dinámica defraudatoria a seguir, sino que todos desarrollaban las mismas actuaciones concretas siguiendo una dirección en la que el único punto de unión, apoyo/acompañamiento era el acusado Sr. Urbano, con el que cada uno de ellos tenían previa relación esencialmente laboral en el mundo del espectáculo. Es claro que en esta dinámica de conjunto no se encuentran con él al mismo nivel de conocimiento, organización y decisión, lo que -por esencial que sea la colaboración prestada dentro del conjunto- califica su participación en el plan defraudatorio matizada por su comprensión de la totalidad del plan y la necesidad económica o de trabajo, por tanto más como cómplices del mismo que como cooperadores necesarios. Y tampoco, por las razones expuestas, se puede considerar acreditada la existencia de un grupo criminal organizado, ya que los partícipes carecen entre sí de acuerdo previo ni distribución de funciones, sino que actúan de forma similar pero individualizadamente siguiendo un plan de actuaciones puntuales que únicamente organiza, coordina y dirige el autor, colaboran todos del mismo modo en una estrategia sin base real alguna diseñada para estafar al fisco, pero cada uno en sus respectivas sociedades y sus ejercicios a propuesta individual de una única persona, el Sr. Urbano, no en una planificación común de actuación entre todos ellos aunque tuvieran una dirección única, y éllo al margen de que algunos entre sí se conocieran por razón de su actividad profesional e incluso supieran que otros también colaboraban de modo similar con el Sr. Urbano con cuentas bancarias de sociedades a su nombre a las que podían enviar transferencias de fondos. No había un desconocimiento total entre ellos, pero tampoco relación organizativa en un plan común definitorio de la organización o grupo delictivo, aunque en apariencia y sobre todo a finales de diciembre de cada ejercicio impositivo todos ellos actuaran del mismo modo bajo la propuesta y dirección de Urbano -que permanece en la sombra- creando empresas ficticias, abriendo cuentas, dando de alta a las empresas en actividad inexistente y pidiendo por sí o a través de terceros la devolución de un impuesto no soportado por realización de operación mercantil alguna, lo que por tal concentración en el tiempo y operativa similar aparentemente hace pensar en una organización única, sin serlo en realidad. La eficacia del plan radica, entre otros aspectos, en conseguir opacidad mediante la dispersión de operadores a ser posible no relacionados entre sí, tal y como surgió en la dinámica defraudatoria aparecida en la trama Alicante/Murcia caracterizada por multitud de administradores -propiamente testaferros- constituyendo pocas empresas, a diferencia de la trama radicada en Zaragoza que a fin de eludir controles y dificultar inspecciones, dispersa las empresas por todo el territorio nacional, pero no sus administradores relacionados personalmente con el director del plan, de ahí la apariencia de grupo organizado, aunque su cometido sea individual y ninguno intervenga en la concertación y organización del plan.

QUINTO.-En cuanto a la imposición de pena, se ha de partir para todos los acusados de la asignada al delito continuado de estafa agravada previsto en los Arts. 248, 249, 250.1.5º y 74 del Código Penal, que sanciona su comisión con la pena de entre tres años y seis meses a seis años y multa de nueve a doce meses, y en este marco penológico aplicar la correspondiente a los cómplices conforme a lo previsto en el Art. 63 CP -inferior en grado a la fijada para el autor del mismo delito-, entrando a considerar si concurre la aplicación de alguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que determinen el nivel de la pena a imponer conforme a las reglas del Art. 66 del Código Penal.

Respecto a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por ninguna de las defensas se invoca en caso de condena circunstancia alguna, a excepción de la concurrencia de dilaciones indebidas por la duración excesiva en la tramitación de la causa prevista en el Art. 21.6 CP, añadiendo -con excepción del acusado Urbano condenado recientemente por hechos similares del ejercicio 2015 por la Audiencia Provincial de Barcelona- las defensas del resto de los acusados, que éstos carecen de antecedentes penales, no están incursos en ningún otro procedimiento, y económicamente viven con ingresos modestos producto de su trabajo afectado en su mayoría por la temporalidad de las contrataciones en eventos puntuales.

Por tanto, a los efectos de valoración de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que se invoca por las defensas de los acusados, esta Sala examinando la tramitación del procedimiento -que se expresa con detalle en los Antecedentes de la presente Sentencia con remisión en este punto a los mismos-, aunque también se aprecian estrategias evitativas que han limitado y demorado el avance procesal por parte de los investigados (ilocalización, práctica de diligencias de investigación para la obtención de datos de imposible conservación, y/o agotamiento legítimo de recursos), lo cierto es que la duración de la tramitación ha sido muy relevante, debido esencialmente a la especial complejidad de la causa -con numerosas empresas dispersas y administradores responsables, cuentas bancarias y operaciones durante varios años, con sus consiguientes inspecciones-, así como a la problemática competencial subyacente con agotamiento de instancias para su resolución, de tal manera que entre el momento de los hechos y su enjuiciamiento han transcurrido entre diez y catorce años, con incidencias de distinta índole, incluída la remisión casi cuatro años después de las actuaciones instruídas inicialmente en Alicante a Zaragoza, lo que ha llevado en su conjunto en una ralentización encadenada del trámite a una dilación de conjunto especialmente significativa, por lo que se considera en clave de derechos fundamentales que las consecuencias gravosas de tal dilación exagerada no pueden pesar exclusivamente sobre los encausados, aunque tampoco puede dejarse de considerar que la perjudicada, en este caso la Agencia Tributaria, mantiene durante este tiempo el perjuicio económico pendiente de resarcimiento, de ahí la apreciación por esta Sala de dicha circunstancia como simple y no como muy cualificada.

En este sentido se pronuncian las SSTS 1451/2022, de 6 de abril y la 691/2021 de 7 de julio, que abordan la aplicación de esta atenuante desde el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el Art. 24.2 de la CE, observando que si bien este derecho no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, sí impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas en un tiempo razonable, apareciendo esta causa de atenuación expresamente en la regulación, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, exigiendo en su Art. 21.6ª la aplicación de esta circunstancia con efectos de una atenuante simple en los casos en que se observe una ralentización encadenada con demora excesiva más allá de lo previsible, lo que excluye los retrasos que no merezcan la consideración de extraordinarios en proporción a la complejidad de la causa y no sean atribuibles a los propios inculpados, pero no cuando aplicando los criterios antedichos al tiempo en su conjunto, éste sea muy superior al habitual y no atribuible en su mayor medida a los acusados. De ahí que siguiendo tal apertura en clave de derecho fundamental, con ajuste a las circunstancias concretas de esta causa, se considere que sin existir paralización desmesurada durante años -remitiéndonos a la plasmación de los tiempos procesales que constan expresados en los Antecedentes de Hecho de la presente Resolución-, sí se observa sin embargo una duración excesiva en la tramitación reveladora de una dilación aunque no injustificada sí materialmente muy superior a la razonable, cuya relevancia cabe paliar en las consecuencias gravosas provocadas por la espera para los acusados con la aplicación de la atenuante invocada, que se aprecia para todos ellos con la consideración de simple y no muy cualificada ya que no hay paralizaciones marcadamente injustificadas o extraordinarias, ni un perjuicio constatado para los acusados muy superior al ordinariamente atribuible a la espera que resulte intolerable (conmoción anímica de relevancia constatada, prisión provisional alargada e impeditiva de la vida familiar, u otras), sino efectos indeseables pero no graves y previsibles en su transcurso, que por lo demás también ha sufrido la Hacienda Pública como perjudicada y erigida Acusación Particular desde el inicio de la causa.

SEXTO.-Según lo expuesto, a fin de determinar la pena más adecuada a cada uno de los acusados según su nivel de participación en los delitos y circunstancias concurrentes ya expuestos, con aplicación de la atenuante simple de dilaciones indebidas prevista en el Art. 21.6 CP, se ha considerado por esta Sala que procede para el acusado Urbano como autor de la estafa continuada agravada según el 250.1.5º del CP. la pena prevista se encuentra en el margen entre uno y seis años, y tratándose de delito continuado del Art. 74.1 CP le corresponde la pena en su mitad superior, lo que deja el margen de pena en una horquilla entre 3 años y seis meses a 6 años, considerándose por esta Sala que a pesar de la petición de las acusaciones de 6 años de prisión, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido a todos los acusados conforme a lo dispuesto en el Art. 66.1 CP, permite fijar la pena en la base del margen penológico, es decir de 3 años y seis meses de prisión por la totalidad de su actuación delictiva entre los años 2010 a 2014, englobando también en el delito de estafa continuada agravada los que quedaron en grado de tentativa, más la multa correspondiente que con igual criterio entre 9 y 12 meses, que quedaría fijada en la base de la horquilla, es decir de 9 meses de multa a razón de 10.- euros dia, conresponsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia del Art. 53 CP, más accesorias y costas proporcionales con inclusión de las de la acusación particular.

En cuanto a los cómplices, su condición conforme a lo dispuesto en el Art. 63 CP, supone la aplicación de la pena anterior por el mismo delito reducida en un grado, por lo que la inferior en grado oscilaría entre 1 año y 9 meses a 3 años y seis meses, estimándose al igual que en el autor que la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas permite dejar la imposición de la pena en su base, por tanto la de 1 año y 9 meses para cada uno de los cómplices en los delitos consumados en los que participaron con devolución conseguida de los ingresos indebidamente solicitados, más multa siguiendo el mismo criterio de quedar en la base del margen legal previsto entre 6 a 9 meses, de seis meses de multa con cuota diaria de 6.- euros para cada uno con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia del Art. 53 CP, más accesorias y costas proporcionales con inclusión de las de la acusación particular, además de la responsabilidad civil subsidiaria al autor de la cantidad total defraudada hasta el límite de las devoluciones obtenidas por las mercantiles de las que eran administradores únicos ( Aurora 232.535'03.- euros; Estrella 171.872'25.- euros; Trinidad 98.543'41.- euros; y Íñigo 142.919'51.- euros).

Y a su vez, la pena para los cómplices en el mismo delito, en el que colaboraron con solicitud de devoluciones de impuesto sin obtenerlas, es decir, quedando en tentativa el delito en el que han participado, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 62, ha de imponerse la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, lo que aplicando un grado al margen penológico entre 10 meses y medio y 1 año y 9 meses, deja la pena fijada en este caso para dos de ellos - Adela y Esteban- en la pena casi base del margen penal previsto, la de 11 meses de prisión para cada uno y multa de 4 meses con cuota diaria de 6.- euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia del Art. 53 CP, muy cercana también a la base de entre 3 meses y 6 meses, según para esta participación y grado de ejecución del delito solicitan ambas acusaciones.

SÉPTIMO.-En cuanto a la responsabilidad civil, conforme a lo dispuesto en el Art. 116 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable lo es también civilmente debiendo responder de los daños y perjuicios causados con su actuar ilícito, por lo que en virtud de dicho precepto el acusado Urbano deberá indemnizar a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) por el total del perjuicio sufrido, según las sumas en cada ejercicio indebidamente abonadas en concepto de devolución de IVA no previamente devengado ni soportado e ingresadas en las cuentas bancarias de las mercantiles administradas por él directamente y por el resto de los acusados en complicidad, por un total pendiente de resarcimiento de 772.491'05.- euros (resultante de la suma de las siguientes devoluciones indebidamente obtenidas: 126.851'04.- euros + 232.535'03.- euros + 171.872'25.- euros + 98.543'41.- euros + 142.919'51.- euros), devengando la cuantía señalada hasta su completo pago los intereses legalmente previstos en el Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Subsidiariamente del total de la cuantía defraudada reclamada por la AEAT por importe de 772.491'05.- euros como perjuicio económico directo de las devoluciones indebidamente satisfechas, deberán responder los declarados penalmente responsables de la estafa continuada como cómplices Aurora, Estrella, Íñigo, Trinidad, Adela y Esteban, hasta el límite de las devoluciones obtenidas por las sociedades respecto de las que eran administradores ( Aurora Tavera hasta 232.535'03.- euros; Estrella hasta 171.872'25.- euros; Trinidad hasta 98.543'41.- euros; y Íñigo hasta 142.919'51.- euros).

OCTAVO.-Por lo que se refiere a la imposición de costas, procede imponer a los acusados declarados penalmente responsables Sres. Urbano, Aurora, Estrella, Íñigo, Trinidad, Adela y Esteban por séptimas partes las costas procesales causadas, con inclusión de las devengadas por la Acusación Particular, de acuerdo a lo previsto en los Art. Art. 116 y 123 del Código Penal en relación con los 239 y 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOSlos preceptos legales invocados del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente aplicación.

EL TRIBUNAL,por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente: